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El militarismo como agente destructor del medio ambiente y de los seres humanos (2)

antimilitaristas.org - 27 January, 2021 - 00:00

2. El ejército, colaborador necesario con la injusticia climática y gran contaminador

Nuestras balas tienen bajos contenidos en plomo ya que el plomo usado en las municiones puede dañar el medio ambiente y supone un riesgo para las personas.
BAE Systems, gran fabricante de armas.

La existencia de las diferentes instituciones militaristas es imprescindible para mantener la injusticia climática. Desde que los ejércitos existen como tales y hasta la actualidad, han sido los principales arietes del proceso de destrucción y rapiña, así como los bastiones defensivos de los detentadores de las riquezas expoliadas y de los nuevos centros de concentración de poder político.

Como decíamos arriba, crecer es consustancial y necesario para el mantenimiento de la economía capitalista. La apuesta siempre es proseguir en la senda de la acumulación económica y no optar por la defensa del planeta Tierra. En esta decisión los agentes militares juegan un papel de primer orden.

Son hoy los ejércitos de las principales potencias occidentales y sus aliados, así como los de las nuevas potencias emergentes quienes aseguran los flujos de expolio y rapiña entre los espacios económicos llamados «Norte» y «Sur». Hoy, como ayer, sigue siendo la bota militar quien pone y quita gobiernos, quien ataca e invade países, desplaza poblaciones a fin de apropiarse de los recursos locales sean del tipo que sean: especias o aceite de palma, esclavos, o caza y pesca, petróleo y gas, oro, cobre, litio, uranio, madera, agua, espacios en los que verter desechos y conseguir mano de obra barata. Es la misma amenaza de la fuerza la que impone mercados, monedas, deudas, aranceles y, en resumen, mantiene el ordenamiento económico mundial que beneficia a los negocios del capital y a la fortaleza consumista y contaminadora de las empresas de los países que llaman «desarrollados».

En dicho contexto, la investigación militar ha sido tradicionalmente un agente muy importante en la generación de todo tipo de artefactos, netamente indeseables, cuyo principal fin ha sido de carácter destructivo. Además de la ingeniería armamentística y la energía nuclear, la investigación militar es también punta de lanza de los principales avances en el campo de la cibernética. Dejando a un lado ciertos problemas ecológicos y políticos derivados de la obtención de minerales para los componentes de los distintos aparatos de este tipo de tecnología, el impacto de estas innovaciones sobre la psicología y la sociología humana es innegable, y no siempre para bien. Baste pensar en el fuerte incremento de la capacidad de vigilancia, control y adoctrinamiento que ha obtenido tanto el poder político como la gran empresa, gracias a estas aplicaciones.

os ejércitos son siempre enormes depredadores de recursos: económicos, territoriales, humanos... Es habitual que sean poseedores de enormes instalaciones e ingentes espacios de territorio, ubicados en muchos casos en lugares de alto valor medioambiental. El uso que estas instituciones castrenses conceden a dichos espacios reservados y exclusivos, como resulta evidente, nada tiene que ver con la ecología y sí con sus propias necesidades funcionales: acuartelamientos, puertos y aeropuertos, polígonos de tiro, campos de maniobras, lugares de experimentación de armamento; la preparación de la guerra, en definitiva.

Por encima incluso de la industria de navegación marítima y aérea, la suma de los ejércitos es uno de los grandes causantes de emisiones contaminantes del planeta. En 2017 las fuerzas militares norteamericanas compraron unos 269.230 barriles de petróleo al día y emitieron más de 25.000 kilotoneladas de dióxido de carbono con la quema de esos combustibles. Las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos adquirieron combustible por valor de 4.900 millones de dólares, la Armada, 2.800 millones, seguida por el Ejército, con 947 millones, y los Marines, con 36 millones. Si fueran un país, solo su consumo de combustible las situaría en el puesto 47 de los principales emisores de gases de efecto invernadero del mundo, entre Perú y Portugal.

A ello cabe añadir la propia actividad de la industria militar, generadora de polución y desechos en todos sus procesos. Industria que, para más inri, se dedica a producir objetos tan indeseables como innecesarios, que nacen con fecha de caducidad ‒con obsolescencia programada‒ a fin de que el fuerte negocio y la alta tasa de ganancia no decaiga. Resulta muy llamativo ‒y muy ilustrativo‒ que el papel de los ejércitos y de la industria militar como instancias que absorben y consumen enormes cantidades de recursos y son altamente contaminantes y, en consecuencia, resultan agentes destacados del cambio climático, no se tenga apenas en cuenta en las cumbres internacionales sobre la crisis medioambiental.

Tal potencial destructivo no ha hecho otra cosa que incrementarse, llegando a alcanzar cotas tan desmesuradas como amenazadoras para la supervivencia de la propia especie humana y el planeta. El siglo XX fue testigo de guerras tan destructivas, humana y medioambientalmente, como la de Vietnam o la del Golfo, entre otras muchas. Hoy, la acción militar sigue teniendo como táctica principal el bombardeo, que persigue la destrucción de todo tipo de infraestructuras (edificios, carreteras, fuentes de suministro, rutas, recursos...) y el terror de la población, causando siempre graves daños medioambientales, directos o colaterales. Lo hemos podido comprobar recientemente en Iraq, Palestina, Libia, Siria, Yemen y un largo etcétera. Lejos de aminorarse, o de «humanizarse», la industria militar proporciona sin cesar armas capaces de mayor destrucción física, que son rápidamente incorporadas ‒a menudo como escaparate para propiciar su venta‒ a los diferentes escenarios bélicos.

Más allá de la guerra, la propia existencia y puesta en valor de las diferentes instituciones del militarismo (el reclutamiento obligatorio, por ejemplo) dan lugar a un tipo de sociedad «militarizada», en la que cobra carta de naturaleza la normalización de la injusticia y la aceptación para ello del uso de la fuerza en manos del poder. De este modo, tanto los seres humanos, como la propia naturaleza pierden su valor moral, pudiendo ser violentados e instrumentalizados en caso de resultar útil para el matenimiento del orden vigente.

(continuará…)

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El gobierno autorizará que el gigante español de armas Maxam pase a ser controlado por accionistas ocultos en las Islas Caimán

antimilitaristas.org - 23 January, 2021 - 00:00

Alicia Gutiérrez

Maxamcorp Holding SL, verdadero gigante de la industria de munición y que suministra material de defensa a 60 países, pasará a estar controlada por una empresa que conduce directamente al paraíso fiscal de las Islas Caimán. Así será si el Gobierno adopta uno de los acuerdos que tiene sobre la mesa para el Consejo de Ministros de este martes: aprobar la inversión extranjera de la luxemburguesa Prill Holdings SARL para hacerse con el 71,17% de Maxamcorp, cabeza de un grupo con 140 participadas y punta de lanza del sector de explosivos. Los únicos propietarios de Prill Holdings SARL que constan en el Registro de Luxemburgo son dos sociedades inscritas en las Caimán y cuyos accionistas resultan imposibles de identificar.

Constituida en 2006, con una facturación de 1.126 millones en 2019 –1.002 en 2020– y un capital social de 79.470.300 euros, Maxamcorp Holding SL es la cabecera de un grupo que no ha estado exento de polémica por sus exportaciones a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Verdadero gigante de los explosivos de uso civil y de suministros militares de alcance, cuenta con más de 6.500 empleados, 140 filiales, 80 unidades industriales y desarrolla operaciones comerciales en más de 100 países.

Cabeza de un grupo fundado por Alfred Nobel hace un siglo y medio, que la actividad de Maxamcorp Holding se inscriba en el área de defensa y seguridad nacional convierte en obligatorio que cualquier participación extranjera en su accionariado obtenga el visto bueno del Gobierno. De hecho, Prill Holdings ya aterrizó en la compañía hace dos años: en febrero de 2019, se autorizó su desembarco con una cuota accionarial del 41%. Pero la operación que, salvo viraje, consagrará el Ejecutivo este martes posee una relevancia muy superior: de accionista de referencia, Prill Holdings pasará a ser accionista de control absoluto. Y entre bambalinas permanecerán las dos compañías de las Islas Caimán.

El conglomerado de Maxamcorp Holding y sus filiales tiene importantes vínculos con dirigentes políticos y ex responsables públicos de alto nivel. Presidida desde mayo por José Manuel Vargas, que como máximo responsable de AENA en la etapa de Mariano Rajoy dirigió la privatización del 49% de la empresa de aeropuertos, entre los accionistas de Maxamcorp figura Jorge Dezcallar, director del CESID -el actual CNI– durante el segundo mandato de José María Aznar. Muy próximo a Aznar –fue asesor de Defensa y alto cargo en la Fundación FAES– y luego el dirigente de Vox que actuó como enlace de la formación ultra con Donald Trump, aparece en el consejo de administración de Expal Systems SA Rafael Bardají.

Pero tampoco ahí acaba la lista de directivos de alto nivel: el predecesor de Vargas en la presidencia de Maxamcorp fue José Fernando Sánchez-Junto Mans, hermano del abogado del rey emérito. De su consejo formó también parte hasta el verano de 2019 Jaime Carvajal Urquijo, compañero de habitación de Juan Carlos de Borbón en su etapa estudiantil. Y en otro consejo, este el de una de las principales ramas del grupo –Expal Systems– se sentaba José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao: fue él quien, como asesor externo del padre de Felipe VI, transmitió a Iñaki Urdangarin las directrices de la Zarzuela sobre Instituto Nóos cuando las cosas comenzaron a torcerse.

Producción de armas criticada por defensores de derechos humanos

Participada al 100% por Maxamcorp Holding, es precisamente Expal Systems SA la que se sitúa en un lugar predominante del grupo. La última edición del catálogo de la industria militar que edita cada año Defensa la define así: “Expal ofrece una solución completa de sistemas de mortero para aumentar la movilidad, la seguridad y la eficiencia. Incluye sistemas de mortero (60 mm, 81 mm, 120 mm), la familia completa de munición”. El texto añade que la compañía “desarrolla tecnologías de primer nivel para cubrir los requerimientos actuales y futuros de los ejércitos de más de 60 países”.

El peso de Maxam en el sector de la industria armamentística ha estado durante años acompañado de duras críticas. En la primera década del siglo, distintas investigaciones atribuían a Expal la producción de bombas racimo. Un estudio publicado por la Universidad de Deusto en 2009 narraba así su participación en el negro mercado de esos artefactos, que acabaron prohibidos en 2010: fabricada por Expal, la bomba de racimo BME-330, “esparce 180 submuniciones”. “Está pensada –agrega el texto– para destruir pistas de bases aéreas, aunque medios técnicos aseguran que pueden ser usadas contra concentraciones humanas”.

Los suministros de Expal a Emiratos Árabes y Arabia Saudí, congelados tras el cambio de Gobierno de 2018, habían encendido un año antes el debate sobre el uso de armamento español en la guerra de Yemen. Todo comenzó en marzo de 2017, cuando la negativa de un bombero a dirigir un retén de seguridad durante el embarque en el puerto de Bilbao de un cargamento con «bombas y proyectiles de mortero» con destino a Arabia Saudí destapó un episodio que obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a dar explicaciones.

Ocho meses más tarde, y tras una pregunta del entonces senador de Bildu Jon Iñarritu, el Ministerio de Defensa que entonces dirigía María Dolores de Cospedal reconoció que el cargamento de Bilbao constaba de 17.000 proyectiles completos de artillería de 155 milímetros. Se exportaba en virtud de una licencia concedida el 31 de enero por parte de una empresa cuyo nombre -aseguró Defensa- no podía desvelar. La ley, fue el argumento oficial, lo prohíbe. El Ejecutivo del PP optó por seguir autorizando las exportaciones al país árabe bajo el argumento de que las armas no se utilizaban en Yemen.

Pero el secreto persiste aún hoy. En octubre de 2020 trascendió que Greenpeace había emprendido acciones judiciales después de que la Secretaría de Estado de Comercio le denegase copia de los expedientes administrativos referidos a cada una de las autorizaciones o licencias concedidas para la exportación de munición de artillería fabricada por Expal Systems. Las exportaciones sobre las que la ONG había requerido información tenían por destino “los Emiratos Árabes Unidos y/ o Arabia Saudí, entre el año 2017 y la actualidad".

El archipiélago caribeño que no existe en el informe oficial

El informe del Ministerio de Defensa que sustenta la propuesta de autorización subraya que Prill Holdings SARL está “controlada en última instancia” por el fondo estadounidense de gestión de inversiones privadas Rhone Capital LLC, con sede en Delaware. Pero omite que, tal como constatan los documentos del Registro Mercantil de Luxemburgo, Prill tiene como únicos socios a dos firmas domiciliadas en el paraíso fiscal caribeño y cuyos propietarios resulta literalmente imposible conocer: Rhone Partners VLP y Rhone Offshore Partners VLP.

Este lunes, infoLibre preguntó al Ministerio que dirige Margarita Robles por la estructura accionarial de la empresa que dominará la multinacional Maxamcorp Holding y su conexión directa con un archipiélago que en el imaginario colectivo aparece como el paradigma de los paraísos fiscales, las Caimán, que cada año inflige a otros países un daño fiscal cifrado nada menos que en 70.400 millones de dólares según la red internacional Tax Justices. Portavoces del departamento que dirige Margarita Robles se limitaron a señalar que la operación que aprobará el Consejo de Ministros ha sido autorizada por el órgano competente: la Junta de Inversiones del Ministerio de Exteriores. Y que la Comisión de Secretarios y Subsecretarios que prepara el orden del día de las sesiones semanales del Gabinete «tampoco puso ninguna pega».

Portavoces de Exteriores ofrecieron horas después la siguiente respuesta: «Este asunto lo vio la junta de inversiones (que es interministerial, no de Exteriores, y que preside Comercio) en diciembre a propuesta de Defensa y ha seguido todos los trámites preceptivos».

Con inversiones en sectores dispares, desde la industria de Defensa a la de moda o alimentación, Rhone Capital LLC es una sociedad limitada con base en Delaware. Es decir, en el Estado que tiene como marchamo el de funcionar como una especie de paraíso fiscal dentro de EEUU.

Constituida en septiembre de 2017, Prill Holdings SARL nació –y así lo hace constar Defensa en la propuesta para autorizar que su participación crezca del 41% al 71,17%– “con el objeto de realizar posibles adquisiciones en nombre de los fondos gestionados por Rhone Capital LLC”. Pero solo hubo una adquisición y así lo remarca el ministerio: la realizada en Maxamcorp en 2018. Fue entonces cuando compró a la sociedad holandesa Tristan Haddock BV por 265.000.000 el 41% del capital social de Maxamcorp. En ese caso, el primero de la serie que ahora avanza con la compra hasta el 71,17%, el Gobierno dio su visto bueno a la inversión extranjera el 1 de febrero de 2019.

Para entonces, Prill Holdings ya tenía como únicos socios a las dos compañías domiciliadas en las Islas Caimán. Pero pasó inadvertido: solo se hacía mención a la SARL (equivalente a las sociedades limitada españolas) de Luxemburgo. En aquel momento, el capital social nominal de Prill se cuantificaba en 12.900 euros. En julio de 2019, se amplió a 27.499.999 euros, aunque la prima de emisión fue muy superior: 247,49 millones. Así lo atestiguan los documentos mercantiles de Luxemburgo.

Tras la ampliación de capital, el reparto de acciones de Prill Holdings entre las dos compañías de las islas Caimán, Rhone Partners VLP y Rhone Offshore VLP, quedó así: la primera mantuvo el 62% de las acciones y la segunda, el 38%. Por qué esa disparidad en cuanto a las acciones que acumula cada una de ellas es una pregunta abierta para la que de momento no hay respuesta. Sí la hay para la imposibilidad de conocer sus accionistas: como señala la web paraisosfiscales.net, “los nombres de los beneficiarios de las sociedades offshore registradas en Islas Caimán no son incorporados a ningún registro público y no existe la obligación de revelar la identidad de los mismos”. Catalogado como uno de los territorios británicos de ultramar, el archipiélago carece de acuerdos con ningún país para evitar la doble imposición. Y eso, subraya paraisosfiscales.net, “significa que los propietarios de cuentas bancarias y sociedades mercantiles están a salvo de las autoridades fiscales de sus países respectivos”.

Este periódico intentó conocer la explicación del grupo Maxam sobre la presencia de empresas de las Islas Caimán. No hubo respuesta.

Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/p...

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El militarismo como agente destructor del medio ambiente y de los seres humanos (1)

antimilitaristas.org - 20 January, 2021 - 00:00

Toda esta indignación que nace de los sistemas no sostenibles e injustos se puede convertir en el fertilizante para hacer una actividad orgánica y creativa. Hay que utilizar la ira como un compost.
Creo que no indignarse por un sistema medioambiental destructivo es formar parte de ello.
Pero esta indignación se puede utilizar para crear alternativas.

Vandana Shiva

1. Capitalismo y cambio climático

Si bien la preocupación por los cambios que, a causa de la acción humana, está experimentando el clima del planeta Tierra, y las devastadoras consecuencias que ello acarrea, no es algo reciente, sí es cierto que es una cuestión que ha cobrado gran relevancia social en los últimos tiempos. A medida que las temperaturas medias suben más y más debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que se multiplica la acción depredadora de gobiernos, empresas y particulares sobre los recursos naturales, también crece la atención social y mediática, la inquietud y la pública indignación ante estas dinámicas y la falta de intención por parte de los poderes gobernantes para detenerlas y contrarrestarlas.

La acción destructora a gran escala que el capitalismo neoliberal ejerce sobre su propio hábitat no es algo actual sino que se remonta a los orígenes del propio sistema. El proceso de desarrollo tecnológico del capitalismo ha incrementado la capacidad de depredación de los recursos naturales que conlleva, no solo la destrucción de la naturaleza, sino el exterminio progresivo de los pueblos originarios que tratan de resistirse a su avance. Un sistema que se basa en el incremento sistemático tanto de la producción como del consumo, por su propia naturaleza, no es sostenible dado que los recursos son limitados.

Quienes dirigen estos sistemas políticos y económicos del Norte Global hasta ahora plantean, como única solución para afrontar los posibles problemas sociales derivados de la crisis climática y el posible colapso, medidas de control social basadas en la militarización y securitización.

Ante la previsible escasez de determinados recursos fundamentales, como puede ser el agua, las grandes corporaciones y los estados del Norte Global, únicamente se han planteado garantizarse el acceso a esos recursos por medio de la violencia. Violencia que se ejerce tanto a través de los ejércitos como de estructuras de seguridad privada a cargo de mercenarios como Xe, la antigua Black Water.

En ningún momento se ha planteado la opción de iniciar una dinámica de reducción del consumo y por tanto de la dependencia de estos recursos.

Este proceso de apropiación de los recursos desencadena movimientos de personas a las que se está empezando a llamar “refugiadas climáticas”. De nuevo la respuesta desde el Norte Global es la exclusión militarizada: se califica de amenaza a las personas refugiadas y el único discurso es una apelación a la seguridad y asociado a él, naturalmente, al imprescindible control de las fronteras. La industria de la seguridad tiene un particular y gran interés en la intensificación y la expansión de la securitización de las fronteras. Como ejemplo tenemos el FRONTEX. Cuando nace en octubre de 2005, Frontex (Agencia Europea de Fronteras y Costas), destinada al control de los flujos migratorios, contaba con un primer presupuesto anual modesto de 19,2 millones de euros. En la actualidad, su sede se encuentra en Varsovia, recibe fondos comunitarios por un valor de 333 millones de euros y tiene una plantilla de casi 700 trabajadores. En el último discurso de Jean-Claude Juncker sobre el estado de la Unión Europea el todavía comisario europeo propuso casi triplicar el gasto “en la gestión de la migración y de la fronteras” durante el periodo 2021-2027 hasta los 33.000 millones de euros. Otra de las novedades incluía desplegar 10.000 agentes de Frontex en las principales fronteras en 2027(1).

Otros actores fundamentales para mantener a raya tanto a las personas desplazadas por motivos climáticos, de guerra, o de hambre como al enemigo interno disidente son el ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad de los estados.

(continuará…)

Nota

1- https://www.publico.es/sociedad/pre...

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Sunday, bloody sunday... Tarajal

antimilitaristas.org - 8 January, 2021 - 00:00
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Algunos aportes sobre la guerra en el Sáhara

antimilitaristas.org - 6 January, 2021 - 13:20

Con motivo de la ruptura del alto del fuego por parte de Marruecos, el inicio de una guerra abierta con el Frente Polisario, la inacción de Naciones Unidas y la Europa fortaleza en este conflicto, creo oportuno señalar algunas cuestiones:

La ruptura del alto el fuego por parte de Marruecos es un acto de agresión militar contra el pueblo saharaui, siendo absolutamente legítimo el derecho a la defensa que le asiste al pueblo saharaui, al frente polisario,en el contexto de una guerra provocada por el ejército genocida marroquí.

El gobierno español mira para otro lado estrechando aun más si cabe sus lazos con el régimen de Hassan II con acuerdos bilaterales en materia militar, económica, control de fronteras.

En cambio, el estado español es responsable político de la situación, así como la potencia administradora del Sáhara.

Desde aquí donde vivo, no quiero ser neutral, me lo impide mi conciencia cuando es el pueblo saharaui quien sufre toda la violencia por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes con todo su aparato carcelario, policial, judicial y militar contra civiles pacíficos y desarmados.

En el centro del análisis quiero situar el carácter civil, pacífico y político del movimiento popular saharaui, lo que contrasta con el poder militar del estado marroquí.

Este poder de la violencia se ve reforzado y alimentado con las armas que le vende el reino de España y esto parece ser compatible con la democracia, con los derechos humanos.

La ocupación militar marroquí también resulta harto rentable para las compañías de armamento. Marruecos es uno de los grandes clientes de la industria armamentística española y durante los últimos 7 años se ha exportado material por más de 500 millones de euros. Buena parte de estos productos acaban utilizándose en la zona ocupada, como por ejemplo buques militares, vehículos blindados o sistemas de vigilancia. La naviera gallega Rodman había exportado ilegalmente buques militares haciéndolos pasar por embarcaciones civiles así como el uso de vehículos blindados de otra empresa nacional, llamada Urovesa, para reprimir las protestas del pueblo saharaui y perpetuar su ocupación en el Sáhara Occidental. Éstas exportaciones contravienen la legislación internacional y nacional de venta de armamento. Además, la multinacional Indra, que tiene un 18% de participación pública a través del SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) cerró en 2019 un contrato de 6,3 millones de euros con el Gobierno marroquí para ampliar su red de vigilancia por satélite, que abarca las ciudades ocupadas de El Aaiún, Smara y Dajla. Además de los regalos de material policial, a través de una fundación del MAEC, al régimen marroquí por parte del Gobierno español.

Existe una doble vara de medir cuando se habla de terrorismo porque acaso ¿ la guerra no es una forma de terror? Acaso ¿el gobierno marroquí y sus fuerzas armadas no ejercen un terror planificado contra la población civil saharaui?

Creo que una cultura de paz debe fomentar el diálogo, el encuentro entre las partes, la mediación que propicie el fin de la ocupación, el colonialismo y la guerra. Por eso no se trata de defender la ausencia de guerra, sino la práctica de la justicia.
Una paz que sea capaz de parar la espiral de la guerra y reoriente el conflicto hacia escenarios civiles de diálogo y encuentro.

Una paz que ponga en el centro el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y que puedan ser investigados con las debidas garantías jurídicas todos los actos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas marroquíes.

Para ello, y en concordancia con lo que reivindica NOVA (noviolencia en el Sáhara) me sumo a la exigencia de que se nombre un nuevo enviado personal del secretario general de la ONU.

La ONU ha dejado de actuar en el Sáhara desde que en 2019 dimitiera el enviado personal y durante este tiempo ha habido una paralización del proceso político.
Que visite los campos de refugiados saharauis y los territorios del Sáhara bajo control marroquí y que se reúna con los representantes de la juventud y las mujeres, para que se de un proceso representativo e inclusivo.

Apelamos al derecho a compartir nuestras ideas y opiniones sobre el conflicto y proponer nuevas ideas de como puede resolverse.

Pedimos al enviado especial su apoyo a la convocatoria de un referéndum de autodeterminación tal y como recogía la propuesta de arreglo firmada en 1988 entre el Frente Polisario y Marruecos, y que no existan ningún tipo de trabas ni militares ni administrativas.

No hay una solución militar en el Sáhara porque las armas matan, no construyen vida.

Por una solución política y pacífica al conflicto.

Porque soy civil, no militar.

Pedro Martínez
El Sauzal , a 18 de diciembre de 2020.

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Alternativa Antimilitarista.Moc ante la guerra permanente en el Sáhara

antimilitaristas.org - 29 December, 2020 - 09:49

En estos 45 años, Marruecos no ha cumplido en ningún momento con los Acuerdos de Paz y los Derechos Humanos. La ocupación ilegal del territorio, el bloqueo a la celebración del referéndum, las violaciones de Derechos Humanos contra la población saharaui y el expolio de sus recursos naturales son buena muestra de ello. Desde hace tres años, a estos incumplimientos se suman las obras de una carretera que cruza el paso del Guerguerat, incumpliendo una vez más los acuerdos de 1991, con la intención clara de exportar las mercancías fruto del expolio del territorio ocupado.

Desde Alternativa Antimilitarista.MOC, de la mano de NOVA (Noviolencia en el Sáhara), mostramos nuestra más enérgica denuncia a este nuevo ataque a los Derechos Humanos y de ruptura del alto el fuego por parte del régimen marroquí así como reconocemos el derecho del pueblo saharaui de autodeterminación, al que le asiste toda la legalidad internacional y los Acuerdos de Paz.

España no es un agente neutral en este conflicto. El estado español es responsable político de la situación y es además la potencia administradora del Sahara Occidental, como así ha reconocido la ONU. Por tanto, el gobierno español no puede seguir manteniendo una falsa impostura de neutralidad ante esta situación. España lleva casi treinta años obviando e incumpliendo el compromiso de realizar un referéndum de autodeterminación como recoge los acuerdos de 1991, siendo un posicionamiento que de facto le sitúa con el régimen marroquí y contra el derecho internacional.

La ocupación militar marroquí también resulta harto rentable para las compañías de armamento. Marruecos es uno de los grandes clientes de la industria armamentística española y durante los últimos 7 años se ha exportado material por más de 500 millones de euros. Buena parte de estos productos acaban utilizándose en la zona ocupada, como por ejemplo buques militares, vehículos blindados o sistemas de vigilancia. La naviera gallega Rodman había exportado ilegalmente buques militares haciéndolos pasar por embarcaciones civiles así como el uso de vehículos blindados de otra empresa nacional, llamada Urovesa, para reprimir las protestas del pueblo saharaui y perpetuar su ocupación en el Sáhara Occidental. Estas exportaciones contravienen la legislación internacional y nacional de venta de armamento. Además, la multinacional Indra, que tiene un 18% de participación pública a través del SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) cerró en 2019 un contrato de 6,3 millones de euros con el Gobierno marroquí para ampliar su red de vigilancia por satélite, que abarca las ciudades ocupadas de El Aaiún, Smara y Dajla. Además de los regalos de material policial, a través de una fundación del MAEC, al régimen marroquí por parte del Gobierno español.

Todo para defender los intereses de las grandes empresas españolas en el Sáhara Occidental, que perpetúa la ocupación y la guerra permanente contra el pueblo Saharaui.

El silencio de la comunidad internacional sobre el Sáhara Occidental y la difícil situación de las refugiadas saharauis equivalen a aceptar décadas de sufrimiento e injusticia.

Ahora más que nunca, ha llegado el momento de emprender acciones globales en pro de la paz. Como expresan nuestras compañeras de NOVA, asegurando que el proceso de paz sea inclusivo y representativo, desde la garantía a un proceso de paz plural y apoyando la participación de los jóvenes y también de las mujeres en el proceso de negociaciones.

Expresamos nuestro apoyo y exigencia a un referéndum sobre la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental.

Exigimos al Gobierno español la denuncia inmediata de la ruptura del alto el fuego por parte de Marruecos, que asuma su papel como potencia formalmente administradora del territorio y se garantice el respeto de los derechos humanos, sociales y económicos del pueblo saharaui y el cese del saqueo de recursos naturales, así como el negocio de venta de armas, como pasos previos a asegurar una solución justa, pacífica, democrática y duradera a este conflicto que pasa ineludiblemente por el respeto al derecho a la libre determinación del pueblo saharaui.

Estado español, a 28 de Diciembre del 2020

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