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Actualizado: hace 29 min 39 seg

Pensando en una sociedad sin policía

6 December, 2019 - 00:00
Categorías: antimilitar

La OTAN se va al rincón de pensar

5 December, 2019 - 00:00

Andrés Gil - Corresponsal en Bruselas

La OTAN no se entiende sin el artículo 5. Lo ha dicho este miércoles en Bruselas la presidenta de la Comisión Europea y exministra de Defensa de Alemania, Ursula von der Leyen. El artículo 5 de la Alianza Atlántica es aquel que compromete a los Estados miembros a defender a uno de sus socios en caso de ser atacado por un tercer país.

El problema es que han pasado 70 años desde su redacción. Y ya hace 30 que se cayó el Muro de Berlín y desapareció el Ejército Rojo. Es decir, a día de hoy... ¿Quién es ese tercer país del que defender a un socio?

No existe como tal.

Es la reflexión que ha introducido por la fuerza Emmanuel Macron hace unos días al señalar que la OTAN se encontraba en «muerte cerebral». El diagnóstico no ha sido secundado públicamente por nadie. Al revés, algunos, como Boris Johnson o la propia Von der Leyen, se han apresurado a definir a la OTAN como la «organización más exitosa del mundo» por su capacidad para sobrevivir tras la desaparición del motivo de su creación: la URSS y el bloque soviético.

Macron ha llegado con un libretto bajo el brazo que ha repetido varias veces: «Hay que definir cuál es la estrategia de la OTAN, cuáles son y cuáles no son los grupos terroristas, hay que protegerse de los ciberataques y no puede ser que Turquía compre armas a Rusia».

El presidente francés, en vísperas de una huelga general que se prevé potente, con media UE dolida –sobre todo el PPE– por cómo arruinó el proceso de los spitzenkandidaten; por la otra media mosqueada por cómo les abandonó –los socialdemócratas– para colocar a Christine Lagarde en el BCE, ha aguantado el tirón en Londres ante el malestar evidente de Donald Trump: «Me disgusta lo que ha dicho, es una falta de respeto para los otros 28 países de la OTAN. Entiendo que tiene problemas en su país, pero esto no me gusta nada».

Pero, al final, la consecuencia del ruido, es el punto 7 de la Declaración de Londres:

«Teniendo en cuenta el entorno estratégico en evolución, invitamos al Secretario General a presentar a los Ministros de Relaciones Exteriores una propuesta acordada por el Consejo para un proceso de reflexión bajo sus auspicios, aprovechando su experiencia, para fortalecer aún más la dimensión política de la OTAN».

La clave son cuatro palabras: «Un proceso de reflexión».

Ese es el triunfo que se llevará Emmanuel Macron de esta cumbre, aunque está por ver en qué queda. Pero eso será dentro de semanas o meses, y quizá ya no se hable de la «muerte cerebral de la OTAN»; o de la salida unilateral de EEUU de la frontera turca; o de la incursión unilateral turca en Siria; o de la consideración de terrorista de Ankara de un grupo kurdo que visitó el Elíseo; o que Turquía compre misiles a Rusia y además amenace con no apoyar a los países Bálticos.

O quizá no. O quizá nada de esto se olvide.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido en una rueda de prensa tras la reunión «la modernización de la OTAN»: «Ya no hay retos de seguridad que amenacen a un único país y por ello estamos obligados a comprometernos con soluciones consensuadas a través de un multilateralismo reforzado y eficaz».

Sánchez ha afirmado que ha pedido «impulsar una reflexión sobre el futuro de la Alianza, desde la cohesión y unidad, que determine cómo debe ser la OTAN que queremos para las próximas décadas. Sólo desde esta reflexión podremos seguir siendo útiles a nuestros ciudadanos».

Y, mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que regresa a su país tras la cumbre de la OTAN en Watford, al noroeste de Londres, sin ofrecer la rueda de prensa final, tras calificar al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de ser una persona con «dos caras» y tras acusarle de no contribuir lo suficiente a las arcas de la Alianza Atlántica.

«Cuando las reuniones estén hoy terminadas, voy a volver a Washington. No haremos la rueda de prensa al terminar la OTAN porque ya hemos hecho muchas en los últimos dos días. Buen viaje a todos!», ha tuiteado Trump.

Precisamente las intensas ruedas de prensa de Trump parecen haber sido el tema de conversación entre los líderes internacionales durante la cumbre. Trump ha criticado a Trudeau después de que circulase un vídeo grabado durante la recepción de este martes en el palacio de Buckingham en el que se ve al primer ministro canadiense y a otros líderes como Boris Johnson y Emmanuel Macron burlándose del presidente y de sus largas ruedas de prensa.

«Bueno, él tiene dos caras (...) es un tipo agradable. Lo encuentro agradable, pero la verdad es que le he llamado (la atención) por el hecho de que no está pagando el 2% (del PIB a la OTAN) e imagino que no está muy contento por eso», ha afirmado Trump.

Trump ha reiterado en Twitter que la OTAN ha hecho «grandes progresos» y ha celebrado que los países de la OTAN, sin contar a EEUU, hayan decidido aumentar el presupuesto en defensa en 130.000 millones de dólares. «Para 2024 la cifra será de 400.000 millones de dólares. La OTAN será más rica y más fuerte como nunca antes», ha afirmado.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacion...

Categorías: antimilitar

La execrable inocentada del gobierno vasco para blanquear y promocionar la Industria militar

2 December, 2019 - 00:00

Cuando el pasado 18 de noviembre se hacía público que “El Instituto de Gobernanza Democrática-Globernance” y el Gobierno Vasco presentaban un “Informe sobre el comercio y exportación de armas en Euskadi y el papel de las instituciones vascas para la mejora de la transparencia y el control de exportaciones”, nuestra primera reacción fue de total sorpresa, porque aún retumba en nuestras cabezas la barbaridad declarada por el propio Urkullu en un programa de radio de hace poco más de dos años (04-09-2017) cuando se le preguntaba por la industria armamentística vasca:

… si hablamos de lo que es la industria de armas de caza, por ejemplo, ¿existe una industria armamentística? ¿A ese nivel tenemos que llegar también en la reflexión de lo que pueda ser la concepción de lo que es una industria armamentística?

Más aún cuando las primeras noticias sobre el informe que nos llegaban eran que tenía casi 100 folios y que en él, formando la industria militar, se recogía a casi un centenar de empresas… las mismas (salvo navarras y de Iparralde, claro) que recoge el libro de Gasteizkoak “Estas guerras son muy nuestras. La industria militar vasca“.

Ante todo ello nuestra pregunta era evidente ¿Qué había pasado en estos dos años para tal cambio de postura en cuanto a la industria militar vasca? ¿Habría conseguido convencer al Lehendakari de su ‘error' sobre la cuestión el testimonio personal de Ina Robles, aquel bombero bilbaíno que hace dos años se negó a colaborar en el puerto de Bilbao con la carga de material explosivo que se destinaba a Arabia Saudí? ¿Se habría sensibilizado sobre el tema Urkullu tras visionar el magnífico documental de Joseba Sanz producido por Ongi Etorri Errefuxiatuak y titulado “Guerra hemen hasten da / La guerra empieza aquí”? ¿O es que habrían llegado hasta Ajuria Enea los ecos de la campaña de denuncia de la armagintza que bajo el título genérico de “Armas eusko label para la guerra” una decena de colectivos vascos hemos estado manteniendo en las calles y plazas durante más de un año?

Las informaciones que sobre la presentación del informe ofrecían los primeros teletipos, la noticia tal y como fue presentada en los teleberris, la propia duración del acto de presentación oficial del informe (una hora) y el hecho de que en esa presentación estuvieran avalándolo la Directora de Víctimas y Derechos Humanos y el Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, parecían apuntar a que la apuesta era seria, y el documento todo un hito para, con el impulso de las instituciones vascas, comenzar el camino para acabar de una vez por todas con esa realidad tan sangrante de que Euskadi sea una de las principales zonas en la fabricación y exportación militar de todo el Estado español.

Por ello nos volcamos con ansias en el citado documento, para leerlo con el detenimiento que reclamaba una de las personas que lo presentó públicamente. Y con esa lectura fuimos dándonos cuenta de lo que no podemos sino calificar de execrable inocentada orquestada a bombo y platillo por el Gobierno Vasco, cuya intención final no parece ser otra que, ante la creciente crítica social hacia los fabricantes y traficantes de armamento “made in Euskadi”, facilitarles toda una gran operación de blanqueado ético y social, con incremento de ayudas y/o bonificaciones sociales incluido. El Gobierno Vasco saliendo al auxilio y servicio de los mercaderes de la muerte vascos. Son palabras gruesas las que utilizamos, pero probablemente menos de lo que se merece la cuestión.

Por ello, y aunque tenemos intención de laborar un documento en el que demostrar detalladamente nuestros argumentos para esas afirmaciones, nos ha parecido imprescindible hacer público con inmediatez un resumen de todo ello.
Criticando la poca validez de las normativas de control de la exportación de armamentos

El documento del Gobierno Vasco comienza por constatar la laxitud de las normativas y reglamentaciones en torno al control de la exportación de armamentos, tanto a nivel europeo:

En definitiva, el texto europeo permite, en su caso, a los Estados miembros contraponer y priorizar los denominados intereses económicos, sociales, comerciales e industriales frente: al respeto de los derechos humanos

Como del Estado español:

En efecto, de la composición de la JIMDDU [la Junta Interministerial reguladora del comercio exterior de material de Defensa y Doble Uso ] parece reflejarse que son los intereses comerciales los prioritarios a la hora de otorgar o denegar las autorizaciones correspondientes en detrimento de otro tipo de intereses como pudieran ser la defensa o la seguridad del Estado. De igual forma, puede observarse cómo el sistema diseñado adolece de la representación de órganos administrativos especializados en materias relacionadas con el desarme, los derechos humanos o la cooperación internacional.

O la oscuridad existente en la información que el Estado ofrece sobre las exportaciones de material militar, policial o de doble uso:

En efecto, del sistema analizado parece poder concluirse que los datos sobre exportación de las empresas productoras de armas no quedan recogidos en los registros de aduanas debido a que se permite por parte de la Administración que determinadas partidas arancelarias, como las armas de guerra y/o vehículos terrestres militares, aparezcan de forma continua en blanco.

En esencia, este proceder reiterado con esta clase de mercancías y/o productos ostenta la condición o calificación de ventas emboscadas. Es decir, transferencias o ventas de productos relacionados con la industria armamentística sobre los que la Administración autoriza su encubrimiento o la modificación del código arancelario correspondiente por motivos de seguridad para que dichos productos sean indetectables y/o irrastreables. Y remarcar en distintas ocasiones que esas mismas normativas y reglamentaciones impiden a las instituciones vascas cualquier intervención en el control de las exportaciones de material militar, policial o de doble uso: Conforme al análisis efectuado en materia de competencia en comercio exterior, armas e industria armamentística es necesario subrayar que esta competencia queda sustraída a las Comunidades Autónomas. La lectura combinada de los artículos 149.1.3ª, 149.1.10ª; 149.1.13ª y 149.1.26ª CE permite apreciar cómo el Estado sustrae de manera inequívoca, al calificar de exclusivas las competencias allí citadas, la asunción de éstas por parte de las Comunidades Autónomas.

La deleznable propuesta para blanquear a la industria militar vasca

A todos esos análisis dedica casi dos tercios de su documento de 94 páginas. Pero lo alucinante, la execrable inocentada, viene después. Porque, tras el panorama descrito, lo lógico sería pensar que el Gobierno Vasco, de plantearse hacer algo en la materia, se centrara en ver cómo puede establecer controles sobre la producción de las empresas vascas de armamento; proponer cambios normativos para acabar con la laxitud de la normativa actual; impulsar medidas que favorezcan la conversión de la industria militar en civil de utilidad social; idear mecanismos para obtener la información que las empresas no suministran, o encabezar una pedagogía social que deje en evidencia las terribles consecuencias para el mundo de la fabricación y comercio de armamentos. Todo ello sería coherente con la parte del título del informe que dice “El papel de las instituciones vascas para la mejora de la trasparencia, el control de exportaciones y el cumplimiento del marco jurídico aplicable”.

Sin embargo, lo que nos encontramos es todo lo contrario. Lo que se propone es la creación de un “Código de Conducta o Ético Marco” al que se adhieran estas empresas, sin ningún tipo de control sobre su cumplimiento. Es decir, les facilita a los mercaderes de la muerte vascos un lavado de cara con ‘label institucional' para que aparezcan ante la sociedad como defensoras de los derechos humanos y adalides del humanitarismo. No exageramos:

En el caso que nos ocupa, resulta de especial relevancia la posibilidad de crear un Código de Conducta o Ético Marco, al que se adhieran las industrias armamentísticas vascas (también serviría para el resto del sector industrial/empresarial vasco) con objeto de ejercer influencia sobre las prácticas de sus socios o negocios globales, y además, ser un medio para informar a los clientes y proveedores de los principios que rigen la empresa en su día a día.

Este Código Ético o de Conducta no constituiría un sistema de certificación, ya que no siguen unos estándares determinados (normas ISO, EMAS), sino que se limita a recoger en un documento interno una serie de valores, a título informativo, tanto para empleados como para clientes o proveedores. Así, no recoge un sistema de evaluación, desarrollo de procesos, implementación, u otros procedimientos que permiten constatar su ejecución y resultados en la estructura interna de la organización.

El contenido de este Código debería aludir a la protección de los derechos humanos, fundamentales, humanitarios, laborales, medioambientales y prácticas contra la corrupción y el soborno.

Por si no les queda claro a las empresas de la industria militar vasca el chollo que les ofrece el informe, éste se lo aclara:

A la industria armamentística vasca le interesa mucho promover la responsabilidad social y establecer una hoja de ruta con actuaciones concretas, que incluyan la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión social, el respeto a los estándares medioambientales, su declaración de respeto a los derechos humanos universales, promover la transparencia, y sobre todo asegurar que la trazabilidad de sus productos es la adecuada. También pueden apoyar alguna iniciativa social-cultural-humanitaria. Asimismo, también existe la posibilidad de realizar “alianzas” público-privadas como las que promueve el Pacto Global de Naciones Unidas a través de las cuales las empresas colaboran con alguna agencia de Naciones Unidas u otro organismo no gubernamental.

Desde un punto de vista técnico-fiscal se pueden considerar como gastos deducibles una parte de las aportaciones que hagan las empresas para promover determinados proyectos culturales, innovadores, de protección de la sociedad, dentro de su plan de acción de RS. Desde luego ello redundaría en una mejora reputacional de la propia empresa.

Apoyar las ayudas a la armagintza, modificando la ley que lo impide

Pero, por si todo ello no fuera suficiente, y aquí entramos en la incalificable pirueta final, el informe propone arbitrar otras medidas fiscales que incentiven a las empresas de la industria militar vasca a adherirse al citado Código Ético: Para ello dedica nada más y nada menos que 10 páginas del informe al “Análisis del marco jurídico de aplicación de las deducciones fiscales a obtener por las empresas vascas en el sector”. Análisis que concluye diciendo:

Se podría explorar por parte de las instituciones competentes la posibilidad de incluir en la deducción quinta “Deducción por inversiones y gastos vinculados a proyectos que procuren el desarrollo sostenible, la conservación y mejora del medio ambiente y el aprovechamiento más eficiente de fuentes de energía”, un componente social. De hecho, de manera genérica y algo abstracta se menciona cuando se señala el “desarrollo sostenible”. Ese desarrollo sostenible debería implicar conductas en un marco de responsabilidad social, de alcance cultural, educativo, de apoyo a colectivos en riesgo de exclusión, de promoción de conductas que protejan a la infancia, la protección de los derechos humanos, la preservación de los valores éticos en la empresa etc.

No obstante, reconoce que tiene un problema, ya que el Parlamento Vasco aprobó una medida que lo impide:

No obstante, no es menos cierto que el Parlamento Vasco ha tomado un posicionamiento público mediante la aprobación de la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad16 con los Países Empobrecidos, en la que se comprometía a no entablar colaboraciones de ninguna índole con “personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas”.

Así lo dicta expresamente el artículo 3.3 al indicar que:

“En sus políticas de promoción y apoyo a las empresas, el Gobierno Vasco no colaborará de ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas.”

Norma que, por primera vez en un documento público avalado por el Gobierno Vasco, reconoce que, como venimos denunciando desde hace años, se incumple sistemáticamente:

Sin embargo, varias empresas del País Vasco son líderes tecnológicos en ingeniería, desarrollo y construcción de sistemas de misiles y alguna de ellas está especializada en aplicaciones específicas para labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). Varias de ellas han recibido subvenciones públicas para el desarrollo de su actividad.

Pero, y aquí llegamos a la pirueta final, ¿qué propone ante ello el informe? ¿exigir la devolución de las ayudas que no deberían haber recibido esas empresas? ¿mejorar los mecanismos de control en la concesión de ayudas para que no se vuelva a incumplir la norma?… Todo lo contario, variar la norma para que su propuesta de nuevas ayudas a las empresas de la industria militar vasca que decidan sumarse al Código Ético pueda ser legalmente viable:

En definitiva, aflora cierta contradicción que deberá de reconducirse mediante los cambios legislativos que correspondan entre lo dispuesto en el artículo 3.3 de la citada Ley y el facilitar subvenciones y/o mediante las instituciones competentes permitir deducciones de carácter fiscal por la integración del citado Código de Conducta Marco en las empresas vascas del sector.

Algunas consideraciones finales… y el primer bofetón de realidad al informe

Podríamos alargarnos más entrando, por ejemplo, al análisis del “Observatorio público de Derechos Humanos” que se propone junto al Código Ético (con 6 representantes de las instituciones vascas, una persona del sector armamentista, una persona en representación de la clientela del sector, dos profesionales del derecho y el ámbito empresarial y “una persona de reconocida experiencia, competencia y prestigio profesional que represente a la Sociedad Civil” –en otras palabras, el tonto útil del chiringuito-“), pero no creemos que merezca la pena extender más este resumen, pues con lo visto hay más que suficiente para extraer conclusiones.

Creemos que ahora se pueden entender perfectamente nuestras palabras iniciales cuando calificábamos la propuesta de execrable inocentada orquestada a bombo y platillo por el Gobierno Vasco, cuya intención final no parece ser otra que, ante la creciente crítica social ante los fabricantes y traficantes de armamento “made in Euskadi”, facilitarles toda una gran operación de blanqueado ético y social, con incremento de ayudas y/o bonificaciones sociales incluido. El Gobierno Vasco saliendo al auxilio y servicio de los mercaderes de la muerte vascos.

Nos da la impresión de que sobre quienes sí han tenido efecto las movilizaciones sociales y denuncias públicas sobre la sangrante realidad de la industria militar vasca es sobre los mercaderes de la muerte que de ella se benefician, sus empresarios e inversores, y que estos han acudido raudos a su tantas veces valedor, el Gobierno Vasco, para con su ayuda conseguir lavar su imagen, presentársenos casi como abnegados defensores de las causas humanitarias… y conseguir nuevas vías de apoyo económico a su producción de armamentos. Es la conclusión sobre el informe que nos parece más evidente.

Sucede, además, que con frecuencia la realidad, por mucho que se intente maquillar, es más rotunda de lo que les gustaría a los mercaderes de la muerte y sus valedores, y una prueba evidente de ello la hemos tenido a los pocos días de la presentación del informe.

Tras insistir una y otra vez a lo largo de él en la imposibilidad de las instituciones vascas para intentar hacer algo por controlar las exportaciones militares vascas, unos ‘simples periodistas' han evidenciado claramente esa falacia, demostrando cómo, cuando se quiere, se puede, aún a pesar de los pocos recursos en comparación a la de las instituciones. Así, el 24 de noviembre el diario.es demostraba con pruebas contundentes cómo una de las principales empresas vascas de armamento, ITP Aero, produce motores de los cazas saudíes que bombardean Yemen:

Los cazas saudíes que bombardean Yemen desde 2015 llevan un motor producido en parte por una empresa española, ITP Aero, presidida por el exministro y exportavoz del Gobierno de Aznar Josep Piqué. La empresa también lleva a cabo para el ejército de Arabia Saudí el mantenimiento de estos motores.

Esta relación comercial, previamente autorizada por el Gobierno de Rajoy, podría vulnerar la legislación europea y española sobre exportaciones de material bélico, que prohíbe a los Estados autorizar el envío de armamento a países inmersos en guerras o que vulneran los derechos humanos.

Contactada por este periódico, ITP Aero ha rechazado responder al cuestionario enviado por eldiario.es y ha contestado que “actúa con integridad y sigue la regulación de export control de manera estricta en todos sus negocios”.

La noticia no es sino una bofetada plena en el intento de Urukullu por presentarse como el adalid de la ética en el comercio de la industria militar vasca, pues es precisamente esta empresa sobre la que el lehendakari hizo en 2014 las siguientes declaraciones:
Urkullu pone a ITP como ejemplo de la política económica del Gobierno vasco

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha puesto este viernes al Grupo ITP como ejemplo de la política económica que impulsa su Gobierno, ya que ambas se basan en las “4 i: inversión, innovación, industria e internacionalización”. El lehendakari ha intervenido en el acto con el Grupo ITP ha festejado en Euskadi, en Madrid lo hizo la pasada semana, su vigesimoquinto aniversario.

El acto se ha desarrollado en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), en Barakaldo (Bizkaia) con la asistencia de 1.700 personas y autoridades como el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, y la consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia.

Urkullu se ha congratulado del apoyo hace 25 años del Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia para la puesta en marcha de ITP, lo que ahora ha posibilitado la existencia de un importante sector aeronáutico en Euskadi. “Sois el motor turbopropulsor de Euskadi”, ha resumido el lehendakari ante los directivos y trabajadores del Grupo ITP.

(El País del País Vasco, 13-06-2014). https://elpais.com/ccaa/2014/06/13/...

Creemos que no hace falta añadir nada.

Fuente: https://borrokagaraia.wordpress.com...

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La empresa de armamento Expal ficha al ex embajador en EEUU y ex director del CNI Jorge Dezcallar

28 November, 2019 - 00:00

En ese órgano coincidirá con Rafael Bardají, ideólogo de la intervención de España en la Guerra de Irak con Aznar y asesor de Vox.

Expal y su matriz Maxam eran el principal socio privado de la semipública Defex, protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años.

Antonio M. Vélez

Expal Systems, empresa cuya actividad principal es la fabricación de armas y municiones, ha fichado como consejero al exdiplomático Jorge Dezcallar Mazarredo, ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con José María Aznar y ex embajador de España en Estados Unidos entre 2008 y 2012.

Dezcallar vuelve así al sector, ya que entre 2006 y 2008 fue consejero de la matriz de Expal, Maxamcorp Holding, y de su filial Maxam Europe.

Licenciado en Derecho y perteneciente a una familia de la aristocracia mallorquina, Dezcallar ingresó en la carrera diplomática en 1971 y entre 1985 y 1993 fue director general de Política Exterior para África y Medio Oriente. En 1997 fue designado embajador en Marruecos, puesto que ocupó hasta que en 2001 fue nombrado director del CNI, entonces denominado Centro Superior de Información de la Defensa y del que salió dejando claro su discrepancia con la gestión de los atentados del 11-M que llevó a cabo el Gobierno Aznar.

En junio de 2004, fue destinado como embajador ante la Santa Sede, hasta que fue relevado en 2006. Fue entonces cuando se incorporó a la matriz de Expal y a Repsol (como consejero internacional), hasta que en julio de 2008 fue nombrado embajador en Washington, cargo que ocupó hasta abril de 2012.

Su nombramiento en Expal se inscribió en el Registro Mercantil el 18 de noviembre, dos meses después de que se incorporase al máximo órgano de gestión de esa empresa el asesor de Vox y asesor de Aznar para la intervención de España en la guerra de Irak, Rafael Bardají.

Bardají llegó a ser director de política internacional en Faes (la fundación de Aznar) y en 2018, tras romper con el PP, se convirtió en asesor de Vox. Es uno de los máximos exponentes del pensamiento ‘neocon' y se le considera el hombre en España de Steve Bannon, el que fuera gurú de Donald Trump, tal y como apuntaba El Confidencial cuando avanzó su fichaje en septiembre.

Un amigo de Juan Carlos I

En el consejo de administración de Expal, Dezcallar y Bardají van a coincidir con una persona muy cercana al rey emérito Juan Carlos I: el presidente de la empresa, Francisco Torrente, ex jefe del Estado Mayor de la Armada. Su nombramiento llega tras el cese de José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao e íntimo amigo del monarca, del que fue abogado personal durante 20 años.

Con una facturación de casi 250 millones de euros en 2018 y unos beneficios de 33 millones, Expal es filial de Maxam, cuyo 45% adquirió recientemente el fondo de inversión Rhône Capital, dirigido en España por José Manuel Vargas, expresidente de Aena, y cuyo mayor accionista es el empresario José Fernando Sánchez-Junco.

Tanto Maxam como Expal eran socios de la empresa mixta de armamento Defex, protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años. Maxam era el principal socio privado de Defex. Controlaba en total un 21,78% de esa empresa semipública, que está en proceso de liquidación tras su imputación en la Audiencia Nacional. Una parte de ese paquete, un 10,89%, estaba en manos de Expal.

El Diario

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Una empresa española presidida por Josep Piqué produce los motores de los cazas saudíes que bombardean Yemen

27 November, 2019 - 00:00

La ley europea y española prohíbe exportar armamento a países en guerra, pero el Gobierno de Rajoy autorizó a ITP Aero a mantener sus lazos con Arabia Saudí
La compañía del exministro y exportavoz del Ejecutivo de Aznar continuó la relación hasta como mínimo 2017, dos años después del inicio del conflicto armado

Pol Pareja

Los cazas saudíes que bombardean Yemen desde 2015 llevan un motor producido en parte por una empresa española, ITP Aero, presidida por el exministro y exportavoz del Gobierno de Aznar Josep Piqué. La empresa también lleva a cabo para el ejército de Arabia Saudí el mantenimiento de estos motores.

Esta relación comercial, previamente autorizada por el Gobierno de Rajoy, podría vulnerar la legislación europea y española sobre exportaciones de material bélico, que prohíbe a los Estados autorizar el envío de armamento a países inmersos en guerras o que vulneran los derechos humanos.

Contactada por este periódico, ITP Aero ha rechazado responder al cuestionario enviado por eldiario.es y ha contestado que «actúa con integridad y sigue la regulación de export control de manera estricta en todos sus negocios».

Según una investigación de eldiario.es junto a Lighthouse Reports, las relaciones comerciales de ITP Aero con esta dictadura se alargaron hasta como mínimo 2017, dos años después de que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes empezaran la guerra en Yemen contra los rebeldes hutíes apoyados por Irán. Existen indicios, sin embargo, de que la relación podría mantenerse hasta 2019.

Los bombardeos sobre posiciones civiles y las reiteradas violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército saudí, ampliamente documentadas por la ONU, no han impedido que algunas empresas españolas hagan negocios con esta dictadura, a pesar de que países europeos como Alemania, Dinamarca y Países Bajos han optado recientemente por suspender la venta de armamento a Riad.

Un bombardero letal

El Eurofighter Typhoon es un avión de combate producido por un consorcio de empresas españolas, italianas, alemanas y británicas. Alcanza velocidades supersónicas y tiene capacidad para efectuar bombardeos aire-tierra y aire-aire. Puede llevar hasta 12 misiles y bombas.

Los gobiernos británicos, alemán y francés han reconocido que este caza se usa por las fuerzas saudíes para bombardear Yemen. Según una filtración de documentos de la agencia de inteligencia francesa DRM, Arabia Saudí ha llegado a realizar unas 120 salidas diarias con este avión hacia objetivos yemeníes desde tres bases distintas repartidas por el país.

Esta investigación periodística ha podido geolocalizar a estos cazas en las bases mencionadas así como otro Eurofighter saudí sobrevolando la frontera yemení en 2016 con material preparado para efectuar un bombardeo aire-tierra.
Un Eurofighter saudí a punto de despegar, geolocalizado en la base del Rey Fahad, en el oeste de Arabia Saudí, el pasado 23 de abril de 2019.

Un Eurofighter saudí a punto de despegar, geolocalizado en la base del Rey Fahad, en el oeste de Arabia Saudí, el pasado 23 de abril de 2019.

La compañía presidida por Piqué resulta vital para la producción de este caza. Tanto en su web como en informes anuales de la empresa -que pertenece al Grupo Rolls Royce- asegura que participa en el «diseño, fabricación, montaje, ensayos y soporte en servicio» del motor de estos aviones, el EJ200.

También afirma que la compañía «realiza el mantenimiento de los módulos de los que es responsable de diseño para Austria, Arabia Saudita, Omán, Kuwait y Catar». En el reporte anual de 2017 de Rolls Royce, el grupo propietario de ITP Aero, también se confirma que la empresa produce los EJ200 para Arabia Saudí.
Dos cazas saudíes geolocalizados en la base del Rey Khalid, situada cerca de la frontera con Yemen, el pasado 10 de julio de 2019.

Dos cazas saudíes geolocalizados en la base del Rey Khalid, situada cerca de la frontera con Yemen, el pasado 10 de julio de 2019.

Según la documentación de ITP Aero, la relación comercial con la dictadura saudí se alargó como mínimo hasta 2017, año en el que se entregaron los últimos Eurofighter a este país. Sin embargo, en otro informe de la empresa publicado en 2019 sobre los resultados no financieros del año anterior, el régimen de Riad sigue apareciendo en una infografía como uno de sus clientes internacionales del motor EJ200. Piqué fue elegido presidente del consejo de administración a finales de 2017.

Middle East Propulsion Company (MEPC), una empresa saudí que lleva a cabo servicios de mantenimiento para aviones militares, aseguró en su cuenta de Twitter el pasado febrero de 2019 que varios trabajadores se desplazaban a las dependencias de ITP Aero en España para realizar una formación centrada en el mantenimiento del motor EJ200. En marzo de 2018, Arabia Saudí firmó un memorándum de interés para intentar adquirir 48 cazas Eurofighter más para su ejército.

Exportación previa a Reino Unido

Los motores producidos en la empresa de Piqué, cuya sede está en Zamudio (Bizkaia), son exportados al Reino Unido, donde se montan en el Eurofighter para después ser trasladados a Arabia Saudí. Según datos de la Secretaría de Comercio, las exportaciones españolas a Reino Unido de componentes para el caza Eurofighter superan los 451 millones de euros, solo entre 2015 y 2017.

A pesar de que la empresa exporta previamente a Reino Unido, la normativa sobre exportación de armamento del Consejo de la UE, aprobada en 2008 y legalmente vinculante, establece que las licencias de exportación «se concederán únicamente cuando exista conocimiento previo fiable del uso final en el país de destino final». También dice que los Estados deberán tener en cuenta «el uso potencial del producto acabado en el país de producción y el riesgo de que se pueda desviar o exportar el producto acabado a un destinatario final no deseado».

La misma legislación señala que los Gobiernos «denegarán la licencia de exportación cuando exista un riesgo manifiesto de que el receptor previsto pueda utilizar la tecnología o los equipos militares» para «agredir a otro país o para imponer por la fuerza una reivindicación territorial». El mismo texto añade que otro motivo para denegar una exportación es la «existencia del riesgo de que la tecnología o el equipo militar se desvíen dentro del país comprador o se reexporten en condiciones no deseadas».

El hecho de que los materiales exportados sean componentes de un motor de un caza y no armas en sí mismas tampoco exime de cumplir la legislación comunitaria. Los «motores aeronáuticos de propulsión» y los «componentes diseñados especialmente para ellos» también están incluidos en la lista común de material militar de la UE.

También la legislación española (ley 53/2007) establece que se deben denegar las licencias de exportación cuando los materiales «puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional» o «en situaciones de violación de derechos humanos».

La pujanza española en el sector bélico

España es el séptimo país que más armas exporta en todo el mundo. La importancia de este sector se ha ido multiplicando durante los últimos años hasta el punto de que, desde 2004, las exportaciones y autorizaciones de venta de armamento se han multiplicado por 10.

El mayor aumento, que coincide con la llegada de Mariano Rajoy al Ejecutivo, se da a partir de 2012 y alcanza su pico en 2017, cuando las autorizaciones para exportar armamento superaron los 21.000 millones de euros, multiplicando por cuatro las de 2016. Los datos completos de 2018 todavía no se han hecho públicos.

La pujanza de España en este sector, sin embargo, ocurre a costa de vulnerar en muchas ocasiones la legislación europea y española sobre venta de armamento, que prohíbe exportar a países en conflicto, a gobiernos que vulneren los derechos humanos e incluso a países que pudieran exportar ese material a otros Estados donde ocurren los supuestos mencionados anteriormente.

Quien toma la decisión en España sobre a qué lugares se pueden exportar armas es un organismo llamado Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMMDU), integrada por representantes de los ministerios de Industria, Turismo y Comercio, de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa, de Economía y Hacienda y de Interior. Las reuniones son a puerta cerrada y las actas son secretas e inaccesibles.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al que está adscrito la JIMMDU, no ha querido hacer ningún comentario para este reportaje.

El Diario

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Los círculos viciosos de la industria militar

26 November, 2019 - 00:00

nuevatribuna.es | Alternativas Noviolentas

El entramado de la industria europea de defensa consta de 25 empresas entre las 100 principales del mundo. Sólo con esta cifra, y teniendo en cuenta el abrumador peso global de la industria militar de EEUU, podemos concluir que no somos una potencia pacífica. El hecho de que entre las 10 primeras empresas militares haya 4 europeas (25%) corrobora el juicio.

De estas 25 empresas europeas de la industria militar sólo dos anuncian pérdidas: la número 42 del mundo, la francesa CEA, dedicada a la energía atómica y que con ventas de 2.020 millones de dólares anuncia pérdidas de 83 millones de dólares (un 4'1%); y la española Navantia, número 98 del mundo y que con unas ventas de 710 millones de dólares anuncia pérdidas de 336 millones de dólares. Es sólo un dato, pero nos sugiere, sin arriesgar mucho, que nuestra industria de defensa patria está muy mal gestionada, a pesar de los constantes apoyos (subvenciones, en ocasiones a fondo perdido) de los gobiernos y a apoyos impropios (Kichi en Cádiz, por ejemplo).

Las grandes empresas de la industria militar europea son:

2 empresas transeuropeas: AIRBUS, 7ª mundial y MBDA 25 mundial
8 inglesas: BAE, 4ª; Rolls-Royce, 16; Babcock Int. G, 18; Cobham, 57; Serco, 58; GKN, 68; Meggit, 80; Ultra Electronics, 97.
6 francesas: Thales, 10ª; DCNS, 23; Safran, 33; CEA, 42; Dassault Aviation Gr., 60; - - 3 alemanas: Rheinmetall, 26; ThyssenKrupp, 47; Krauss-Maffei-Wegman, 78.
2 italianas: Leonardo, 9ª; Ficantieri, 54.
1 polaca: PZG, 75.
1 noruega: Kongsber Gr., 94.
1 española: Navantia, 98.

Pero los pequeños productores de armamento europeos se estiman en torno a 1.350 con una facturación de 36.000 millones de € en 2013.

Por nuestra parte, España supone el 4'8% de la facturación europea, el 4'84% de la mano de obra y 4.900 millones de € facturados en 2015, cuando en 2007 no llegaban a 933 millones de €. Como se ve, la última década deja clara nuestra apuesta por la fabricación y venta de armas.

Grosso modo, la estrategia de las naciones europeas ha consistido en fomentar la existencia de campeones militares nacionales, lo cual les ha llevado a:

situaciones monopolistas con los vicios que ello conlleva
reducción de competitividad
que las empresas no asumen riesgos financieros, obligando a asumirlos a los Estados
las empresas no muestran preferencia especial por proveedores europeos
las empresas suelen tener como clientes prioritarios, en muchas ocasiones exclusivos, a los propios gobiernos, con lo que las diferencias entre empresas y gobiernos a veces, demasiadas, es inexistente
los Estados, España, por ejemplo, deben asumir gestiones y/o gastos de muy baja calidad sin penalizar a las empresas porque, en definitiva, deberían acabar pagando los propios gobiernos

Todas estas características desastrosas implican la existencia de un círculo vicioso política y económicamente:

un país mediano-pequeño, como es España tiene un presupuesto de Defensa en consonancia
al ser el Estado el inversor mayoritario en la un altísimo porcentaje de la industria militar, el presupuesto destinado a la industria militar no puede ser muy elevado
dichas inversiones escasas (comparadas con otras grandes potencias militares y económicas) en la industria militar provocan que los avances tecnológicos que se obtienen sean escasos
todo ello causa que la obsolescencia de los productos industriales militares españoles (aunque también los de la industria militar mundial) tengan un periodo de obsolescencia muy corto comparado con el larguísimo ciclo de planeamiento, desarrollo y pruebas de cualquier armamento
el resultado final es que la rentabilidad de la industria militar para cualquier país, y sobre todo para un país como el nuestro, es muy baja.

Ante esta realidad innegable, hay dos opciones. La primera, la más lógica y saludable para las arcas españolas sería abandonar los múltiples esfuerzos que se hacen en la industria militar y dedicar las inversiones a sectores más útiles y rentables socialmente (sanidad, educación, medioambiente, etc). La segunda, la preferida por los gobiernos españoles del PP y del PSOE ha sido hundirnos más en el fango completando y profundizando en el círculo vicioso anterior:

los gobiernos optan por la reinversión en armamento nacional intentando promover campeones nacionales en los diversos sectores que sean capaces de competir internacionalmente en lograr ventas y compradores para sus productos
los gobiernos asumen las pérdidas millonarias de la industria militar patria lo cual aumenta la deuda y el déficit del Estado, empobreciendo a tod@s l@s español@s
los gobiernos tratan de ocultar los problemas sistémicos que provoca un solo sector (el militar) en toda la economía estatal mediante cuatro procedimientos que buscan ocultar el gasto militar desproporcionado:
situando una gran parte del gasto militar en partidas ajenas al Ministerio de Defensa
utilizando los préstamos a interés 0 en adelantos a la industria militar por parte de ministerios que no son el de Defensa para encubrir el sobregasto militar
diseñando ciclos de inversiones militares que se prolongan durante décadas y que son aprobadas por gobiernos y políticos que ya no estarán ni en el poder, ni en la vida política, en ocasiones, cuando se tengan que llevar a cabo los pagos. Es decir, promoviendo la no asunción política de responsabilidades y la mala gestión
ocultar el gasto militar desproporcionado entre soflamas nacionalistas a rebosar de peligros inexistentes en el ámbito internacional para nuestra seguridad y desarrollo

Todo este círculo vicioso ha acabado formando una burbuja financiera militar que gangrena los presupuestos nacionales en su conjunto:

aumentando el déficit anual
aumentando la deuda (que ya supera el 100% del PIB)
detrayendo dinero para inversiones socialmente útiles
secuestrando mano de obra para producir armas que no dan bienestar social y sí aumentan la inestabilidad internacional y el peligro de atentados en España
secuestrando el futuro económico de amplias zonas de nuestro país (Cádiz, Cartagena, Ferrol, Getafe, …)
promoviendo una política internacional generadora de conflictos y guerras para poder vender el armamento, es decir, convirtiéndonos en un Estado agresor a ojos extranjeros.

Esta situación se ha ido prolongando y agravando desde hace décadas y la burbuja financiera militar ya no es sólo un problema militar sino que se ha convertido en un problema estatal que provoca gastos inútiles como que las corbetas que fabrica la deficitaria Navantia tengan que desplazarse a Australia para ser un escaparate con el que vender nuevas corbetas y recuperar parte de la inversión. Pero si las corbetas están en las costas australianas será porque no eran necesarias para la defensa de nuestras costas (o bien se está mermando nuestra seguridad o bien las corbetas eran innecesarias).

La única salida, teórica, es la exportación. Pero a ella nos enfrentamos en desventaja porque otros países mayores tienen más que ofrecer por la propia lógica del sistema de la industria militar antedicha. Además, como el mercado internacional de armas entre los Estados y sus empresas campeonas presenta una durísima competencia, el gobierno “se ve obligado” a sucios ardides como recurrir a las exportaciones ilegales y/o ilegítimas a países en guerra o que no respetan los derechos humanos; a asumir financiar sobrecostes por exigencias de los clientes internacionales para adaptar cada tipo de armas a sus necesidades; a asumir sobrecostes producidor por cobrar con mucho retraso mediante pagos a créditos y/o a largo plazo; a asumir bajar sus beneficios con las transacciones de armamento debido a que los países compradores exigen tasas de retorno económicas y tecnológicas por sus compras.

En definitiva, la industria militar nos enseña con sus círculos viciosos y sus políticas nacionalistas y violentas que es generadora de pobreza interna y de guerras en el exterior.

Público

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30 años de insumisión, el movimiento que llenó calles y cárceles de desobediencia civil

22 November, 2019 - 01:30

Miguel Muñoz

Año 1989. Mes de noviembre. El PSOE de Felipe González gobierna con una mayoría absoluta obtenida, en esta ocasión, por la mínima. En las calles aún resonaban los ecos de la huelga general celebrada un año antes. Y de las movilizaciones anti OTAN surgidas años antes del referéndum de permanencia celebrado en 1986. 1989 sería un año clave para entender un movimiento político histórico en nuestro país: la insumisión. El rechazo a formar parte del ejército, al servicio militar obligatorio. A “la mili”. Tal día como hoy, 16 de noviembre, se celebraron hace tres décadas los primeros juicios militares contra insumisos en nuestro país.

Josep María Moragriega y Carlos Hinojosa fueron los nombres propios de aquel día. Ambos formaron parte de los 57 primeros insumisos declarados. Se presentaron, coordinadamente, el 20 de febrero del citado año 89, ante diferentes gobiernos militares. Solo 11 fueron detenidos. Moragriega fue uno de ellos. Pasó quince días en prisión preventiva. Y posteriormente fue citado, junto a Hinojosa, a juicio militar para el mes de noviembre.

“Organizamos una movilización estudiantil muy potente, hubo huelga ese día. Culminó con una macromanifestación a las puertas del gobierno militar donde se realizaba el juicio en Barcelona”, recuerda el propio Moragriega en conversación con cuartopoder. El juicio se celebró un año después de la primera presentación. La condena fue de 13 meses de prisión. “Intentaron hacer una condena suave para intentar desmovilizar a los futuribles insumisos. Eso no fue así porque en la segunda presentación se incrementó el número de manifestantes”, señala Moragriega.

Aunque el primer objetor de conciencia por razones no sólo religiosas fue Pepe Beunza, que se declaró insumiso en 1971 y estuvo preso hasta 1974, el año 1989 marca un antes y un después. Se había anunciado la próxima puesta en marcha de la Prestación Social Sustitutoria (PSS) por parte del Gobierno. Es decir, realizar un servicio social en sustitución de la mili. Además, se comenzaron a denegar las declaraciones colectivas de objeción de conciencia que habían sido aceptadas en años anteriores. Los colectivos antimilitaristas, entre los que destacan el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) o el Mili KK, intensificaron sus acciones.

“Usaban la represión selectiva de baja intensidad, con el objetivo de intentar frenar la ola que se les venía encima. Fue una ola que creció exponencialmente. No tuvo fin ni siquiera cuando sacaron la ley civil para regular la PSS”, reflexiona. La variedad de movimientos también produjo diferentes estrategias que variaban entre hacer visible la causa entrando voluntariamente a la cárcel o la “insumisión total”, que incluía no presentarse a los juicios.

La sentencia de Moragriega tardó en llegar tras varias vistas. No ingresó en prisión hasta el año 1991. “Del juicio militar salí por la puerta, la sentencia salió 48 horas después”, recuerda. Entonces pasó a situación de clandestinidad para no ser detenido. La idea era entregarse cuando más le interesara al movimiento, para que causara mayor impacto. Ese momento llegó el 15 de Mayo, Día Internacional de la Objeción de conciencia.

Moragriega fue detenido. Se presentó solo porque Hinojosa seguía la línea de la “insumisión total”. “Fui al gobierno militar, dije que ahí estaba y que procedieran a hacer lo que tuvieran que hacer. Me trasladaron a Cartagena después de un viaje larguísimo, incomunicado. Me aplicaron ley antiterrorista, estuve desaparecido más de 72 horas, todas de conducción. Pisé cuatro prisiones: Modelo y Trinidad en Barcelona. Modelo de Valencia, Sangonera (Murcia) y finalmente Cartagena, en el Penal Naval de Santa Lucía”, relata. Pasó allí unos 11 meses.

Dentro de prisión, la lucha seguía. Entre otras cuestiones, aportaba textos que eran leídos en actos del movimiento insumiso. “Había que mantener alta la moral antirepresiva. Yo desde la cárcel poca cosa más podía hacer, confiar en todos mis compañeros y esperar mi día”, apunta. Moragriega “celebró” su 25 cumpleaños en prisión y allí acabo su carrera universitaria. Luego empezó a trabajar como profesor.

Con los años se vinculó mucho a la situación creada por la Guerra de los Balcanes. “La insumisión continuaba activa pero ya dejé paso a nuevos insumisos. A nivel de organización me retiré y pasé a fundar y trabajar en Maestros por Bosnia”, señala. En febrero de este año, aprovechando el aniversario de aquella primera presentación ante los gobiernos militares, la prisión de la Modelo en Barcelona, convertida ahora en un centro de memoria, organizó un acto de recuerdo y homenaje de aquellos pioneros.

Coordinación y multiplicación de casos

El número de personas insumisas creció exponencialmente con el paso de los años. Los juicios pasaron a ser de carácter civil por la entrada en vigor de la PSS. Las historias son innumerables. Otros hitos a tener en cuenta tuvo lugar en 1991 en Albacete. Allí tuvo lugar el primer juicio contra insumisos a la PSS. Los juicios siguieron mientras la administración ejecutaba esa “represión selectiva” o “de baja intensidad”. Entre otras cosas esto derivaba en diversidad de condenas dependiendo del juez en cuestión e incluso absoluciones.

El periodista Joan Canela es autor del libro Insubmissió. Quan joves dearmats van derrotar a un exércit (Sembra Libres, 2019). También fue activista, en su caso del Mili KK. “El movimiento fue muy potente pero más tarde, no en sus primeros años”, señala a este medio. Canela destaca que la estrategia a seguir era dura, había que asumir que se iba a la cárcel y no se sabían bien las consecuencias de las acciones. “Al principio hubo muchas dudas y debates, si seguir una estrategia u otra, si había posibilidades, etc”. El periodista recuerda además la actuación del PSOE amnistiando a todos los objetores acumulados en espera de aprobar la nueva ley. “Se hizo para quitarse un grueso de activismo de en medio”, afirma.

“El movimiento antimilitarista fue muy capilar. En número y cantidad, Catalunya y País Vasco fueron los puntos fuertes, pero hubo insumisos en todos sitios. En sitios con escasa presencia de movimientos sociales alternativos, había insumisos. Fue muy generacional y transversal”, describe este periodista. Además, destaca la coordinación estatal que había entre diferentes partes del Estado. El MOC y el Mili KK eran coordinadoras estatales, asamblearias. Tenían núcleos locales, intercomarcales y una coordinación estatal que cada dos meses iba a Madrid a reunirse durante el fin de semana.

“Era un nivel de militancia muy intenso, la gente estaba muy comprometida”, señala. La actividad era incesante, y en época pre-redes sociales. “Era muy espectacular, detenían a dos insumisos en Sevilla y desde allí llamaban por teléfono, local por local, a todo el Estado. A la mañana siguiente ya había concentración en Valencia, Madrid, etc. Había cierta cohesión de colectivo. Eso ayudó mucho a mantener la lucha contra la represión”, argumenta Canela.

Esa coordinación estatal la vivieron personas como Carlos Herrero Canencia. En 1988 descubrió el movimiento insumiso mientras estudiaba Filología en la Universidad Complutense. Además, participó en unas pioneras jornadas antimilitaristas en Zaragoza ese mismo año. “Me daba al principio mucho miedo, era algo ilegal, podías entrar en la cárcel”, reconoce. Su condición de homosexual, además, fue relevante para su lucha. “Tenía claro que el ejército era un sitio completamente homófobo. En el juicio, una de las razones que alegué era el hecho de ser gay y estar en contra del ejército por su homofobia”, afirma. En marzo de 1990 se presentó como insumiso y tuvo el juicio cuatro años más tarde.

Herrero pertenecía a la Coordinadora Antimilitarista. “Fueron años de muchísimo activismo, dando charlas, montando manifestaciones, acompañamiento a los presos, etc. En Madrid se hizo un trabajo antirrepresivo muy importante”, comenta. Recuerda una acción concreta en la prisión militar de Alcalá de Henares, donde el director de la prisión provocó agresiones entre algunos soldados presos y los insumisos. A él le tocó visitar a los presos el día de los hechos. “Llegué a casa, llame a toda gente, se organizo mucho follón, una manifestación, etc. Aparte de que fue algo muy bonito y surgió un efecto grande. Contamos con el apoyo de varios diputados y el director de la prisión se acojonó”, señala.

Aquello fue en 1998. Pero antes, Herrero pasó por su proceso judicial. Juicio. “Fue, por un lado, muy tenso y por otro muy emocionante porque se montó un acto de solidaridad brutal. En el momento del discurso final vi que había entrando gente y la sala estaba hasta arriba”, apunta. Su condena fue de un año de cárcel por lo que te podían hacer firmar la libertad condicional y no entrar. “Me pasaba que no sabía qué hacer. Si firmaba me quitaba de problemas. Fue muy duro pero no lo firmé. Me volvieron a llamar pidiendo que firmara un papel diciendo que no había firmado el otro papel. Yo dije que no iba a firmar ya nada. Los meses que mayor tensión tuve fueron ahí cuando tenía la orden de búsqueda y captura. Me podían detener en cualquier momento”, recuerda.

La estrategia pasaba por elegir alguna acción concreta llamativa para provocar la detención y darle un sentido político. Pero había mandos policiales y políticos que preferían no dar más publicidad al movimiento y no los detenían. Finalmente, Herrero se presentó a entregarse junto con tres compañeros más. “Convocamos a la prensa y una concentración y fuimos. Fue muy emocionante, tener a toda la gente coreándote y gritando consignas mientras entras en prisión”. Cumplió su condena en Carabanchel, luego en Yeserías y finalmente en Valdemoro en régimen abierto. Desde entonces ha seguido vinculado a movimientos sociales y ha impulsado un colectivo en Madrid de Docentes LGBTi.

Referente de los movimientos sociales actuales

“Nuestra lucha sigue siendo un referente para los movimientos sociales”. Habla con José Manuel López, activista antimilitarista que formó parte del MOC desde el año 1987. Él estuvo presente, acompañando, aquel 20 de febrero, en Madrid en la primera presentación de insumisos pese a que todavía no lo era.

También pasó por la cárcel. “Hubo jueces que pensaban que no deberíamos ir a la cárcel y se inventaban eximentes. Es lo que pasó en mi caso, me condenaron a 6 meses”. Un tiempo que repartió entre las cárceles de Carabanchel y Valdemoro. “La PSS no tenía ninguna intención social, era simplemente un castigo. Durante los años que duró era una chapuza. Muchas organizaciones sociales se negaron a colaborar con el Estado. Como Cáritas, por ejemplo”, apunta.

Recuerda este activista aquellos años al movimiento “bastante coordinado y con muchos colectivos”. Y señala su vigencia. En su caso, el MOC pasó a llamarse Alternativa Antimilitarista. “A día de hoy se nos sigue llamando en muchos movimientos para pedirnos talleres sobre acción directa no violenta, desobediencia civil, campañas, etc. Desde el 15M hasta los movimientos por la crisis climática”.

Y es que los insumisos fueron en cierto modo pioneros en acciones llamativas. “Lo de colgarse de una pancarta en un puente, encadenarse en juzgados, ocupar cuarteles, etc. Fueron los primeros en actuar de esa forma. Supieron usar los medios de forma muy inteligente”, apunta por su parte el periodista Canela.

“El hecho de la desobediencia civil tiene una capacidad de impacto enorme. Se pusieron en juego todo un repertorio de acciones que de alguna manera fueron novedad y lograron que el movimiento tuviera mucha visibilidad: acciones en los cuarteles con las entregas de insumisos, encadenamientos en el gobierno militar, en el cuartel general del ejército, etc. Con no mucha gente lograbas un impacto enorme”. Quien habla es Nacho Murgui, insumiso en los años 90 y actual concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento.

El movimiento, como decía López, sigue vigente. Su “horizonte utópico” es la desmilitarización de la sociedad. Por ello han desarrollado varias campañas. Una, contra el gasto militar. Más antigua aún que la insumisión que es la objeción fiscal a los gastos militares. Se lleva haciendo desde principios de los años 80. “En el 15M tuvo un importante impulso”, apunta López. También se realizan campañas contra fabricación y venta de armamentos, que incluye, por ejemplo, denunciar las ferias de armas que se celebraban en Ifema. La militarización de las fronteras, en colaboración con otros colectivos como Caravana Abriendo Fronteras, es otro de los temas que siguen.

Amplio apoyo social

“En el tiempo que estuve en busca y captura a mí me avisaban todo el rato los vecinos. El frutero de la esquina, que no era un hombre de izquierdas precisamente, estaba pendiente y cada vez que veía alguna cosa extraña de que fueran a por mí, me avisaba. Lo viví con mucho apoyo, se generó una comunidad potente”. Son los recuerdos de Murgui, que fue juzgado en 1996 tras estar más de un año en busca y captura. En su caso, optó por no asistir a la citación judicial y formaba parte de un pequeño colectivo autónomo madrileño.

Una de las acciones que realizaban era mandar cartas a los juzgados, una vez citados a declarar, exponiendo sus razones políticas para no asistir. "No reconozco a ningún tribunal la capacidad de juzgar las conciencias y mucho menos a un movimiento social ampliamente reconocido por la población”, destaca uno de los alegatos de Murgui en su momento.

“El rechazo a la mili era compartido por la mayoría de la sociedad, era muy transversal”, destaca el actual concejal. La gran cantidad de personas que se fueron declarando insumisas suponía un problema incluso práctico a la hora de que el Gobierno aplicará la ley. “Era una ley inaplicable por la extensión del movimiento de desobediencia civil”, comenta.

Por su parte, el periodista Canela comparte que la insumisión generaba muchas simpatías sociales. Y además pone de relevancia que, visto desde la perspectiva actual, al movimiento insumiso lo trataban muy bien en los medios de comunicación. “En el momento, el movimiento no se sentía demasiado apoyado. Pero si lo comparas con cómo se tratan ahora los movimientos similares, es impresionante. Destacaban al movimiento antimilitarista como un actor político, no como una tribu urbana. Después sacaban las barbaridades del ministro o artículos criminalizando. Pero también salía la otra parte. No fue un apoyo pero sí una cobertura seria”. Un ejemplo: el diario El País publicó un artículo de Moragriega e Hinojosa el día que fueron juzgados.

Otro aspecto curioso fue la cierta presencia del cristianismo de base. “El MOC, en sus orígenes, tiene cierta conexión con el cristianismo de base”, destaca el periodista. Conviene recordar que el mencionado Pepe Beunza venía de ahí. Esas conexiones se van diluyendo a partir de los 80 y 90 pero agrupaciones con peso en la base, como Justicia y Pau, representada por Arcadi Oliveres, tuvieron su importancia. No obstante, aunque desde la jerarquía católica tuvieron su reflexión interna, se hizo una pastoral criticando a los insumisos. “La Iglesia en sí no apoyó nunca la insumisión”, apunta Canela.

Un movimiento que logró vencer

La mili acabó porque el gobierno de José María Aznar lo pactó con la CIU de Jordi Pujol en el famoso pacto del Majestic, en 1996. Se hizo efectiva en 2001. “En una década acabar con la mili está bastante bien. Teniendo en cuenta que veníamos de una dictadura militar, que el ejército en este país era una institución sagrada, el éxito es bastante grande, nosotros así lo vivimos. Supuso un impulso importante y 30 años después seguimos luchando”, señala López.

“El movimiento murió de éxito. Al principio todos los insumisos formaban parte de un colectivo, estaban coordinados, tenían abogados del movimiento. Pero llega un momento en que se desborda, empiezan a salir montones de insumisos, no se pueden juzgar a todos. Se creó como un manual para hacer campañas, se replican de formas autónomas, se desbordó el movimiento”, destaca, por su parte Canela. El periodista considera que el movimiento no tuvo la fuerza necesaria para vender políticamente su victoria. “Creo que estaba un poco decaído pero también hay que entender que del 89 al 92 o 93 fue la dinámica de activismo frenético. Desgastó a muchos activistas. En el 95 o 96 había mucha gente en segunda línea porque no podía más”, añade.

“Fue una victoria enorme. El movimiento partía de un discurso de mayor alcance, logró acumular mucha fuerza contra la mili pero cuando esa cuestión se acaba, el movimiento antimilitarista queda mucho más aislado de la sociedad”, apunta Murgui. Considera, además, que “cuando los movimientos sociales logran algunos de sus objetivos muchas veces languidecen”. Murgui reconoce que no recuerda que por ejemplo hubiera actos celebrativos. “En estos ámbitos siempre tenemos un carácter muy crítico y cuesta reconocer las victorias. Pasa en los movimientos sociales y en la izquierda. Pero el acabar con una institución como la mil, tan arraigada en un país como éste, tiene un mérito tremendo, fue una transformación de un alcance tremendo. No se ha reconocido, ni siquiera por quienes formamos parte de él, el papel que tuvo el movimiento”, concluye.

Fuente: https://www.cuartopoder.es/espana/2...

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Objeción Fiscal: mientras haya ejércitos, seguiremos desobedeciendo

18 November, 2019 - 22:23

La Objeción Fiscal al Gasto Militar (OFGM) es una más de las herramientas de la desobediencia civil, puesta en marcha en el estado español en los años 80, que utilizamos quienes estamos en contra del militarismo. Como siempre que se ejerce la desobediencia civil, las personas que realizamos la OFGM no ocultamos nuestra condición de objetoras, por lo que escribimos una carta al Ministerio de Hacienda en la que informamos de que hemos decidido no abonar al Estado una parte de los impuestos destinada a sostener la estructura y la actividad militar y, en su lugar, hemos decidido desviar esa cantidad a un proyecto o colectivo que desarrolla tareas socialmente transformadoras y que contribuyen a una sociedad más justa y en paz (colectivos solidarios, feministas, ecologistas, antimilitaristas, antirracistas, anticapitalistas, etc.)

En los últimos años, se ha producido un aumento importante de reclamaciones de las cantidades desviadas en concepto de OFGM. En la línea de la experiencia que nos ha dado la práctica de la desobediencia civil desde hace ya varias décadas, desde AA MOC apostamos porque nuestra respuesta ante la represión sea la de seguir desobedeciendo, a la vez que buscamos colectiva y organizadamente rentabilizar el castigo que se nos quiere aplicar de manera que se vuelva contra quien lo impone.

Por ello, y dado que el Gobierno, lejos de reducir el gasto militar, continúa en la senda de incrementarlo con el objetivo de que el presupuesto del Ministerio de Defensa alcance el 2% del PIB y ha comprometido más de 12.000 millones de euros en nuevos planes para adquisición de armamento, las antimilitaristas seguiremos desobedeciendo y practicando la objeción fiscal.

A la vez, y porque otra de las enseñanzas de la desobediencia civil y la noviolencia es la de cuidarnos entre nosotras y afrontar la represión de manera colectiva, desde AA MOC ofrecemos los siguientes recursos a las personas cuyas declaraciones estén siendo revisadas y pedimos a las personas que hayan recibido reclamaciones de la Agencia Tributaria por ser objetoras fiscales que se pongan en contacto con nosotras (contacto objecionfiscal.info) para poder articular una respuesta conjunta y de carácter político a las reclamaciones de cantidades y propuestas de sanciones.

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Defensa suspende unas pruebas físicas del Ejército de Tierra tras la muerte de un soldado

4 November, 2019 - 20:15

EUROPA PRESS

El Ministerio de Defensa ha ordenado la suspensión de unas pruebas físicas del Ejército de Tierra después de que la madrugada del pasado viernes falleciera tras su ejecución un soldado del regimiento Arapiles 62 en Sant Climent de Sescebes (Girona).

Se trata de las denominadas pruebas de unidad, en las que los soldados deben realizar un recorrido a pie equipados con todo su equipo. El pasado jueves, el soldado Javier Holgado se desplomó al terminar la prueba y falleció poco después en el hospital al que fue trasladado, según ha adelantado El Español.

Tras este suceso, fuentes del Ministerio de Defensa han informado de que se ha ordenado a los jefes de los Ejércitos que realicen esta prueba de unidad que la revisen y, en su caso, «actualicen contenidos». Mientras, la prueba ha quedado suspendida hasta que finalice este proceso.

Las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas han manifestado en redes sociales numerosas críticas a estas pruebas físicas, que aseguran que ya se han cobrado la vida de dos militares durante los últimos dos años, además de «numerosas bajas médicas».

La Asociación Unificada de Militares (AUME) sostiene que esta prueba «de gran dureza» no está recogida por la ley, que solo contempla una prueba física individual anual, por lo que pide que se revise su necesidad y, en caso de realizarse, que se haga con las necesarias medidas de seguridad.

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