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Actualizado: hace 40 min 32 seg

El presupuesto de Defensa no tiene nada de progresista

14 December, 2020 - 00:00

El presupuesto del Ministerio de Defensa consolidado crece en 664 millones, un 6,5% respecto a 2020, y alcanza la cifra de 10.863 millones. No se corresponde con un presupuesto que se califica de progresista, porque la mayor parte de ese aumento se destinará a promover los Programas Especiales de Armamentos.

Pere Ortega

Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Después de tres años con un presupuesto prorrogado, el actual Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha conseguido aprobar en el Congreso de Diputados el presupuesto para el año 2021. Este presupuesto alcanza la cifra nada desdeñable de 550.486 millones de euros, 416.498 millones sin incluir las operaciones financieras, y representa un aumento de un 19,4% respecto al de 2020.

Un incremento que hay que celebrar, dado que demuestra la voluntad del Gobierno de hacer frente a la crisis con una política económica expansiva y de corte progresista destinada a incrementar el gasto social y las inversiones públicas para promover el consumo y la generación de empleo, y así poder combatir la enorme crisis producida por la pandemia del coronavirus. Entre otros servicios, se pretende aumentar el presupuesto de Sanidad en un 75%; el de Educación un 70%; los servicios sociales un 70%; la I+D un 75%; en Ciencia un 60%; en acceso a la vivienda un 368%; en políticas de igualdad un 157%; en transferencias de capital para inversiones a organismos un 229%; el Ministerio de Trabajo un 1.167%.

Pero esas alegrías en el ámbito de las coberturas de las políticas sociales y de impulso al empleo, tienen en el ámbito militar su lado más negativo: el presupuesto del Ministerio de Defensa consolidado (que incluye Organismos Autónomos, el Centro Nacional de Inteligencia y transferencias) crece en 664 millones, un 6,5% respecto a 2020, y alcanza la cifra de 10.863 millones. Y si se tienen en cuenta las partidas repartidas entre otros ministerios de carácter militar se alcanza un aumento del 10,3%. Y esto no es una buena noticia. No se corresponde con un presupuesto que se califica de progresista, porque la mayor parte de ese aumento se destinará a promover los Programas Especiales de Armamentos (PEA).

Unos PEA que fueron aprobados durante el Gobierno provisional del PSOE, antes de su coalición con Unidas-Podemos, y que alcanzan la colosal cifra de 13.736 millones en su fase de desarrollo durante los próximos diez años. Están destinados a la adquisición de unos armamentos, que el presupuesto de Defensa prevé en el pago de 2.342 millones para el próximo año; y para la fase de su desarrollo, 676,5 millones en concepto de I+D militar destinados a las industrias militares que los han de fabricar. Unas inversiones militares que aumentan en un 20,4% con respecto a 2020.

En el análisis del presupuesto de Defensa no solo se deben incluir los créditos del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos, sino que también se deben añadir todas aquellas partidas que están repartidas por otros ministerios, algo que aconsejan organismos tan dispares como la OTAN y un centro de estudios sobre la paz, el SIPRI. Algo que es ineludible para saber con exactitud el gasto militar real que realiza cualquier estado. En España, además, se debe incluir la diferencia entre el gasto inicial cuando se aprueba el presupuesto en el Congreso de Diputados y el gasto liquidado al finalizar el año y que este año 2020, según Hacienda, Defensa gastará 933 millones más que los aprobados inicialmente.

El presupuesto oculto

Además, hay que añadir las clases pasivas militares, la mutua militar, las pensiones de guerra de los damnificados por la Guerra Civil española, la I+D militar que surge desde el Ministerio de Industria, el pago a organizaciones internacionales como la OTAN, la Guardia Civil que se rige por ordenanzas militares, y finalmente, la parte proporcional de los intereses de la deuda, pues si el Gobierno se endeuda para hacer inversiones en armamentos e infraestructuras militares, es de recibo que la parte proporcional que corresponde a Defensa se incluya como gasto militar. Entonces, el presupuesto final de Defensa alcanza la colosal cifra de 21.622 millones de euros, que suponen un 1,8% del PIB español.

Cierto es que podría haber más partidas que tengan un carácter militar repartidas por otros ministerios, donde quizás se hagan aportaciones a cuestiones que tengan que ver con la defensa, pero que a nuestro parecer no muestran la evidencia que en nuestro análisis se explicita, y es mejor mostrarse rigurosos y desestimar aquello que se mueve en el terreno de lo impreciso.

En definitiva, un enorme dispendio que no se justifica por las amenazas militares que se ciernen sobre España, pues éstas, tal como sostiene la Directiva de Defensa Nacional aprobada en junio de 2020, no prevén ningún ataque ni amenaza exterior en que España ni la UE se puedan ver envueltas. Entonces, ¿por qué ese colosal gasto e inversiones en armamentos que acabaran su vida útil sin haber cumplido otra misión que la disuasión? Falso es que salvaguarda y crea nuevos puestos de trabajo o que ayuda a relanzar la economía mediante el trasvase de tecnologías del ámbito militar al civil, cuando diversos estudios realizados desde la economía crítica (Leontief y Melmann, entre otros), demuestran que cualquier inversión militar es mucho más rentable en la fabricación de bienes civiles, debido a los costes de oportunidad que generarían más empleo y competitividad en productos civiles. Y, por otro lado, reducirían la deuda pública del Estado, dado que la inmensa mayoría de las armas (un 97% o 98%) son adquiridas por los estados, y sólo un 2% o 3% (armas cortas y ligeras) salen al mercado y sólo en algunos países.

Inversiones militares negativas por aquello que hemos repetido en innumerables ocasiones. El gasto y las inversiones militares no contribuyen al desarrollo de la economía. Por el contrario, la entorpecen, dado que las armas no son bienes que circulen por el mercado y eso les impide tener un valor social. Además, al adquirir armamentos y llevar a cabo inversiones militares, el Estado se endeuda, y por ello esas inversiones son menos productivas que las destinadas a la economía civil, la real, la que sí contribuye a crear empleo. Esa es la razón por la que tienen un mayor valor social. Pues, ¿quién contribuye a mejorar la sociedad y su economía un sanitario, un educador o un militar?

Y esto invalida decir que el presupuesto para el año 2021 es progresista. Tamaño dispendio va en contra de la creación de empleo o el progreso social de la ciudadanía.

Entre las inversiones militares previstas en 2021 para los Programas Especiales de Armamentos destacan por su cuantía:

el avión de combate Eurofighter (EF-2000) que recibirá más del doble de aportación que en 2020, 488 millones, un programa que tiene un coste final previsto de 13.749 millones
el avión de transporte A/400M recibirá 321,5 millones, un programa que ascenderá a más de 5.000 millones para adquirir cuatro unidades del Submarino S-80, se prevén 300 millones, que sino hay más modificaciones un coste final de 4.572 millones
348 vehículos blindados de combate Dragón 8x8 que recibirán 245 millones con un coste total de 2.100 millones
los 18 helicópteros de ataque Tigre se les asignan 60 millones y tienen un coste final de 1.738 millones
la modernización de 23 helicópteros multipropósito NH-90 dispondrán de 280 millones con un coste final de 1.451 millones
la modernización de los 17 helicópteros Chinook 165 millones y tienen un coste final de 1.200 millones
las cinco nuevas fragatas F-110 que fabrica Navantia se destinarán 218 millones y su coste final será de 4.326 millones
dos buques de acción marítima BAM, tienen un crédito de 58,4 millones y el coste final previsto es de 333 millones
los 239 tanques Leopardo y los 139 Pizarro recibirán 119 millones y su coste final es de 3.338 millones
los misiles contracarro Spike 20 millones sobre un coste de 364 millones
el nuevo avión de combate europeo FCAS (Futuro Sistema de Combate Aéreo), Future Combat Air System a fabricar entre Alemania, Francia y España, al que España ha asignado 10 millones en 2019, 40 millones en 2020 y en 2021 se prevé un crédito de 53,7 millones, y que tendrá un coste final entre 40.000 y 50.000 millones entre los tres países.

Unos PEA que no tienen justificación desde el ámbito de la seguridad, pues la ciudadanía no se siente amenazada por posibles ataques exteriores sino por cuestiones relacionadas con su bienestar como: salud, trabajo, vivienda, educación, servicios sociales… En definitiva, un colosal gasto en armamentos del que solo se beneficiará el lobby militar-industrial español, donde se unen los intereses de los principales accionistas de las industrias militares y los intereses corporativos de las cúpulas militares que proseguirán jugando a la disuasión y a la geoestrategia al servicio del sistema de seguridad destinado a salvaguardar los intereses de las grandes corporaciones del capitalismo global.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/gasto...

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Desde Alternativa Antimilitarista-MOC, un colectivo con cuatro decenios de trayectoria, hemos seguido con gran preocupación la deriva que, muy pronto, tomaron las medidas impuestas por las autoridades competentes.

Ante la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2 y el muy preocupante repunte de medios y medidas militaristas, queríamos denunciar, por la escasa reflexión dedicada al asunto, que las intervenciones de la UME han supuesto un despilfarro de recursos y no se ha conseguido más efectividad que si las hubieran realizado civiles. Ello, a pesar de haber gozado de unos medios privilegiados que no ha tenido el personal especializado (sanitario, de limpieza, o incluso de Protección Civil...) con el fin de hacer una exhibición inaceptable de los militares en las calles, así como de otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Con este mismo objeto se han militarizado centros de atención sanitaria (IFEMA como caso paradigmático, pero también otros hospitales de campaña) a costa de diezmar, o incluso cerrar, centros de salud, los auténticos referentes comunitarios que habría que haber reforzado inmediatamente.

El confinamiento fue desigual y punitivo, por lo que se ha podido apreciar una represión selectiva hacia la población más vulnerable, con el consiguiente repunte de la aporofobia y la xenofobia.

Desde el principio se pretendió infantilizar a la sociedad, dejándola en manos de «profesionales» entrenados no precisamente ni a curar, ni a gestionar situaciones de crisis. Más bien, a provocarlas. Las acciones han sido consecuentes con una retórica inflamada de brutales metáforas bélicas. El terreno se ha preparado bien, cuando lo que la gente pedía eran más medios para bomber@s, sanitari@s, emergencias civiles... y menos para la UME (con menos de lo que cuesta esta Unidad, por cierto, se podría profesionalizar Protección Civil). La gestión de la pandemia ha sido un ejemplo de militarización social, incluyendo la inédita potestad de los militares para poder identificar a las personas. Hemos perdido muchas libertades, que veremos cuánto tiempo nos cuenta recuperar después de pasados los meses más duros. Por otra parte, ver militares desplegados en las calles produce miedo. Es así. Y una sociedad atemorizada reduce sus posibilidades de acertar en la toma de decisiones.

Esta actuación militarista ha tenido, como consecuencia, la exacerbación de actitudes en la misma línea latentes en ciertos sectores sociales (policías de balcón, por ejemplo). El militarismo polariza, y no cura. Podemos decir, sin miedo a exagerar, que la primera víctima en esta crisis ha sido la empatía.

Por ello, volvemos a exigir la reconversión de la industria militar a industria socialmente útil, la eliminación del gasto militar (cuyo crecimiento ha sido tan imparable como silencioso, amparado por un paraguas mediático y político que siempre ha tenido fuera de foco esta reflexión) y la correspondiente transferencia de ese inmenso gasto diario a las necesidades que diariamente tiene la población, con o sin pandemia.

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