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Actualizado: hace 2 horas 11 min

El ejército de Estados Unidos contamina más que 140 países: se impone reducir esta maquinaria de guerra

14 August, 2019 - 18:28

Benjamin Neimark, Lancaster University; Oliver Belcher, Durham University y Patrick Bigger, Lancaster University

Las fuerzas militares de los Estados Unidos dejan una huella de carbono inmensa. Al igual que las cadenas de suministro empresariales, utilizan una amplia red mundial de buques portacontenedores, camiones y aviones de carga para abastecer sus operaciones de todo lo necesario, desde bombas hasta ayuda humanitaria e hidrocarburos. Nuestro nuevo estudio calculó la contribución de esta descomunal infraestructura al cambio climático.

Para contabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, normalmente se tiene en cuenta la cantidad de energía y combustible que consume la población civil. Pero, según han mostrado trabajos recientes, entre ellos el nuestro, las fuerzas militares de los Estados Unidos son uno de los mayores contaminantes de la historia, ya que consumen más combustibles líquidos y emiten más gases de efecto invernadero que la mayoría de los países de tamaño medio. Si fueran un país, solo su consumo de combustible las situaría en el puesto 47 de los principales emisores de gases de efecto invernadero del mundo, entre Perú y Portugal.

En 2017 las fuerzas militares norteamericanas compraron unos 269.230 barriles de petróleo al día y emitieron más de 25.000 kilotoneladas de dióxido de carbono con la quema de esos combustibles. Las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos adquirieron combustible por valor de 4.900 millones de dólares, la Armada, 2.800 millones, seguida por el Ejército, con 947 millones, y los Marines, con 36 millones.

No es ninguna casualidad que las emisiones ocasionadas por las fuerzas militares de los Estados Unidos se suelan pasar por alto en los estudios sobre el cambio climático. Resulta muy difícil obtener datos coherentes del Pentágono y los departamentos gubernamentales estadounidenses. De hecho, los Estados Unidos insistieron en que se los eximiera de notificar las emisiones militares en el Protocolo de Kyoto de 1997. Ese vacío jurídico se subsanó en el Acuerdo de París, pero con la administración Trump, tras la retirada del acuerdo en 2020, volverá a producirse.

Nuestro estudio se basa en datos extraídos de numerosas solicitudes presentadas, de conformidad con la Ley sobre Libertad de Información, ante el Organismo de Defensa Logística de los Estados Unidos, el gran organismo burocrático encargado de gestionar las cadenas de suministro de las fuerzas militares estadounidenses, incluidas sus adquisiciones y su distribución de hidrocarburos.

Las fuerzas militares de los Estados Unidos han comprendido hace ya tiempo que no están a salvo de las posibles consecuencias del cambio climático, y reconocen que este fenómeno constituye un “multiplicador de amenazas” que puede agravar otros riesgos. Muchas bases militares, aunque no todas, se han estado preparando para las consecuencias del cambio climático, como, por ejemplo, la subida del nivel del mar. Tampoco han ignorado las fuerzas militares su propia contribución al problema. Como ya hemos mostrado en anteriores ocasiones, las fuerzas militares han invertido en el desarrollo de fuentes de energía alternativas como los biocombustibles, pero estos abarcan una parte insignificante del gasto en combustibles.

La política sobre el clima adoptada por las fuerzas militares norteamericanas presenta contradicciones. Se han hecho intentos de “ecologizar” algunos aspectos de sus operaciones, por ejemplo incrementando la generación de electricidad renovable en las bases, pero las fuerzas militares de los Estados Unidos siguen siendo, por sí solas, el consumidor institucional de hidrocarburos más grande del mundo. Además, en los próximos años no tendrán más remedio que utilizar sistemas de armas basadas en hidrocarburos, al depender de las aeronaves y los buques de guerra existentes para sus operaciones.

No se trata de “ecologizar”, sino de reducir las fuerzas militares

El cambio climático se ha convertido en un tema candente en el período de campaña para las elecciones presidenciales de 2020. Destacados candidatos demócratas, como la senadora Elizabeth Warren, y miembros del Congreso, como Alexandria Ocasio-Cortez, están pidiendo que se lleven a cabo iniciativas de envergadura en relación con el clima, como el Nuevo Pacto Verde. Para que cualquiera de esas medidas resulte eficaz, es preciso que las políticas internas y los tratados internacionales sobre el clima afronten el problema de la huella de carbono que dejan las fuerzas militares de los Estados Unidos.

Nuestro estudio muestra que la labor de lucha contra el cambio climático exige que se abandonen enormes secciones de la maquinaria militar. Hay pocas actividades en el mundo tan desastrosas desde el punto de vista ambiental como librar una guerra. Si se recortara de forma significativa el presupuesto del Pentágono y se redujera su capacidad para librar guerras, disminuiría enormemente la demanda del mayor consumidor de combustibles líquidos del mundo.

De nada sirve hacer pequeños ajustes en el impacto ambiental de la maquinaria de guerra. El dinero gastado en adquirir y distribuir combustible a lo largo y ancho del imperio estadounidense podría invertirse, en cambio, como dividendo de paz, ayudando a financiar un Nuevo Pacto Verde, sea cual sea la forma que adopte. No son pocas las prioridades políticas que podrían aprovechar este empujón financiero. Cualquiera de estas posibilidades sería mejor que abastecer de combustible a una de las fuerzas militares más grandes de la historia.

Fuente: The Conversation

Categorías: antimilitar

La Caravana Abriendo Fronteras comienza su ruta por la frontera Sur

14 July, 2019 - 00:00

Pablo 'Pampa' Sainz

Al igual que hiciera en el verano de 2017 y en su cuarto viaje de denuncia pública contra las políticas migratorias europeas y, en particular, del Estado Español, La Caravana Abriendo Fronteras comenzó este sábado, 13 de julio, su andadura en Granada y continuará en los días siguientes por Motril, Tarifa, Ceuta, Jeréz, Huelva y Lepe, con el objetivo de hacer un recorrido por varios de los considerados “puntos calientes” de la frontera sur.

Más de 300 activistas llegados desde diferentes ciudades de toda la geografía del Estado español, fueron recibidas por la noche en el Museo del Sacromonte. Comparten viaje, en esta ocasión, integrantes de la Caravana Migranti, de Italia, y representantes del Movimiento Migrante Mesoamericano. También las madres de jóvenes desaparecidos en su trayecto migratorio, Berdai Aldjia Belabed y Souad Zaidi, de Argelia y Túnez respectivamente, y el abogado argelino Kouceila Zerguine, defensor de las causas de estas familias.

La primera actividad ha sido una presentación del trabajo que las comunidades locales realizan en la ciudad de Granada, uno de los destinos andaluces que mayor cantidad de personas migrantes recibe, dada la llegada a las costas de Motril.

“Es importante cambiar la idea de que Andalucía es una tierra de paso, esa es una imagen equivocada”, aclaró la coordinadora de Granada Acoge, Sylvia Koniecki, quien denunció que la primera acogida sean las 72 horas de detención que sufren. “Por supuesto que siendo una detención no se puede hablar de una acogida digna, pero incluso muchas veces no reciben la suficiente alimentación y ni siquiera se les permite una ducha en ese tiempo. A veces tampoco tienen acceso a una asistencia legal”, remarcó.

Ese inicio más propio de un sistema securitario que de acogida humanitaria, puede tener dos derivaciones, según explicó la activista. “Si son magrebíes lo más probable es que intenten expulsarlos pasando por un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)”, caso contrario “salen a la calle sin acceso a ningún recurso de acogida, sin información alguna y con una carta de devolución en la mano que muchas veces ni siquiera saben qué es”.

“Para todas esas personas la única opción que tienen son las redes de acogida de la ciudadanía autorganizada. Ese tejido social es fundamental. Es importantísimo que como ciudadanía organizada visualicemos esta situación de desamparo del sistema”, enfatizó y puso la atención en la situación de jóvenes o menores de edad en situación de calle.

“Ahora mismo en las ciudades andaluzas tenemos en situación de calle a muchísimos jóvenes que han cumplido 18 años sin ningún tipo de recursos, sin referentes afectivos, y sin siquiera ser documentados. Se ven obligados a sobrevivir en cualquier manera, tenemos a niños que se están prostituyendo en las calles, pero no asusta ni llama la atención de los medios o de la sociedad que los niños estén viviendo en la calle, el escándalo para los medios es que los turistas están viendo esa situación”, concluyó Koniecki.

En su turno, la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, Jemina Sánchez, explicó el funcionamiento del Protocolo de Emergencia ante Llegadas Colectivas (PECOL), una iniciativa que nació del propio tejido social autorganizado ante la necesidad de poner en marcha dispositivos alternativos a los oficiales. “Un plan Z, el que nunca debería haber sido necesario implementar, el que entra en acción cuando el sistema falla”, lamentó.

“Nos costó la vida que la policía nacional nos informara como Ayuntamiento, que nos avisara antes de dejar en la calle a las personas. Luego de mucho pelear, logramos que nos avisen dos horas antes, lo que nos obligó a activar dispositivos de extrema emergencia y rapidez”, afirmó.

“Aquí miramos al mar, ignorando que detrás de ese chiringuito de esa crema solar hay gotas de sangre que marcan el camino hacia esas otras fronteras de donde salen las personas migrantes. Y de sangre se alimenta el odio. Y la lucha que tenemos que hacer en la calle es contra ese discurso del odio, que nos va a seguir pisando los talones, pero por eso no podemos desistir en la lucha”, enfatizó.

El representante de la Red de Acogida de la Comunidad Senegalesa. Assane Top Top, explicó que para ellos la acogida es algo natural, que son un pueblo formado en la cultura de acogida, que recibe desde siempre personas migrantes que llegan desde otros países de África, como Mali o Cabo Verde.

“La gente va creciendo con ese espíritu de acoger a los demás, Y sobre todo lo que hacen cuando llegan es trasladar ese sistema de acogida entre los demás senegaleses que llegan”, explicó.

Manifestación y traslado a Motril

Esta tarde tendrá lugar la primera Asamblea de la Caravana Migrante, donde se hablará de las diferentes acciones, los objetivos políticos y la forma se seguir tejiendo redes entre las diferentes ciudades y movimientos sociales. La jornada cerrará con una manifestación en el Embarcadero Plaza Humilladero y performances a desarrollarse allí.

El domingo, la Caravana se trasladará a Motril para mantener reuniones con los grupos autorganizados locales y una mesa redonda sobre rescate. Luego, el grueso de las activistas se concentrará frente a las puertas del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), uno de los espacios de supuesta acogida señalado por las serias deficiencias en su funcionamiento. Las playas de Motril también serán epicentro de la denuncia política con acciones de denuncia y sensibilización.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/front...

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La Plataforma Andaluza contra las Bases Militares y la Guerra inicia una campaña contra los gastos militares y por la paz

12 July, 2019 - 00:00

Esta campaña de movilización consistirá en la presentación de mociones en las distintas administraciones públicas, en la convocatoria de acciones de protesta en los territorios de toda Andalucía, preparando una GRAN MOVILIZACIÓN para otoño contra el aumento de los gastos militares y los planes de guerra imperialista.

La Plataforma Andaluza contra las bases militares y por la paz no puede permanecer impasible ante esta situación prebélica; por ello va a realizar durante este verano una campaña de información a la ciudadanía para crear las condiciones de movilización para reclamar el derecho de las andaluzas y los andaluces a vivir en paz, a construir una Andalucía que sea tierra de acogida de las personas que hoy necesitan de nuestra solidaridad, una Andalucía sin alambradas, sin racismo y sin bases militares; una Andalucía con empleo de calidad, con una industria que construya futuro y una clase trabajadora que no se vea forzada a satisfacer su justa hambre de pan, techo y dignidad a base de masacrar a otros pueblos hermanos.

Comunicado

La Plataforma Andaluza contra las bases militares y por la paz quiere incidir sobre las informaciones publicadas recientemente en algunos medios de comunicación sobre la ampliación de efectivos militares en la Base de Rota, el aumento del presupuesto de defensa y la última “ocurrencia” del Donald Trump para que el Estado Español asuma la carga del mantenimiento de las tropas norteamericanas en nuestro territorio.

En primer lugar, consideramos de extrema gravedad que nos enteremos por la prensa del vistobueno del Gobierno en funciones para la ampliación de efectivos militares (un destacamento de helicópteros de ataque y más personal militar) en la base de Rota. Es una nueva cesión de soberanía hacia las fuerzas imperialistas, que ni siquiera ha sido informado al Parlamento, hurtando el debate en lo que debería ser la sede de la soberanía popular. El Gobierno en funciones está siendo cómplice y colaborador necesario de las estrategias belicistas de EE.UU. y la OTAN.

También queremos denunciar la firma por parte de la ministra de Defensa en funciones del proyecto “Futuro Sistema de Combate Aéreo” (Future Combat Air System, FCAS), que supone dedicar, junto a Francia y Alemania, 150 mil millones de euros “para afrontar la lucha de poderes en la segunda mitad del siglo XXI”: aviones legacy, satélites, armas inteligentes, buques de guerra, sistemas de comunicaciones… Se trata del llamado NGWS, Next Generation Weapon System, Sistema

Armamentístico de Nueva Generación. Asistimos a un reforzamiento de la carrera armamentística para controlar el acceso a los recursos minerales y energéticos, reforzando los planes imperialistas en la zona de Oriente Medio.

Por último, no contento con tener tropas militares en nuestro territorio, el presidente Trump se ha descolgado con una nueva exigencia: aumentar las inversiones en Defensa y gasto militar para que España se haga cargo del coste del mantenimiento de las tropas en las bases militares. Suena a la misma afrenta que impone a México para que soporte el coste de la construcción del muro en la frontera común.

Todos estos anuncios vienen acompañados del aumento de la tensión internacional, con las amenazas bélicas del gobierno de EEUU hacia Irán, llevando al mundo a una nueva situación de guerra internacional para satisfacer sus intereses económicos y geopolíticos.

La Plataforma Andaluza contra las bases militares y por la paz no puede permanecer impasible ante esta situación prebélica; por ello va a realizar durante este verano una campaña de información a la ciudadanía para crear las condiciones de movilización para reclamar el derecho de las andaluzas y los andaluces a vivir en paz, a construir una Andalucía que sea tierra de acogida de las personas que hoy necesitan de nuestra solidaridad, una Andalucía sin alambradas, sin racismo y sin bases militares; una Andalucía con empleo de calidad, con una industria que construya futuro y una clase trabajadora que no se vea forzada a satisfacer su justa hambre de pan, techo y dignidad a base de masacrar a otros pueblos hermanos.”

Esta campaña de movilización consistirá en la presentación de mociones en las distintas administraciones públicas, en la convocatoria de acciones de protesta en los territorios de toda Andalucía, preparando una GRAN MOVILIZACIÓN para otoño contra el aumento de los gastos militares y los planes de guerra imperialista.

¡Andalucía, tierra de paz y acogida!

OTAN NO, Bases fuera

7 de julio de 2019

Tomado de: https://kaosenlared.net/la-platafor...

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Barcos desobedientes, discursos beligerantes y continuidad en las políticas migratorias

6 July, 2019 - 20:38

Sarah Babiker

El jueves 4 de julio la red internacional de vigilancia en el Mediterráneo, Alarm Phone, alertaba del naufragio, el día anterior, de un barco cerca de Zarzis, en Túnez. La organización reproducía el aviso de uno de sus integrantes, voluntario de la Media Luna Roja en el país magrebí: cinco supervivientes habrían sido rescatados por la marina tunecina, mientras el resto del pasaje, más de 80 personas, habría desaparecido en el mar. “¡Europa y sus fronteras matan!”, cerraba Alarm Phone su comunicado en twitter.

Más suerte tuvieron las 54 personas que el buque Alex, perteneciente a la organización italiana Mediterranea Saving Humans, rescató ese mismo día. El barco se dirigió hacia aguas italianas a pesar de que que Matteo Salvini hiciera la advertencia de rigor en sus redes sociales: conminando al barco de la organización —cuyo primer buque, el Mare Joniolleva retenido desde abril aludiendo razones técnicas— a llevar a las personas migrantes a Túnez. Los integrantes de Mediterranea Saving Humans son llamados peyorativamente por la derecha italiana “Piratas de los centros sociales” por su relación con los movimientos.

También fue publicado el jueves un informe trimestral de Alarm Phone que daba cuenta de los incidentes registrados por esta red, que integra activistas al norte y sur del Mediterráneo. Según sus datos, entre el 18 de marzo y el 30 de junio, la organización habría hecho seguimiento de 24 barcos en dificultades en el Mediterráneo Central. De ellos, nueve fueron devueltos a Libia, siete dirigidos a Malta, y cuatro a Italia. Túnez habría interceptado a uno. De otros tres no se tienen noticias.

Como demostró Mediterranea Saving Humans el jueves y antes que ellos el Sea Watch 3, el análisis de Alarm Phone concluye que, pese a las hostilidades de los gobiernos europeos hacia su actividad, las ONG de salvamento continúan presentes en lo que se conoce como zona SAR (zona de salvamento y rescate) de Libia. Mientras, Europa centra sus esfuerzos de vigilancia en impedir que los migrantes salgan de las aguas libias. A través de la operación militar Eunavfor Med/Sophia, aviones europeos sobrevuelan el Mediterráneo con la misión de comunicar a las naves libias la ubicación de los barcos y garantizar que estos sean devueltos al territorio de este país.

El pasado miércoles un bombardeo acababa con la vida de al menos 44 migrantes en el centro de detención de Tajura, cerca de Trípoli, en lo que la ONU ha calificado como un posible crimen de guerra. El país ha visto recrudecido el conflicto que enfrenta al gobierno de Fayez Al-Sarraj —reconocido por la Comunidad Internacional— con las tropas del Ejército Nacional Libio-LNA, mano armada de Khalifa Haftar, el ex coronel del ejército Libio de Muamar el Gadafi que controla de facto el Este del país y desde abril mantiene una ofensiva contra Trípoli.

Las organizaciones de derechos humanos llevan desde entonces insistiendo en el peligro que el conflicto implica para las personas migrantes internadas en los centros de detención. La Comisión Europea comunicó el mismo miércoles, mediante nota de prensa, que destinaría 61,5 millones de euros al Fondo Europeo de Emergencia para África, comprometiéndose de esta manera a financiar “nuevas acciones relativas a la migración para proteger a las personas vulnerables y potenciar la resiliencia de las comunidades de acogida en el Norte de África”.

Mientras el dinero de la Unión Europea fluye hacia la externalización de las fronteras los barcos de rescate no consideran Libia un puerto seguro. Por ello Carola Rackete desobedeció el pasado 12 de junio a los guardacostas libios cuando le indicaron retornar a ese país, dirigiéndose hacia Lampedusa. Allí esperó 17 días el permiso para atracar en Italia, hasta que al final, el 29 de junio, decidió desobedecer.

Insurrección en el mar, continuidad en las políticas

Durante esta primera semana de julio, de hecho, las portadas de los medios han sido tomadas por la historia de esta joven capitana de 31 años, detenida cuando llegó a la isla italiana. Las redes sociales se llenaron con mensajes que exigían su liberación, algo que sucedió tres días después, pues la jueza de Agrigento que debía valorar el arresto de esta ciudadana alemana, desestimó los cargos de resistencia y violencia contra una nave de guerra, argumentando que Rackete había actuado correctamente priorizando los derechos humanos de las personas rescatadas.

El relato de rescate, desobediencia y llegada a puerto seguro, convirtió a Rackete en un símbolo frente a otro símbolo: el de los puertos cerrados como política migratoria que encarna el ministro de interior italiano Matteo Salvini. Si del lado de Rackete se ha escorado una buena parte de la opinión pública —apoyos concretados no solo en la oleada de simpatía sino en la aportación de casi un millón de euros, recaudados a través de las redes sociales, para su defensa legal—, los insultos proferidos contra su persona en el momento de su detención, y la necesidad de esconderse tras su liberación por las amenazas recibidas, dan cuenta, sin embargo, de que muchos italianos están en el lado de Salvini. La Lega fue respaldada en las pasadas elecciones europeas con un 34,3% de los votos, siendo el partido más votado a pesar (o quizás, gracias) a su política migratoria y su retórica beligerante.

Así, en esta pugna, se escenificaban dos discursos que se enfrentan en una Europa cuya política migratoria ha profundizado en los últimos años en la externalización de las fronteras, mientras se refuerza en el plano ideológico el relato de la falta de lugar para nuevas personas migrantes. Lo primero se ha materializado en acuerdos bilaterales como el acuerdo con Turquía firmado en marzo de 2016, o en el crecimiento exponencial de los recursos dedicados a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). A este respecto, la Comisión Europea publicaba a principios de junio sus presupuestos para 2020 en los que reservaba 420,6 millones de euros para Frontex. Un 34,6 % más que 2019.

Respecto al ámbito de a ideología, va aparejado con el auge de la derecha nacionalista, cada vez con más presencia en las instituciones europeas. Sin ir más lejos, en las elecciones europeas del pasado 26 de mayo ascendieron los liderazgos nacionalistas conocidos por su retórica antinmigración. Además forman parte de tres grupos distintos de los que integran el nuevo Parlamento Europeo.

Fidesz, del húngaro Víktor Orban, estaría en el grupo de los populares europeos, y en espacios de mayor homogeneidad ideológica estarían el grupo Identidad y Democracia, donde se encuentran los pesos pesados de la Lega de Salvini y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, junto con Alternativa por Alemania. Por último, se debe anotar la presencia del grupo de Conservadores y Reformistas europeos, con un peso particular del polaco Ley y Justicia, pero donde también están Vox, Hermanos de Italia o los Demócratas de Suecia.

Si bien, tras las elecciones europeas se habló de cierto alivio por los resultados de la extrema derecha (por debajo de sus altas expectativas), su capacidad de marcar línea política y normalizar discursos anti inmigración tiene peso en las políticas migratorias. Otra muestra simbólica de ello: si apenas llegado al gobierno Pedro Sánchez se enfrentó a Salvini, permitiendo que el Aquarius llegara a aguas españolas, un año después, y según denunciaban integrantes de la ONG Open Arms, el presidente amenazaba a su barco de rescate con 900.000 euros de multa. Culminaba así un semestre de tensión en el que el gobierno ha forzado a los barcos a la inoperancia, reteniéndoles en puerto. Una política migratoria que poco difiere a la de Salvini en la práctica.

El flamante presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, miembro del Partido Democrático italiano, ha sido presentado, de hecho, como contrapunto de Salvini. El partido del que proviene Sassoli tiene sin embargo en su haber la ley Minitti-Orlando de 2017 por la que se multiplicaban los centros de detención de inmigrantes y se aceleraban las expulsiones, razones por las cuales la iniciativa fue duramente criticada por las organizaciones de derechos humanos italianas.

En el discurso tras su asignación al cargo, Sassoli apuntaba a una revisión del Reglamento de Dublín y una mayor solidaridad y coordinación entre estados. Pronunciado el pasado 3 de julio, la crisis humanitaria del Mediterráneo estuvo ausente de su intervención. Quien sí tuvo palabras para los barcos de rescate, apostando porque el Parlamento Europeo diese cobertura legal a quienes están siendo perseguidos judicialmente por “salvar vidas”, fue la candidata a la presidencia de la Eurocámara, Sira Rego, de Unidas Podemos, dentro del grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE-NGL), quien denunció “la justificación de las violaciones de los derechos humanos tras un argumento de seguridad tramposo”. Que este grupo minoritario —el quinto de la Eurocámara— se quedase en 38 escaños, perdiendo 14 respecto a las elecciones de 2014, da cuenta del lugar marginal al que se ha relegado este tipo de discursos en el ámbito comunitario.

Precisamente, más allá del enfrentamiento con Matteo Salvini, Óscar Camps —fundador de la organización Open Arms que también decidió volver a sus labores de rescate aún sin contar con permiso para ello— afirmaba el pasado sábado 29 de junio durante una entrevista para la Cadena Ser: “La complicidad pasiva de los presidentes de los 28 gobiernos de la Unión Europea no ha dejado otra alternativa”.

A los tribunales

No todas las organizaciones de rescate han optado por la desobediencia: Salvamento Marítimo Humanitario, organización de la cual depende el bloqueado buque Aita Mari, anunciaba a principios de semana que no optaría por la desobediencia sino por denunciar judicialmente a quienes impidan que puedan sumarse a las labores de salvamento humanitario. El martes 2 de julio, en el Tribunal Europeo de Justicia, el Frontex se sentaba en el banquillo por primera vez para afrontar la acusación por falta de transparencia por parte de dos activistas. Solo un mes antes, el 3 de junio, un grupo de abogados denunciaba a la Unión Europea ante la Corte Penal Internacional (CPI) por sus políticas migratorias en el Mediterráneo que, según argumentaban, podrían haber resultado en “crímenes de lesa humanidad”. Ayer se sabía que la misma capitana Rackete está preparando una demanda contra Matteo Salvini por difamación.

Según reportaba el 28 de junio la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través de su proyecto Missing Migrants, entre en el 2014 y 2018 más de 17.900 personas fallecieron o desaparecieron en el mar Mediterráneo. Solo uno de cada tres cuerpos fue recuperado. En las mismas fechas el colectivo Caminando Fronteras denunciaba en su informe Vida en la Necrofrontera la muerte de 1.020 personas entre 2018 y el primer cuatrimestre de 2019 en las rutas del Estrecho, mar de Alborán y Canarias.

Eurocentrismo del discurso migratorio

Mientras las cuestiones migratorias y de refugio siguen representando un eje central del debate europeo, dominado por una narrativa que versa sobre la incapacidad de los países comunitarios de dar entrada a más población migrante y refugiada, en su informe Tendencias Globales del Desplazamiento Forzado del 19 de junio ACNUR recordaba que la mayoría de los 70,8 millones de desplazados forzosos viven en países pobres.

Por otro lado, las muestras masivas de apoyo a Carola Rackete han despertado otras reflexiones relativas al desplazamiento de la solidaridad desde los refugiados a las personas europeas que participan en operaciones de rescate. “La libertad de una mujer alemana ha despertado más atención y solidaridad que la tragedia de miles de personas migrantes ahogadas en el Mediterráneo. Vivimos en un mundo racista donde la vida de las personas blancas sigue siendo el centro”, valoraba en este sentido el Sindicato de Manteros de Madrid desde sus redes sociales.

En el informe publicado por Alarm Phone se insistía por su parte en que son numerosos los barcos de inmigrantes que han llegado por su cuenta a las costas italianas y maltesas sin que esto haya sido reflejado en los medios, y valora que en muchos casos han sido las propias personas migrantes en los barcos quienes han organizado la resistencia consiguiendo no ser devueltos a Libia. Por su parte, Caminando Fronteras recuerda que los migrantes ante todo, son sujetos políticos. “La memoria y discursos de las personas migrantes deben de encontrarse en el centro de toda acción ya que construyen la única realidad subversiva fuera de los marcos de la hegemonía del necropoder”, defiende ese colectivo.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/migra...

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Joseba Sanz: “Nos están engañando para masacrar a niños y bombardear hospitales”

3 July, 2019 - 21:32

Por Ignacio Vidal. Periodista especializado en Derechos Humanos. Miembro del equipo de Acción Ciudadana de Oxfam Intermón en Valencia.

Joseba Sanz, Insumiso al Servicio Militar,en la actualidad miembro de la Comisión La Guerra Empieza Aquí, del Colectivo vasco Ongi Etorri Errefuxiatuak (“Bienvenidos Refugiados”) es el director del documental homónimo “La guerra empieza aquí” en el que se desvela el papel de la industria española de armamento en la guerra de Yemen.

Aprovechamos la proyección de dicho documental en València para hacerle unas preguntas sobre el comercio de armas, la guerra de Yemen y el papel que juegan los gobiernos español y de diferentes países europeos en este conflicto.

El documental fue proyectado el pasado 21 de junio, organizado por Oxfam Intermón con la colaboración del Ayuntamiento de València, Radio City, Amnistía Internacional y Antimilitaristas MOC.

España es el séptimo exportador de armas del mundo. ¿Por qué pasa tan desapercibido este hecho entre la población?

Porque los gobiernos manifiestamente lo ocultan empleando trampas legales. Con Franco se utilizaba la Ley de Secretos Oficiales y ahora la Junta interministerial para el comercio y control del material de defensa y tecnologías de doble uso (JIMDDU) acepta discrecionalmente los contratos, que no son públicos, de compra-venta de armamento, yendo en ocasiones en contra de la propia Ley 53/2007 sobre el tráfico de armas o los tratados de la ONU sobre el comercio de armas.

¿Cómo surgió la idea de hacer el documental acerca de un conflicto tan lejano y olvidado como el de Yemen?

Para mí la chispa fue la acción de insumisión laboral de Ignacio Robles “Igna”, el bombero vizcaíno que se niega a participar en un embarque de armas en el puerto de Bilbao. Con eso descubrimos que había un barco saudí que estaba viniendo a Bilbao. Luego nos dimos cuenta que era algo periódico, que venía cada mes, incluso dos veces al mes, cargando mayormente proyectiles de artillería de 155 mm, 14 mil toneladas en 12 meses.

Más adelante empezamos a investigar otras armas que se producen dentro de Euskadi y vimos que toda la tradición de producción de armamento que tenemos en esta zona daba para ocho documentales. Saber que parte de eso acababa en Yemen, con el que tengo un vínculo personal ya que viajé 7 veces antes de la guerra y trabajaba como guía turístico allá, me pareció que cerraba el círculo.

Para la ONU la guerra de Yemen es la “peor crisis humanitaria” del planeta. ¿Qué responsabilidad tienen los países occidentales?

Diría que mucha. La más obvia es dar la espalda a lo que está pasando allí. Es una guerra silenciada por los medios. Luego está lo que denunciamos en la película, la venta de armas, en la que participan Euskadi, España, toda Europa y Estados Unidos, sabiendo que se van a usar para vulnerar los Derechos Humanos.

A Estados Unidos le interesa que su aliado Arabia Saudí se expanda y tenga una salida marítima al océano Índico. Los borbones también tienen un interés personal y económico en que a Arabia Saudí le vaya bien con sus negocios.

El documental arranca con la historia del bombero Ignacio Robles que se negó por tema de conciencia a participar en un embarco de armas con destino a Arabia Saudí en el Puerto de Bilbao, motivo por el cual se le abrió un expediente, y termina con la noticia de que el Puerto de Bilbao dejará de cargar armas rumbo a Arabia Saudí. Tú mismo te negaste a realizar el servicio militar. ¿Pueden las personas con sus comportamientos individuales conseguir un impacto que trascienda a ellos mismos?

Yo creo que sí, sobre todo porque arrastran a otra gente. El acto de “Igna” fue simplemente no participar en el dispositivo de embarco de armas, pero vinieron compañeros suyos del parque de bomberos que ocuparon su lugar. Ahí el impacto de una persona es mínimo pero lo que puede venir detrás es muy importante. Ahora este acto se está contagiando a otros puertos europeos. Está empezando en Francia, Italia, etc.

¿Qué acciones puede emprender la ciudadanía para frenar la venta de armas a países que no respetan los derechos humanos?

Denunciarlo, manifestarse, lo que el colectivo Ongi etorri Errefuxiatuak (Bienvenidos Refugiados) hemos estado haciendo. Se creó una comisión específica para tratar el tema de la guerra, porque veíamos que era inherente a muchos flujos de refugiados. Aparte de darle apoyo al bombero Ignacio Robles, hacíamos manifestaciones enfrente del puerto cada vez que había una carga de armamento. Intentábamos llamar a la prensa, publicar lo que se supiera, denunciarlo, etc. Cuando el barco empezó a cargar en Santander nuestros compañeros de Pasaje Seguro empezaron a hacer lo mismo, incluso consiguieron una declaración del parlamento de Santander condenando las cargas en el puerto. Hoy mismo he visto una noticia que decía “La justicia pide al puerto que acredite si la naviera Bahri cumple la normativa de seguridad”. Se están consiguiendo cosas.

Qué opinas de la siguiente afirmación de Kichi, alcalde de Unidas Podemos en Cádiz: “En Arabia Saudí los derechos humanos no son respetados y estoy en contra de eso, pero mientras, ¿qué comemos? Hoy en día soy alcalde de esta ciudad y la responsabilidad es mirar por el interés de sus vecinos y la construcción de los barcos no va a acabar con la guerra en Yemen.“

No me gusta nada y no estoy para nada de acuerdo con él. No me parece bien. Me sorprendió mucho. Igual la única alternativa era la dimisión. Yo nunca hubiera hecho esas declaraciones ni hubiera apoyado que se siguiera la construcción de los barcos por parte de Navantia. Yo sé que Cádiz está muy castigado por el paro pero pienso que se utilizaron a los trabajadores de Navantia porque no es cierto que no hubiera carga de trabajo. Navantia estaba en un concurso público para construir unas fragatas para el gobierno brasileño y se retiró porque ya tenía suficiente trabajo. Estaba también pendiente de construir fragatas para Canadá, Nueva Zelanda o el gobierno español que acabaron derivando a Ferrol. Tenían más encargos en marcha y parecía que esas 5 fragatas para Arabia Saudí eran claves.

“Se utilizaron a los trabajadores de Navantia porque no es cierto que no hubiera carga de trabajo.”

Estaba todo muy manipulado. Yo no haría fragatas para Canadá tampoco pero prefiero hacerlas para Canadá que no es sospechoso de vulnerar los Derechos Humanos de ningún país de su entorno ni de invadir Estados Unidos. Un poco más de ética en este negocio estaría muy bien.

Ayer conocimos la noticia de que el Tribunal de apelaciones británico obligará al gobierno a revisar la venta de armas a Arabia Saudí para ver si cumple la Derecho Internacional Humanitario. ¿Qué opinas de esta medida?

Muy buena pero lo que no sé es a qué llegará. Soy muy escéptico de que llegue a buen puerto. Estas medidas se suelen parar por el camino debido a las presiones. También hubo una demanda contra el gobierno italiano por vender armas a Arabia Saudí pero debe estar parada. El mes pasado “Disclosed” una organización periodística de Francia denunció la venta de armas de Francia a Arabia Saudí y el juez finalmente no aceptó la demanda y fueron demandados a su vez por el gobierno.

¿Es ético el negocio de las armas?

Obviamente no. Las armas son para matar. No se pueden contar milongas alrededor de las armas. El otro día decía el Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borell, que las últimas que cargaron en Santander eran para una exposición en Abu Dhabi y que luego las iban a devolver. Sí que existen exposiciones de armamento en las que participan empresas españolas, por ejemplo, en Emiratos Árabes, pero se hacen por otros conductos, no se envían en contenedores de la naviera Bahri, van como material de exposición. Fue la última excusa estúpida de un barco que venía expulsado de Francia y luego los estibadores de Génova no habían querido cargarlo tampoco. No es que nos timen con la tarifa de luz, nos están engañando para masacrar a niños y bombardear hospitales.


Más info en: https://www.oxfamintermon.org/minis...

¿Es viable acabar con la industria de las armas en España? ¿Qué perspectivas tenemos para el futuro?

Si yo dijera que es viable reconvertir toda la industria y transformarla por otra que no mate sería super inocente. Yo creo que es viable reducirla. Es viable implementar controles para que no se venda a países tan asesinos como Arabia Saudí. Es viable ir poquito a poco haciendo cosas.

Ha habido casos de reconversión en Eibar, que era la cuna de la fabricación de armamento en Euskadi, acabaron haciendo bicicletas BH, Orbea, etc. aunque no fuera por una decisión ética sino por una crisis tras la Segunda Guerra Mundial.

Si se cambia la geopolítica y se evitan conflictos bélicos no habrá esa demanda de armas tampoco.

Fuente: https://losojosdehipatia.com.es/soc...

Categorías: antimilitar

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