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Actualizado: hace 2 horas 6 min

El gasto militar se camufla en los presupuestos

12 October, 2021 - 00:00

Ilustracion Gasto Militar El Salto 54
Patricia Bolinches

Año tras año, las cantidades destinadas al Ministerio de Defensa en los Presupuestos Generales del Estado no incluyen el gasto militar total. Sucedió durante los gobiernos de González, Aznar, Zapatero, Rajoy y sucede ahora con Sánchez en La Moncloa. Después de la aprobación de sus primeros presupuestos a finales de 2020, casi un año después del inicio de la pandemia, la partida en Defensa ha vuelto a subir. Se prevé que el gasto militar total supere la cifra récord de 21.000 millones a finales de año.

Nicolás Ribas

La pandemia no ha reducido el gasto que el Gobierno progresista destina al Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados para 2021 reflejan que el gasto crece hasta los 9.411 millones de euros respecto a los 8.737 millones del ejercicio anterior, es decir, representa una subida del 7,7%. Hay que tener en cuenta que tanto los PGE de 2020 como los de 2019 fueron prorrogados de los que fueron aprobados en 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y María Dolores de Cospedal como ministra de Defensa.

Ningún Gobierno desde el que presidió Felipe González hasta el actual de Pedro Sánchez, pasando por las legislaturas de Aznar, Zapatero y Rajoy, ha reflejado el gasto militar real en el presupuesto de Defensa. En el caso concreto de los PGE presentados por el Gobierno de Sánchez, a esos 9.411 millones hay que añadir 1.151 millones correspondientes a los organismos autónomos del Ministerio de Defensa y los 299 millones con los que está dotado el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algo que ha ocurrido en todos los gobiernos anteriores, con algunos matices y variaciones.

Por tanto, el presupuesto consolidado de 2021 ascendería a 10.863 millones respecto a los 10.198 millones de 2020, según el cálculo elaborado por el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, entidad independiente especializada en análisis de paz, seguridad y defensa, en su informe Análisis crítico del Presupuesto de Defensa de 2021. Además, existen otras partidas escondidas en otros ministerios que, siguiendo el criterio de organizaciones como la OTAN o el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), se deberían contabilizar como gasto militar.

Estas partidas ‘ocultadas' incluyen las pensiones militares (clases pasivas militares), las pensiones de guerra, las aportaciones a la mutua militar del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), los fondos destinados a la Guardia Civil (Ministerio del Interior), los créditos a interés cero en I+D militar (Ministerio de Industria), los organismos militares internacionales (Ministerio de Exteriores) y la diferencia entre el presupuesto inicial aprobado en el Congreso de los Diputados y el presupuesto liquidado al finalizar el año. Añadiendo estos emolumentos, como refleja el Centre Delàs en su informe, siguiendo el criterio de la OTAN y del SIPRI, el gasto militar en 2021 asciende a los 20.444 millones respecto a los 18.528 millones gastados en 2020.
Cuentas maquilladas

Este organismo va más allá e incluye también en el gasto final los intereses de la deuda pública. En total, el Centre Delàs concluye que el gasto militar total se sitúa en 21.623 millones —un 1,8% del PIB— en 2021 respecto a los 19.762 millones —un 1,76% del PIB— que se gastaron en 2020, lo que supone un aumento del 9,4%. Esta cifra constituye un nuevo récord histórico en el Estado español. “Es un dato preocupante, que muestra que ni tan siquiera en una situación de emergencia como la del covid-19 se ha destinado ese aumento en responder a las necesidades sociales, como la emergencia sanitaria y el presupuesto de Educación, en momentos en que había que reducir la ratio [de las aulas]”, explica a El Salto Jordi Calvo, investigador y coordinador del centro de investigación.

Esta manera de maquillar las cuentas públicas, en las que el Gobierno quiere hacer creer que el gasto en defensa representa el gasto militar en su conjunto, “es hacerse trampas al solitario”, afirma Jesús A. Núñez, economista, militar en reserva y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). En su opinión, los diferentes Gobiernos que han pasado, desde González hasta Sánchez, tienen una mirada cortoplacista y temen que la transparencia les pueda suponer un coste en las siguientes elecciones. “En lugar de hacer pedagogía política y promover un debate público sobre qué defensa necesitamos, cuánto empleamos e invertimos en ella de manera ponderada, junto a lo que hay que invertir en otros asuntos, que podría llevar a un resultado que no conocemos, prefieren tratar a la población como si estuviéramos en una guardería y disimular, en buena medida, el verdadero gasto que se realiza”, lamenta Núñez, quien considera que la sociedad española es suficientemente madura como para entender las cosas si se le explican transparentemente.

Las cifras en contexto

Antes de aprobar los PGE de 2021, el Gobierno en solitario de Sánchez prorrogó los presupuestos de 2018 de Rajoy para 2019 y 2020. Por tanto, desde 2018 hasta 2021, Defensa dispuso de un presupuesto de 8.737 millones. En 2018, el gasto militar total, siguiendo el criterio que utiliza el Centre Delàs, se situó en 19.843 millones; en 2019, en 19.823 millones; y en 2020, en 19.762 millones, según consta en los informes Crítica a la razón del presupuesto militar (años 2019 y 2020) y Análisis crítico del Presupuesto de Defensa en 2021. Por este motivo, apenas hubo variación en el gasto militar de los cursos 2018, 2019 y 2020.

En años anteriores, el presupuesto de Defensa pasó de 5.787 millones en 2016 a 7.638 millones en 2017. Si se incluyen las cantidades que no constan en el presupuesto y se tienen en cuenta las variaciones que se producen a lo largo de la legislatura, el gasto militar total —que incluye los intereses de la deuda, criterio que no sigue la OTAN— pasó de 16.861 millones en 2016 a 18.661 millones en 2017. Además, si se analizan las diferencias económicas de los presupuestos entre 2017 y 2018, comprobaremos que pasaron de 7.638 millones a 8.737 millones. Y si a estas cantidades se les añaden los gastos que se atribuyen a otros ministerios y se suman los intereses de la deuda, el gasto militar total se sitúa en 18.611 millones en 2017 y 19.843 millones en 2019. En conclusión: aumentó en un 10,3% entre 2016 y 2017 y en un 6,6% entre 2017 y 2018.

“No ha habido nunca diferencias sobre cómo abordan el gasto militar el PSOE o el PP. Han hecho exactamente lo mismo”, valora Jordi Calvo. Para argumentar su postura, pone el foco en las misiones militares y en la inversión armamentística. “Ha ido a más, con unos gobiernos y con otros”, asevera. Paradójicamente, la austeridad económica de la primera legislatura de Rajoy condujo a que el gasto en Defensa pasara de 6.316 millones en 2012 a 5.787 millones en 2016. Cinco años después, en 2021, se sitúa en 9.411 millones, lo que supone un aumento de un 62,6% y una diferencia de más de 3.600 millones. Pese a estas cifras, el Centre Delàs calcula que el gasto militar total ha pasado de 16.861 en 2016 a 21.623 millones en 2021, es decir, casi 5.000 millones más

Para hacerse una idea aproximada de lo que supone un incremento así, basta con poner el foco en la medida que el Gobierno progresista anunció como nuevo derecho social: el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado en plena desescalada de la primera ola del coronavirus y cuyo coste supone unos 3.000 millones anuales, según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Es decir, durante el presente año, el Gobierno va a destinar siete veces más dinero en gasto militar que en el IMV. Matizar que hablamos de gasto militar y no del presupuesto en Defensa es importante, porque este es tres veces —y no siete— superior al destinado al IMV. El presupuesto del ministerio también está muy por encima de lo destinado a otras políticas sociales, entre ellas el fomento del empleo (7.405 millones), los servicios sociales (5.201 millones), la inversión en política de vivienda (2.253 millones) o la inversión en Cultura y Deporte (1.148 millones).

Más inversión en armamento

El complejo militar industrial del Estado español tampoco descansa en pandemia. El programa 122B, bajo el título Programas Especiales de Modernización, que oculta cuidadosamente la palabra armamento, tiene asignados gastos en los PGE del 2021 por valor de 2.341 millones de euros. Una cifra que supera en 177 millones el presupuesto de 2020, es decir, supone un aumento del 8,18%.

El documento argumenta que estos programas están destinados “a la fabricación de equipos y sistemas de armas” y que su elección está determinada por “una combinación de necesidades político-estratégicas, económicas, industriales y tecnológicas”. El texto también explica que estos programas son necesarios para cumplir con los compromisos de España con la UE, fijados en la política comunitaria en seguridad y defensa, así como con los acuerdos suscritos con la OTAN.

Entre los gastos más importantes, destaca el avión de combate Eurofighter (EF-2000) con 488 millones, el avión de transporte militar A-400M con 321,5 millones, el submarino S-80 con 300 millones, los helicópteros multipropósito NH90 con 280 millones, los vehículos de combate 8x8 (los blindados Dragón) con 245 millones y las fragatas F-110 de Navantia con 218 millones. Si sumamos el resto de las partidas, entre ellas, los helicópteros Chinook CH47 (165 millones), los vehículos de combate Pizarro (71,5 millones), los helicópteros de ataque Tigre (69 millones), la nueva generación de aviones de combate Next Generation Weapons System-FCAS (53 millones), el buque de salvamento marítimo BAM IS (53 millones), el tanque Leopardo (48 millones), el misil contracarro (20 millones) y otro Buque de Acción Marítima (5 millones), alcanzamos los mencionados 2.341 millones.

Este aumento es, para Calvo, otro ejemplo más de que las políticas del Gobierno en materia de defensa no dependen de que gobierne la izquierda socialdemócrata o la derecha liberal conservadora. “En cuanto a grandes inversiones en programas de armamento, lo que decide un gobierno lo cumple el siguiente sin cuestionarlo. El Gobierno actual, de PSOE y Unidas Podemos, parece que ha llegado a un pacto en el que Unidas Podemos no existe en todo lo que se refiere a Defensa. Así nos lo han hecho saber desde el grupo parlamentario”, remarca Calvo.

Respecto a los compromisos de España con la UE y la OTAN, Núñez explica que hay gobiernos más atlantistas, es decir, más posicionados a favor de la OTAN, y gobiernos más europeístas, más favorables a que la UE apueste por su autonomía estratégica. Sin embargo, matiza, ningún gobierno prescinde totalmente de uno u otro actor. “La primera opción fundamental es la UE, pero no tiene capacidad real para atender a todos los riesgos o amenazas que le afectan, mientras que la OTAN lleva décadas funcionando”, afirma Núñez, con lo que la política en defensa bascula entre estas dos posiciones a distintos niveles. “Lo que acaba de ocurrir en Afganistán demuestra, otra vez, que la UE no tiene capacidad propia ni siquiera para montar una operación de evacuación de su propia gente y que sigue dependiendo hoy, igual que ayer, de EE UU”, analiza.

Hacia dónde exportamos armas

De entre todas las exportaciones de armamento que realiza el Gobierno, hay dos destinos que son especialmente sensibles a la opinión pública: las monarquías absolutas de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. España ha exportado a la dictadura saudí armas como munición y morteros por 48,3 millones en 2020 y ha autorizado 26 licencias por 215 millones en aeronaves y buques de guerra, según el informe Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso del año 2020 de la Secretaría de Estado de Comercio. Asimismo, ha exportado a Emiratos Árabes Unidos pistolas y granadas por 27,7 millones en 2020 y autorizado 34 licencias en munición, explosivos y otros materiales por 60 millones.

El otro inconveniente que tiene firmar acuerdos con estos dos países es que ambos forman parte de la coalición encabezada por Arabia Saudí que participa en la guerra de Yemen desde 2015. Todas las partes implicadas en el conflicto armado han cometido violaciones graves del derecho internacional y abusos contra los derechos humanos, según han denunciado organizaciones como Oxfam Intermón o Amnistía Internacional. “La población de Yemen ha sufrido más allá de la capacidad humana”, aseguró Michele Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el pasado 1 de marzo de 2021. Albert Garrido, periodista experto en el mundo árabe y profesor universitario, va más allá. “La situación en Yemen es catastrófica. Es uno de los países del mundo donde ahora mismo hay más problemas de desabastecimiento, hambre y muchas enfermedades infantiles. La intervención de Arabia Saudí ha masacrado al país”, explica a El Salto.

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, explicó el pasado 24 de junio en una comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso que el Gobierno empezó a aplicar, en mayo de 2020, un mecanismo de control para comprobar el uso y destino final del armamento que se exporta, empezando por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. “Es una de las zonas grises que existen a nivel mundial con el tratado de comercio de armas”, sostiene Núñez, quien asegura que prácticamente no hay manera de comprobar que esas armas no se estén utilizando en la guerra de Yemen. “Se está estudiando cómo perfeccionar esas medidas de control para evitar que luego haya reexportaciones a otros países o para evitar que se estén usando para fines que no son los declarados inicialmente, pero sigue siendo una asignatura pendiente”, explica.

Es una opinión con la que coincide Garrido. “No hay manera de verificar que el armamento vendido no se utilice en la guerra de Yemen”, asegura. Núñez lo ejemplifica de la siguiente manera: en otras zonas de conflicto han aparecido armas fabricadas en territorio español, pero suponer que eso es una venta de España a ese país es solamente eso, una suposición. “El mercado negro determina que al final puede aparecer un arma en cualquier rincón del planeta, sin que detrás haya una operación de Estado a Estado”, aclara.

En cuanto a la exportación de armamento anual, no tiene sentido compararla año a año porque los contratos para un determinado programa se alargan en el tiempo desde su firma hasta su fabricación y posterior exportación. “Esta controversia mediática, política y social ha hecho que la venta de armamento a estos dos países probablemente haya quedado congelada, haya sido más discreta o se haya quedado más escondida, pero, en realidad, no se ha paralizado”, afirma Calvo. Ejemplo de que el Ejecutivo progresista no ha cambiado su política de exportación de armas son las cinco corbetas que Navantia fabrica para Arabia Saudí. “A medida que se vayan entregando, deberían aparecer en las estadísticas de exportación”, explica Calvo, aunque eso no siempre ocurre, recuerda, como la mayoría de las armas que Everis vendió al régimen saudí en 2018 y que la secretaría de Estado de Comercio no incluyó en sus estadísticas de exportaciones. “El Gobierno tiene la posibilidad de no informar de aquellas cuestiones que considera que tienen que ver con aspectos delicados de la seguridad nacional”, lamenta Calvo.

En este sentido, durante toda la historia democrática española, ha habido una falta de transparencia importante. “España no se distingue, dentro de la UE, por tener una política de transparencia y comunicación al nivel que sería deseable”, según Núñez. Y esa falta de transparencia, explica, acaba redundando negativamente sobre las decisiones que toma el Gobierno. Incluso acaba alimentando bulos.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/gasto...

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Si sale con barba, San Antón

7 October, 2021 - 00:00
Categorías: antimilitar

España escala hasta el segundo puesto en el ranking de vendedores europeos de armas a Arabia Saudí

6 October, 2021 - 00:00

Un informe de la Unión Europea sobre las exportaciones de material de defensa en 2020 señala que las licencias de exportación concedidas por el Gobierno superaron los 48 millones euros. Solamente Francia se sitúa por delante.

Danilo Albin

La industria militar española sigue subiendo puestos en el ranking europeo de venta de armas al régimen saudí. Un informe de la Unión Europea (UE) publicado esta semana señala que España se convirtió en 2020 en el segundo gran suministrador de material de defensa al reino de Salman bin Abdulaziz, involucrado desde 2015 en la guerra de Yemen.

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que dirige Josep Borrell ha concluido el informe anual de la UE sobre exportaciones de armas, en el que se informa detalladamente de las ventas de armas autorizadas por los Estados miembros en 2020. «Se trata de la adopción del informe anual más rápida hasta ahora, en un plazo de nueve meses desde el final del año sobre el que se informa», destaca dicha oficina.

«Con más de 30.000 licencias expedidas por un valor de casi 167.000 millones de euros, la UE sigue siendo un importante exportador de equipo y tecnología militar. Las armas militares desempeñan un papel indispensable en la preservación de la seguridad, la libertad y la paz, siempre que se utilicen de conformidad con el Derecho internacional, incluidas las normas de derechos humanos y el Derecho internacional humanitario, y siempre que se comercie con ellas de manera responsable», señala el SEAE en la nota introductoria.

En el caso de las ventas a Arabia Saudí, durante 2020 los países de la UE –sin incluir ya al Reino Unido por su salida de la Unión el 31 de enero de ese año– concedieron 220 licencias de exportación de armamento por un valor superior a los 470 millones de euros.

Francia encabeza el ranking con ventas por un total de 275.300.000 euros. Detrás está España, que en 2020 cerró exportaciones por 48.262.757 euros. La cifra es superior a la de 2019, año en el que las licencias españolas sumaron 35 millones de euros.

En cualquier caso, España aún se mantiene lejos de los números alcanzados en 2015: coincidiendo con el inicio de la guerra en Yemen, el Gobierno de Mariano Rajoy autorizó entonces operaciones de venta de armamento a Arabia Saudí por más de 545 millones de euros. Ese año también había sido superada únicamente por Francia, que llegó a facturar más de 898 millones de euros.

El vacío dejado por el Reino Unido –uno de los principales vendedores de armamento a Arabia– tras marcharse de la UE a principios de 2020 ha contribuido a que España consolidase su posición en el ranking de negocios armamentísticos entre los socios europeos y la monarquía absolutista saudí.

«Medalla de plata»

Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional (AI) sobre comercio de armas, ha criticado al Gobierno por esta cuestión. «Ser medalla de plata en el ranking de vendedores de armas europeos a Arabia Saudí es motivo de bochorno», afirmó a Público.

En tal sentido, el experto de AI advirtió de que el Ejecutivo español «hace caso omiso a los llamamientos del Parlamento Europeo para que cesen las ventas a la coalición saudí y emiratí que interviene en Yemen, donde se registra la mayor catástrofe humanitaria actual según la ONU». De hecho, AI y otras ONG han documentado «decenas de presuntos crímenes de guerra en estos casi siete años de conflicto desde 2015».

Estévez considera que «el Gobierno debe rectificar ya y suspender la venta de armas a Arabia Saudí y Emiratos al menos hasta que dejen de cometer crímenes de guerra, reduzcan significativamente el número de víctimas civiles y tomen medidas para acabar con la impunidad, como ha señalado el último informe del Grupo de Expertos Eminentes sobre Yemen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que recomienda a los Estados que dejen de proporcionar armas y apoyo militar a las partes».

«El gobierno español aplica una incomprensible política del avestruz con respecto a Yemen, ignorando el riesgo existente de que armas españolas se usen para cometer crímenes de guerra y ser cómplices de estas barbaridades», afirmó el portavoz de AI.

Transferencias prohibidas

En 2020, el gobierno aplicó a una operación de venta de munición a Arabia Saudí y a tres realizadas con Emiratos un nuevo protocolo que permite comprobar que las armas no son objeto de desvío, pero que no verifica cómo son utilizadas. «Aunque se trata de algo positivo, advertimos de que es insuficiente y que ignora que el Tratado sobre Comercio de Armas prohíbe las transferencias de armas cuando un gobierno sabe que se pueden usar para cometer atrocidades como crímenes de guerra», remarcó Estévez.

Esta misma semana, la ONG yemení Mwatana for Human Rights publicó su informe anual en el que repasa las violaciones a los derechos humanos cometidas en 2020. De esta manera, la organización documentó cientos de incidentes que podrían violar el derecho internacional humanitario o constituir crímenes de guerra.

Público

Categorías: antimilitar

Organizarse contra el militarismo, desde Israel hasta Europa

5 October, 2021 - 00:00

Israel usa tecnologías militares y de seguridad para mantener su sistema de colonialismo, apartheid y ocupación. Al mismo tiempo, la Unión Europea invierte miles de millones en empresas de armas israelíes para militarizar aún más su agencia fronteriza Frontex. Solo un movimiento antimilitarista global puede resistir a ambos.
La lucha para desmilitarizar las fronteras europeas debe ser parte de un lucha global antimilitarista que combata agencias como Frontex, pero que también se enfrente al complejo militar industrial global.

A finales de 2020, un total de 82,4 millones de personas alrededor del mundo se han visto obligadas a desalojar sus hogares, según la Agencia de la ONU para lxs Refugiadxs (ACNUR). El número de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo se ha duplicado desde 1990 y probablemente se incremente significativamente en las próximas décadas debido a una convergencia de factores, incluyendo conflictos armados y otras formas de violencia, así como desastres climáticos, que agravarán las presiones que les obliguen a emigrar.

Los desplazamientos se producen en el contexto de un sistema económico capitalista en el que los beneficios se obtienen tanto de la venta de armas que son fundamentales para causar conflictos y guerras, como a través de la militarización de las rutas migratorias y de las fronteras. Junto con el incremento constante en el valor del comercio de armas y el aumento del número de personas desplazadas por la fuerza, el mercado de la seguridad fronteriza está creciendo con un valor proyectado de 65-68 miles de millones de dólares para 2025. La guerra es muy rentable y la guerra contra lxs migrantes lo es cada vez más.

Las tecnologías militares israelíes, fundamentales para un sistema de colonialismo, apartheid y ocupación, son grandes protagonistas de la industria armamentística internacional. Las armas israelíes, “probadas” con población palestina, son vendidas a Estados y organismos privados alrededor del mundo, y las empresas armamentística israelíes son ahora socios consolidados de los organismos de seguridad fronteriza de la Unión Europea, como Frontex, que apoyan la militarización de las fronteras de la UE.

La industria armamentística israelí es parte de un proceso global de militarización de las fronteras en un mundo caracterizado cada vez más por los conflictos y el militarismo con fines lucrativos, todo lo cual conduce a más desplazamientos: más migración y más personas buscando refugio. Las luchas por la libertad de circulación y contra el militarismo deben trabajar para poner de manifiesto estos vínculos para poder afrontar estos retos desde la raíz.

FRONTEX Y LA MILITARIZACIÓN DE LAS FRONTERAS EN LA UE

Frontex cumple un papel muy importante en la militarización de las fronteras europeas, la criminalización de lxs migrantes y el monitoreo de sus movimientos. Uno de los objetivos principales de Frontex es identificar migrantes y organizar operaciones para regresarles a sus países de origen. La agencia trabaja cada vez más con países terceros como Libia, Sudán, Turquía y Bielorrusia, coordinando esfuerzos de retención y deportación más allá de las jurisdicciones de la UE.

En 2020, grupos humanitarios denunciaron que la UE está usando vigilancia aérea para ubicar migrantes varadxs en el Mar Mediterraneo, alertando a la guardia costera de Libia para que intervenga, una medida que facilita las devoluciones ilegales, mientras que las operaciones de rescate no gubernamentales se impiden y criminalizan activamente. Lxs migrantes interceptadxs son ubicadxs en centros de detención arbitrarios en Libia, donde se enfrentan a violaciones de derechos humanos, como tortura, violencia sexual y denegación de atención médica. Asimismo, en la frontera entre Grecia y Turquía, las organizaciones de derechos humanos han documentado devoluciones de refugiadxs a Turquía por parte de los organismos oficiales de guardacostas, entre ellos Frontex y el personal guardacostas nacional.

La expansión de la agencia ha sido parte vital de la política de la UE en los últimos años. Frontex acaba de conseguir un presupuesto de 6,5 mil millones de euros hasta 2027, con planes para contratar 10.000 guardias fronterizxs armadxs para el final de ese período. Su presupuesto se ha incrementado en un impresionante 7.560 por ciento desde 2005, y sus nuevos recursos se han utilizado para comprar equipos como barcos, helicópteros y drones. La fortaleza Europa, mientras tanto, está cada vez más cubierta de muros y vallas fronterizas: desde la caída del Muro de Berlín en 1989, los países europeos han construído o comenzado a construir 1,200 kilómetros de vallas, una distancia de aproximadamente el 40 por ciento de la longitud de la frontera entre México y los Estados Unidos.

¿QUÉ TIENE QUE VER ISRAEL CON ESTO?

En todo este proceso, tanto las agencias de seguridad de la UE como los Estados europeos adquieren equipos militares, incluyendo armas pequeñas, drones, barcos y tecnología de ciberseguridad como parte de sus políticas de seguridad fronteriza, gran parte de los cuales se obtienen dentro de la UE. Aquí también entra en juego la industria armamentística israelí. Como muestra la Base de datos de equipos militares y de seguridad (DIMSE), las armas israelíes desempeñan un papel importante en la militarización de las fronteras de la UE.

Las armas israelíes que han sido adquiridas, entre otros, por Italia, Grecia, y Alemania incluyen drones, sistemas de radar y vehículos de patrullaje. Pero aún más interesantes son las relaciones militares y de seguridad directas entre Israel, la Unión Europea y los organismos de seguridad de la UE.

Mientras que la “asistencia” de los Estados Unidos a las capacidades de seguridad de Israel, de unos 3.800 millones de dólares al año, está bien documentada, la colaboración de las UE con Israel puede ser ignorada frecuentemente por lxs críticxs. Como Estado asociado a la UE, Israel ha disfrutado de estrechos lazos económicos y diplomáticos con la UE durante muchos años. A través de fondos de investigación e innovación, la UE ha invertido miles de millones en empresas y organizaciones israelíes, incluyendo fabricantes de armas como Elbit, Verint System e Industrias Aeroespaciales Israelíes (IAI). Entre las docenas de proyectos financiados por la UE desde 2007, Elbit e IAI aparentemente habrían obtenido contratos para desarrollar drones para agencias europeas de seguridad como Frontex y EMSA (Agencia Europea de Seguridad Marítima) para detener de forma “ autónoma” “migrantes ilegales” y “vehículos que no cooperen”.

Después de llevar a cabo vuelos de prueba entre 2018-2020, IAI se adjudicó un contrato en 2020 para proveer a Frontex con el dron Heron para patrullajes marítimos. Como informó el Times of Malta, la agencia fronteriza de la UE llevó a cabo un primer vuelo de prueba en Malta a principios de mayo de 2021. Diferentes informes de vuelo mostraron a los drones Heron realizando vuelos operativos en la frontera con Libia en junio de 2021.

El principal problema aquí es que los drones son una manera efectiva de eludir la obligación de la UE, según el derecho internacional, de salvar las vidas de quienes intentan cruzar el Mediterraneo, como estaba obligada a hacer cuando patrullaban con barcos. Aún más, en el nuevo acuerdo, Frontex continúa estando presente en la zona desde el aire para estar al tanto de las diferentes embarcaciones de migrantes que parten de las costas de Libia y transmitir esa información a la guardia costera de ese país.

La medida de Frontex de retirar la inversión en buques de patrullaje marítimo y desviarla a los drones, es una manera de gastar dinero sin tener la responsabilidad de salvar vidas, y le permite organizar devoluciones a través de países terceros. Más allá de los drones israelíes, la UE está operando con vehículos aéreos europeos y probando nuevos sistemas robóticos, incluyendo drones de largo y corto alcance.

Israel es esencialmente un recurso para los países que buscan asegurar y militarizar sus fronteras. Las empresas, lxs especialistas y lxs generalxs de más alto rango israelíes se han vuelto cada vez más visibles en convenciones de comercio de seguridad fronteriza y nacional en los últimos 20 años. En ese tiempo, Israel se ha convertido en uno de los diez exportadores más grandes de defensa en el mundo y en uno de los principales proveedores y consumidores del complejo industrial de seguridad fronteriza. La industria militar israelí lleva años presionando para obtener una tajada del gasto multimillonario de la UE en la militarización de fronteras.

En febrero de 2021, un grupo de periodistas europexs publicaron los “Expedientes Frontex”, una lista de reuniones entre Frontex y varios grupos de presión, entre ellos compañías de seguridad israelíes como la mencionada Elbit, así como Shilat Optronics y Seraphim Optronics, que se especializan en tecnologías de reconocimiento facial. Otra compañía involucrada en operaciones de Frontex es la Israel Shipyards, que produce buques militares.

Otro hecho que investigadorxs y activistas internacionales han estado observando es el incremento en el uso de tecnologías de vigilancia para monitorear el movimiento y los datos personales a través de los teléfonos inteligentes. Las agencias de inmigración de toda Europa muestran un nuevo entusiasmo por las leyes y los programas informáticos que permiten usar datos de teléfonos en casos de deportación. También en este contexto, las tecnologías cibernéticas israelíes tienen mucha demanda y el infame proveedor de programas espía, NSO Group, es usado desde hace mucho por las agencias de inteligencia europeas.

Cellebrite, otra compañía israelí especialmente problemática, está presuntamente involucrada en numerosas violaciones de los derechos humanos en todo el mundo y ya tiene 7000 contratos con grupos gubernamentales y privados, incluyendo la policía nacional de 25 Estados miembros de la UE. Privacy International informó que la compañía israelí está anunciando sus tecnologías usadas para extraer datos de celulares dirigidas a un nuevo objetivo: las autoridades que interrogan a las personas que solicitan asilo. En 2017, la tecnología de Cellebrite fue utilizada en una fase de prueba por la Oficina Federal Alemana para Migración y Refugiados. En 2018, se informó que la Policía británica está usando la tecnología forense para celulares de Cellebrite para tener acceso a los historiales de búsqueda de sospechosxs y que la Autoridad de Control de Inmigración del Reino Unido hizo un acuerdo por 45,000 libras con la firma en el mismo año. Cellebrite también participó en EVIDENCE (Marco Europeo de Intercambio de Datos Informáticos para Cortes y Evidencia), un programa lucrativo de investigación y desarrollo de la UE.

EL OTRO LADO DE LA MONEDA

El otro lado de la moneda es el uso de estas tecnologías y armas aquí en Palestina-Israel. Israel usa tecnologías militares y de seguridad para mantener su sistema de colonialismo, apartheid y ocupación. Las violaciones de Israel del derecho internacional y la perpetración de crímenes de guerra durante sus incesantes ataques a lxs palestinxs en Gaza en mayo 2021 están bien documentados y lxs activistas antimilitaristas están investigando qué armas fueron usadas en los ataques a Gaza para poder rastrear los nuevos avances del complejo militar industrial israelí.

Las empresas de seguridad y militares israelíes trabajan en conexión directa con el ejército israelí, proporcionando equipos y armas para sus operaciones. Esta relación significa que las operaciones militares en Gaza y Cisjordania se utilizan como un laboratorio para empresas de armas israelíes, donde pueden desarrollar, probar y luego comercializar sus armas como “probadas en combate”. No pasará mucho tiempo antes de que las empresas israelíes promuevan sus nuevos equipos otra vez como “probados en combate” después de los últimos ataques a Gaza: un enfrentamiento en el que al menos 129 civiles palestinxs fueron asesinadxs, 65 de ellxs niñxs, más de 1000 hogares fueron destruidos y más de 1000 severamente dañados, dejando a más de 8000 personas sin hogar.

Para una industria armamentista que por años ha dependido de la comercialización de productos “probados en combate”, la próxima batalla no puede llegar lo suficientemente rápido. Al financiar estas compañías, la UE alimenta intrínsecamente la capacidad de Israel de perpetuar sus crímenes de guerra y sus violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional, lo que convierte a la UE en cómplice de esas violaciones.

Esto nos lleva de nuevo al dron Heron, que Frontex está ahora operando en el Mar Mediterraneo. Los drones Heron tienen un oscuro historial de uso contra lxs palestinxs. Ya después de la “Operación Plomo Fundido” en Gaza a finales de 2008 y principios de 2009, una investigación de Humans Right Watch concluyó que docenas de civiles fueron asesinadxs con misiles lanzados desde drones israelíes. El Heron también se utilizó ampliamente en la última gran oleada de ataques en mayo de 2021.

El primero de junio, menos de dos semanas después del cese al fuego, Industrias Aeroespaciales Israelíes (IAI), publicó un comunicado de prensa detallando una venta de 2.000 millones de dólares en drones Heron. El comunicado de prensa decía: “Los drones de la familia Heron son los más destacados de los drones IAI y desempeñaron un papel importante y crucial en la captación de información en la operación “Guardián de los Muros”. El director general de IAI, Boaz Levy, continuó: “El acuerdo es un testimonio de la gran satisfacción de nuestrxs clientes con los VANT (vehículos aéreos no tripulados) Heron, incluyendo su desempeño operativo y técnico.”

Las tecnologías israelíes, que forman parte de un sistema de apartheid, colonialismo y ocupación, son probadas en palestinxs,y vendidas a dictadores de todo el mundo, se usan ahora también para evitar que lxs migrantes entren a Europa. Entre estas miles de personas hay por supuesto refugiadxs palestinxs que han sido inmovilizadxs en islas griegas, o devueltxs a Turquía en su intento por encontrar una relativa libertad y seguridad lejos del apartheid israelí.

HACIA UNA LUCHA ANTIMILITARISTA CONJUNTA

Mantener una tradición de cooperación internacional entre movimientos políticos es crucial en estos tiempos de globalización económica y militar. Las acciones solidarias e intervenciones pacíficas, ambas llevadas a cabo por “personas ajenas” a un conflicto en conjunto con las partes en conflicto, son importantes, pero aún más significativa es la formación de una lucha conjunta contra el militarismo.

En los últimos años, hemos visto algunas formaciones de esta lucha conjunta, una de las cuales es la campaña internacional Abolish Frontex. En junio de 2021, acciones en 7 países, incluyendo Bélgica, Alemania y Marruecos, tuvieron como objetivo la agencia. Las acciones marcaron el lanzamiento de la campaña internacional, que hace un llamado a la desfinanciación y el desmantelamiento de Frontex y del mortífero régimen de fronteras de Europa. La organización ve en las fronteras modernas construcciones coloniales y racistas, institucionalizadas por las políticas fronterizas de la UE.

La campaña Abolish Frontex hace un llamado para que se detenga la militarización de las fronteras y se garantice la libertad de circulación, residencia y sustento para todxs. De manera especial, esta campaña también aborda la contribución de la UE a las razones que obligan a las personas a desplazarse en primer lugar y a la represión contra activistas solidarixs en Europa. La red de la campaña es descentralizada y autónoma y está compuesta por grupos, organizaciones e individuxs dentro y fuera de la UE, desde Senegal y Nigeria hasta Grecia e Italia.

Veteranxs de la lucha conjunta internacional contra el militarismo, la red Internacional de Resistentes a la Guerra lleva ya 100 años de actividad, con más de 90 grupos afiliados en 40 países. Movimientos internacionales como el palestino Boycott, Divestment and Sactions Movement, Black Lives Matter y Jewish Voice for Peace son algunos ejemplos clave de movimientos antimilitaristas que continúan construyendo formas de internacionalismo que trascienden las divisiones entre las luchas.

A nivel local, y un poco menos visible, la lucha conjunta antimilitarista debe implicar la identificación de una causa común entre los grupos y oportunidades de construir coaliciones. En la lucha antimilitarista israelí, por ejemplo, diversos grupos políticos y activistas colaboran entre sí. En este caso, grupos anti-ocupación cooperan con grupos religiosos judíos en la lucha contra la exportación de armas israelíes a países que violan los derechos humanos. Los grupos antimilitaristas cooperan con grupos del cambio climático en una lucha conjunta que ve la conexión entre el colonialismo de lxs colonxs israelíes, la ocupación de Palestina y la destrucción del medio ambiente de la región.

Uno de estos grupos, el feminista y antimilitarista israelí New Profile, ve paralelismos entre la lucha local por la desmilitarización de la sociedad israelí y la importancia de una lucha conjunta internacional contra el militarismo, dando un enfoque feminista interseccional a la agenda política. Aparte del activismo local, el trabajo educativo y el apoyo a lxs opositorxs al servicio militar, New Profile es miembro de WRI, Abolish Frontex y otras coaliciones y grupos internacionales.

LA LUCHA PARA ACABAR CON EL MILITARISMO ES NECESARIAMENTE GLOBAL

El militarismo se caracteriza por la jerarquía, la disciplina, la obediencia, el orden, la agresividad y la hipermasculinidad, y se define por las normas y valores de las estructuras militares estatales tradicionales. No se limita a las fuerzas armadas, ya que otras instituciones adoptan sus valores y prácticas, ya sea la polícia o las agencias de seguridad, como Frontex.

El militarismo en todo el mundo continuará manteniendo las estructuras y fronteras racistas y violentas, que pretenden mantener un status quo colonial y opresivo. No es sólo un «tema» para las organizaciones y movimientos de paz, ya que está ligado a gran parte de la opresión y violencia que se vive hoy en día en todo el mundo. Necesitamos desmilitarizar las instituciones y estructuras que mantienen este status quo. Esto debe tener lugar como parte de una lucha internacional conjunta radical donde lxs activistas colaboren y aprendan unxs de otrxs.

La lucha por la desmilitarización de las fronteras europeas, por ejemplo, necesita ser parte de una lucha global antimilitarista que resista agencias como Frontex, pero que también se enfrente al complejo industrial militar, tal y como ejemplifica el nexo entre Israel y la UE. Es necesario examinar las estructuras y procesos globales y locales del militarismo y los conflictos que no solo producen la tecnología para crear fronteras, sino que también son la raíz de por qué la gente tiene que huir en primer lugar.

Esta lucha implica no quedarse solo en trabajo “solidario”: los movimientos contra el militarismo necesitan promover un orden social, económico y político fundamentalmente distinto. O sea, necesitan poner al capitalismo, el racismo y el patriarcado en la agenda política, temas que son frecuentemente evitados por las organizaciones políticas del Norte Global porque requieren el reconocimiento de nuestras propias contradicciones y privilegios, un cuestionamiento de nuestra forma de vida y un compromiso con cambios concretos.

Si aspiramos a construir una alternativa sustentable a un mundo de militarismo y violencia motivados por el lucro, necesitamos verlo como parte del reto más profundo de superar el capitalismo global y las relaciones de poder colonial racistas. Por lo tanto, la lucha antimilitarista debe acentuar la relación entre las luchas internacionales feministas, antirracistas, anticoloniales, queer, anticapitalistas y antifascistas, por un lado, y dirigirse a lxs opositores aliadxs de los valores progresistas y los derechos humanos básicos, por otro.

Jonathan Hempel es un investigador y activista israelí, dedicado al militarismo y la exportación de armamento.

Fuente: https://progressive.international/w...

Categorías: antimilitar

Pepe Beunza y Taxio Ardanaz, primer y último insumiso: «La lucha noviolenta de la insumisión se asume ahora como herramienta válida para cambiar cosas»

1 October, 2021 - 00:00

Unai Yoldi

Entre Pepe Beunza (Beas de Segura, Jaén, 1947) y Taxio Ardanaz (Pamplona, 1978) hay tres décadas de lucha contra el servicio militar obligatorio (mili). De Pepe –el primer objetor de conciencia por motivos políticos del Estado– a Taxio –uno de los últimos insumisos– hubo unos 20.000 jóvenes que decidieron plantar cara al Estado y al Ejército desde posiciones antimilitaristas y no violentas. Un pulso que el movimiento de objeción de conciencia (MOC) e insumisión ganó con el fin de la mili, no sin antes sufrir represión y cárcel.

Pepe fue el primer objetor de conciencia por motivos políticos en 1971, en los últimos años del franquismo. Se nutrió de la corriente antimilitarista que recorría Europa desde el final de la II Guerra Mundial y tuvo claro que mejor la cárcel que el cuartel. «Pasé miedo y fue duro, pero no me arrepiento en absoluto», reconoce. Tras él, el movimiento cogió fuerza y a finales de los 80 la insumisión llegó a su punto álgido con acciones, movilizaciones y deserciones. «A mí me condenó un consejo de guerra en 1999 y fui a la cárcel militar de Alcalá de Henares. Entré y salí de allí convencido de lo que hacía», recuerda Taxio.

Pepe y Taxio simbolizan el inicio y el fin de una lucha que se mantuvo hasta entrado el siglo XXI, cuando en 2001 se eliminó la mili. Gracias a ellos, y al resto de insumisos, las generaciones posteriores no han sido llamadas a filas y ambos son un ejemplo de que las conquistas sociales se pueden alcanzar mediante la lucha no violenta. Ahora, recuerdan aquellos años con cierta añoranza y creen que las bases del movimiento antimilitarista y de no violencia calaron en la sociedad y siguen apostando por el desarme de los ejércitos. Sus testimonios está recogido en el libro Memorias de la Objeción y la Insumisión, elaborado por el historiador Pedro Oliver, también presente en esta entrevista.

Empecemos por el presente, ¿dónde están ahora? ¿A qué se dedican?

–Taxio: Yo soy artista plástico. Trabajo mucho en torno al conflicto y a las expresiones plásticas generadas en determinados momentos históricos de conflicto. A mí, como artista, lo que me importa es ver como el arte funciona dentro de la vida, de lo cotidiano, de lo real. Yo creo que esto me viene de todo lo que viví de joven. Ahora, vivo en Bilbao, aunque estoy trabajando en el proyecto Landarte del Gobierno de Navarra.

–Pepe: Yo nací en Jaén de forma circunstancial, porque mi padre era notario, pero me crié en Valencia. Después estudié Ingeniería Agrícola y me metí en el MOC. Ahora estoy jubilado y pensaba que la jubilación era para descansar pero parece que el conflicto me persigue y estoy muy implicado con el independentismo catalán. Al final nosotros decíamos que queríamos un mundo sin ejércitos, entonces a ver si Cataluña se independiza y es un estado sin ejército.

¿Qué les llevó a enrolarse en el movimiento de objeción de conciencia e insumisión?

–P: Mi familia era muy cristiana y de crío estuve en los Boy Scouts. Ahí se va mezclando la idea de ayudar a los demás con la idea de amor a la naturaleza, ayuda al débil y todas estas cosas que nos inculcaban. Entonces a la universidad fui con esas ideas y allí entré en la lucha antifranquista, porque el franquismo era lo contrario a eso. Un verano me fui a Francia a respirar libertad y conocí a la Comunidad del Arca, fundada por Lanza del Vasto. Eran pacifistas que luchaban contra la guerra, hacían objeción de conciencia, habían ocupado una central nuclear... Yo allí era una esponja, entonces volví a Valencia y dije: «Ya he descubierto qué hacer con la mili».

–T: Mira, pues tenemos en común lo de los Scouts, a ver si va a ser el germen del antimilitarismo (risas). A mí me marcó que cuando iba al colegio Jesuitas de Pamplona nuestro profesor de Literatura nos metió a Henry David Thoreau. Yo ya venía con esa sensibilidad y con los ojos bien abiertos con el tema de la insumisión, pero mi primer contacto directo fue la teoría de la desobediencia civil de Thoreau. Eso ya me enganchó y opté por meterme en el movimiento de objeción de conciencia de Pamplona.

Ustedes se llevan 30 años. Son el inicio y el fin de la lucha contra el servicio militar obligatorio. ¿Cómo fueron sus inicios en el movimiento?

–P: Nosotros fuimos pioneros en esto, porque antes solo habían objetado los testigos de Jehová, pero ellos nos dijeron que iban por su cuenta, que esperaban el fin del mundo. Entonces empezamos la campaña con un punto débil: no teníamos referentes que reivindicar. Viajamos por Europa y conocimos objetores en varios países y vimos que ellos habían estado en la cárcel. En aquel momento yo era el que estaba más decidido y opté por ser el primero. Estuvimos dos años preparando una campaña por el Estado y por Europa y, en mi caso, preparándome para ir a la cárcel.

–T: Al poco tiempo de entrar yo al MOC en el año 97 se empieza a discutir el nuevo paso estratégico que se debe dar. Yo iba a los encuentros estatales del movimiento en Madrid y de ahí ya se fue gestando la necesidad de dar un paso más y es cuando yo me sumé a la insumisión. Lo que tenía muy claro es que la desobediencia civil me permitía dar una respuesta activa a un problema que se había generado de manera individual. Yo participé en dos acciones principales: una en el cuartel de Aizoáin, donde pintamos en el techo las palabras: Insumisión, Deserción, y otra en el Gobierno Militar, donde nos encadenamos a una valla.

¿Cuál era la base ideológica por la que rechazaban la mili?

–P: Nosotros somos antimilitaristas y partidarios del desarme y la no violencia. Rechazamos tener que hacer el servicio militar y coger un arma. Hubo muchos que nos intentaban convencer de que en la mili había gente que aprendía a leer y a escribir y, claro, nos lo ponían a huevo: «Si todo el dinero que se invierte en el Ejército se invirtiese en Educación, todos serían ingenieros nucleares», les rebatíamos.

–T: Nosotros estábamos en contra de todos los valores que el Ejército transmite y representa. No solo en tema de violencia, también en cuestiones de género, de jerarquía, de uso del poder, legitimación de la violencia y de esa estructura que ya sabemos lo qué representa.

A ambos les condenaron en consejos de guerra, ¿cómo son?

–P: Mucha parafernalia militar. Es una sala con el tribunal en un alto y tú en una mesa abajo. Ellos van llenos de medallas, con sables... y tenían también un crucifijo enorme. Yo pasé miedo, porque eran militares franquistas, pero lo de los insumisos como Taxio fue una fiesta. El punto débil que tenían era que al reo hay que darle la palabra. Entonces era fantástico porque los ponías a parir y el público aplaudía. Esta ha sido siempre una lucha creativa y original. Ahora, se pagaba caro, pero siempre pensé que valía la pena. El precio de la libertad siempre es duro.

–T: El mío, en efecto, fue una fiesta. Soltamos el speach que habíamos preparado y fue muy bonito, la verdad. Salieron dos autobuses de Iruña y Bilbao y se movilizó mucho la gente. Mi consejo de guerra fue en A Coruña y el día anterior decidí ir en traje y me dejaron uno que me quedaba grande. La presencia militar era arrolladora, con sus galones, sus trajes, etc. parecía una película de Berlanga. Entonces nosotros llevamos la performance a la máxima expresión.

¿Cuáles fueron las condenas?

–T: La mía 2 años y 4 meses. La cuarta parte la pase en 2º grado y el resto en 3º grado y de condicional me quedó otra cuarta parte.

–P: A mí me condenaron a 15 meses, pero cumplí 10 por el indulto Matesa. La segunda vez estuve un año y después otros 15 meses en un batallón de castigo en el Sáhara.

Ustedes estaban muy concienciados y convencidos de lo que hacían. Antes la cárcel que el cuartel, ¿no?

–P: Yo pasé mucho miedo porque sabía que iba a la cárcel, pero tenía 23 años y me había estado preparando. Además, sabía que detrás había una campaña de apoyo muy fuerte que habíamos orquestado los dos años previos viajando por Europa y por el Estado. No me maltrataron físicamente porque habían dado orden de que no nos maltrataran. Las condiciones eran muy malas pero me fui adaptando. Y al salir volví a Valencia y me dediqué a convencer a la gente joven de que era mejor ir a la cárcel que ir a la mili. Fue duro, pero es algo de lo que no me arrepiento, mereció la pena.

T: Yo no sabía qué era lo que me esperaba. Había dudas legales sobre el tratamiento que nos iban a dar. Yo deserté en el 97 y entré en prisión en el 99. Nuestro poder residía en que estábamos dispuestos a asumir las consecuencias de nuestros actos, que es uno de los requisitos de la desobediencia civil. Hay que hacer un ejercicio personal de asumir esa situación. Pero cuando asumes que esas consecuencias son parte de tu poder para plantar cara, no hay muchas armas que te puedan reducir.

¿Qué supuso su paso por la cárcel?

–T: La cárcel para nosotros fue aprendizaje. Nos llevaron a la prisión militar en Alcalá de Henares. Allí hubo una situación violenta con la primera tanda que entró, yo entré en la segunda. A nosotros no nos agredieron pero era una situación muy tensa porque estábamos con militares, guardias civiles y legionarios. También los carceleros nos buscaban problemas, pero al final nos ganamos el respeto. Intentábamos ayudar con recursos y medios a quienes no podían defenderse, chavales que entraban un mes o dos.

–P: En total estuve 3 años y 2 meses. Pasé por diez cárceles diferentes además de por el Sáhara. La cárcel me hizo ahondar en mis ideales. En la prisión de Jaén estuve 6 meses con presos políticos; para mí eso fue una universidad, me pegaba todo el día discutiendo. Estaban los vascos, los del PCE y nosotros. Mi drama fue no haber convencido a los de ETA de que la no violencia era mejor que la violencia. Imagínate el sufrimiento que nos hubiésemos ahorrado. Claro, tampoco me convencieron ellos a mí.

Supongo que el momento de decir en sus casas que preferían la cárcel antes que la mili no fue fácil...

–P: A mí me costó mucho convencer a mi padre, pero como era cristiano le decía: «El evangelio dice no matarás y yo no quiero aprender a matar». Y al final se convenció. Mis hermanos me ayudaron todos porque mi madre había muerto y arroparon a mi padre, que siempre me defendió. Para mí fue algo muy importante, porque que te apoyen ayuda a tu capacidad de resistencia. A los insumisos que se iban sumando siempre les decía que hablasen con sus familias e intentasen convencerlas. Ese apoyo es fundamental y hay que cuidar mucho a la familia.

–T: En mi casa hubo una resistencia fuerte: «¿Por qué tú?», me decían. Y esa resistencia duró hasta el día del juicio. Cuando mis padres vieron todo lo que se había generado entendieron que no era un capricho personal, que no era una majarada mía y que era algo que afectaba a mucha gente. No se entregaron a la causa ni mucho menos, pero me apoyaron desde el dolor que pueden sentir unos padres.

Navarra fue el territorio que abanderó la lucha de la insumisión, ¿no?

–(Interviene Pedro Oliver, presente en la entrevista): Hay un debate abierto pero la insumisión en Navarra, a parte de por el conflicto político que aquí se vivía, cogió protagonismo porque los jueces fueron muy celosos en el cumplimiento de la ley. En Navarra muchísimo más que en cualquier otra Audiencia Territorial. Entonces, fue la represión la que hizo que en Navarra el movimiento cobrase más fuerza. Se estima que en 30 años hubo unos 20.000 insumisos y la gran mayoría fueron navarros.

Tras el fin de la mili, ¿qué fue del movimiento?

–T: La mili era lo que nos daba vida porque enrolaba a muchos jóvenes pero eso que daba tanta vida se acabó y el movimiento tuvo que reajustarse y volver a poner los puntos donde siempre los tuvo: en la lucha antimilitarista. Además, creo que esa herramienta de lucha pacifista y de transformación que en los 90 no compartía tanta gente, dos décadas después se ha asumido como una herramienta útil para cambiar las cosas. Aquí y en el resto del Estado se ha asumido como práctica natural la lucha no violenta, algo que no era habitual porque se venía de un momento de auge de la lucha armada.

–P: El MOC sigue activo y tuvo sus acciones, por ejemplo, contra la guerra de Irak. Yo pienso que hay que seguir luchando porque las conquistas sociales se pierden si no lo haces. En Noruega ha vuelto la mili. La lucha antimilitarista es la lucha por la supervivencia porque hubo un momento de inflexión con la bomba atómica: si se siguen resolviendo los conflictos humanos por la violencia significará la destrucción de la humanidad.

¿Dan por descartado el regreso del servicio militar obligatorio?

–Pedro Oliver: Es que legalmente no ha sido abolido solo está suspendido, pero es algo que a la gente se le olvida. El propio mecanismo legal tiene previsto el posible retorno. Otra cosa es que yo creo que todo el movimiento de objeción de conciencia e insumisión generó una cultura de paz en un sentido muy amplio que choca mucho con propuestas de retorno –que últimamente vienen de la ultraderecha– y con un mal construido patriotismo nacional –que a veces se ha ensalzado desde sectores de la socialdemocracia hasta la derecha– y que han sido enseguida contestados por la sociedad. Si esto alguien lo lleva en su programa electoral, se iba a encontrar con un magma de fondo que le iba a salpicar directamente. En este país costó mucho pero se consiguió poner fin al servicio militar gracias al empuje de este movimiento.

¿Es posible un mundo sin ejércitos?

–T: No se trata de si es posible o no, es que no queda otra opción. Seguramente no sea posible y estemos abocados a la autodestrucción de la humanidad que llevamos practicando siglos. Pero evidentemente no queda otra si queremos seguir defendiendo la vida en el sentido de libertad, de poder vivir en sociedades libres. Tenemos que apostar por eso, no nos queda otra opción.

–P: Mira, los altos cargos militares defienden que hay que tener muchas armas atómicas porque como el otro también tiene, si algún día nos ataca, podremos responder. ¡Pero entonces moriremos todos! Proponen el suicidio como teoría de la defensa. ¡Están locos! O vamos al desarme, o vamos a la destrucción total.

Fuente: https://www.noticiasdenavarra.com/a...

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Afganistán 20 años después

25 September, 2021 - 00:00

Pere Ortega
Centre Delàs d'Estudis per la Pau

La vergonzante retirada de Estados Unidos y sus aliados de Afganistán tras veinte años de ocupación y guerra, en el mes de agosto pasado, ha sido tan explícita por vergonzosa que me resistía a pronunciarme, pues huelgan explicaciones sobre el desastre ocasionado por EE UU y la coalición internacional en ese país. Pero a pesar de no ser un experto en Afganistán, a renglón de los disparates que algunos analistas han lanzado sobre aquella guerra, he aquí mi opinión fragmentada en diversos puntos.

El primero es que el pueblo afgano se ha liberado de la ocupación de tres imperios, el de Reino Unido (1919), el de la URSS (1989) y ahora el de Estados Unidos y sus aliados. Esto demuestra que la sociedad afgana es muy refractaria a cualquier dominación extranjera y está dispuesta a luchar por su autodeterminación.

Estados Unidos armó y dio su apoyo a afganos y muyahidines venidos de otros países para luchar contra la presencia de las tropas soviéticas y el gobierno que con su apoyo allí se instaló. Se calcula que el costo de la ayuda militar de EE UU a aquellas guerrillas superó los 500 millones de dólares. Entre aquellos muyahidines, se encontraban Bin Laden y miembros de lo que más adelante sería Al-Qaeda que, tras derrotar a la URSS, retornaron a sus países orgullosos de haber derrotado a una gran potencia y dispuestos a continuar sus luchas contra aquellos otros países de “infieles” e imperialistas con presencia o control en sus propios países.

Asimismo, tras los atentados del 11-S de 2001, Estados Unidos declaró la guerra al terrorismo y después de una declaración de Naciones Unidas que expresaba que EE UU tenía derecho a defenderse, aunque no se citaba a Afganistán como responsable; EE UU decidió invadir Afganistán a pesar de que entre los autores de los atentados no había ni un solo afgano y en su mayoría eran saudíes, bajo el argumento de que en Afganistán se habían cobijado Bin Laden y otros miembros de Al-Quaeda. La guerra contra el terrorismo la proseguirá EE UU posteriormente en Irak, Somalia, Libia, Siria y otros países con los desastres consiguientes por todos conocidos: cientos de miles (quizá millones) de muertes, entre ellos muchos civiles inocentes.

Otro punto importante es que la reacción de la guerra contra el terror de Estados Unidos y sus aliados no se hizo esperar, y múltiples facciones de muyahidines de carácter integrista, la más conocida Dáesh (Estado Islámico), lanzaron ataques contra la población civil y los intereses occidentales en muchos países de todo el mundo como represalia a los incesantes bombardeos que mataron a miles de civiles inocentes, un extremismo violento que también alcanza a Europa y EE UU.

Es importante destacar que Estado Unidos y sus aliados no fueron a salvar a las mujeres afganas del integrismo talibán. Tampoco fueron a acabar con el cultivo del opio y su exportación. Su objetivo era acabar con Bin Laden y sus seguidores como venganza al ataque del 11S, por cierto, nunca esclarecido del todo. Tanto es así, que el cultivo del opio se incrementó y durante la ocupación aliada el 90% del comercio mundial del opio era de origen afgano. Y durante estos veinte años, con el apoyo de EE UU, se formaron diversos gobiernos en los que predominó una corrupción desaforada, se formó una policía y un ejército de 300.000 militares que desaparecieron en un solo día abandonando sus armas para regocijo de los talibanes.

Más de 170.000 muertos

El horror ocasionado por la intervención en Afganistán se constata con un balance en el que destacan entre 170.000 y 240.000 muertos, de los que se calcula que 50.000 eran civiles; mientras que de las fuerzas ocupantes murieron 3.600 personas. Además, se deben mencionar otros horrores, como centros de tortura (no se debe olvidar Guantánamo) y miles de asesinatos extrajudiciales que ocasionaron los abominables “efectos colaterales” para designar la muerte de inocentes. Además, están los costes económicos, que solo para EE UU han supuesto 2,2 billones de dólares sin contar otros efectos como la deuda.

España también se aprestó a formar parte de la coalición internacional militar que, tras una resolución de Naciones Unidas, llevó ayuda para “reconstruir” Afganistán, aunque su verdadera función siempre fue prestar ayuda militar a EE UU en la guerra asegurando la retaguardia del ejército estadounidense. Allí murieron 102 españoles, y se invirtieron 3.990 millones en la misión militar hasta 2020 (según mis datos recogidos en estos 20 años y aún falta saber el coste de 2021); y 525 millones en ayuda humanitaria prestada por la Agencia Española de Cooperación; más los insignificantes 4,59 millones en la Conferencia de Donantes para la reconstrucción.

Además, y muchos más vergonzantes, son las 17.000 toneladas en armas donadas por el gobierno de José María Aznar. Unos costes inútiles considerando el resultado final, que hubieran tenido un efecto más positivo si se hubieran destinado para el desarrollo de Afganistán.

Así, el balance de los veinte años de guerra contra el terror, en el ámbito de la construcción de paz mundial, ha sido catastrófico, y la retirada de EE UU y de la coalición internacional en Afganistán es el retrato explícito del fracaso de intentar construir la paz por medio de la guerra. Fracaso que también es patente en Irak, Libia, Siria, Somalia, Mali, Yemen…, lugares donde las guerras allí impuestas solo han empeorado la situación de sus poblaciones. Un balance que obliga a repetir lo dicho en repetidas ocasiones anteriores: Estados Unidos y lo que se entiende como Occidente debe renunciar a imponer su modelo político a través del uso de la fuerza militar. La paz y los derechos humanos no se pueden imponer con un medio tan perverso y que produce tanto sufrimiento como es la guerra (paz negativa). La paz positiva solo se puede construir con el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos,

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/afgan...

Categorías: antimilitar

Afganistán: ¿Si vis pacem, para bellum?

22 September, 2021 - 00:00
Categorías: antimilitar

Un militarismo hiperactivo que no nos da descanso

7 September, 2021 - 00:00
Categorías: antimilitar

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