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Actualizado: hace 1 hora 20 min

Evaluación y reparaciones en Afganistán

24 July, 2021 - 00:00
Categorías: antimilitar

Homicidios selectivos, torturas sexuales y desapariciones: Una misión internacional constata el horror que se vive en Colombia

17 July, 2021 - 00:00

Un informe elaborado por representantes de organizaciones sociales y activistas por los derechos humanos de 13 países advierte sobre la grave represión desatada en ese país latinoamericano, al tiempo que reclama la paralización urgente de la venta de armamento europeo al Gobierno del derechista Iván Duque.

Danilo Albin@Danialri

La salvaje represión contra manifestantes en suelo colombiano ya tiene testigos internacionales. Tras realizar una verificación in situ, 41 representantes de organismos sociales y de derechos humanos de 13 países acaban de lanzar un informe en el que advierten sobre las graves vulneraciones perpetradas por el Gobierno de Iván Duque. Según han comprobado, la violencia de los cuerpos policiales se combina con las actuaciones ilegales de las bandas paramilitares. El resultado se mide en torturas, muertes y desapariciones.

«Tenemos que tener los ojos puestos en Colombia. Hay una lógica de represión como si se tratase de una guerra, y las consecuencias pueden ser terribles. No hay que dejarles solos», son las primeras palabras de Lorea Undagoitia, integrante de la organización vasca Mugarik Gabe, tras aterrizar en Bilbao. Detrás quedan nueve días en Colombia, un país que acumula ya más de dos meses de represión contra las protestas antigubernamentales.

Undagoitia ha formado parte de la misión internacional SOS Colombia, en la que también han tomado parte representantes de la Secretaría Internacional del sindicato Comisiones Obreras, así como el Centro de Estudios por la Paz de Catalunya, la organización estadounidense Amazons Frontlines, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México o el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, entre otros.

El informe preliminar refleja el horror que sufre Colombia desde que el Gobierno de Duque decidió poner en marcha una violenta respuesta represiva contra las protestas. En tal sentido, la misión documentó aproximadamente 180 denuncias directas de «agresiones físicas, persecución, hostigamiento y violación de los derechos humanos en el marco del Paro Nacional» que ha movilizado a miles de personas en distintos puntos del país.

A modo de contexto, los organismos destacan que las movilizaciones «se remontan a una crisis socioeconómica estructural con altas tasas de desempleo, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema. Aunado a ello, la precarización social se agudizó durante la pandemia del Covid-19, tiempo en el que el gobierno no garantizó la cobertura de las necesidades básicas de la ciudadanía como el acceso a la alimentación, a la salud, a una vivienda digna y una renta básica».

Junto a ello, «la violencia contra los firmantes de la paz y los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia ha aumentado significativamente desde la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2016».

El documento ofrece datos espeluznantes sobre los crímenes acumulados durante los últimos cinco años. «Según la ONU se presentaron más de 400 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia entre enero de 2016 y diciembre de 2020, aproximadamente 120 asesinatos en 2020 y, al menos, 71 asesinatos en lo que va de 2021, incluidos 49 entre el 27 de marzo y el 25 de junio de 2021», subraya.

Tras mantener entrevistas con diferentes organizaciones y conocer de primera mano el testimonio de víctimas de la represión, los participantes en la misión internacional llegaron a la conclusión de que los principales responsables de las vulneraciones que se registran a día de hoy son, básicamente, los cuerpos policiales –con especial protagonismo del ESMAD, el temible escuadrón antidisturbios de Colombia–, así como «grupos armados ilegales» y «personas civiles armadas que actúan en connivencia con la fuerza pública».

A la hora de establecer los «patrones de vulneración de derechos humanos» registrados desde el pasado 28 de abril, el informe habla de «homicidios selectivos», «lesiones personales», «tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes» o también «lesiones oculares» y «agresiones con armas de fuego». Del mismo modo, alerta sobre casos de «violencia y tortura sexual», «detenciones arbitrarias e ilegales», desapariciones forzadas y «estigmatizaciones, señalamientos y persecuciones».

Más allá de las habituales imágenes de cargas policiales en ciudades como Bogotá o Medellín, la misión internacional incide también en el drama que se vive en distintos puntos del país a manos de las bandas paramilitares. En regiones como el Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Santander y el Eje Cafetero, entre otras, se ha identificado el fenómeno del paramilitarismo urbano y rural y/o de civiles armados. Algunos de estos grupos atacan con armas de fuego de largo y corto alcance a las y los manifestantes", indica.

En base a «fuentes de información fidedignas» obtenidas sobre el terreno, los representantes internacionales advierten sobre «la consolidación de un plan criminal cuyo objetivo es generar terror y, en la mayoría de los casos, el eventual asesinato de personas jóvenes que pertenecen a movimientos sociales y populares que se congregan en los diferentes puntos de resistencia del Paro Nacional».

Asimismo, «se ha identificado que la gran mayoría de las víctimas tienen temor de denunciar, pues se han recibido testimonios de que, una vez, las personas ponen en conocimiento las diferentes arbitrariedades, son objeto de señalamientos, persecuciones, hostigamientos y hasta algunos asesinatos», relatan los autores. «Ante este panorama –continúan–, el derecho de acceso a una justicia real con garantías constitucionales establecidas se diluye por completo».

Denuncia internacional

Pocas horas después de regresar a casa, Undagoitia apunta hacia esa ausencia de garantías como una de las razones fundamentales del «objetivo final» de la misión: «contar con suficiente sostén y argumentación para comenzar un proceso judicial contra el Gobierno colombiano en instancias internacionales.»Si lo hiciéramos en Colombia, solo serviría para poner en peligro a las personas denunciantes", remarca.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en un reciente informe ha advertido sobre «el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas» en Colombia, aparece en la hoja de ruta de la misión internacional, que también prevé llevar sus denuncias a parlamentos y gobiernos de distintos países. «Queremos arrancar compromisos», afirma la representante de Mugarik Gabe.

Venta de armas

Del mismo modo, reclaman que la Unión Europea paralice inmediatamente la «venta de armamento militar y material antidisturbios» al Gobierno colombiano. Según datos oficiales, España figura entre los vendedores de armas a las Fuerzas Armadas de ese país. En una respuesta enviada en junio pasado al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Ejecutivo rechazó aclarar si mantendrá ese negocio pese a las graves vulneraciones a los derechos humanos registradas desde finales de abril pasado.

Público

Categorías: antimilitar

85 objetores de conciencia multados en Turquía

10 July, 2021 - 00:00

La Campaña de Apoyo al Derecho a la Objeción de Conciencia en Turquía ha publicado su informe sobre la «Objeción de Conciencia al Servicio Militar en Turquía».

El informe Objeción de Conciencia al Servicio Militar en Turquía, publicado esta semana, forma parte de la «Campaña de Apoyo al Derecho a la Objeción de Conciencia en Turquía».

Publicado por la Asociación de Objeción de Conciencia y elaborado por la Dra. Mine Yıldırım y Hülya Üçpınar, el informe ofrece información detallada y conclusiones sobre las violaciones de derechos y procesos jurídicos que sufren los objetores de conciencia en Turquía.

El informe se elaboró a partir de entrevistas con 18 objetores de conciencia y abogados y examina un total de 85 casos de objetores de conciencia. Como se indica en el informe, hasta la fecha, los objetores de conciencia han presentado 45 solicitudes distintas ante el Tribunal Constitucional.

El informe ha constatado que los objetores de conciencia cuyos casos se examinan en el informe han sido multados con un total de 575.517 liras turcas (unos 55.815 euros). El informe incluye información y relatos de objetores de conciencia, entre los que se encuentran antimilitaristas, testigos de Jehová y objetores basados en sus creencias islámicas.

Entre otras cosas, el informe recomienda que «la objeción de conciencia al servicio militar se reconozca como un derecho constitucional, sin demora, para garantizar que la legislación sobre la objeción de conciencia no entre en conflicto con otras normas legales y que dicha regulación no se preste a interpretaciones, posiblemente restrictivas, de los órganos ejecutivos y judiciales».

https://anfespanol.com/noticias/85-...

Tomado de: https://kaosenlared.net/85-objetore...

Categorías: antimilitar

España desechó aplicar al régimen saudí las restricciones en la venta de armamento que utilizó con Venezuela

9 July, 2021 - 00:00

El último informe elaborado por la campaña 'Armas Bajo Control' destaca que los Gobiernos de PP y PSOE denegaron distintas exportaciones de material militar al país latinoamericano debido a las vulneraciones a los derechos humanos, algo que no ocurrió con las operaciones con la monarquía árabe. En 2020 hubo otras 26 licencias para ese destino.

Danilo Albin

No a Caracas, sí a Riad. Desde la óptica de La Moncloa, tanto con el PP como con el PSOE al frente, la represión en suelo venezolano ha pesado más que los bombardeos sobre territorio yemení. Según consta en documentos oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio y en distintos análisis elaborados por organizaciones de derechos humanos, el negocio armamentístico no solo está marcado por la opacidad: también existe una doble vara de medir. La clave está en quién sea el comprador y, sobre todo, cuáles sean los intereses de Madrid.

El camino lo abrió Mariano Rajoy en 2014. Aquel año, el Gobierno del PP estimó conveniente suspender la concesión de 15 licencias de exportación de material antidisturbios a Venezuela. "España se adelantó a la mayoría de los
países de la Unión Europea en la posible imposición de medidas cautelares", reivindicó entonces la Secretaría de Estado de Comercio en su informe anual sobre exportaciones de material armamentístico.

En 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez dio otro paso y bloqueó otro paquete de licencias de ventas de material militar a Caracas. «El motivo de la suspensión consistió en la situación de inestabilidad interna del país importador y la falta de reconocimiento por parte del Gobierno español de las autoridades receptoras de los productos», señalaba Comercio en el documento sobre las operaciones efectuadas a lo largo de ese año. Se trataba concretamente de sistemas electro-ópticos y servicios de mantenimiento de helicópteros para su reparación y modernización, «así como partes, piezas, herramientas, consumibles y manuales para una avioneta».

Mientras cerraba la puerta a Caracas, tanto el Gobierno del PP como el Ejecutivo del PSOE facilitaban las exportaciones al régimen de Riad. No en vano, desde 2015 –coincidiendo con el inicio de los ataques contra Yemen por parte de la coalición encabezada por Arabia Saudí– España se consolidó como uno de los principales proveedores de armamento a esa monarquía absolutista. Entre 2015 y 2020, las ventas a las Fuerzas Armadas saudíes alcanzaron los 1.234 millones de euros.

En 2019, mientras ampliaba las medidas contra Venezuela, el Gobierno del PSOE concedía 22 licencias de exportación de material de defensa a la monarquía de Salmán bin Abdulaziz por un importe de 392,78 millones, una cifra 30 veces más alta que la registrada el año anterior. En 2020, la junta interministerial que analiza dichas solicitudes concedió otras 26 licencias de operaciones por un valor de 215,3 millones de euros. 122 millones correspondieron a munición y 75 millones en aeronaves, además de otro millón de euros en armas pequeñas o cuatro millones en armas ligeras.

En un detallado análisis sobre las exportaciones de material de defensa durante 2020, la campaña Armas Bajo Control –integrada por Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y FundiPau– subraya que también se autorizaron operaciones por 6,2 millones de euros «en equipos de formación de imagen o contramedida, que incluyen cámaras y equipos de proceso de imagen, susceptibles de ser usados en los bombardeos de Yemen».

En ese documento, las organizaciones de derechos humanos hablan precisamente del «doble rasero» de los gobiernos de turno a la hora de rechazar algunas licencias –en 2020 únicamente se denegaron dos permisos de ventas de material militar a la Marina de Guerra de Myanmar en virtud del embargo decretado por la Unión Europea– y conceder otras.

En esa línea, Armas Bajo Control sostiene que «se aplica un doble rasero a determinados destinos». Cita el caso concreto de las denegaciones aplicadas a Venezuela, que considera adecuadas «en virtud de la comisión de crímenes de lesa humanidad desde 2014 y la crisis actual de derechos humanos» en ese país latinoamericano. «Sin embargo, es llamativa la renuncia del gobierno español a usar el control de las transferencias de armas como instrumento político de cambio en la política exterior, excepto en el caso de Venezuela», sostiene.

«¿Por qué no aplica a Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos el mismo rasero (comisión de crímenes de derecho internacional) que a Venezuela y suspende, por ejemplo, las entregas de municiones o repuestos para aviones hasta que minimicen las víctimas civiles de los bombardeos, las consecuencias del bloqueo naval y aéreo de Yemen y se ponga fin a la impunidad por los presuntos crímenes de guerra cometidos desde marzo de 2015?», pregunta Armas Bajo Control en su reciente informe.

«Intereses comerciales»

Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional (AI) sobre comercio de armas, cree que la respuesta está precisamente en las relaciones de España con el país comprador. De hecho, subraya que en el caso de las exportaciones a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Egipto –otros dos países que forman parte de la coalición militar a cargo de los ataques en Yemen– priman los intereses comerciales, económicos o estratégicos «frente al respeto a los derechos humanos, que pasan a un segundo lugar».

La última edición de la «guía de negocios» en Arabia Saudí que elabora la Oficina Económica y Comercial de España en Riad apunta precisamente en esa dirección. Según consta en ese documento, Comercio ha decidido mantener la venta de material de defensa como una de las oportunidades «prioritarias» de negocio para las empresas españolas que deseen establecer operaciones con el régimen absolutista.

El portavoz de AI califica de «chocante» que el gobierno español «sea selectivo al controlar sus ventas de armas y renuncie a ese instrumento político de cambio en la política exterior, excepto en el caso de Venezuela». A su juicio, La Moncloa «debe dejar de esconder la cabeza como un avestruz y plantearse medidas de cambio, como sumarse a la creciente lista de países que limitan las ventas de armas a la coalición saudí-emiratí que opera en Yemen para no correr el riesgo de ser cómplice de atrocidades y perpetuar el conflicto en Yemen».

Público

Categorías: antimilitar

#DesarmandoIndra: Las implicaciones en la producción de armamento para la guerra y la militarización de fronteras

5 July, 2021 - 00:00

Por Centre Delas d Estudis per a la Pau

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau, la Fundación Finanzas Éticas, Alternativa Antimilitarista MOC, participantes de la WRI-IRG (Internacional de Resistentes a las Guerras), denunciaron ayer las implicaciones de Indra en la producción de armamento y la militarización de fronteras, en su Junta de Accionistas, con el apoyo de una decena de colectivos pacifistas, por el desarme y la desmilitarización, y la defensa de los derechos de las personas migrantes y desplazadas por la fuerza de todo el Estado español.

Aprovechando la Junta General Ordinaria de Accionistas 2021 de Indra, los diversos colectivos nos hemos organizado para asistir a la Asamblea en la sede de Indra en Madrid y poder trasladar nuestras demandas. Koldobike Velasco Vázquez ha sido la portavoz que ha formulado las preguntas en el turno final de palabra, y ha cerrado pidiendo un minuto de silencio por las víctimas de las guerras y las violencias en las fronteras que alimentan las armas y vallas fabricadas y construidas con suministros y componentes de Indra.

Además, después de la intervención, por la tarde, activistas de los diversos colectivos y organizaciones que hemos suscrito en el comunicado trasladado a los accionistas de Indra hemos llevado a cabo una acción de denuncia ante la sede de la empresa en Barcelona. «Desarmando Indra» es el lema usado en esta campaña.

Indra y la vulneración del derecho a migrar y al libre movimiento

Tal y como ha trasladado Koldobike Velasco en la junta de accionistas, INDRA destaca por estar implicada en la construcción de las vallas de Ceuta y Melilla y por haber desarrollado el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), un sistema de radares que puede ser utilizado para interceptar a personas migradas. Instalación que ha costad más de 230 millones de euros entre los años 2002 y 2018. La misma compañía asegura que sus sistemas de vigilancia marítima «salvan vidas», mientras que solo en el 2020, según la organización Caminando Fronteras, hubo 45 naufragios con más de 1800 personas muertas en la ruta canaria.

Pero INDRA no sólo tiene un papel relevante en militarizar y reforzar los muros de las fronteras españolas, también fabrica sistemas de control y vigilancia para Hong Kong, Letonia, Marruecos, Polonia y el Reino Unido. Tanto Letonia, como Reino Unido han levantado muros en sus fronteras, contribuyendo así a la construcción de la Europa Fortaleza. Y Marruecos ha construido tres muros con Melilla, con Argelia y con los territorios saharauis. También ha desarrollado e implementado un sistema de vigilancia infrarroja y de cámaras con sensor de movimiento para las vallas construidas por Bulgaria en la frontera con Turquía en la ruta de los Balcanes, la principal ruta empleada por las personas migradas y refugiadas hasta 2015.

Indra: productos para la guerra

Además, Indra provee de los componentes necesarios para fabricar las armas que acaban en guerras y conflictos armados. Lo demuestran numerosos contratos con el Ministerio de Defensa español en los que ha desarrollado proyectos militares y de armamento relacionados con conflictos internacionales. La compañía vende tecnología para material de defensa y seguridad a Turquía, Egipto, Qatar, Arabia Saudí, Omán y Yemen. Y controla el 80% de la Sociedad Española de Misiles (INMIZE), que diseña y desarrolla diversos tipos de misiles y es la filial española del principal fabricante de misiles europeo, MBDA, participado por el grupo europeo EADS.

Por ejemplo, fabrica y mantiene los sistemas de combate Leopard de Santa Bárbara Sistemas – General Dynamics, y los radares de los Eurofighters de BAE Systems, que han sido adquiridos por Arabia Saudí, país que lidera la guerra en Yemen. Además en 2018 España firmó un acuerdo para vender cinco corbetas de Navantia con componentes realizados por INDRA. El acuerdo incluye la construcción de una base naval para la flota de Arabia Saudí, la capacitación de tripulación, la implantación de simuladores, así como todo el material requerido para la puesta en marcha de una escuela de adiestramiento.

Todas estas armas y medios podrían emplearse en la guerra de Yemen o en el bloqueo que lleva a cabo la coalición contra el país, empeorando la situación humanitaria que, según datos de ACNUR, el 80% de la población necesita ayuda humanitaria para sobrevivir, hay cerca de 4 millones de desplazados internos y más de 7 millones de personas necesitan asistencia nutricional. Así, el Estado español vulnera el Tratado de Comercio de Armas y la Posición Común de la Unión Europea al vender armas (algunas con componentes producidos por Indra) a Arabia Saudí, ya que podría estar cometiendo crímenes de guerra.

Otro ejemplo es la actuación de Indra en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, a través de la implantación de tres estaciones adicionales en las zonas de Laayoune, Es-Semara y Dakla, para la cobertura de vigilancia del espacio aéreo y colaborando con el transporte de los recursos naturales saqueados al Sáhara. Esto contraviene el Derecho Internacional que afirma que el Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización y por tanto Marruecos no tiene soberanía legítima sobre este territorio, ni de sus recursos naturales, ni sus gentes.

Indra y el dinero público para la guerra

No hay que olvidar que Indra, es en parte pública, ya que el 20% de sus acciones es propiedad del SEPI, una empresa gubernamental pública. Es la quinta empresa que más dinero público recibe con contratos del Gobierno en materia de control migratorio, para obras y servicios en materia migratoria​ (64,8% de todo el dinero analizado) según una investigación de la Fundación por Causa.

También destaca por sus acciones de lobby en la Unión Europea, incentivando la militarización fronteriza con el fin de vender sus productos, para lo cual también ha tomado el liderazgo en la plataforma del lobby Europeo EOS (European Organisation for Security). Indra cuenta con más de 5 lobistas en una oficina en Bruselas, con un coste declarado cercano a los 2 millones de euros anuales. También forma parte del “Grup of Personalities” un espacio donde participan organismos de la UE y empresas militares y de seguridad, con 16 miembros de los cuales 7 son de empresas de armas.

Nuestras demandas

Ante esto, los colectivos que hemos organizado estas acciones, hemos trasladado en la Junta General de Accionistas algunas de las demandas hacia la compañía, con la intención de hacerlas llegar a la direccion y accionistas de la empresa:

No colaboración de esta empresa en la investigación, la producción, suministro de armas o dispositivos de militarización de las fronteras, destructoras de la vida y que violan derechos humanos,

Exigimos la paralización de los procesos de cabildeo en la política de la UE y España en políticas de defensa y seguridad y, en su lugar, contribuir a la búsqueda del bienestar, los derechos y las libertades de todas las personas.

Con todo, a renunciar a proyectos con fines militares y vinculados a la violación de los Derechos Humanos.

Podéis consultar aquí el texto completo de la intervención y el listado de organitzaciones y colectivos adheridos.

Categorías: antimilitar

Nuevo pelotazo del gasto militar español

2 July, 2021 - 00:00
Categorías: antimilitar

Las sombras de la Legión, “lo mejor de la historia de España”

22 June, 2021 - 21:05

Luis Gonzalo Segura

“La Legión representa lo mejor de la historia de España” y sin ella “no se puede entender el mundo libre, nuestra Europa”. Esas fueron las palabras de Margarita Robles, actual ministra de Defensa designada por el PSOE, cuando hace un año presentó los actos del Centenario de la Legión (1920-2020). Un centenario presidido por Felipe VI, no menos orgulloso de la Legión española. Y si la Legión representa lo mejor de la historia de España, parece aconsejable repasar los logros históricos más destacables de esta unidad fundada por el célebre fascista Millán Astray en un período de ascenso de esta ideología, los años veinte del siglo pasado.

Torturas, decapitaciones, armas químicas en la Guerra del Rif

Un par de sucesos atroces los encontramos en la ornamentación con cabezas cortadas de enemigos, algo que disgustó a un nada refinado Miguel Primo de Rivera. Constan –en El País en 2017 o en El Correo en 2011– al menos dos protestas por esta macabra costumbre legionaria: 1) por la revista realizada a un batallón de la Legión que portaba diez cabezas clavadas en bayonetas; y 2) con motivo de la visita de la Duquesa de la Victoria se le entregó, como obsequio, una cesta con dos cabezas cortadas en un centro floral.

Legionarios sosteniendo cabezas de rifeños. Foto publicada por Jacques Roger-Mathieu en 'Las memorias de Abd El Krim' (1926).

La esencia de este comportamiento no puede en ningún caso catalogarse como espontánea, sino que debe entenderse como una costumbre inducida por los mandos militares, entonces fascistas y, posteriormente, franquistas, como Sanjurjo, Millán Astray, Queipo de Llano, Yagüe o el propio Franco. Un episodio sobre la inducción de este comportamiento bárbaro lo encontramos en una anécdota relatada por Arturo Barea en 1926, entonces periodista y después autor de la magnífica –y muy reseñable en este caso– La forja de un rebelde, en la que afirma que Millán Astray peleó cuerpo a cuerpo con un legionario para hacerse respetar.

Pudiera parecer anecdótico reseñar los comienzos africanos de la Legión, pero no es así. Por un lado, el prestigioso hispanista Sebastian Balfour señala en su obra Abrazo mortal –reeditada recientemente, en 2018– cómo los métodos y las estrategias utilizadas en el Rif fueron puestas en práctica tiempo después durante la guerra entre 1936 y 1939. Y, por otro lado, se cifran en unos 80.000 los marroquíes que acudieron al conflicto militar en la Península, donde fueron empleados como carne de cañón en vanguardia y donde, además, exhibieron una crueldad a la altura de los deseos más íntimos de sus mandos militares. Unos mandos que dejaron, además de cabezas de rifeños cortadas, una maldición que todavía hoy envenena el Rif: el bombardeo con armas químicas. Un bombardeo que sitúa hoy al Rif como una región con una tasa de enfermos de cáncer muy por encima del resto de Marruecos –gracias también al napalm arrojado entre 1957 y 1958 por las tropas del general Mizzian, recién reincorporado en el Ejército marroquí tras abandonar el español con consentimiento de Franco. Otro acto que bebe directamente del Ejército español africanista, aunque ya no se protagonizara en su nombre.

Represión en Asturias

Pero antes de la guerra asimétrica acaecida en España, la Legión tuvo un último entrenamiento en 1934: Asturias. Allí, la Legión tuvo un comportamiento brutal, tal y como relata Paul Preston en su obra El Holocausto español: Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, en la que se puede encontrar el siguiente fragmento, producto de la conversación entre el general Eduardo López Ochoa y Juan Simeón Vidarte, entonces vicesecretario general del PSOE:

“Una noche, los legionarios se llevaron en una camioneta a veintisiete trabajadores, sacados de la cárcel de Sama. Sólo fusilaron a tres o cuatro porque, como resonaban los tiros en la montaña, pensaron que iban a salir guerrilleros de todos aquellos parajes y ellos correrían peligro. Entonces procedieron más cruelmente, decapitaron o ahorcaron a los presos, y les cortaron los pies, manos, orejas, lenguas, ¡hasta los órganos genitales! A los pocos días, uno de mis oficiales, hombre de toda mi confianza, me comunicó que unos legionarios se paseaban luciendo orejas ensartadas en alambres, a manera de collar, que serían de las víctimas de Carbayín”.

Cabe señalar, además, que en Asturias las ejecuciones organizadas de civiles se convirtieron en un método más del Ejército español y, obviamente, de la Legión. Pablo Gil Vico explica en Verdugos de Asturias que “si en la violencia revolucionaria con resultado de muerte hubo en torno a cuarenta escenarios diferentes, las fuerzas gubernamentales ejecutaron a sus víctimas en 17 lugares, pero en solo dos de ellos –Carbayín y el Cuartel de Pelayo– tuvo lugar casi el 50% de las muertes computadas. No se trata, como en el caso revolucionario, de acciones dispersas y no siempre predecibles, sino de un ejercicio de la violencia concentrado, materializado en oleadas y organizado en –o desde– centros de detención”. Es decir, la violencia del Ejército español y de la Legión española fue en la mayoría de los casos organizada y solo en ocasiones más infrecuentes producto de arrebatos. Aunque episodios impulsivos también acontecieron. Valga como ejemplo el siguiente relato también extraído de Verdugos de Asturias:

“Un oficial ordenó lanzar una bomba dentro. Seis personas, entre ellas tres mujeres y una niña de doce años, cayeron mientras trataban de protegerse; otros seis intentaron salir y fueron ejecutados en la puerta o por la parte de atrás y Casimiro Álvarez, un hombre de sesenta y un años, fue acuchillado en el piso de arriba por un soldado moro que lo persiguió hasta acabar con él”.

En total, según la mencionada obra, dos tercios de las víctimas asturianas fueron fusiladas; más de una quinta parte fue asesinada de forma salvaje, a veces acuchillados; el resto falleció en el combate o debido a los malos tratos.

En definitiva, la represión en Asturias, en la que perecieron unos 2.000 asturianos, demuestra que la brutalidad en la guerra española por parte del bando fascista, y de la Legión, fue organizada y, ante todo, predecible. Y, por tanto, evitable. De hecho, los fascistas españoles, como el resto de totalitarios, lo único que hicieron fue trasladar las prácticas coloniales a Europa. Unas prácticas que incluyeron, en todas sus formas, a la mujer.

Porque la mujer durante la guerra fue violada de forma salvaje por las tropas fascistas y, muy especialmente, por las compuestas por legionarios. De ello tenemos constancia por múltiples referencias, entre las que podemos reseñar la que ofrece el periodista John Whitaker, que relata una violación múltiple de dos muchachas en Navalcarnero en 1936 en un texto en la revista Foreign Affairs en octubre de 1942. Herbert Southworth señala en El mito de la Cruzada de Franco que a las tropas de marroquíes reclutadas por Franco se les incentivaba con la promesa de “mujeres blancas”.

Brutalidad durante la guerra

De las salvajadas acaecidas durante la guerra provocada por la sublevación fascista se podrían, y se pueden, escribir libros, pero hay una matanza que queda, tristemente, por encima de todas: Badajoz. Una masacre en la que fallecieron entre 1.500 y 4.000 personas, según las distintas versiones, incluyendo mujeres, ancianos y niños y que inundó, literalmente, las calles de sangre y, peor aún, de horrorosas mutilaciones. De las mismas mutilaciones que se habían producido en Asturias. Fueron seccionados senos, penes, genitales, narices, orejas...

Prostitutas para la Legión en la Guerra de Ifni

David Torres afirmaba en la presentación de la novela Todos los buenos soldados que “la historia del legionario que pegó fuego a un burdel con las putas y los clientes dentro es verídica”, que no se trata de una leyenda urbana. Además, relataba que la corrupción siempre acompañó al Ejército español, algo obvio por otra parte. Corrupción que ha sido especialmente consentida en la Legión, una unidad que siempre contó con una licencia especial para el consumo de drogas, la desmemoria de los antecedentes penales y los desmanes más inimaginables a cambio de sus servicios.

Quizás, por este motivo, uno de los episodios más singulares que acontecieron durante la Guerra de Ifni consistió en el traslado de prostitutas desde Canarias hasta la colonia española en la costa africana. Todo un reto logístico para el Ejército español con el objetivo de cubrir el asueto de la Legión.

Refugio de nazis durante la dictadura

Joachim Fiebelkorn (Leipzig, 5 de abril de 1947), conocido como el legionario nazi, guarda excelentes relaciones con los legionarios retirados y con altos mandos militares de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas todavía en servicio o retirados, con los que comparte paellas y cervezas en su finca-castillo en Rojales (Alicante) repleta de simbología nazi y franquista. Estos eventos son exhibidos en redes sociales sin ningún pudor. No es una casualidad que Joachim, compañero de aventuras de Klaus Barbie, conocido como el Carnicero de Lyon, y relacionado con multitud de atentados sangrientos en Europa y América Latina acontecidos durante el siglo pasado y vinculados a la extrema derecha, cuente en su hoja de servicio con el honor de haber jurado bandera en la Legión española en 1966. La unidad se convirtió en refugio de nazis. Joachim juró bandera en la Legión junto a Herbert Kopplin, miembro de las Waffen SS durante la II Guerra Mundial.

Guerra de Irak: torturas y denuncias de crímenes de guerra

4 de abril de 2004, Nayaf (Irak). La guerra a la que España oficialmente no acudió también supo de la Legión. Durante esta contienda se produjo la batalla bélica más importante de España desde la Guerra de Ifni y, claro, la Legión española también estaba allí. Existe el rumor no confirmado de disparos sobre niños iraquíes, ya que estos ayudaban a municionar al Ejército de Mahdi, que atacó la base española en Nayaf. Los españoles confirman que hubo niños y que estuvieron bajo su mira, pero niegan que les dispararan. Imposible saberlo, pero de haberlo hecho resulta improbable que lo confesaran. Como no se confesaron jamás, ni se investigaron, las torturas que durante años fueron denunciadas por iraquíes. No se confesaron, hasta que años después nos estallaron en la cara.

17 de marzo de 2013, Madrid. Un vídeo publicado en El País demuestra que los legionarios torturaron y maltrataron a prisioneros en Irak en 2004 bajo el mando del general Fulgencio Coll y el coronel Alberto Asarta, ambos integrantes en la actualidad del partido ultraderechista Vox. El vídeo, grabado con un móvil, tras casi un minuto de brutales golpes, termina con una expresión lapidaria: “A este se lo han cargado”. Cinco militares fueron procesados y exonerados en 2015, según denunció Amnistía Internacional, de forma irregular. Entre otras cuestiones porque nunca se investigó el acoso salvaje que sufrió el único testigo del caso, cuyo cambio de versión fue esencial para el cierre del asunto.

26 de abril de 2004, Diwaniya (Irak). Retrocedamos en el tiempo y volvamos de nuevo a la guerra de Irak. Tras la batalla de Nayaf se produjo una carnicería en Diwaniya cuando la Legión abatió a once iraquíes. Más allá de la escaramuza bélica, quedan, de nuevo, huellas de las torturas a las que sometieron a los prisioneros y unas fotografías de militares españoles con prisioneros desnudos y abatidos fueron publicadas en Interviú y sirvieron para un documento titulado ‘Los muertos que dejó la Legión'.

De aquella guerra quedan incluso confesiones públicas sin investigar de exmilitares que afirmaron disparar contra civiles en una boda. “Era un boda. Y ya se sabe cómo es una boda allí [Irak], o por lo menos cómo era hace 13 años [en 2003]. Los invitados se pusieron a celebrar disparando al aire sus AK-47 y varias ráfagas fueron a parar a nuestro puesto. Mi compañero y yo nos miramos y abrimos fuego. Y, claro, yo tiré a dar”. Un exmilitar que, por cierto, después de su confesión fue recibido por la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, y apareció en varios programas de televisión de Risto Mejide.

Machismo y discriminación

8 de diciembre de 2017, Viator (Almería). “¿Prefieres que te arreste a que tu hija pase frío?”. Esta fue la disyuntiva a la que se tuvo que enfrentar una legionaria que denunció cómo su vida cambió tras ser madre: “Siempre fui buena militar hasta que fui madre”. Era el 8 de diciembre de 2017, fiesta de la Inmaculada Concepción, patrona de la Infantería española, y tanto la madre como el padre fueron obligados a desfilar y les exigieron dejar a su bebé de ocho meses enrollado en una manta con un desconocido en las gradas mientras ambos desfilaban. Se negaron. Hoy, ambos han abandonado las Fuerzas Armadas y sus jefes han quedado impunes a pesar de las represalias que se sucedieron a posteriori y del relevo en el ministerio de Defensa. Nada cambió para ellos con la llegada de Margarita Robles.

Además, en el diario Público, el marido de la legionaria arrestada denunció discriminación al afirmar que de “un total de 400 miembros que integran las dos banderas del Tercio no hay ninguna mujer combatiente, sino que de las 15 que se encuentran en la unidad –cifra muy baja, pues representan menos del 4% cuando la media en el Ejército se sitúa en el 12%– están en la cocina, dándonos de comer en las maniobras, o en la oficina”.

Muerte y ocultación de un crimen

25 de agosto de 2019, Agost (Alicante). El último relato legionario relevante del que tenemos constancia versa sobre la ocultación de un homicidio negligente en unas maniobras. En las mismas, un sargento disparó contra un legionario, Alejandro Jiménez Cruz, algo que se intentó ocultar con una gran mentira de la que, incluso, participó Margarita Robles. No fue una bala perdida de un disparo accidental en otro ejercicio cercano ni el proyectil entró rebotado en la axila: el proyectil entró en el pecho. Si no hubiera sido por un legionario, uno solo, honesto, el caso habría quedado impune, como ocurre en la mayoría de los casos. De hecho, la presión y el acoso al que sometieron al testigo recuerdan mucho al caso del legionario que confesó las torturas en Irak y después se retractó. Hoy hay cinco militares imputados por este caso, pero la historia demuestra que la Justicia militar siempre guarda un as en la manga. Trabajarán para exonerar, no para condenar.

Pero recuerden la frase de Robles con la que comenzamos estas líneas: “La Legión representa lo mejor de la historia de España” y sin ella “no se puede entender el mundo libre, nuestra Europa”.

Fuente: https://ctxt.es/es/20200901/Firmas/...

Categorías: antimilitar

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