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Actualizado: hace 1 hora 24 min

El militarismo como agente destructor del medio ambiente y de los seres humanos (1)

20 January, 2021 - 00:00

Toda esta indignación que nace de los sistemas no sostenibles e injustos se puede convertir en el fertilizante para hacer una actividad orgánica y creativa. Hay que utilizar la ira como un compost.
Creo que no indignarse por un sistema medioambiental destructivo es formar parte de ello.
Pero esta indignación se puede utilizar para crear alternativas.

Vandana Shiva

1. Capitalismo y cambio climático

Si bien la preocupación por los cambios que, a causa de la acción humana, está experimentando el clima del planeta Tierra, y las devastadoras consecuencias que ello acarrea, no es algo reciente, sí es cierto que es una cuestión que ha cobrado gran relevancia social en los últimos tiempos. A medida que las temperaturas medias suben más y más debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que se multiplica la acción depredadora de gobiernos, empresas y particulares sobre los recursos naturales, también crece la atención social y mediática, la inquietud y la pública indignación ante estas dinámicas y la falta de intención por parte de los poderes gobernantes para detenerlas y contrarrestarlas.

La acción destructora a gran escala que el capitalismo neoliberal ejerce sobre su propio hábitat no es algo actual sino que se remonta a los orígenes del propio sistema. El proceso de desarrollo tecnológico del capitalismo ha incrementado la capacidad de depredación de los recursos naturales que conlleva, no solo la destrucción de la naturaleza, sino el exterminio progresivo de los pueblos originarios que tratan de resistirse a su avance. Un sistema que se basa en el incremento sistemático tanto de la producción como del consumo, por su propia naturaleza, no es sostenible dado que los recursos son limitados.

Quienes dirigen estos sistemas políticos y económicos del Norte Global hasta ahora plantean, como única solución para afrontar los posibles problemas sociales derivados de la crisis climática y el posible colapso, medidas de control social basadas en la militarización y securitización.

Ante la previsible escasez de determinados recursos fundamentales, como puede ser el agua, las grandes corporaciones y los estados del Norte Global, únicamente se han planteado garantizarse el acceso a esos recursos por medio de la violencia. Violencia que se ejerce tanto a través de los ejércitos como de estructuras de seguridad privada a cargo de mercenarios como Xe, la antigua Black Water.

En ningún momento se ha planteado la opción de iniciar una dinámica de reducción del consumo y por tanto de la dependencia de estos recursos.

Este proceso de apropiación de los recursos desencadena movimientos de personas a las que se está empezando a llamar “refugiadas climáticas”. De nuevo la respuesta desde el Norte Global es la exclusión militarizada: se califica de amenaza a las personas refugiadas y el único discurso es una apelación a la seguridad y asociado a él, naturalmente, al imprescindible control de las fronteras. La industria de la seguridad tiene un particular y gran interés en la intensificación y la expansión de la securitización de las fronteras. Como ejemplo tenemos el FRONTEX. Cuando nace en octubre de 2005, Frontex (Agencia Europea de Fronteras y Costas), destinada al control de los flujos migratorios, contaba con un primer presupuesto anual modesto de 19,2 millones de euros. En la actualidad, su sede se encuentra en Varsovia, recibe fondos comunitarios por un valor de 333 millones de euros y tiene una plantilla de casi 700 trabajadores. En el último discurso de Jean-Claude Juncker sobre el estado de la Unión Europea el todavía comisario europeo propuso casi triplicar el gasto “en la gestión de la migración y de la fronteras” durante el periodo 2021-2027 hasta los 33.000 millones de euros. Otra de las novedades incluía desplegar 10.000 agentes de Frontex en las principales fronteras en 2027(1).

Otros actores fundamentales para mantener a raya tanto a las personas desplazadas por motivos climáticos, de guerra, o de hambre como al enemigo interno disidente son el ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad de los estados.

(continuará…)

Nota

1- https://www.publico.es/sociedad/pre...

Categorías: antimilitar

La UME y el caos que causan las nevadas

13 January, 2021 - 00:00
Categorías: antimilitar

Sunday, bloody sunday... Tarajal

8 January, 2021 - 00:00
Categorías: antimilitar

Algunos aportes sobre la guerra en el Sáhara

6 January, 2021 - 13:20

Con motivo de la ruptura del alto del fuego por parte de Marruecos, el inicio de una guerra abierta con el Frente Polisario, la inacción de Naciones Unidas y la Europa fortaleza en este conflicto, creo oportuno señalar algunas cuestiones:

La ruptura del alto el fuego por parte de Marruecos es un acto de agresión militar contra el pueblo saharaui, siendo absolutamente legítimo el derecho a la defensa que le asiste al pueblo saharaui, al frente polisario,en el contexto de una guerra provocada por el ejército genocida marroquí.

El gobierno español mira para otro lado estrechando aun más si cabe sus lazos con el régimen de Hassan II con acuerdos bilaterales en materia militar, económica, control de fronteras.

En cambio, el estado español es responsable político de la situación, así como la potencia administradora del Sáhara.

Desde aquí donde vivo, no quiero ser neutral, me lo impide mi conciencia cuando es el pueblo saharaui quien sufre toda la violencia por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes con todo su aparato carcelario, policial, judicial y militar contra civiles pacíficos y desarmados.

En el centro del análisis quiero situar el carácter civil, pacífico y político del movimiento popular saharaui, lo que contrasta con el poder militar del estado marroquí.

Este poder de la violencia se ve reforzado y alimentado con las armas que le vende el reino de España y esto parece ser compatible con la democracia, con los derechos humanos.

La ocupación militar marroquí también resulta harto rentable para las compañías de armamento. Marruecos es uno de los grandes clientes de la industria armamentística española y durante los últimos 7 años se ha exportado material por más de 500 millones de euros. Buena parte de estos productos acaban utilizándose en la zona ocupada, como por ejemplo buques militares, vehículos blindados o sistemas de vigilancia. La naviera gallega Rodman había exportado ilegalmente buques militares haciéndolos pasar por embarcaciones civiles así como el uso de vehículos blindados de otra empresa nacional, llamada Urovesa, para reprimir las protestas del pueblo saharaui y perpetuar su ocupación en el Sáhara Occidental. Éstas exportaciones contravienen la legislación internacional y nacional de venta de armamento. Además, la multinacional Indra, que tiene un 18% de participación pública a través del SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) cerró en 2019 un contrato de 6,3 millones de euros con el Gobierno marroquí para ampliar su red de vigilancia por satélite, que abarca las ciudades ocupadas de El Aaiún, Smara y Dajla. Además de los regalos de material policial, a través de una fundación del MAEC, al régimen marroquí por parte del Gobierno español.

Existe una doble vara de medir cuando se habla de terrorismo porque acaso ¿ la guerra no es una forma de terror? Acaso ¿el gobierno marroquí y sus fuerzas armadas no ejercen un terror planificado contra la población civil saharaui?

Creo que una cultura de paz debe fomentar el diálogo, el encuentro entre las partes, la mediación que propicie el fin de la ocupación, el colonialismo y la guerra. Por eso no se trata de defender la ausencia de guerra, sino la práctica de la justicia.
Una paz que sea capaz de parar la espiral de la guerra y reoriente el conflicto hacia escenarios civiles de diálogo y encuentro.

Una paz que ponga en el centro el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y que puedan ser investigados con las debidas garantías jurídicas todos los actos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas marroquíes.

Para ello, y en concordancia con lo que reivindica NOVA (noviolencia en el Sáhara) me sumo a la exigencia de que se nombre un nuevo enviado personal del secretario general de la ONU.

La ONU ha dejado de actuar en el Sáhara desde que en 2019 dimitiera el enviado personal y durante este tiempo ha habido una paralización del proceso político.
Que visite los campos de refugiados saharauis y los territorios del Sáhara bajo control marroquí y que se reúna con los representantes de la juventud y las mujeres, para que se de un proceso representativo e inclusivo.

Apelamos al derecho a compartir nuestras ideas y opiniones sobre el conflicto y proponer nuevas ideas de como puede resolverse.

Pedimos al enviado especial su apoyo a la convocatoria de un referéndum de autodeterminación tal y como recogía la propuesta de arreglo firmada en 1988 entre el Frente Polisario y Marruecos, y que no existan ningún tipo de trabas ni militares ni administrativas.

No hay una solución militar en el Sáhara porque las armas matan, no construyen vida.

Por una solución política y pacífica al conflicto.

Porque soy civil, no militar.

Pedro Martínez
El Sauzal , a 18 de diciembre de 2020.

Categorías: antimilitar

Alternativa Antimilitarista.Moc ante la guerra permanente en el Sáhara

29 December, 2020 - 09:49

En estos 45 años, Marruecos no ha cumplido en ningún momento con los Acuerdos de Paz y los Derechos Humanos. La ocupación ilegal del territorio, el bloqueo a la celebración del referéndum, las violaciones de Derechos Humanos contra la población saharaui y el expolio de sus recursos naturales son buena muestra de ello. Desde hace tres años, a estos incumplimientos se suman las obras de una carretera que cruza el paso del Guerguerat, incumpliendo una vez más los acuerdos de 1991, con la intención clara de exportar las mercancías fruto del expolio del territorio ocupado.

Desde Alternativa Antimilitarista.MOC, de la mano de NOVA (Noviolencia en el Sáhara), mostramos nuestra más enérgica denuncia a este nuevo ataque a los Derechos Humanos y de ruptura del alto el fuego por parte del régimen marroquí así como reconocemos el derecho del pueblo saharaui de autodeterminación, al que le asiste toda la legalidad internacional y los Acuerdos de Paz.

España no es un agente neutral en este conflicto. El estado español es responsable político de la situación y es además la potencia administradora del Sahara Occidental, como así ha reconocido la ONU. Por tanto, el gobierno español no puede seguir manteniendo una falsa impostura de neutralidad ante esta situación. España lleva casi treinta años obviando e incumpliendo el compromiso de realizar un referéndum de autodeterminación como recoge los acuerdos de 1991, siendo un posicionamiento que de facto le sitúa con el régimen marroquí y contra el derecho internacional.

La ocupación militar marroquí también resulta harto rentable para las compañías de armamento. Marruecos es uno de los grandes clientes de la industria armamentística española y durante los últimos 7 años se ha exportado material por más de 500 millones de euros. Buena parte de estos productos acaban utilizándose en la zona ocupada, como por ejemplo buques militares, vehículos blindados o sistemas de vigilancia. La naviera gallega Rodman había exportado ilegalmente buques militares haciéndolos pasar por embarcaciones civiles así como el uso de vehículos blindados de otra empresa nacional, llamada Urovesa, para reprimir las protestas del pueblo saharaui y perpetuar su ocupación en el Sáhara Occidental. Estas exportaciones contravienen la legislación internacional y nacional de venta de armamento. Además, la multinacional Indra, que tiene un 18% de participación pública a través del SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) cerró en 2019 un contrato de 6,3 millones de euros con el Gobierno marroquí para ampliar su red de vigilancia por satélite, que abarca las ciudades ocupadas de El Aaiún, Smara y Dajla. Además de los regalos de material policial, a través de una fundación del MAEC, al régimen marroquí por parte del Gobierno español.

Todo para defender los intereses de las grandes empresas españolas en el Sáhara Occidental, que perpetúa la ocupación y la guerra permanente contra el pueblo Saharaui.

El silencio de la comunidad internacional sobre el Sáhara Occidental y la difícil situación de las refugiadas saharauis equivalen a aceptar décadas de sufrimiento e injusticia.

Ahora más que nunca, ha llegado el momento de emprender acciones globales en pro de la paz. Como expresan nuestras compañeras de NOVA, asegurando que el proceso de paz sea inclusivo y representativo, desde la garantía a un proceso de paz plural y apoyando la participación de los jóvenes y también de las mujeres en el proceso de negociaciones.

Expresamos nuestro apoyo y exigencia a un referéndum sobre la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental.

Exigimos al Gobierno español la denuncia inmediata de la ruptura del alto el fuego por parte de Marruecos, que asuma su papel como potencia formalmente administradora del territorio y se garantice el respeto de los derechos humanos, sociales y económicos del pueblo saharaui y el cese del saqueo de recursos naturales, así como el negocio de venta de armas, como pasos previos a asegurar una solución justa, pacífica, democrática y duradera a este conflicto que pasa ineludiblemente por el respeto al derecho a la libre determinación del pueblo saharaui.

Estado español, a 28 de Diciembre del 2020

Categorías: antimilitar

45 años de los objetores de Can Serra, el inicio del movimiento de desobediencia civil más grande de Europa

25 December, 2020 - 10:18

Pol Pareja

«A todos vosotros, en esta noche de Navidad, os queremos enviar nuestro mensaje de paz aunque al hacerlo corramos el riesgo de ser detenidos».

El mensaje lo firmaba un grupo de jóvenes y se leyó en varias iglesias catalanas durante la misa del Gallo en la noche de Navidad de 1975. Anunciaban que se negaban a hacer el servicio militar y que, como contrapartida, llevaban ocho meses inmersos en un proyecto social de ayuda a los vecinos en el barrio de Can Serra, en L'Hospitalet de Llobregat. Ofrecían labores de alfabetización, cuidado de ancianos y un servicio de guardería, entre otras actividades.

El mensaje corrió por todo el país y con él empezó el movimiento de desobediencia civil más grande que ha habido en Europa. Después del mensaje de Can Serra, los grupos de objetores comenzaron a florecer por toda España y acabarían implicando a más de un millón de jóvenes durante casi 30 años. Buena parte de ellos prefirió ingresar en prisión a cambio de visibilizar una reivindicación -acabar con la mili- que se extendió como una mancha de aceite al albor de la Transición.

Los objetores de Can Serra, en una imagen de 1975. Archivo Pepe Beúnza

«Can Serra fue capital», rememora Pepe Beúnza, uno de los jóvenes que firmó el manifiesto y el primer objetor de conciencia por motivos políticos del país. Beúnza ya había pasado entonces por varias cárceles por negarse a hacer la mili, pero su reivindicación no tenía suficiente impacto. «Hasta ese momento solo habíamos hecho acciones individuales y el manifiesto lo cambió todo: convirtió nuestra reivindicación en algo colectivo e imparable».

Más allá de los motivos pacifistas y antimilitaristas para oponerse a la mili, la experiencia suponía, para muchos, un momento traumático de la juventud. Abusos, vejaciones y accidentes eran la rutina en unos cuarteles a los que llegaban veinteañeros despavoridos desde todos los rincones del país.

El servicio militar no solo suponía una mala experiencia: cada año morían y quedaban mutilados cientos de reclutas en accidentes. Los heridos se contaban por miles y los suicidios eran habituales hasta el punto de convertirse en la principal causa de muerte. Según una encuesta de 1985, el 20% de los que iban a la mili interrumpía sus estudios, el 15% perdía el empleo y el 13% la pareja.

«Otra de las cosas que logramos cambiar fue esa convicción que había en nuestra sociedad de que uno no se convertía en un hombre hasta que pasaba por la mili», añade Martí Olivella, otro de los objetores de Can Serra.

Esta es la historia sobre cómo un mensaje navideño removió las conciencias de los jóvenes de todo un país y proyectó una lucha, la de la desobediencia civil, de la que han bebido todo tipo de movilizaciones posteriores: desde el activismo antiglobalización pasando por el 15-M e incluso por el independentismo catalán en octubre de 2017.

Los años de preparación

Hay un tipo francés que se llama André y que a día de hoy no es consciente de la influencia que ha tenido en la objeción de conciencia en España. André vivía en una comuna ecologista en Francia y viajó a Valencia para aprender a cultivar arroz a mediados de los 60. Allí, en un bar de la calle Nave, conoció a un grupo de barbudos universitarios que solían charlar de política. Entre los que escuchaban estaba Pepe Beúnza, un joven estudiante de Ingeniería Agrónoma.

«Es increíble porque a día de hoy él no sabe que fue el primero en hablarnos de la objeción de conciencia por motivos políticos», recuerda Beúnza. En esa época, los únicos que se oponían a la mili eran los testigos de Jehová, que ingresaban en la cárcel porque se negaban a hacer el servicio militar por motivos religiosos.

André les habló de una comunidad en Francia llamada El Arca, fundada por el filósofo y discípulo de Ghandi Lanza del Vasto. Eran objetores de conciencia, ecologistas y pacifistas. Hacían yoga y cultivaban sus propios alimentos. «Nos dejó a todos impresionados», afirma Beúnza. El verano siguiente, 1967, se planta allí con un amigo y le cuentan que en el Pirineo hay otro grupo de hippies objetores que hacen un servicio de desarrollo rural como alternativa al servicio militar. «Me pareció formidable y ahí empezó todo».

Pepe Beúnza, durante su periodo en el batallón correccional en el Sáhara.

Durante los siguientes cuatro años, Beúnza se convertirá en el primer objetor de conciencia de España por motivos políticos. Antes de negarse a hacer la mili viaja y busca apoyos internacionales. Aprende a hacer yoga y a tocar la flauta asumiendo que pasará años entre rejas. En enero del 71 se niega a vestir el uniforme y entra en prisión. Meses después se le condena a 15 meses de cárcel en un consejo de guerra. Una marcha a pie desde Ginebra hasta Valencia le da eco internacional a su caso, pero en ese momento hay pocos jóvenes españoles dispuestos a pasar por prisión.

Hasta 1975 Beúnza entrará y saldrá de la prisión en varias ocasiones. Le indultan en noviembre del 71 y vuelve a negarse a hacer el servicio militar. En diciembre de ese año se va al barrio de Orriols, en Valencia, y pone en marcha un servicio civil como alternativa a la mili. Es detenido y regresa a la cárcel. Le mandan a un batallón disciplinario en el Sáhara. En marzo del 74 vuelve a ser libre después de tres años y dos meses en los que ha pasado por dos calabozos, diez cárceles y el mencionado batallón. En ese momento aún tiene pendiente hacer la mili.

Beúnza se pasa el año siguiente dando charlas por todo el país explicando su caso. Cada vez hay más gente dispuesta a seguir su camino. En abril de 1975 se forma el primer grupo de objetores de conciencia con el apoyo del activista Gonzalo Arias. Ese verano se retiran durante tres días al monasterio de Montserrat, acogidos por los monjes benedictinos, y acaban de diseñar su plan. En ese momento son cinco pero vendrán muchos más.

La marcha a Valencia desde Ginebra reunió a decenas de jóvenes que internacionalizaron el encarcelamiento de Beúnza. Archivo Pepe Beúnza

El barrio de Can Serra

Uno de los del grupo, Martí Olivella, vive desde hace dos años en una comunidad parroquial en el barrio de Can Serra, en L'Hospitalet de Llobregat. Allí han contribuido a crear la asociación de vecinos y la «casa de la reconciliación», un local parroquial en el que se hacen actividades de todo tipo para los habitantes del barrio.

«Can Serra tenía un movimiento vecinal muy fuerte coordinado con la comunidad parroquial», recuerda Beúnza sobre ese distrito en pleno proceso de reconversión, con cada vez más viviendas, menos campos de conreo y todavía sin apenas equipamientos. «Hubo una parte progresista de la iglesia, especialmente en Catalunya, cuyo papel fue muy importante para la objeción de conciencia», añade Olivella.

Los objetores se van a vivir juntos a un piso de ese barrio. Duermen en el suelo con una colchoneta y un saco de dormir. Algunos trabajan para mantener a los demás, otros se dedican a preparar la acción y buscan vías para financiarse y todos colaboran en el servicio civil que han puesto en marcha en el barrio.

Enseñan a leer a los abuelos (en ese momento en España había siete millones de analfabetos), montan unas colonias de verano para los niños que vagan por las calles del barrio, hacen talleres de artesanía, arreglan un local del barrio, ponen en marcha una guardería para los hijos de las mujeres trabajadoras…

Los objetores Jordi Agulló, (izquierda), Pepe Beúnza y Joan Guzmán en Barcelona (1974). Beúnza apenas tiene barba porque acababa de salir de la cárcel. Archivo Pepe Beúnza

A pesar de que en can Serra les acogen bien, tanto Beúnza como Olivella reconocen que buena parte de los vecinos los veían como bichos raros, en un momento en el que buena parte de la oposición de izquierdas todavía veneraba la lucha armada de ejércitos como el cubano o los revolucionarios sudamericanos. «Teníamos la incomprensión de la derecha y de la izquierda», rememora Olivella. «De alguna manera nos sentíamos muy solos».

Paralelamente van preparando la campaña de comunicación. Pensando en el momento en el que les llevarán a la cárcel, graban un pequeño documental junto a una cooperativa de cine del barrio y preparan un librillo de casi treinta páginas en el que explican su caso y los perfiles de cada uno. Cuando ya llevan unos meses en el barrio habilitan un segundo piso en el que irá a vivir un segundo grupo de objetores que tomarán el relevo cuando encarcelen al primer equipo.

«Esos meses fueron intensísimos», apunta Beúnza, «la cohesión era muy potente, éramos un grupo que se preparaba para el sacrificio porque todos sabíamos que acabaríamos entre rejas». Olivella recuerda con nostalgia esos meses en los que un grupo de desconocidos que solo tenían el pacifismo como denominador común se fueron a vivir juntos a un piso del extrarradio barcelonés. «Es cierto lo que dice Pepe, fue muy intenso».

La noche de Navidad de 1975

Días antes de esa noche, Beúnza y Olivella recorren la ciudad en moto repartiendo por distintas iglesias el pequeño librillo que han publicado gracias a los conocimientos de Olivella, que trabaja en una imprenta. El librillo está cuidadosamente editado y describe el proyecto, explica qué es la objeción de conciencia, resume los motivos para oponerse al servicio militar e incluye una pequeña biografía de cada uno de los objetores. El manifiesto se titula ‘Un camino hacia la paz'.

Hace apenas un mes que ha muerto Franco y el contexto internacional también es favorable: la guerra fría, la resaca del mayo del 68, el movimiento contra la guerra del Vietnam… El mundo está cambiando, España todavía más y los objetores lo saben. «Nos juntamos el grupo adecuado en el momento adecuado», resume Olivella.

El manifiesto que se leyó en distintas iglesias durante la noche de Navidad de 1975.

El grupo de objetores pasa esa noche en la misa del Gallo en Can Serra, donde se lee el manifiesto. El texto será leído en distintas parroquias catalanas que tienen a curas progresistas. Los objetores no saben si les detendrán esa misma noche, aunque acabarán volviendo a su piso sin problemas. Pasará más de un mes hasta que los agentes irrumpirán de madrugada en su domicilio y les llevarán a la cárcel.

«No teníamos miedo porque llevábamos mucho tiempo preparando el momento», señala Beúnza. «El miedo lo tienes cuando te escondes de algo, pero nosotros buscábamos que nos detuvieran para que la reivindicación tuviese más impacto», añade Olivella, que formaba parte del grupo de relevo y no firmó el primer manifiesto.

Los objetores de Can Serra son detenidos e ingresan en la cárcel después del manifiesto, pero el objetivo está cumplido. Después de esa noche navideña surgen proyectos de servicios civiles alternativos a la mili en Málaga, Vic, Madrid, Bilbao… La ley de amnistía de la Transición permitirá a los objetores de Can Serra salir de la cárcel, pero el servicio militar seguirá existiendo y cada vez habrá más objetores.

Martí Olivella (primero por la derecha), durante una marcha de apoyo a los primeros encarcelados de Can Serra.

El proceso continuará durante décadas. Primero serán los objetores hasta que en 1989 se aprueba una prestación social sustitutoria a la mili. La alternativa, sin embargo, dura el doble que el servicio militar. Empezará entonces el movimiento de los insumisos que llevará consigo una explosión cultural -publicaciones, grupos de música- especialmente fuerte en Catalunya y el País Vasco. A principios de los 90 se calcula que dos tercios de los internos de la cárcel de Pamplona eran jóvenes insumisos.

En 2001 finalmente se elimina el servicio militar obligatorio. «Ni en los pensamientos más optimistas cuando entré por primera vez en prisión llegué a pensar que en 30 años acabaríamos con la mili», explica Beúnza sobre el momento en que recibió la noticia. Se calcula que desde que los objetores de Can Serra publicaron su manifiesto hasta que se eliminó la mili hubo un millón de objetores, más de 50.000 insumisos y un millar de jóvenes que pasaron por la cárcel.

Si usted se ha librado de la mili, debería estarle agradecido a estos jóvenes que una noche de Navidad de hace 45 años iniciaron un camino sin retorno.

Protestas a favor de los objetores de conciencia. Archivo Pepe Beúnza

Fuente: https://www.eldiario.es/catalunya/4...

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¿Ejército español abolición?

23 December, 2020 - 00:00
Categorías: antimilitar

España, entre los Estados que vulneran el derecho internacional con la venta de armamento a Arabia Saudí

22 December, 2020 - 00:00

La naviera Bahri consigue burlar las restricciones al comercio de material de Defensa al calor de millonarios negocios en América y Europa. Cada pocas semanas, sus seis «barcos de la muerte» realizan rutas por ambos continentes. El Gobierno ha negado en reiteradas ocasiones cualquier violación del Tratado de Comercio de Armas, pero mantiene las actas en secreto.

danilo albin

En las oficinas centrales de la naviera pública de Arabia Saudí despedirán 2020 con las cuentas en positivo. Ni la guerra en Yemen ni el coronavirus en el mundo han frustrado los planes de esta compañía, que hasta septiembre pasado –últimos datos disponibles– ya había conseguido un aumento del 302% en su beneficio neto, alcanzando la cifra de 324 millones de euros. Ahora faltan los números del último trimestre, periodo en el cual dos de sus buques hicieron escala en España. En total, a lo largo de los últimos 12 meses hubo siete barcos de bandera saudí en puertos de este país.

«A pesar de los desafíos prevalecientes, pudimos aumentar la confiabilidad al continuar atendiendo a nuestros clientes sin interrupciones e implementar las mejoras prácticas de seguridad para garantizar la salud y el bienestar de nuestros empleados, que siguen siendo nuestra principal prioridad», afirmaba Abdullah Aldubaikhi, director ejecutivo de Bahri, al dar a conocer esas rimbombantes cifras.

Fundada en 1978, Bahri es hoy una gigantesca compañía que destaca en los rankings mundiales del sector marítimo. Cuenta con un amplio número de buques dedicados al transporte de petróleo, productos químicos, granel seco o carga general. Entre estos últimos figuran los seis barcos que recogen toneladas de armamento con destino a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Egipto.

En un documento sobre sus actividades en ese ámbito, Bahri señala que cuenta con «soluciones de logística y transporte para Fuerzas Armadas y el sector de Defensa», lo que incluye el transporte de «vehículos militares y helicópteros», además de ofrecer «logística especial para armas y municiones/explosivos». Del mismo modo, la naviera indica que hace de «enlace con el Gobierno» para facilitar esas operaciones.

«Nuestra amplia gama de soluciones de logística militar incluye el procesamiento de Aduanas previo a la llegada, la obtención de los permisos necesarios de las autoridades locales y la entrega de carga a destinos remotos», afirma Bahri. «Aprovechando nuestra probada experiencia en logística, movemos cargas militares especiales utilizando nuestras embarcaciones únicas. Podemos operar en plazos ajustados y ofrecer un servicio especial de último de entrar, primero en salir», asegura.

Tal como se refleja en distintas memorias y documentos de la naviera, a día de hoy Bahri cuenta «con la confianza exclusiva del ministerio de Defensa de Arabia Saudita» que encabeza el príncipe heredero Mohamed bin Salman. «Somos los transportistas exclusivos del ministerio de Defensa y del ministerio de Interior», se lee en la memoria de 2019.

El 3 de octubre de 2019, la compañía anunció que había obtenido una ampliación del acuerdo con Defensa para «el transporte y envío de equipos» a dicho ministerio. El nuevo contrato firmado entonces entre la naviera y la cartera dirigida por MBS estaba valorado en 91 millones de euros.

En ese contexto, Bahri tiene ya programadas varias rutas para sus barcos durante los próximos meses. Los buques prevén atracar en puertos de EEUU, Brasil, Italia, Turquía o Egipto. De momento no aparece España, aunque eso no significa que no tengan previsto regresar a puertos de este país: una de las prácticas de la naviera consiste precisamente en ocultar su paso por terminales españolas prácticamente hasta unas pocas horas antes de realizar la escala.

En ese contexto, la comisaria de Transporte de la Unión Europea, Alina Valean, acaba de informar al eurodiputado de Izquierda Unida Manu Pineda que trasladará al Gobierno español las denuncias sobre las maniobras que realizan los buques de Bahri en puertos españoles.

En el caso de España, estas visitas se producen bajo un absoluto hermetismo oficial: a día de hoy, el Gobierno se ampara en un decreto de la época de Felipe González para rechazar cualquier tipo de solicitud de información sobre las cargas que realizan estos barcos. No obstante, en varias ocasiones se ha comprobado que cargaban armamento vendido por España al régimen saudí. Solo en 2019 la Junta Interministerial que analiza las concesiones de licencias para la exportación de armamento otorgó 22 permisos para negocios millonarios con Arabia Saudí.
Tránsito prohibido

Alberto Estévez, portavoz sobre comercio de armas de Amnistía Internacional España, advierte que «los países en los que hacen escala los barcos de la naviera Bahri que han ratificado y/o firmado el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) están obligados legalmente a no permitir el tránsito de barcos que transporten armas para cometer atrocidades».

El TCA fue firmado y ratificado por España e Italia, países que habitualmente figuran en la ruta de los «barcos de la muerte» saudíes. Lo mismo ocurre con Francia y Reino Unido, en cuyos puertos también se han registrado cargas de material militar para ese régimen. Estévez cita concretamente el artículo 6 de ese tratado, que «prohíbe la transferencia de armas para cometer atrocidades».

«Por eso mismo, los gobiernos que han firmado o ratificado este Tratado están obligados a prohibir que los 'barcos de la muerte' de Bahri carguen armas en sus puertos cuando los Gobiernos saben que se pueden usar para violar las leyes de la guerra», afirma Estévez. A su juicio, «los Gobiernos no pueden ignorar que Yemen es la mayor catástrofe humanitaria del mundo en este momento, como la ha calificado la ONU».

En el párrafo 3 de ese artículo, el TCA establece la obligación de cada Estado parte de prohibir la transferencia de armas convencionales y municiones en todo su territorio cuando tiene conocimiento de que podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra, mientras que el artículo 2 establece que las actividades de comercio internacional abarcarán la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y el corretaje, que denomina «transferencias».

«Además, según el artículo 9 del Tratado, los Estados partes 'tomarán medidas apropiadas' para regular el tránsito/transbordo de armas convencionales a través de su territorio 'siempre que proceda y sea factible' y 'de conformidad con el derecho internacional aplicable'. Ese marco es más que suficiente para que los Gobiernos de los puertos que visitan los barcos de Bahri tomen medidas e impidan que los barcos saudíes continúen su periplo mortal», sostiene Estévez.

El portavoz de AI recuerda precisamente que en Bélgica, Italia, Francia y Reino Unido «las ONG han recurrido a la justicia para cuestionar la venta de armas a los saudíes en unos casos y, en otros, presentar recursos contra las autorizaciones de comercio de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes».

«Cumplimiento escrupuloso»

Ante estos cuestionamientos, la Secretaría de Estado de Comercio ha defendido en distintas ocasiones que las licencias de exportación de armamento a Arabia Saudí son otorgadas en el marco de «un cumplimiento escrupuloso» de la ley, al tiempo que ha asegurado que tales permisos son rechazados cuando no existen garantías sobre el uso posterior del armamento.

«En cada solicitud de exportación de material de defensa, las autoridades españolas exigen a la empresa una serie de garantías que se valoran, como también las condiciones de uso y del usuario final», aseguró en junio pasado en la Comisión de Defensa del Congreso la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, quien aseguró además que «se exigen certificados de último destino que garantizan que el uso final es el realmente declarado y que consta en el expediente de exportación», al tiempo que «existe también un certificado de último destino reforzado para países muy sensibles, que implica la no utilización del material fuera del territorio del país que lo importa».

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Categorías: antimilitar

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