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Actualizado: hace 1 hora 26 min

«Tiremos el cuartel y plantemos puerros»: La marcha antimilitarista vasca cumple 30 años

fai 2 horas 19 min

danilo albin

Nunca, jamás, nadie verá puerros haciendo la guerra. Quien quiera ver crecer esas hortalizas debe dirigirse a terrenos cultivables como el de Soietxe, en las afueras de la localidad vizcaína de Mungia. Allí, en cambio, hoy solo se topará con uniformados de color verde y armas en mano. Es el Regimiento de Infantería 45, con sede en unos terrenos que el movimiento antimilitarista reivindica desde hace treinta años para otros fines.

La escena volverá a repetirse, por trigésima vez consecutiva, este sábado 26. Todo arrancará a las 11.00 de la mañana en la Plaza de los Fueros de Mungia, una localidad ubicada a un cuarto de hora de Bilbao. Allí comenzará la movilización convocada por distintas organizaciones antimilitaristas, ecologistas y a favor de los derechos de las personas refugiadas.

Los participantes no irán solos. Llevarán, como otras veces, puerros para plantar. “El lema de todos estos años ha sido ‘tiremos el cuartel y plantemos puerros'. Este era un terreno para cultivar”, afirma a Público Alberto Estefanía, integrante del Movimiento de Objeción de Conciencia (KEM-MOC) del País Vasco.

Treinta años después de la primera marcha, Estefanía –que por cuestiones de edad no llegó a participar en aquellos inicios– recuerda que se trataba de una época muy especial. “Eran los tiempos de la insumisión, y el sentimiento antimilitarista estaba verdaderamente muy fuerte, con distintas iniciativas por todo el territorio”, apunta.

El cuartel de Mungia representa precisamente lo contrario. Según datos disponibles en la página web del Ejército de Tierra, “el Regimiento Garellano 45 se adiestra para ser empleado allá donde sea necesario defender los intereses de la Defensa Nacional”.

El Plan de Adiestramiento “contempla todos los ejercicios habituales de cualquier unidad de Infantería Ligera”. “Este adiestramiento nos da una capacidad y disponibilidad muy alta, que hasta el momento nos ha llevado a participar en varias misiones internacionales”, sostiene la unidad militar. “No olvidamos el mantenimiento de las tradiciones –añade–, celebrando mensualmente un austero acto militar de homenaje a los caídos”.

De hecho, “dos veces al año, con motivo del aniversario del Regimiento, y para conmemorar la celebración de la Patrona de la Infantería el 8 de Diciembre, se desarrollan actos con invitación a autoridades y público civil”. Además, “el día de las Fuerzas Armadas abrimos las puertas de nuestro acuartelamiento, para mostrar a la sociedad vizcaína lo que hacemos al servicio de España”.

“Se trata de la instalación militar más grande de Bizkaia”, apunta Estefanía en vísperas de la movilización del próximo sábado. “Desde el movimiento antimilitarista consideramos que lo militar tiene que reducirse a cero, y lo que se destina para esos debería ser utilizado para cubrir necesidades sociales”, sostiene.

El portavoz del MOC tiene muy presente una cifra: en el Estado español, “el gasto militar asciende a casi 34 mil millones de euros”. “Eso es, sencillamente, una aberración”, subraya.

Tierra de insumisos

La tradición antimilitarista de esta zona viene de lejos. No en vano, Euskadi fue uno de los lugares del Estado donde mayor repercusión tuvo la insumisión al servicio militar obligatorio. En Navarra se impulsaron también distintas iniciativas populares contra el militarismo, como el “Día del Inútil” que históricamente celebraban aquellos que se salvaban de ir a la mili. En sus últimas ediciones, colectivos como Dignidad y Justicia reclamaron su prohibición por considerar que se menospreciaba a la Guardia Civil.

Fuente: https://www.publico.es/politica/eus...

Categorías: antimilitar

Detener las exportaciones de armas para invertir más en ayuda humanitaria

23 October, 2019 - 00:00

Es una cuestión posible y que debemos afrontar.
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Cuando en una materia sumamente delicada como es “la venta de armamento”, y que afortunadamente en España, es un monopolio estatal su –fabricación- y venta, aunque puede dotarse de intermediarios privados pero totalmente fiscalizados, y que cuenta con un importante sector productivo a nivel de primeros puestos en ventas a nivel internacional. No podemos ser ilusos y pensar que un mundo que se basa en la estrategia de dominación de los mercados, en todas sus vertientes, y amparados en el juego de los valores financieros en bolsa o el monto de capitales, no puede desatar conflictos bélicos. Un Estado moderno, aún sometido a posibles quebrantos, en lo que se está convirtiendo en no pocas ocasiones “la época de los Estados fallidos”, no puede prescindir de la modernización de sus ejércitos y de sus cuerpos y mecanismos de seguridad.

Otra cosa es el negocio de las armas, que hasta hace nada era el principal negocio en movimiento de capitales de la humanidad. La música y las drogas le seguían de cerca aunque esto no se publicite en demasía, pero como ya sabemos todo ha cambiado y está cambiando.

El poder poner fin y salir del negocio de la fabricación de armamento a terceros no se puede plantear como un grito a los vientos. Pues vender armas implica vender a quien compra… y quien compra armas tiene fines diversos. Y por otro lado: vender armas es vender muerte de una forma u otra; y por ello debe plantearse como una aspiración real su reducción.

No olvidemos que se ha generado toda una potente y muy beneficiosa industria armamentística en nuestro país que genera importantísimos beneficios.

Claro que esa propuesta de reconversión de ser vendedores a ser autosuficientes (en lo posible, las patentes en estos casos suelen pertenecer a las grandes potencias) no es precisa, pues en un mundo como el actual, la cuestión disuasoria es imprescindible frente a agresiones armadas de todo tipo y hasta por venir. El dejar de vender para autoabastecer implica una pérdida de entradas con beneficio y por tanto, se tiene que amparar en iniciativas reales de compensación. ¿La investigación?... asunto a valorar y equilibrar entre la sociedad y los expertos en estas materias con fundamentadas opiniones y las leyes a desarrollar. Ningún mercado, que dirigen empresas y mercaderes, que produce beneficios liquida la fuente.

Implementar aún más las motivaciones, formación y acciones en materia humanitaria es cuestión sin lugar a dudas a mantener e incrementar, la modernización constante en épocas de cambios, a la vez constantes, es impostergable. Por ello se trata de armonizar y equilibrar valores en este campo tan maniqueo para debates y exabruptos impropios.

Pertenecemos a la comunidad internacional, más cerca a la europea y mantenemos tratados con organismos internacionales de defensa en los que aplicamos cuotas. Una profunda reflexión general sobre la modalidad de pertenencia a estas organizaciones y organismos se hace necesaria. Con la mayor y más amplia transparencia que la delicada materia permita. Pero sí debemos apostar por nuevas reformulaciones, nuevas adhesiones o separaciones en su caso. Porque lo que no se puede es tratar de “nadar” para cambiar, si nos sujetamos a “corrientes” que nos arrastran.

Hay que tener en cuenta, que dentro del sector, fuentes solventes informan que indirectamente empresas productoras de armamento y otros suministros militares estarían en torno a las 600; pero que directamente vendan a nivel internacional está una cifra cercana al centenar, pero que sobrepasa un volumen “en aumento” de ventas de 6.000 millones de Euros y que directamente mantiene a más de 20.000 empleos. Esto ha generado ya algunas controversias al respecto, pues se trata de un sector altamente productivo en lo económico, complejo en la infraestructura y con fundamentos éticos y políticos necesarios.

En 2007 se aprueba la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, en cuyo preámbulo especifica: “Desde la perspectiva de la seguridad nacional e internacional, se trata de impedir el tráfico ilícito y la proliferación de armamentos y tecnologías sensibles a favor de Estados o actores no estatales susceptibles de actuar contra la paz y la seguridad o de involucrarse en actividades terroristas”.

Tenemos que hacerlo: ¡es el momento!... con realidades y contando con todos.

https://www.facebook.com/losverdes....

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Ramón Francisco González Hernández - CAndidato al Senado por Los Verdes -Gran Canaria.

Tomado de: http://www.rebelion.org/noticia.php...

Categorías: antimilitar

Cómo conseguir que tu banco no invierta en armamento

22 October, 2019 - 00:00

Laura Cruz

La banca es un sector que con la crisis ha ganado mala percepción social. Diversos acontecimientos financieros en la última década, el más notorio fue la caída de Lehman Brothers, y los rescates a la banca europea o la ola de desahucios hipotecarios han hecho que la ciudadanía recele de los bancos. Las cifras tampoco dejan en muy buen lugar a la banca tradicional. Según un informe del centre Delàs llamado Banca armada 2019, BBVA y el Banco Santander financian el 60 % del armamento en España.

Tener cuenta corriente en entidades como Triodos Bank, Fiare o Coop57 hace que el cliente pueda conocer muchos más aspectos, el fundamental es saber en qué invierten estas entidades su dinero y saber que no va destinado a financiar negocios armamentísticos.

¿Hay otra forma de hacer las cosas? El barómetro de las finanzas éticas hace una radiografía del sector en el Estado español y sus cifras revelan que es un negocio en expansión. En una década han pasado a conceder préstamos por 1.474 millones de euros a la economía real, un 16,31 % más que en 2008. La banca tradicional empezó a evidenciar síntomas de agotamiento en la concesión crediticia el año pasado por primera vez desde 2013, según datos del Banco de España.

Una gran parte de esta expansión en las entidades éticas viene acompañada del crecimiento de proyectos de economía social y solidaria. Estos proyectos se destinan a combatir las desigualdades que el propio sistema propicia. Uno de ellos es Abierto hasta el amanecer, una cooperativa creada por mujeres en 2002 que desarrolla programas de vida saludable, ayuda a la mejora de las condiciones de vida de la mujer, migrantes y colectivos en situación de desigualdad social.

“También hemos otorgado créditos a proyectos como cooperativas de comercio justo. Fundamentalmente financiamos en un 50 % a cooperativas y en un 40 % a asociaciones”, declara Guillermo Villa, de Coop57. Villa recuerda que “Coop57 nació en Cataluña en 1986, de la lucha obrera. Nacimos a través de la editorial Bruguera, en la que sus trabajadores luchaban por mantener sus puestos de trabajo”. Por eso su leitmotiv son las buenas prácticas financieras.

Otro tema que la banca ética quiere trabajar es la brecha de género. Es el caso de Triodos, que en su informe anual adjunta el porcentaje de mujeres que ostentan cargos directivos en su entidad y, por primera vez, también añade su huella de carbono. “Nuestro comité ejecutivo se compone de dos hombres y dos mujeres, mientras que en el comité ejecutivo español hay cuatro mujeres y un hombre”, afirma Sandra Castañeda, directora de Desarrollo Coorporativo de la entidad.

Los principales sectores en los que la banca ética invierte son el medioambiental 40,64 %, social 22,84 % y el cultural 14,41 %. Los recientes acontecimientos políticos, como la huelga mundial por el clima del 27 de septiembre y el inicio de una concienciación social colectiva en problemas derivados de la contaminación y el daño al medioambiente, hacen que esta conciencia solidaria se extienda hasta otros sectores. “La banca ética ha rebajado la edad de sus potenciales clientes”, un dato que apunta Valle Contreras, de Fiare. Es probable que la movilización social actual haya tenido algo que ver.

Sin embargo, todavía les quedan muchos retos, como ser capaces de convencer de que lo ético tiene un coste. Las comisiones bancarias es algo que pone entre las cuerdas a sus potenciales clientes, pero que anima a los que ya lo son a continuar teniendo su dinero allí. “Hay que hacer ver a la gente que el dinero no es neutral, sino que tiene un impacto. Las finanzas impactan en la sociedad”, cuenta Sergi Salaver de Finançament Étic i Solidari (FETS), que coordina el Observatorio de las Finanzas Éticas.

Para este estudio han sido analizadas 9 entidades de finanzas éticas y 8 del sector de las aseguradoras. Desde la aseguradora Atlantis revelan que uno de los problemas de penetración de las entidades y aseguradoras éticas es el robo del lenguaje que se les hace en bancos y aseguradoras tradicionales. “Ya hay algunas que se anuncian como sociales, cuando de sociales no tienen nada y mucho menos son éticas”.

Un dato llamativo es la morosidad en la banca ética, que ha ido disminuyendo a niveles muy inferiores a los de la banca tradicional. Mientras que en 2018 los bancos tradicionales llegaban a niveles de morosidad del 5,81%, en estas entidades éticas la cifra era de un 1,68%.

La conclusión de este observatorio es común a todas estas empresas. “Para que con este nivel de crédito haya tan poca morosidad, los créditos tienen que ser otorgados a sectores sostenibles y la economía social y solidaria es uno de los imprescindibles”.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/finan...

Categorías: antimilitar

La sentencia del Procés y el derecho de protesta

18 October, 2019 - 18:23

Álvaro Minguito
Daniel Amelang

El 14 de octubre el Tribunal Supremo hizo pública la ansiada sentencia del Juicio del Procés. Una fecha absolutamente simbólica en la historia de Catalunya, así como en la historia de los juicios por rebelión en el Estado español, que no son muy abundantes puesto que, cuando una rebelión triunfa, deja de ser delito. Hace exactamente 79 años antes, en otro 14 de octubre, un tribunal militar celebró un juicio sumarísimo contra el president de la Generalitat, Lluís Companys, y lo condenó a morir al día siguiente por “adhesión a la sublevación”. Por un día, la fecha no coincide también con la efeméride del fusilamiento del pedagogo anarquista Francesc Ferrer i Guardia, condenado a muerte por la comisión de un delito de rebelión, sirviendo como chivo expiatorio de los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona de 1909.

Por fortuna, en el juicio por los hechos del 1 de octubre de 2017 nadie se jugaba la vida —si bien, la libertad sí— y, a pesar de ciertos símiles que se puedan hacer, las diferencias eran importantes. En el momento en que se hizo pública la sentencia, sabíamos que finalmente los acusados no iban a ser condenados por un delito rebelión, gracias a las filtraciones que se habían producido dos días antes.
La condena, finalmente, se ha producido por la comisión de un delito de sedición, con penas duras de entre 9 y 13 años para nueve de los doce acusados y dictada por unanimidad, sin votos particulares. Una unidad y consenso en el Supremo con el fin de sentar cátedra acerca de los elementos de este delito.

¿Qué es la sedición?

La sedición es el delito por el que acusaba la Abogacía del Estado —que le supuso un aluvión de críticas por parte de la derecha española—, distanciándose de la rebelión por la que acusaba la Fiscalía y Vox, pero nadie teníamos muy claro lo que es.

Quizás la mejor forma de explicar la sedición es contraponiéndola a la rebelión. El concepto de rebelión es más o menos claro: una violencia grave, armada, insoportable, ejercida con la finalidad de romper el orden constitucional y la unidad de España. Un golpe de Estado, vaya.

Un acierto de la sentencia es considerar que no ha quedado probado que se diera el tipo de violencia necesaria para alcanzar esta finalidad de acabar con el orden constitucional. Tal y como ya había dicho el Tribunal de Schleswig-Holstein (Alemania) cuando denegó la extradición de Carles Puigdemont por este delito, parece claro que el 1 de octubre de 2017 —ni en las movilizaciones previas, como la del 20 de septiembre— no se produjeron actos de violencia considerable. El Supremo considera que los escasos, testimoniales y esporádicos episodios de violencia que se dieron esa jornada no eran instrumentales y óptimos para alcanzar los fines de la rebelión. Es decir, no tuvo lugar un alzamiento público y cruento para poner en jaque el orden constitucional y ni siquiera entró dentro de los planes de los acusados instrumentalizar una posible violencia para lograr la fragmentación de España.

No había rebelión, de acuerdo. Pero sí hubo sedición, nos dicen los magistrados. ¿Por qué? ¿En qué consiste la sedición? Como digo, su definición, antes del dictado de la sentencia, era que menos clara. Esto se debe a los conceptos indeterminados que se contienen en el tipo penal, que lo define de la siguiente manera: cometen el delito de sedición quienes “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

Desgranando esta frase tan compleja, la podemos resumir de la siguiente manera: (1) consiste en alzarse, (2) tumultuariamente, (3) para impedir la aplicación de las leyes (4) fuera de las vías legales o por la fuerza.

Y ahora es obligado preguntarse, ¿qué es un alzamiento? ¿qué se entiende por tumulto? ¿más de 20 personas? ¿de 200? ¿de 30.000? ¿de 500.000? ¿qué se entiende por el empleo de “fuerza” o “fuera de las vías legales” para impedir la aplicación de leyes? ¿significa que debe haber algún tipo de violencia?

Podría no haber ocurrido ni un solo incidente violento y la condena habría sido la misma

Pues bien, el Tribunal Supremo nos aclara todas estas dudas en la sentencia del Procés. Concretamente, en su folio 283, que establece que el delito de sedición se comete cuando existe una “actitud de oposición a posibilitar la actuación de la policía, incluso mediante fórmulas de resistencia no violenta. Esa negativa, en ese escenario, aunque no se diese un paso más, es por sí sola apta e idónea para colmar las exigencias típicas del delito de sedición”. Es decir, los episodios de violencia esporádicos que hubo tampoco tienen relevancia a la hora de considerar que hubo sedición. Podría no haber ocurrido ni un solo incidente violento y la condena habría sido la misma. Y es que, en la sentencia, el Supremo no cuestiona las “convicciones pacifistas” de Jordi Cuixart y su compromiso “con la no violencia, siempre elogiable”. Pero es que la violencia da igual, lo importante es la desobediencia.

El Supremo realiza una interpretación extensiva del tipo penal según la cual el ejercicio de la desobediencia civil no violenta, encaminada a impedir la labor policial, puede constituir un delito de sedición. Eso sí, siempre que sea masivo, porque añade que “una oposición puntual y singularizada excluiría algunos ingredientes que quizás podrían derivarnos a otras tipicidades. Pero ante ese levantamiento multitudinario, generalizado y proyectado de forma estratégica, no es posible eludir la tipicidad de la sedición”.

Lo que el Alto Tribunal nos viene a decir es que acciones de obstaculización a la policía u otra autoridad (con independencia de si se emplea la violencia o no), ejecutadas de manera masiva y coordinada, puede incurrir en delito de sedición

En otras palabras, lo que el Alto Tribunal nos viene a decir es que una acción puntual de obstaculización a la policía u otra autoridad —con independencia de si se emplea la violencia o no— puede constituir un delito de desobediencia o resistencia. Quizás incluso unos desórdenes públicos. Parar un desahucio, por ejemplo, o rodear el Congreso, no sería sedición. Pero acciones de este tipo, ejecutadas de manera masiva y coordinada, en varios lugar a la vez, sí suponen incurrir en un delito de sedición, un ilícito que lleva aparejadas penas que oscilan entre los cinco y los 15 años.

Esto es, sencillamente, una criminalización del derecho de protesta. Por supuesto, no creo que se vaya a emplear cada vez que se lleve a cabo una acción coordinada de desobediencia civil, pero es innegable deja la puerta abierta a ello para el futuro. Y esto es algo que debería preocupar al Tsunami Democràtic, al próximo 15M, al movimiento ecologista o al movimiento de vivienda que busca paralizar desahucios.

En un reciente artículo, el periodista Alejandro Torrús nos pone el siguiente ejemplo: “Hay varios desahucios en un mismo día con orden judicial mediante. La ciudadanía, coordinada, se organiza para trata de evitarlos a través de una asociación como la PAH o Stop Desahucios mediante el ejercicio del derecho a la manifestación o incluso mediante una desobediencia no violenta. Pues bien, a partir de esta sentencia, y según los citados juristas [Isabel Elbal, Anaïs Franquesa y un servidor], los impulsores de estas iniciativas podrían ser responsables de un alzamiento tumultuario que trata de evitar una resolución judicial y, por tanto, ser acusados de un delito de sedición”.

¿Qué no es la sedición?

Cuando el 12 de octubre —Día de la Hispanidad— se filtró la noticia de que la condena finalmente sería por sedición, todas pensábamos que el Supremo iba a considerar que la sedición era una rebelión en pequeñito. Es decir, que la sedición era como la rebelión —un golpe de Estado violento destinado a suspender la Constitución— pero con menor violencia.

Desde luego, eso era lo que sostenía la jueza Carmen Lamela, magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional —y actualmente magistrada del Tribunal Supremo—. Así de claro nos lo hizo ver cuando dictó el auto en el que acordaba procesar al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, definiendo el delito de sedición de la siguiente manera: “La sedición es una rebelión de segundo grado, en cuanto el propio tipo penal solo considera reos de la misma a quienes no estén comprendidos en el delito de rebelión. Es por ello que, aun cuando la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 1991 indica que ‘la rebelión tiende a atacar el normal desenvolvimiento de las funciones primarias de legislar y gobernar, y la sedición tiende a atacar las secundarias de administrar y juzgar', ello no es obstáculo para calificar jurídicamente los hechos como sedición cuando, sin concurrir el elemento de la violencia (que exige la rebelión del artículo 472P), la finalidad de los partícipes en el alzamiento sea no solo impedir la aplicación de las leyes, el legítimo ejercicio de las funciones de autoridades, corporaciones oficiales o funcionarios, el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales, sino además declarar ilegalmente la independencia de una parte del territorio nacional. La concurrencia de esta doble finalidad, sin emplear la violencia como sucede en el presente caso, nos sitúa ante una acción de sedición mucho más grave desde la perspectiva de la antijuridicidad, y, en consecuencia, un mayor desvalor del injusto, en cuanto la última finalidad de la misma, además de la propia de este tipo penal, es la prevista para los delitos de rebelión”.

Sin embargo, el Supremo se ha alejado de esta interpretación del delito de sedición. Lamela opinaba que la sedición la constituían actos no violentos destinados a lograr los fines de la rebelión (acabar con el orden constitucional y/o lograr la independencia de una parte del territorio español), mientras que la sentencia del Procés considera que la finalidad es indiferente o irrelevante. Lo importante es que se desobedeció, a una escala masiva, a los poderes ejecutivos y judiciales del Estado, representados por la policía y los tribunales.

El principio de autoridad y el derecho de protesta tras la Sentencia del Procés
En lo que me parece un error histórico, el Supremo ha defendido a ultranza el principio de autoridad para blindarlo a un límite hasta ahora desconocido. Impone condenas de hasta 13 años de prisión porque se cuestionó este concepto a una gran escala. Supongo que entienden que el cuestionamiento y la desobediencia a la autoridad es el primer paso para acabar con el orden público y la paz social, y, por ello, invocan uno de los delitos más graves del Código Penal, con penas equiparables a las de un homicidio.

Como dice el magistrado Joaquim Bosch Grau, “un castigo de sedición para la protesta pacífica colisionaría con un derecho penal de base constitucional y democrática, por lo que debe quedar reservado para los supuestos previstos en el artículo 21.2 de la Constitución de peligro para personas o bienes. Además, como advierte el magistrado Miguel Pasquau al analizar los contornos de la sedición, no resultaría lógico que una conducta no violenta pudiera estar castigada con pena muy superior a la de otros delitos cercanos que requieren de violencia o intimidación. Por otro lado, resulta difícil encajar conductas como una sentada colectiva en un alzamiento tumultuario que implique algún grado de acometimiento”.

La sentencia, en definitiva, atenta contra el principio de legalidad y el de proporcionalidad. Y, por desgracia, la misma es firme en la actualidad, puesto que al juzgarse en el Supremo, no existe ninguna instancia superior a la que dirigirse en vía de recurso ordinario. Eso sí, mediante recursos extraordinarios terminará por llegar a Estrasburgo —previo paso por el Constitucional— y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tendrá que decidir si este recorte a nuestras libertades resulta admisible o no.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/juici...

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España hace negocios millonarios con la venta de armas a países en guerra

12 October, 2019 - 20:10

danilo albin

Hay sitios donde el simple hecho de mantenerse con vida se convierte en heroico. Lugares donde la muerte se ha convertido en la marca de la casa. Son las imágenes de sufrimiento y humo que salen en los telediarios. Son los países donde actualmente llegan millonarias exportaciones de la industria militar española, autorizadas por los gobiernos de turno pese a las reiteradas denuncias de distintas ONG.

Hoy las imágenes del espanto llegan desde el Kurdistán sirio. La gente huye de las bombas, tal como ocurre desde marzo de 2015 en Yemen. En el caso kurdo, quien ataca es Turquía. El horror yemení es producido por una coalición encabezada por Arabia Saudí. Según ha podido confirmar Público, tanto el Estado turco como el régimen saudí son socios preferentes de España en materia de venta de armas.

Arabia Saudí, cliente principal

Según consta en distintos informes elaborados por Amnistía Internacional, Intermon Oxfam, Greenpeace y FundiPau (integrantes de la plataforma Armas Bajo Control), entre enero de 2015 y junio de 2018 –última fecha disponible con datos actualizados por parte de la Secretaría de Estado de Comercio, que aún no ha presentado el informe correspondiente al total del año pasado– se concedieron licencias a empresas españolas para realizar ventas de material de defensa a Arabia Saudí por un total de 2.483 millones de euros, mientras que en ese mismo periodo se realizaron exportaciones por 2.046 millones de euros. En esas fechas, la coalición liderada por los saudíes realizaba intensos bombardeos contra Yemen, lo que para entonces ya arrojaba un saldo cercano a los sesenta mil muertos.

“Las cuatro licencias autorizadas entre enero y junio de 2018 por valor de 13,2 millones de euros incluyeron 2,1 millones de euros en municiones, 2,7 millones de euros en materiales energéticos y 20 millones de euros en equipos de formación de imagen o contramedida.

“Las licencias son las operaciones que el gobierno español autoriza que se realicen y que son analizadas por la Junta Interministerial, donde se vota por mayoría si se concede o no el permiso para exportar”, explica Alberto Estévez, portavoz de Armas Bajo Control. Por su parte, “las exportaciones realizadas son aquellas operaciones autorizadas que se plasman en una venta”. Dependiendo del producto que se vaya a exportar, “puede ocurrir que desde que se autoriza la venta hasta que se realiza efectivamente el envío pasen varios meses”, señala Estévez.

Torpedos para Erdogan

Turquía, que hoy bombardea a la población kurda, también ha sido escenario de suculentos negocios para la industria militar española. De acuerdo a los datos extraídos de los estudios de Armas Bajo Control, en ese periodo se alcanzaron exportaciones por 716,8 millones de euros. Entre el material vendido al Gobierno de Erdogan figuran bombas, torpedos, cohetes y misiles, así como agentes químicos y biológicos o piezas para un avión de entrenamiento.

“Recomendamos suspender y revocar las licencias de exportación de armas pequeñas y su munición y de otro material militar y de seguridad hasta que el Gobierno turco aplique reformas jurídicas y medidas administrativas eficaces para poner fin a la tortura, y garantizar que las fuerzas de seguridad usan la fuerza de acuerdo con las normas internacionales sobre la materia”, decía el informe de las ONG correspondiente al primer semestre de 2018.

Muertes en Gaza, compras en España

Israel, con sus ataques a la población palestina, es otro de los clientes de la industria militar española. “Entre 2015 y 2017, el Gobierno español autorizó 69 licencias de exportación de material de defensa a Israel autorizadas por valor de 16,5 millones de euros y las exportaciones realizadas ascendieron a 4 millones de euros”, relata uno de los informes. En tal sentido, destaca que en el primer semestre de 2018 “se exportaron municiones y equipos electrónicos por valor de 390.957 de euros”. Ese mismo año, “las fuerzas israelíes mataron al menos a 180 personas, entre ellas 35 menores, durante las manifestaciones por el derecho al retorno de las personas refugiadas”.

Aeronaves para EAU

Emiratos Árabes Unidos (EAU), que participa activamente en los ataques contra la población yemení, es otro de los grandes compradores de armas exportadas desde España. “Entre 2015 y 2017 el Gobierno español autorizó 40 licencias de exportación de material de defensa a EAU por valor de 102,4 millones de euros, y llevó a cabo exportaciones de armas por importe de 83,6 millones de euros”, explica el documento de Armas Bajo Control.

En el primer semestre de 2018, “el Gobierno autorizó 10 licencias de material de defensa por valor de 239 millones de euros”. En concreto, Emiratos pagó 3 millones de euros en concepto de municiones y 236 millones de euros “en aeronaves, incluidos cinco aviones de transporte militar”. “Las exportaciones (867.623 €), fueron de material de la categoría de aeronaves para las Fuerzas Armadas”, añade el informe.

En ese sentido, Armas Bajo Control advierte que Emiratos “sigue desempeñando una función destacada en la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí”, remarcando que “ha llevado a cabo decenas de ataques ilegítimos en Yemen”. De hecho, denunciaba que “tropas de EAU y milicias apoyadas por EAU que operan en el sur de Yemen llevaron a cabo desapariciones forzadas y torturas”.

Al-Sisi compra bombas y cohetes

Egipto, gobernado con mano de hierro por el general Abdelfatah Al-Sisi, también figura en el ranking de estados que han gastado varios millones de euros en compras a España. Entre enero de 2015 y junio de 2018 hubo en total 345,6 millones de euros en exportaciones de material de defensa hacia ese país. Solo en los primeros seis meses de 2018 se concedieron once licencias por valor de 3,15 millones de euros, lo que incluía 750 mil euros en municiones, 964.156 euros en bombas, torpedos, cohetes y misiles, 186.000 euros en sistemas de dirección de tiro y 1,25 millones de euros en vehículos terrenos.

En ese mismo periodo las exportaciones a Egipto fueron de 8 millones de euros, “entre las que figuran 770.500 euros en municiones, 4,94 millones de euros en bombas, torpedos, cohetes y misiles, 18.000 euros en sistemas de dirección de tiro, 430.566 euros en vehículos terrenos y 1,8 millones de euros en aeronaves”.

Ante esos datos, Armas Bajo Control recomendó al Gobierno “adoptar una política de ‘presunción de denegación' de exportación de armas a Egipto hasta que las autoridades apliquen salvaguardias adecuadas para evitar nuevas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y se procese a los responsables y denegar las autorizaciones de armas mientras siga habiendo un riesgo sustancial de que podrían emplearse en Yemen”.

Munición para Pakistán

Por su parte, Pakistán, enfrentado a India y en permanente estado de movilización militar, realizó pagos de hasta 52,2 millones de euros en concepto de materiales militares enviados desde España. En su último informe, Armas Bajo Control pidió “suspender la exportación de armas pequeñas, munición y vehículos mientras Pakistán siga usando ese material para cometer y facilitar violaciones graves de derechos humanos”.

Público

Categorías: antimilitar

Inaceptable desfile militar en Paterna (Valencia)

29 September, 2019 - 17:12

El pasado viernes (27 de septiembre) las calles de Paterna (Valencia) han sido tomadas para hacer un desfile militar. Nada justifica estos actos de publicidad gratuita, más allá del lavado de cara del ejército, intentando mostrar una cara amable del mismo y el que la gente nos acostumbremos a ver las calles llenas de militares y armamento, es decir fomentar la militarización social.

Rechazamos este tipo de actos, tanto en días «señalados» como el 12 de octubre o el día de las FFAA, como en cualquier otro momento. No queremos acostumbrarnos a ver militares por las calles, y creemos que los ayuntamientos mejor emplearían sus recursos en otras actividades socialmente útiles para las que no hay recursos suficientes.

Categorías: antimilitar

Los ejércitos nunca han sido, son, ni serán humanitarios

25 September, 2019 - 00:00

Grup Antimilitarista Tortuga

Ha sido noticia en los medios de comunicación de la provincia de Alicante la calurosa despedida que un sector de la población de Orihuela ha brindado a la Unidad Militar de Emergencias, así como a otros cuerpos del ejército que han participado recientemente en las tareas de auxilio a personas damnificadas en el sureste peninsular por los daños de la gota fría.

Desde el Grup Antimilitarista Tortuga aprovechamos este escrito para solidarizarnos con todas estas personas que han sufrido daños y queremos decir que, vaya por delante, comprendemos el agradecimiento que sienten -como ocurre en el nombrado caso de Orihuela- hacia aquellas personas e instituciones que les han socorrido en un trance tan difícil. No obstante deseamos realizar algunos comentarios.

El primero y más obvio es el de recordar qué es un ejército y por qué y para qué está presente en una sociedad. La razón de ser de la institución castrense a lo largo de toda su historia y en la actualidad es la defensa armada de los intereses de los poderosos. Los integrantes de los ejércitos se ejercitan en la violencia y se preparan para la guerra: Intervenciones bélicas de pequeño y gran alcance, cerca y lejos de las propias fronteras, pero caracterizadas todas ellas, además de por el daño que causan a personas inocentes, por ser ocasión para los buenos negocios. Esa, en resumen, es la razón de ser de toda organización militar. Para apagar fuegos, reparar diques y asistir a personas damnificadas se supone que existen otras instituciones (bomberos, servicios de emergencia y de protección civil, de obra pública...) especializadas en dichas tareas y libres de la necesidad de dedicar tiempo y recursos a la preparación de la guerra. Es de creer que si dichas instituciones fueran dotadas con el personal y los medios logísticos y técnicos de que disfrutan estos cuerpos del ejército podrían mejorar con creces (optimizar) la tarea a realizar en cada caso. Cabe preguntarse la razón de esta detracción de recursos de instituciones civiles especializadas y enfocadas únicamente en este tipo de servicio, en beneficio de instancias militares que no lo están.

La respuesta hay que buscarla en la necesidad del propio poder -político y económico- de legitimar, dotando de aceptación y prestigio, a aquellas instituciones (ejército, cuerpos policiales...) que mejor le defienden, fortalecen y contribuyen al logro de sus fines. Así, veremos en televisión a policías y militares, y no, por ejemplo, a maestros y enfermeras, recibiendo honores y condecoraciones por cumplir con el trabajo por el que reciben un salario. Se honrará la muerte en acto laboral de este tipo de funcionarios armados con pomposos funerales de estado a los que no faltarán las correspondientes personalidades, mientras que no habrá ministros ni salvas de honor en el entierro del trabajador accidentado mientras construía un hospital o asfaltaba una carretera en pleno verano.

Podemos comprobar como, una y otra vez, en situaciones de catástrofe natural como la ocurrida con las recientes inundaciones, la Unidad Militar de Emergencias, y no los diferentes cuerpos de bomberos, protección civil, asistencia sanitaria, etc. monopoliza la atención de los focos de los medios de comunicación: que si se la ha solicitado, que si va a venir, que si ha llegado, que si se le despide al marchar, que si se condecora a sus mandos... No hay telediario en el que al cubrir imágenes de la emergencia correspondiente, el reportero en cuestión no se ubique delante de los vehículos e instalaciones de la UME. Hay que reconocer el éxito de la iniciativa que en su día adoptara el gobierno de Rodríguez Zapatero creando esta unidad militar con la clara intención de mejorar la -entonces- maltrecha imagen pública de la institución castrense española. Desde que la UME acapara portadas mediáticas ha llegado a ser innecesario el discurso (y los reportajes) de «nuestros soldados» ayudando a mujeres, niños y personas enfermas en países remotos. De hecho, hoy, los medios de comunicación apenas nos muestran nada de aquéllas operaciones militares «humanitarias» y «de mantenimiento de la paz» que otrora protagonizaban sus telediarios. Ya no les hace falta.

Incluso en casos como el de la localidad de San Fulgencio (Alicante), en el que la noticia es que «Los vecinos ofrecen una merienda nocturna a los bomberos para agradecer su labor» el periódico no dejará de recordarnos en el cuerpo del artículo que «los alumnos del colegio Miguel Hernández de Orihuela participaron al ritmo de la canción 'Baby Shark' en un acto de despedida a los agentes de la Unidad Militar de Emergencias». Dato al que cabe adjuntar la crítica hacia la más que frecuente y deleznable táctica militar de rodear sus soldados y armamentos de niños y adolescentes, como en este caso, a la menor ocasión publicitaria que se les presenta.

No deja de sorprender tampoco que cuando una ola de solidaridad masiva ha llenado las zonas afectadas por la inundación, en forma de envíos de donativos de particulares y todo tipo de organizaciones, comida y desplazamiento de personas voluntarias en autobuses (éstas, a diferencia de los militares, no cobran) para ayudar en las tareas de limpieza, la noticia que nos propone el periódico en forma preferencial sea que «Guardias civiles de toda España envían alimentos a los afectados por la gota fría en la Vega Baja y Murcia».

Cabe tener en cuenta, por último, para ejercer la oportuna comparación acerca de cómo se conforman las sensibilidades sociales en favor o en contra de determinadas realidades, el caso de los inmigrantes subsaharianos y magrebíes de Torre Pacheco (Murcia) que, en lugar de recibir muestras de agradecimiento, fueron objeto de insultos racistas (y hubo incluso quienes aprovecharon para deslizar la acusación de «ladrones») cuando ayudaban altruístamente a rescatar y poner a salvo enseres y electrodomésticos afectados por la inundación. Lamentablemente, esta es la sociedad que tenemos. En nuestras manos está cambiarla.

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El legado del primer objetor de conciencia israelí

12 September, 2019 - 00:00
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El gobierno español promueve la venta de armamento a Arabia Saudí pese a la masacre en Yemen

11 September, 2019 - 00:00

danilo albin @danialri

Hay negocios que no conocen fronteras. Arabia Saudí, un país señalado a nivel internacional por sus permanentes violaciones a los derechos humanos tanto dentro como fuera de sus límites territoriales, puede ser un lugar apropiado para invertir, precisamente, en materiales de guerra. Así lo defiende la Oficina Económica y Comercial de España en Riad, que en un reciente informe describe las “oportunidades” que existen en aquel reino absolutista.

“No existen partidos políticos ni elecciones nacionales, aunque en 2005 se celebraron las primeras elecciones municipales. En el 2011 pudieron votar las mujeres pero la población lo recibió con escaso entusiasmo”, señala la representación comercial de España en Riyadh –dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio– en su informe sobre el régimen saudí. Se trata de la última actualización de ese documento, que lleva como fecha julio de 2019.

El estudio de 48 páginas aporta distintos detalles sobre la situación del país y las características de la monarquía absolutista. Sin embargo, apenas incluye menciones sobre los ataques lanzados por la coalición encabezada por Arabia Saudí contra Yemen. Desde que sus aviones empezaron a bombardear ese empobrecido país en marzo de 2015, se estima que han muerto más de 90 mil personas.

“El rey tiene que lidiar con los principales problemas que afronta en este momento la más potente de las monarquías del Golfo: sus relaciones con Irán, las tensiones con Catar, la guerra en Yemen, el ascenso en la región de las fuerzas islámicas radicales, la caída de los precios del crudo y la presión interna y externa para la relajación de la ley islámica que regula férreamente la sociedad del país”, dice el documento en una de sus pocas alusiones a la situación que atraviesan los yemeníes.

Algunos párrafos después menciona textualmente “los conflictos regionales, como por ejemplo el de Yemen”, para referirse a ciertos “factores” que, a su juicio, “ensombrecen las previsiones positivas de la economía saudí”.

En cualquier caso, la Oficina Económica y Comercial de España incluye la industria de defensa como uno de los sectores “prioritarios” en el apartado de “oportunidades comerciales”. Cita también otras áreas, como la agroalimentaria, la venta de bienes de equipos, materiales de construcción o energías renovables. Asimismo, considera “prioritaria” la inversión en los sectores de defensa, renovables, educación y formación profesional, gestión hospitalaria e infraestructuras de transporte.

En ese contexto, la Oficina Económica y Comercial en la capital saudí señala que “la empresa española tiene campo para el crecimiento a través de una política a largo plazo de presencia en este mercado y a través del fomento de la inversión de empresas españolas en este país”. “Salvo una debacle en los precios del petróleo, que no es previsible, este país continuará siendo un importante mercado en los próximos años”, subraya.

El informe destaca además que “durante el reinado del anterior rey se produjo una paulatino proceso de reformas sociales y económicas en Arabia Saudí y las previsiones son de que se siga en la senda marcada de ambiciosos programas de reformas y de modernización, acompañado de fuertes inversiones públicas”, por lo que prevé que “se continúe en la misma política”.

En cuanto al negocio armamentístico, la Oficina Económica y Comercial proporciona una serie de datos sobre las ventas realizadas en 2018. Bajo el título “exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios”, el estudio incluye “bombas, granadas, torpedos y demás municiones” por un valor de 104 millones de euros. Cita también el capítulo “armas de guerra”, que en 2018 supuso otros 27 millones de euros.

Informe al Congreso

Estos datos deberán ser confirmados por la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, quien tiene previsto presentar en el Congreso el informe sobre exportaciones de material de defensa realizadas en 2018. Fuentes de Comercio señalaron a Público que “está previsto se remita al Congreso en las próximas semanas, una vez haya sido informado del mismo la Junta Interministerial (JIMDDU)”. “Una vez remitido al Congreso se solicitará la comparecencia, a petición propia, de la secretaria de Estado de Comercio” para explicar su contenido, añadieron.

Público

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Llamada a la solidaridad desde Papúa Occidental

10 September, 2019 - 20:06
PAPÚA OCCIDENTAL HA SURGIDO.

Actualmente, los papúes occidentales están involucrados en una insurrección noviolenta a gran escala a nivel nacional. Piden que se retiren todas las tropas de Indonesia y que se reestablezca la conexión a Internet.

Si puedes, manifiéstate a las puertas de las embajadas y los consulados de Indonesia.

Las dos demandas clave son «vuelvan a encender Internet». Los papúes occidentales están tratando de contar la historia. Usa el hashtag #KeepItOn promovido por SAFENET .

En segundo lugar, el gobierno de Indonesia ha enviado más militares y policías a Papúa Occidental. Exige que todas las tropas de combate y la policía de Indonesia sean retiradas.

Muchas gracias por estar con Papúa Occidental. Y por favor comparte lo que está sucediendo en redes sociales.

Para nuestros amigos en Corea del Sur, pedid también a vuestro gobierno que deje de vender equipamiento militar a Indonesia. Los transportes para tropas y los cañones de agua, supuestamente vendidos por la compañía surcoreana Daeji P&I, se están utilizando contra manifestantes. Y para nuestros amigos en los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, sus gobiernos también están entrenando a la policía de Indonesia en el Centro Conjunto para la Cooperación de Cumplimiento de la Ley (JCLEC ).

A largo plazo, se debe encontrar una solución política.

El conflicto no va a desaparecer hasta que la cuestión de la autodeterminación política se resuelva de manera libre, justa y digna, ya sea a través de negociaciones políticas y / o un referéndum. Los líderes de Papúa Occidental también quieren que el gobierno indonesio libere de inmediato a todos los presos políticos arrestados por pedir autodeterminación. Instan a la comunidad internacional a que preste atención a lo que está sucediendo y que el gobierno indonesio permita la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Contexto

Desde el 21 de agosto, decenas y posiblemente cientos de miles de papúes occidentales han salido a las calles, pidiendo el fin de la ocupación de Papúa Occidental por el gobierno indonesio.

El evento que desencadenó el último levantamiento fueron los ataques de la policía indonesia, el ejército y una mafia racista contra los estudiantes de Papúa Occidental en Surabaya, Malang y Semarang en Java.

En Surabaya, los estudiantes fueron llamados «monos», «perros» y «cerdos», incluso por personal policial y militar . La multitud, que provenía de las llamadas «organizaciones de masas de la sociedad civil», arrojó piedras y amenazó con «echar a los estudiantes» y «matarlos». La policía entrenada en Australia y Estados Unidos irrumpió en el dormitorio con equipo antidisturbios y arrestó a 43 estudiantes, hiriendo a muchos de los estudiantes en el proceso.

¿La razón de estos ataques? En Malang y Semarang fue porque los estudiantes se manifestaron y pidieron libertad. En Surabaya fue porque supuestamente se arrojó una bandera de Indonesia a la alcantarilla.

Los insultos racistas, una indignación diaria para todos los habitantes de Papúa Occidental, algo que presenciamos / experimentamos regularmente, han provocado una tormenta de fuego. En Jayapura, miles cerraron la capital de Papúa Occidental. El gobernador de Papúa Occidental, Lukas Enembe , lloró de frustración. Mientras hablaba con la furiosa masa reunida frente al palacio del gobernador, lamentándose de que, incluso después de 74 años de independencia de Indonesia, los papúes occidentales son tratados como ciudadanos de segunda categoría y el estado todavía se comporta como un colonizador.

En casi todas las ciudades y distritos de Papúa Occidental, la gente ha salido a las calles. Manokwari fue el primero . También ha habido acciones en Timika, Byak / Biak, Serui, Sarmi, Mamberamo, Nabire, Raja Ampat, Merauke, Yahukimo, Wamena, Deyai, Paniai y Pegunungan Bintang. Decenas de miles de personas se han unido y alzado la bandera prohibida de la Estrella de la Mañana. En estos lugares, los papúes se comportaron de manera disciplinada y digna, decididamente comprometidos con la noviolencia.

La mayor parte de esto no se ha informado en los principales medios de comunicación. Incluso en lugares como Manokwari, Sorong y Fak-Fak, donde estallaron disturbios, los papúes no atacaron a nadie y no ha habido represalias contra los indonesios. En todas partes, los papúes exhiben la Estrella de la Mañana prohibida. En actos de desafío arriesgado, se ha levantado en astas de bandera fuera de las oficinas gubernamentales en Papúa Occidental e incluso fuera del Palacio Presidencial en Yakarta . En Sorong, en un sorprendente acto de no cooperación, los funcionarios públicos bajaron la bandera roja y blanca, la bandera de Indonesia, y la devolvieron a los indonesios.

El estribillo, escuchado en las calles y difundido electrónicamente, una y otra vez, es «Indonesia trata como animales, es mejor si somos libres». Estudiantes de Papúa Occidental, junto con activistas solidarios indonesios de FRI-Papúa Occidental (Frente Rakyat Indonesia hasta Papúa Occidental) han protestado en todo el archipiélago. En Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y en todo el Pacífico, la gente se solidariza y declara claramente que cuando el Estado llama a los papúes occidentales monos, también llama monos a los habitantes de las islas del Pacífico.

En lugar de enjuiciar a los organizadores de la mafia y la policía que allanaron el dormitorio estudiantil en Surabaya, el gobierno indonesio envió tropas a Papúa Occidental y bloqueó el Internet.

Los servicios esenciales, incluidos el gobierno local y los hospitales, se han visto afectados por el bloqueo de Internet del gobierno. Los médicos no han podido acceder a las fichas de los pacientes, a casos de investigación o recetar medicamentos. Este no es solo un problema de libertad de expresión; el gobierno indonesio está demostrando que no tiene en cuenta los derechos básicos de los papúes occidentales a la vida y la seguridad.

Miles de tropas de combate de Indonesia han llegado por aire y mar. Decenas de papúes, incluidas madres, también han sido heridas por la policía y el ejército indonesios a medida que se extiende la insurrección civil. Muchos de nuestr@s amig@s, conocid@s activistas y personas en la calle por primera vez, se han escondido.

El 28 de agosto, el ejército y la policía indonesios en Deiyei se burlaron de los manifestantes que se habían reunido frente a las oficinas del gobierno local. Nuevamente refiriéndose a los papúes como «monos». Luego, cuando la gente respondió con enojo, las fuerzas de seguridad abrieron fuego y mataron a seis . Un soldado indonesio también fue asesinado por una flecha. Desde entonces, la policía y los militares han negado el ataque, rodeado el hospital en Deiyei, en las tierras altas remotas, e impedido que nadie visitara a los heridos o viera los cuerpos de los muertos.

Al día siguiente, jueves 29 de agosto, los habitantes de Papúa Occidental marcharon 50 kilómetros a pie, desde Sentani a Jayapura. Mientras escribimos esto, uno de nosotros se refugió en una casa segura con un buen WiFi independiente. Afuera Jayapura está en llamas. Un edificio del parlamento está en llamas. La milicia indonesia está en la calle y los papúes occidentales siguen ocupando el centro de la ciudad. Con los líderes de Papúa Occidental y el Gobernador de Papúa en Yakarta negociando con el Presidente, no está claro qué va a suceder en Papúa Occidental, a más de 3000 kilómetros de distancia en el extremo oriental del archipiélago lejano de Indonesia.

Mientras tanto, en Nduga continúan las operaciones militares que comenzaron en diciembre del año pasado. Los refugiados todavía llegan a las ciudades o se esconden en el bosque mientras los pueblos remotos de las montañas se vacían.

Pasifika [1]

Agosto 29 de 2019, Jayapura y Brisbane

[1] Pasifika es una organización de Papúa Occidental afiliada de la Internacional de Resistentes a la Guerra desde agosto de 2019

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Liberen a Mateo Pineda Villada, reclutado irregularmente por el ejército colombiano

7 September, 2019 - 00:00

Use este formulario para enviar la siguiente carta a la autoridad pertinente (Teniente Coronel Carlos Wilson Fonseca Niño, Batallón de Artillería N°4 «Coronel Freddy Gonzalez Prieto»). Si lo desea, puede agregar sus propias notas en un cuadro separado después del texto estándar. Debe incluir un nombre, dirección y dirección de correo electrónico; se le enviará una copia a usted y una copia a la oficina de la IRG (para tener un registro de cuántas cartas de correo electrónico se han enviado para este caso en particular).

Señor: Carlos Wilson Fonseca Niño, Teniente Coronel, Distrito Militar 27 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, Batallón de Policía Militar N°4

Les dirigimos esta carta para manifestar nuestra preocupación por la situación del joven Mateo Pineda Villada, reclutado de manera irregular y contra su voluntad el día 11 de agosto de 2019 por el Batallón de Policía Militar N°4 en Medellin, y quien se encuentra en el momento en el Batallón Bomboná de Buenos Aires.

El reclutamiento de Mateo Pineda Villada no solo ignora y viola el debido proceso para definir su situación militar sino además su derecho a la Objeción de Conciencia incluido como causal de exoneración de la prestación del servicio militar (artículo 12, literal N) en la ley de reclutamiento 1861 de 2017.

Mateo fue declarado no apto para la prestación del servicio militar luego de un examen médico hecho en la Escuela de Policía Carlos Holguín. Luego de esto Mateo acudió a la cita impuesta en el Batallón de Policía Militar N°4 para seguir adelante con el proceso de definición de situación militar, donde fue retenido irregularmente.

Desde su retención Mateo Pineda Villada ha manifestado no querer ser parte de la institución militar pues su propósito en la vida es ayudar a las comunidades por medio de acciones pacíficas y que los fines y acciones propias del ejército y la Policía son contrarias a sus concepciones y valores. A pesar que Mateo hizo su declaratoria como objetor de conciencia, ésta no ha sido tramitada según las disposiciones legales; por el contrario, ha sido retenido en contra de su voluntad, le han restringido las comunicaciones con su familia y acompañantes, ha sido puesto en aislamiento y no ha recibido una revisión y atención médica adecuada.

La Objeción por Conciencia es reconocida como causal de exoneración en la ley de reclutamiento 1861 de 2017 (https://dapre.presidencia.gov.co/no... ), la cual incluye un procedimiento para definir la situación militar de los objetores de conciencia, el cual no se ha seguido para el caso de Mateo Pineda.

Por estas razones quiero manifestar mi apoyo a Mateo Pineda Villada y exijo a las Fuerzas Armadas de Colombia:

el reconocimiento del derecho a la objeción por conciencia según las garantías de la Constitución de Colombia y la ley de reclutamiento 1861 de 2017;
la liberación y el desacuartelamiento inmediato de Mateo Pineda Villada.

Cordialmente,

Fuente: https://www.da-villada-reclutado-ir...

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