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Actualizado: hace 24 min 56 seg

Protesta por la presencia del ejército en el Saló de l'Ensenyament de Barcelona

fai 15 horas 19 min

El Periódico
Barcelona

Una treintena de integrantes de la campaña Desmilitaritzem l'Educación —integrada por un centenar de entidades— ha protestado de nuevo este miércoles ante el estand del Ejército en el Saló de l'Ensenyament, que acoge hasta el domingo el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, por su presencia en la feria: «No es propio de un espacio educativo, de formación o de ocio», ha asegurado su portavoz, Jordi Muñoz.

Dos integrantes de la plataforma disfrazados de militares han hecho una parodia, y otros han leído un manifiesto en que rechazan la presencia del Ejército porque contraviene la Ley de fomento de la paz, una moción aprobada en el Parlament y una declaración del Ayuntamiento de Barcelona.

El estand del Ejército ha contado durante la acción de la plataforma Desmilitaritzem l'Educación con un cordón de más de una decena de mossos que lo protegía de la protesta, en la que se ha coreado consignas como 'Fora l'Exèrcit del Saló', 'Les armes no eduquen, les armes maten' y 'En aquest saló hi ha un estand tacat de sang', recoge Europa Press.

«Reclutamiento», no formación

Jordi Muñoz ha asegurado que la presencia del Ejército no es propia de un salón educativo y de formación, y ha dicho que las Fuerzas Armadas no ofrecen formación en el salón «sino reclutamiento». Asimismo, ha acusado a la Generalitat y el ayuntamiento de «connivencia y complicidad por haber abdicado de su responsabilidad» para hacer cumplir los acuerdos tomados en el Parlament y el pleno municipal contra la presencia militar en el salón.

El delegado de Defensa en Catalunya, el coronel Luis Castuera, ha explicado que el expositor tiene la misma superficie que el pasado año y que ofertan «como todos los años» las opciones educativas del Ministerio de Defensa, que van de carreras universitarias a grados de FP.

El 'conseller' de Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, ha recordado que su departamento no es quien organiza el Saló de l'Ensenyament, y ha considerado que no es el «lugar idóneo» para la presencia del Ejército o fuerzas policiales. «Si la Conselleria de Educación fuese quien organizase el salón, no invitaría al Ejército», ha dicho porque considera que no es el espacio donde deba promocionar sus productos, pero ha dicho que al no ser organizador no puede decidir quién puede tener expositor y que respeta la decisión.

Por su parte, la directora del Saló de l'Ensenyament, Laura Pararols, ha afirmado que el Ejército tiene la misma superficie y desde su profesionalización viene a ofrecer su oferta en formación universitaria y de FP. Ha subrayado que el Ejército no va al Saló de l'Ensenyament a reclutar jóvenes, sino que ofrecen su oferta de estudios reglados «igual que otros expositores».

https://www.elperiodico.com/es/soci...

Categorías: antimilitar

España está en guerra en la frontera Sur

20 March, 2019 - 00:00

Cuando escuchamos la palabra «guerra» lo primero que nos viene a la mente son soldados de uniforme en un escenario bélico, carros de combate, bombardeos y explosiones. Más allá de que la llamada «guerra convencional» en la actualidad no deja de evolucionar (misiles teledirigidos, bombardeos desde gran altura, satélites, drones, ataques cibernéticos...) y cada vez se corresponde menos con esa imagen, hay muchas otras formas de ejercer violencia sistemática contra las poblaciones que se desea poner bajo control o directamente eliminar. Un claro ejemplo de ello es lo que viene sucediendo de unos años a esta parte en la frontera Sur del estado español. Frontera que incluye tanto a las costas de Andalucía y el Sureste Peninsular, como a sus archipiélagos (especialmente Canarias) y las ciudades de Ceuta y Melilla.

Tradicionalmente se nos decía que una de las principales razones que justificaban la existencia de las fuerzas armadas españolas era la de contar con un ejército capaz de «defender» el territorio nacional de la posible invasión militar de un tercer país. En el imaginario colectivo y en algún que otro discurso oficial se sobreentedía que ese país agresor sería Marruecos; «los moros», dicho con connotación racista. Hoy, a ninguna persona mínimamente informada de cómo funcionan desde hace décadas la política internacional y las cuestiones bélicas, se le escapa lo ridículo de dicha afirmación. Quién nos fuera a decir, ironías de la vida, que el estado español y la monarquía alauí llegarían a ser estrechos aliados en una guerra: la que se libra contra las personas inmigrantes que, desde distintos puntos de África, se esfuerzan por alcanzar el continente europeo. Guerra en la que, no por desempeñarse contra seres humanos desamparados y desarmados, dejan de participar los patrióticos ejércitos.

Como decíamos, la propia guerra convencional no deja de evolucionar. Ello se traslada también a otro tipo de guerras, entre ellas las llamadas «asimétricas» (en las que los distintos contendientes parten de una gran desigualdad de medios), y las que podríamos etiquetar como «sociales», «económicas», «de frontera», etc. Así, en esta contienda que el estado español libra contra las personas migrantes que tratan de alcanzar su territorio nacional para poder emprender una vida mejor, no solo participan las Fuerzas Armadas propiamente dichas. También encontramos a sus cuerpos policiales y a diferentes dispositivos logísticos e institucionales de presunto carácter civil: burocracias, cárceles, infraestructuras, centros de control y mando, medios de transmisión y vigilancia… Incluso legislaciones específicas como la Ley de Extranjería. Todo ello sustentado en fuertes inversiones tecnológicas de las que se benefician no pocas empresas (1). De hecho, la guerra en la frontera Sur, como cualquier otra guerra, supone un formidable negocio para todo tipo de comisionistas y mercantiles. Más allá del propio coste de los efectivos y medios militares y policiales desplegados en esta frontera, el presupuesto directo en inversiones y mantenimiento (embarcaciones, helicópteros, radares, sistemas informáticos y de comunicaciones, vallados...) no deja de crecer. Resulta obsceno comparar los miles de millones que cada año se destinan a estos usos con, por ejemplo, el presupuesto total para políticas de asilo que, en 2016, fue de 75 millones (2). Las beneficiadas son las principales empresas armamentísticas internacionales. Entre ellas, Indra y GMV, de matriz española, o las divisiones también españolas de EADS-CASA y ATOS. Sin olvidar a las empresas, en principio, no bélicas, como Dragados-ACS, Ferrovial, Eulen y otras que hacen buenos negocios con los vallados de Ceuta y Melilla.

Este gran despliegue da cuenta del volumen del escenario del que hablamos. Una gran cantidad de personas, cada año, tratan de cruzar el Mediterráneo y el Atlántico. Solo contando a quienes perecen ahogadas en sus aguas en dicho intento, hablamos de varios miles (3). La cantidad de personas migrantes y la dimensión del dispositivo implementado para cerrarles el paso, así como su carácter militar, hacen que, en propiedad, podamos utilizar el término «guerra» para definir lo que está sucediendo. Guerra en la que el estado español participa en connivencia y estrecha alianza con el resto de sus socios europeos. Más allá de aquello de lo que los medios de comunicación no informan y no llega nunca a saberse (o a saberse mal) hemos podido ser testigos de gran cantidad de acontecimientos plagados de violencia e inhumanidad contra las personas migrantes. Embarcaciones atestadas que naufragan al ser obligadas a navegar en condiciones de dificultad, campamentos infrahumanos a pie de frontera en los que sus moradores malviven sometidos a gran presión policial, personas duramente reprimidas y golpeadas al tratar de rebasar la frontera (no olvidamos a las quince personas que en febrero de 2014 fallecieron ahogadas bajo las balas de goma de la Guardia Civil en la playa del Tarajal en Ceuta), detenciones, encarcelamientos, prácticas de dudosa legalidad —vulneradoras de los derechos humanos— como las llamadas «devoluciones en caliente», y un largo etcétera.
Sin dejar de mencionar que son menores y mujeres —amenazadas por la violencia sexual y el fantasma de la trata— quienes suelen llevar la peor parte. Y no únicamente porque el trayecto es mucho más duro y difícil para ellas, sino porque cuando llegan a territorio español deben seguir afrontando situaciones de discriminación muy graves. El discurso oficial victimiza a las mujeres al negarles la capacidad de migrar por decisión propia y tender a considerarlas exclusivamente como víctima de las redes de prostitución. Colocar la supuesta lucha contra la trata por encima de los derechos de las migrantes deja a las mujeres en situación de grave desprotección, especialmente a las madres que viajan acompañadas de sus criaturas (4). Esta guerra en las fronteras que impide el libre tránsito de personas pero favorece el de mercancías, afecta particularmente a las porteadoras de las fronteras de Ceuta y Melilla, mujeres para quienes el maltrato y los abusos policiales son parte de su realidad cotidiana. Además de no contar con protección legal ni social en ninguno de los estados que separa la frontera.

Por otra parte, cabe nombrar la detestable estrategia consistente en comprar los servicios de los gobiernos de los estados fronterizos para que sean éstos los que impidan el flujo de migrantes. Tal como en la guerra convencional se contratan mercenarios, sicarios y ejércitos locales interpuestos para que hagan el trabajo más sucio, se delega en las policías y ejércitos regulares de dichos países para que, pudiendo emplear impunemente cualquier tipo de método, disminuyan las cifras de las personas que llegan al mar o a la sombra de las verjas fronterizas europeas. Así podemos conocer cómo regularmente el Reino de Marruecos, a instancias de España y otros países de la UE, acosa a las personas migrantes, haciendo batidas y detenciones masivas o quemando sus campamentos (5); cómo Argelia, yendo aún más lejos, los abandona por miles en el desierto, sin agua ni comida (6), o cómo el fragmentado, violento e ingobernable ente político que es hoy Libia tras la intervención militar «humanitaria» de los ejércitos occidentales los convierte en objeto de tráfico de esclavos (7).

También es importante delatar las implicaciones ideológicas de esta guerra. La realidad de la inmigración a Europa (y a España) desde los países al sur del Mediterráneo, convenientemente exagerada y distorsionada, y «vendida» a la opinión pública como una especie de invasión capaz de causar efectos catastróficos en la economía y sociedad de los estados receptores, se convierte, más allá de ser la coartada que legitima estos dispositivos policiales y militares, en causa para la proliferación del racismo, la xenofobia, la islamofobia y, en general, todo tipo de pensamiento autoritario e incluso fascista. La propia Directiva de Defensa del gobierno español (8) señala como «amenaza» la inmigración, a la que tilda —con una clara intención criminalizadora— de «tráfico de personas». Ante ello es importante desmentir la falacia. Lo cierto es que la inmigración denominada «irregular» en la que, junto con otros, se inscribirían los grupos humanos a los que se intenta cerrar el paso en la frontera Sur, constituye una pequeñísima proporción; concretamente un 4'5% de toda la inmigración recibida por el estado español en 2017 (9). Por otra parte hay acuerdo entre las personas expertas en economía, incluyendo a las de orientación neoliberal, acerca de los beneficios que se derivan de la inmigración para los países receptores y del peligro que supondría una hipotética reducción de la misma. La propia OCDE llega a afirmarlo en un informe (10) recordando, entre otras cosas, que las personas inmigrantes siempre aportan a las arcas públicas más de lo que reciben de ellas o que son causa de estímulo económico al sumar población en edad de trabajar. Datos que, además, pueden contrastarse analizando cómo en el pasado fue la población emigrante procedente de diversos puntos del estado español y otros lugares del sur de Europa, la que contribuyó decisivamente al despegue económico de sus países de acogida. Hecho que, por otra parte, habría de despertar también algún tipo de reflexión ética a quienes hoy apuestan por la represión militar de inmigrantes en la frontera. En cualquier caso, y a pesar de lo dicho, cabe desvincular el fenómeno migratorio de cualquier especulación sobre sus posibles impactos de tipo económico: migrar es un derecho humano básico, y esta razón ha de prevalecer sobre cualquier otra consideración.
Conviene recordar, también, a la opinión pública, que no es común que nadie deje su hogar, a sus seres queridos, e inicie una peligrosa e incierta travesía hacia lo desconocido por mero capricho. La inmensa mayoría de personas migrantes se ven obligadas a abandonar su lugar de origen por causas de pobreza extrema, desplazamiento forzado, destrucción medioambiental o guerra «convencional». Detrás de, prácticamente, todas estas situaciones se encuentra la acción de los estados y grandes corporaciones primermundistas asegurando los «oportunos» procesos extractivos y de expolio, y garantizando el flujo incesante de riqueza que genera fortunas y financia el «bienestar» occidental. En este sentido resulta obsceno contemplar cómo se permite y favorece la «libertad» del dinero de moverse por doquier (véase la proliferación de los llamados «tratados de libre comercio»), al tiempo que se limita y proscribe el tránsito de los seres humanos expoliados.

Teniendo en cuenta lo dicho —especialmente el dato estadístico— cabe interpretar que la verdadera razón del dispositivo militar en la frontera Sur ha de relacionarse con el interés de las grandes corporaciones económicas en controlar el flujo (una suerte de grifo que puede abrirse y cerrarse a conveniencia) de la entrada de mano de obra, el de los estados en dotarse de barreras físicas solventes en previsión de migraciones masivas futuras (véanse los muros fronterizos que se construyen, también, en otros continentes para separar a países enriquecidos y empobrecidos) y el de todos ellos en disponer de una plataforma de injerencia —política, económica y militar— para intervenir colonialmente en el continente africano. En este sentido destaca la fuerte militarización que está experimentando en los últimos años el archipiélago canario (11), lugar que, además de ser espacio recurrente en el que la agencia europea Frontex (12) implementa sus dispositivos, también ve cómo sus aguas e islas se convierten progresivamente en ámbito de entrenamiento, concentración de fuerzas y centro logístico para la proyección militar de la OTAN en África noroccidental y central.

Por todo lo dicho, como personas amantes de la justicia y la paz que somos, expresamos nuestra solidaridad con todas las víctimas de esta ignominiosa y cruenta guerra que el estado español, junto con sus socios europeos y de la OTAN, perpetra en su frontera Sur.
Pedimos el cese de todo acoso y represión violenta contra las personas migrantes que solo buscan tener una vida mejor. Dado que ninguna persona debería ser ilegal por su lugar de origen, solicitamos el cierre de todos los centros de internamiento para inmigrantes (CIE), el fin de las devoluciones en caliente y las repratriaciones forzadas, y el desmantelamiento de los muros fronterizos. Exigimos el fin de todo contrato o acuerdo con terceros países para externalizar este tipo de prácticas represivas y antihumanas, así como del hostigamiento a las personas y organizaciones que trabajan contra esta injusticia.
Pedimos, asimismo, el fin de las operaciones militares españolas y de la OTAN que, con sede en Canarias y otros lugares, amenazan a diversos estados y comunidades africanas.
También que se destinen medios suficientes para garantizar la acogida en nuestra sociedad de personas refugiadas y migrantes sin recursos, fin para el que estarán mejor empleados que en el mantenimiento de la guerra.
Por último, exigimos que se extinga por completo la venta de armamento bélico, especialmente a países empobrecidos o en conflicto. Que el estado español se abstenga de cualquier acción de intervencionismo militar en otros países, incluyendo el despliegue de tropas, asesores e instructores, la puesta a disposición de otros ejércitos de las instalaciones militares en el propio territorio (y de su espacio naval y aéreo) o la participación en bloqueos logísticos y económicos de carácter militar. También que las multinacionales de matriz española que operan en países empobrecidos y/o emisores de emigración, sean debidamente fiscalizadas para —al menos— garantizar plenamente el respeto a las economías locales y su medio ambiente así como los derechos de las personas que trabajan para ellas.

Alternativa Antimilitarista-Moc
Marzo 2019.

Notas

1- «El gran negocio de la seguridad froteriza». El Salmón Contracorriente, 1-8-2016: http://www.elsalmoncontracorriente....

2- Datos tomados del «Informe: Guerras de frontera. Los fabricantes y vendedores de armas que se benefician de la tragedia de los refugiados en Europa». Transnational Institute, Stop Wapenhandel y Centre Delàs de Estudis per la Pau: http://www.centredelas.org/images/I...

3- «Por cuarto año consecutivo, 3.000 migrantes se ahogaron en el Mediterráneo». Cambio 16, 1-12-2017: https://www.cambio16.com/mundo/migr...

4- «Mujeres migrantes en la frontera sur española». 20 Minutos, 20-6-2018: https://blogs.20minutos.es/mas-de-l...

5- «La inmigración desde la frontera marroquí: Hacemos el trabajo sucio mientras España hace de buena». El Mundo, 29-7-2018: https://www.elmundo.es/espana/2018/...
«Marruecos continúa con su guerra a los inmigrantes: suma ya más de 500 detenciones». El Faro de Ceuta, 9-8-2018: https://elfarodeceuta.es/marruecos-...

6- «Argelia abandona a 13.000 migrantes en el Sáhara». La Vanguardia, 26-6-2018: https://www.lavanguardia.com/intern... inmigracion.html

7- «Así se subastan inmigrantes y refugiados convertidos en esclavos en Libia». Público, 15-11-2017: https://www.publico.es/sociedad/sub...

8- «Directiva de Defensa Nacional 2012»: http://www.defensa.gob.es/Galerias/...

9- «Las cifras de la inmigración irregular en España, lejos de los millones que menciona Casado». El País, 30-7-2018: https://verne.elpais.com/verne/2018...

10- «Is migration good for the economy?» OCDE, mayo 2014: https://www.oecd.org/migration/OECD...

11- «En Canarias hay un soldado por cada 233 y una trabajadora social por cada 24.075 habitantes». Koldobi Velasco en «Roscas y Cotufas». Canarias Radio, 5-11-2018: http://www.rtvc.es/canariasradio/mu...

12- La Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión o Frontex (del francés «Frontières extérieures», fronteras exteriores) es el organismo que dirige y coordina la llamada «lucha contra la inmigración ilegal» en la UE.

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BBVA destina cerca de 2.700 millones de euros a la industria armamentística

16 March, 2019 - 00:00

Ter García

Foto: Un tanque en el pasado desfile del 12 de octubre en Madrid
Olmo Calvo

Entre lo años 2013 y 2018, la multinacional estadounidense Aecom recibió más de 298 millones de euros. El destino de este dinero fue sufragar la elaboración de armas nucleares, electrónica militar y tanques de guerra. Es la empresa que más cantidad de dinero ha recibido de BBVA, una de las entidades financieras que más financiación otorga a la industria armamentística.

En total, entre los años 2013 y 2018 BBVA financió con 2.678.932.564 euros a distintas empresas de la industria armamentística, entre las que, además de Aecom, destacan, por el importe recibido, Boeing —259.147.647 euros, destinados a armas nucleares, electrónica militar, aviones de combate y helicópteros militares—, Maxam —257.275.023 euros, para explosivos militares y balas—, Jacobs Ingineering —207.739.517 euros para armas nucleares— o General Dynamics —169.530.239 euros para armas nucleares, misiles, tanques, submarinos, armas ligeras y explosivos—.

“El BBVA mantiene una línea importante en su cartera de clientes enfocada a empresas que fabrican armamento más o menos controvertido”

Así lo expone el estudio realizado por el Centre Delás, que cuantifica el dinero destinado por las entidades financieras dentro de la campaña Banca Armada. El informe final, con las cifras de inversión de todas las entidades financieras de origen español, estará disponible dentro de pocos meses, pero desde el Centro Delàs ya han adelantado la financiación destinada a la industria armamentística por el BBVA, la que más apuesta por este sector. “Es el banco de origen español que más invierte en la industria armamentísrica, y esto n es una novedad”, explica a El Salto Jordi Calvo, investigador del Centro Delàs y miembro de la campaña Banca Armada. “El BBVA mantiene una línea importante en su cartera de clientes enfocada a empresas que fabrican armamento más o menos controvertido”, continúa Calvo.

Hoy, cuando esta entidad celebra su junta de accionistas, varios activistas de la campaña Banca Armada han acudido para denunciar ante los accionistas del BBVA la contribución de este banco al mantenimiento de las armas nucleares, con la financiación de hasta diez empresas enfocadas en este sector, y de la industria de la guerra en general. Sin embargo, el personal de seguridad ha impedido que llegaran a la sala.

Las empresas financiadas por el BBVA, según denuncian desde la campaña, exportan armas a Oriente Medio y a países del norte de África, contribuyendo así a la escala de violencia en los conflictos armados en estos territorios que hacen que miles de personas se vean obligadas a buscar refugio en Europa. También son las empresas que han convertido a España en séptima potencia de la exportación de armas y se lucran de la política securitaria de control de fronteras, que pone freno, aun poniendo sus vidas en peligro, a la llegada de personas demandantes de asilo.
Armas BBVA

Gráfico del Centre Delàs sobre la financiación de armas por parte del BBVA.

“El BBVA es una entidad financiera que ha decidido participar de manera activa y total con la industria armamentística de todo el mundo, un sector por el que apuestan decididamente”, señala Calvo, quien apunta que el BBVA fue una de las primeras entidades financieras en fijar una política de actuación sobre inversiones en el sector de defensa, reaccionando al nacimiento de la campaña Banca Armada en 2006. Sin embargo, esta política de inversiones no ha supuesto una disminución en la financiación del sector armamentístico, sino un aumento, según aclara Calvo.

“Financian armas, pero ahora dicen que tienen una política y lo hacen de forma responsable”, apunta Calvo, explicando que, en realidad, esta política les prohíbe financiar armas ya prohibidas o en proceso de prohibición, lo que se puede leer como evitar la posibilidad de financiar armamento obsoleto o que, en un determinado momento, deje de ser negocio. “En el fondo es una visión económica, de negocio —apunta Calvo—, no tiene demasiado de enfoque de cultura de paz, derechos humanos o desarme, y, aunque digan que no, estamos viendo que esta autorregulación no lleva a otra cosa que a aumentar la financiación de la industria armamentística”.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/indus...

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El movimiento de objeción en Navarra: Años 80

14 March, 2019 - 00:00

Los objetores navarros iniciaron la década de 1980 organizados y abiertos a la calle en un doble sentido: practicaban su propia idea de servicio a la sociedad en el Taller Escuela de la Txantrea y difundían la no violencia y el antimilitarismo en charlas o acciones de denuncia y con la oficina de información que abrían cada semana en Navarrería 6-1º. El PSOE, antiguo aliado contra la ley de objeción de UCD, pasó a ser el nuevo adversario político. En diciembre de 1982 Navarra Hoy decía que “50 objetores y objetoras de conciencia encartelados se manifestaron en Pamplona frente a la sede del PSOE, en protesta por el Proyecto de Ley de Objeción de Conciencia que, próximamente, se debatirá en el Parlamento”. Si al principio, desde 1980 hasta 1982, se declaraban 10 objetores cada año, entre 1982 y 1984 fueron 76. La promulgación de la ley del PSOE llegaría por sorpresa el día de los Santos Inocentes de 1984, cuando las cifras de la objeción estaban creciendo significativamente, un buen caldo de cultivo para la estrategia de “objeción colectiva” que se estaba preparando. La llamada “carta colectiva” que firmaban individualmente los reclutas para declararse objetores al margen de aquella ley era un boicot (político y normativo) en toda regla. Un año después, el 24 de noviembre de 1985, Navarra Hoy se hacía eco de un balance del MOC que olía a triunfo y a desafío: “En Navarra la Objeción Colectiva ha sido todo un éxito. Nada menos que 167 firmas se han estampado, por ahora, al pie de este documento. Nos hemos situado como la cuarta provincia de todo el Estado español por número de objetores colectivos, y en la primera si atendemos a la relación con el número de habitantes”.

Don Liborio del Hierro, subsecretario de Justicia, advirtió al gobierno de Felipe González de que la estrategia de objeción colectiva, si prosperaba, podía convertirse en “el primer caso de desobediencia civil a gran escala en el Estado Español”. En efecto, entre 1985 y 1986 se estaba dejando notar el doble efecto (movilizador para los objetores y paralizador para el Estado) de las dos dinámicas rupturistas del movimiento de objeción, una interna y otra externa. La primera dinámica había ocupado la segunda mitad de los 70: hacia dentro, el MOC logró estructurarse como coordinadora de múltiples colectivos, y hacia fuera, se había esgrimido la desobediencia civil para bloquear una ley de la UCD que hubiera sido demasiado temprana para la incipiente movilización antimili (de haberse regulado entonces la objeción de conciencia, otro gallo cantaría, pero Suárez no pudo reconducir el problema por la doble presión, en sentido contrario, de los objetores y de los militares). Y la segunda dinámica rupturista se impuso durante los primeros años ochenta: hacia dentro, el movimiento de objeción se posicionó contra toda conscripción (la del servicio militar obligatorio y la de un servicio civil que, al ser sustitutorio del militar, lejos de ayudar a la abolición de la mili, la afianzaba), y hacia fuera, se acertó con la estrategia de la “objeción colectiva”. No nos extrañe que se alarmara el perspicaz de don Liborio y, con él, las autoridades forales, conscientes de que Navarra estaba en la delantera de un reto al Estado.

Tras el referéndum de la OTAN, el movimiento de objeción tomó fuerza y comenzó a recorrer el camino que lo llevaría a la insumisión. Aparecieron nuevos colectivos. La izquierda radical, que había entrado de lleno en el movimiento antimili con la creación en 1984 de los colectivos MILI KK, y que en Navarra estaba bien nutrida de activistas de los movimientos sociales (ecologistas, feministas y pacifistas), promovió también en Euskal Herria la creación de la Coordinadora Antimilitarista KAKITZAT, un colectivo que nació en Navarra en 1986 y que en adelante, además de coordinarse con el MOC, centraría buena parte de sus propias energías en apoyar la objeción de conciencia y en movilizar a jóvenes y estudiantes contra el reclutamiento militar. El movimiento de objeción de conciencia crecía en la Navarra de los 80 a la vez que se diversificaba.

El período 1986-1988 fue un tiempo de paradojas y parálisis legales. La ley no se estaba aplicando. El MOC había interpuesto un recurso de inconstitucionalidad a través del Defensor del Pueblo. Oficialmente se aceptaban las “cartas colectivas” de los objetores como si fueran declaraciones válidas, lo que ayudaba a que su número creciera exponencialmente (en noviembre de 1987 eran ya 570 los objetores navarros que habían firmado la “objeción colectiva”). Se barruntaba una amnistía encubierta, un borrón y cuenta nueva. Pero la movilización callejera no cesó, al contrario, hubo, por destacar algunas expresiones de actividad antimilitarista, protestas con detenciones masivas de activistas de KAKITZAT, sentadas y concentraciones de todo tipo, algunas frente al Gobierno Militar, campañas contra el sorteo de mozos y paros estudiantiles contra la mili, “encartelamientos” contra la prisión militar de objetores sobrevenidos, ocupaciones pacíficas de instalaciones municipales y de la sede del PSOE, quema de cartillas militares, presentación de declaraciones de “reobjeción” (objetores que, para eludir los efectos de la amnistía encubierta, reclamaban su condición de reclutas con la intención de volver a objetar), y un largo etcétera de actividades lúdicas, conciertos... Aquel tiempo de impasse legal estaba sirviendo para tomar impulso. Corría el año 1988 cuando, con el beneplácito del Tribunal Constitucional, el Gobierno quiso aplicar la ley. La amnistía encubierta desactivaba el fenómeno de la objeción colectiva. Pero el movimiento antimilitarista apostó una vez más por la vía rupturista: en principio, con tácticas como la “reobjeción”;después, con el boicot a entidades colaboracionistas con la Prestación Social Sustitutoria;y, por último, con la campaña de insumisión. Hubo de costar mucho preparar algo tan contundente, pero el 20 de febrero de 1989 se presentaron en distintos gobiernos militares del Estado 57 insumisos. ¿Cuántos vendrían después? De momento, una cifra no pasaba desapercibida: 10 de los primeros eran navarros. Se avecinaban tiempos recios.

Fuente: https://www.noticiasdenavarra.com/2...

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Marruecos archiva la causa contra la activista Helena Maleno

11 March, 2019 - 21:16

El Tribunal de Tánger cierra el procedimiento abierto hace contra la defensora de Derechos Humanos por considerar que no existen indicios de delito. El archivo se suma al que en 2016 ya había hecho la Audiencia Nacional española por una causa igual en la que se le imputaba una supuesta relación con las mafias del tráfico de personas y el favorecimiento de la inmigración ilegal.

Pablo 'Pampa' Sainz

Más de un año ha tenido que pasar, casi dieciséis meses, para que la periodista, investigadora y defensora de Derechos Humanos, Helena Maleno Garzón recibiera la noticia del cierre y archivo de la causa por la que estaba siendo investigada.

La decisión sigue la línea del juzgado de Instrucción de aquel país, que ya el 12 de diciembre de 2018 había archivado la causa. Y ahora, tras la vista de apelación la justicia marroquí ha confirmado la decisión del juez instructor y ha indicado, de nuevo, que no existen indicios de delito contra ella.

En una de sus presentaciones ante la Justicia marroquí, celebrada el 10 de enero de 2018, el juez que la investigaba había trasladado a la activista que la policía marroquí no había encontrado ningún indicio contra ella. Cuando se le aportó documentación que mostraba que la causa en España había sido archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el magistrado explicó que necesitaba una comunicación oficial por parte de las autoridades españolas, y citó de nuevo a Maleno para días más tarde. Ningún organismo oficial del Estado español dio el paso solicitado por la Justicia Marroquí, que probablemente hubiera acortado los tiempos de este proceso que ahora llega a su fin.

Ningún organismo del Estado español dio el paso solicitado por la Justicia Marroquí, que probablemente hubiera acortado los tiempos de este proceso que ahora llega a su fin.

“Hoy quiero compartir con vosotras que la justicia marroquí ha archivado el procedimiento penal que había contra mí. Durante quince meses he respetado y afrontado un procedimiento judicial que ha sido muy duro. Pero estoy contenta porque se ha hecho Justicia en éste, que también es mi país”, dice Maleno en un vídeo difundido a primera hora del lunes por las redes sociales.

“Hoy termina una pesadilla que se inició en el año 2012 con una investigación de la UCRIF, policía de fronteras española, que pidió también a Marruecos que me investigase y que envió desde el Estado español al reino alauita un presunto dossier criminal sobre mi persona. Y todo esto a pesar de que la Audiencia Nacional ya había dicho a la policía española que lo que yo hacía no era constitutivo de delito archivando la causa”, recordó Maleno.

El intento de criminalizar su tarea investigándola por un presunto delito de tráfico de personas migrantes y favorecimiento de la inmigración ilegal, sentaba un peligroso antecedente de cara a las actuaciones que personas como ella u otros colectivos llevan adelante en la protección del derecho a la vida en la frontera sur española, en especial en períodos como el actual, donde el paso entre Marruecos y España vuelve a ser la principal ruta de acceso por el Mediterráneo Occidental.

La investigación fue iniciada en 2012 por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) de la policía española, quien la acusaba de ver una vinculación de las mafias del tráfico de personas con las llamadas que Helena Maleno recibe de personas que están a la deriva y las alertas que, en consecuencia, realiza a los servicios de rescate marroquíes, españoles y argelinos.

“En este tiempo he aprendido que son momentos muy duros para las defensoras de Derechos Humanos que estamos siendo perseguidas y criminalizadas”, acusó Maleno, y agregó que “Europa se ha convertido en un continente muy peligroso para quienes defendemos derechos de las personas migrantes”.

“Sé que esto no termina aquí, que es un contexto muy complicado, que durante estos seis años de investigación muchos de mis derechos se han visto vulnerados y será muy difícil que se restituyan. Esto ha dejado marcas muy profundas en mi alma y en mi cuerpo. Pero hoy simplemente quiero dar las gracias a todas y sobre todo pedir Justicia para las compañeras que están siendo en este momento perseguidas y criminalizadas. Defender el derecho a la vida, no es un delito” concluye Maleno.

Por su parte desde la organización Caminando Fronteras, de la que la defensora forma parte, han agradecido “a todas las personas” que bajo el lema ‘Defendiendo a Maleno' la han apoyado en este proceso judicial “conscientes de que la criminalización de la defensa de los Derechos Humanos significa un retroceso democrático. Defender a Helena Maleno es defender a todas las personas y colectivos que día a día velan por los derechos de las personas migrantes”, concluyen.

En la ruta del Mediterráneo occidental, donde la defensora ejerce su labor, murieron al menos 843 personas solo durante el año 2018. Diferentes organizaciones, instituciones y personalidades han apoyado su labor y han reconocido que sin su trabajo y el de su colectivo, Caminando Fronteras, la cifra de muertes habría sido mucho mayor.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/migra...

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Se propone juzgar a la empresa estatal DEFEX y a su excúpula por contratos de material militar con Arabia Saudí

9 March, 2019 - 00:00

Redacción
Chema Fernández

Los hechos investigados, a juicio del titular del Juzgado Central de Instrucción 5, son constitutivos de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacional, corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y delito de organización y grupo criminal

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar la empresa pública DEFEX, a varios de sus antiguos administradores, entre ellos el expresidente José Ignacio Encinas Charro, así como a personas que actuaron como intermediarias, por las presuntas irregularidades en once contratos de suministro de material militar a Arabia Saudí suscritos entre 2005 y 2014 por más de 48 millones de euros.

Los hechos investigados, a juicio del titular del Juzgado Central de Instrucción 5, son constitutivos de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacional, corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y delito de organización y grupo criminal.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, que da diez días a la Fiscalía para presentar su escrito de acusación y que pone fin a la instrucción de esta pieza separada del dominado caso Defex, el instructor procede contra nueve personas físicas, entre ellas además de contra Encinas Charro, contra los exdirectivos Manuel Iglesias Sarria y Ángel Larumbe, entre otros, y contra las empresas Defex SA, Defence Development, Nytel Global y Meta como personas jurídicas.

Esta pieza, la tercera de este caso, tras las de Angola y Camerún, tiene por objeto la relación comercial mantenida por la empresa pública DEFEX SA con las autoridades gubernamentales de Arabia Saudí desde el año 2005 hasta 2014, en las que se aprecian presuntas irregularidades en la gestión y contabilidad de la empresa pública, y en su actividad comercial, en este caso, respecto a los contratos celebrados con el gobierno de Arabia Saudí, explica el auto, al haberse computado como verdaderos gastos los pagos en concepto de comisiones a sociedades consultoras que no se corresponderían con trabajos reales o verdaderos, o que no han resultado justificados, y pagos a terceros identificados, en algunos casos, con siglas o con la graduación militar que podrían referirse a personas pertenecientes o relacionadas con el gobierno de Arabia Saudí.

En relación con la actividad comercial de la empresa pública DEFEX SA y Arabia Saudí se investigan, dice el magistrado, once contratos de suministro de material militar, en los que las empresas que participaron como consultoras para la consecución y ejecución de los contratos no han acreditado la prestación de una verdadera actividad comercial. “Su intervención real habría tenido por objeto el pago de comisiones a terceros y un probable beneficio ilícito de los administradores de la empresa pública”, afirma.

Indicios sólidos del pago de comisiones ilícitas a autoridades

La resolución afirma que existen indicios “sólidos y consistentes” que ponen de manifiesto que todas las operativas desarrolladas por DEFEX en Arabia Saudí consistían en conseguir contratos públicos mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos de este país, aprovechándose de la absoluta falta de mecanismo y procedimientos de prevención que tenía la empresa pública.

Para ello, prosigue, pagaban también comisiones “extraordinarias, irrazonables y no justificadas” a agentes, concretamente a los investigados Álvaro Cervera, Carlos Ques Blandigneres y Paula Alexandra Olveira y Silva, por medios de sus empresas, todas ellas “meros parapetos para ocultar los intereses personales de los anteriores”.

Los responsables de dichas prácticas en Defex, explica el juez, fueron los directivos responsables del contrato, esto, es, Manuel Iglesias Sarria y Ángel Larumbe, “quienes mantenían el control de las operaciones y suscribieron prácticamente todos los contratos”. Junto a ellos también participaron, con perfecto conocimiento control del sentido último de las contrataciones y la finalidad de las actividades y destino de los fondos, continúa De la Mata, los también investigados Fernando Aguilar, Ana Cerrolaza, y Encinas Charro. “Este último no perdió la oportunidad de alcanzar un acuerdo personal con Cervera Pérez y rapiñar para sí mismo parte de esos fondos, ocultándolos en su sociedad instrumental y opaca Tabarka Corporation”, subraya el auto.

Para De la mata, en toda esta operativa ha sido pieza clave Álvaro Cervera, Carlos Ques Blandigneres y Paula Alexandra Olveira y Silva, los supuestos agentes, “y en realidad los conseguidores de los contratos que conseguían para sí y para Defex a cambio de enormes comisiones, absolutamente desproporcionadas (que en ocasiones llegaron incluso al 20% del valor de los contratos) y que repartían entre los propios agentes y autoridades y funcionaros públicos saudíes”.

Falta de prevención del delito y de control en Defex

Señala De la Mata que la compañía carecía de cualquier sistema interno de organización y control de sus operaciones comerciales y apunta que, en relación con los mecanismos de prevención de delito y control establecidos, en concreto, tanto en general como en relación con la UTE, eran “simplemente inexistentes”.

Un buen ejemplo de la absoluta falta de mecanismos de organización y control de DEFEX SA en la gestión del contrato, señala el juez, es la contratación de IKE.

“El descontrol en DEFEX SA era tan grande que los directivos de DEFEX no han sido capaces siquiera de conocer, no ya los servicios que el grupo IKE prestara, sino que ni siquiera consta en la empresa qué personas podían estar tras esta mercantil y ser sus beneficiarios. Ni siquiera ahora ha logrado resolver DEFEX de manera completa el misterio de la verdadera identidad de esta compañía. Naturalmente, porque CerveraPérez y al menos los directivos de Defex Iglesias-Sarria, Larumbe Burgui y Aguilar se han negado a aportar tal identidad, en cuanto existen múltiples correos de Cervera Pérez que aluden al conocimiento de todos de la identidad oculta de los beneficiarios últimos del grupo”, explica.

“Lo relevante, en todo caso, -destaca el instructor-, no es que estas personas hayan aportado estos datos o no. Lo remarcable es que DEFEX suscribió contratos con este supuesto agente durante años y realizó en su favor pagos multimillonarios, sin tener formalmente la más remota idea de a quién estaba transfiriendo tales fondos y por qué razón, más allá de que Cervera Pérez les indicaba que esto era esencial para poder conseguir los contratos o para poder conseguir la ejecución de los contratos”.

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No nos vale cualquier igualdad

7 March, 2019 - 08:58
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Un taxista de Telde (Gran Canaria) alega objeción de conciencia para no llevar a un militar a la base aérea

7 March, 2019 - 00:00

pedro hernández

Un taxista de Telde se negó a entrar en la base aérea de Gando con un pasajero al que había recogido en el aeropuerto en la noche del pasado 25 de febrero argumentando que es objetor de conciencia y su integridad moral no le permitía acceder a la misma. El conductor regresó con su cliente, un militar vestido de paisano, cinco minutos después a la terminal y explicó de esta forma el motivo de su renuncia al servicio contratado, aunque no le cobró el traslado. Sin embargo, el pasajero, quien fue atendido por otro taxista, mostró su contrariedad por la actitud de este profesional y alegó sentirse discriminado por su condición de militar.

Este hecho, acaecido a partir de las 22.20 horas del día 25 del pasado mes, fue denunciado ante el Ayuntamiento de Telde 28 de febrero por el presidente de la sociedad cooperativa de apuntadores del aeropuerto de Gran Canaria. La concejalía de Transportes ha iniciado un expediente de actuaciones previas para recabar datos y determinar si procede abrir un procedimiento sancionador al conductor, según confirmó ayer Juan Martel, titular de este área.

El presidente de la cooperativa de apuntadores del aeródromo de Gando, Carmelo Martel, declaró ayer que no vio ninguna lógica en la actitud del taxista, a quien preguntó sobre su decisión cuando llegó a la terminal. «Me dirigí al conductor para averiguar que es lo que había pasado y me respondió que el cliente se dirigía a la base militar aérea y que no llevaba sino hasta la puerta de la base porque era objetor de conciencia y su integridad moral no le permitía acceder a la misma».

Martel indicó que ante esta respuesta, «le digo que era su deber completar el servicio para el que fue asignado, pero volvió a negarse argumentando las mismas razones, por lo se tuvo que solicitar otro taxi al ciente, quien se sintió discriminado por su condición de militar y manifestó su malestar por el servicio realizado por la primera unidad, ya que la segunda sí completó el servicio de forma correcta».

«No iba a disparar un arma»

Carmelo Martel añadió que no es la primera vez que este profesional del volante se ha negado a hacer un servicio, una actitud que en el expediente abierto por la concejalía de Transportes se estudia si pueden ser constitutivos de infracción administrativa y de una sanción contemplada en la ordenanza municipal.

El pasajero iba vestido de calle, recalcó el presidente de los apuntadores, el conductor denunciado lo recogió en la terminal 1 para realizar el servicio hasta la base aérea, pero es allí cuando se produce el problema, afirmó Martel, ya que el taxista se negó a entrar en el recinto militar y quiso dejar al cliente en la puerta. Pero este se negó, por lo que el conductor volvió a trasladarlo al aeropuerto. «La ordenanza municipal recoge que debemos entrar a la base porque incluso hay una sentencia judicial que así lo obliga por una denuncia presentada por un mando, pero insistió en lo mismo, que tiene los papeles que le acreditan como objetor de conciencia», apuntó al tiempo que indicó que «lo que se le pidió es que entrara a la base aérea, no que cogiera un arma y se pusiera a disparar o le mandaran a hacer la mili, no tiene lógica su actitud».

Fuentes consultadas apuntaron la posibilidad de que el taxista no conozca en qué consiste la objeción de conciencia y se esté equivocando, «pero lo que no puede hacer es no realizar un servicio en la base militar porque allí no le van a disparar».

Asimismo, las mismas fuentes barajaron que el Ayuntamiento de Telde «puede entender que él ha alegado la objeción de conciencia para no hacer un servicio que no le interesaba y se afrenta a una sanción administrativa y podría acarrearle una suspensión de varios días para realizar servicios en el aeropuerto».

«Estamos recabando datos»

El concejal de Transportes, Juan Martel, confirmó que se «han abierto unas actuaciones previas para comprobar lo sucedido y dar trámite de audiencia al denunciado para que explique los motivos de su decisión. Pero de momento, solo recabaremos datos y según su gravedad, se abrirá un expediente sancionador si el órgano instructor que se nombre ve fundamento para sancionar a este taxista por una infracción en materia de transporte urbano de viajeros».

Martel aseguró que «no podemos decidir nada sobre este tema hasta que no esté terminado el expediente, ya que debemos saber si esa asalariado, propietario de la licencia, si tiene autorización para hacer servicios en el aeropuerto, entre otros aspectos».

Fuente: https://www.laprovincia.es/telde/20...

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El Gobierno español autoriza al ex secretario de Defensa a trabajar en una empresa armamentística

27 February, 2019 - 18:11

Ander Cortázar

El que fuera Secretario de Estado Defensa durante los dos últimos años de Gobierno de Mariano Rajoy, Agustín Conde, ha recibido la autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses para trabajar en una empresa privada dedicada al negocio armamentístico.

Agustín Conde Bajén, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso durante la X legislatura y secretario de Estado (2016-2018) a las órdenes de la ministra María Dolores de Cospedal, podrá trabajar en la compañía privada Escribano Mechanical & Inginiering S.L.

Según informan fuentes de la Oficina de Conflicto de Intereses a EL BOLETÍN, Agustín Conde podrá trabajar en esta empresa «porque no ha adoptado decisiones en relación a ella a lo largo de su función pública».

Escribano Mechanical & Inginierring lleva años siendo una de las referencias nacionales en cuanto a tecnología industrial de Defensa.

Formada por un capital 100% español, Escribano Mechanical & Inginiering S.L. desarrolla todo soluciones relacionadas con la ingeniería y las nuevas tecnologías en el ámbito militar: estaciones de defensa, sistemas de vigilancia, programas de salvamento, cámaras de infrarrojos, entre otros.

De hecho, la ex ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, participó en abril del pasado año en el acto de colocación de la primera piedra de la ampliación de las instalaciones de esta empresa de Alcalá de Henares.

Fuente: https://www.elboletin.com/noticia/1...

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30 años de Insumisión

22 February, 2019 - 14:08
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La Insumisión cumple 30 años

21 February, 2019 - 00:43

El 20 de febrero de 2019 se han cumplido treinta años del descorche de la campaña Insumisión, un ejemplo de desobediencia civil antimilitarista que movilizó a miles de jóvenes del Estado Español en la década de los 90 del siglo XX y que tuvo como consecuencias inmediatas la suspensión del Servicio Militar Obligatorio (2001) y la necesidad, advertida por parte del Estado, de comenzar una campaña de relegitimación del Ejército, desgastado hasta límites sencillamente insospechables.

Cientos de juicios y condenas de privación de libertad y, posteriormente, inhabilitaciones, cárceles militares, civiles y otra vez militares, cientos de miles de objetores de conciencia… hicieron inmanejable una oposición al militarismo por mucha represión que se arbitró para hacerle frente. El todopoderoso estamento militar español se vio desbordado por la decidida y generosa actitud de una juventud que, sin apenas apoyos políticos ni de otra índole, le plantó cara desde presupuestos opuestos a los castrenses: la noviolencia.

Hoy, el Servicio Militar Obligatorio, el impuesto de sangre que los jóvenes varones habían de ofrendar al altar de la Patria, es felizmente para las jóvenes generaciones casi una referencia arqueológica, algo que se debe explicar qué fue. Es uno de los mejores indicios para medir el éxito de la campaña Insumisión, apenas treinta años después de comenzada. A la vez, el activismo antimilitarista se muestra en nuestros días como poco atractivo, y con razón, ya que el enemigo es bastante difuso, no inmediato, y aparentemente no se manifiesta en la vida cotidiana de manera frontal. Es uno de los grandes retos que tenemos por delante: visibilizar todo lo que supone este entramado ideológico, simbólico, industrial, político, judicial que llamamos militarismo, y que va mucho más allá de la existencia de los ejércitos. En este sentido, saludamos con ilusión cómo otras militancias van asumiendo naturalmente principios antimilitaristas como propios, e incluso cómo debates hasta ahora silenciados (la construcción y exportación de armamento español) se van colando en las agendas mediáticas.

Para celebrar este aniversario hemos publicado un artículo en Planeta Desarmado:
https://www.elsaltodiario.com/planeta-desarmado/insumision-30%20aniversario-desobediencia-civil

Enhorabuena a todas y todos quienes participasteis en la campaña, de la manera que fuese, y especialmente a quienes apostaron su libertad en aras a conseguir una sociedad más justa, noviolenta y desmilitarizada.

Alternativa Antimilitarista.MOC

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La insumisión en Extremadura

20 February, 2019 - 17:40

El 20 de febrero de 1989, hace ahora 30 años, cincuenta y siete objetores de conciencia en búsqueda y captura, prófugos por no haberse incorporado al ejército en su llamada a filas, se presentaron públicamente en el Estado español para expresar su desobediencia al servicio militar obligatorio (SMO). La insumisión había comenzado.

Chema Álvarez Rodríguez

Teníamos apenas 20 años recién cumplidos o todavía por cumplir. El eco de los pasos del movimiento anti-OTAN aún resonaba en las plazas y avenidas donde se hicieron las grandes manifas, en las carreteras de acceso a las bases yanquis que se cortaron durante las marchas, en los murales de las paredes que reivindicaban un mundo en paz, contrario a su división en dos bloques enfrentados y armados nuclearmente hasta los dientes.

Éramos los hermanos menores de quienes exigieron al PSOE cumplir su promesa de convocar un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, y aprendimos pronto que todo había sido un engaño, una farsa con preguntas ambiguas que establecían tres condiciones para pertenecer a la mayor maquinaria de guerra jamás inventada: no participación en la estructura militar de la Alianza Atlántica; prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español; reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España.

33 años después de aquel referéndum amañado de 1986, ganado el SÍ por los pelos, ninguna de esas tres condiciones se ha cumplido, tal y como refleja el informe Treinta preguntas sobre la OTAN. Treinta años después del referéndum, elaborado por el Centre Delás D´Estudis per la Pau, que se puede descargar de Internet. No solo fue un engaño, una felonía del PSOE que ganó las elecciones de 1982 con el lema “OTAN, de entrada no”, sino que además, desde entonces, se ha dado apoyo logístico a bombardeos en nuevas guerras y al secuestro de personas con destino a campos secretos de tortura y aniquilación.

Pero el árbol comenzó a dar sus frutos. El 20 de febrero de 1989 cincuenta y siete objetores de conciencia en búsqueda y captura, prófugos por no haberse incorporado al ejército en su llamada a filas, se presentaron públicamente en el Estado español para expresar su desobediencia al servicio militar obligatorio (SMO). La insumisión había comenzado.

Casi un año y medio después, el miércoles 14 de noviembre de 1990 se presentaron voluntariamente en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Cáceres los dos primeros insumisos en Extremadura: José Antonio Martín Jiménez como insumiso al SMO, y José María García Espada a la Prestación Social Sustitutoria (PSS).

El primero, José Antonio, era de Jaraíz de la Vera, tenía 19 años y debía haberse incorporado a filas el 7 de noviembre de 1989 en el Cuartel de Instrucción de Marinería de San Fernando de Cádiz. El segundo, José María, era de Ciudad Real y le había tocado hacer la PSS (el castigo que se imponía a quien se declaraba objetor de conciencia) en la residencia de ancianos del INSERSO de Jaraíz de la Vera.

El gobierno de Felipe González nos había metido de lleno en la primera guerra del Golfo, una guerra que pudimos seguir por televisión orquestada por el presidente estadounidense Bush (padre), cuyo único interés era el control del petróleo en Oriente Medio. Apenas un mes antes, una veintena de personas nos manifestamos frente al Gobierno Civil de Cáceres en protesta por el envío de buques de guerra españoles, que incluía a 150 soldados de reemplazo que se encontraban en ese momento haciendo la mili en Cádiz. Fue el comienzo del intervencionismo español allende nuestras fronteras. La campaña de presentación pública de estos dos jóvenes insumisos fue llevada a cabo, fundamentalmente, por dos organizaciones extremeñas: el MOC y la FREGA.

El MOC estatal, que vertebraría el movimiento de desobediencia civil y militar, había surgido entre el 8 y el 9 de enero de 1977, cuando como respuesta al decreto sobre Objeción de Conciencia del gobierno Suárez, que regulaba esta última por motivos religiosos, se reúnen en Madrid unas 75 personas procedentes de distintos puntos del Estado español (entre ellos 23 objetores en situación de prófugos) y se crea el Movimiento de Objetores de Conciencia. Dos días después, el 11 de enero, realizaron una acción a modo de presentación en la plaza de España de Madrid. Quien desee conocer todos estos avatares, desde que se creó el MOC hasta que se acabó en España con la mili obligatoria, cuyo caballo de paz (no de batalla) fue la insumisión, puede leer el libro En legítima Desobediencia, tres décadas de objeción, insumisión y antimilitarismo, editado por el MOC y Traficantes de sueños en 2002.

En Extremadura el MOC, ya con el nombre de Movimiento de Objeción de Conciencia, aglutinaba a miembros de diversa procedencia y pertenencia política o adscripción ideológica, sobre todo residentes en Cáceres, con dos objetivos claros: el desarrollo del antimilitarismo como principio de una cultura de paz, y el derecho a la objeción de conciencia mediante diversas estrategias, como llegó a ser la insumisión, después de dar una respuesta clara a los intentos del Estado español de regular dicho derecho mediante subterfugios que lo desvirtuaban de su verdadero significado. Hubo muchos colectivos que compartieron estos objetivos con el MOC (MiliKK, Kakitzat, FIJL y otros) pero hay que reconocer que fue el movimiento que vertebró la lucha por la abolición del servicio militar obligatorio y que logró difundir y asentar el ideario de la no-violencia en buena parte del activismo posterior español. De aquel movimiento surgieron diversas entidades que trabajarían por el cumplimiento universal de los derechos humanos, y es el germen de las movilizaciones que ha habido en España contra las guerras del Golfo, de la antigua Yugoslavia, Palestina, Chechenia, Afganistán, Irak, Libia, Siria y Yemen. En Extremadura daría paso a la fundación de la Escuela Educar para la paz en 1994.

La FREGA, Federación Regional Extremeña de Grupos Anarquistas, fue fundada en una reunión en el local de la CNT de Mérida, en el alto del restaurante La Tahona, calle Alvarado, 5, en una sala bajo una magnífica reproducción del cuadro El cuarto estado de Pelliza da Volpedo, el 16 de junio de 1990. Estaba constituida inicialmente por cinco grupos libertarios: el Kolektivo Anarkista Revolucionario de Almendralejo (KARA), el Colectivo Libertario “Aikrana” de Cáceres, el Colectivo Libertario “Okupación” de Don Benito, el Colectivo Libertario de Mérida y el Grupo Anarkista “VALDEA” de Villafranca de los Barros. Un poco más tarde se adhirieron el Kolektivo Autónomo “MOFA” de Montijo, el Colectivo Desobediente Libertario (CDL) de Villanueva de la Serena y el Kolektivo Anarkista Guerrillero de Badajoz (KAGB). Entre los objetivos de trabajo de esta federación (“campo de lucha”, como se definía), que llegó a tener sus propios estatutos, estaban el ecologismo antinuclear (en colaboración con la Coordinadora Antinuclear Extremeña), el antimilitarismo (conjuntamente con el MOC), el feminismo, el NO-92 (protesta contra la celebración del Quinto Centenario de la llegada de Colón a América y en contra de la Exposición Universal que se estaba preparando), el apoyo a presos y otros muchos relacionados con el ámbito libertario. Aunque todo se decidía mediante asambleas mensuales, el grupo coordinador era el de Cáceres, AIKRANA, cuyo nombre, leído al revés, dice ANARKÍA.

El artículo 30 de la Constitución española reconocía y reconoce el derecho a la Objeción de Conciencia, si bien establece que la ley puede imponer una prestación social sustitutoria o servicio civil para quien no realice el servicio militar obligatorio. Esto suponía un castigo para quien deseaba ejercer la objeción, dándose el caso de que dicha PSS, establecida por la Ley de Objeción de Conciencia (LOC) de 1984 y de aplicación real a partir de 1989, duraba tres meses más que la mili y ocupaba puestos de trabajo en empresas privadas (colaboracionistas) y administración pública, lo que era considerado como una explotación laboral de mano de obra barata. Tampoco reconocía el Estado la llamada objeción sobrevenida, pues la LOC no permitía que una persona se pudiera declarar objetora una vez iniciado el servicio militar, lo que era considerado como deserción y juzgado en consejo de guerra. Por último, se establecía el CNOC (Consejo Nacional de Objeción de Conciencia), un tribunal encargado de decidir quién podía ser o no ser objetor, juzgando la conciencia de cada cual.

Entre 1958 y 1976 fueron encarcelados en España 285 objetores, en penales militares, la inmensa mayoría de ellos objetores por motivos religiosos, testigos de Jehová. También hubo objetores por motivos éticos, como Pepe Beunza, Rafa Rodríguez y Jordi Argulló. Entre esos presos y por motivos religiosos estuvieron los extremeños Rodolfo Salvador Fuentes, natural de Mérida, y Fernando Cordero Najarro, natural de Badajoz. La pena oscilaba entre seis meses y tres años, con la salvedad de que una vez cumplida eran obligados de nuevo a hacer la mili.

Sin embargo, frente a esos 285 objetores presos en casi 20 años, muchos de los cuales salieron libres con la Ley de Amnistía de 1976, desde este año hasta poco después de diciembre de 2001, fecha en que se da por abolido el Servicio Militar Obligatorio en España, serían muchos más los objetores e insumisos encarcelados en España por motivos éticos y políticos, bajo un régimen que se autodenominaba “de libertades y en democracia”.

El PSOE, entonces en el gobierno, se cebó con aquella represión, con ministros como Antoni Asunción (Interior), Julián García Vargas (Defensa), Juan Alberto Belloch (Justicia), etc. Intentaron relacionar el movimiento insumiso con el terrorismo de ETA, tildándonos de “extravagantes” y antisociales. Quien esto escribe recuerda las declaraciones del entonces Presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien al ser preguntado en una entrevista de Televisión Española sobre qué pensaba acerca de los insumisos, dijo que éramos unos “insolidarios” que no queríamos prestar ningún servicio a la sociedad.

Aún así, el apoyo social era cada vez mayor. En Extremadura, a la presentación de los primeros insumisos en noviembre de 1989, le siguieron muchas otras, que recabaron el apoyo de numerosos sectores. A las revistas que nos llegaban de fuera de contenido pacifista (En pie de paz, Mambrú, Mocador, La PuÇa y el general), sumanos las que hacíamos nosotros mismos, a base de máquina de escribir, dibujos a mano y tirada en fotocopias, tales como El general no mola (MOC de Cáceres, dos números) , Aikrana (colectivo libertario de Cáceres, 12 números entre 1989 y 1992), Hojas por la paz (Plataforma cacereña por la paz), El boletín del MOC, Martes de carnaval (ambas del MOC de Cáceres), La bellota mekánika (Badajoz) y otras muchas de estilo fanzine.

El gobierno disponía continuas medidas que trataban de acabar con la desobediencia y restar el apoyo social que aumentaba para la insumisión. Los juicios pasaron de la jurisdicción militar a la civil, y los condenados dejaron de cumplir condena en cárceles militares para pasar a cumplirlas en cárceles civiles. La represión y la intimidación, de carácter muy selectivo, fue aumentando conforme crecía la desobediencia. Como botón de muestra, cabe decir que a menudo salíamos de casa y encontrábamos un coche de vigilancia de la policía nacional cuya matrícula ya conocíamos, y nos solía seguir hasta donde fuéramos, o pasábamos horas retenidos en dependencias de la policía de las estaciones de autobuses y trenes, con la excusa de que estaban comprobando nuestra documentación, después de registrar nuestro equipaje. En ocasiones íbamos a institutos u otros centros a dar charlas de difusión y cuando salíamos nos encontrábamos en la puerta del mismo al siempre triste inspector que nos pedía nuestro carnet. Incluso el CSID, hoy día Centro Nacional de Inteligencia, llegó a hacer informes sobre la insumisión y cómo desmantelarla.

Para la presentación y defensa en los juicios contábamos con la colaboración altruista y comprometida de algunos abogados y abogadas. En la provincia de Cáceres el abogado más implicado fue Juan María Expósito (ya activista en su momento con el movimiento anti-OTAN), y en la de Badajoz José Manuel Corbacho. A la defensa jurídica se unía una muy lograda campaña de apoyo que comenzaba con las autoinculpaciones (un documento-denuncia presentado ante el juez o jueza por personas allegadas al insumiso o significativas en el que declarábamos que le habíamos convencido para que desobedeciera y que, en consecuencia, queríamos ser condenados a la misma pena), hasta ocupaciones de sedes del PSOE, oficinas de la Administración Pública, concentraciones, manifestaciones, huelgas de hambre, etc.

Pertenecíamos a distintas formaciones políticas y más de uno o una no venía de ninguna, pero todos y todas trabajábamos por un mismo interés común, en asambleas donde se tomaban decisiones de modo colectivo y muy reflexionadas. Esta diversidad de procedencia, descentralización, suponía un problema para el Estado o autoridad del momento, empeñada en encasillarnos en una determinada corriente política o ideológica. Como decía un estribillo de una canción de La Polla Records, “Quieres identificarnos y tienes un problema” (No somos nada).

Ácratas, troskos, comunistones, okupas, punkis, heavies, trajeados, cristianos de base, simpatizantes de diversas causas, gente que ya había hecho la mili, gente que había sido declarada inútil por “no dar la talla”, gente que estaba haciendo, había hecho o iba a hacer la PSS, gente que simplemente pasaba por allí, gente insumisa, discutíamos sobre la estrategia a desarrollar y no había asamblea que no acabara compartiendo una “maceta” (un litro de cerveza en unos vasos de plástico) en los bares parroquianos, que en Cáceres eran el Ríoverde, El Poppy, La Luna, El Chikito, la Torre de Babel, el Cali…

Aunque fue un movimiento de protagonismo masculino, también contó con una gran participación de mujeres. El colectivo Maduras , integrado por personas de Madrid y Extremadura, realizó en 2012 con el título de Mirar a la ventana, La voz de 12 mujeres sobre los tiempos de la insumisión , un documental que expresa los sentimientos, emociones y vivencias de un conjunto de mujeres ligadas, de una u otra forma, a la desobediencia civil y militar en la región extremeña. Porque aparte de la represión tan visible con la que el Estado trató siempre de frenar el movimiento, hubo otra más silenciosa y desconocida, pero igual de perjudicial, la dirigida contra aquellas personas que, por diversas afinidades -ya sentimentales ya ideológicas- apoyaron la insumisión y a los insumisos. Natalia, Micaela, Natividad, Beatriz, Agustina, Elena, Inma, María del Carmen, Montaña, Mari Carmen, María y Susana son las mujeres que aparecen en un documental donde se muestran las hondas cicatrices que dejaron unas heridas difíciles de curar.

La imaginación y creatividad caracterizaba todas las acciones, de carácter siempre no-violento, como cuando apenas 20 personas nos manifestábamos con una pancarta frente a la salida de miles de familiares que asistían a la jura de bandera de los reclutas en el CIR de Cáceres (hoy CEFOT), pidiendo la abolición de los ejércitos al grito de “Os tienen engañaos y al novio secuestrao”, vigilados por la Policía Militar, que nos empujaba al arcén de la carretera, o se organizaban conciertos musicales de apoyo, con grupos como A Palo Seko (de Cáceres), Tirando Millas, Mitad Norte, Ano Pazao, Amigos del prínzipe y otros. Algunos Ayuntamientos, como el de Montijo, declararon mediante acuerdo de pleno municipal su apoyo a los insumisos. Amnistía Internacional reconocía como presos de conciencia a algunos objetores.

A la presentación de José Antonio y José María en Cáceres le siguieron muchas otras, y todas recibieron un adecuado apoyo, si bien el desarrollo del movimiento por la insumisión fue adoptando diversas estrategias de desobediencia. Al pasar los juicios a la jurisdicción civil (una patata caliente que no quería nadie) los jueces comienzan a aplicar sentencias muy diversas. Aunque lo establecido eran dos años, cuatro meses y un día, en algunos casos se aplica la absolución o se buscan subterfugios por parte de la magistratura para retrasar el juicio, anularlo, etc. Aún así numerosos jóvenes fueron a la cárcel por su negativa expresa a realizar el SMO o la PSS.

Gente en las cárceles y gente fuera de ella supuso un hándicap a la hora de decidir la estrategia a seguir. Surgieron diversas posturas, todas ellas muy respetables y apoyadas por el conjunto del movimiento: los plantes ante la concesión del tercer grado a quienes estaban en prisión (con la negativa a aceptarlo o quebrantamiento de los permisos con el fin de ser de nuevo detenidos en presentaciones públicas), la conocida como insumisión total (negativa a reconocer al Tribunal que hubiera de juzgar al insumiso y paso a la clandestinidad en busca y captura, escondidos en casas de compañeros), la insumisión a los cuarteles (incorporación a filas para luego desertar), la muerte civil (adopción de la insumisión cuando el Estado suprimió las penas de prisión para los objetores y estableció una retirada de derechos administrativos, como poder aspirar a plazas públicas), y otras que evidenciaban la dificultad del Estado para controlar y acabar con tan variada desobediencia civil y militar que desprestigiaba tanto al Ejército como institución como a un Gobierno que se consideraba democrático pero que tenía en sus cárceles a presos por motivos de conciencia.

Aquel movimiento fue posible gracias a la implicación de numerosos colectivos y mucha gente que guarda aún un grato recuerdo de la solidaridad demostrada, a pesar del coste emocional que supuso para los implicados y sus familias. En Extremadura, aparte de los ya mencionados como iniciales y sin menoscabar otros cuyos nombres aquí no aparecen, pero cuya historia está por escribir, fueron muy significativas las presentaciones y juicios de los insumisos Pedro Enrique Polo (Montijo-Madrid, significado activista contra la OTAN), Miguel Ángel Tarrero (Jaraíz de la Vera), Francisco Nieto (Miajadas), José Antonio González Frutos (Pai, de Guareña-Cáceres), Pedro de la Flor (Villanueva de la Serena), Javier Esquivias y José María López (Sevilla), Paco Castellón Arjona (Casar de Cáceres, declarado insumiso total), Diego Pedrera (Malpartida de Cáceres, condenado a la muerte civil), Raúl Valerio (Badajoz), José Antonio García García (Montijo), Íñigo del Hoyo (Cáceres), Andrés Gutiérrez (La Haba) y Miguel Ángel Felipe (Piornal).

Íñigo del Hoyo y Andrés Gutiérrez ingresaron en la prisión de Cáceres I, la antigua Cárcel Vieja, hoy día abandonada. Miguel Ángel Felipe desertó de la base militar de Bótoa de Badajoz en noviembre de 1999 y fue detenido el 18 de febrero del 2000 en Cáceres por la Guardia Civil, tras romper su cartilla militar frente al Gobierno Militar de Cáceres y realizar un striptease simbólico quitándose su ropa de militroncho.

El 23 de mayo de 2002, un jueves de primavera, se publicó en el BOE la Ley Orgánica 3/2002 por la que se modificaban el Código Penal y el Código Penal Militar en materia de delitos relativos al servicio militar y a la prestación social sustitutoria. La insumisión, en sus diversas manifestaciones, dejaba de ser delito y se dictaba una amnistía para cerca de 4.000 insumisos procesados y unos 20 insumisos en los cuarteles, muchos de ellos encarcelados en prisiones civiles o militares. El extremeño Miguel Ángel Felipe fue uno de los últimos insumisos presos de nuestro país.

El MOC calculó que, desde la presentación de aquellos primeros insumisos el 20 de febrero de 1989 hasta el 25 de mayo de 2002, en que salieron los últimos cuatro objetores presos del penal militar de Alcalá de Henares, hubo más de 50.000 insumisos al servicio militar obligatorio, la odiada mili.
A todos ellos, por las difíciles horas que pasaron y por lo que consiguieron, que fue mucho y aún pervive, muchas gracias. Por siempre.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/insum...

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Insumisión. 30 años desobedeciendo

19 February, 2019 - 19:52

Inauguración de la exposición: «Historia de la insumisión» y proyección del documental: «Insumisión: 20 años desobedeciendo»

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La empresa bélica estatal Navantia estrecha su cooperación con el régimen de Arabia Saudí

19 February, 2019 - 00:00

Navantia Arabia Saudí y Navantia planean una empresa conjunta de sistemas de gestión de combate

La sociedad SANNI integrará y adaptará los sistemas de gestión de combate de Navantia para las corbetas de las fuerzas armadas saudíes.

ABU DAB

reuters

La compañía estatal Saudi Arabian Military Industries (SAMI) ha firmado hoy un acuerdo con Navantia, la empresa pública española dedicada a la construcción naval, para emprender una compañía conjunta que provea sistemas de combate, ha asegurado el nuevo consejero delegado de la sociedad.

La sociedad SANNI —que significa SAMI Navantia Naval Industries— integrará y adaptará los sistemas de gestión de combate de Navantia para las corbetas de las fuerzas armadas saudíes, dijo Antonio Barberán en la exhibición militar IDEX en Abu Dabi. Además, ha manifestado que SANNI también se encuentra en conversaciones con posibles clientes en Oriente Próximo, dijo.

SAMI es propietario del 51% de SANNI, mientras que Navantia dispone del 49% restante. En noviembre SAMI y Navantia firmaron un acuerdo para manufacturar de manera conjunta cinco corbetas para la armada saudí, una operación que alcanza un importe de 1.800 millones de euros y que representa la mayor de la historia de los astilleros públicos españoles con un cliente extranjero.

En cuanto a su impacto en empleo, se calcula que durante cinco años se generarán anualmente cerca de 6.000 ocupados directos e indirectos gracias a este contrato. De ellos, más de 1.100 serán empleados directos, más de 1.800 empleados de la industria auxiliar de Navantia y más de 3.000 empleados indirectos generados por otros suministradores.

Público

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30 anys d'Insubmissió

17 February, 2019 - 18:58

20 de febrer, en La Model de Barcelona

19 horas

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