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Ucrania: Kaos en la izquierda (Rafael Cid)

25 July, 2014 - 16:57

A una semana del derribo de un avión comercial sobre el cielo de Ucrania, este es el momento en que nadie en las webs y digitales de la izquierda ha salido a la palestra para denunciar el horrible crimen. 298 muertos, de 11 nacionalidades, que viajaban en el Boeing 777 de Malasia Airlines parecen carecen de interés para esos medios alternativos que con tanta diligencia y muy justamente denuncian a diario las masacres que el criminal Estado de Israel infringe al pueblo palestino (ahora en la Franja de Gaza y siempre en cualquier lugar) y los continuos atropellos del imperialismo norteamericano y la barbarie capitalista. Seguramente porque no “eran uno de los nuestros”. Incluso cabe temer que esa sórdida abstinencia se deba a pensar que se trata solo de simples “daños colaterales”.

Sin caer en la tentación de avanzar en el vidrioso terreno de las especulaciones sobre los verdaderos autores de tan horrendo suceso, algunas evidencias tenemos ya para intuir en qué contexto deben moverse las investigaciones que aclaren los hechos. Sabemos que el misil Buk tierra-aire que impacto en la aeronave a más de 10.000 metros de altitud fue lanzado desde la zona ocupada por los independentistas prorrusos. En este sentido su desplome sobre la vertical de la localidad de Grabovo, a pocos kilómetros dela frontera rusa, se antoja como un “testigo de cargo” de carácter técnico-logístico. Además, según todas las fuentes y dadas las herramientas de extrema precisión de que van dotados estos sofisticados equipos antiaéreos, existe la convicción de que el disparo-diana fue deliberado, conociendo sus ejecutores de antemano que no se trataba de un aparato militar.

Datos aparentemente suficientes para despejar de plano cualquier intento de enredar el caso con sospechas sobrevenidas y teorías de la conspiración amparadas en la diversidad de países dotados con semejante armamento (Rusia y Ucrania, entre otros de la antigua URSS) o la circunstancia de que en 2001 el gobierno de Kiev abatiera un transporte civil causando 78 víctimas. Esos datos tienen su oportuna contraparte en otros, igualmente no determinantes, como el hecho de que la propia URSS derribara en dos ocasiones sendos aviones comerciales (en 1978 y 1983) con el resultado conjunto de 271 muertos. Y tampoco la destrucción de media docena de aviones de guerra de Kiev por los combatientes separatistas, aunque demostraría la pericia de esas milicias y estar en posesión de armamento procedente de arsenales de alguna potencia, permitiría a día de hoy concluir en un acta acusatoria.

Siempre con la prudencia por delante, dejemos las grandes respuestas a la pericia de la encuesta oficial y el registro de la caja negra. Pero lo que no que no podemos obviar es la responsabilidad in vigilando de cierta izquierda por callar ante semejante atrocidad con objeto de comprometer el prestigio de sus abanderados. Desde que empezó el conflicto ucraniano, casi sin solución de continuidad, y salvo raras excepciones que eran conveniente vapuleadas por el fervor dominante en las referidas webs a favor de Putin y sus coaligados, casi todo han sido proclamas monográficas sobre “el régimen fascista de Kiev”. Importaba poco el evidente sobredimensionamiento de la participación en el Maidan de grupos de iconografía ultra, siguiendo la hoja de ruta marcada por la propaganda de los medios próximos al Kremlin. O que en las elecciones presidenciales, realizadas con un alto nivel de participación popular, esas bandas de la porra resultaran literalmente barridas de la contienda política. El ardor guerrero de nuestra izquierda alternativa, anticapitalista y antiimperialista, se deshizo en elogios cuando la actual Rusia de los oligarcas, que es lo mismo que decir capitalismo mafioso al por mayor, ocupaba militarmente la región ucraniana de Crimea, emulando las hazañas de la misma ralea que perpetra la Casa Blanca con su realpolitik de las cañoneras. Sería un auténtico disparate imaginar a esos mismos digitales informando sobre la agresión israelí reproduciendo lo que dicen los medios al servicio del gobierno asesino de Netanyahu o aireando las versiones de los periodistas empotrados en la siniestra cruzada sionista.

La nómina de los responsables de la margen izquierda es abultada. Combinando el silencio de las atrocidades del bando amigo, de una parte, y magnificando imprudentemente como “genocidio nazi-fascista” las barrabasadas del adversario, de otra, la cobertura informativa-opinativa ofrecida por estos colectivos ha mostrado una de las etapas más lamentables y vergonzosas de su corta pero intensa historia como opositores al monolitismo ideológico de los portavoces del sistema. Desde Kaos en la Red a Rebelión pasando por Nodo 50, en la izquierda nominal, y desde A las Barricadas al Portal Libertario LOACA, en el campo antiautoritario, la mayoría de los voceros de la galaxia alternativa ha estado, en mayor o menor grado, censurando la libertad de expresión. Y no porque no haya habido (al menos en el caso de Kaos) reseñas críticas, sino porque ante la “guerra de Ucrania” ha funcionado la famosa “espiral del silencio” teorizada por Noelle-Neuman, fórmula de solapamiento cognitivo que instaura la censura a través de una deliberada y sofocante acumulación de mensajes de un solo signo. Irónicamente, aquí también se ha cumplido aquello de que “el medio es el mensaje”.

Esto ha dado lugar a fenómenos de opacidad y arbitrariedad informativa casi desconocidos desde la época de la guerra fría, cuando los atributos de la izquierda consistían en lo fundamental en divulgar urbi et orbi las inmundicias del bloque capitalista mientras se tendía un tupido velo sobre todo lo que de semejante rasero ocurría en el “socialismo real”. La consecuencia entonces, que ahora volvemos a regurgitar, fue clonar entre las generaciones que luchaban por un mundo mejor los levantamientos de Hungría o Checoslovaquia como meras provocaciones fasci-imperialistas. Tanta ceguera programada por el bien de la causa todavía impide saber cómo pudo derrumbarse el Muro de Berlín y tras él todo el Este prosoviético sin que nadie entre sus ciudadanías defendieran sus celebradas conquistas. Ese paradigma es el que ahora se ha manifestado, por ejemplo, en el veterano y tantas veces plural portal Kaos en la Red, donde hemos podido seguir el conflicto ucraniano a través de informaciones tomadas directa e íntegramente de canales y agencias ligadas a Moscú (del productor al consumidor), o mediante opiniones de colaboradores ocultos tras un seudónimo (¿un ku-klus-klan mediático?) que surtían toda su sabiduría sobre el “gobierno nazi-fascista de Kiev” de otras webs descaradamente estalinistas (por su reivindicación del georgiano, de sus métodos punitivos y el blasonar de su efigie en la carátula de presentación de esa terminal) a las que se remitían.

Y es que cuando nadie discute el carácter genocida del régimen nazi y su holocausto, considerando la exhibición de símbolos fascistas como una provocación y un supremo atentado a la inteligencia, y al mismo tiempo se exhibe orgullosamente los emblemas, ideas y biografías de aquel estalinismo killer, algo va mal en esa izquierda convicta de la misma mentalidad totalitaria que la felizmente denostada ultraderecha. Por no mentar las iniciativas negacionistas del “cuanto peor, mejor” que recita aquella estupidez de en “toda revolución siempre hay víctimas inocentes”. Como si derribar un avión comercial en un incalificable acto de guerra con casi 300 inocentes a bordo (hombres, mujeres, niños, ricos, pobres, religiosos, laicos, rojos, azules, blancos, negros…) tuviera algo que ver con su revolución pendiente. A ese macabro modo de justificar la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal, el famoso novelista Martín Amis lo llamó “la perfección negativa”.

Nada bueno se puede esperar de una izquierda que condiciona la libertad y la vida a la obediencia debida a una ideología, sino trágicas consecuencias para aquellos que dentro de sus filas sienten sinceramente que anuncian algo nuevo. Un dejá vu. Ya lo advirtió aquel Marx que nunca fue marxista: “la tradición de las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”.

Nota: Rectifico. A la hora de cerrar esta edición, si ha habido un primer colaborador de Kaos que ha opinado sobre la tragedia del vuelo MH17. Y ha sido para atribuir la responsabilidad del acto criminal a una operación encubierto de la OTAN y el imperio (sic), sin facilitar más detalle sobre cuáles son las fuentes para tan rotunda afirmación. Nada que objetar. Está en su perfecto derecho. Los hechos son tozudos y las opiniones libres. De ahí que existan teorías de la conspiración que aún hoy nieguen la existencia del pacto nazi-soviético, rechacen la masacre de Katyn por las tropas de la KGB, estimen que el siniestro Gulag y sus casi 20 millones de inmolados fue un invento de Holliwood o insinúen que el atentado del 11-S está en el haber de la CIA. En una guerra la primera víctima siempre es la verdad.

Denunciar sin paliativos el genocidio que el gobierno de Israel practica contra la indefensa población de Gaza y la infame pasividad de la llamada “comunidad internacional” no autoriza a instrumentalizar de parte los repetidos indicios sobre la “mano invisible” responsable de la barbarie del avión civil derribado con 298 personas a bordo, sino todo lo contrario. Una izquierda que se merezca ese nombre exige como imperativo moral la denuncia de todos los verdugos y sus cómplices. Caiga quien caiga y estén donde estén. En Tel Aviv o en Moscú.

Radio Klara: El vaivén de Rafa Cid

Categorías: antimilitar

Llamamiento Urgente desde Gaza: ¡Actúa ahora!

24 July, 2014 - 18:16

13.7.2014

Llamamiento Urgente desde Gaza: ¡Actúa ahora!

Nosotr@s, Palestin@s atrapad@s dentro de la sangrienta y sitiada Franja de Gaza, pedimos a las personas conscientes a lo largo del mundo que actúen y protesten, intensifiquen los boycots, desinversiones y sanciones contra Israel hasta que termine el ataque asesino contra nuestro pueblo y quienes lo apoyan .

Mientras el mundo vuelve a darnos la espalda, durante los últimos 4 días [1] en Gaza hemos presenciado masacre tras masacre. Mientras leéis estas palabras más de 120 palestin@s han muerto, incluid@s 25 niñ@s.

Más de 1000 han sido herid@s, incluyendo heridas horrorosas que limitarán sus vidas para siempre, más de dos terceras partes de las personas heridas son mujeres y niñ@s. De hecho, muchas más se irán añadiendo los próximos días. ¿Quién será el siguiente, mientras permanecemos despiertos cada noche, en nuestras camas, por el ruido de las matanzas, cada noche?

Exigimos el final de los crímenes y la opresión contra nosotr@s.

Exigimos:

>Embargo de armas a Israel, sanciones que corten el suministro de armas y ayuda militar de Europa y los Estados Unidos, de los que Israel depende para cometer semejantes crímenes de guerra.

>Suspensión del libre comercio y los acuerdos bilaterales con Israel, como el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel.

>Boycot, desinversión y sanciones como es exigido por la abrumadora mayoría de la Sociedad Civil Palestina desde 2005.

Sin presión y aislamiento, el régimen israelí ha probado una vez tras otra que continuará las masacres como vemos a nuestro alrededor y continuará las décadas de limpieza étnica, ocupación militar y políticas de apartheid.

Escribimos esto el Sábado por la noche, encerrados en nuestras casas mientras las bombas caen sobre nosotros en Gaza. ¿Quién sabe cuando terminarán los actuales ataques?. Cualquier persona mayor de 7 años tiene grabados los ríos de sangre que corrieron por las calles de Gaza, en 2009, cuando más de 1400 palestinos fueron asesinados incluidos más de 330 niños. Fósforo blanco y otras armas quíicas se usaron en áreas civiles y contaminaron nuestra tierra con el resultado del aumento del cáncer. Más recientemente, 180 personas fueron asesinadas en una larga semana de ataques, a finales de Noviembre de 2012.

Esta vez, ¿qué?: 200, 500, 5000. Preguntamos ¿cuántas de nuestras vidas tienen que perderse para que el mundo haga algo? ¿Cuánta de nuestra sangre es suficiente? Antes del bombardeo israelí, una miembro del Parlamento israelí, Ayelet Shaked, del partido de extrema derecha Hogar Judío, demandó el genocidio del pueblo palestino. «Deberían irse, como deberíann irse físicamente de sus hogares, en los que crecen como serpientes», dijo, «de otra manera, más pequeñas serpientes crecerán allí». Ahora mismo, nada está al margen de la naturaleza asesina del Estado Israelí, nosotr@s, población mayoritariamente infantil, somos sólo serpientes para ellos.

Como decía Omar Ghraib en Gaza, «El corazón se rompe en pedazos al ver las fotos de chicos y chicas asesinadas cruelmente. También cuando una mujer anciana fue asesinada mientras estaba preparando su iftar al atardecer y su casa fue bombardeada. Murió sosteniendo la cuchara, una imagen que necesitaré mucho tiempo para olvidar» Casas enteras son objetivo y familias enteras están siendo asesinadas. Hace unos días, por la mañana, la familia Al-Hajj fue borrada, el padre Mahmoud, la madre Bassema y sus cinco hijos. Sin problema, una familia desaparecida. El mismo día, por la noche, 5 muertos más, 4 de la familia Ghannam, una mujer y un niño de 7 años entre ellos.

Dos días después, por la mañana, la familia Kaware llamó contando que su piso de 3 habitaciones había sido bombardeado. La familia empezó a salir cuando un depósito de agua fue atacado, pero volvieron con miembros de comunidad que les acompañaban con gente de toda la vecindad. Los cohetes israelíes bombardearon el edificio con el tejado lleno de gente, civiles. Siete personas murieron inmediatamente, incluidos 5 niños, menores de 13 años. 25 más fueron heridos y Seraj Abed Al-Aal de ocho años murió por sus heridas, el mismo día por la tarde.

Quizas la familia intentaba despertar la humanidad del régimen israelí, pensando que no bombardearían el tejado lleno de gente. Pero como hemos visto con familias destrozadas a nuestro lado, está claro que las acciones de Israel no tienen nada que ver con la humanidad. Otros lugares han sido atacados, incluyendo un vehículo marcado como prensa, matando al periodista independiente Hamed Sheraba, hiriendo a otras ocho personas, el ataque contra la ambulancia de la Media Luna Roja, ataques contra hospitales que obligaron a la evacuación de los mismos y trajeron más heridos.

Esta última sesión de la barbarie israelí se enmarca en el contexto de los siete años de bloqueo inhumano de Israel que ha cortado el suministro de mercancías a Gaza y la circulación de personas dentro y fuera de Gaza. Como resultado del mismo se ha producido desabastecimiento de productos médicos y comida de nuestros hospitales y clínicas. El cemento para reconstruir las miles de casas destruidas por los ataques israelíes ha sido prohibido y a muchas personas heridas y enfermas no se les ha permitido viajar al extranjero para recibir tratamiento médico urgente lo que ha ocasionado la muerte de más de 600 pacientes.

Las nuevas noticias que llegan afirman que los líderes israelies prometen dar nuevos pasos en la línea de la brutalidad. Nuevos horrores están por llegar. Por esto te pedimos que no nos des la espalda. Te pedimos que exijas la justicia y la humanidad y demostrar y apoyar a l@s valientes hombres, mujeres y niños que viven en la franja de Gaza y hacen frente a los más oscuros tiempos que hay por delante.

Insistimos en la acción internacional:

>Poner fin a los lazos diplomáticos con Israel.

>Juicio para los crímenes de guerra.

>Protección internacional inmediata para los civiles en Gaza.

Te pedimos que te unas a la creciente campaña de boycot, desinversión y sanciones para detener a este estado cruel que demuestra una y otra vez su violencia con toda impunidad. Únete a la creciente masa crítica en todo el mundo que se compromete con el día en el que l@s Palestin@s no tengan que educarse entre implacables asesinatos y la destrucción ocasionada por el régimen israelí y podamos movernos libremente, cuando el cerco se levante, la ocupación termine y los refugiados palestinos del mundo alcancen la justicia finalmente.

Actúa ahora, antes de que sea demasiado tarde.

Firmado por

Palestinian General Federation of Trade Unions
University Teachers' Association in Palestine
Palestinian Non-Governmental Organizations Network (Umbrella for 133 orgs)
General Union of Palestinian Women
Medical Democratic Assembly
General Union of Palestine Workers
General Union for Health Services Workers
General Union for Public Services Workers
General Union for Petrochemical and Gas Workers
General Union for Agricultural Workers
Union of Women's Work Committees
Pal-Cinema (Palestine Cinema Forum)
Youth Herak Movement
Union of Women's Struggle Committees
Union of Synergies—Women Unit
Union of Palestinian Women Committees
Women's Studies Society
Working Woman's Society
Press House
Palestinian Students' Campaign for the Academic Boycott of Israel
Gaza BDS Working Group
One Democratic State Group

Nota de insumissia:

Traducción del Colectivo Antimilitarista Mambrú, integrado en las redes Alternativa Antimilitarista.MOC e Internacional de Resistentes a la Guerra

Más información: http://palsolidarity.org

[1] 18h.30' del jueves 24 de julio: vía @ISMPalestine RT @ Omar_Gaza : Estadísticas: 788 palestinos muertos, 5.118 heridos hasta el momento debido a la ofensiva en curso de #Israel contra la asediada #Gaza! #GazaUnderAttack

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Siria: Declaración de solidaridad con la lucha del pueblo palestino

18 July, 2014 - 01:09

Días de la libertad #Syria4Palestine

En respuesta a la violenta campaña de castigo colectivo desarrollada por el ejército israelí de ocupación y los colonos contra los civiles palestinos que se levantaron en demanda de sus derechos, las personas que firmamos esta declaración del movimiento sirio de noviolencia y activismo civil, expresamos nuestra solidaridad y apoyo a la lucha del pueblo palestino en sus esfuerzos por liberarse de la ocupación y el régimen de apartheid de Israel, y para exigir sus derechos humanos sobre su propia tierra.

El sufrimiento de los sirios en su lucha por la libertad y los derechos humanos, en un país que ha sido deformado por décadas de opresión y discriminación sectaria, nos ha acercado a comprender el sufrimiento del pueblo palestino. El aislamiento de nuestra resistencia civil y noviolenta ha alimentado una intensa solidaridad con Palestina.

Creemos en los derechos para todos los pueblos del mundo y en la legitimidad de su lucha civil para alcanzar esos derechos y defender su humanidad y dignidad, y destacamos aquí la histórica lucha del pueblo palestino. Hemos aprendido a través de nuestra propia lucha contra la dictadura y la tiranía en Siria que la más indignante injusticia a la que puede enfrentarse un pueblo es que las continuas violaciones de sus derechos sean ignoradas por los demás.

Desde nuestra creencia en la importancia de construir la solidaridad entre las luchas de los pueblos oprimidos por sistemas de discriminación e injusticia, extendemos los brazos hacia los activistas palestinos y los movimientos civiles y políticos, y expresamos nuestra solidaridad y apoyo a su causa. Consideramos esta declaración como una invitación a construir puentes de comunicación y cooperación para lograr nuestra meta común de traer la justicia y los derechos humanos a la región.

11 de Julio, 2014

freedom.days.syria (at) gmail.com
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Fin a la agresión de Israel contra Palestina

17 July, 2014 - 19:48
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Godzilla en Madrid 5: Cárcel para todos, todos a la cárcel

17 July, 2014 - 19:41

GODZILLA EN MADRID

PROGRAMA 5

AUDIO DEL PROGRAMA:

Cárceles en negro sobre blanco 1ª parte

Epílogo de Patricia Moreno Arrarás a «El siglo de los castigos - Prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX»

«La desinformación y el recurso obsesivo al castigo y a la prisión no es, en este caso, patrimonio exclusivo de esa gran mayoría mal informada nacida del bipartidismo. Es también la respuesta de la práctica totalidad del espectro social, incluidos los partidos políticos minoritarios o un gran número de movimientos sociales. Los ejemplos son infinitos: movimientos feministas que abogan por la cadena perpetua para los asesinos de sus parejas o por el cumplimiento íntegro de las penas para maltratadores; asociaciones de madres contra la droga que se oponen a la semilibertad o a los permisos penitenciarios para traficantes; ecologistas que reclaman un endurecimiento de las penas para delitos urbanísticos o contra el medio ambiente; asociaciones de víctimas del terrorismo que se indignan ante cualquier mínima expresión de humanitarismo penitenciario con los condenados por los delitos que les afectan».

Cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Cadena perpetua. Macrocárceles. Libertad vigilada. Hacinamiento. Cifras récord de población reclusa. Tolerancia cero. Todo es delito. Cárcel para todos, todos a la cárcel. Estas y no otras son las voces a las que habrá que apelar para definir la política criminal española en el cambio de milenio. Las cifras, rotundas, no permiten discusión. En 1.975, son 15.518 las personas que reciben la noticia de la muerte de Francisco Franco en prisión. Apenas veinte años después, en 1.995 -año en el que se aprueba el denominado Código Penal de la Democracia- España mantenía encarceladas a 44.956 personas. Quince años más tarde, en 2.010, ese Código Penal “democrático” había conseguido elevar la cifra de población penitenciaria a 73.849. Últimamente, entre 2011 y 2012, los incrementos anuales ya no son tan llamativos. Las últimas estadísticas apuntan una tendencia de ligero descenso de la población reclusa debido a la activación de las expulsiones de extranjeros y a la ralentización de la construcción y/o apertura de nuevas prisiones.

¿Somos más o delinquimos más?. Ni lo uno ni lo otro. Ciñéndonos a un periodo concreto de tránsito entre los dos siglos (1995-2010), nos encontramos con un incremento de población reclusa del 64,26 % en un país que, en el mismo periodo, presenta un crecimiento demográfico del 19,98%. Por su parte, los datos criminológicos tampoco logran explicar este escandaloso aumento de las cifras de presos. En el año 2.010, la tasa de delitos por cada 1000 habitantes fue en el estado español de 45,1, muy por debajo de la media europea que, en los últimos años, se ha venido situando en torno a los 70 delitos por cada 1000 habitantes. ¿Será entonces que el ciudadano se ha aficionado a reaccionar con la denuncia penal en cuanto sufre el más mínimo atropello?. No es el caso porque es también un dato estadístico incontestable que, en los últimos tiempos, nos sentimos cada vez menos atropellados. Así, las encuestas sobre victimización nos confirman que el porcentaje de encuestados que declara haber sido víctima de un delito ha disminuido sensiblemente en el periodo analizado. No se trata de que denunciemos ahora determinados delitos que, cometidos siempre, no llegaban al papel, a la policía o al juzgado. El hecho es que, preguntados sobre si hemos sido o no víctimas de un delito, afirmamos ahora haberlo sido en mucha menor medida que en periodos precedentes.

Una explicación de un fenómeno tan complejo que se reduzca a un análisis simplista del derecho positivo es a todas luces insuficiente. Pero a nadie se le escapa que la causa inmediata de la omnipresencia en nuestra sociedad del castigo y, en particular, de la cárcel, la conforman determinadas reformas legales que han presidido este tránsito de siglos. Así, mientras la opinión pública ha vivido convencida de que España se estaba convirtiendo en el paraíso perfecto para cualquier delincuente, la evolución legislativa iba construyendo un marco normativo que, hoy por hoy, nadie mínimamente informado duda en situar entre los más represivos de Europa. Hoy –en octubre de 2.011- es mucho más fácil entrar en la cárcel y mucho más difícil salir de lo que lo era, por ejemplo, en 1.973 o incluso, me atrevo a decir, en pleno franquismo, si no por delitos políticos, sí por lo que siempre hemos conocido como delitos comunes.

Paradójicamente –o no- el arranque del último encarnizamiento penal puede situarse en el denominado “Código Penal de la Democracia”, aprobado en 1995 y en vigor desde el 25 de mayo de 1996. Cuando empiezo a ejercer la abogacía, en el año 1991, estaba vigente el que se conocía como Código Penal de 1973, texto refundido que se basaba en el Código Penal de 1944, aprobado este último en la más cruda posguerra que, a su vez, derogó al Código Penal republicano de 1932. Razones estéticas imponían el cambio. La “nueva España” merecía una normativa moderna acorde con los nuevos tiempos, especialmente necesaria, por razones obvias, en un ámbito –el de la represión del delito- que, como en cualquier dictadura, exigía un rápido y tupido, tupidísimo velo. Aparentemente, el Código Penal de 1995 iba a responder a esta necesidad de modernización. Sin embargo, las consecuencias prácticas de la reforma, tan fácilmente previsibles, resultaron dramáticas. El Código de 1995 suprimió el beneficio penitenciario de la redención de penas por el trabajo y acabó con la posibilidad, casi generalizada, de cumplir la pena en un periodo de tiempo notablemente inferior a la duración de la condena impuesta en la sentencia. A partir de 1995, ya sin redenciones, la pena impuesta era –y es- la pena que debía cumplirse. Por tanto y aunque, en determinados delitos, el Código Penal de 1995 aparentaba una rebaja de penas respecto al Código Penal franquista, lo cierto es que la estancia de un condenado en prisión por el mismo delito aumentó sensiblemente. Gracias al moderno código penal, una vez dentro, era más difícil salir. Las prisiones empezaban a saturarse.

Ajenos a esta realidad, los partidos políticos mayoritarios comenzaron a remodelar el Código Penal de 1995 compulsivamente, respondiendo con anunciadas –y luego ejecutadas- reformas del Código Penal a lo que, en su peculiar interpretación, entendían como demandas de la ciudadanía. Entre 1995 y 2010, el Código Penal fue modificado en veinticinco ocasiones, a una media de reforma por año. El resultado, lejos de corregir la presión punitiva, abundó en la misma línea: la práctica totalidad de las reformas lo fueron para tipificar conductas hasta entonces atípicas o para endurecer las penas para delitos ya definidos como tales. En materias tales como la violencia doméstica o la seguridad vial, el endurecimiento fue salvaje aunque nunca suficiente para una gran mayoría siempre convencida de la cantinela según la cual “los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”. No fue menor el impacto de la Ley Orgánica 7/2003, de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas que, sin embargo, también paso casi desapercibida para la opinión pública. La referida Ley, que fue mediáticamente presentada como una herramienta más en la “lucha contra el terrorismo”, tuvo una incidencia importantísima en las condenas de personas sentenciadas por cualquier otro tipo de delito al endurecer explícitamente los requisitos para poder acceder al régimen abierto. Así, por ejemplo, la referida reforma introdujo el denominado periodo de seguridad -que, para penas superiores a cinco años, impedía el acceso a la semilibertad propia del tercer grado de tratamiento antes del cumplimiento de la mitad de la condena- o la exigencia de abono de la responsabilidad civil impuesta en la sentencia para poder progresar al referido tercer grado o para ver concedida la libertad condicional, exigencia esta última que, en la práctica, está suponiendo un cierto resurgimiento de la prisión por deudas, formalmente abolida pero tristemente vigente en nuestras cárceles. Una vez más, la generación de políticas criminales de excepción para determinados delitos acabó impregnando todo el sistema penal y penitenciario sin que las voces críticas se escucharan más allá de los círculos académicos o asociativos especializados.

En resumen: la evolución legislativa expuesta desembocó en una mayor probabilidad de entrada en prisión –hay más conductas tipificadas como delito y más conductas sancionadas con el encarcelamiento –, una mayor duración del cumplimiento efectivo de la pena y una menor probabilidad de ver aligerado el encarcelamiento con regímenes abiertos.

Lo hasta aquí expuesto poco aporta al informado, a quien ha estado en contacto con la política criminal real, con la realidad de las prisiones o con unos sencillos datos estadísticos. Sin embargo, pruebe el lector a comentar las afirmaciones precedentes en cualquier foro que no esté compuesto por expertos. Comprobará que, con independencia de la ideología o adscripción política de los componentes del auditorio, la desinformación es absoluta. La derecha tradicional, convencida de que la prisión no va a formar parte de su biografía y con un desprecio absoluto a la verdad, afirmará tener la certeza de que en España las penas no se cumplen. Por su parte, la “izquierda” más convencional no hará tan rotundas afirmaciones pero, en la práctica, ha obrado exactamente igual, dando su beneplácito o incluso promoviendo las sucesivas vueltas de tuerca que, en su caso, han estado dirigidas a apretar en aquellos tipos penales especialmente odiosos para la progresía tales como, por ejemplo, la violencia doméstica.

Nada nuevo bajo el sol. Nada distinto de lo que ocurre a cualquier otro nivel de la vida política y social. ¿O sí?. En mi opinión, sí porque la desinformación y el recurso obsesivo al castigo y a la prisión no es, en este caso, patrimonio exclusivo de esa gran mayoría mal informada nacida del bipartidismo. Es también la respuesta de la práctica totalidad del espectro social, incluidos los partidos políticos minoritarios o un gran número de movimientos sociales. Los ejemplos son infinitos: movimientos feministas que abogan por la cadena perpetua para los asesinos de sus parejas o por el cumplimiento íntegro de las penas para maltratadores; asociaciones de madres contra la droga que se oponen a la semilibertad o a los permisos penitenciarios para traficantes; ecologistas que reclaman un endurecimiento de las penas para delitos urbanísticos o contra el medio ambiente; asociaciones de víctimas del terrorismo que se indignan ante cualquier mínima expresión de humanitarismo penitenciario con los condenados por los delitos que les afectan. Pocos, muy pocos son los que no están recurriendo y revalidando el derecho penal –y, muy en especial, la prisión- para resolver éste o aquel conflicto social. Unos y otros deseamos ver sentados en el banquillo a colectivos o personas diferentes pero sólo una minoría invisible cuestiona el abuso de la privación de libertad. Por razones históricas obvias, la sociedad española post-franquista no tuvo apenas tiempo de impregnarse de humanismo penal y penitenciario. A la pérdida de fuelle de estas filosofías en el ámbito europeo se le sumaron otros factores: la judicialización de la vida social y política; la continua proyección mediática de esa judicialización, mayormente reducida a un periodismo morboso centrado en la retransmisión del dolor de la víctima y de consignas vengativas; la bonanza previa a la actual crisis económica que parecía haber fortalecido a una clase media incapaz de percibir el sistema penal y, mucho menos, la prisión como un fenómeno que pudiera afectarle; los dolorosísimos y desastrosos efectos de la opción armada como solución del denominado “conflicto vasco” y los sucesivos endurecimientos penales que apenas nadie se atrevía a cuestionar en tal contexto y con semejantes cifras de personas asesinadas sobre la mesa; las igualmente escandalosas cifras de mujeres muertas víctimas de la violencia de género; las tragedias cotidianas de los accidentes de tráfico; la generalizada corrupción política y un largo etcétera de las más diversas explicaciones.

Sea como fuere y sean cuales fueren las razones, lo cierto es que los discursos reconciliadores y empáticos no han conseguido estar presentes ni trascender de ambientes académicos o del asociacionismo militante que, por otra parte y en ocasiones, también se han refugiado en exceso en eternos debates teóricos alejados de la realidad del delito e incapaces de ofrecer hoy soluciones concretas a problemas concretos. No es del todo injusta la crítica que califica de “salida fácil” la apelación al necesario cambio social global. El cambio social global es, efectivamente, urgente y necesario pero esa necesidad imperiosa no debería obviar otra reflexión: a día de hoy, no estamos social y personalmente preparados y educados para el perdón y para la reconciliación.

El perdón es otra de las palabras estropeadas. En este tránsito de siglos, conceptos tales como perdón, reinserción, alternativa o tolerancia, se han difuminado, manido y prostituido hasta el punto de evocar realidades profundamente alejadas del verdadero significado de las palabras. El aislamiento propio de los regímenes cerrados es denominado primer grado “de tratamiento”. Algunas prisiones se denominan ya “centros de inserción social”. La delación de los demás presos es la piedra angular del funcionamiento de los módulos de respeto. El desgaste de las palabras es paradigmático e ilustra una época de decadencia y falta de imaginación generalizada. Por eso, es probable que no sólo sea precisa una transformación social a gran escala y a todos los niveles; necesitamos también ser conscientes de nuestras propias limitaciones para responder al dolor que provocan determinados hechos delictivos. Necesitamos, todos, minimizar el derecho penal, dejar de castigarlo todo con las penas del infierno; necesitamos, todos, pensar en cómo atender a la víctima antes de echar a correr tras el culpable; necesitamos, todos, dedicación, imaginación, generosidad y, por qué no, empezar por recuperar las palabras y por reconciliarnos con la verdadera esencia del perdón, de la tolerancia, de la inserción social o del tratamiento.

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Godzilla en Madrid

17 July, 2014 - 19:40

Hace unos años decir que los ejércitos mataban era una obviedad que hubiese obtenido como respuesta un “pues claro”. En cambio, tras años de un maquillaje democrático estas certezas se han ido disolviendo, invisibilizando tras una capa aparente de derechos y libertades que han construido un discurso en el que la muerte por las balas de los militares es justa o humanitaria, y sus atropellos son cosa del pasado. Hemos conseguido desterrar la barbarie de nuestra sociedad a costa de esconderla, de ahuyentarla del discurso. La hemos vestido con los ropajes del estado de derecho y este disfraz la ha hecho desaparecer de nuestra vista y sonar extraña.

Así hemos construido un mundo en el que las bombas caen a nuestro alrededor, pero nadie se da cuenta. El monstruo avanza terriblemente, pero lo hace en silencio, lo hace amparado en la lógica de «esto aquí no pasa». Godzilla es esa bestia que salía del mar y arrasaba Japón, era la materialización de la locura nuclear, era algo terrorífico, pero que sucedía en silencio, sucedía en ondas invisibles que seguían castigando a la población, mucho después de que las bombas destrozaran ciudades enteras. De la necesidad de expresar lo que no se alcanza a narrar nace una bestia que es capaz de representar todo este mensaje.

Nuestro Godzilla es también un monstruo terrible a través del cual deseamos encarnar y hacer tangible la barbarie que sigue presente en nuestras sociedades. Un monstruo que nos rodea y nos asedia a diario parapetado en el disfraz de sus discursos, en el maquillaje de unas palabras vaciadas por tanta mentira. Es esa amenaza difusa que nos instala en el programa de la muerte y frente a la cual alzamos nuestras voces a través de las ondas.

http://radioela.org/_Godzilla-en-Madrid_.html

PROGRAMAS

5. Cárceles en negro sobre blanco 1ª parte Oír directamente el audio

4. La maraña legislativa Oír directamente el audio

3. Dejadnos hablar, dejadnos actuar Oír directamente el audio

2. Una vez más: mujeres, ejércitos, guerra y violencia sexista Oír directamente el audio

1. De las emergencias a la guerra asimétricas Oír directamente el audio

Categorías: antimilitar

Declaración de la IRG en el presente asalto israelí contra Gaza

16 July, 2014 - 15:45

10 de julio de 2014

La Asamblea de la Internacional de Resistentes a la Guerra, se reunieron en el Ayuntamiento de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, condena enérgicamente el asalto en curso por el ejército israelí contra los palestinos en Gaza y Cisjordania. La Internacional de Resistentes a la Guerra considera toda la guerra un crimen contra la humanidad, y por eso reclaman el cese inmediato de las hostilidades, y en particular la agresión repetida por el Estado de Israel contra los palestinos.

Como los opositores de la guerra, también nos oponemos a las causas de la guerra, y en solidaridad con los pueblos oprimidos de todo el mundo. Por consiguiente, pedimos el fin de la ocupación de Palestina y, sobre todo reunido en el edificio de la que Nelson Mandela pronunció su primer discurso después de su liberación de la cárcel-hacemos un llamamiento para el final de todas las formas de apartheid en todas partes.

Apologistas de Israel presentan sus bombardeos en Gaza, una vez más, como una forma de defensa propia, o como una mera respuesta a las hostilidades desde el otro lado. Pero consideramos que este es, más bien, un bien planeado, precisamente cronometrado, asalto, llevado a cabo en la parte posterior de los muertos, heridos y traumatizados civiles de ambas partes con fines políticos claros.

El acuerdo de tregua reciente entre el Fatah y Hamás planteó la posibilidad de un liderazgo palestino unido como un adversario de Israel en la resistencia y un socio potencial para la paz. Creemos que es esta posibilidad la que Israel está atacando con este asalto, y que aprovechó la oportunidad para hacerlo presentado por el asesinato, por desconocidos, de tres hombres jóvenes de las colonias en Cisjordania. Una campaña de medios de comunicación se puso en marcha en torno al asesinato, presentado por primera vez como un secuestro, y esta campaña proporcionó el pretexto necesario para un ataque concentrado contra los activistas de Hamas en Cisjordania y por romper los términos de un acuerdo de tregua relativamente duradera entre Israel y Hamas en Gaza. Después de violar el acuerdo de tregua, Israel intensificó lentamente los bombardeos en la Franja de Gaza, hasta que un asalto total podría llevarse a cabo, al parecer justificado por el lanzamiento de cohetes desde Gaza que Israel provocó a sabiendas.

Creemos firmemente que la manera más justa y eficaz de la resistencia, incluso a violencia grave, es la resistencia no violenta. Por lo tanto, hemos decidido apoyar a los palestinos y los israelíes, así como activistas internacionales, que comprometen la resistencia no violenta a la ocupación ilegal de Palestina. No apoyamos la violencia armada, el que lo usa, pero apoyamos el derecho de todos los pueblos oprimidos a luchar por su liberación.

Lloramos todos los muertos y el dolor por todas las víctimas de este conflicto en ambos lados. Hacemos un llamado a los militares israelíes y el gobierno controla a terminar inmediatamente este asalto a Palestina y la ocupación que es su causa raíz.

Categorías: antimilitar

Venezuela: El país como un cuartel (Keilyn Itriago Marrufo)

10 July, 2014 - 14:15

Provea denuncia el nuevo registro militar obligatorio por inconstitucional. Control Ciudadano advierte sobre una versión de la Ley Sapo derogada en 2008, que atenta contra la disidencia. La decisión de permitir a militares participar en marchas políticas es rechazada por abogados constitucionalistas

KEILYN ITRIAGO MARRUFO

http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=104597&tipo=REP

Desde diferentes espacios de la sociedad se viene advirtiendo desde hace tiempo sobre una progresiva y profunda militarización del país y de las organizaciones sociales, promovida desde el Ejecutivo Nacional.

La promulgación de la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, la creación de la Brigada contra las actuaciones de los grupos generadores de violencia y la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre la participación de los castrenses en eventos de proselitismo político, son los actos de Estado más recientes, que a juicio de Control Ciudadano, vinculados al rol de la Fuerza Armada Nacional en sociedad, atentan claramente contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Control Ciudadano recuerda que solo son dos los registros obligatorios en Venezuela, el Registro Civil y el Registro Electoral. No obstante, la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en Gaceta el pasado 25 de junio, obliga a todas las personas naturales y jurídicas entre los 18 y 60 años de edad del país a estar bajo un registro de naturaleza militar.

Según denuncia Provea, el incumplimiento del registro impediría por ley la satisfacción plena del derecho al trabajo, al no poder ser contratado por entes públicos ni privados ni tener la posibilidad de obtener solvencias laborales; el derecho a la libertad de tránsito, al prohibir la tramitación de licencias de conducir y el derecho a la educación, al impedir el otorgamiento de títulos universitarios.

SUBORDINADOS A LAS FAN

Pese a que esta nueva norma reitera lo establecido por la Constitución acerca de la prohibición del reclutamiento forzoso, a Provea le resulta preocupante que no figuren como causales de no prestación del servicio militar la posibilidad de elegir libremente un servicio civil o ejercer el derecho a la libertad de conciencia como se dispone en el artículo 61 de la Carta Magna, pues sólo se podría prestar el servicio civil tras haber sido seleccionado como “No elegible” por presentar enfermedad, ser sostén de hogar, estar casado-a o tener sentencia firme de prisión.

La ONG señala además que el servicio civil, que en la Constitución posee el mismo rango que el militar, quedaría subordinado a las Fuerzas Armas, siendo operativizado bajo jurisdicción y reglamentación castrense. “La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su resolución 1998/77 ha establecido claramente que el servicio alternativo debe ser de carácter civil, fuera de la esfera militar y no bajo órdenes militares.

A pesar de su naturaleza civil y contradiciendo sus postulados humanistas, el presidente Nicolás Maduro mediante esta ley transforma al conjunto de la sociedad venezolana en un cuartel, a ser regulada por la jurisdicción militar”, señala el comunicado publicado recientemente por Provea.

INSISTEN CON LEY SAPO

Control Ciudadano manifiesta que el Gobierno venezolano ha decidido retomar el articulado de la Ley Sapo, dictada en 2008 pero invalidada al mes siguiente de entrar en vigor. Por la vía de un Decreto Presidencial, se activa un nuevo órgano de Seguridad del Estado denominado Brigada Especial contra las actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV), al cual las instituciones públicas y privadas estarán en el deber de aportar toda la información que requiera en el despliegue de sus funciones.

Para la ONG presidida por Rocío San Miguel, será de tal magnitud el inmenso poder de esta nueva institución que los órganos de seguridad ciudadana, defensa, inteligencia, orden interno, relaciones exteriores y otras instituciones públicas o privadas estarán en la obligación de apórtale todas las informaciones que requiera esta Brigada, sin ningún mecanismo de control democrático y con el agravante de no especificarse en el instrumento de creación del órgano, definición o concepto alguno de los llamados Grupos Generadores de Violencia.

Un nuevo monstruo en el que podrán operar militares, dependiente jerárquicamente del Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz que además podrá declarar secreta cualquier información, hecho o circunstancia que conozca o sea tramitada por este órgano.

Está claro que los factores críticos, disidentes y opositores, algunos de los cuales ya han sido calificados por el gobierno como generadores de violencia, estarán en la mira”, sentencia San Miguel.

MILITARES MARCHANDO

La reciente sentencia de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ en la que se establece que la participación de los integrantes de la FAN en actos con fines políticos no constituye un menoscabo a su profesionalidad, “sino un baluarte de participación democrática y protagónica", es para San Miguel un golpe histórico a la institucionalidad venezolana que implica la legalización de la Fuerza Armada Nacional como el partido armado de la Revolución.

En el marco de una ruta de discursos políticos partidistas de mandos militares sin precedentes en la historia republicana, la permisividad de los poderes del Estado frente a la inscripción de generales y almirantes de alta graduación en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), así como las declaraciones de generales y almirantes en actos oficiales y en presencia de los representantes de los poderes públicos, donde refirieren a la existencia de una Fuerza Armada Chavista, todo ello sin la posibilidad de control democrático o sanción alguna que impida estas graves violaciones a la Constitución”.

Esta lectura del máximo juzgado del país, a juicio del abogado constitucionalista, José Vicente Haro, demuestra una vez más que con cada sentencia la Sala Constitucional “está desarmando, desdibujando y desnaturalizando la Constitución porque se están alterando sus normas y principios fundamentales”. Haro considera que se está reescribiendo otra Constitución que se aleja cada vez del deseo del Constituyente del 99 y que se acerca aceleradamente a la base el Plan de la Patria, “porque todo lo que dicen sus sentencias se puede encontrar allí”.

ENTREGANDO EL PODER A MILITARES

Para el abogado y profesor de derecho constitucional, Enrique Sanchez Falcón, las instituciones fundamentales del país han estado al servicio de un sector de la dirigencia de país que está entregando cada vez más el poder a los militares. Considera que esta pretensión se ha acentuado aún más desde que se impuso el lema “Patria, socialismo o muerte” en las Fuerzas Armadas. Que se les permita a los militares participar en actos públicos del PSUV, es a su juicio, una decisión absolutamente contraria a las disposiciones constitucionales.

LA BOTA PISA DESDE 1999

A criterio de Rafael Uzcátegui, coordinador del programa de monitoreo, investigación y difusión de Provea, desde el mismo momento en el que el fallecido presidente Hugo Chávez asumió el gobierno en 1999, comenzó un proceso de militarización del país.

El activista de derechos humanos recuerda que el primer hito formal quedó plasmado en la Constitución, al darles a los castrenses la posibilidad de votar y tener opinión política. Luego, tal como sostiene Uzcategui, vino la militarización de las organizaciones sociales de apoyo al Presidente, la promoción de las milicias y el esquema de la polarización de la política de ver al diferente como una amenaza.

El representante de Provea considera que si hubiera que describir cuáles son los puntos más predominantes de un esquema militar, nombraría en primer lugar la alta presencia de militares activos y retirados en altos cargos de la administración pública. En segundo lugar, el excesivo gasto para las funciones del ministerio de defensa.

Es la cuarta institución del Estado venezolano que más recibe presupuesto, y esto ha sido una constante. Por ejemplo, recibe 120 veces más dinero que el ministerio destinado a los pueblos indígenas aun cuando este último triplica en número a las personas que están en las Fuerzas Armadas. Además, Venezuela es uno de los países de América Latina que más ha comprado armas en los últimos diez años”.

Y por último, Uzcátegui considera el manejo discursivo de los altos funcionarios en un esquema integral de la nación que pasa por la militarización de las organizaciones sociales, en la promoción de las milicias y cuerpos combatientes de las empresas públicas y privadas.

En Provea teníamos expectativas muy grandes cuando el presidente Chávez designó a Maduro como candidato. Pensábamos que como venía del movimiento sindical, y de naturaleza civil y experiencia en las luchas sociales, iba a minimizar esta tendencia de militarización, pero más bien la ha profundizado”, asevera Uzcátegui, al tiempo que recuerda que una de sus primeras políticas del actual Jefe de Estado fue la promoción del Plan Patria Segura, que según dice militariza las políticas orientadas a la seguridad ciudadana.

:: Bitácora en www.rafaeluzcategui.wordpress.com : Twitter: @fanzinero

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Venezuela: El país como un cuartel (Keilyn Itriago Marrufo)

10 July, 2014 - 14:15

Provea denuncia el nuevo registro militar obligatorio por inconstitucional. Control Ciudadano advierte sobre una versión de la Ley Sapo derogada en 2008, que atenta contra la disidencia. La decisión de permitir a militares participar en marchas políticas es rechazada por abogados constitucionalistas

KEILYN ITRIAGO MARRUFO

http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=104597&tipo=REP

Desde diferentes espacios de la sociedad se viene advirtiendo desde hace tiempo sobre una progresiva y profunda militarización del país y de las organizaciones sociales, promovida desde el Ejecutivo Nacional.

La promulgación de la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, la creación de la Brigada contra las actuaciones de los grupos generadores de violencia y la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre la participación de los castrenses en eventos de proselitismo político, son los actos de Estado más recientes, que a juicio de Control Ciudadano, vinculados al rol de la Fuerza Armada Nacional en sociedad, atentan claramente contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Control Ciudadano recuerda que solo son dos los registros obligatorios en Venezuela, el Registro Civil y el Registro Electoral. No obstante, la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en Gaceta el pasado 25 de junio, obliga a todas las personas naturales y jurídicas entre los 18 y 60 años de edad del país a estar bajo un registro de naturaleza militar.

Según denuncia Provea, el incumplimiento del registro impediría por ley la satisfacción plena del derecho al trabajo, al no poder ser contratado por entes públicos ni privados ni tener la posibilidad de obtener solvencias laborales; el derecho a la libertad de tránsito, al prohibir la tramitación de licencias de conducir y el derecho a la educación, al impedir el otorgamiento de títulos universitarios.

SUBORDINADOS A LAS FAN

Pese a que esta nueva norma reitera lo establecido por la Constitución acerca de la prohibición del reclutamiento forzoso, a Provea le resulta preocupante que no figuren como causales de no prestación del servicio militar la posibilidad de elegir libremente un servicio civil o ejercer el derecho a la libertad de conciencia como se dispone en el artículo 61 de la Carta Magna, pues sólo se podría prestar el servicio civil tras haber sido seleccionado como “No elegible” por presentar enfermedad, ser sostén de hogar, estar casado-a o tener sentencia firme de prisión.

La ONG señala además que el servicio civil, que en la Constitución posee el mismo rango que el militar, quedaría subordinado a las Fuerzas Armas, siendo operativizado bajo jurisdicción y reglamentación castrense. “La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su resolución 1998/77 ha establecido claramente que el servicio alternativo debe ser de carácter civil, fuera de la esfera militar y no bajo órdenes militares.

A pesar de su naturaleza civil y contradiciendo sus postulados humanistas, el presidente Nicolás Maduro mediante esta ley transforma al conjunto de la sociedad venezolana en un cuartel, a ser regulada por la jurisdicción militar”, señala el comunicado publicado recientemente por Provea.

INSISTEN CON LEY SAPO

Control Ciudadano manifiesta que el Gobierno venezolano ha decidido retomar el articulado de la Ley Sapo, dictada en 2008 pero invalidada al mes siguiente de entrar en vigor. Por la vía de un Decreto Presidencial, se activa un nuevo órgano de Seguridad del Estado denominado Brigada Especial contra las actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV), al cual las instituciones públicas y privadas estarán en el deber de aportar toda la información que requiera en el despliegue de sus funciones.

Para la ONG presidida por Rocío San Miguel, será de tal magnitud el inmenso poder de esta nueva institución que los órganos de seguridad ciudadana, defensa, inteligencia, orden interno, relaciones exteriores y otras instituciones públicas o privadas estarán en la obligación de apórtale todas las informaciones que requiera esta Brigada, sin ningún mecanismo de control democrático y con el agravante de no especificarse en el instrumento de creación del órgano, definición o concepto alguno de los llamados Grupos Generadores de Violencia.

Un nuevo monstruo en el que podrán operar militares, dependiente jerárquicamente del Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz que además podrá declarar secreta cualquier información, hecho o circunstancia que conozca o sea tramitada por este órgano.

Está claro que los factores críticos, disidentes y opositores, algunos de los cuales ya han sido calificados por el gobierno como generadores de violencia, estarán en la mira”, sentencia San Miguel.

MILITARES MARCHANDO

La reciente sentencia de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ en la que se establece que la participación de los integrantes de la FAN en actos con fines políticos no constituye un menoscabo a su profesionalidad, “sino un baluarte de participación democrática y protagónica", es para San Miguel un golpe histórico a la institucionalidad venezolana que implica la legalización de la Fuerza Armada Nacional como el partido armado de la Revolución.

En el marco de una ruta de discursos políticos partidistas de mandos militares sin precedentes en la historia republicana, la permisividad de los poderes del Estado frente a la inscripción de generales y almirantes de alta graduación en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), así como las declaraciones de generales y almirantes en actos oficiales y en presencia de los representantes de los poderes públicos, donde refirieren a la existencia de una Fuerza Armada Chavista, todo ello sin la posibilidad de control democrático o sanción alguna que impida estas graves violaciones a la Constitución”.

Esta lectura del máximo juzgado del país, a juicio del abogado constitucionalista, José Vicente Haro, demuestra una vez más que con cada sentencia la Sala Constitucional “está desarmando, desdibujando y desnaturalizando la Constitución porque se están alterando sus normas y principios fundamentales”. Haro considera que se está reescribiendo otra Constitución que se aleja cada vez del deseo del Constituyente del 99 y que se acerca aceleradamente a la base el Plan de la Patria, “porque todo lo que dicen sus sentencias se puede encontrar allí”.

ENTREGANDO EL PODER A MILITARES

Para el abogado y profesor de derecho constitucional, Enrique Sanchez Falcón, las instituciones fundamentales del país han estado al servicio de un sector de la dirigencia de país que está entregando cada vez más el poder a los militares. Considera que esta pretensión se ha acentuado aún más desde que se impuso el lema “Patria, socialismo o muerte” en las Fuerzas Armadas. Que se les permita a los militares participar en actos públicos del PSUV, es a su juicio, una decisión absolutamente contraria a las disposiciones constitucionales.

LA BOTA PISA DESDE 1999

A criterio de Rafael Uzcátegui, coordinador del programa de monitoreo, investigación y difusión de Provea, desde el mismo momento en el que el fallecido presidente Hugo Chávez asumió el gobierno en 1999, comenzó un proceso de militarización del país.

El activista de derechos humanos recuerda que el primer hito formal quedó plasmado en la Constitución, al darles a los castrenses la posibilidad de votar y tener opinión política. Luego, tal como sostiene Uzcategui, vino la militarización de las organizaciones sociales de apoyo al Presidente, la promoción de las milicias y el esquema de la polarización de la política de ver al diferente como una amenaza.

El representante de Provea considera que si hubiera que describir cuáles son los puntos más predominantes de un esquema militar, nombraría en primer lugar la alta presencia de militares activos y retirados en altos cargos de la administración pública. En segundo lugar, el excesivo gasto para las funciones del ministerio de defensa.

Es la cuarta institución del Estado venezolano que más recibe presupuesto, y esto ha sido una constante. Por ejemplo, recibe 120 veces más dinero que el ministerio destinado a los pueblos indígenas aun cuando este último triplica en número a las personas que están en las Fuerzas Armadas. Además, Venezuela es uno de los países de América Latina que más ha comprado armas en los últimos diez años”.

Y por último, Uzcátegui considera el manejo discursivo de los altos funcionarios en un esquema integral de la nación que pasa por la militarización de las organizaciones sociales, en la promoción de las milicias y cuerpos combatientes de las empresas públicas y privadas.

En Provea teníamos expectativas muy grandes cuando el presidente Chávez designó a Maduro como candidato. Pensábamos que como venía del movimiento sindical, y de naturaleza civil y experiencia en las luchas sociales, iba a minimizar esta tendencia de militarización, pero más bien la ha profundizado”, asevera Uzcátegui, al tiempo que recuerda que una de sus primeras políticas del actual Jefe de Estado fue la promoción del Plan Patria Segura, que según dice militariza las políticas orientadas a la seguridad ciudadana.

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Informe sobre la política militar del gobierno de Rajoy

6 July, 2014 - 20:26

La política militar del Gobierno de Mariano Rajoy no se ha apartado del consenso que ha imperado en la política militar desde la transición y a pesar de la fuerte crisis económica no ha habido ningún cuestionamiento ni del gasto militar ni del modelo de Fuerzas Armadas, aunque se reconoce que el Estado español no sufre hoy en día ninguna amenaza de agresión armada. Los dos objetivos principales para esta legislatura son mantener las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas y el apoyo gubernamental al desarrollo de la industria miliar y a la exportación de armamentos. el mantenimiento de las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas se ve amparado por un discurso nacionalista de afrontar las “amenazas no compartidas” con los aliados atlánticos y europeos y de tener una fortaleza militar propia como contribución a la seguridad mundial. Discurso que contrasta vivamente con la pérdida de soberanía real que ha supuesto el seguimiento de las políticas económicas marcadas por la troica y Bruselas, sin ningún tipo de cuestionamiento.

Legislativamente ha continuado, aunque tímidamente, el ciclo legislativo de la defensa que iniciaron los gobiernos de Rodríguez Zapatero y lo ha hecho con dos proyectos de ley claramente regresivos como el de régimen disciplinario, que mantiene el arresto sin tutela judicial para los militares contraviniendo el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, y un nuevo código penal militar, que no solo mantiene la jurisdicción militar sino que amplía su alcance pudiendo juzgar delitos ordinarios cometidos por militares, vuelve a poner a la Guardia Civil bajo la jurisdicción militar como norma e incluso introduce el indefinido agravante de “conflicto armado” que podrá permitir que los tribunales militares juzguen a civiles. el gobierno también ha promulgado una nueva Estrategia de Seguridad que busca abordar la seguridad desde una perspectiva integral, pero que no ha supuesto un cambio de paradigma de las políticas de seguridad.

El paradigma del control continúa siendo la clave de cómo se abordan todos los riesgos y las amenazas. Las políticas proactivas para disminuir los conflictos en el mundo y, por lo tanto, los mismos riesgos, son difusas. El Estado continúa siendo el objeto principal de la seguridad y la seguridad de las personas, las políticas de seguridad humana, la seguridad de vivir sin temor y sin necesidad, son inexistentes o completamente vagas e indeterminadas.

Descarga el informe completo

Categorías: antimilitar

Informe sobre la política militar del gobierno de Rajoy

6 July, 2014 - 20:26

La política militar del Gobierno de Mariano Rajoy no se ha apartado del consenso que ha imperado en la política militar desde la transición y a pesar de la fuerte crisis económica no ha habido ningún cuestionamiento ni del gasto militar ni del modelo de Fuerzas Armadas, aunque se reconoce que el Estado español no sufre hoy en día ninguna amenaza de agresión armada. Los dos objetivos principales para esta legislatura son mantener las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas y el apoyo gubernamental al desarrollo de la industria miliar y a la exportación de armamentos. el mantenimiento de las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas se ve amparado por un discurso nacionalista de afrontar las “amenazas no compartidas” con los aliados atlánticos y europeos y de tener una fortaleza militar propia como contribución a la seguridad mundial. Discurso que contrasta vivamente con la pérdida de soberanía real que ha supuesto el seguimiento de las políticas económicas marcadas por la troica y Bruselas, sin ningún tipo de cuestionamiento.

Legislativamente ha continuado, aunque tímidamente, el ciclo legislativo de la defensa que iniciaron los gobiernos de Rodríguez Zapatero y lo ha hecho con dos proyectos de ley claramente regresivos como el de régimen disciplinario, que mantiene el arresto sin tutela judicial para los militares contraviniendo el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, y un nuevo código penal militar, que no solo mantiene la jurisdicción militar sino que amplía su alcance pudiendo juzgar delitos ordinarios cometidos por militares, vuelve a poner a la Guardia Civil bajo la jurisdicción militar como norma e incluso introduce el indefinido agravante de “conflicto armado” que podrá permitir que los tribunales militares juzguen a civiles. el gobierno también ha promulgado una nueva Estrategia de Seguridad que busca abordar la seguridad desde una perspectiva integral, pero que no ha supuesto un cambio de paradigma de las políticas de seguridad.

El paradigma del control continúa siendo la clave de cómo se abordan todos los riesgos y las amenazas. Las políticas proactivas para disminuir los conflictos en el mundo y, por lo tanto, los mismos riesgos, son difusas. El Estado continúa siendo el objeto principal de la seguridad y la seguridad de las personas, las políticas de seguridad humana, la seguridad de vivir sin temor y sin necesidad, son inexistentes o completamente vagas e indeterminadas.

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Maduro transforma Venezuela en un cuartel (Rafael Uzcátegui)

4 July, 2014 - 14:04

El pasado 25.06.14 circuló en la Gaceta Oficial 40440 la “Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación”, cuyo objetivo es “regular el registro y el alistamiento para la defensa, la seguridad y el desarrollo integral de la Nación”. Las disposiciones de la ley son aplicables a venezolanos por nacimiento y naturalización, entes públicos y privados. Lo positivo de la norma es que su artículo 5 reitera lo establecido por la Constitución acerca de la prohibición del reclutamiento forzoso. Sin embargo, otros aspectos son preocupantes y violan lo dispuesto en la Carta Magna y en los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El aspecto inconstitucional más escandaloso de la ley es el establecimiento de un registro militar de carácter obligatorio para las personas entre 18 y 60 años. El segundo es que la ley niega el derecho la objeción de conciencia.

Sobre el primer aspecto, la ley establece que las personas naturales deben inscribirse en el “Registro para la Defensa Integral” 60 días después de cumplir 18 años. La misma obligatoriedad corresponde a las personas jurídicas. Las personas que no se inscriban no podrán ser contratadas en órganos públicos o privados ni obtener solvencias laborales (violando el derecho al trabajo), no podrán obtener su licencia de conducir (obstaculizando el derecho al libre tránsito) ni obtener títulos académicos universitarios (violando el derecho a la educación). Las autoridades educativas, profesores y familiares estarían además obligadas a “orientar y dar facilidades” para dicha anotación. Además de los impedimientos anteriores, hay sanciones adicionales tanto para quienes no se registren como a las instituciones cuyos miembros y empleados no lo hayan realizado. Los patronos, incluyendo en la lista a cooperativas o consejos comunales, que no exijan la documentación serán multados con entre 30 y 40 unidades tributarias UT (3.810 bs a 5.080 Bs). Las personas naturales que no se inscriban serán penados con el pago de entre 5 y 15 UT (635 Bs a 1905 Bs), mientras que las jurídicas serían multadas con entre 50 y 150 UT (6350 Bs a 19050 Bs). Las reincidencias son penadas para las personas jurídicas con nuevas multas de entre 150 y 250 UT (19050 Bs a 31750 Bs). Los medios de comunicación estarían obligados a difundir campañas informativas sobre el registro, de lo contrario también serán sancionados.

La negación del derecho a la objeción de conciencia es otro elemento grave presente en la normativa. Según el artículo 27 los venezolanos entre 18 y 60 años están incluidos en 4 situaciones: Actividad, cuando presten el servicio militar; Excedencia, quienes no puedan alistarse debido a estar completas las cuotas de reemplazo en los cuarteles; Reserva, quienes hayan cumplido el servicio militar. El cuarto es la “Renuencia” quienes: a) No se inscriban, b) Tras registrarse y ser convocado no cumpla el servicio militar y c) Las personas jurídicas que no se registren. Más adelante, el artículo 57 establece las calificaciones de “elegibles” y “no elegibles” para la “defensa integral de la nación”. Los no elegibles son quienes en el momento de su inscripción presenten: 1) Certificado de incapacidad temporal o permanente; 2) Acta de matrimonio; 3) Constancia de estar embarazada; 4) Ser único sostén de hogar y 5) Medida de privativa de libertad o condena penal firme. En ninguna parte se establece la posibilidad de objetar por conciencia la prestación del servicio militar. La ley establece que quienes no realicen el servicio militar por las condiciones anteriores deben prestar un servicio de naturaleza civil pero bajo jurisdicción militar, lo cual es otro exabrupto. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su resolución 1998/77 ha establecido claramente que el servicio alternativo debe ser de carácter civil, fuera de la esfera militar y no bajo órdenes militares.

No es un mero adjetivo que todo el proceso regulado por esta ley se califique de “Defensa Integral de la Nación”. De esta manera el presidente Nicolás Maduro profundiza la militarización de la sociedad venezolana, al obligarla a estar toda bajo un registro de naturaleza castrense. En este punto somos enfáticos: El registro militar debe ser única y exclusivamente para los ciudadanos que deseen prestar el servicio militar y para nadie más. Esta ley inaugura un cuartel llamado “Venezuela” en donde la única manera de “defenderla integralmente” es siendo parte de las Fuerzas Armadas. En otros países, más coherentes con vocaciones humanistas, se ha entendido que hacer país es desarrollar la educación, la salud y la cultura de los pueblos, generar las condiciones para que florezca la justicia social y la libertad.

Es nuestro derecho como ciudadanos estar alejados de lo militar. El Alto Comisionado de DDHH de la ONU ha reconocido el derecho de objeción de conciencia al servicio militar como parte del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, consagrado en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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Maduro transforma Venezuela en un cuartel (Rafael Uzcátegui)

4 July, 2014 - 14:04

El pasado 25.06.14 circuló en la Gaceta Oficial 40440 la “Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación”, cuyo objetivo es “regular el registro y el alistamiento para la defensa, la seguridad y el desarrollo integral de la Nación”. Las disposiciones de la ley son aplicables a venezolanos por nacimiento y naturalización, entes públicos y privados. Lo positivo de la norma es que su artículo 5 reitera lo establecido por la Constitución acerca de la prohibición del reclutamiento forzoso. Sin embargo, otros aspectos son preocupantes y violan lo dispuesto en la Carta Magna y en los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El aspecto inconstitucional más escandaloso de la ley es el establecimiento de un registro militar de carácter obligatorio para las personas entre 18 y 60 años. El segundo es que la ley niega el derecho la objeción de conciencia.

Sobre el primer aspecto, la ley establece que las personas naturales deben inscribirse en el “Registro para la Defensa Integral” 60 días después de cumplir 18 años. La misma obligatoriedad corresponde a las personas jurídicas. Las personas que no se inscriban no podrán ser contratadas en órganos públicos o privados ni obtener solvencias laborales (violando el derecho al trabajo), no podrán obtener su licencia de conducir (obstaculizando el derecho al libre tránsito) ni obtener títulos académicos universitarios (violando el derecho a la educación). Las autoridades educativas, profesores y familiares estarían además obligadas a “orientar y dar facilidades” para dicha anotación. Además de los impedimientos anteriores, hay sanciones adicionales tanto para quienes no se registren como a las instituciones cuyos miembros y empleados no lo hayan realizado. Los patronos, incluyendo en la lista a cooperativas o consejos comunales, que no exijan la documentación serán multados con entre 30 y 40 unidades tributarias UT (3.810 bs a 5.080 Bs). Las personas naturales que no se inscriban serán penados con el pago de entre 5 y 15 UT (635 Bs a 1905 Bs), mientras que las jurídicas serían multadas con entre 50 y 150 UT (6350 Bs a 19050 Bs). Las reincidencias son penadas para las personas jurídicas con nuevas multas de entre 150 y 250 UT (19050 Bs a 31750 Bs). Los medios de comunicación estarían obligados a difundir campañas informativas sobre el registro, de lo contrario también serán sancionados.

La negación del derecho a la objeción de conciencia es otro elemento grave presente en la normativa. Según el artículo 27 los venezolanos entre 18 y 60 años están incluidos en 4 situaciones: Actividad, cuando presten el servicio militar; Excedencia, quienes no puedan alistarse debido a estar completas las cuotas de reemplazo en los cuarteles; Reserva, quienes hayan cumplido el servicio militar. El cuarto es la “Renuencia” quienes: a) No se inscriban, b) Tras registrarse y ser convocado no cumpla el servicio militar y c) Las personas jurídicas que no se registren. Más adelante, el artículo 57 establece las calificaciones de “elegibles” y “no elegibles” para la “defensa integral de la nación”. Los no elegibles son quienes en el momento de su inscripción presenten: 1) Certificado de incapacidad temporal o permanente; 2) Acta de matrimonio; 3) Constancia de estar embarazada; 4) Ser único sostén de hogar y 5) Medida de privativa de libertad o condena penal firme. En ninguna parte se establece la posibilidad de objetar por conciencia la prestación del servicio militar. La ley establece que quienes no realicen el servicio militar por las condiciones anteriores deben prestar un servicio de naturaleza civil pero bajo jurisdicción militar, lo cual es otro exabrupto. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su resolución 1998/77 ha establecido claramente que el servicio alternativo debe ser de carácter civil, fuera de la esfera militar y no bajo órdenes militares.

No es un mero adjetivo que todo el proceso regulado por esta ley se califique de “Defensa Integral de la Nación”. De esta manera el presidente Nicolás Maduro profundiza la militarización de la sociedad venezolana, al obligarla a estar toda bajo un registro de naturaleza castrense. En este punto somos enfáticos: El registro militar debe ser única y exclusivamente para los ciudadanos que deseen prestar el servicio militar y para nadie más. Esta ley inaugura un cuartel llamado “Venezuela” en donde la única manera de “defenderla integralmente” es siendo parte de las Fuerzas Armadas. En otros países, más coherentes con vocaciones humanistas, se ha entendido que hacer país es desarrollar la educación, la salud y la cultura de los pueblos, generar las condiciones para que florezca la justicia social y la libertad.

Es nuestro derecho como ciudadanos estar alejados de lo militar. El Alto Comisionado de DDHH de la ONU ha reconocido el derecho de objeción de conciencia al servicio militar como parte del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, consagrado en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

:: Bitácora en www.rafaeluzcategui.wordpress.com :
Twitter: @fanzinero

Categorías: antimilitar

Maduro transforma Venezuela en un cuartel (Rafael Uzcátegui)

4 July, 2014 - 14:04

El pasado 25.06.14 circuló en la Gaceta Oficial 40440 la “Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación”, cuyo objetivo es “regular el registro y el alistamiento para la defensa, la seguridad y el desarrollo integral de la Nación”. Las disposiciones de la ley son aplicables a venezolanos por nacimiento y naturalización, entes públicos y privados. Lo positivo de la norma es que su artículo 5 reitera lo establecido por la Constitución acerca de la prohibición del reclutamiento forzoso. Sin embargo, otros aspectos son preocupantes y violan lo dispuesto en la Carta Magna y en los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El aspecto inconstitucional más escandaloso de la ley es el establecimiento de un registro militar de carácter obligatorio para las personas entre 18 y 60 años. El segundo es que la ley niega el derecho la objeción de conciencia.

Sobre el primer aspecto, la ley establece que las personas naturales deben inscribirse en el “Registro para la Defensa Integral” 60 días después de cumplir 18 años. La misma obligatoriedad corresponde a las personas jurídicas. Las personas que no se inscriban no podrán ser contratadas en órganos públicos o privados ni obtener solvencias laborales (violando el derecho al trabajo), no podrán obtener su licencia de conducir (obstaculizando el derecho al libre tránsito) ni obtener títulos académicos universitarios (violando el derecho a la educación). Las autoridades educativas, profesores y familiares estarían además obligadas a “orientar y dar facilidades” para dicha anotación. Además de los impedimientos anteriores, hay sanciones adicionales tanto para quienes no se registren como a las instituciones cuyos miembros y empleados no lo hayan realizado. Los patronos, incluyendo en la lista a cooperativas o consejos comunales, que no exijan la documentación serán multados con entre 30 y 40 unidades tributarias UT (3.810 bs a 5.080 Bs). Las personas naturales que no se inscriban serán penados con el pago de entre 5 y 15 UT (635 Bs a 1905 Bs), mientras que las jurídicas serían multadas con entre 50 y 150 UT (6350 Bs a 19050 Bs). Las reincidencias son penadas para las personas jurídicas con nuevas multas de entre 150 y 250 UT (19050 Bs a 31750 Bs). Los medios de comunicación estarían obligados a difundir campañas informativas sobre el registro, de lo contrario también serán sancionados.

La negación del derecho a la objeción de conciencia es otro elemento grave presente en la normativa. Según el artículo 27 los venezolanos entre 18 y 60 años están incluidos en 4 situaciones: Actividad, cuando presten el servicio militar; Excedencia, quienes no puedan alistarse debido a estar completas las cuotas de reemplazo en los cuarteles; Reserva, quienes hayan cumplido el servicio militar. El cuarto es la “Renuencia” quienes: a) No se inscriban, b) Tras registrarse y ser convocado no cumpla el servicio militar y c) Las personas jurídicas que no se registren. Más adelante, el artículo 57 establece las calificaciones de “elegibles” y “no elegibles” para la “defensa integral de la nación”. Los no elegibles son quienes en el momento de su inscripción presenten: 1) Certificado de incapacidad temporal o permanente; 2) Acta de matrimonio; 3) Constancia de estar embarazada; 4) Ser único sostén de hogar y 5) Medida de privativa de libertad o condena penal firme. En ninguna parte se establece la posibilidad de objetar por conciencia la prestación del servicio militar. La ley establece que quienes no realicen el servicio militar por las condiciones anteriores deben prestar un servicio de naturaleza civil pero bajo jurisdicción militar, lo cual es otro exabrupto. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su resolución 1998/77 ha establecido claramente que el servicio alternativo debe ser de carácter civil, fuera de la esfera militar y no bajo órdenes militares.

No es un mero adjetivo que todo el proceso regulado por esta ley se califique de “Defensa Integral de la Nación”. De esta manera el presidente Nicolás Maduro profundiza la militarización de la sociedad venezolana, al obligarla a estar toda bajo un registro de naturaleza castrense. En este punto somos enfáticos: El registro militar debe ser única y exclusivamente para los ciudadanos que deseen prestar el servicio militar y para nadie más. Esta ley inaugura un cuartel llamado “Venezuela” en donde la única manera de “defenderla integralmente” es siendo parte de las Fuerzas Armadas. En otros países, más coherentes con vocaciones humanistas, se ha entendido que hacer país es desarrollar la educación, la salud y la cultura de los pueblos, generar las condiciones para que florezca la justicia social y la libertad.

Es nuestro derecho como ciudadanos estar alejados de lo militar. El Alto Comisionado de DDHH de la ONU ha reconocido el derecho de objeción de conciencia al servicio militar como parte del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, consagrado en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

:: Bitácora en www.rafaeluzcategui.wordpress.com :
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Comunicado de Mujeres de Negro de Madrid del mes de junio

29 June, 2014 - 07:00

Mujeres de Negro de Madrid recordamos a Casandras de la Gran Guerra:

Bertha von Suttner trabajó por evitar otra guerra, cualquier guerra. Su novela ¡Abajo las armas! es un alegato por la paz y describe los horrores del enfrentamiento armado. Fundó la Sociedad Austriaca de la Paz en 1891 y trabajó incansablemente a favor del movimiento pacifista internacional. Denunció el rearme en la paz, que arruinaría a las naciones y advirtió sobre la preparación de los estados para una gran contienda. Se enfrentó a la oposición virulenta de nacionalistas, clero y antisemitas. Al mes de su muerte se inició la Primera Guerra Mundial. Fue la primera mujer que recibió El Premio Nobel de la Paz.

Rosa Luxemburgo en febrero de 1914 fue arrestada por incitar a los soldados a la rebelión y declaró: «Si ellos esperan que asesinemos a los franceses o a cualquier otro hermano extranjero, digámosles: 'No, bajo ninguna circunstancia'». Un par de semanas tras el estallido de la conflagración, manifestó su desilusión porque el movimiento obrero europeo no había evitado la catástrofe. Estaba en contra de las directrices nacionalistas dentro del movimiento de la Internacional Socialista y pensaba que, una vez acabada la guerra, se podría pedir cuentas a los “traidores”. Fue asesinada en enero de 1919 por paramilitares recién desmovilizados del frente de batalla.

Clara Zetkin fue dirigente del Partido Socialdemócrata Alemán y organizadora de la sección de mujeres del partido. En su lucha contra la guerra, lanzó un llamamiento a las mujeres socialistas para que se opusieran enérgicamente a un enfrentamiento armado que solo beneficiaba a la burguesía machista, clerical y explotadora, y convocó a una Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas que tuvo lugar en la ciudad de Berna (Suiza). En esa conferencia se condenó la contienda imperialista con la consigna «Guerra a la guerra». Por ello fue encarcelada y expulsada del partido.

En el contexto de la Primera Guerra Mundial se celebraron en Europa dos Congresos de Mujeres Pacifistas en 1915: el Congreso de Mujeres Socialistas Internacionalistas mencionado anteriormente y el Congreso Internacional de Mujeres, en La Haya, liderado por la sufragista y pacifista holandesa Aleta Jacobs y por Jane Addams (Premio Nobel de la Paz). En él participaron 1.136 mujeres, aunque a muchas de ellas sus gobiernos no les dieron pasaportes o las detuvieron en las fronteras. Al regresar a sus países fueron acusadas de “antipatriotismo” y bastantes de ellas detenidas o vigiladas por la policía. De este congreso nació la Liga Internacional de Mujeres Por la Paz y Libertad (WILPF) de la mano de importantes sufragistas que defendían que la igualdad de derechos de las mujeres y la paz estaban relacionadas y, en plena Primera Guerra Mundial, proclamaban que la guerra no era inevitable. Estos Congresos simbólicos e históricos tomaron resoluciones que sentaron las bases de un Movimiento Internacional de Mujeres por la Paz.

En 1917 se celebró el “Congreso Internacional de Mujeres por el entendimiento entre los pueblos”.

Hubo manifestaciones masivas de mujeres y diversas acciones contra la guerra en Berlín, en ciudades de Austria, Rusia y otros países. Mujeres pacifistas que vivían en las naciones beligerantes fueron perseguidas, encarceladas y sometidas a vigilancia policial. Hélène Brion, maestra pacifista francesa, fue acusada de traición y se la incapacitó para ejercer la docencia por distribuir panfletos pacifistas en 1918. Durante el juicio declaró: “Soy enemiga de la guerra porque soy feminista... Entre la guerra y el feminismo hay una contradicción total”.

Mujeres de Negro de Madrid visibilizamos nuestro reconocimiento y apoyo a todas las Casandras que en la actualidad trabajan por la desmilitarización social, por los Derechos Humanos, la solidaridad y un mundo sin guerras.

También homenajeamos a las compañeras de Mujeres de Negro que nos han dejado, Ana San Emeterio de Cantabria y Conchi Chaus de Valencia. Su compromiso y solidaridad nos acompañarán siempre.

Saquemos la guerra de la historia y de nuestras vidas

Mujeres de Negro contra la Guerra // mdnmadrid[arroba]mujerpalabra.net

http://www.mujerpalabra.net/activismo/mdnmadrid/index.htm

http://www.mujeresdenegromadrid.blogspot.com/

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Comunicado de Mujeres de Negro de Madrid del mes de junio

29 June, 2014 - 07:00

Mujeres de Negro de Madrid recordamos a Casandras de la Gran Guerra:

Bertha von Suttner trabajó por evitar otra guerra, cualquier guerra. Su novela ¡Abajo las armas! es un alegato por la paz y describe los horrores del enfrentamiento armado. Fundó la Sociedad Austriaca de la Paz en 1891 y trabajó incansablemente a favor del movimiento pacifista internacional. Denunció el rearme en la paz, que arruinaría a las naciones y advirtió sobre la preparación de los estados para una gran contienda. Se enfrentó a la oposición virulenta de nacionalistas, clero y antisemitas. Al mes de su muerte se inició la Primera Guerra Mundial. Fue la primera mujer que recibió El Premio Nobel de la Paz.

Rosa Luxemburgo en febrero de 1914 fue arrestada por incitar a los soldados a la rebelión y declaró: «Si ellos esperan que asesinemos a los franceses o a cualquier otro hermano extranjero, digámosles: 'No, bajo ninguna circunstancia'». Un par de semanas tras el estallido de la conflagración, manifestó su desilusión porque el movimiento obrero europeo no había evitado la catástrofe. Estaba en contra de las directrices nacionalistas dentro del movimiento de la Internacional Socialista y pensaba que, una vez acabada la guerra, se podría pedir cuentas a los “traidores”. Fue asesinada en enero de 1919 por paramilitares recién desmovilizados del frente de batalla.

Clara Zetkin fue dirigente del Partido Socialdemócrata Alemán y organizadora de la sección de mujeres del partido. En su lucha contra la guerra, lanzó un llamamiento a las mujeres socialistas para que se opusieran enérgicamente a un enfrentamiento armado que solo beneficiaba a la burguesía machista, clerical y explotadora, y convocó a una Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas que tuvo lugar en la ciudad de Berna (Suiza). En esa conferencia se condenó la contienda imperialista con la consigna «Guerra a la guerra». Por ello fue encarcelada y expulsada del partido.

En el contexto de la Primera Guerra Mundial se celebraron en Europa dos Congresos de Mujeres Pacifistas en 1915: el Congreso de Mujeres Socialistas Internacionalistas mencionado anteriormente y el Congreso Internacional de Mujeres, en La Haya, liderado por la sufragista y pacifista holandesa Aleta Jacobs y por Jane Addams (Premio Nobel de la Paz). En él participaron 1.136 mujeres, aunque a muchas de ellas sus gobiernos no les dieron pasaportes o las detuvieron en las fronteras. Al regresar a sus países fueron acusadas de “antipatriotismo” y bastantes de ellas detenidas o vigiladas por la policía. De este congreso nació la Liga Internacional de Mujeres Por la Paz y Libertad (WILPF) de la mano de importantes sufragistas que defendían que la igualdad de derechos de las mujeres y la paz estaban relacionadas y, en plena Primera Guerra Mundial, proclamaban que la guerra no era inevitable. Estos Congresos simbólicos e históricos tomaron resoluciones que sentaron las bases de un Movimiento Internacional de Mujeres por la Paz.

En 1917 se celebró el “Congreso Internacional de Mujeres por el entendimiento entre los pueblos”.

Hubo manifestaciones masivas de mujeres y diversas acciones contra la guerra en Berlín, en ciudades de Austria, Rusia y otros países. Mujeres pacifistas que vivían en las naciones beligerantes fueron perseguidas, encarceladas y sometidas a vigilancia policial. Hélène Brion, maestra pacifista francesa, fue acusada de traición y se la incapacitó para ejercer la docencia por distribuir panfletos pacifistas en 1918. Durante el juicio declaró: “Soy enemiga de la guerra porque soy feminista... Entre la guerra y el feminismo hay una contradicción total”.

Mujeres de Negro de Madrid visibilizamos nuestro reconocimiento y apoyo a todas las Casandras que en la actualidad trabajan por la desmilitarización social, por los Derechos Humanos, la solidaridad y un mundo sin guerras.

También homenajeamos a las compañeras de Mujeres de Negro que nos han dejado, Ana San Emeterio de Cantabria y Conchi Chaus de Valencia. Su compromiso y solidaridad nos acompañarán siempre.

Saquemos la guerra de la historia y de nuestras vidas

Mujeres de Negro contra la Guerra // mdnmadrid[arroba]mujerpalabra.net

http://www.mujerpalabra.net/activismo/mdnmadrid/index.htm

http://www.mujeresdenegromadrid.blogspot.com/

Categorías: antimilitar