Historically, Australian medical schools have followed the British tradition by conferring the degrees of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) to its graduates whilst reserving the title of Doctor of Medicine (MD) for their research training degree, analogous to the PhD, or for their honorary doctorates. A notable exception is the Bachelor of Medicine (BMed) joint program of the University of Newcastle and the University of New England. Although the majority of Australian MBBS degrees have been graduate programs since the 1990s, under the previous Australian Qualifications Framework (AQF) they remained categorised as Level 7 Bachelor degrees together with other undergraduate programs. The latest version of the AQF includes the new kamagra ireland buy kamagra category of Level 9 Master's degrees (Extended) which permits the use of the term 'Doctor' in the styling of the degree title of relevant professional programs.





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El Comité Antitortura da un varapalo al Centro de Sograndio

Tortuga Antimilitar - fai 3 horas 23 min

Redacción

El Comité Antitortura del Consejo de Europa ha dado un varapalo al Centro de Menores de Sograndio por la gestión que se está realizando. Los expertos de este organismo han realizado un informe en el que relatan casos, que consideran creíbles, de menores que han pasado horas inmovilizados, esposados a una silla; de denuncias de maltrato que no han sido investigados y de residentes castigados por aulesionarse. Han denunciado que los vigilantes de seguridad lleven defensas de goma que ni se usan en las prisiones y que se siga utilizando el aislamiento como modo de castigo. Este organismo ha instado a las autoridades a que se investigue todo esto y a que adopten medidas preventivas.

El comité también ha pegado un toque al Principado por otros motivos. Los calabozos de las comisarías de Oviedo no cumplen unos requisitos mínimos y en el centro penitenciario de Asturias parece que no se respetan los derechos fundamentales de los transexuales. Estas son dos de las conclusiones que los integrantes del comité extrajeron de su última visita a la región, hace aproximadamente un año. En ambos casos, consideran que las autoridades pueden adoptar medidas sencillas para resolver estos aspectos.

Los integrantes del Comité Antitortura visitaron varias instalaciones en el Principado. El centro penitenciario de Villabona, ahora renombrado de Asturias, el centro de menores de Sograndio y las comisarías de policía de la calle General Yagüe y la Avenida Buenavista, que estaba inmersa en una reforma, fueron sus principales destinos. Después de ese reconocimiento físico y de recabar diferentes opiniones han emitido un informe contundente.

Sograndio, lo peor

El centro de menores de Sograndio no sale bien parado. Los expertos han asegurado que escucharon «denuncias creíbles relacionadas con maltrato físico deliberado por parte del personal hacia los detenidos». No es el único motivo de preocupación. El uso de la sujeción mecánica para los menores castigados es un asunto que les ha alarmado. «En Sograndio, se les esposaba a objetos fijos en una sala aislada», han explicado. Sus conclusiones sobre estos procedimientos son contundentes: «El uso de medios de sujeción podría considerarse trato degradante o inhumano y se recomienda que las autoridades pongan fin a esta práctica».

Han referido hasta ejemplos muy gráficos extraídos de las entrevistas con menores. Los menores problemáticos son llevados a una de las habitaciones de aislamiento, equipada con una mesa y una silla fijas a la pared y al suelo. El menor es esposado con esposas de metal, con las manos a la espalda, a una barra de metal que une la mesa y la silla o a una de las patas de la silla en la que se sienta. Esto ha podido llegar a durar hasta 115 minutos, según los registros del centro. Sin embargo, los testimonios recabados hablan de que esos episodios de inmovilización podían durar varias horas. «Durante el periodo de inmovilización, el menor en cuestión era constantemente vigilado por un miembro del personal a través de una ventanilla situada en la puerta de la celda; no obstante, ningún miembro del personal estaba continuamente presente en la habitación en la que el menor estaba restringido», han añadido por al informe.

A este organismo Antitortura le parece especialmente preocupante al menos un caso en el que algunos miembros de la plantilla habrían sido informados por menores de que habían presenciado un caso de maltrato físico sin que hicieran nada al respecto. Por esa razón, ha aconsejado a las autoridades que se aseguren de que todo el personal del Centro de Menores de Sograndio «recibe el mensaje inequívoco de que los malos tratos, las amenazas y el abuso verbal no son admisibles y serán castigados». Quieren que se vaya más allá y que se transmita el mensaje rotundo de que «la culpabilidad de los malos tratos no atañe únicamente a los autores de los mismos, sino que se hace extensiva a todo aquel que tenga conocimiento, o deba tenerlo, de que se está produciendo esta situación de malos tratos, y no intente impedirla o no informe acerca de ella». La delegación se ha sorprendido, además, porque el personal de seguridad lleva a la vista defensas de goma en los módulos de alojamiento. Esto les ha llamado la atención, además, porque esta práctica no la encontraron ni siquiera en las prisiones con internos adultos. El informe reconoce que este tipo de prácticas «no conduce a fomentar relaciones positivas entre el personal y los internos».

No son los dos únicos puntos débiles. Durante el examen del registro disciplinario de Sograndio, los miembros de la delegación descubrieron que la autolesión se considerada como una infracción disciplinaria y que se castigada en consecuencia. El comité ha recordado a la dirección que las autolesiones deben ser tratadas «desde un punto de vista terapéutico en vez de disciplinario. El aislamiento de los internos en cuestión es probable que agudice sus problemas psicológico».

Detalla más procedimientos incorrectos o que no comprende. Por ejemplo, no entiende la razón por la que no se devuelve los efectos personales a los menores que han estado castigados en aislamiento un mes después de haber cumplido con la sanción o el motivo por el que se somete aun reconocimiento médico a los menores que regresan después de haberse fugado. Del mismo modo, ha aconsejado que se comience a sustituir el aislamiento disciplinario por otro tipo de prácticas.

Las comisarías

Al margen de Sograndio, también ha dedicado parte del informe a las dos comisarías visitadas. El comité ha calificado de «preocupante» que las obras de las dependencias policiales de Buenavista no se hubieran aprovechado para garantizar que los calabozos tuvieran aire fresco y luz natural. No es la primera vez que este organismo Antitortura reclama la mejora de las celdas y no es Oviedo la única ciudad en la que han encontrado este incumplimiento. De hecho, ha afirmado que las autoridades españolas habían remitido por escrito su compromiso de construir áreas de detención con luz y ventilación natural siempre que sea posible. En concreto, ha añadido que tiene que ser un requisito imprescindible a la hora de diseñar cualquier instalaciones relacionada con las fuerzas del orden. El comité está convencido de que se pueden combinar estos requisitos mínimos de confortabilidad con la preocupación por la seguridad.

No es esta su única queja. En la comisaría de la calle General Yagüe encontró celdas de tan solo 4,8 metros cuadrados. No eran las únicas habías otras de entre seis y nueve metros cuadrados. Sin embargo, el informe ha recordado que los calabozos que miden menos de cinco metros cuadrados «no deberían usarse para hacer pasar la noche a una persona». Incluso ha precisado que lo aconsejable sería que la dimensión mínima para pernoctar fuera de siete metros cuadrados. El comité ha recomendado que está comisaría adopte medidas extra y que no utilicen las más pequeñas para un detenido duerma.

Centro penitenciario

Esta investigación ha realizado una descripción de la situación en la que se encuentra la cárcel de Asturias. Reconoce que está lejos de su capacidad máxima y describre la cifra de internos, su distribución y los módulos en los que se estructura. Hasta aquí lo objetivo y lo positivo. Pero más adelante describe un caso en el que la prisión no sale tan bien parada. Ha contado el caso de un transexual, que hizo el cambio de género de hombre a mujer y que fue ingresada en un módulo masculino pese a que reclamó que se tuvieran en cuenta su nueva identidad de género. Pasó un año en esta situación. El informe ha detallado que la presa ha contando abusos verbales de los funcionarios y también cómo la intentaron obligar a vestir ropa de hombre.

El comité ha insistido en que los transexuales deben ser alojados en la sección que corresponda a su identidad de género y solo considera que se puede asumir alguna excepción pero bien motivada, por razones, por ejemplo, de seguridad. En caso de ser acomodados en uno módulo que no corresponda, «se les debería ofrecer participar en actividades y estar en compañía de internos del género con el que se indentifiquen». Con respecto al centro penitenciario de Asturias, ha aconsejado «respetar las directrices» y también «recordar a los agentes de vigilancia su deber de respetar la identidad de género específica de los recursos transgénero, en particular en lo que se refiere al alojamiento y el vesturiario y dirigirse a ellos utilizando el nombre de su elección».

Fuente: https://www.lavozdeasturias.es/noti...

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San Martín

Tortuga Antimilitar - fai 3 horas 23 min

A todo cuartel le llega su San Martín

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[Rueda de prensa] Abogados defensores de los jóvenes de Alsasu: “Hay vulneracion de los derechos y las garantías”

Tortuga Antimilitar - fai 3 horas 23 min

Por Alicia Armesto y Javier Romero

JUICIO CASO ALTSASUA: DENEGACIÓN DE LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS DE LAS DEFENSAS. VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS A LA DEFENSA, A UN PROCESO JUSTO Y CON TODAS LAS GARANTÍAS.

Esta mañana a las 12.00 en Traficantes de Sueños, hemos asistido a la rueda de prensa donde los abogados de los jóvenes nos cuentan como se está desarrollando todo antes del juicio.

COMUNICADO:

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por un auto de 27 de Octubre 2017, ha denegado para su práctica en el acto del juicio oral que se celebrará en los próximos meses, la mayor parte de las pruebas solicitadas por las defensas de los jóvenes de Altsasua _3 de los cuales continúan en prisión preventiva, un año después de su encarcelamiento_, acusados por delitos de lesiones y amenazas terroristas, tras los hechos sucedidos en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en esa localidad.

El referido auto admite la práctica totalidad de las pruebas testificales, periciales y documentales interesadas por el Ministerio Fiscal y el resto de las acusaciones personadas. Sin embargo inadmite pruebas imprescindibles, pertinentes y necesarias para la defensa de los jóvenes acusados, para los que se solicita una pena total para todos de 375 años de privación de libertad, sumiendoles en la más absoluta indefensión, al vetarles la posibilidad de ejercer su derecho a un juicio justo y con todas las garantías.

La calificación jurídica de los hechos (terrorismo), la desproporcionalidad de las penas privativas de libertad interesadas por las acusaciones y la precipitada conclusión del sumario por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, denegando también todas las diligencias de investigación interesadas por las defensas, son un ejemplo más de la situación de indefensión que sufrieron los acusados desde la incoación del procedimiento y seguirán padeciendo en el juicio oral.

En este escenario, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está vetando el ejercicio del derecho de defensa y a un juicio con todas las garantíasque ampara la Constitución Española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La acusación del Ministerio Fiscal y el resto de acusaciones se basa en una hipotética vinculación del movimiento denominado Alde Hemendik (Fuera de Aquí) con reivindicaciones de ETA cuyo origen se remontaria 1976, año en el que ninguno de los acusados había nacido. Esa campaña tendría como epicentro de su reivindicación el rechazo a la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía) y las Fuerzas Armadas en la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco.

Las acusaciones, sirviéndose de un “informe de inteligencia” de la propia Guardia Civil, trasladan esta supuesta vinculación a un conflicto ocurrido en un bar de Alsasua sobre las 5 de la madrugada del día 15 de Octubre de 2016, día de ferias, y califican los hechos como delitos de terrorismo al ostentar dos de los denunciantes la condición de agentes de dicho cuerpo.

A las defensas se les está impidiendo contradecir esa vinculación. Se ha denegado la declaración de testigos pertenecientes a diferentes movimientos de los que, a lo largo del tiempo, han venido propugnando la salida de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado del País Vasco o de Navarra. Se han ignordo diferentes resoluciones absolutorias dictadas por distintos tribunales, en las que _después de juzgar a personas EGUNA_ se han enmarcado esos actos en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, impidiendo a las defensas su aportación al proceso. También se ha impedido la práctica de un informe pericial histórico que permitiría explicar el origen real de ALDE HEMENDIK, su nacimiento y evolución ajenos a ETA.

Igualmente se inadmiten vídeos grabados en el propio bar e el que ocurrieron los presuntos hechos y sus alrededores, fotografías y planos del local, mapas de Alsasua extra´dios de Google Maps y vídeos grabados por uno de los acusados la noche de los hechos, porque a decir de la Sala al haberlos aportado las defensas “no cuentan con garantías”. Por el contrario, a las acusaciones se les ha permitido aportar vídeos procedentes de internet y fotografía tomadas por ellos, algunas de fecha posterior a los hechos del 15 de octubre de 2016, respecto de los que la Sala no cuestion esas “garantías”. La vulneración al principio de igualdad de partes en relación al derecho de defensa y a un proceso justo no admite dudas.

El tribunal ha imposibilitado también la prueba de audición de entrevistas radiofónicas a los denunciantes en las que éstos ofrecían detalles contradictorios respecto de los relatados en sus declaraciones sumariales.

Asimismo, se impide alas defensas la aportación de un informe pericial que cuestiona la mecánica de las ruedas de reconocimiento en fase de instrucción, cuando se produjo la identificación, por parte de las supuestas víctimas, de los jóvenes de alsasua que en ese momento se hallaban privados de libertad. Aquellas ruedas de reconocimiento practicadas en el juzgado instructor se formaron con personas de diferentes edades nacionalidades y etnias, de las cuales ninguno era de Alsasua, previamente trasladados desde las prisiones de Soto del Real y Alcalá-Meco.

Por último, no se admite la declaración de muchos de los testigos propuestos por las defensas, entre los que se encuentran personas que acompañaban a los jóvenes acusados en el momento de los hechos y que podrían corroborar todos los extremos sucedidos en el interior y exterior del bar. Por el contrario, se se han admitido todos los testigos de las acusaciones.

El auto de 27 de octubre de 2017 es irrecurrible, y las defensas, en este momento procesal, sólo pueden _y así lo han hecho_ formular protesta por escrito contra la referida inadmisión de prueba, a efectos de un ulterior recurso contra la correspondiente sentencia que se dicte en su día.

En definitiva, de lo anterior se desprende que a la actuación del Tribunal, al decidir sobre la admisión e inadmisión de las pruebas propuestas por las partes para practicarse en el acto del juicio oral, conlleva:

una evidente vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la defensa y a la utilizaicón de los medios de prueba pertinetnes para su defensa, amparados en el artículo 24 de la Constitución, así como del derecho a un juicio justo, recogido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; y

una quiebra de la necesario apariencia de imparcialidad que debe presidir las ctuaciones del tribunal sentenciador, que igualmente incide en el derecho a un proceso con todas las garantías que consagra el artículo 24.2 de la Constitución y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Fuente: http://kaosenlared.net/rueda-prensa...

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Una delegación de la UE encuentra un látigo, palos y bates en la sala de interrogatorios de una comisaría

Tortuga Antimilitar - 17 November, 2017 - 00:00

Durante 13 días, el Comité Europeo de Prevención de la Tortura recorrió comisarías y otros centros de detención. La delegación denuncia la práctica de esposar a los detenidos a objetos fijos "durante largos períodos (días y horas, y no minutos)".

Redacción El Salto

En su último informe dirigido a las autoridades españolas, el Comité Europeo de Prevención de la Tortura (CPT) hace hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones de las comisarías y los centros de detención, y garantizar los derechos de las personas detenidas. El trabajo de este organismo europeo centra su atención en la necesidad de eliminar la detención incomunicada y la inmovilización mecánica, incluso durante días, de los internos.

Durante 13 días, entre el 27 de septiembre y el 10 de octubre de 2016, una delegación del comité recorrió diferentes comisarías y centros de detención españoles. Según afirman, las múltiples entrevistas realizadas no permiten afirmar que los malos tratos “estén generalizados”, pero sí existen numerosos casos de una utilización excesiva de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

Entre las acusaciones que el comité considera "creíbles" figuran los malos tratos en el momento de la detención, una vez que la persona en cuestión ya ha sido reducida. El CPT menciona "bofetadas, puñetazos y patadas en la cara y tobillos, al igual que golpes con la porra". Las denuncias recogidas se extienden también a los casos en que los agentes de policía "habían propinado bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con la porra tras llegar a la comisaría".

En el informe destaca el caso de la comisaría de Leganitos, en el centro de Madrid. En las oficinas de los inspectores utilizadas para el interrogatorio de sospechosos, la delegación del CPT encontró palos, bates de béisbol, un látigo y una cuerda/soga. "Aparte de que este tipo de objetos invita a especular sobre un comportamiento impropio por parte de los agentes, son también un peligro potencial tanto para el personal como para las personas sospechosas de haber delinquido", reza el informe del CPT.

La comisaría de Leganitos, que ya se había ganado numerosas denuncias por torturas y malos tratos, también ha recibido la condena del CPT por la condición insalubre de sus celdas –"una limpieza bastante descuidada", dice el informe– y por el hacinamiento de los detenidos. Cuando visitaron las instalaciones de esta comisaría, encontraron a cuatro personas que habían pasado la noche en una celda de 8m2, el doble de la recomendación del CPT, cuando otras celdas se encontraban vacías.

Los investigadores del CPT insisten en que las autoridades españolas deben tomar medidas efectivas para poner fin a la sujeción de personas detenidas a objetos fijos en las dependencias policiales. "La delegación del CPT vio que se recurría a la inmovilización de los presos durante largos períodos (días y horas, y no minutos) sin ningún tipo de supervisión ni registro adecuado", indica el informe.

Uno de los puntos clave del informe es la situación de las personas que se encuentran detenidas en instalaciones policiales o en prisión preventiva a las que se aplica el régimen de detención incomunicada. A pesar de que reconocen que la situación ha mejorado con la reforma del 2015, el CPT considera injustificada la existencia de esta figura que limita los derechos del detenido.

Fuente: https://elsaltodiario.com/tortura/d...

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El Consejo de Europa denuncia trato "inhumano y degradante" en prisiones españolas

Tortuga Antimilitar - 17 November, 2017 - 00:00

El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa ha denunciado que la inmovilización de personas en prisiones y centros juveniles españoles se utiliza de manera "punitiva" y puede ser de "días y horas" sin ningún tipo de supervisión o registro "adecuados". En muchos casos podría suponer un "trato inhumano o degradante", según apunta un informe hecho público este jueves elaborado con la información recogida por una delegación que durante el 2016 visitó varios centros del Estado.

En este sentido, el comité insta a las autoridades españolas a dejar de recurrir a medidas de "fijación mecánica" con finalidades regimentales y lamenta que las recomendaciones pasadas del CPT para que se regulara el recurso a la inmovilización no se hayan aplicado. "Los intentos han fracasado", reza el informe.

Aparte de la "fijación mecánica", el Comité constata que en varios centros penitenciarios se imponen periodos consecutivos de aislamiento a los internos con fines disciplinarios que sólo se interrumpen durante un día y recuerda, en este sentido, la recomendación de no someter a ningún interno a un régimen de aislamiento continuo, como método de castigo, de más de 14 días. En líneas generales el comité afirma, sin embargo, que "se han producido pasos positivos en España" y destaca la cooperación brindada a la delegación.

El texto indica que aunque los internos ubicados en módulos de régimen ordinario no alegaron haber sufrido maltratos físicos, los ubicados en módulos de régimen cerrado y departamentos especiales sí que lo denunciaron. Bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con porras propinados como castigo informal en episodios de desobediencia son algunas de las lesiones que recoge el informe. Sobre este punto los expertos recuerdan al personal sanitario el deber de registrar "de forma precisa" toda lesión que se observe en los presos y sea "indicativo" de maltrato físico así como informar a las autoridades judiciales competentes. En el caso de las prisiones, una valoración positiva del Comité tiene que ver con "el considerable esfuerzo" realizado por las autoridades españolas para poner fin al hacinamiento.
Dependencias policiales

En esta línea, si bien la mayoría de personas entrevistadas afirmaron haber sido tratadas correctamente por las fuerzas del orden, el Comité afirma que ha tenido conocimiento de "denuncias creíbles" sobre el uso excesivo de la fuerza y casos de maltrato físico por parte de agentes de policía en el momento de llegar a comisaría. "De la misma manera también se nos transmitieron denuncias sobre comportamiento irrespetuoso y sobre el hecho de ajustar demasiado fuerte las esposas", describen miembros del CPT. "Se tendría que enviar un mensaje claro a todos los agentes sobre el hecho de que toda forma de maltrato es inaceptable y será sancionada debidamente", insisten desde el CPT.

En cuanto a las condiciones materiales, el informe registra que las celdas en las instalaciones de muchas comisarías tienen poca ventilación y poca luz y ninguna de las visitadas por la delegación contaba con luz natural, contrario a las normas del CPT. Incluso en algunas, relatan, "no había el suficiente espacio para la cantidad de personas que se encontraban en estas". Con respecto a la aplicación de salvaguardias sobre privación de libertad, estas "no han supuesto mayor problema", constatan.

Con respecto a la supervisión judicial del sistema penitenciario, el informe denuncia que los jueces de vigilancia penitenciaria actuaban más como "autoridades para refrendar las decisiones tomadas por la administración" que como "autoridades independientes e imparciales de supervisión".
Centros juveniles

En el caso de los centros juveniles, el Comité se muestra "muy preocupado" por la utilización de la sujeción mecánica en menores y explica como en uno de los centros se los ataba a la cama y no les dejaban utilizar el lavabo, motivo "por el cual se veían obligados a orinarse encima". Sobre el aislamiento penitenciario, considera "preocupante" que se utilice en menores y considera que el tiempo máximo de siete días es "excesivo". "La delegación del CPT tuvo conocimiento de casos de menores que habían sido sometidos a aislamiento como medida disciplinaria durante tres periodos consecutivos de siete días", apunta el informe.

Durante la estancia en España, entre el 27 de septiembre y el 10 de octubre del 2016, la delegación visitó ocho comisarías de la Policía Nacional, seis centros penitenciarios y dos centros de menores. Asimismo también realizó visitas específicas al centro penitenciario Madrid V (Soto del Real) y al Centro Penitenciario Puerto II para entrevistarse con personas que acababan de ingresar en prisión preventiva.

Fuente: http://www.elnacional.cat/es/politi...

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Presos politics

Tortuga Antimilitar - 16 November, 2017 - 00:00

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Sindicalismo de contrapoder y autogestión

Tortuga Antimilitar - 16 November, 2017 - 00:00

Lluís Rodríguez Algans

Una de las cuestiones que creo suscita más interés en el debate de la renovación sindical, se refiere a la mirada respecto la capacidad de las organizaciones sindicales de favorecer el cambio socioeconómico. El sindicalismo puede y debe influir en la determinación de las políticas económicas, industriales y laborales, a la vez que puede y debe promover procesos de democratización en las empresas y la economía como parte de esa lucha de clases, de esa lucha de poder entre el trabajo y el capital o su eslabón dirigente, por el control de los medios de producción y la distribución de los excedentes económicos. Asimismo, esa lucha puede y debe permitir avanzar en los pasos necesarios para la transformación del modelo económico capitalista imperante en otro socialista autogestionario que sea más eficiente, justo y democrático.

En esa clave, vale la pena mirar los puntos en común entre el sindicalismo, la economía social y la orientación de cambio económico autogestionario que ambos instrumentos y movimientos pueden promover.

El sindicalismo puede y debe influir en la determinación de las políticas económicas, industriales y laborales, a la vez que puede y debe promover procesos de democratización en las empresas y la economía

El análisis de las interrelaciones entre sindicalismo y economía social debe empezar por remarcar la importancia de la economía social a la hora de prefigurar la economía que necesitamos la clase trabajadora a la vez que de establecer esas alternativas hoy mismo. Una transformación real y profunda del sistema económico capitalista por otro autogestionario necesariamente pasará por el impulso de muchas experiencias concretas y la integración de las mismas sustentadas en experiencias previas de cooperativismo y economía social [1].

Más allá de los grandes relatos, el cooperativismo y la economía social en relación al movimiento sindical, ha sido una forma de generar autoocupación, ya sea en contextos de crisis empresarial con despido colectivo o cierre de empresa, ya sea en contextos de desempleo masivo dónde la patronal castiga la militancia sindical y la autoocupación se torna como alternativa imprescindible.

Asimismo la economía social se puede orientar a apoyar luchas sindicales, cómo el caso de la cooperativa de finanzas Coop57 ejerciendo como caja de resistencia para la huelga [2] en apoyo, entre otros, del conflicto de las empresas subcontratadas por Telefónica, un conflicto con una acción sindical diferente a la habitual tanto por los actores cómo los contenidos reivindicativos y los métodos de lucha [3]

A la inversa, el sindicalismo es clave para la economía social al sostener unos valores y prácticas que hacen de contrapeso a la dinámica que se genera por su inserción en una economía capitalista: la negociación colectiva de referencia permite una guía de mínimos en lo concreto de las relaciones laborales y condiciones de empleo en la economía social. Sucede lo mismo con la disputa por el salario social, indirecto -sanidad, educación- y diferido -pensiones, subsidio de desempleo, etc.- que afecta a toda la clase trabajadora incluidas cooperativistas o participantes de la economía social. El sindicalismo cómo organización de masas incide en ese ámbito en apoyo a las redes de economía social y transformadora.

Por último, desde una perspectiva de transformación social no todas las empresas pueden ser cooperativizadas o transformadas en modelos de economía social a corto plazo (por su tamaño, por las relaciones de poder social interno o de mercado externo imperantes, etc.), por lo que se requiere de un fuerte sindicalismo de contrapoder con capacidad de ejercer un control sindical y económico en toda la estructura empresarial y productiva para reorientar el modelo económico y social.

Sindicalismo de contrapoder y economía social

La acción sindical cotidiana, la de las secciones sindicales en los procesos de negociación colectiva, tiene mucho de los valores y fundamentos de la economía social y cooperativa.

Los procesos de militancia sindical orientados a la expansión de derechos sociolaborales se cimientan en una adecuada recopilación de información económico-financiera, productiva y laboral de las empresas para sustentar los procesos negociadores, en una colectivización entre las plantillas de las reivindicaciones dirigidas a los empresarios y la patronal, así como en la articulación de fórmulas solidarias de acción colectiva y huelga indefinida con apoyo de caja de resistencia que es sin lugar a dudas un mecanismo financiero colectivo de solidaridad sindical [4]. Ese poder sindical como herramienta democratizadora de una empresa o sector, es la antesala a modelos de economía social y democracia económica.

El poder sindical como herramienta democratizadora de una empresa o sector es la antesala a modelos de economía social y democracia económica.

Lo anterior es si cabe es más evidente en procesos de reestructuración y crisis empresarial dónde la recuperación de empresas para su posterior laboralización o cooperativización se torna cómo acción estratégica imprescindible para defender las condiciones y nivel de empleo así como la estructura industrial del país, precisamente cuando los poderes político y económico están promoviendo todo lo contrario. Ahí la práctica sindical previa es imprescindible para acometer con garantías dichas experiencias. Parte de esa oposición y asesoramiento sindical y de los economistas de sindicatos de alternativas en procesos de reestructuración empresarial se circunscribe a la búsqueda y evaluación de las condiciones de viabilidad de inversores industriales frente a los financiero-especulativos que permitan recapitalizar las empresas en crisis para mantener o relanzar la producción [5], o alternativamente promover la transformación en empresas de economía social como sociedades laborales o cooperativas [6]. La cuestión, pero, no tiene solo una dimensión micro, sino también macro, de modelo social y económico.

Contrapoder sindical y autogestión económica

¿Cómo puede el sindicalismo ayudar a construir otro modelo económico y social? Sin duda el núcleo vertebrador de la acción sindical es la negociación colectiva. Dos ideas al respecto.

Por un lado, la orientación de la política sindical y los contenidos sustantivos de negociación colectiva hacia objetivos de política económica de altos salarios y pleno empleo. Las dos reivindicaciones clave del movimiento sindical vasco cómo salario mínimo de 1200 euros mensuales y jornada laboral máxima de 35 horas semanales, se integran para mejorar las condiciones de vida con la generación y reparto del empleo, además de con una política salarial solidaria que deviene también en mecanismo de política industrial [7].

Por otro lado la introducción de contenidos de negociación colectiva instrumentales de control sindical económico en las empresas y sectores, esto es, promover la democracia económica en las empresas capitalistas con ampliación de derechos de información, consulta y control sindical de los procesos productivos, de inversión y posterior generación de empleo [8]. Esta mirada hacia los contenidos instrumentales de la negociación colectiva permite avanzar hacia mayor capacidad de control de los procesos de inversión, producción y distribución, a la vez que promover precisamente mayores tasas de inversión y generación de empleo [9]. Asimismo un mayor control sindical de la producción y finanzas empresariales permite limitar el fraude económico, fiscal y a la seguridad social en el que incurren las empresas capitalistas cuyos impactos sociales son demoledores tal como vienen exponiendo estudios realizados por expertos economistas desde la UPV/EHU para Euskadi, representando alrededor del 17'4% del PIB de la comunidad [10].

Euskal Herria tiene un privilegiado potencial -fraguado en décadas de luchas obreras y construcción de alternativas económicas con un asentado cooperativismo- para la configuración de un potente marco autónomo de economía autogestionaria y lucha de clases con un fuerte sindicalismo de contrapoder.

La participación sindical en aspectos de política económica, industrial o fiscal se ha venido canalizando históricamente en el denominado “dialogo social”, los procesos de “concertación social” entre sindicatos, patronales y gobiernos, si bien estos procesos han demostrado limitaciones en cuanto a una efectiva influencia sindical en dichas materias y contraindicaciones en cuanto al aval sindical de políticas públicas neoliberales unido a una dependencia financiera de los propios sindicatos que han entrado en este tipo de procesos de concertación [11]. Algunas vías de intervención alternativas exploradas por el sindicalismo europeo pasan por incrementar la antedicha participación y control sindical de los procesos productivos, económicos y de inversión en empresas y sectores en la negociación colectiva a todos los niveles lo que supone sin duda un elemento configurador del poder en las relaciones laborales hacia una nueva democracia industrial con participación de las personas trabajadoras. Su aplicación en el Estado español puede pasar a corto plazo por esa ampliación de los derechos sindicales de información, consulta y participación, vía cambio legislativo en el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras o con su reflejo en los contenidos de la negociación colectiva, en materias contable, mercantil y económica, productiva, organizativa y laboral [12]. En relación a la inversión, como variable clave por determinar el nivel de producción y empleo así cómo su orientación sectorial o de actividad, históricamente la propuesta de implantación de Fondos de Inversión de Asalariados ha sido una vía para desde el sindicalismo influir en este elemento de política industrial [13]. En el ámbito vasco empiezan a elaborarse reflexiones en este sentido por parte de EKAI Center, vinculando relaciones laborales, democracia económica y modelo de desarrollo, con el análisis de algunas experiencias europeas de relaciones laborales, inversiones, desarrollo tecnológico, asignación de ganancias y formación, abordando especialmente las relaciones laborales de empresa y el desarrollo económico [14].

En relación a todo lo relatado, Euskal Herria tiene un privilegiado potencial, fraguado en décadas de luchas obreras y construcción de alternativas económicas con un asentado cooperativismo, para la configuración de un potente marco autónomo de economía autogestionaria y lucha de clases con un fuerte sindicalismo de contrapoder. En el marco de esa confrontación por el desacuerdo con el funcionamiento del sistema capitalista y como expresión de la conciencia colectiva de la clase trabajadora vasca, es imprescindible dirigirse a una sociedad de personas y pueblos libres articulada mediante un socialismo en el que los medios de producción, de consumo y de cultura, estén en manos y al servicio de las personas trabajadoras, en una auténtica democracia económica. Ello pasa necesariamente por qué el movimiento obrero y sindical establezca fuerte conexión entre acción sindical y los procesos dirigidos a la socialización de los medios de producción y consumo, además de una alianza permanente entre la economía social y el sindicalismo de contrapoder.

En palabras del sindicalista irlandés James Connolly en un artículo de 1908 titulado “Sindicalismo industrial y socialismo constructivo”… a la vez que incrementa el poder de resistencia del trabajador contra los abusos actuales de la clase capitalista, lo familiariza con la idea de qué el sindicato que contribuye a construir está destinado a suplantar aquella clase en el control de la industria dónde trabaja.

NOTAS:

[1] Sempere, Joaquim; García, Ernest. ¿Qué papel pueden tener las cooperativas en una transición postcarbono? Reflexiones desde el cooperativismo en Cataluña. Revista de Economía Crítica nº18, 2014.

[2] Oñederra, Unai. Coop57: una herramienta complementaria a la lucha sindical. Comunicación al II Encuentro de profesionales del asesoramiento laboral y social UPV/EHU, 2016.

[3] Mera, Igor; Mullner, Jana. Huelga de técnicos autónomos y subcontratas de Telefónica Movistar. Una experiencia exitosa. Viento Sur. 22-6-2016.

[4] Rodríguez, Lluís. Huelgas y cajas de resistencia para revitalizar el sindicato. Radicales Libres, Diario Público. 29-9-2016.

[5] Iriarte, Niko. Negociación colectiva y control sindical. Aspectos laborales y económicos. Lan Harremanak nº35, 2017.

[6] Mata, Héctor; Rodríguez Lluís. Recuperación de empresas y negociación colectiva hacia la autogestión. Intervención en el II Encuentro Euromediterráneo “La economía de los trabajadores y trabajadoras”. Tesalónica, Grecia, 29/10/2016. Ver también nota 5.

[7] Rodríguez, Lluís. Revitalización sindical: el pilar de la negociación colectiva y la política sindical. Radicales Libres, Diario Público. 15-9-2016.

[8] Mata, Héctor. Los derechos de información de la representación de las personas trabajadoras: límites legales y mejora a través de la negociación colectiva. Lan Harremanak nº35, 2017. Ver también nota [7].

[9] Estrada, B (2014). Creación de empleo y modernización de la negociación colectiva. Revista Temas.

[10] Zubiri, Ignacio; Fernández-Macho, Javier; Gallastegui, MªCarmen. Economía sumergida y fraude fiscal en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Informe del Instituto de Economía Pública UPV/EHU. 2016.

[11] Letamendia, Francisco. Estructura política del mundo del trabajo: fordismo y posfordismo. Tecnos, 2009, pp. 41-42; Elorrieta, Joxe. Una mirada sindical contracorriente. Icaria – Fundación Manu Robles-Arangiz, 2017, pp. 182-188.

[12] Véase notas 7 y 8.

[13] Del Rosal, Mario. La democracia económica y los fondos de inversión de los asalariados: posibilidades y contradicciones. Comunicación al II Encuentro de profesionales del asesoramiento laboral y social UPV/EHU, 2016.

[14] EKAI Center. Relaciones laborales de empresa y el desarrollo económico. EKAI Center – Gipuzkoa Foru Aldundia. 2016

Lluís Rodríguez Algans. Economista asesor laboral y de políticas públicas en Euskadi.

Fuente: http://radicaleslibres.es/sindicali...

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Municipalisme llibertari: Democràcia des de baix

Tortuga Antimilitar - 16 November, 2017 - 00:00

Fragments de “Municipalismo libertario. Las políticas de la ecología social“, llibre de Janet Biehl on s'exposa una proposta de sistema social basat en la democràcia directa, la relocalització de l'economia i el federalisme. El llibre es pot descarregar aquí. El municipalisme llibertari ha estat una de les inspiracions del “Confederalisme democràtic“, paradigma al qual dediquem una secció en aquesta web.

Política versus art de governar

El municipalisme llibertari és una de les moltes teories que s'ocupen dels principis i pràctiques de la democràcia. En contrast amb la major part d'aquestes teories, no obstant això, no accepta la idea convencional que l'Estat i els sistemes de govern típics dels països occidentals d'avui són veritables democràcies.

(…)

Un Estat, per la seva pròpia naturalesa, es troba estructuralment i professionalment separat de la població general; de fet, està situat sobre i per damunt dels homes i les dones corrents. Exerceix el poder sobre ells, prenent decisions que afecten les seves vides. El seu poder descansa en última instància en la violència, sobre la qual l'Estat té el monopoli del seu ús legal, en forma d'exèrcit i cossos de policia. En una estructura on el poder està distribuït de manera tan desigual, la democràcia és impossible. Així, lluny de fer possible el govern del poble, inclús un Estat republicà és incompatible amb el govern popular.

El municipalisme llibertari proposa, en canvi, un tipus de democràcia que no és simplement una màscara que salvaguardi l'Estat. La democràcia que proposa és la democràcia directa, en la qual els ciutadans a les comunitats dirigeixen els seus propis assumptes a través de processos de deliberació i presa de decisions cara a cara, en lloc de deixar que l'Estat les prengui per ells.

En contrast amb les teories de la “democràcia” representativa, el municipalisme llibertari estableix una marcada distinció entre política i art de governar.

(…)

La política com a democràcia directa

Malgrat el seu ús indiferent en l'ús convencional, la política no és en absolut el mateix que l'art de governar, ni l'Estat és el seu àmbit natural. En els passats segles, abans de l'emergència de l'Estat-nació, la “política” s'entenia que feia referència a l'activitat dels ciutadans en una estructura pública, dotada de poder en institucions compartides i realment participatives. En contrast amb l'Estat, la política, com va ser una vegada i pot tornar a ser, és democràcia directa. Com proposa el municipalisme llibertari, política és el control directe dels assumptes comunitaris per part de la ciutadania cara a cara a través d'institucions democràtiques, especialment assemblees populars.

(…)

El naixement de l'Estat-nació

Independentment de com de centralitzat o descentralitzat sigui un Estat, li resultarà difícil coexistir amb l'autonomia municipal, amb pobles i ciutats que gaudeixin de llibertats de qualsevol grau d'importància. Inclús en els dies de l'imperi romà, l'emperador August i els seus hereus van fer de la supressió de l'autonomia municipal una peça central de l'administració imperial. Van donar a les ciutats tan sols la llibertat suficient per mantenir l'ordre públic i per recaptar tributs de les poblacions sotmeses. Molts segles més tard, els prínceps i monarques europeus van prendre un camí similar, restringint les llibertats municipals allà on podien, amb l'objectiu de consolidar el seu propi poder.

Realment era necessari per al desenvolupament de l'Estat-nació que el poder de les localitats es debilités, i especialment que les ciutats completament autònomes es sotmetessin a la burocràcia, la policia i l'exèrcit de l'Estat. El centre va penetrar les localitats establint primer sistemes legals unificats sobre el que anteriorment eren àrees diferents. En el segle XII a Anglaterra, per exemple, els “jutges del rei” que recorrien regularment tot el país van fer extensiva la common law a totes les jurisdiccions feudals fragmentàries; sota Enric II el sistema es va ampliar fins assolir totalment tant els casos civils com els penals, un sistema racionalitzat de tribunals, càstigs i jurats, i una judicatura reial professional. Al continent, reis i prínceps van imposar els codis legals romans a àmplies àrees, en un intent de desfer l'espessor de les conviccions legals locals i, de pas, debilitar la sobirania dels municipis.

Quan els Estats reials van ocupar els municipis i els van incorporar al seu control, la unificació legal va ser secundada amb la força, imposant l'administració des del centre. A principis de l'era moderna fins i tot els governants més corrents es van valdre de la força militar per expandir el seu domini. No obstant això, van ser els monarques absoluts d'Anglaterra i França els que van aconseguir reunir un enorme poder en les seves pròpies mans, construint grans Estats a partir de ciutats lliures, confederacions de municipis i dominis feudals.

A la vegada que les autoritats centrals limitaven el poder dels senyors feudals, també restringien les llibertats de municipalitats dinàmiques que impedien l'exercici de l'absolutisme. A la Itàlia del segle XVI, Maquiavel avisava cínicament el “príncep” constructor de l'Estat, el governant o el monarca que perseguien el domini, que era més difícil conquerir ciutats que tinguessin una història de llibertat i autogovern que aquelles que ja estaven acostumades a la dominació dels prínceps.

Els reis francesos i els seus ministres van compartir l'actitud de Maquiavel, i l'Estat francès va augmentar el seu poder a expenses de la llibertat municipal. L'any 1463 Lluís XI va declarar el seu dret a canviar com li semblés qualsevol constitució municipal “sense que ningú pogués fer altra cosa que mirar”; mentrestant Lluís XIII i Richelieu seguien la política d'”enfonsar les muralles de les ciutats”. Durant la Revolució Francesa el govern jacobí no va cessar en aquest ímpetu centralitzador: com ja hem vist, la Constitució de 1791 va crear els departaments, ignorant els trets valuosos de les polítiques locals, mentre que els anys 1793-94 el Comitè de Seguretat Pública, sota la inspiració de Robespierre, gairebé va ofegar les institucions municipals del París revolucionari i de la totalitat de França.

Els predominants Estats monàrquics i les posteriors repúbliques, de manera creixent, van pressionar i imposar exigències a les ciutats sota els seus dominis, immiscuint-se en les seves llibertats i usurpant els seus poders:

“En realitat, no hi ha un mètode segur de controlar-les sinó és despullant-les. I qui sigui que es converteixi en governant d'una ciutat lliure i no la destrueixi, ha de comptar en ser destruït per ella, perquè ella sempre podrà trobar un motiu per a la rebel·lió en nom de la llibertat i dels seus antics usos, que no s'obliden ni amb el pas del temps ni amb els beneficis obtinguts.”[1]

A mesura que construïen administracions cada vegada més grans i eficients, els Estats s'apropiaven de funcions que havien estat prerrogatives tradicionals de les ciutats, no només respecte a la jurisdicció legal, sinó també respecte a la regulació econòmica, encunyació de moneda, sistema tributari i inclús les relacions diplomàtiques. Mentrestant, s'havien de finançar les guerres aparentment incessants que mantenien els reis entre si; les ciutats, amb tota la seva riquesa comercial, es van convertir en els principals objectius per als recaptadors reials. En el procés d'obtenir diners de les ciutats, els monarques van estendre el seu control sobre elles i van ofegar gradualment les llibertats municipals. Cap al segle XVII la ciutat antigament lliure havia estat completament engolida per l'Estat monàrquic i incorporada a la seva estructura centralitzada.

Resistència a la usurpació de l'Estat

Fora d'Europa trobem pocs conceptes polítics que uneixin la ciutat amb la llibertat en oposició a la dominació de l'Estat, o que atribueixin a la ciutat una vida política, costums i hàbits propis, oposats als de l'Estat. Les ciutats d'Àsia, per exemple, eren principalment centres administratius de les monarquies teocràtiques, on l'Estat i la ciutat existien en continuïtat i on difícilment es podien manifestar impulsos cívics de rebel·lió. No obstant això, els municipis europeus amants de la llibertat van engendrar una idea única de ciutat com a lloc de llibertats cíviques. A més, des de l'antiguitat fins als nostres dies, la ciutat ha estat el major antagonista del creixement i la centralització de l'Estat.

Durant el segle XII, com ja hem vist, la confederació de comunes del nord d'Itàlia, coneguda com la Primera Liga Lombarda, es va rebel·lar contra l'intent de Federic I Barbarosa de reclamar els seus “drets” imperials sobre les comunes de la Vall del Po. Les comunes confederades el van derrotar a Milà i van guanyar així la pau de 1183, que es va convertir en la base de les seves llibertats comunals. Mentrestant a França, Nimes, Avinyó i Marsella, ciutats que havien obtingut les seves llibertats a principis del segle XIII, es van confederar i van retallar els poders dels seus prínceps. Etienne Marcel, un popular líder del Tercer Estat durant el segle XIV a París, va intentar construir una aliança de ciutats que, amb el suport dels pagesos, limités i potser eliminés els poders de la monarquia francesa.

Al nord d'Europa molts pobles i ciutats es van confederar no només per promoure el comerç i la prosperitat comuna, sinó també per protegir les seves llibertats. De 60 a 80 ciutats al nord d'Alemanya, incloent-hi els majors ports del Bàltic, es van confederar en la Lliga Hanseàtica que va controlar el comerç marítim del nord durant segles. També eren de naturalesa comercial i defensiva les dues Lligues Renanes del segle XIII, situades en el que actualment és Alemanya. Al voltant del 1300, la majoria de municipis a l'àrea meridional alemanya de Suabia havien obtingut l'estatus de ciutats imperials lliures, és a dir, que es trobaven gairebé fora del control de l'emperador del Sacre Imperi Romà, Carles IV, i d'altres senyors territorials que encara reclamaven autoritat sobre ells. Anant més enllà en el seu desafiament, el 1348 van formar la primera Lliga Suaba (der Schwäbische Städtebund) sense autorització imperial. Igual que als Països Baixos, al segle XIV les comunes flamenques van unir les seves forces en una insurrecció contra els seus senyors feudals, mentre dues dècades més tard les ciutats holandeses i els seus governants es van unir per derrocar el govern espanyol i posar els fonaments per a una Confederació Holandesa.

De fet, en una època tan recent com el segle XIX, encara era poc evident que fos l'Estat-nació, i no la confederació, qui acabés definint les fronteres del poder a Europa. Les estructures federals abundaven encara al sud i al centre d'Europa. El retràs de la creació d'Itàlia i Alemanya com a Estats-nació es va deure en gran part als obstacles imposats per les ciutats i les seves confederacions; i malgrat que el provincialisme localista va ser un factor de pes, també ho va ser la forta tradició d'autonomia municipal i resistència a la centralització.

Fins ara, les xarxes de comunitats, viles, barris i pobles continuen mantenint la resistència a l'autoritat de l'Estat. El 1960, el moviment ciutadà de Madrid, estructurat completament al voltant de grups i institucions veïnals, va jugar un paper fonamental en el debilitament del règim franquista. Al final de la dècada dels 80, les convulsions que van portar la Unió Soviètica al col·lapse es van produir en part pel moviment a favor de l'autonomia regional i local. Quan els moviments comunals augmenten, la inestabilitat de l'Estat-nació es fa patent.

(…)

La municipalitat

El municipalisme llibertari és el nom del procés que té com a finalitat tornar a crear i expandir l'àmbit polític democràtic com l'àmbit de l'autogovern de la comunitat. Per aquesta raó el punt de partida d'aquest procés ha de ser la mateixa comunitat.

Una comunitat comprèn individus els habitatges dels quals estan agrupats en el veïnat d'un espai públic diferenciat, formant una entitat comunitària perceptible. Aquest espai públic, tant si és una plaça, un parc o inclús un carrer, és el lloc on la vida privada es transforma en vida pública, on allò personal es converteix més o menys en comú. Darrere la porta de casa seva, la persona gaudeix dels plaers de la vida privada i fa front a les seves exigències; però una vegada ha travessat la porta, entra en un món on és accessible als altres, inclús quan es conserva un cert grau d'intimitat de la vida privada. Aquí la gent es troba de forma regular o casual, sense la mediació de telèfons ni missatges escrits, i després de repetides trobades pot arribar a conèixer-se personalment.

No són el parentiu ni els llaços ètnics el que possibilita els vincles en una esfera pública (malgrat en algunes parts de les ciutats la gent del mateix grup ètnic pugui escollir viure en el mateix veïnat). Tampoc ho és el lloc comú de treball, d'on les persones tornen diàriament després de guanyar-se el pa. Són la proximitat residencial i els problemes i interessos compartits que sorgeixen en una comunitat concreta, problemes ambientals, educatius i econòmics, els que constitueixen els puntals d'una vida cívica compartida. Les trobades entre membres de la comunitat són, d'aquesta manera, els embrions de l'àmbit polític. Els assumptes que els membres de la comunitat tenen en comú, en tant que oposats als assumptes propis de les seves vides privades, es converteixen en temes d'interès en l'àmbit polític.

Sens dubte, les persones es troben en altres àmbits de la societat, com en l'àmbit laboral o la universitat, àmbits que també poden ser democratitzats i que, de fet, han de ser-ho. No obstant, només la comunitat està oberta a tots els membres adults quant a residents, no només a treballadors i estudiants, i pot convertir-se, per tant, en una àmplia àrea per a la gestió dels assumptes de tota la comunitat.

És des d'aquest nivell polític incipient de la comunitat que el municipalisme llibertari s'esforça per crear i renovar l'àmbit polític, i després expandir-lo. Aquí les persones poden potencialment transformar-se de mònades aïllades a ciutadans que es reconeixen entre si, són mútuament interdependents i que, com a tals, els preocupa el benestar comú. És aquí on es poden crear les institucions polítiques que condueixin a una àmplia participació comunitària i la mantinguin de forma continuada. És aquí on la ciutadania pot omplir-se de sentit en el moment que els ciutadans recuperin i estenguin el poder que l'Estat els ha usurpat.

El municipalisme llibertari anomena “municipalitats” aquest tipus de comunitats polítiques potencials. Sens dubte, les municipalitats que avui existeixen varien àmpliament en mida i estatus legal; van des d'una petita vila o poble d'una zona rural, o una petita ciutat, a un barri d'una enorme metròpoli com Nova York, que encara tenen en comú les característiques i tradicions suficients perquè puguem utilitzar en tots els casos la mateixa denominació. La seva característica comuna més important és que totes són potencialment llocs d'un àmbit polític naixent, on la tradició de la democràcia directa de la qual hem estat parlant pot ser reanimada i expandida. Per portar l'àmbit polític naixent de qualsevol municipalitat a la seva realització com a àmbit de llibertat cívica, el govern de la ciutat ha de ser posat en mans dels seus habitants: els membres adults de la comunitat, o ciutadans. És a dir, ha de ser descentralitzat i democratitzat.

Descentralització

Si ha de realitzar-se el potencial polític de la municipalitat, la vida comunitària ha de ser portada a una escala de dimensions apropiades per a un àmbit polític democràtic. És a dir, les ciutats ja existents que siguin de mida considerable han de ser descentralitzades en municipalitats més petites de dimensió gestionable.

La descentralització pot prendre formes diferents, però la descentralització institucional és la més important al principi. La descentralització institucional és la descentralització de l'estructura governamental de la ciutat, mitjançant la creació d'institucions polítiques a les municipalitats més petites on actualment només existeix una major. En una ciutat gran, podria significar descentralitzar el govern de la ciutat i traslladar el lloc de poder i control de l'ajuntament als diversos barris. En una ciutat més petita o en un poble, podria adoptar una forma similar, encara que les unitats locals serien menors en nombre i més grans en proporció a la ciutat existent actualment. En una vila rural, la mida de la unitat existent és probablement suficientment petita com perquè la descentralització no sigui necessària.

Al final, la ciutat o poble descentralitzat veuria néixer una multiplicitat de centres veïnals on abans hi havia un únic ajuntament, nous espais públics i una nova infraestructura sota el control de centres més petits. Veuria com es desenvoluparia la producció econòmica local. Podrien crear-se zones verdes, on els residents tindrien la possibilitat de conrear aliments a les hortes locals. La gent que ara passa hores viatjant a treballs on remouen papers sense sentit, és possible que preferís passar el seu temps desenvolupant les seves habilitats per a la fusteria, la ceràmica, la producció tèxtil o el disseny arquitectònic i convertir això en una activitat a jornada completa. És possible que trobés més sentit a exercir una professió dins el sector sanitari, o a ensenyar història, literatura o matemàtiques als joves de la comunitat a vendre, per dir alguna cosa, cases o assegurances de vida. Altres persones potser preferirien dedicar la major part del seu temps a cuidar nens petits, d'acord amb les disposicions sobre la cura dels nens que la comunitat establís.

La descentralització no necessitaria que totes les institucions comunes a la vida de la ciutat fossin reproduïdes en miniatura a cada barri. Les universitats, per exemple, podrien conservar-se com a centres d'aprenentatge; sens dubte, no tindria sentit establir una universitat a cada barri de la ciutat. Ni seria necessari eliminar els grans hospitals a favor de clíniques més petites. Ni les institucions culturals, com teatres i museus, serien forçosament dissoltes i substituïdes per petits teatres i museus a cada barri. Però deixarien de ser propietat privada i retornades al control de la comunitat on estiguessin situades. A més, el ressorgiment de la vida política comunitària i el retorn a una escala més petita podria provocar perfectament un despertar cultural, de manera que és possible que els ciutadans volguessin i necessitessin obrir escoles, centres mèdics, teatres i museus a la seva pròpia municipalitat, malgrat el seu accés als més grans ja existents.

Alhora que s'estigués donant la descentralització institucional, podria també començar ladescentralització física. La descentralització física és la desconcentració de l'entorn construït d'una gran ciutat, pel que fa al seu terreny i infraestructura. Les municipalitats més petites necessitarien proporcionalment centres ciutadans més petits que el municipi, igual que un sistema d'infraestructures menor, espais públics, etc. Podrien crear-se noves zones verdes a prop del centre de cada nova municipalitat, perquè la nova vida municipal tingués un centre. La descentralització ajudaria també, i no de forma casual, a anivellar l'equilibri entre ciutat i camp, entre la vida social i la biosfera. A més, la descentralització física seria indispensable per construir una comunitat ecològicament sòlida.

Democratització

Quan els dos tipus de descentralització s'estiguin duent a terme, les noves i més petites municipalitats experimentaran un procés de democratització. Aquest procés, de fet, seria inseparable de la descentralització. Les noves i més petites municipalitats es convertirien així en llocs de democràcia directa.

L'estructura institucional d'aquestes democràcies directes estaria formada per assemblees de ciutadans –grans reunions generals on tots els ciutadans d'una àrea determinada es troben, deliberen i prenen decisions sobre els assumptes d'interès comú. Aquestes assemblees beurien dels preceptes i pràctiques més intel·ligents establertes per les seves predecessores en la tradició de la democràcia directa –l'ecclesia a l'antiga Atenes, la conjuratio i les assemblees a les comunes medievals, les assemblees municipals a Nova Anglaterra i les assemblees de les seccions parisenques– tant com d'altres exemples de democràcia directa de qualsevol part del món, sense tenir en compte si són pròpies de la història i tradició d'una regió particular.

(…)

La municipalització de l'economia

El municipalisme llibertari proposa una forma de propietat pública que és realment pública. La política econòmica que planteja com a alternativa no es basa ni en la propietat privada ni en la dispersió en petits col·lectius ni en la nacionalització, sinó en la municipalització, és a dir, en posar-la sota la “propietat” i el control de la comunitat.

Aquesta municipalització de l'economia significa la “propietat” i la direcció de l'economia per part dels ciutadans de la comunitat. La propietat, incloent-hi tant la terra com les indústries, ja no seria gestionada privadament, sinó que seria posada sota el complet control dels ciutadans en les assemblees. Els ciutadans es convertirien en els “propietaris” col·lectius dels recursos econòmics de la seva comunitat i formularien i aprovarien la política econòmica per a la comunitat. Serien ells, i no els buròcrates o els capitalistes, els qui prendrien les decisions sobre la vida econòmica.

Els ciutadans prendrien aquestes decisions independentment de la seva professió i lloc de treball, ja que, al final, les decisions a prendre afecten la totalitat de la vida econòmica de la comunitat. Aquells que treballen en una fàbrica participarien formulant polítiques no només per a aquella fàbrica, sinó també per a les altres –i igualment per a les granges. Participarien en la presa de decisions no com a obrers, pagesos, tècnics, enginyers o professionals, sinó com a ciutadans. Les decisions que prendrien estarien guiades per les necessitats de la seva comunitat com a conjunt, no per les d'una empresa, professió o sector comercial concret; servirien els interessos de la comunitat.

Durant molt temps, en la història del pensament polític s'ha sobreentès que ni la democràcia ni la llibertat política poden existir en una societat on hi ha enormes desigualtats de riquesa i ingressos. Aristòtil sabia, com sabia Thomas Jefferson, que el govern popular no podia sostenir-se allà on els recursos estiguessin distribuïts de manera molt desigual. Sense un ferm igualitarisme econòmic qualsevol tipus de democràcia seria probablement molt efímera, donant lloc tard o d'hora a l'oligarquia o al despotisme.

Jefferson va preveure que una igualtat de condició universal i generalitzada seria necessària perquè inclús la república nord-americana pogués perdurar. No obstant, poc després de la seva mort la relativa igualtat econòmica del seu temps ja havia començat a cedir a les concentracions de poder econòmic privat.

(…)

En una societat anarquista racional la desigualtat econòmica s'eliminaria retornant la riquesa, la propietat privada i els mitjans de producció a la municipalitat. A través de la municipalització de l'economia, la riquesa de les classes propietàries seria expropiada per la gent corrent i dipositada en mans de la comunitat per ser utilitzada en benefici de tots.

La vida econòmica com a tal seria absorbida per la comunitat i posada sota el control de l'àmbit polític, que assumiria la presa de decisions econòmiques com una part dels assumptes públics, responsabilitat de l'assemblea. Ni les fàbriques ni la terra podrien convertir-se mai més en unitats separades, competitives, amb els seus propis interessos.

Les decisions de l'assemblea, cal suposar, estarien guiades per pautes racionals i ecològiques. L'economia es convertiria en una economia ètica. Els conceptes clàssics de límit i equilibri substituirien l'imperatiu capitalista d'expansió i competència a la recerca del benefici. La comunitat valoraria les persones per les seves aportacions positives a la vida comunitària, no pel seu nivell de producció o consum. Actuant a través de les seves assemblees, els ciutadans impedirien conscient i deliberadament a les organitzacions econòmiques seguir els imperatius capitalistes de recerca del benefici en lloc dels principis ètics de cooperació i distribució.

L'assemblea prendria decisions no només sobre la producció, sinó també sobre la distribució dels mitjans de vida materials, satisfent la promesa de posar fi a l'escassetat. El “cadascú segons la seva capacitat i a cadascú segons les seves necessitats» –la reclamació de tots els moviments comunistes del segle XIX– es convertiria en una pràctica real, una responsabilitat institucionalitzada de l'àmbit polític. Cadascú en la comunitat tindria accés als mitjans de vida, independentment del treball que ell o ella fossin capaços de realitzar; la comunitat veuria que existeix entre tots els ciutadans una igualtat econòmica a grans trets, basada en criteris de necessitat definits sobre una base ètica i racional.

A escala geogràfica més àmplia, la vida econòmica seria controlada per la confederació de municipis. Els béns expropiats a les classes propietàries serien redistribuïts no només dins de cada municipi, sinó entre tots els municipis de la regió. A escala confederal, cada municipi compartiria els seus recursos amb els altres, i es prendrien decisions sobre producció i distribució. Si un municipi intentés aprofitar-se dels demés la resta de municipis confederats tindrien dret a impedir-li. Tindria lloc una profunda politització de l'economia que acabaria estenent l'ètica econòmica a una àmplia escala regional.

Notes:

[1] Nicolau Maquiavel, “The Prince”, capítol 5, a The Prince and the Discourses (Modern Library, Nova York, 1940).

Font: http://independenciasenseestat.cat/...

Categorías: Tortuga Antimilitar

Las madres de Altsasu: "Sentimos indefensión y un miedo terrible"

Tortuga Antimilitar - 15 November, 2017 - 00:00

Coincidiendo con el primer aniversario de las detenciones, los abogados de los jóvenes acusados de “terrorismo” por una pelea de bar darán a conocer la “situación extremadamente alarmante” que enfrentan sus defendidos. La mayor parte de las pruebas que han solicitado los letrados no han sido admitidas.

DANILO ALBIN

Hay detalles y gestos que sólo una madre puede percibir. Bel Pozueta, una mujer de Altsasu que lleva exactamente un año visitando a su hijo en una cárcel, lo acaba de vivir en carne propia. “Le miré a los ojos. Sé que le pasaba algo. Tenía cara de no haber dormido”, relata. La escena había transcurrido 24 horas antes en la prisión de Aranjuez. Allí está Adur Martínez de Alda. El hijo de Bel. El presunto “terrorista” al que la Fiscalía de la Audiencia Nacional y COVITE quieren ver condenado a medio siglo de cárcel por una pelea de bar. De ahí las ojeras del joven. De ahí el miedo de la madre.

“La tristeza es esto”, resume Pozueta. Su vida –y la de su familia- empezó a cambiar de rumbo en octubre de 2016. Concretamente, durante la madrugada del día 15. En torno a las cinco de la mañana, dos guardias civiles sin uniforme se vieron involucrados en una trifulca en un bar de esta localidad navarra. Lo que pasó a partir de entonces es de sobra conocido: acusaciones sobre una supuesta “horda” que buscaba linchar a los agentes, elucubraciones sobre la ideología de los jóvenes que habían sido relacionados con la pelea… y la aplicación de la teoría del “Todo es ETA” por parte de determinados periódicos y jueces para asegurar que la pelea no era una pelea, sino un caso de terrorismo.

Las cosas empeoraron un mes después. A primera hora de la mañana del 14 de noviembre de 2016, unos agentes se presentaron en la vivienda de Adur. Minutos antes, Bel había visto por la ventana de la cocina a un encapuchado. Sus temores, esos mismos que le acompañaban desde hacía cuatro semanas, se confirmaron. “Mi marido abrió la puerta. Les pidió una orden judicial, pero no tenían, así que tuvieron que marcharse. Recuerdo que fuera de casa había varios furgones de la Guardia Civil”, comentó Pozueta a Público.

A lo largo de ese día, la Benemérita detuvo a varios jóvenes relacionados con la pelea nocturna. Adur optó por presentarse voluntariamente ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien tenía a cargo este caso. Dos días más tarde fue encarcelado. Lo mismo ocurrió con otros seis jóvenes. En diciembre de 2016, cuatro de ellos fueron puestos en libertad condicional, mientras que los tres restantes –entre los que se encuentra el hijo de Bel- siguieron en prisión. Primero estaban juntos, en la cárcel de Soto del Real. Luego fueron dispersados. Tanto antes como ahora están en régimen FIES, exactamente el mismo que se aplica contra los detenidos por terrorismo. De esta manera, los tres presos de Altsasu reciben hoy el mismo tratamiento que cualquier encarcelado por yihadismo.

“A los presuntos violadores de Sanfermines, la acusación les pide 22 años. A mi hijo, por una pelea de bar, le piden 50”

A Bel se le pasa otra comparación por la cabeza. “Acabo de escuchar en la radio una noticia sobre el juicio contra los presuntos violadores de Sanfermines. La acusación les pide 22 años. A mi hijo, por una pelea de bar, le piden 50”. Ese medio siglo de condena fue solicitado por el fiscal de la Audiencia Nacional José Perals tanto para Adur como para otros cinco acusados. En el caso de Oihan Arnanz, hoy preso en Navalcarnero, la petición se eleva hasta los 62 años y medio. La pena más baja que solicita la Fiscalía es de 12 años. En total, los jóvenes del caso Altsasu suman condenas de 375 años de prisión. Los violadores de Pamplona no llegan a 115.

“Situación alarmante”

En ese contexto, los abogados de los imputados por la trifulca con los dos guardias civiles ofrecerán este martes una rueda de prensa en Madrid, donde denunciarán la “falta de garantías” que enfrentan sus clientes. Los letrados advierten que se trata de una situación “extremadamente alarmante”, dado que “la mayoría de las pruebas propuestas por las defensas” no han sido admitidas. “Sentimos indefensión y un miedo terrible. Nos da vértigo pensar lo que puede ocurrir con nuestros hijos”, afirmó, por su parte, Bel Pozueta.

En ese contexto, el grupo de madres y padres de Altsasu realizará este martes una nueva jornada de protesta, que estará marcada por un hecho muy simbólico: a las 20.00 habrá un apagón en todo el municipio para denunciar el primer año de las detenciones. A esa misma hora, los familiares de los jóvenes realizarán una nueva concentración en la Plaza Iortia, donde volverán a recibir el apoyo de sus vecinos. Igual que hace un año.

Público

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Los presos políticos son los padres

Tortuga Antimilitar - 15 November, 2017 - 00:00

disidente

No existe, ni ha existido nunca un preso político en el mundo. Esa es la conclusión a la que llego cuando escucho los argumentos que desde los medios de comunicación y organizaciones pro-derechos humanos ligados al poder nos llegan estos días. Resulta que no se puede considerar presos políticos a los dirigentes catalanes que en su día se presentaron a las elecciones con un programa concreto, ganaron por mayoría absoluta, y tras aplicar dicho programa en consecuencia están hoy en la cárcel.

Anonadado me quedo al ver la explicación que da Amnistía Internacional para justificar por qué excluye de dicho calificativo a los “Jordis”

Es decir -y obviando que en su página aparecen 827 resultados si buscas el término- que si eres encarcelado por realizar una actividad política que está considerada como delito según las leyes de tu país, quedas automáticamente excluido de la definición de preso político, se puede decir que Nelson Mandela no fue un preso político, ya que realizó actividades que según las leyes sudafricanas eran constitutivas de delito. No hubo presos políticos durante el Franquismo, debido a que todas las actividades políticas que realizaron los encarcelados eran constitutivas de delito según las leyes de aquella “democracia orgánica”, como así gustaba llamarse a la dictadura, y en definitiva, ningún preso político sería preso político en el mundo a lo largo de la historia según la explicación de AI, ya que ningún preso entra en la cárcel bajo el delito de “preso político” y siempre se busca una justificación presente en las leyes para justificar su privación de libertad.

Pero lo que verdaderamente me ha dejado atónito del posicionamiento de Amnistía Internacional es esta otra respuesta que ha dado en las redes sociales a quienes les preguntan por qué en muchos casos sí utilizan dicho término

¿Está queriendo decir AI con esto que su criterio para usar el término “preso político” está ligado a la arbitraria, partidaria y totalmente carente de rigor legal línea editorial de los medios de comunicación masivos?

La respuesta parece ser afirmativa, porque si revisamos las campañas de AI, esta no tiene problemas en hablar de presos políticos (o de conciencia) en Rusia, Siria, Irán, Venezuela, Corea del Norte y demás países que forman parte del eje del mal del poder económico imperante y que controla dichos medios masivos, sin embargo no veremos jamás dicho calificativo para presos encarcelados por actividad política en cualquier país de la UE, en EEUU, Colombia o Argentina.

Como dato más llamativo tenemos al opositor venezolano Leopoldo López, este sí es considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional, a pesar de que participó de forma demostrable en el golpe de estado fallido de 2002 contra Chávez y no reconoció las últimas elecciones presidenciales llamando a los jóvenes a “protestar usando mecanismos de protesta no pacíficos”, teniendo como resultado de ese llamamiento más de 40 personas asesinadas, entre ellos varios policías, así como edificios públicos como hospitales y guarderías atacados con fuego de mortero. Simplemente, llama la atención que todos estos hechos sean incluidos como causas políticas de encarcelamiento para Amnistía Internacional, y no los hechos que cito en el primer párrafo para los políticos catalanes.

Fuente: https://luchadisidente.wordpress.co...

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Antimilitaristas piden el desmantelamiento del cuartel de Mungia: "Que planten puerros"

Tortuga Antimilitar - 14 November, 2017 - 00:00

Iker Rioja Andueza

Una docena de colectivos de Bizkaia (Askapena, Berri Otxoak, Eguzki, Ekologistak Martxan, Ernai o KEM-MOC, entre otros) han reclamado este sábado el desmantelamiento del cuartel de las Fuerzas Armadas españolas en Mungia. "Entendemos que es más lógico que, en vez de preparar la guerra desde Uribe-Butroi, los terrenos de Soietxe sirvan para plantar justicia, igualdad y que se trabaje por la soberanía alimentaria. Como símbolo de todo eso preferimos que crezcan puerros en lugar de armas", han planteado los antimilitaristas.

La movilización ha tenido como lema 'A todo cuartel le llega su San Martín'. Los convocantes han portado una imagen del santo católico San Martín de Tours, quien "desertó del Ejército". "El santo ha pedido a los militares que se quiten el uniforme y abandonen las armas para trabajar en la construcción de un mundo mejor", han explicado los promotores de la iniciativa en una comunicado remitido a los medios de comunicación.

Se trata de la vigésima octava ocasión en que los antimilitaristas protestan en estas instalaciones. "El verdadero papel de este cuartel no es el de defender nuestra seguridad, sino proteger los intereses del sistema capitalista y patriarcal", han incidido para denunciar después que España "despilfarra" más de 33.000 millones en Defensa mientras "se sigue recortando en inversión social". Además, han apuntado que España "es el séptimo exportador mundial de armas", material que luego se emplea "contra la población civil" en países en conflicto como Siria o Yemen. Han criticado, finalmente, los incumplimientos en la acogida de refugiados: "Han llegado 1.983 personas cuando se comprometió a acoger 17.337".

Se da la circunstancia de que este sábado se han conocido los datos oficiales del despliegue de las Fuerzas Armadas en Euskadi. En el País Vasco están destinados 1.481 efectivos, por 1.692 de hace seis años. Es un 12,4% menos, una de las caídas más importantes en toda España.

Estos cambios vienen motivados por la reorganización del despliegue que acometió el Ministerio de Defensa en 2015. Entre las novedades, desapareció como tal la unidad 'vasca' del Ejército español, la brigada San Marcial. Las unidades operativas de Araka, en Vitoria, fueron trasladadas a Zaragoza y las bases de Bizkaia y Gipuzkoa pasaron a depender de unidades de Córdoba y de Badajoz, dos plazas militares de importancia en España.

El Diario

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Retiran una maqueta de ExpoClick en la que se pedía “libertad para los presos

Tortuga Antimilitar - 14 November, 2017 - 00:00

Iñaki Berazaluce

“Libertad presos políticos”, podía leerse en la pancarta que portaban unos Clicks de Famóbil a punto de ser debidamente apaleados por los policías antidisturbios, también Clicks, como es lógico. La maqueta tuvo que ser retirada por la organización de ExpoClick Amposta después de que algunos asistentes y visitantes en las redes sociales se quejaran del “adoctrinamiento” en una feria supuestamente dedicada a los niños.

La decisión de retirar el diadorama -uno de los 80 expuestos en la sexta edición de Expoclick– fue tomada por Somosclicks, una asociación de aficionados de Playmobil que colabora en la organización del evento con el Ayuntamiento de Amposta, gobernado por ERC.

Aunque la feria cerró ayer, en el Facebook de ExpoClick todavía pueden verse las dos posturas enfrentadas respecto a la controvertida maqueta, un reflejo nivel click de la polarización de la sociedad catalana. Quienes se oponían a la politización de la muestra compartían esta imagen de protesta:

Por su parte, quienes estaban a favor respondían que “representar la realidad no es adoctrinamiento. ¡Libertad presos politicos! Incluso el mismísimo president en el exilio, Carles Puigdemont, terciaba en la polémica de los clics a través de su cuenta de Twitter, según informa El Español:

“Es un detalle, pero simbólicamente no es menor. Estamos a un click de la regresión absoluta. Si cedemos ante quienes nos quieren atemorizados, cabizbajos y en silencio, lo habremos perdido todo. Y eso no lo podemos consentir”, escribía Puigdemont, apurando los 280 caracteres de Twitter.

El Ayuntamiento de Amposta plantea querellarse contra los medios digitales que publicaron la noticia porque creen que dieron una visión “tergiversada y surrealista” . Según el alcalde de Amposta, Adam Tomàs, de ERC, los organizadores de la muestra “tienen miedo a represalias” :

“Es una vergüenza que el creador o Somosclicks tengan miedo a represalias. Como ven que aquí se encierra a cualquiera en prisión inventándose autos judiciales”.

En descargo de la organización, hay que recordar que mezclar clicks con política no es algo tan inusual. La página I Love Clicks ha alcanzado una gran popularidad gracias a la recreación de escenas de actualidad interpretadas por los famosos muñecos. Como muestra, un botón: la versión click del Caso Noos, con Urdangarín, la Infanta Cristina y una caja fuerte recién saqueada:

Público

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Guerra de Yemen

Tortuga Antimilitar - 14 November, 2017 - 00:00

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La privatización de la Amazonia brasileña

Tortuga Antimilitar - 13 November, 2017 - 00:00

x Raúl Zibechi

Desde las más diversas posturas ideológicas, se consolida la convicción de que el control del pulmón del planeta está siendo perdido por el Estado brasileño.

El primer punto a considerar es la hegemonía de la bancada ruralista en el Parlamento y en el Gobierno. Se trata de las viejas oligarquías que protagonizaron la historia de Brasil, aliadas ahora con una nueva camada de ocupantes ilegales de tierras que los sucesivos Gobiernos han legalizado. Pero en estos momentos los ruralistas están promoviendo leyes que prevén incluso la extinción de las Unidades de Conservación si no hay indemnización a los 'propietarios' que las ocupan de modo legal o ilegal.

De aprobarse el proyecto de ley presentado por los ruralistas, sería un enorme paso atrás en la conservación de la Amazonia y en el combate a la deforestación. Datos oficiales muestran que el 21% de la selva amazónica ya fue devastada pero que dentro de las Unidades de Conservación se mantiene prácticamente intacta.

Por otro lado, la nueva legislación vulnerará los compromisos adquiridos por Brasil en la Conferencia del Clima para contener la deforestación, proceso que debería estar detenido en 2030 y reducido a sólo 3.900 kilómetros cuadrados anuales en 2020.

La segunda cuestión son las razones económicas de la deforestación. Un reciente libro publicado por el Instituto Agronómico de la Amazonía, titulado 'Dueño es el que deforesta', sostiene que los responsables no son ni la soja ni la ganadería, como aseguran buena parte de los ambientalistas. Quienes deforestan son los ocupantes ilegales, que al abatir la selva elevan el precio de la tierra 20 veces, y en algunos casos hasta 200 veces su valor inicial.

Luego venden la tierra a los ganaderos y los sojeros, legalizándola de forma también irregular, usando a su favor resquicios legales y la corrupción de las instituciones encargadas de velar por la integridad de la Amazonia.

La ocupación ilegal de tierras va de la mano de la violencia contra campesinos, indígenas y pescadores, según un reciente informe de la periodista Eliane Brum en el diario brasileño El País.

Desde que Temer ocupa el Palacio de Planalto, se registra un incremento sustancial de las muertes por conflictos de tierra, a razón de un asesinado cada seis días. Son 47 en lo que va de 2017, como señalan los informes periódicos de la Comisión Pastoral de la Tierra.

La violencia no es una desviación de la norma, sino la forma habitual de hacerse con tierras estatales, de pueblos o de pequeños productores. De ese modo, el llamado 'consorcio de la muerte' está consiguiendo que las tierras públicas de la selva pasen a manos privadas, en gran medida destruyendo las organizaciones campesinas por la violencia. Los crímenes ambientales, como los reconoce la legislación, suelen ser amnistiados cada cierto tiempo, como sucede ahora bajo el Gobierno Temer.

El Gobierno debió dar marcha atrás en su intento por anular la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (RENCA), un área de 46.000 kilómetros cuadrados creada en 1984 que fue bloqueada a los inversores privados. Su objetivo es abrir la reserva, entre los estados de Pará y Amapá, a la minería aurífera. La oposición de la sociedad fue tan grande, que en apenas un mes Temer debió retirar el decreto.

La tercera cuestión es la más compleja porque tiene un carácter estratégico. Podemos focalizarla en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana, con acceso privilegiado a las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco que conectan la Amazonia con el Caribe. En Roraima están las mayores reservas de oro, niobio y estaño del mundo, además de importantes yacimientos de torio, cobalto, molibdeno, diamantes y titanio, según el Inventario Mineral del Escudo Geológico de Roraima, realizado por el Ministerio de Minas y Energía de Brasil en 2003.

Esa misma región alberga los mayores yacimientos de uranio del mundo, compartidos por Brasil, Venezuela y la Guayana Esequiba, zona en disputa desde 1966 entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, antigua Guayana Británica. Desde 2009 empresas canadienses explotan yacimientos de uranio en esa región, algo que no es visto con buenos ojos ni por Caracas ni por Brasilia.

El Gobierno de Lula había previsto formar en el norte de Brasil y en el sur de Venezuela un 'espacio económico común', en una zona considerada geoestratégica, con el objetivo de 'ocupar' una región que es codiciada por multinacionales del Norte y es zona de expansión de los paramilitares colombianos.

Los militares nacionalistas brasileños tienen perfecta conciencia de esta situación. Afirman que el declive estratégico de Estados Unidos implica retrocesos en todo el mundo menos en el área del Caribe, que es la fuente histórica de su poder. Citando un trabajo de los periodistas Robert D. Kaplan y Karen Hooper, publicado en Stratfor bajo el título 'La fuente del poder estadounidense', recuerdan que el Gran Caribe del imperio abarca desde Yorktown (Virginia) hasta las Guyanas, o sea hasta la selva amazónica.

En esa región, aseguran los nacionalistas, se está produciendo una "ocupación internacional silenciosa" de la mano de ONG ambientalistas que han promovido la instalación de reservas indígenas y forestales que "obstaculizan cualquier actividad económica moderna". Sostienen que a través de organismos internacionales, Washington sigue aspirando a controlar la Amazonia, acotando la soberanía de Brasil sobre la región con la excusa del conservacionismo ambiental.

Mientras el Gobierno de Temer acelera la privatización de la mayor selva del mundo, sectores militares apuestan por revertir las políticas de conservación, en la misma línea del Gobierno aunque desde intereses opuestos. En tanto, la sociedad brasileña contempla la privatización y la extranjerización de su principal riqueza sin siquiera poder participar en un inexistente debate nacional. Todo indica que las fuerzas capaces de frenar la destrucción están paralizadas, desmoralizadas y a la defensiva, mientras que los depredadores tienen el timón en sus manos para avanzar sobre lo que queda de la Amazonia.

https://mundo.sputniknews.com

Texto completo en: https://www.lahaine.org/la-privatiz...

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El fontanero y el amianto

Tortuga Antimilitar - 13 November, 2017 - 00:00

Antonio era fontanero, para ser mas exacto era el jefe de los fontaneros municipales.

Un gran vividor, un golfo, un crápula, un cabrón, ha fumado y bebido lo que le correspondía a él y a todo el parque municipal de bomberos, eso sí, acabase su juerga a la hora y en las condiciones que acabase, a las ocho menos cuarto de la mañana estaba en el taller del ayuntamiento, recién duchado y con el mono inmaculado, esperando al resto de la plantilla para organizar el trabajo diario.

Su vida se empezó a torcer hace aproximadamente un año. En el reconocimiento medico que de guindas a brevas mandaba hacer el Ayuntamiento, además de los sempiternos malos resultados de la analítica, le diagnosticaron una cierta insuficiencia pulmonar, por supuesto lo achacaron todo al tabaco, cuando dijo que fumaba más de dos cajetillas diarias casi le echan de la consulta, además, cuando les contó lo del alcohol y que de vez en cuando se fumaba algún porro, el medico llamó a la ATS con un cabreo monumental y le dictó a voces: ¡hipertenso, colesterol por las nubes, los triglicéridos al doble, drogadicto, fumador empedernido y alcohólico habitual!

Después radiografías, tomografías, resonancias, le sacaron líquidos del pulmón, pero cuando se enteraban de que era fumador el trato cambiaba: uno de los médicos, dando unos gritos que se oyeron en todo el hospital, le dijo ¡por ser un suicida, debería usted pagar todas las pruebas y tratamientos! -no te jode ¡como si los suicidas pagasen algo! le contestó- Para su desgracia el diagnóstico en todos los casos fue cáncer de pulmón.

Le conocí cuando él estaba en las ultimas, me vino a ver con su esposa, parecían padre e hija o quizás abuelo y nieta, él con una tez de un color verdoso indefinido sobresaliendo las ojeras negras que le rodeaban los ojos, su cara parecía una máscara, tosía continuamente, lo que prácticamente le impedía hablar. Se notaba ese halo que indica que la muerte le estaba acechando mas pronto que tarde. Ella en cambio era un cúmulo de virtudes, denotaba salud por los cuatro costados, una mujer alta, delgada, con el pelo cortado a media melena que le acentuaba sus marcados pómulos, de boca perfecta sobre todo cuando esbozaba una sonrisa, unos ojos color caramelo a los que no podías mantener la mirada, una mujer especialmente atractiva.

Según les habían comentado, yo, como técnico de prevención, en una conferencia sobre amianto había dicho que muchos cánceres profesionales acaban diagnosticados como enfermedades comunes sobre todo si el paciente es fumador.

Efectivamente, -les dije- no se si esas fueron mis palabras exactas, pero mi teoría es que nuestra medicina ha sido siempre mas curativa que preventiva, también creo que en muchos casos los médicos no tienen conocimientos suficientes, ni medios, ni tiempo, ni interés para distinguir el origen del problema, por supuesto cuando suena la palabra “tabaco” redoblan todas las alarmas, se encienden sus luces y ya está cáncer debido al tabaquismo del paciente. ¿Pero usted, siendo funcionario del Ayuntamiento, se puede saber que relación tiene con el amianto?

Soy personal laboral, -me contestó Antonio con una voz grave y dolorosa- empecé a los dieciséis años de fontanero y acabaré de fontanero jefe, de hecho todo el mundo me conoce como “Antonio el de las aguas”. Durante los cuarenta años que llevo en el ayuntamiento, he colocado casi toda la red de agua y alcantarillado de la ciudad. He cortado con la radial miles de tuberías, la última no hace mas de tres meses, todas de fibrocemento, de distintas marcas, dependiendo de las épocas, Uralita, Fibrotubo…. todas con el amianto ese que dicen que es tan jodido.

¿Me está diciendo usted que en pleno siglo XXI puede haber alguien que corte tuberías de fibrocemento con radial?

Eso mismo –me contestó- y si quiere cualquier día vamos a ver como lo hacen mis compañeros.

¡Pero eso es un suicidio! –le dije asombrado y alzando la voz- por supuesto que quiero ir a ver esa barbarie.

Si usted lo dice, a mí, en cuarenta años que llevo trabajando nadie me ha dicho que eso era malo, si me lo hubiesen dicho a lo mejor lo hubiésemos hecho de otra manera–me contestó como si no supiese de lo que le estaba hablando.

Fui ha hacer una inspección dónde y cuándo el fontanero me dijo y efectivamente sus compañeros estaban cortando tuberías con radial, también obtuve los resultados del reconocimiento que le hizo la responsable del Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Expuestos al Amianto, la conclusión fue rotunda, “es el caso más claro de mesotelioma debido a amianto que he visto en mi vida” -me dijo la médica- “en lo único que mis compañeros han coincidido es en el grado”, efectivamente morirá en poco tiempo máximo tres meses o menos si no deja de fumar, ¡teníamos la causa y el efecto!, se le declaró, no sin reticencias, enfermedad profesional, dos meses después Antonio murió.

Redacté un duro informe y lo mandé a la fiscalía, la viuda demandó al Ayuntamiento y el juzgado de lo penal lo admitió a tramite por los delitos de homicidio por la muerte de Antonio y por la puesta en peligro del resto de los fontaneros.

Hasta que se celebró el juicio, casi cinco años después, no volví a saber nada de Belén, su viuda, en las largas esperas que normalmente hay que sufrir en las antesalas de los juzgados, me contó como había transcurrido su vida estos años.

Según su relato, el día que falleció su marido, aparecieron en el velatorio el alcalde y dos concejales, le dieron el pésame y en un aparte le dijeron que tenían una oferta que no podía rechazar: le ofrecieron un puesto fijo de limpiadora, asegurándola que al menos durante su mandato no tenía que limpiar nada, con su marido de cuerpo presente la entregaron el contrato de limpiadora y un desistimiento expreso de renuncia a cualquier medida legal contra el Ayuntamiento, incluso habían marcado con cruces a lápiz los sitios donde querían que firmase.

Les mandó a la mierda y desde entonces no han dejado de acosarla, pero en ningún caso se ha dado por vencida. “Quiero que paguen lo que han hecho a mi marido” –me aseguró tajante-

Joder, qué jetas, -le dije- ¡un contrato de limpiadora!, con lo bien que se les da venderse, qué mal saben comprar.

– A raíz de eso –continuó- decidí colaborar con todas mis fuerzas con asociaciones de afectados por el amianto y desde luego seguir con la demanda hasta el final y hoy solo con ver al alcalde, al concejal y a los técnicos municipales en el banquillo de los acusados, sea cual sea el fallo del juez, me doy por satisfecha.

Desde el juicio hasta que se dictó la sentencia pasaron diez meses: el Ayuntamiento fue condenado a pagar a la viuda una indemnización de 334.000 euros. Los políticos, como siempre, declararon su ignorancia y salieron libres sin cargos, no así los técnicos, tanto el técnico de prevención como el ingeniero fueron condenados a penas de seis meses de prisión, penas que por no tener antecedentes no suponían su entrada en la cárcel.

Ha habido suerte –me dijo el fiscal- hemos ganado por tener tan clara la relación causa efecto. Lo que más me preocupa es saber cuántos cientos o miles de trabajadores morirán sin que se reconozcan sus derechos.

Poco tiempo después de que se dictara la sentencia, Belén se presentó en mi despacho. Estaba seria, pálida y con un cierto aire de tristeza.

– Creo que estoy en la obligación de contarle algo –hizo una pausa y prosiguió- Desde hace unos meses no me encuentro bien, estoy muy cansada y he empezado a tener esta odiosa tos, como mis síntomas son parecidos a los que en un principio tuvo mi marido, he ido a sanidad, me han hecho todo tipo de pruebas y tengo mesotelioma –me dijo llorando- como una esclava lavé toda su ropa durante años para que se fuese a follar putas hecho un pincel, el mono de trabajo se lo lavaba todos los día, era el fontanero mas limpio del ayuntamiento, él trajo las fibras mortales a casa.

No pude decir nada, Belén salió silenciosamente del despacho. No la he vuelto a ver.

Fuente: http://diario16.com/el-fontanero-y-...

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La Audiencia juzga el caso de torturas de policías locales de Torrevieja a dos detenidos

Tortuga Antimilitar - 12 November, 2017 - 00:00

d. pamies redacción

El señalamiento definitivo llega más de diez años después de que sucedieran los hechos y tras cuatro intentos anteriores en los que no se pudo localizar a los testigos de cargo, a su vez víctimas de las torturas.

La sección tercera de la Audiencia Provincial con sede en Elche acoge desde el lunes el juicio a cinco policías locales de Torrevieja acusados de torturar a dos personas a las que habían sorprendido robando en casa de uno de los agentes, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). También están acusados otros dos policías, mandos del cuerpo, por tener conocimiento de los hechos y no perseguirlos. Los hechos ocurrieron en 2006 y la vista se ha aplazado hasta en cuatro ocasiones anteriores porque no se pudo garantizar la presencia de los principales testigos de cargo, que su vez son las víctimas de los hechos.

Las mismas fuentes del TSJCV explican que el fiscal en su escrito, uno de los acusados, inspector de Policía Local, tuvo conocimiento de que se estaba produciendo un robo en su vivienda, por lo que avisó a varias patrullas que se desplazaron hasta el domicilio. Los agentes detuvieron a dos personas supuestamente relacionadas con el robo y las trasladaron a la jefatura de la Policía, donde les agredieron, amenazaron e insultaron.

Posteriormente, parte de los acusados revisaron la redacción del atestado y adaptaron el relato de los hechos para que pareciera que las lesiones sufridas por los detenidos agredidos fueran accidentales y no como consecuencia de los golpes recibidos. El fiscal pide penas que oscilan entre un año y dos años de prisión por varios delitos de torturas, falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir delitos. También aparecía acusado un exconcejal de Policía Local, fallecido.

Diario Información

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Imagino

Tortuga Antimilitar - 12 November, 2017 - 00:00

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Los parques nacionales de Tanzania amenazan la supervivencia de los masáis

Tortuga Antimilitar - 12 November, 2017 - 00:00

Karen McVeigh
El diario

Para Lilian Looloitai, una mujer masái del este de África, "la tierra significa vida". Para su tribu nómada, que ha pastoreado ganado durante siglos en las tierras altas de Tanzania, una encarnizada disputa que tiene lugar al borde del parque nacional del Serengeti no solo genera incertidumbre, sino que amenaza su mera existencia. Este es el último ejemplo de cómo crecen las tensiones entre la explotación de la vida salvaje, que aporta beneficios al país, y los derechos de los nómadas, que necesitan la tierra para sobrevivir.

"¿Durante cuánto tiempo el Gobierno seguirá expandiendo los parques nacionales? Esto sirve para la vida silvestre, pero nosotros somos seres humanos", comenta Looloitai, directora general de Cords Limited, un grupo asentado en Arusha que lucha por los derechos humanos. "Como pastores, nos estamos viendo afectados".

El largo enfrentamiento fronterizo entre los masáis de Loliondo y las autoridades repuntó hace dos meses, en medio de informaciones que señalaban que en apenas dos días cientos de hogares habían sido incendiados.

Un estudio llevado a cabo por el International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), una ONG danesa que trabaja con comunidades locales en Tanzania, calculó que 185 hogares fueron incendiados para provocar desahucios forzados. Esta acción dejó a miles de personas sin hogar, además de dispersar su ganado.

Todo esto se suma a la gran sequía contra la que están luchando los pastores en esa misma zona, que ha reducido la cantidad y calidad de los pastos.

El 21 de septiembre, vecinos de cuatro localidades de Loliondo –Ololosokwan, Olorien, Kirtalo y Arash– presentaron el caso ante el Tribunal de Justicia de África Oriental para intentar detener futuros desalojos. "Debemos hablar sobre el problema de la tierra. El Gobierno no ha tomado medidas apropiadas para informar y comunicar cuáles son sus intenciones", apunta Looloitai.

"Nos han dicho, 'no puedes pisar esta tierra, pertenece al Gobierno. No puedes pisar esta tierra porque pertenece a inversores'. No estamos seguros ni estables –como comunidad y sociedad– y esto afecta a nuestro futuro". "La manera en la que están haciendo las cosas es yendo en contra de los derechos humanos. No esperábamos que la gente fuese desalojada".

En Tanzania la tierra es del Estado

En Tanzania toda la tierra pertenece al Estado, por lo que los desahucios no son ilegales aunque se utilice la fuerza, comenta Looloitai. Sin embargo, urge al Gobierno que encuentre una solución pacífica: "Al presidente se le ha dado el poder de supervisar y controlar el uso de la tierra, pero sin infringir los derechos humanos".

Looloitai, que es de Monduli, un distrito vecino de Ngorongoro, donde se encuentra Loliondo, explica: "Para mí la tierra es vida. Es un recurso fundamental que hace que los pastores puedan seguir manteniendo su tradicional estilo de vida".

Cuando en 2012 empezaron a aparecer denuncias de que el Gobierno tanzano quería obligar a los pastores a abandonar su tierra para dar paso a zonas de caza mayor, se produjeron protestas a nivel internacional. El plan, que al parecer beneficiaría a la empresa con sede en Dubai Otterlo Business Corporation, una compañía de safaris de lujo creada por una autoridad de Emiratos Árabes Unidos cercana a la familia real, habría desplazado en torno a 30.000 personas y causado problemas a los masáis, que dependen de los pastos estacionales para alimentar a su ganado.

El Gobierno de Tanzania, que había planeado crear un "corredor de vida silvestre" de casi 1.000 kilómetros cuadrados, aparcó sus planes después de la campaña en contra, liderada por la web activista avaaz.org. El entonces presidente del país, Jakaya Kikwete, prometió vía Twitter en 2014, que no se producirían desahucios.

Las últimas informaciones están provocando nuevas preocupaciones. Las ONGs aseguraron que los desahucios eran una sorpresa porque una comisión había estado trabajando para encontrar una solución a la disputa de la tierra.

El IWGIA, la ONG danesa, afirma que las áreas en disputa en Liliondo estaban "legalmente registradas como tierras comunales", y pidió que cesasen los desahucios. "Mientras la crisis en Loliondo continúa, pedimos al Gobierno de Tanzania que termine con los desahucios ilegales y con la violación de los derechos humanos. El Gobierno debe respetar la orden de paralización de la Comisión de Derechos Humanos y de Buen Gobierno en Tanzania", sostiene Julie Koch, el director ejecutivo de la organización.

The Guardian contactó con el Gobierno de Tanzania, pero en el momento de la publicación todavía no había obtenido respuesta.

Traducido por Cristina Armunia Berges

El Diario

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Chiquito, in memoriam

Tortuga Antimilitar - 11 November, 2017 - 09:57

Chistes:

Interpreta el Billy Jean:

En su época de cantaor flamenco:

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Turquía, la mayor cárcel de periodistas del mundo

Tortuga Antimilitar - 11 November, 2017 - 00:00

El caso de Hamza Yalçin, detenido en El Prat en agosto, ha atraído los focos internacionales, pero no es el único. Más de la mitad de los profesionales de la información en prisión están en Turquía.

Las filas que se forman para abordar el ferry en el puerto de Estambul son un buen sitio para tomar el pulso a la actualidad turca. Las colas discurren rápidas, pero dan tiempo a comentar las últimas noticias. Hace unos meses, dos jóvenes, probablemente estudiantes universitarios, esperaban su turno. Uno de los dos preguntaba a su compañero por la responsabilidad de la prensa en el devenir de Turquía. Su acompañante, sin dar mucho tiempo al debate, respondió de acuerdo al discurso del presidente Recep Tayyip Erdogan: “No son periodistas, sino terroristas, y estas no son sino historias fabricadas”. Era uno de los temas de la semana, tras el enjuiciamiento, por supuesta pertenencia a organización terrorista de 17 trabajadores de Cumhuriyet, uno de los periódicos críticos con el gobierno de Ankara. Algunos pensaban que el juicio era político.

Estambul es una ciudad gigantesca. Casi 15 millones de personas viven en esta urbe, y millones de historias, más o menos conocidas, se entremezclan en sus calles. No todo el mundo encuentra la historia de sus periodistas interesante, pero es necesario contarla. La situación no es nueva. En una entrevista con el medio turco Hurriyet, en 2015, Ali Çarko lu, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Koç , afirmó que “la cobertura partidaria de los medios turcos supone un peligro alarmante para la democracia”. Aun así, hay informadores que se niegan a participar en esa ilusión. Un siglo y medio después de que la primera generación de reporteros turcos se enfrentase al poder del Imperio Otomano, los periodistas están sufriendo, si cabe, más presiones que sus predecesores. Turquía se ha convertido en la “mayor cárcel del mundo” para los profesionales de la información.

En torno a 200 encarcelados

De acuerdo con el Sindicato Turco de Periodistas, en este momento hay 161 periodistas encarcelados en Turquía. Para el Centro por la Libertad de Estocolmo (SCF), la cifra asciende a 228 lo que supondría un récord mundial. Más de la mitad de los periodistas que están en prisión en todo el mundo se halla en Turquía. De acuerdo con el último informe de la Asociación de Periodistas de Turquía, 839 reporteros fueron denunciados por las autoridades el año pasado. 189 periodistas fueron atacados verbal o físicamente, y más de 100 medios de comunicación fueron cerrados. La situación para los profesionales de la información en Turquía es peor que en China, Irán o Eritrea. Es una situación insostenible.

El profesor Haluk Ahin también piensa así. Ahin fue la primera persona en Turquía en obtener un máster en periodismo. Ha trabajado en los medios durante casi medio siglo. Como uno de los decanos del periodismo turco, señala las próximas elecciones como punto de inflexión: “No creo que el statu quo basado en la presión judicial sobre los medios sea sostenible a largo plazo. Las elecciones presidenciales de 2019 pueden propiciar circunstancias para que se dé una renovación democrática, incluyendo una mayor libertad de prensa”.

Algunos sindicatos de periodistas también se enfrentan a la presión, como es el caso de DISK Bas'n-Is, perteneciente a la Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía. Su presidente, Faruk Eren, cree que hay que tener en cuenta la falta de unión entre profesionales en esta situación: “El abandono de los sindicatos juega un papel importante para los periodistas. Es un fenómeno que comenzó en Turquía en la década de los 1980. Hoy, los periodistas de verdad se arriesgan a ser arrestados. El gobierno prohíbe la emisión de contenidos inconvenientes. Si un periodista desobedece estas normas, puede verse ante un juez. ¿Quién puede informar en estas condiciones?”, afirma el líder sindical. Sin embargo, Erdogan sigue afirmando que la prensa es libre. Según el Gobierno, los reporteros pueden hacerle preguntas y, según cifras oficiales, solo hay dos periodistas presos. Los demás, a ojos el ejecutivo, son terroristas, agentes provocadores, espías o golpistas.

Opacos conglomerados

Tras el intento de golpe de Estado de 2016, la actitud del Ejecutivo hacia la prensa libre se volvió más escéptica. Hasan Cemal, un experimentado periodista, describe con miedo esta etapa: “He visto golpes de Estado, y he vivido bajo administraciones militares, pero nunca había sido tan pesimista como lo soy hoy”, afirmó en un evento de las Naciones Unidas.

El pesimismo de Cemal es contagioso. Gürcan Çilesiz ha liderado varias redacciones turcas como redactor jefe. Según él, la historia de represión viene de largo: “Para ser sinceros, llevamos sufriendo presiones desde finales del siglo XIX, pero la situación es mucho más grave hoy en día. El gobierno del AKP ha implementado ataques sistemáticos contra la prensa año tras año”. Çilesiz acepta que la censura en el país es una realidad, pero además advierte de otras técnicas que llevan al control de los medios: “Los oficiales del Gobierno exigen pagos a los empresarios, creando una red de medios afines [en Turquía se conoce como Pool Media a los medios organizados en opacos conglomerados sin un propietario claro y a menudo financiados por compañías constructoras acusadas de corrupción]. Así los redactores críticos son despedidos. Muchos de ellos son encarcelados, como le ocurrió a Ahmet'k, sin ninguna base legal. La independencia de los tribunales ha colapsado, y eso hace que muchos periodistas tengan que someterse a mecanismos de autocensura”.
La muerte social del periodismo

La historia de la represión sobre el periodismo en Turquía no es solo sobre el gobierno del AKP. Los nombres y las fechas cambian, pero en Turquía, la mentalidad de las administraciones es idéntica. Ya en 1998, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ en sus siglas en inglés) incluyó al entonces primer ministro Mesut Y'lmaz (del neoliberal Partido de la Madre Patria) en su lista de “enemigos de la prensa libre”. Al ser interrogado por las razones de las detenciones, Y'lmaz afirmó que “un periodista de verdad no estaría en prisión”.

Para esclarecer este constante ataque al periodismo hay que leer detenidamente la Ley de Prensa de Turquía. El artículo 3 comienza con una frase prometedora: “La prensa es libre”. Sin embargo, el artículo hace excepciones en cuanto a la seguridad nacional, la integridad del país y los secretos de Estado. Conceptos que no deberían tener nada que ver con el periodismo real, pero que en Turquía invaden la vida diaria. Para Zafer Arapkirli, periodista turco cuya carrera se desarrolló durante años en Londres, “no se puede comparar la libertad de prensa en Turquía con la de otros países europeos. En un Estado europeo medio, la prensa obtiene su fuerza de sus lectores y de un sistema judicial independiente, pero los tribunales no lo son ya en Turquía”.

Asimismo, Arapkirli señala el amiguismo entre los empresarios de la información y el gobierno: “Los jefes de los medios han jugado a un juego muy peligroso con las élites políticas. Los empresarios perciben los medios como un arma para obtener beneficios, y el gobierno ha entendido eso, bloqueando sus vías de inversión. El poder de los medios para cuestionar al poder se redujo a cero. Los periodistas aún podían investigar de forma independiente, pero al precio de su muerte editorial y comercial”.

La periodista Evrim Kepenek también menciona esta consecuencia: “Informamos de hechos que en cualquier rincón del globo serían simplemente noticias, pero aquí corremos el riesgo de que nos encarcelen por hacerlo. También tenemos miedo de acabar en el paro. Los periodistas sufrimos una especie de muerte social”.

Y no es solo la muerte social. La falta de respeto a los derechos de los periodistas presos continúa dentro de las prisiones. Ahmet'k, que se ha convertido en un símbolo para los periodistas críticos, lleva ocho meses encarcelado. Se le han negado las visitas y no se le permite tener correspondencia. El periodista kurdo Nedim Türfent, acusado de pertener a organización terrorista, afirmó que en 13 meses de arresto solo había podido leer las etiquetas de los productos de limpieza, porque la dirección de la prisión le había impedido acceder a libros. Además, narra que sufrió agresiones físicas y que hombres encapuchados se fotografiaron pisándole la cabeza.
Detenido en España

La s prisiones españolas retienen hoy al periodista turco-sueco Hamza Yalçin, acusado por el gobierno de Ankara de conexiones con una organización terrorista. El arresto ocurrió en Barcelona tras una orden de la Interpol. Yalçin escribía para la revista Odak. El Ministerio del Interior español aún no se había pronunciado al respecto al cierre de esta edición.

Tal y como se indica en los principios de la Federación Internacional de Periodistas, el primer deber de un profesional de la información es respetar la verdad y el derecho del público a acceder a esta verdad. Estos valores centrales de precisión, independencia, justicia, imparcialidad, humanidad y responsabilidad están bajo asedio en Turquía. Solo a través de la tenacidad y la defensa de estas ideas por parte de algunos periodistas podrá el país superar esta crisis, devolviendo al público su derecho a la verdad, tanto en Turquía como en el resto del mundo.

Fuente original: https://www.lamarea.com/2017/09/26/...

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