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45 años de los objetores de Can Serra, el inicio del movimiento de desobediencia civil más grande de Europa

antimilitaristas.org - 25 December, 2020 - 10:18

Pol Pareja

«A todos vosotros, en esta noche de Navidad, os queremos enviar nuestro mensaje de paz aunque al hacerlo corramos el riesgo de ser detenidos».

El mensaje lo firmaba un grupo de jóvenes y se leyó en varias iglesias catalanas durante la misa del Gallo en la noche de Navidad de 1975. Anunciaban que se negaban a hacer el servicio militar y que, como contrapartida, llevaban ocho meses inmersos en un proyecto social de ayuda a los vecinos en el barrio de Can Serra, en L'Hospitalet de Llobregat. Ofrecían labores de alfabetización, cuidado de ancianos y un servicio de guardería, entre otras actividades.

El mensaje corrió por todo el país y con él empezó el movimiento de desobediencia civil más grande que ha habido en Europa. Después del mensaje de Can Serra, los grupos de objetores comenzaron a florecer por toda España y acabarían implicando a más de un millón de jóvenes durante casi 30 años. Buena parte de ellos prefirió ingresar en prisión a cambio de visibilizar una reivindicación -acabar con la mili- que se extendió como una mancha de aceite al albor de la Transición.

Los objetores de Can Serra, en una imagen de 1975. Archivo Pepe Beúnza

«Can Serra fue capital», rememora Pepe Beúnza, uno de los jóvenes que firmó el manifiesto y el primer objetor de conciencia por motivos políticos del país. Beúnza ya había pasado entonces por varias cárceles por negarse a hacer la mili, pero su reivindicación no tenía suficiente impacto. «Hasta ese momento solo habíamos hecho acciones individuales y el manifiesto lo cambió todo: convirtió nuestra reivindicación en algo colectivo e imparable».

Más allá de los motivos pacifistas y antimilitaristas para oponerse a la mili, la experiencia suponía, para muchos, un momento traumático de la juventud. Abusos, vejaciones y accidentes eran la rutina en unos cuarteles a los que llegaban veinteañeros despavoridos desde todos los rincones del país.

El servicio militar no solo suponía una mala experiencia: cada año morían y quedaban mutilados cientos de reclutas en accidentes. Los heridos se contaban por miles y los suicidios eran habituales hasta el punto de convertirse en la principal causa de muerte. Según una encuesta de 1985, el 20% de los que iban a la mili interrumpía sus estudios, el 15% perdía el empleo y el 13% la pareja.

«Otra de las cosas que logramos cambiar fue esa convicción que había en nuestra sociedad de que uno no se convertía en un hombre hasta que pasaba por la mili», añade Martí Olivella, otro de los objetores de Can Serra.

Esta es la historia sobre cómo un mensaje navideño removió las conciencias de los jóvenes de todo un país y proyectó una lucha, la de la desobediencia civil, de la que han bebido todo tipo de movilizaciones posteriores: desde el activismo antiglobalización pasando por el 15-M e incluso por el independentismo catalán en octubre de 2017.

Los años de preparación

Hay un tipo francés que se llama André y que a día de hoy no es consciente de la influencia que ha tenido en la objeción de conciencia en España. André vivía en una comuna ecologista en Francia y viajó a Valencia para aprender a cultivar arroz a mediados de los 60. Allí, en un bar de la calle Nave, conoció a un grupo de barbudos universitarios que solían charlar de política. Entre los que escuchaban estaba Pepe Beúnza, un joven estudiante de Ingeniería Agrónoma.

«Es increíble porque a día de hoy él no sabe que fue el primero en hablarnos de la objeción de conciencia por motivos políticos», recuerda Beúnza. En esa época, los únicos que se oponían a la mili eran los testigos de Jehová, que ingresaban en la cárcel porque se negaban a hacer el servicio militar por motivos religiosos.

André les habló de una comunidad en Francia llamada El Arca, fundada por el filósofo y discípulo de Ghandi Lanza del Vasto. Eran objetores de conciencia, ecologistas y pacifistas. Hacían yoga y cultivaban sus propios alimentos. «Nos dejó a todos impresionados», afirma Beúnza. El verano siguiente, 1967, se planta allí con un amigo y le cuentan que en el Pirineo hay otro grupo de hippies objetores que hacen un servicio de desarrollo rural como alternativa al servicio militar. «Me pareció formidable y ahí empezó todo».

Pepe Beúnza, durante su periodo en el batallón correccional en el Sáhara.

Durante los siguientes cuatro años, Beúnza se convertirá en el primer objetor de conciencia de España por motivos políticos. Antes de negarse a hacer la mili viaja y busca apoyos internacionales. Aprende a hacer yoga y a tocar la flauta asumiendo que pasará años entre rejas. En enero del 71 se niega a vestir el uniforme y entra en prisión. Meses después se le condena a 15 meses de cárcel en un consejo de guerra. Una marcha a pie desde Ginebra hasta Valencia le da eco internacional a su caso, pero en ese momento hay pocos jóvenes españoles dispuestos a pasar por prisión.

Hasta 1975 Beúnza entrará y saldrá de la prisión en varias ocasiones. Le indultan en noviembre del 71 y vuelve a negarse a hacer el servicio militar. En diciembre de ese año se va al barrio de Orriols, en Valencia, y pone en marcha un servicio civil como alternativa a la mili. Es detenido y regresa a la cárcel. Le mandan a un batallón disciplinario en el Sáhara. En marzo del 74 vuelve a ser libre después de tres años y dos meses en los que ha pasado por dos calabozos, diez cárceles y el mencionado batallón. En ese momento aún tiene pendiente hacer la mili.

Beúnza se pasa el año siguiente dando charlas por todo el país explicando su caso. Cada vez hay más gente dispuesta a seguir su camino. En abril de 1975 se forma el primer grupo de objetores de conciencia con el apoyo del activista Gonzalo Arias. Ese verano se retiran durante tres días al monasterio de Montserrat, acogidos por los monjes benedictinos, y acaban de diseñar su plan. En ese momento son cinco pero vendrán muchos más.

La marcha a Valencia desde Ginebra reunió a decenas de jóvenes que internacionalizaron el encarcelamiento de Beúnza. Archivo Pepe Beúnza

El barrio de Can Serra

Uno de los del grupo, Martí Olivella, vive desde hace dos años en una comunidad parroquial en el barrio de Can Serra, en L'Hospitalet de Llobregat. Allí han contribuido a crear la asociación de vecinos y la «casa de la reconciliación», un local parroquial en el que se hacen actividades de todo tipo para los habitantes del barrio.

«Can Serra tenía un movimiento vecinal muy fuerte coordinado con la comunidad parroquial», recuerda Beúnza sobre ese distrito en pleno proceso de reconversión, con cada vez más viviendas, menos campos de conreo y todavía sin apenas equipamientos. «Hubo una parte progresista de la iglesia, especialmente en Catalunya, cuyo papel fue muy importante para la objeción de conciencia», añade Olivella.

Los objetores se van a vivir juntos a un piso de ese barrio. Duermen en el suelo con una colchoneta y un saco de dormir. Algunos trabajan para mantener a los demás, otros se dedican a preparar la acción y buscan vías para financiarse y todos colaboran en el servicio civil que han puesto en marcha en el barrio.

Enseñan a leer a los abuelos (en ese momento en España había siete millones de analfabetos), montan unas colonias de verano para los niños que vagan por las calles del barrio, hacen talleres de artesanía, arreglan un local del barrio, ponen en marcha una guardería para los hijos de las mujeres trabajadoras…

Los objetores Jordi Agulló, (izquierda), Pepe Beúnza y Joan Guzmán en Barcelona (1974). Beúnza apenas tiene barba porque acababa de salir de la cárcel. Archivo Pepe Beúnza

A pesar de que en can Serra les acogen bien, tanto Beúnza como Olivella reconocen que buena parte de los vecinos los veían como bichos raros, en un momento en el que buena parte de la oposición de izquierdas todavía veneraba la lucha armada de ejércitos como el cubano o los revolucionarios sudamericanos. «Teníamos la incomprensión de la derecha y de la izquierda», rememora Olivella. «De alguna manera nos sentíamos muy solos».

Paralelamente van preparando la campaña de comunicación. Pensando en el momento en el que les llevarán a la cárcel, graban un pequeño documental junto a una cooperativa de cine del barrio y preparan un librillo de casi treinta páginas en el que explican su caso y los perfiles de cada uno. Cuando ya llevan unos meses en el barrio habilitan un segundo piso en el que irá a vivir un segundo grupo de objetores que tomarán el relevo cuando encarcelen al primer equipo.

«Esos meses fueron intensísimos», apunta Beúnza, «la cohesión era muy potente, éramos un grupo que se preparaba para el sacrificio porque todos sabíamos que acabaríamos entre rejas». Olivella recuerda con nostalgia esos meses en los que un grupo de desconocidos que solo tenían el pacifismo como denominador común se fueron a vivir juntos a un piso del extrarradio barcelonés. «Es cierto lo que dice Pepe, fue muy intenso».

La noche de Navidad de 1975

Días antes de esa noche, Beúnza y Olivella recorren la ciudad en moto repartiendo por distintas iglesias el pequeño librillo que han publicado gracias a los conocimientos de Olivella, que trabaja en una imprenta. El librillo está cuidadosamente editado y describe el proyecto, explica qué es la objeción de conciencia, resume los motivos para oponerse al servicio militar e incluye una pequeña biografía de cada uno de los objetores. El manifiesto se titula ‘Un camino hacia la paz'.

Hace apenas un mes que ha muerto Franco y el contexto internacional también es favorable: la guerra fría, la resaca del mayo del 68, el movimiento contra la guerra del Vietnam… El mundo está cambiando, España todavía más y los objetores lo saben. «Nos juntamos el grupo adecuado en el momento adecuado», resume Olivella.

El manifiesto que se leyó en distintas iglesias durante la noche de Navidad de 1975.

El grupo de objetores pasa esa noche en la misa del Gallo en Can Serra, donde se lee el manifiesto. El texto será leído en distintas parroquias catalanas que tienen a curas progresistas. Los objetores no saben si les detendrán esa misma noche, aunque acabarán volviendo a su piso sin problemas. Pasará más de un mes hasta que los agentes irrumpirán de madrugada en su domicilio y les llevarán a la cárcel.

«No teníamos miedo porque llevábamos mucho tiempo preparando el momento», señala Beúnza. «El miedo lo tienes cuando te escondes de algo, pero nosotros buscábamos que nos detuvieran para que la reivindicación tuviese más impacto», añade Olivella, que formaba parte del grupo de relevo y no firmó el primer manifiesto.

Los objetores de Can Serra son detenidos e ingresan en la cárcel después del manifiesto, pero el objetivo está cumplido. Después de esa noche navideña surgen proyectos de servicios civiles alternativos a la mili en Málaga, Vic, Madrid, Bilbao… La ley de amnistía de la Transición permitirá a los objetores de Can Serra salir de la cárcel, pero el servicio militar seguirá existiendo y cada vez habrá más objetores.

Martí Olivella (primero por la derecha), durante una marcha de apoyo a los primeros encarcelados de Can Serra.

El proceso continuará durante décadas. Primero serán los objetores hasta que en 1989 se aprueba una prestación social sustitutoria a la mili. La alternativa, sin embargo, dura el doble que el servicio militar. Empezará entonces el movimiento de los insumisos que llevará consigo una explosión cultural -publicaciones, grupos de música- especialmente fuerte en Catalunya y el País Vasco. A principios de los 90 se calcula que dos tercios de los internos de la cárcel de Pamplona eran jóvenes insumisos.

En 2001 finalmente se elimina el servicio militar obligatorio. «Ni en los pensamientos más optimistas cuando entré por primera vez en prisión llegué a pensar que en 30 años acabaríamos con la mili», explica Beúnza sobre el momento en que recibió la noticia. Se calcula que desde que los objetores de Can Serra publicaron su manifiesto hasta que se eliminó la mili hubo un millón de objetores, más de 50.000 insumisos y un millar de jóvenes que pasaron por la cárcel.

Si usted se ha librado de la mili, debería estarle agradecido a estos jóvenes que una noche de Navidad de hace 45 años iniciaron un camino sin retorno.

Protestas a favor de los objetores de conciencia. Archivo Pepe Beúnza

Fuente: https://www.eldiario.es/catalunya/4...

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¿Ejército español abolición?

antimilitaristas.org - 23 December, 2020 - 00:00
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España, entre los Estados que vulneran el derecho internacional con la venta de armamento a Arabia Saudí

antimilitaristas.org - 22 December, 2020 - 00:00

La naviera Bahri consigue burlar las restricciones al comercio de material de Defensa al calor de millonarios negocios en América y Europa. Cada pocas semanas, sus seis «barcos de la muerte» realizan rutas por ambos continentes. El Gobierno ha negado en reiteradas ocasiones cualquier violación del Tratado de Comercio de Armas, pero mantiene las actas en secreto.

danilo albin

En las oficinas centrales de la naviera pública de Arabia Saudí despedirán 2020 con las cuentas en positivo. Ni la guerra en Yemen ni el coronavirus en el mundo han frustrado los planes de esta compañía, que hasta septiembre pasado –últimos datos disponibles– ya había conseguido un aumento del 302% en su beneficio neto, alcanzando la cifra de 324 millones de euros. Ahora faltan los números del último trimestre, periodo en el cual dos de sus buques hicieron escala en España. En total, a lo largo de los últimos 12 meses hubo siete barcos de bandera saudí en puertos de este país.

«A pesar de los desafíos prevalecientes, pudimos aumentar la confiabilidad al continuar atendiendo a nuestros clientes sin interrupciones e implementar las mejoras prácticas de seguridad para garantizar la salud y el bienestar de nuestros empleados, que siguen siendo nuestra principal prioridad», afirmaba Abdullah Aldubaikhi, director ejecutivo de Bahri, al dar a conocer esas rimbombantes cifras.

Fundada en 1978, Bahri es hoy una gigantesca compañía que destaca en los rankings mundiales del sector marítimo. Cuenta con un amplio número de buques dedicados al transporte de petróleo, productos químicos, granel seco o carga general. Entre estos últimos figuran los seis barcos que recogen toneladas de armamento con destino a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Egipto.

En un documento sobre sus actividades en ese ámbito, Bahri señala que cuenta con «soluciones de logística y transporte para Fuerzas Armadas y el sector de Defensa», lo que incluye el transporte de «vehículos militares y helicópteros», además de ofrecer «logística especial para armas y municiones/explosivos». Del mismo modo, la naviera indica que hace de «enlace con el Gobierno» para facilitar esas operaciones.

«Nuestra amplia gama de soluciones de logística militar incluye el procesamiento de Aduanas previo a la llegada, la obtención de los permisos necesarios de las autoridades locales y la entrega de carga a destinos remotos», afirma Bahri. «Aprovechando nuestra probada experiencia en logística, movemos cargas militares especiales utilizando nuestras embarcaciones únicas. Podemos operar en plazos ajustados y ofrecer un servicio especial de último de entrar, primero en salir», asegura.

Tal como se refleja en distintas memorias y documentos de la naviera, a día de hoy Bahri cuenta «con la confianza exclusiva del ministerio de Defensa de Arabia Saudita» que encabeza el príncipe heredero Mohamed bin Salman. «Somos los transportistas exclusivos del ministerio de Defensa y del ministerio de Interior», se lee en la memoria de 2019.

El 3 de octubre de 2019, la compañía anunció que había obtenido una ampliación del acuerdo con Defensa para «el transporte y envío de equipos» a dicho ministerio. El nuevo contrato firmado entonces entre la naviera y la cartera dirigida por MBS estaba valorado en 91 millones de euros.

En ese contexto, Bahri tiene ya programadas varias rutas para sus barcos durante los próximos meses. Los buques prevén atracar en puertos de EEUU, Brasil, Italia, Turquía o Egipto. De momento no aparece España, aunque eso no significa que no tengan previsto regresar a puertos de este país: una de las prácticas de la naviera consiste precisamente en ocultar su paso por terminales españolas prácticamente hasta unas pocas horas antes de realizar la escala.

En ese contexto, la comisaria de Transporte de la Unión Europea, Alina Valean, acaba de informar al eurodiputado de Izquierda Unida Manu Pineda que trasladará al Gobierno español las denuncias sobre las maniobras que realizan los buques de Bahri en puertos españoles.

En el caso de España, estas visitas se producen bajo un absoluto hermetismo oficial: a día de hoy, el Gobierno se ampara en un decreto de la época de Felipe González para rechazar cualquier tipo de solicitud de información sobre las cargas que realizan estos barcos. No obstante, en varias ocasiones se ha comprobado que cargaban armamento vendido por España al régimen saudí. Solo en 2019 la Junta Interministerial que analiza las concesiones de licencias para la exportación de armamento otorgó 22 permisos para negocios millonarios con Arabia Saudí.
Tránsito prohibido

Alberto Estévez, portavoz sobre comercio de armas de Amnistía Internacional España, advierte que «los países en los que hacen escala los barcos de la naviera Bahri que han ratificado y/o firmado el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) están obligados legalmente a no permitir el tránsito de barcos que transporten armas para cometer atrocidades».

El TCA fue firmado y ratificado por España e Italia, países que habitualmente figuran en la ruta de los «barcos de la muerte» saudíes. Lo mismo ocurre con Francia y Reino Unido, en cuyos puertos también se han registrado cargas de material militar para ese régimen. Estévez cita concretamente el artículo 6 de ese tratado, que «prohíbe la transferencia de armas para cometer atrocidades».

«Por eso mismo, los gobiernos que han firmado o ratificado este Tratado están obligados a prohibir que los 'barcos de la muerte' de Bahri carguen armas en sus puertos cuando los Gobiernos saben que se pueden usar para violar las leyes de la guerra», afirma Estévez. A su juicio, «los Gobiernos no pueden ignorar que Yemen es la mayor catástrofe humanitaria del mundo en este momento, como la ha calificado la ONU».

En el párrafo 3 de ese artículo, el TCA establece la obligación de cada Estado parte de prohibir la transferencia de armas convencionales y municiones en todo su territorio cuando tiene conocimiento de que podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra, mientras que el artículo 2 establece que las actividades de comercio internacional abarcarán la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y el corretaje, que denomina «transferencias».

«Además, según el artículo 9 del Tratado, los Estados partes 'tomarán medidas apropiadas' para regular el tránsito/transbordo de armas convencionales a través de su territorio 'siempre que proceda y sea factible' y 'de conformidad con el derecho internacional aplicable'. Ese marco es más que suficiente para que los Gobiernos de los puertos que visitan los barcos de Bahri tomen medidas e impidan que los barcos saudíes continúen su periplo mortal», sostiene Estévez.

El portavoz de AI recuerda precisamente que en Bélgica, Italia, Francia y Reino Unido «las ONG han recurrido a la justicia para cuestionar la venta de armas a los saudíes en unos casos y, en otros, presentar recursos contra las autorizaciones de comercio de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes».

«Cumplimiento escrupuloso»

Ante estos cuestionamientos, la Secretaría de Estado de Comercio ha defendido en distintas ocasiones que las licencias de exportación de armamento a Arabia Saudí son otorgadas en el marco de «un cumplimiento escrupuloso» de la ley, al tiempo que ha asegurado que tales permisos son rechazados cuando no existen garantías sobre el uso posterior del armamento.

«En cada solicitud de exportación de material de defensa, las autoridades españolas exigen a la empresa una serie de garantías que se valoran, como también las condiciones de uso y del usuario final», aseguró en junio pasado en la Comisión de Defensa del Congreso la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, quien aseguró además que «se exigen certificados de último destino que garantizan que el uso final es el realmente declarado y que consta en el expediente de exportación», al tiempo que «existe también un certificado de último destino reforzado para países muy sensibles, que implica la no utilización del material fuera del territorio del país que lo importa».

Público

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Mujeres en pie de paz

antimilitaristas.org - 15 December, 2020 - 00:00
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El presupuesto de Defensa no tiene nada de progresista

antimilitaristas.org - 14 December, 2020 - 00:00

El presupuesto del Ministerio de Defensa consolidado crece en 664 millones, un 6,5% respecto a 2020, y alcanza la cifra de 10.863 millones. No se corresponde con un presupuesto que se califica de progresista, porque la mayor parte de ese aumento se destinará a promover los Programas Especiales de Armamentos.

Pere Ortega

Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Después de tres años con un presupuesto prorrogado, el actual Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha conseguido aprobar en el Congreso de Diputados el presupuesto para el año 2021. Este presupuesto alcanza la cifra nada desdeñable de 550.486 millones de euros, 416.498 millones sin incluir las operaciones financieras, y representa un aumento de un 19,4% respecto al de 2020.

Un incremento que hay que celebrar, dado que demuestra la voluntad del Gobierno de hacer frente a la crisis con una política económica expansiva y de corte progresista destinada a incrementar el gasto social y las inversiones públicas para promover el consumo y la generación de empleo, y así poder combatir la enorme crisis producida por la pandemia del coronavirus. Entre otros servicios, se pretende aumentar el presupuesto de Sanidad en un 75%; el de Educación un 70%; los servicios sociales un 70%; la I+D un 75%; en Ciencia un 60%; en acceso a la vivienda un 368%; en políticas de igualdad un 157%; en transferencias de capital para inversiones a organismos un 229%; el Ministerio de Trabajo un 1.167%.

Pero esas alegrías en el ámbito de las coberturas de las políticas sociales y de impulso al empleo, tienen en el ámbito militar su lado más negativo: el presupuesto del Ministerio de Defensa consolidado (que incluye Organismos Autónomos, el Centro Nacional de Inteligencia y transferencias) crece en 664 millones, un 6,5% respecto a 2020, y alcanza la cifra de 10.863 millones. Y si se tienen en cuenta las partidas repartidas entre otros ministerios de carácter militar se alcanza un aumento del 10,3%. Y esto no es una buena noticia. No se corresponde con un presupuesto que se califica de progresista, porque la mayor parte de ese aumento se destinará a promover los Programas Especiales de Armamentos (PEA).

Unos PEA que fueron aprobados durante el Gobierno provisional del PSOE, antes de su coalición con Unidas-Podemos, y que alcanzan la colosal cifra de 13.736 millones en su fase de desarrollo durante los próximos diez años. Están destinados a la adquisición de unos armamentos, que el presupuesto de Defensa prevé en el pago de 2.342 millones para el próximo año; y para la fase de su desarrollo, 676,5 millones en concepto de I+D militar destinados a las industrias militares que los han de fabricar. Unas inversiones militares que aumentan en un 20,4% con respecto a 2020.

En el análisis del presupuesto de Defensa no solo se deben incluir los créditos del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos, sino que también se deben añadir todas aquellas partidas que están repartidas por otros ministerios, algo que aconsejan organismos tan dispares como la OTAN y un centro de estudios sobre la paz, el SIPRI. Algo que es ineludible para saber con exactitud el gasto militar real que realiza cualquier estado. En España, además, se debe incluir la diferencia entre el gasto inicial cuando se aprueba el presupuesto en el Congreso de Diputados y el gasto liquidado al finalizar el año y que este año 2020, según Hacienda, Defensa gastará 933 millones más que los aprobados inicialmente.

El presupuesto oculto

Además, hay que añadir las clases pasivas militares, la mutua militar, las pensiones de guerra de los damnificados por la Guerra Civil española, la I+D militar que surge desde el Ministerio de Industria, el pago a organizaciones internacionales como la OTAN, la Guardia Civil que se rige por ordenanzas militares, y finalmente, la parte proporcional de los intereses de la deuda, pues si el Gobierno se endeuda para hacer inversiones en armamentos e infraestructuras militares, es de recibo que la parte proporcional que corresponde a Defensa se incluya como gasto militar. Entonces, el presupuesto final de Defensa alcanza la colosal cifra de 21.622 millones de euros, que suponen un 1,8% del PIB español.

Cierto es que podría haber más partidas que tengan un carácter militar repartidas por otros ministerios, donde quizás se hagan aportaciones a cuestiones que tengan que ver con la defensa, pero que a nuestro parecer no muestran la evidencia que en nuestro análisis se explicita, y es mejor mostrarse rigurosos y desestimar aquello que se mueve en el terreno de lo impreciso.

En definitiva, un enorme dispendio que no se justifica por las amenazas militares que se ciernen sobre España, pues éstas, tal como sostiene la Directiva de Defensa Nacional aprobada en junio de 2020, no prevén ningún ataque ni amenaza exterior en que España ni la UE se puedan ver envueltas. Entonces, ¿por qué ese colosal gasto e inversiones en armamentos que acabaran su vida útil sin haber cumplido otra misión que la disuasión? Falso es que salvaguarda y crea nuevos puestos de trabajo o que ayuda a relanzar la economía mediante el trasvase de tecnologías del ámbito militar al civil, cuando diversos estudios realizados desde la economía crítica (Leontief y Melmann, entre otros), demuestran que cualquier inversión militar es mucho más rentable en la fabricación de bienes civiles, debido a los costes de oportunidad que generarían más empleo y competitividad en productos civiles. Y, por otro lado, reducirían la deuda pública del Estado, dado que la inmensa mayoría de las armas (un 97% o 98%) son adquiridas por los estados, y sólo un 2% o 3% (armas cortas y ligeras) salen al mercado y sólo en algunos países.

Inversiones militares negativas por aquello que hemos repetido en innumerables ocasiones. El gasto y las inversiones militares no contribuyen al desarrollo de la economía. Por el contrario, la entorpecen, dado que las armas no son bienes que circulen por el mercado y eso les impide tener un valor social. Además, al adquirir armamentos y llevar a cabo inversiones militares, el Estado se endeuda, y por ello esas inversiones son menos productivas que las destinadas a la economía civil, la real, la que sí contribuye a crear empleo. Esa es la razón por la que tienen un mayor valor social. Pues, ¿quién contribuye a mejorar la sociedad y su economía un sanitario, un educador o un militar?

Y esto invalida decir que el presupuesto para el año 2021 es progresista. Tamaño dispendio va en contra de la creación de empleo o el progreso social de la ciudadanía.

Entre las inversiones militares previstas en 2021 para los Programas Especiales de Armamentos destacan por su cuantía:

el avión de combate Eurofighter (EF-2000) que recibirá más del doble de aportación que en 2020, 488 millones, un programa que tiene un coste final previsto de 13.749 millones
el avión de transporte A/400M recibirá 321,5 millones, un programa que ascenderá a más de 5.000 millones para adquirir cuatro unidades del Submarino S-80, se prevén 300 millones, que sino hay más modificaciones un coste final de 4.572 millones
348 vehículos blindados de combate Dragón 8x8 que recibirán 245 millones con un coste total de 2.100 millones
los 18 helicópteros de ataque Tigre se les asignan 60 millones y tienen un coste final de 1.738 millones
la modernización de 23 helicópteros multipropósito NH-90 dispondrán de 280 millones con un coste final de 1.451 millones
la modernización de los 17 helicópteros Chinook 165 millones y tienen un coste final de 1.200 millones
las cinco nuevas fragatas F-110 que fabrica Navantia se destinarán 218 millones y su coste final será de 4.326 millones
dos buques de acción marítima BAM, tienen un crédito de 58,4 millones y el coste final previsto es de 333 millones
los 239 tanques Leopardo y los 139 Pizarro recibirán 119 millones y su coste final es de 3.338 millones
los misiles contracarro Spike 20 millones sobre un coste de 364 millones
el nuevo avión de combate europeo FCAS (Futuro Sistema de Combate Aéreo), Future Combat Air System a fabricar entre Alemania, Francia y España, al que España ha asignado 10 millones en 2019, 40 millones en 2020 y en 2021 se prevé un crédito de 53,7 millones, y que tendrá un coste final entre 40.000 y 50.000 millones entre los tres países.

Unos PEA que no tienen justificación desde el ámbito de la seguridad, pues la ciudadanía no se siente amenazada por posibles ataques exteriores sino por cuestiones relacionadas con su bienestar como: salud, trabajo, vivienda, educación, servicios sociales… En definitiva, un colosal gasto en armamentos del que solo se beneficiará el lobby militar-industrial español, donde se unen los intereses de los principales accionistas de las industrias militares y los intereses corporativos de las cúpulas militares que proseguirán jugando a la disuasión y a la geoestrategia al servicio del sistema de seguridad destinado a salvaguardar los intereses de las grandes corporaciones del capitalismo global.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/gasto...

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COVID y antimilitarismo

antimilitaristas.org - 6 December, 2020 - 11:23

Desde Alternativa Antimilitarista-MOC, un colectivo con cuatro decenios de trayectoria, hemos seguido con gran preocupación la deriva que, muy pronto, tomaron las medidas impuestas por las autoridades competentes.

Ante la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2 y el muy preocupante repunte de medios y medidas militaristas, queríamos denunciar, por la escasa reflexión dedicada al asunto, que las intervenciones de la UME han supuesto un despilfarro de recursos y no se ha conseguido más efectividad que si las hubieran realizado civiles. Ello, a pesar de haber gozado de unos medios privilegiados que no ha tenido el personal especializado (sanitario, de limpieza, o incluso de Protección Civil...) con el fin de hacer una exhibición inaceptable de los militares en las calles, así como de otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Con este mismo objeto se han militarizado centros de atención sanitaria (IFEMA como caso paradigmático, pero también otros hospitales de campaña) a costa de diezmar, o incluso cerrar, centros de salud, los auténticos referentes comunitarios que habría que haber reforzado inmediatamente.

El confinamiento fue desigual y punitivo, por lo que se ha podido apreciar una represión selectiva hacia la población más vulnerable, con el consiguiente repunte de la aporofobia y la xenofobia.

Desde el principio se pretendió infantilizar a la sociedad, dejándola en manos de «profesionales» entrenados no precisamente ni a curar, ni a gestionar situaciones de crisis. Más bien, a provocarlas. Las acciones han sido consecuentes con una retórica inflamada de brutales metáforas bélicas. El terreno se ha preparado bien, cuando lo que la gente pedía eran más medios para bomber@s, sanitari@s, emergencias civiles... y menos para la UME (con menos de lo que cuesta esta Unidad, por cierto, se podría profesionalizar Protección Civil). La gestión de la pandemia ha sido un ejemplo de militarización social, incluyendo la inédita potestad de los militares para poder identificar a las personas. Hemos perdido muchas libertades, que veremos cuánto tiempo nos cuenta recuperar después de pasados los meses más duros. Por otra parte, ver militares desplegados en las calles produce miedo. Es así. Y una sociedad atemorizada reduce sus posibilidades de acertar en la toma de decisiones.

Esta actuación militarista ha tenido, como consecuencia, la exacerbación de actitudes en la misma línea latentes en ciertos sectores sociales (policías de balcón, por ejemplo). El militarismo polariza, y no cura. Podemos decir, sin miedo a exagerar, que la primera víctima en esta crisis ha sido la empatía.

Por ello, volvemos a exigir la reconversión de la industria militar a industria socialmente útil, la eliminación del gasto militar (cuyo crecimiento ha sido tan imparable como silencioso, amparado por un paraguas mediático y político que siempre ha tenido fuera de foco esta reflexión) y la correspondiente transferencia de ese inmenso gasto diario a las necesidades que diariamente tiene la población, con o sin pandemia.

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