Tortuga Antimilitar


40 años de la película maldita del cine valenciano

Tortuga Antimilitar - 13 September, 2018 - 00:00

voro contreras

Escándalo. En 1978, en plena transición y auge de la contracultura, Carles Mira llevó al cine los «miracles» de Sant Vicent Ferrer. El resultado no pudo ser más polémico.

El 1 de septiembre de 1978 el Cine Luchana de Madrid acogía el estreno de La portentosa vida del Pare Vicent, escrita y dirigida por el valenciano Carles Mira y con Albert Boadella, Ovidi Montllor y Ángela Molina como protagonistas. Ese mismo día, el entonces presidente de la Diputación de Valencia, Ignacio Carrau, le enviaba un telegrama al ministro de Cultura, Pío Cabanillas, instándole a prohibir este «infamante» filme, que suponía, según Carrau, «un ataque al honor del pueblo valenciano, que tiene en San Vicente Ferrer, figura indiscutible en su historia con proyección internacional».

Pese al telegrama de Carrau, la película que ahora cumple 40 años se pudo estrenar en toda España, aunque en València no lo hizo hasta noviembre de 1981. Desde meses antes de aquel estreno en el Luchana el trabajo de Mira ya había despertado tanta polémica y el clima estaba tan turbio que los exhibidores del «cap i casal» decidieron no proyectar el filme. Quizá algunos lo hicieran por cuestiones ideológicas, pero también tenían poderosas razones para tener miedo.

Cuando el 26 de septiembre de 1978 La portentosa vida... se estrenó en el Goya de Alcoy -localidad que se había implicado íntimamente en la producción- una bomba explosionó en los baños de este cine durante la proyección. El atentado -que no provocó más víctimas de gravedad que los inodoros- fue reivindicado por tres formaciones distintas: el Grupo Antimarxista Valenciano, la Brigada Antipornográfica de Castellón y el Movimiento de Izquierda Nacionalista Valenciano. «La próxima vez que en el Reino de Valencia se proyecte, prometemos que el mal será mayor. El cine será destruido», advertía el Grupo Antimarxista en un comunicado posterior al atentado.

Así quedaron los baños del cine Goya de Alcoy tras la explosión de la bomba durante el estreno.

« La portenosa vida del Pare Vicent puso el dedo en la llaga de una latencia inquisitorial medular en la sociedad valenciana y, por extensión, en la española», afirma Jordi Costa en Como acabar con la Contracultura. Una historia subterránea de España, un estudio publicado este año en el que el crítico y periodista analiza varios hitos culturales del «underground» patrio alumbrados en las postrimerías del franquismo durante la transición. Uno de los hitos a los que Costa dedica más espacio es, precisamente, esta peli maldita en la historia del cine valenciano.

Tal como relata Costa, Carles Mira encontró inspiración para su debut en las representaciones de los «Miracles» de Sant Vicent y en la literatura sobre la vida de los santos del siglo XVII y XVIII, especialmente la hagiografía que dedicó al santo valenciano el dominico Vidal y Micó. El director valenciano -que en alguna entrevista comparaba al santo con un Mazinger Z de la época- decidió prescindir del Sant Vicent histórico y quedarse con el mito. «Prefirió ubicar a su pare Vicent en el territorio de esa ficción popular que preservaría el legado evangélico a lo largo del tiempo», señala.

Sin embargo, pese al tono entre esperpéntico e ingenuista que eligió para contar la historia, Mira no renunció a mostrar un posicionamiento ideológico con respecto al personaje. Lo hizo, según Costa, en escenas como la del grupo de prohombres que valora los beneficios económicos que les reportará traer a Sant Vicent a predicar en su pueblo, o aquella en la que el santo -al que Mira convierte en una especie de rock star mesiánica al albur del Jesucristo Superstar de Andrew Lloyd Weber y Tim Rice- y sus discípulos planifican su próxima visita evangelizadora como una especie de performance.

Costa destaca otra particularidad ideológica de La portentosa vida...: la de su producción. Para financiar la película, el cineasta valenciano optó por un método mixto que incluía -junto al capital profesional y el aportado por su propia productora- una participación en régimen de cooperativa de actores y equipo. Se montaron talleres en una vieja fábrica de Alcoy para elaborar decorados y vestuario, dormían todos juntos en literas que les dejó una filà de moros, los extras se establecían su propio sueldo, se utilizaban mantas sobrantes de la marcha verde marroquí... Una particular producción -«casi casi tupamara», según la definió el director- que no tardó en encontrar dificultades que desembocaron en un rodaje cada vez más improvisado y precario y cuyo presupuesto, finalmente, superó los 26 millones de pesetas.

Pero todo esto parece poca cosa si se compara con el escándalo que supuso la misma idea de plasmar a Sant Vicent en el celuloide, incluso antes de que llegase a las pantallas. Todo empezó cuando la revista Fotogramas publicó un reportaje sobre el rodaje que incluía una detallada sinopsis de la película. El 21 de abril de 1978 el periódico Las Provincias reprodujo una carta firmada por dos ciudadanos que, a su vez, recogía otra carta que estos le habían remitido al cardenal Tarancón instándole a juzgar a partir del reportaje de Panorama «a qué estado de humillación se pretende situar al pueblo valenciano». Tarancón no se pronunció, pero sí lo hizo la archidiócesis de Valencia a través de su boletín oficial, en la que acusaba a Mira de «pintarrajear con nauseabunda baba anticlerical» el legado espiritual de Sant Vicent.

Fue entonces cuando los exhibidores de València decidieron no estrenar la película y cuando el presidente de la diputación pidió al ministro Pío Cabanillas su prohibición. El mismo Carrau advertía en una entrevista que si La portentosa vida... se exhibía en la ciudad del santo «la indignación de los devotos que le veneran podría manifestarse con imprevisibles y graves consecuencias». El 16 de septiembre, un grupo de estos devotos valencianos se encerró en la iglesia de San Jerónimo de Madrid para protestar por la proyección, y al volver fueron recibidos por un millar de adeptos en las Torres de Serrano de donde marcharon a la Basílica para realizar una ofrenda florar al santo ultrajado. El 26 de septiembre, y tal como previó el presidente de la diputación, estalló la bomba en los baños del cine de Alcoy.

Poco a poco la polvareda que había levantado la película se fue diluyendo y las decenas de cartas de lectores a favor y en contra en los periódicos de la ciudad se fueron espaciando hasta desaparecer. Por fin, y con una discreta vigilancia policial, La portentosa vida... se pudo proyectar en València tres años después que en el resto de España. La polémica había terminado. O casi.

Diario Información

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Sánchez aprueba inversiones en Defensa por 4.232 millones en sus cien días de gobierno

Tortuga Antimilitar - 12 September, 2018 - 00:00

Esteban Villarejo

El Gobierno aprobó el pasado viernes la modernización de los 17 helicópteros de transporte militar Chinook del Ejército de Tierra. Se trata de un contrato valorado en 1.060 millones de euros. Los trabajos se desarrollarán en la fábrica de la aeronáutica Boeing en Filadelfia (EE.UU.).

La medida, aprobada en el Consejo de Ministros, no tuvo la publicidad ni el comentario posterior de la ministra portavoz, Isabel Celaá. Sí constaba su explicación dentro del texto de la referencia que cuelga en su página web La Moncloa los viernes por la tarde, aunque sin especificar la cuantía del contrato en lo referente a los helicópteros Chinook.

Con este último gran acuerdo, el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez ha dado luz verde a seis grandes contratos de inversión en Defensa en sus primeros cien días de Gobierno. Estas inversiones comprometen 4.232 millones de euros para futuras anualidades.

El 20 de julio se aprobó la modernización del misil de crucero Taurus por 30 millones de euros (2018, 2019 y 2020). El 27 de julio se dio luz verde a subir el techo de gasto para construir los cuatro submarinos S-80 con otros 1.706 millones y también se aprobaron gastos de 1.397 millones, entre 2023 y 2037, para el uso de dos nuevos satélites de comunicación militar (Spainsat y Xtar-Eur). El 3 de agosto se rubricó un contrato por 21,6 millones para el sostenimiento de los aviones del Ejército del Aire. El 31 de agosto, la adquisición de un nuevo helicóptero de salvamento y rescate Súper Puma As332 por 18 millones.

Ahora con la esperada inversión en los helicópteros Chinook se autoriza la transformación de estos aparatos de la actual versión «D» a la «F». «Esta nueva actuación supone dotar a las actuales aeronaves de una nueva configuración, y conlleva la adquisición, renovación y modernización de los medios CIS [sistemas de información y comunicaciones], los equipos de apoyo en tierra, de planeamiento de misión y el sistema de simulación asociado al sistema, además de formación de pilotos y mecánicos y la documentación técnica», explica la referencia del Consejo de Ministros.

La modernización de los helicópteros Chinook no fue la única medida que acometió el Gobierno el pasado viernes y que afecta a la cartera de la ministra Margarita Robles. El Consejo de Ministros también «aprobó la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto en el Ministerio de Defensa, para atender programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas». De este modo, se da continuidad a la planificación organizada por el anterior Ministerio liderado por María Dolores de Cospedal.

Estos compromisos de inversión a los que se dio luz verde afectan a los Presupuestos «que van desde el año 2019 al 2031». La nueva reprogramación afectará a sistemas de armas ya iniciados como los buques de acción marítima BAM, la adquisición de nuevos helicópteros de transporte NH-90, aviones apagafuegos, y los programas tecnológicos del vehículo 8x8 (esencial para el futuro de las nuevas brigadas del Ejército de Tierra). Además, se menciona la fragata F-100, un programa de la Armada Española ya terminado. Salvo error en esta última partida, no se deja constancia de la nueva fragata F-110, esperada asimismo por los astilleros estatales de Navantia.

«Con este acuerdo se modifican los límites establecidos en el Consejo de Ministros del 27 de julio de 2018, donde se reprogramó el mencionado submarino S-80», informa la citada referencia.

Por último, el pasado viernes también se detalla la reprogramación del programa del helicóptero NH-90 del Ejército del Aire, que propone la tramitación de un nuevo programa especial NH-90, lo que se traduce en la adquisición de nuevas unidades «con el fin de garantizar sus capacidades potenciales de misiones a realizar y su grado de operatividad».

Este nuevo lote de helicópteros NH-90 construidos por Airbus en Albacete también formaba parte de los planes del anterior Ejecutivo. Según fuentes consultadas por ABC, supondría la adquisición de entre 20 y 25 nuevos helicópteros.

En vísperas de la Cumbre de la OTAN de Bruselas, el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, aseguró que el Gobierno daría «luz verde» a la inversión de 5.000 millones en el denominado nuevo ciclo inversor de la Defensa.

Por su parte, el presidente Sánchez adquirió el compromiso ante los aliados de la OTAN –y el presidente de EE.UU., Donald Trump- de aumentar la inversión en Defensa del 0,9 por ciento del PIB al 2 por ciento. Es una subida gradual hasta 2024.

Pese a la aprobación de estos seis grandes acuerdos, aún resta que el Gobierno apruebe el programa de las fragatas F-110 (estimado en 4.000 millones), la construcción de los vehículos 8x8 (más allá del programa tecnológico aprobado) o la adquisición de nuevos aviones de combate que sustituyan a los F-18 del Ejército del Aire y los Harrier de la Armada Española, aunque estas dos últimas decisiones podrían esperar un lustro.

La Voz de Cádiz

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El aeródromo militar de Santiago acumula más de 20 denuncias por irregularidades en obras y personal

Tortuga Antimilitar - 12 September, 2018 - 00:00

EDUARDO BAYONA

Algo ocurre en el aeródromo militar de Santiago de Compostela, una pequeña instalación del Ejército del Aire que acaba de cumplir 25 años, que acumula en los dos últimos más de veinte denuncias penales y partes administrativos por presuntas irregularidades en la gestión de obras y en materia de personal y en la que, con una plantilla de 44 personas, se han registrado diez bajas psicológicas en apenas cinco años.

La senadora pontevedresa de IU en En Marea, Vanesa Angustia, ha llevado el tema al Senado, donde ha presentado una batería de preguntas al Gobierno para saber si “tiene conocimiento de la situación” y si “ha abierto o piensa abrir algún tipo de investigación” sobre esos hechos.

La senadora explica en la introducción de la batería de preguntas que el aeródromo suma 16 partes por faltas graves y cinco denuncias “como consecuencia de la dejadez de funciones de algunos de los mandos en perjuicio del personal de servicio e instalaciones”.

La existencia de quince de esas denuncias y partes fue admitida hace unos meses por el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire a través del Portal de Transparencia, en un documento en el que, según indica la senadora, “se reconoce implícitamente esas irregularidades” sin que haya constancia de que se haya puesto en marcha ninguna investigación desde el Ministerio de Defensa. Las cinco denuncias han sido acumuladas en una única causa por el Juzgado Militar Togado número 41 de A Coruña.

Denuncias archivadas por falta de legitimidad

Algunas de esas denuncias y partes, que hoy serían ya 30 y 5 según algunas fuentes, tienen que ver con “el presunto monopolio a una empresa de reformas por el Jefe de la unidad”. El coronel que dirigía las instalaciones, M. P. A., fue relevado en marzo.

Se trataría, según la documentación a la que ha tenido acceso Público, de adjudicaciones directas a una firma de la zona de pequeños trabajos que no salían a concurso, en ocasiones sin pedir ofertas a ninguna otra. “Llevaba tres años siendo la concesionaria única de las obras de la unidad” como consecuencia de esas supuestas prácticas, señala la documentación que obra en el tribunal.

El juzgado militar de A Coruña desestimó varias denuncias sobre ese asunto al considerar, como previamente habían hecho los mandos del aeródromo, que el denunciante carecía de legitimidad para formularlas y que, en cualquier caso, la propia Administración sostiene que esas actuaciones no le causaron ningún perjuicio económico ya que se trataba de contratos menores, cuya adjudicación no requieren formalmente un concurso.

Ceses, cambios de destino y salidas del ejército

El grueso de los conflictos se produce en el apartado de personal, aunque, según fuentes conocedoras del caso, la mayoría de ellos no dieron lugar a ninguna investigación pese a hacer casi dos años que comenzaron a acumularse.

En uno de los escasos expedientes abiertos, en este caso contra un oficial, constan una serie de declaraciones en las que los 14 militares destinados a tareas de vigilancia policial admiten que carecen de instrucción específica para ese cometido y también del equipo necesario para desarrollarlo, como linternas, grilletes y porras.

La decena de bajas ha acabado para los afectados “en cese en la unidad, o cambios de destino o finalmente, a propuesta del propio coronel [que dirige el aeródromo], cese en las fuerzas armadas”, señala la senadora, que se interesa por saber “qué medidas piensa el Gobierno adoptar para acabar con las continuas bajas y partes por falta grave que de manera continua y progresiva sufre el personal de la unidad”.

Varias de esas incapacidades laborales y ceses han afectado a algunos de los militares que formularon los partes y las denuncias, entre ellos dos cabos sobre los que pesa una propuesta de expulsión del ejército y un comandante, sancionado por tolerar “un ambiente hostil” contra una teniente después de que fuera desestimada una acusación de maltrato de género.

“Está muy por encima de la media, y eso no es normal”

“Está claro que en esta base existe un problema, ya sea por dejadez o por abuso de autoridad. Hay una acumulación enorme de partes y denuncias y el número de bajas es sustancialmente superior a lo habitual”, señala la senadora, que insiste en que “está muy por encima de la media, y eso no es normal”.

Angustia sostiene que “hay un problema generalizado de transparencia y de auditoría en el ejército”, en el que también “falta adecuar los derechos laborales a los puestos de trabajo” en muchos casos.

“Eso es gravísimo –añade-, a veces parece que se nos olvida que los militares son trabajadores”.

Público

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Cárcel para doce militares españoles por robar 11,5 toneladas de plomo de una fragata y venderlas a un chatarrero

Tortuga Antimilitar - 11 September, 2018 - 00:00

eldiario.es

El Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla ha condenado a 12 militares por sustraer un total de 11.590 kilos de plomo de lastre sólido de la fragata Navarra. Las penas van desde los siete meses a los tres años de prisión, tal y como informa El Diario de Sevilla, que ha tenido acceso a la sentencia. Los hechos se produjeron entre 2009 y 2012. Las penas reclamadas por la Fiscalía militar llegaban hasta los siete años y medio de cárcel, pero varios de los acusados confesaron los hechos en el juicio y el tribunal les ha aplicado una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

Los militares condenados vendieron la mercancía robada a varios chatarreros, uno de los cuales ha sido también condenado a tres meses de prisión. Los condenados, entre los que el rango más alto es el de sargento, aprovechaban las paradas del buque en su base de Rota (Cádiz) para desembarcar el material robado.

"Llegado el momento propicio, procedían a cargar el material en sus vehículos con destino a la chatarrería para venderlo", refleja la sentencia. No tuvieron fácil llegar al material, especialmente a los lingotes de plomo usados para estabilizar la fragata. Gran parte de él se hallaba en "lugares de difícil acceso", por lo que los ladrones tuvieron que meterse “entre huecos y tuberías para llegar a donde estaban las cajas con plomo".

Los ladrones se compinchaban para hacer coincidir los robos con sus servicios de guardia. Su objetivo principal fue la cámara de máquinas principal, de donde extrajeron 6,4 toneladas, sacando las 5,1 restantes de la cámara de auxiliares. Parte del material era nuevo, parte usado y destinado a venta por lotes de chatarra mediante el procedimiento oficial.

Once de los doce condenados volverán a filas. Solo uno de los condenados supera los tres años y un día de pena, límite que lleva acarreada la expulsión del Ejército. Es uno de los sargentos (tres años y dos meses de prisión). El otro sargento ha recibido dos años y nueve meses de pena, por lo que podrá volver a vestir el uniforme. El resto de los condenados tienen penas menores.
Pusieron en riesgo la seguridad de la fragata

El plomo sustraído representaba aproximadamente un 10% del total del lastre instalado a bordo para asegurar la estabilidad del buque, por lo que la cantidad de plomo desembarcado podría "variar notablemente las características de estabilidad del buque y hacerlo peligroso para la navegación y por tanto para el personal embarcado", informa un informe de peritaje presentado en el juicio.

Este refleja que el perjuicio causado fue "grave", puesto que a la fragata Navarra le "afecta mucho el cambio o la desaparición de pesos bajos y por ende de pesos altos", dado que el control de peso en un barco es fundamental.

Por último, la sentencia también afea que "el control sobre este tipo de material era inexistente quedando al arbitrio de los suboficiales del destino la decisión sobre su reemplace, estuviera o no inservible, así como la de cualquier petición de material nuevo que quisiera realizarse, eran estos suboficiales los que decidían la baja del material y los que asumían la responsabilidad de hacer el recuento anual que no era supervisado por los oficiales jefes del destino".

El Diario

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Lágrimas de alegría

Tortuga Antimilitar - 11 September, 2018 - 00:00

Yemen

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El gobierno de Trump discutió un posible golpe de estado con rebeldes venezolanos

Tortuga Antimilitar - 11 September, 2018 - 00:00

El gobierno presidido por Donald Trump habría sostenido reuniones privadas con militares venezolanos rebeldes con miras a derrocar al presidente electo Nicolás Maduro, según una información publicada por The New York Times. Varios funcionarios estadounidenses y un excomandante militar venezolano que participaron en los encuentros así lo atestiguan.

La Casa Blanca, a preguntas sobre dichas conversaciones, ha señalado a través de un comunicado que es necesario participar en un “diálogo con todos los venezolanos que expresan el deseo de restablecer la democracia” con tal de “aportar un cambio positivo a un país que ha sufrido mucho bajo el gobierno de Maduro”.

Esta información surge apenas un mes después de que drones cargados de explosivos estallaron cerca de Maduro. Un suceso del que el mandatario no dudó en responsabilizar a a Estados Unidos, Colombia y a sus enemigos domésticos. El Departamento de Estado condenó la "violencia política", pero también denunció detenciones arbitrarias y confesiones forzadas de sospechosos por parte del gobierno de Venezuela.

Por su parte, el consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, incidió en la idea de que "no hubo participación del gobierno de los Estados Unidos" en el incidente del 4 de agosto.

Público

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Agosto deja 19 palestinos muertos y 1.600 heridos a manos de Israel

Tortuga Antimilitar - 11 September, 2018 - 00:00

Por MOME

Las autoridades israelíes también demolieron 31 casas propiedad de palestinos y emitieron 39 órdenes de demolición.

Las fuerzas de ocupación israelíes han matado a 19 palestinos, incluyendo a cuatro niños, y herido a 1.600 a lo largo de este mes de agosto, según ha informado Quds Press este viernes. Los asesinatos tuvieron lugar en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén.

Según un informe emitido por el Centro Abdullah Al-Hourani para la Documentación y los Estudios, dependiente de la Organización para la Liberación de Palestina, 17 palestinos fueron asesinados en Gaza mientras participaban en las protestas de la Gran Marcha del Retorno. Uno de ellos fue ejecutado en territorio israelí, mientras los otros lo fueron en Cisjordania.

Los heridos, según revela el informe, fueron alcanzados durante las protestas de Gaza así como en enfrentamientos entre palestinos desarmados y el ejército israelí en Cisjordania.

Unos 400 palestinos resultaron detenidos por Israel a lo largo del último mes, muchos de ellos en Cisjordania. Las autoridades israelíes también demolieron 31 casas propiedad de palestinos y emitieron 39 órdenes de demolición.

Mientras tanto, las autoridades de ocupación israelí aprobaron la construcción de más de 1000 unidades residenciales en asentamientos judíos ilegales y expropiaron cientos de hectáreas de tierras palestinas.

El informe de la OLP también documenta docenas de ataques contra palestinos y sus propiedades en la Cisjordania ocupada por parte de colonos judíos israelíes. Tres de estos incidentes incluyeron el uso de coches como armas de choque, mientras más de 600 olivares y árboles frutales resultaron destruidos en los mismos.

Fuente: http://kaosenlared.net/agosto-deja-...

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Kichi defiende la producción de corbetas para Arabia Saudí ante "el dilema entre fabricar armas o comer"

Tortuga Antimilitar - 10 September, 2018 - 00:05

En Tortuga opinamos que el dilema que plantea Kichi para justificar la venta de armas a Arabia Saudí tiene bastante trampa. Por un lado no parece haber correspondencia ética y material entre los dos términos que compara. Puestos de trabajo en una industria frente a la muerte de seres inocentes bajo las bombas. Por otra parte también es cuestionable la afirmación de que no vender ese armamento supone que esos asalariados de Navantia y sus familias van a dejar de "comer". Las posibilidades de reconversión y/o redirección de la actividad naval en la bahía de Cádiz han sido puestas sobre la mesa una y otra vez. Los intereses tanto de políticos como de sindicatos de la zona deberían dirigirse a prospectar estas posibilidades de cambio y no tanto a blindar sus cuestionables empleos de fabricantes de armamento subvencionados con dinero estatal. Nota de Tortuga.

Francisco J. Jiménez

"Dilema imposible". Así califica el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, la situación que se vive en los astilleros de la Bahía de Cádiz , donde los trabajadores tienen que elegir "entre fabricar armas o comer".

¿Perder un contrato histórico para no colaborar en la guerra de Yemen vendiendo a Arabia 400 bombas de precisión? Es el dilema que se plantea a nivel moral y que ha provocado que el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, se haya tenido que posicionar a favor de conseguir carga de trabajo por encima de todo.

González pide que se den las circunstancias necesarias para "que nadie nos obligue a decidir entre defender el pan o la paz". Y aunque ha tenido diferencias a nivel de partido, se ha encontrado con la comprensión de sus compañeros, que inicialmente se mostraban absolutamente contrarios a tener relaciones con países donde se atentara contra los Derechos Humanos.

Cabe recordar que la posición del alcalde gaditano en el partido quedó en entredicho cuando se posicionó en contra de Iglesias por el caso de su chalé acogiéndose al código ético de Podemos. Ese órdago llevó a pensar en una seria división dentro del partido, pero en este momento González se encuentra arropado en un caso controvertido.

Pablo Iglesias, líder de Podemos, dijo en La Sexta que "el problema es que España ha estado vendiendo armas a uno de los estados que favorecía al ISIS. Nos preocupa que la violación de los Derechos Humanos en Arabia Saudí haya sido compatible con las buenas relaciones con nuestra Casa Real, pero yo entiendo que Kichi ponga por delante los contratos de sus trabajadores".

En el mismo programa, Salvados, el alcalde de Cádiz reconoció sin tapujos que "el contrato (de Navantia con Arabia Suadí) me parece necesario. Significa trabajo y nosotros somos constructores de barco, lo hemos hecho desde a época de los fenicios. En Arabia Saudí los derechos humanos no son respetados y estoy en contra de eso, pero mientras, ¿qué comemos? Hoy en día soy alcalde de esta ciudad y la responsabilidad es mirar por el interés de sus vecinos y la construcción de los barcos no va a acabar con la guerra en Yemen. Si no los hacemos nosotros, los harán otros. Quién me iba a decir que iba a defender un contrato de Navantia con Arabia Saudí, pero hay que ver la situación real de las familias de Cádiz".

La diputada de Podemos Carmen Valido ha comentado este viernes que espera que los astilleros no pierdan ese contrato, pero en todo caso ha criticado el hecho de que "un territorio tenga que elegir entre pan y el cumplimiento de la ley", lo que a su juicio demuestra que "el modelo productivo está completamente agotado". La apuesta del partido morado pasa por la reindustrialización y por un modelo productivo en el que se puedan diversificar los astilleros con otras actividades, como las energías renovables.

"Que no venga nadie a soltarnos soflamas en torno a la defensa de Navantia, que si vive en la actualidad absolutamente presa de la dependencia de la industria militar,es porque tanto PP como PSOE han hecho una nefasta política de gestión de nuestros astilleros", recuerda José María González.

El Diario

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1977: Políticos y sindicalistas de la bahía de Cádiz piden boicotear las reparaciones de un barco de la dictadura chilena de Pinochet

Tortuga Antimilitar - 10 September, 2018 - 00:00

Boicot de las centrales sindicales al buque, chileno "Esmeralda"

Cádiz 10 JUL 1977

Tres centrales sindicales han hecho un llamamiento a los trabajadores gaditanos para que boicoteen todo tipo de actividad que tengan que realizar para reparar el buque escuela chileno Esmeralda, que colisionó en el puerto israelí de Haifa con otro barco, y tiene previsto llegar en los próximos días a los astilleros de la Bazán para arreglar los desperfectos.Comisiones Obreras, Unión Sindical Obrera y Unión General de Trabajadores justifican su llamamiento al boicot en base a que el Esmeralda «ha sido cámara de tortura empleada por el dictador Pinochet y en él muchos hombres y mujeres que lucharon por las libertades democráticas para su país han sufrido torturas y muerte».

https://elpais.com/diario/1977/07/1...

Prosiguen las protestas contra el barco chileno "Esmeralda"

15 JUL 1977

Mientras el buque de la armada chileno Esmeralda ha recalado en los astilleros militares de La Carraca, ante el boicot de los trabajadores de la empresa nacional Bazán, ayer continuaron las acciones de protesta por la estancia de dicho barco en el puerto de Cádiz, entre ellas la protagonizada por los parlamentarios del PSOE por dicha provincia.En un comunicado, los parlamentarios manifiestan su solidaridad con los trabajadores de la Bazán y con todos los que se encuentran en huelga.

Finalmente, tras protestar por las declaraciones del comandante del buque, en el sentido de que los movimientos en contra del barco son obra de grupos minoritarios dirigidos por la URSS, los parlamentarios terminan su comunicado manifestando que harán todas las gestiones precisas para que el Esmeralda abandone el puerto gaditano.

Prácticamente la totalidad de las centrales sindicales y de los partidos políticos de izquierda, así como varias entidades ciudadanas, han constituido en Cádiz una coordinadora que dirige las acciones de protesta contra la estancia de¡ barco de la armada chilena. Asimismo están preparando un acto público de solidaridad con el pueblo chileno, al que se invitaría al secretario general del Pdo Socialista chileno, Carlos Altamirano, y al secretario del MIR (Izquierda Revolucionaria) del mismo país, ambos exiliados.

https://elpais.com/diario/1977/07/1...

Información hallada en este hilo de Facebook: https://www.facebook.com/jrois/post...

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Ecologistas alertan del "riesgo" de un submarino nuclear que ha recalado en Gibraltar

Tortuga Antimilitar - 10 September, 2018 - 00:00

AGENCIAS

La organización Ecologistas en Acción alerta a los pasajeros del crucero 'Celebrity Eclipse' de que "están en riesgo" por la presencia de un submarino "nuclear" a unos "cien metros" de la citada embarcación, que ha arribado este sábado a la Base Naval de Gibraltar.

Así lo ha indicado el portavoz de Ecologistas en Acción en el Campo de Gibraltar, Antonio Muñoz, que también ha explicado que el colectivo cuenta con "una red social" y, por ello, "se van a enviar correos y misivas para avisar a los cruceristas" de la presencia de este submarino nuclear que "ha tenido bastantes episodios negativos en su historia".

"Lo más seguro es que el crucero salga del puerto de Gibraltar porque el submarino se encuentra a escasos cien metros", ha insistido el representante ecologista, al tiempo que ha lamentado que "estos submarinos son bombas flotantes".

Igualmente, los ecologistas piden al ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, que "opte por un puerto militar o turístico", y ha subrayado que "este submarino ha tenido varios accidentes porque tiene problemas de diseño". "Por ejemplo, en Escocia ha tenido varios episodios de riesgo nuclear", ha remachado.
Submarino 'HMS Talent'

El submarino "nuclear" al que aluden desde Ecologistas en Acción es el británico 'HMS Talent', de la clase 'Trafalgar', que ha arribado este sábado día 8 de septiembre a la Base Naval de Gibraltar, en el marco de una "visita programada".

Así lo ha indicado un comunicado difundido por la Oficina de Información de Gibraltar y atribuido al Ministerio de Defensa británico.

Su estancia en la Bahía de Algeciras, que coincidirá en el tiempo con la celebración del National Day de Gibraltar, se produce justo después de la polémica suscitada por las críticas del grupo ecologista Verdemar ante la reciente parada del submarino USS Newport News, del que el colectivo afirmaba que estaba "cargado de misiles" y que había tenido en el pasado un incidente de fugas radiactivas.

El HMS Talent, que está programado para ser dado de baja en 2021, sufrió en 2009 la pérdida de suministro de energía primaria y alternativas de sus reactores nucleares, y en 2014 sufrió otro incidente, después de alcanzar hielo mientras rastreaba a barcos rusos, lo que supuso la abolladura de su torre de control y daños en su capa externa.

Público

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Ignacio Sánchez-Cuenca

Tortuga Antimilitar - 9 September, 2018 - 21:09

La posverdad es la consecuencia de un “aislamiento epistémico”: un grupo de personas, más o menos amplio, comparte unas determinadas ideas sin someterse al principio de realidad. Cuanto más cerrado sea el grupo, más refractario se vuelve a enfrentarse a la verdad.

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Quimeres

Tortuga Antimilitar - 9 September, 2018 - 21:08

Blog de Jesus Eduard Alonso i López (Gandia, País Valencià). "Sóc un llaurador humil dels temps i dels escrits. També un opinador impenitent i un tant incorregible. No solament de coses de l'avui, que també, sinó de les quimeres pròpies d'aquell que busca arrels a la lluita per la pau i troba conflictes, sants anònims i polítics en la penombra".

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Seguimos siendo cómplices de la catástrofe en Yemen

Tortuga Antimilitar - 9 September, 2018 - 13:29

El gobierno sabe desde hace tiempo que Arabia Saudí bombardea a diario hospitales, colegios, mercados y campos de refugiados, y que son ya más de 3.000 los niños asesinados.

Desde el martes no dejan de llegarme mensajes y llamadas de enhorabuena, porque al parecer hemos logrado el objetivo por el que tanto hemos luchado. Leyendo los titulares de algunos medios casi me lo llego a creer: “Defensa paraliza la venta de bombas a Arabia Saudí”.

Es cierto que el anuncio confirmado este martes por el Gobierno es una muy buena noticia, pero hay que ponerla en su contexto. En primer lugar, la medida anunciada afecta exclusivamente a un lote concreto de armas, sin que al parecer haya intención de extenderla a otros. Se ha revocado una autorización de exportación para 9,2 millones de euros, mientras que en tres años de bombardeos hemos vendido a Arabia Saudí 932 millones de euros en armas. La gran medida anunciada, siendo importante, afecta a menos de una centésima parte del problema total.

Por otro lado, al contrario de lo que nos quieren hacer creer, esto no es algo que haya llegado de forma espontánea, es fruto del trabajo de gente muy comprometida que lleva tiempo denunciando nuestra complicidad en las violaciones de Derechos Humanos en Yemen, despertando una considerable sensibilidad en la sociedad.

Cabría pensar que el 9 de agosto tocamos fondo con el bombardeo de un autobús escolar y que eso ha hecho recapacitar al Gobierno. Ver esos cuerpecitos rotos amontonados y sus mochilas azules de Unicef desperdigadas por el suelo nos llegó al alma, pero lo cierto es que no ha sido este el más abyecto crimen de guerra de la coalición saudí, ni será el último. El gobierno sabe desde hace tiempo que Arabia Saudí bombardea a diario hospitales, colegios, mercados y campos de refugiados, y que son ya más de 3.000 los niños asesinados. Lo que realmente les preocupa de lo que ocurrió el pasado día 9 no son los cadáveres, sino que se lograra relacionar el ataque con una bomba concreta, fabricada en una fábrica concreta y en un país concreto, en este caso EE.UU.

El Gobierno sabe que las armas que vendemos a Arabia Saudí se usan en Yemen, no cabe otra posibilidad, ningún país en guerra compra decenas de miles de toneladas de bombas para guardarlas en un almacén. Y también sabe que si la bomba utilizada para atacar el autobús hubiera sido fabricada en España, les hubiera dejado en una situación muy delicada. En este contexto es comprensible que se haya revocado esta autorización en concreto, ya que es del tipo de bombas que les podría ocasionar este problema.

Pero el revocar una licencia de exportación tiene una consecuencia mucho más importante y que no se ha valorado debidamente.

La venta de armas a Arabia Saudí es ilegal según el Tratado de Comercio de Armas, la Posición común 944/2008 y la ley 53/2007, las tres coinciden en que cualquier solicitud de exportación de armas que puedan ser usadas contra población civil debe ser rechazada. Pero el Gobierno de España ha venido concediendo hasta el momento todas las que se han solicitado con una excusa muy débil: Arabia Saudí firma una cláusula según la cual se compromete a no usarlas.

Ahora, con esta decisión, el Gobierno español está admitiendo que las bombas pueden usarse contra civiles pese a la cláusula incluida, acabando con el único argumento que defendía estas exportaciones.

Si el propio Gobierno considera que las cláusulas y los compromisos de Arabia Saudí son papel mojado, no solo debería revocar inmediatamente todas las autorizaciones dadas hasta la fecha y no conceder ninguna más, sino que se debería incluso acusar de prevaricación a los miembros de la Junta Interministerial que han otorgado autorizaciones sabiendo que eran ilegales.

Es evidente que esta noticia ha supuesto un punto de inflexión. El martes mismo se reunieron representantes de la campaña Armas bajo control con la Secretaria de Estado de Comercio y le dejaron clara la postura de las organizaciones más prestigiosas, exigiendo inmediatamente el fin de la venta de armas a Arabia Saudí e Israel. Además, este miércoles llega a Santander un buque saudí dispuesto a llenar sus bodegas de bombas españolas. Habrá que ver si finalmente se cargan.

Por otro lado, queda pendiente para las próximas semanas la ratificación del contrato de las famosas corbetas. A pesar de que se pretende dejar estos barcos de guerra al margen, lo cierto es que su papel en el conflicto de Yemen puede ser devastador. Pese a la crueldad de las bombas, la mayoría de la gente que muere allí no lo hace de forma violenta, si no por culpa de un bloqueo brutal que ha desencadenado la mayor catástrofe humanitaria del planeta (muere un niño cada 10 minutos). Nuestras corbetas ayudarían sin duda a reforzar ese bloqueo, ya que hasta Navantia alardea en la web de sus capacidades para interceptar buques mercantes.

Sospecho que habrá movimientos interesantes en los próximos días, habrá que estar atento.

El Diario

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La posverdad suprema

Tortuga Antimilitar - 9 September, 2018 - 00:00

La posverdad puede definirse como una cierta indiferencia ante los hechos. El término se utiliza sobre todo para referirse al fenómeno de falsas creencias populares: la imagen de la posverdad que se ha instalado en los medios es la de masas ignorantes engañadas por políticos demagogos a través de las redes sociales.

Sin embargo, el fenómeno de la indiferencia ante la verdad se percibe también en las altas esferas, en el ejercicio del poder; es una constante a lo largo de la historia política. Uno de los ejemplos más puros de posverdad en tiempos recientes fue la decisión de EE.UU. de atacar Irak. La administración de George W. Bush se encerró en su caparazón, eliminando cualquier fuente de información que no fuera a favor de sus planes. Fallaron los mecanismos internos de control y se actuó con desprecio de la realidad: no había evidencia de las famosas armas de destrucción masiva ni un plan mínimamente consistente para la reconstrucción del país. El resultado fue catastrófico: Irak sucumbió a una espantosa guerra civil de la que surgió la insurgencia del EI.

La posverdad es la consecuencia de un “aislamiento epistémico”: un grupo de personas, más o menos amplio, comparte unas determinadas ideas sin someterse al principio de realidad. Cuanto más cerrado sea el grupo, más refractario se vuelve a enfrentarse a la verdad. Las razones de esa cerrazón son muy variadas, del sectarismo ideológico al espíritu corporativo, en el que la confianza no trasciende los límites de un cuerpo profesional.

En estos momentos, la posverdad corporativa e ideológica se encarna de forma sobresaliente en nuestro Tribunal Supremo y su empeño en mantener la acusación de rebelión contra los líderes políticos del movimiento independentista catalán. Tratar de encajar las conductas del “otoño caliente” del 2017 en el tipo penal de rebelión es contrario a la lógica, el sentido común y el propio derecho español. La estrategia seguida en la instrucción del caso supone una degradación profunda de nuestro sistema legal: pocas veces se ha visto con tanta claridad cómo los prejuicios ideológicos y políticos se imponen sobre una consideración racional e imparcial de los hechos.

El Tribunal Supremo se ha metido en su propia burbuja epistémica. El tipo penal de la rebelión requiere un “alzamiento violento y público”. Para poder hablar de rebelión en el caso catalán, hay que deslizarse por una pendiente que termine asimilando los sucesos del otoño pasado al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Pero mientras que los golpes de Estado siempre conllevan violencia (de facto o en forma de amenaza coactiva), lo sucedido en los meses de septiembre y octubre del 2017 no encaja, se mire como se mire, con un “alzamiento violento”.

La acusación de rebelión no sólo carece de sustento empírico, pues la violencia que exige el Código Penal no tuvo lugar, sino que además revela una concepción muy pobre de la democracia, confundiendo protesta, resistencia y desobediencia con violencia insurreccional. En una de­mocracia sana, la protesta y la desobediencia, aunque puntualmente puedan degenerar en algún comportamiento violento en la calle, no se criminalizan como si fuera un golpe de Estado. Sólo retorciendo los hechos y deformando los conceptos se puede mantener la causa por delito de rebelión. Los magistrados han llegado a utilizar la represión policial ocurrida durante la jornada del 1 de octubre como prueba de la violencia del movimiento independentista. Con suma ironía, cabe apuntar que los argumentos manejados por los magistrados del Supremo sobre la violencia fantasmagórica del procés harían las delicias de aquellos posmodernos que ven una violencia ubicua en la vida social.

Si los razonamientos de los magistrados sobre la rebelión catalana se despojaran de su autoridad institucional, no resistirían un mínimo examen lógico en la esfera pública. La acusación de rebelión resulta tan extravagante que incluso podría ser motivo de mofa si no fuera porque hay políticos encarcelados. Sólo cabe explicar la toma de posición del Tribunal Supremo por una mezcla de corporativismo, soberbia y orgullo nacional herido. Se han propuesto dar un escarmiento ejemplar a los líderes del independentismo, un castigo que deje claro a las próximas generaciones el riesgo al que se exponen si alguien intenta de nuevo una estrategia unilateral rupturista.

El Tribunal Supremo es una de las instituciones más conservadoras del sistema constitucional español. Sus miembros son elegidos en ­muchas ocasiones en función de criterios políticos antes que por mérito y capacidad profesional. El Partido Popular ha controlado el Consejo General del Poder Judicial durante largos años y ha conseguido que el Supremo esté muy escorado a la derecha. Además, el clima de la política española permite que los magistrados estén actuando de forma arbitraria e ideológica, pues los mecanismos que inducen un cierto autocontrol por parte del Tribunal no están operativos. Dichos mecanismos tienen que ver con el temor a las reacciones políticas y sociales que sus decisiones pueden suscitar. En la situación actual, los partidos de la derecha, los principales medios españoles, muchos intelectuales y una mayoría abrumadora de la opinión pública están a ­favor del encarcelamiento de los acusados por rebelión. En esas condiciones, los magistrados se sienten impunes. Nada les frena. Están dispuestos a deteriorar aún más la reputación democrática de España, pues el castigo por el desafío a la unidad de España parece estar para ellos por encima de cualquier otra consideración. Para frenar el disparate y la injusticia que se está cometiendo con las acusaciones de rebelión, haría falta una sociedad civil que se tomara en serio que en una democracia resulta inadmisible juzgar a unos políticos por hechos que no han cometido. No estamos ahí todavía.

La Vanguardia

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Les guerres del món a llum de la Història

Tortuga Antimilitar - 9 September, 2018 - 00:00

Enric PRAT CARVAJAL (editor). Las raíces históricas de los conflictos armados actuales. València: Publicacions de la Universitat de València (PUV), 2010.

La pau relativa que vivim a l'occident potser ens fa oblidar o ser ben poc conscients de molts dels conflictes que es viuen arreu del món i que, en realitat, d'una manera o una altra, ens afecten. Bé siga perquè n'hem estat causa, perquè milers de joves i persones que aspiren a ser refugiades criden a les portes de les nostres fronteres o bé perquè, al capdavall, ningú no ens lliurem del perill d'acabar fent de la violència un instrument polític.

En una època en què les visions simples i dicotòmiques semblen tornar a envair les nostres ments i les nostres vides no ens hauríem de cansar de reivindicar la crítica, la història, l'intent de comprendre i entendre les nostres societats sense apriorismes precipitats.

En aquest sentit, aquest llibre és una aportació important i una oportunitat que hauríem d'aprofitar. Si bé bona part de la feina s'havia fet a Catalunya, la Universitat de València, cal reconéixer-ho, ha eixit ací de les sues temptacions endogàmiques i s'ha posat a treballar en una perspectiva universalista.

Una vegada més, la història torna a manifestar-se com una vacuna contra la trivialitat i la manipulació barroera que ben sovint fan els poders polítics, sobretot aquells que aspiren a ser imperis, agranar les particularitats i imposar unes memòries oficials.

Com diu l'editor intel·lectual, l'Enric Carvajal, als darrers anys s'han multiplicat els actors armats: exèrcits, policies, guerrilles, paramilitars, narcotraficants... amb molts reclutes adolescents; i ha crescut la proporció de víctimes civils.

La misèria i la pobresa es troben en una primera instància de causes, però cal apuntar, tot seguit, que només una anàlisi històrica concreta pot determinar les causes que provoquen cada guerra. Ço és, una anàlisi cas per cas i no a partir d'una teoria general. A més a més, rara vegada hi ha un conflicte amb una única arrel.

Una atenció especial mereixen els processos de 'construcció d'enemics', uns processos en gran mida inventats davant dels quals hem d'estar ben alerta. Malgrat el que alguns ens vulguen fer creure, les guerres no son inevitables. Sempre hi ha actors que proposen alternatives per evitar un conflicte armat. Sempre hi ha possibilitats de cooperació i d'acord.

El contingut del llibre és molt divers com també ho són els autors i les metodologies que empren. En tot cas ens ofereixen vies per d'entendre el perquè i conèixer més en fondària el que hi ha darrere de conflictes com els del Sahel, Txetxènia, Colòmbia, Afganistan o, per suposat, l'orient mitjà.

Mark Duffield, al seu torn, ens situa en el concepte d'insurgència global i de contrainsurgència en el marc del dualisme global, essencial avui, entre un occident i una països rics que tenen la contenció com un eix fonamental de la seua política. Una contenció que hauria d'implicar la integració de les comunitats migrants i alhora la millora dels pobles subdesenvolupats 'in situ'. Desenvolupament i seguretat entren, així, en una relació íntima i alhora problemàtica ja que sembla implicar un societat de masses que consumeix més enllà de les possibilitats del planeta... en un món en què comença a parlar-se d'una 'guerra civil global'

Malgrat que fa uns anys que va eixir aquest llibre, moltes de les seues explicacions continuen sent útils i ens estimulen a entendre, a resoldre els conflictes i escapar positivament a eixa espiral de xuleria, d'intransigència, d'imperialisme i guerres civils que viu avui el nostre planeta.

Font: http://jesuseduard.blogspot.com/201...

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Importación y exportación

Tortuga Antimilitar - 9 September, 2018 - 00:00

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El Bribón siempre acaba ganando

Tortuga Antimilitar - 8 September, 2018 - 00:00

Al Bribón le ocurre lo que a la banca, que siempre gana. Esta semana se proclamaba campeón de Europa de la clase 6 metros, que es la suya, sobreponiéndose a todas las adversidades de viento y oleaje y a los nervios del patrón de la embarcación, ese lobo de mar octogenario llamado Juan Carlos pero más conocido en los círculos náuticos como Impune I, el terror de los mares.

Los nervios de nuestra emérita enormidad eran comprensibles. Se debatía en la Mesa del Congreso si se debía investigar en el Congreso esas grabaciones en las que su amiga con derecho a roce, Corinna Sayn-Wittgenstein, explicaba que en tierra firme era un auténtico pirata que cobraba comisiones, ocultaba dinero en Suiza y utilizaba testaferros como ella misma para comprarse propiedades en Maruecos sin enseñar la patita de palo.

La preocupación era lógica porque nuestros dos grandes partidos y el del líder veleta, cuyo republicanismo es conocido del uno al otro confín, no pasan una, sobre todo tratándose de temas sensibles para esa ejemplar monarquía que nunca dio que hablar. Sin embargo, y contrariamente a lo que se esperaba, los justicieros se rindieron a la evidencia. Consideraron que abrir pesquisas parlamentarias a un señor tan respetable era un pérdida de tiempo, un esfuerzo más inútil que un cenicero en una moto. Y no es que el rey campechano fuera inviolable y hubiera podido jugar a matar ancianitas en los pasos de cebra sin que la DGT le quitara los puntos; es que, ante todo, es una bellísima y campechana persona.

Por idénticas razones y siguiendo el camino de los políticos, el juez que investiga las andanzas del comisario Villarejo ya tiene decidido excluir al marinero de luces de la causa, en abierta demostración de que la Justicia es igual para todos. O lo que es lo mismo, si todos fuésemos Impune I podríamos irnos de rositas de la misma manera, ponernos el mundo por montera y reírnos a carcajadas del país cuando se levanta por la mañana para ir a trabajar, que es cuando más gracioso está.

Los tripulantes del Bribón han comprobado que, sometido a presión, el anciano que lleva el timón es una máquina de trasluchar y que a cualquiera menos a él le pueden crujir las cuadernas. Nada puede detener a este Messi de los océanos en su travesía, especialmente ahora que ni le invitan a los aniversarios de la Constitución. No es que huela a podrido en este régimen que muchos creen de mierda. A lo que huele es a salitre.

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Movilizaciones de trabajadores en la bahía de Cádiz en defensa de la venta de armamento a Arabia Saudí

Tortuga Antimilitar - 8 September, 2018 - 00:00

Decíamos que el anuncio del gobierno de suspender un pedido de bombas del gobierno saudí con destino a la guerra de Yemen era un gesto meramente propagandístico. Sobre todo por la insignificancia de esa venta en relación al total de comercio bélico entre España y Arabia Saudí (el cual no se ha interrumpido en ningún caso).

Pero es que resulta que ni eso parece que vaya a realizarse. Ante los rumores de que Arabia deje de comprar otros pedidos de armamento se han encendido todas las alarmas. Especialmente en el entorno de la empresa bélica, altamente deficitaria año tras año, NAVANTIA. Cabe recordar que ese déficit sale del erario estatal; es decir de los impuestos. Lo que quiere decir que todos los contribuyentes pagamos para que se mantengan los empleos de estos fabricantes de armamento.

Las organizaciones de trabajadores de Navantia y políticos de todos los colores de la zona -incluyendo a Podemos y alrededores- se significan estos días, incluso con movilizaciones a pie de calle, para presionar al gobierno para que se deje de tonterías con el gobierno saudí y que no se pongan en peligro los pedidos en marcha de buques de guerra. A los niños de Yemen que los zurzan.

Esta es la sociedad en que vivimos hoy. Nota de Tortuga.

CONTRATO CON ARABIA

Navantia San Fernando se echa a la calle en defensa del contrato de las corbetas de Arabia Saudí

Los trabajadores del astillero isleño han cortado esta mañana la autovía CA-33 y quemado neumáticos en señal de protesta. La plantilla anuncia que «lucharán porque está en juego» su futuro. Dan la ruptura del contrato por «oficiosa»

M. L. / V. S.
Cádiz

Los trabajadores de Navantia San Fernando se movilizan ante la posible pérdida del contrato para la construcción de las cinco corbetas. Aún no hay una confirmación oficial pero la plantilla del astillero isleño teme por su futuro y trata de poner freno a una posible cancelación y exigen que se cumpla el compromiso con la Bahía de Cádiz.

Los trabajadores de los astilleros públicos han decidido actuar porque la negativa a vender armas a Arabia Saudí compromete el millonario contrato de 2000 millones de euros y cinco años de carga de trabajo con más de siete millones de horas. Se generarían anualmente cerca de 6.000 ocupados directos e indirectos. De ellos, más de 1.100 serían empleados directos, más de 1.800 empleados de la industria auxiliar de Navantia y más de 3.000 empleados indirectos generados por otros suministradores.

Los trabajadores de la factoría han cortado la autovía CA-33 en protesta ante la posible pérdida del contrato

Según ha señalado el presidente del comité de empresa, Jesús Peralta, la situación es «muy complicada» y da la ruptura del contrato por «oficiosa».

Ya en la jornada de ayer, el concejal del grupo municipal del Partido Popular, Juancho Ortiz instaba al alcalde de Cádiz para que «deje la ambigüedad y apueste por el empleo en Navantia». El mismo mensaje que José Loaiza, presidente del PP de San Fernando y portavoz del grupo en la Diputación de Cádiz, trasladaba a esta última institución.

El Comité de empresa se ha reunido esta mañana con los trabajadores y se ha celebrado una asamblea donde se ha acordado partir hacia la carretera CA-33 para proceder a su corte. La marcha ha comenzado poco antes de las 10.oo horas y los trabajadores han recorrido la carretera con una gran pancanta desplegado donde se podía leer: «Carga de trabajo ¡ya! Navantia San Fernando». Sobre las 11.00 horas los empleados de la factoría isleña han dado por concluido el corte de la carretera y han emprendido el regreso al astillero.

Peralta, como representante de los trabajadores ha explicado que, aunque les queda «un hilo de esperanza», tienen «un temor cierto» de que el contrato para que Navantia construya las cinco corbetas para Arabia Saudí va a ser cancelado, un temor que se basa en información que han recabado «de la propia Navantia, de la clase política, de la embajada saudí, en muchos puntos»

«La situación es crítica, nos acongoja la frustración y la rabia porque este contrato es el mayor contrato de la historia de exportación de Navantia, significa el sustento de muchas familias de la Bahía de Cádiz», ha añadido.

Tanto es así que los trabajadores de Navantia San Fernando aseguran que «no han dudado en echarse a la calle» por ellos «y también por los que no están aquí». Y aseguran que seguirán «luchando para asegurar el sustento en nuestras casas. Está en juego nuestro futuro», por lo que continuarán con las movilizaciones.

Por su parte, la empresa pública de construción naval ha declinado realizar declaraciones sobre el tema. Mientras que la Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha señalado a este periódico que no tiene información al respecto

Cabe recordar que la confirmación de la firma del contrato, en negociaciones desde el año 2015, se produjo el pasado mes de julio por un importe de 1.800 millones de euros, suponiendo una carga de trabajo global de alrededor de siete millones de horas para los astilleros de Bahía de Cádiz, Ría de Ferrol y Cartagena y su industria auxiliar.

Fuente: https://www.lavozdigital.es/cadiz/p...

Andalucía se levanta en armas para defender la venta de corbetas a Arabia Saudí

Comercio desvelará su posición oficial este viernes en el Congreso tras fuertes roces internos. Una parte pide al presidente que desautorice el anuncio de la ministra de Defensa.

Isabel Morillo. Sevilla

El Gobierno andaluz montó en cólera días atrás cuando oyó que la ministra de Defensa, Margarita Robles, paraba la venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí. Nadie les había informado previamente de esa decisión. También cundió el pánico en la plantilla de Navantia San Fernando, que, tras años muy negros en los astilleros gaditanos, recibió a principios de julio como una tabla de salvación la confirmación del contrato de cinco corbetas para la armada de Arabia Saudí.

El departamento de Margarita Robles confirmó punto por punto la información adelantada por la SER, el pasado lunes, sobre la paralización de la venta de 400 bombas de precisión para bombardear Yemen. Defensa anunció que devolvería los 9,2 millones de euros abonados por este material.

El ministerio de Robles mantiene ese anuncio, pero deja los detalles en manos de Industria. Se espera que este viernes se aclare la posición oficial del Gobierno de Sánchez respecto a la venta de armas y la relación con Arabia Saudí. La cita es en el Congreso, donde la secretaria de Estado de Comercio presentará el informe anual de 2017 sobre exportaciones del Ministerio de Defensa, informará sobre la revocación del contrato en el conflicto de Yemen y sobre si va a haber algún cambio de la política de exportación.

Hasta que el Gobierno no fije oficialmente su posición, hay dudas y un choque de trenes entre Defensa e Industria. Fuentes cercanas a la ministra Robles insistían en que la suspensión de la venta de bombas a Arabia Saudí es irrevocable, mientras que otras fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez aseguraban que “lo de Defensa no se sostiene” y garantizaban que no habrá cambios en la venta de armas y material de guerra. Navantia llamaba a la calma en la antesala de esta comparecencia.

Para Podemos no hay 'casus belli'

Podemos, por su parte, no pone énfasis en que se pare la venta de armas a Arabia Saudí como una condición irrenunciable en sus negociaciones con el PSOE. En otra etapa sí hizo mucho ruido con este asunto. Desde el equipo de Pablo Iglesias aseguraban que este tema ni siquiera ha llegado a la mesa y no pusieron tampoco especial énfasis. Hay que recordar que el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi', se plantó ante su partido y no se opuso a las negociaciones con Arabia Saudí, anteponiendo los intereses laborales de la bahía gaditana, una comarca azotada por el paro y víctima de sucesivas reconversiones industriales.

También el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, se plantó frente a su partido y antepuso la carga de trabajo a las exigencias de Podemos. Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón enviaron una carta abierta a la compañía pública española Navantia para exigir que se frene la venta de esas cinco fragatas.

“Es un gran error por parte del Gobierno. Un error garrafal. Ya sabemos cómo es la cultura árabe y cómo ha sido de dura la negociación para lograr los contratos de las corbetas. Son de ‘o conmigo o contra mí”, advierte desde Cádiz el presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando, Jesús Peralta. Desde que se conoció la suspensión de la venta de armas la plantilla, asegura, vive acongojada y cada día son muchos compañeros los que proponen salir a la calle y preguntan qué va a pasar exactamente.

Los trabajadores de Navantia San Fernando preparan ya movilizaciones pese a que la empresa les ha pedido "calma" y "prudencia"

El contrato firmado para la construcción de cinco corbetas en los astilleros gaditanos se formalizó el pasado 12 de julio y fue celebrado con júbilo por el Gobierno de Susana Díaz. Navantia ensalzó una operación que alcanza un importe de 1.800 millones de euros y que representa “la mayor de la historia” de los astilleros públicos españoles con un cliente extranjero. Fuentes oficiales de la empresa aseguraron a El Confidencial que Navantia "no ha constatado ninguna novedad" y que "los trabajos preparatorios de las cinco corbetas siguen ejecutándose con absoluta normalidad". Arabia Saudí no ha emitido ninguna señal ni mensaje tras el anuncio de Defensa días atrás.

El contrato se estaba negociando desde 2015 y supondrá unos 6.000 empleos al año hasta 2020. En octubre, según los responsables del comité de empresa, es cuando el contrato entra oficialmente en vigor tras su firma en julio. Ahora mismo ya hay trabajos de ingeniería en marcha. La construcción del primer barco comenzará a finales de diciembre o principios de enero, asegura el portavoz del comité de empresa.

La palabra de Susana Díaz

Eso sí, advierte Peralta, “el anuncio de Defensa no da al traste con este contrato”. El portavoz de los trabajadores lanza un aviso contundente: “En el momento en que veamos que hay algún peligro para nuestro empleo, saldremos a la calle”. Desde el comité de empresa admiten que han tenido contactos oficiosos con responsables de Navantia que les piden “calma” y “prudencia”. El presidente del comité de empresa también conversó con el vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios. Los trabajadores aseguran que el vicepresidente andaluz les reclamó que no sembraran “alarma” y les garantizó que el Gobierno de Susana Díaz está haciendo todo lo posible para que no se pongan en peligro estos contratos con Arabia Saudí.

Un par de días antes de que Navantia anunciara la firma del gran contrato, Susana Díaz recibió en San Telmo a representantes de los trabajadores y se comprometió a interceder ante el Gobierno central para que se atendieran las demandas de los astilleros de Puerto Real y se garantizaran los contratos negociados por el anterior Ejecutivo del PP.

Los nombramientos desde Hacienda, con andaluces en puestos clave de SEPI y Navantia, mandaron un mensaje tranquilizador a la Junta que se quiebra

El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es Vicente Fernández Guerrero, que fue interventor delegado de la Junta de Andalucía, alto cargo en varios gobiernos andaluces y responsable de varias empresas públicas autonómicas. Fue un nombramiento directo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y en las filas del Gobierno andaluz se entendió como un guiño. La designación después de Susana Sarriá como presidenta de Navantia dio aún más garantías en las filas de Susana Díaz de que se blindaría la carga de trabajo para los astilleros de Cádiz. Sarriá también fue alto cargo en la Junta y conoce de primera mano la bBahía gaditana. Todo eran señales de que habría especial mimo con los contratos gaditanos, hasta que el Ministerio de Defensa hizo su anuncio.

“No es un revés solo para nosotros sino para cientos de empresas andaluzas y españolas que tienen intereses comerciales en Arabia Saudí. Son muchos puestos de trabajo los que están poniendo en juego por agradar a sus socios”, sostiene el portavoz de los trabajadores de Navantia, en alusión al PSOE de Pedro Sánchez y Podemos.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/espa...

Industria armamentística

El Ibex, la derecha y la izquierda política andaluza, inquietos ante el cambio de relaciones con Arabia Saudí

Pablo Elorduy

El conflicto de Yemen con la llamada liga árabe encabezada por Arabia Saudí ha protagonizado la comparecencia de la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez. La paralización, por parte de Defensa, de la venta de 400 bombas láser anunciada a principios de semana ha permitido a la secretaria de Estado desarrollar un discurso sobre la política “responsable y muy sensible” respecto a los derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional en el organismo encargado de la discusión sobre comercio de armas, la llamada Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU).

“Mi intención sería no centrar el debate en un país concreto”, ha solicitado Méndez. Pero ha sido imposible. Sobre la mesa estaban las últimas informaciones acerca de la construcción de las corbetas que Navantia tiene previsto iniciar. Buques de guerra que, como ha alertado la campaña Armas Bajo Control —y ha sido motivo de una pregunta hoy del diputado de Compromís, Enric Bataller—, podrían ser utilizados no solo para el bombardeo de las costas yemeníes sino también para el bloqueo naval del país del golfo de Adén.

Casi simultáneamente a la comparecencia de Méndez, la portavoz de Gobierno, Isabel Celáa, ha defendido las relaciones con Arabia Saudí, negando cualquier tipo de crisis diplomática. Celáa ha defendido que el encargo de Navantia se llevará a término y que, incluso, cabe la posibilidad de que se revierta la decisión de Defensa sobre la exportación de las 400 bombas a la Coalición Saudí.

El diputado del PP Jesús Postigo ha tocado la fibra del Gobierno con preguntas sobre las futuras relaciones diplomáticas con Arabia Saudí, cuyo gobierno está indignado, según varios medios de comunicación, con la denegación de la exportación de bombas. Este partido se ha hecho eco de la información publicada por El Confidencial que avanza la bronca interna entre el PSOE a cuenta de la fabricación de las corbetas. Según este medio, el Gobierno de Susana Díaz ha montado en cólera ante la posibilidad de que Arabia Saudí, vetada para toda relación económica por su defensa de cumplimiento de derechos humanos en el caso de Samar Badawi, tome medidas coercitivas contra España, como ya sucedió con el caso de Canadá.

“En ningún caso el Gobierno va a poner en peligro esta operación, el contrato sigue vigente, los primeros pagos se han realizado, el contrato sigue en marcha”, ha reiterado la secretaria de Estado, que conoce los riesgos de un posible fracaso de la operación, especialmente en la provincia de Cádiz, donde se concentra la mayor parte de los 6.000 empleos anunciados por la operación de la empresa Navantia. “Hasta donde yo sé el contrato está vigente”, ha declarado Méndez, que ha recordado que la autorización final todavía no ha pasado por la mesa de la comisión interministerial: “No vamos a ponerlo en riesgo pero la futura licencia va a ser estudiada con todo rigor”.

Podemos pasa de puntillas

La situación de desempleo crónico en la provincia de Cádiz —donde todos los municipios con más de 40.000 habitantes tienen un paro superior al 25%— ha generado en el pasado un conflicto en el seno de Unidos Podemos. En julio de este mismo año, el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi', aseguró que “el contrato entre Navantia y Arabia Saudí es necesario porque en la ciudad significa trabajo”. Hoy mismo, pasadas las 15h, ‘Kichi' ha publicado en su cuenta de Twitter una defensa de los puestos de trabajo de la bahía de Cádiz, sin referencia al contrato de Navantia ni a las corbetas, asegurando que los trabajadores “necesitan carga de trabajo estable, sostenida en el tiempo, respetuosa y no sometida a los caprichos de partidos que han despreciado nuestros Astilleros”

El alcalde de Puerto Real, Antonio Romero (Sí Se Puede), también ha defendido públicamente la priorización del empleo en los astilleros frente a un cambio en la política respecto a Arabia Saudí. En la sesión de hoy, la diputada de Podemos Carmen Valido no ha hecho alusión al contrato de las corbetas con Navantia.

Ignacio Robles, activista por los derechos humanos y bombero expedientado por no participar en las operaciones de carga de bombas para la Coalición Saudí, explica cuál es el coste del desarrollo de la industria militar experimentada por España en las últimas décadas. Desde finales de los 90, explica Robles, el Estado ha invertido 47.000 millones de euros en la industria armamentística, vía Programas Especiales de Armamento: “Son puestos de trabajo muy caros. La patronal de defensa declara 22.500 puestos de trabajo. Como inversión en puestos de trabajo es una auténtica ruina”, declara Robles.

Es un dinero que se ha gastado de forma que dependa totalmente de los astilleros de guerra, explica Robles, que denuncia que con Cádiz ha habido una política planificada por parte de los sucesivos Gobiernos que ha “secuestrado” a una región: “O los haces cómplices de la venta de armas a Estados terroristas o se quedan sin trabajo”. Para Robles, es imprescindible revertir esa política respecto a los astilleros gaditanos en busca de otras líneas de producción y fabricación.
Solución: cuando las corbetas se terminen

Ignacio Robles destaca la voluntad de mejora mostrada por el Gobierno, también una serie de medidas anunciadas que deben favorecer el principio del fin de la opacidad en torno a la venta de armas. En este sentido, Xiana Méndez ha anunciado que se creará una comisión conjunta de trabajo entre la Comisión de Defensa del Congreso y de la JIMDDU. Esto permitirá conocer más detalles sobre la “garantía de uso final” que Arabia Saudí esté dispuesta a firmar con el Gobierno español para asegurar que los cinco buques no sean utilizados en la guerra de Yemen o en otro futuro conflicto. En el actual, Yemen ha sido calificado como “la peor catástrofe humanitaria del momento presente” por la ONU.

La secretaria de Estado ha insistido en que el nuevo Gabinete quiere implementar mejoras en esas garantías de uso final, “mejoradas y súper reforzadas”. Un tipo de cláusulas que permiten desde conocer la situación de las armas exportadas hasta el bloqueo de los sistemas armamentísticos de un barco si sale del ámbito geográfico predeterminado, una cláusula que Estados Unidos ha impuesto en exportaciones a países “inestables”.

Desde la firma definitiva del contrato, que Navantia debe llevar a cabo en las próximas semanas, se abre el proceso de construcción de las corbetas. La primera debe estar lista 35 meses después de esa firma, las cuatro siguientes, a razón de una cada cuatro meses. Será en ese momento cuando la JIMDDU deba decidir sobre la autorización de las corbetas, en base a esas garantías que Comercio quiere “reforzar” y que serán conocidas, al menos en sus líneas generales, por los otros grupos del Congreso, presentes en la Comisión de Defensa.

Pero la carrera ya ha comenzado. Los medios anuncian movilizaciones por el empleo en Cádiz y Puerto Real, el Ibex 35 presiona a través de la prensa y de los partidos políticos conservadores para que se mantengan los “negocios como siempre” con Riad, y el PSOE se debate entre su ala derecha, el poder de Susana Díaz y el compromiso ratificado hoy por la secretaria de Estado en cuanto a que los derechos humanos deben prevalecer sobre los intereses comerciales en la venta de armas.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/indus...

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Venta de armas: El gobierno no piensa renunciar al suculento contrato de armamento con Arabia Saudí

Tortuga Antimilitar - 7 September, 2018 - 21:17

Arabia Saudí es el quinto comprador de armamento español, con 270 millones al año.

Público | AGENCIAS

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha garantizado este viernes en el Congreso que el Gobierno "en ningún momento" va a poner "en riesgo" el contrato de 1.813 millones de euros firmado con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas después de que España cancelara la venta de 400 bombas de precisión a este país.

"Hasta donde yo sé, el contrato sigue vigente y la fabricación sigue adelante", ha asegurado Méndez en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso para dar cuenta del informe de la venta de exportación de armas correspondiente al año 2017.

Poco después de esta comparecencia, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, reafirmaba las palabras de la secretaria de Estado y aseguraba en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros la "firme voluntad" del Ejecutivo en mantener los compromisos con Arabia Saudí.

Estas declaraciones se producen después de que más de un millar de trabajadores del astillero de Navantia de San Fernando (Cádiz) cortaran este viernes por la mañana el tráfico de la autovía A-4 para expresar su temor a que se cancele el contrato para la construcción de esas cinco corbetas.

El cese de la venta de bombas, de anuncio a declaración de intenciones

La sospecha de que se suspenda ese contrato se ha extendido entre la plantilla del astillero después de que esta semana el Ministerio de Defensa confirmara que había iniciado los trámites para dejar de vender 400 bombas a Arabia Saudí que podrían utilizar para bombardear Yemen, un anuncio que ahora parece ser una declaración de intenciones, según informan fuentes fundamentales este viernes.

En este sentido, el Ejecutivo subraya que este asunto todavía tiene que pasar por la discusión de una comisión de varios ministerios y someterse a distintos matices. "No le puedo contestar porque depende de la resolución a la que llegue la comisión, la respuesta no la tenemos todavía", ha dicho Celaá cuando se le ha preguntado si el Gobierno sigue siendo contrario a la operación de venta de bombas del Ejército de Tierra a este país.

No obstante, dos días después del anuncio del veto de Defensa, un nuevo barco cargó en el puerto de Santander armamento con destino a Arabia Saudí, según informó Público.

Arabia Saudí es el quinto mayor comprador de material militar español y de doble uso, con una inversión de 270 millones de euros el año pasado, lo que supuso el 6,2% de todas las exportaciones militares de España.

"Somos conscientes de la importancia de este contrato, un magnífico contrato de 1.813 millones de euros y que genera cerca de 6.000 empleos", ha destacado Méndez, que ha explicado que ayer, jueves, se puso en contacto con responsables de Navantia que le aseguraron que el contrato seguía vigente.
Sistema de control y verificación

En su comparecencia en el Congreso, la secretaria de Estado de Comercio ha garantizado que el sistema de control sobre las exportaciones de armas con el que cuenta España es "de los más exhaustivos del mundo" y prohíbe la venta de material a zonas de conflicto donde puedan ser usadas contra la población civil o en crímenes contra la humanidad.

No obstante, ha avanzado que se ha puesto en marcha un grupo de trabajo para articular un sistema de control de la venta de armas, no solo antes de la exportación, sino también del uso efectivo que el país de destino hace de ellas a posteriori.

Un nuevo sistema de verificación —en el que España será "pionera"— que requerirá de la aprobación de un decreto ley que articule legalmente el modelo de verificación de ese material de defensa.

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