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Actualizado: hace 1 hora 19 min

El Tribunal Económico Administrativo da la razón a dos objetores fiscales al gasto militar de Alcoi

1 May, 2019 - 00:00

Desde el Grup Antimilitarista Tortuga queremos felicitar a estas dos personas por este pequeño triunfo en la senda de un camino hacia un mundo desmilitarizado. Como bien dicen en los escritos de los que damos cuenta abajo, hay que proteger la vida y la integridad de todas las personas, algo que es por completo incompatible con la existencia de los ejércitos y las guerras. Queremos recordar y poner en valor la herramienta de la Objeción Fiscal al Gasto Militar como una forma de desobediencia activa a la violencia (directa y estructural) del militarismo y como una manera de interpelar a la sociedad. Más allá de que sea jurídicamente legal o no su empleo, de que pueda o no ser sancionable por la administración, es un imperativo moral luchar por remover lacras como el militarismo, llegando a la desobediencia y el quebrantamiento de la propia norma legal cuando es manifiesto -como en este caso- su carácter de soporte de la injusticia. Nota de Tortuga.

El Tribunal Económico Administrativo Regional de València ha dado la razón a dos personas objetoras fiscales al gasto militar de la ciudad de Alcoi.

Las citadas personas, que en el ejercicio fiscal de 2015 habían desviado cada una 300 € de su declaración de IRPF, en concepto de Objeción Fiscal al Gasto Militar, hacia varios colectivos locales que, sin ánimo de lucro, trabajan por una sociedad mejor, recibieron en enero de 2017 un escrito de la Agencia Tributaria, el cual les notificaba la imposición de una sanción por “infracción tributaria leve”. Dicha sanción era de 150 € por persona que, una vez descontadas las correspondientes bonificaciones, quedaba en 78'75 €.

La notificación fue recurrida ante la propia AT alegando, en síntesis:

Que las declaraciones de IRPF fueron prensentadas junto con un escrito dirigido al director de la Agencia Tributaria en el que se explicaba el motivo de la Objeción Fiscal, añadiendo los comprobantes de haber ingresado los 300 € en la cuenta bancaria de diferentes organizaciones sociales.

Que dicha carta explicaba su condición de personas objetoras al gasto militar, con la finalidad de preservar el derecho a la vida y la integridad de todas las personas.

Este recurso fue denegado por la Agencia Tributaria en los términos que siguen:

“Sus alegaciones, presentadas en fecha xx de enero de 2017 son desestimadas, ratificando la motivación detallada en la apertura del expediente sancionador, pues el concepto alegado de objetor de conciencia al gasto militar no está contemplado en la normativa fiscal, no admitiéndose como deducible, por tanto, en los términos pretendidos por el contribuyente”.

Recurso al TEAR

Ante dicha respuesta, en marzo de 2017, se presenta un recurso ante la Sala 1 del Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunitat Valenciana. En síntesis, lo que las personas objetoras al gasto militar argumentan jurídicamente es:

La motivación que se explicó por escrito del hecho de realizar la Objeción Fiscal al Gasto Militar -preservar el derecho a la vida y la integridad de todas las personas- está amparada por la Constitución española y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son fundamentos legales de rango superior a los que invoca (la Ley General Tributaria) el acuerdo de sanción que se impugna.

No se ha dejado de pagar, sino que se ha desviado una parte de los impuestos (la correspondiente al gasto militar) hacia finalidades socialmente útiles. No ha habido ocultación ni ánimo defraudatorio. Por lo tanto, no se ha eludido el deber tributario.

Se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia, ya que la desestimación de las alegaciones por parte de la Agencia Tributaria no valora en modo alguno la posible “culpabilidad” de las personas objetoras sino, solamente, el hecho de que la Objeción Fiscal al Gasto Militar no esté recogida en la Ley Tributaria. Esta cuestión se fundamenta con apoyo de diversas sentencias del Tribunal Supremo.

Sentencia del Tribunal

La sala 1 del TEAR de València resuelve el recurso en septiembre de 2018 dando la razón a los demandantes y anulando la sanción. Tras un análisis de la propia ley tributaria, valora diferente jurisprudencia llegando a la conclusión citada. Reproducimos a continuación la parte en la que mejor explicada nos parece que está la argumentación:

Llegados a este punto, podemos recapitular algunas de las ideas expuestas con respecto a la motivación de la culpabilidad. Se trata de un elemento absolutamente esencial del acuerdo sancionador, consistente en el razonamiento explícito y minucioso en cuanto a por qué de los hechos ha de concluirse la existencia de la culpabilidad necesaria para la existencia de la infracción, sea dolo o culpa, según lo expuesto. La motivación de la culpabilidad ha de hacer referencia específica e individualizada a los hechos concurrentes en el caso concreto de que se trate, los cuales deben describirse con detalle, dándose razón de su prueba. Sin embargo, la descripción -aun minuciosa- no puede bastar como motivación de culpabilidad; y la motivación de la culpabilidad es también algo distinto de la conclusión de su existencia. Es precisamente la expresión del enlace lógico existente entre los hechos y la culpabilidad. Su falta o insuficiencia no es un defecto meramente formal, sino que determina la invalidez del acuerdo sancionador, siendo el vicio insubsanable. Por último, no ha de consistir en fórmulas genéricas, vagas, imprecisas o estereotipadas, susceptibles de ser utilizadas en otros supuestos o con diferentes obligados tributarios; ni en la sola descripción de los hechos regularizados o constitutivos de la infracción; ni debe construirse mediante razonamientos negativos o de exclusión, como la falta de alegación, por parte del presunto infractor, o la inexistencia, de causas exoneradoras de responsabilidad, tales como la claridad de la norma e inexistencia de interpretación razonable, o la disponibilidad para el contribuyente de los servicios de información de la administración tributaria.

La aplicación de la doctrina expuesta exige el análisis del acuerdo sancionador, en el que la motivación de la culpabilidad es del siguiente tenor:

“Dado que en nuestro ordenamiento jurídico sancionador no tiene cabida una responsabilidad objetiva, para que la conducta realizada sea constitutiva de infracción tributaria debe apreciarse la existencia de culpabilidad en la misma, exigida por el artículo 179 de la Ley 58/2003, General Tributaria. Para apreciar la existencia de culpabilidad no es preciso que el contribuyente sea consciente de que obtiene el resultado prohibido, y que además dicha obtención sea deliberada, conciencia y voluntad que configuran el dolo, sino que basta con que no actúe de forma diligente en el cumplimiento de sus deberes tributarios. Cabe apreciar en la conducta del contribuyente la existencia de culpabilidad por no haber observado el cuidado o diligencia debidos, al haber incluido en su declaración 300,00 euros en concepto de retenciones efectivamente practicadas según el art. 11 de la Directiva 2003/48/CE, sin cumplir los requisitos exigidos en dicha normativa.
Por ello, no existe un error involuntario ni una discrepancia de criterios acerca del contenido y alcance de las normas, lo que demuestra la existencia del elemento intencional, de modo que la conducta del contribuyente consistente en dejar de ingresar la deuda tributaria correspondiente al IRPF del ejercicio 2015 debe calificarse como infracción tributaria de conformidad con el artículo 191 de la Ley 58/2003 General Tributaria.”

Puede apreciarse, por tanto,que la motivación transcrita se limita al empleo de fórmulas genéricas o estereotipadas, sin descender al análisis de las circunstancias concretas del caso, por lo que podría utilizarse la misma con respecto a cualesquiera otros supuestos u obligados tributarios, limitándose a la descripción de los hechos regularizados, sin expresión de razonamiento alguno en cuya virtud de aquellos hechos se desprenda culpabilidad y fundamentándola en fórmulas negativas, es decir, en la no concurrencia de causas exoneradoras de una culpabilidad que, a juicio de este Tribunal no ha quedado suficientemente motivada. Debe, por tanto, anularse el acuerdo sancionador.

Fuente: https://www.grupotortuga.com/El-Tri...

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Categorías: antimilitar

Vox logra sus porcentajes más altos de apoyo en Catalunya en municipios con presencia militar

29 April, 2019 - 20:19

Foto: La Academia de Suboficiales de Talarn (Acn / Acn)

Jaume Pi

Vox sumó este domingo en Catalunya más de 148.000 votos, un 3,60% de los sufragios totales. Estos números le valieron un diputado por la circunscripción de Barcelona, que ha recaído en su cabeza de lista Ignacio Garriga. El crecimiento de esta fuerza de extrema derecha en tres años no tiene otro calificativo que espectacular: ha pasado de contar los votos en cifras de tres dígitos (198) a contarlos por decenas de miles, es decir, un incremento del 749%.

Sin embargo, los porcentajes de voto siguen siendo bajos en comparación con las formaciones con más apoyo popular. De hecho, los municipios en los que la formación ultra supera el 10% de los votos se pueden contar con los dedos de una mano. Dos de ellos, Talarn (Lleida) y Sant Climent Sescebes (Girona) cuentan con una singularidad que ayuda a explicar los resultados: ambos son localidades con presencia militar.

Vox no ha alcanzado ni el 3% de los votos en la demarcación de Girona. Con el 14,58%, el caso de Sant Climent Sescebes representa toda una singularidad

El municipio ilerdense alberga desde 1974 la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra que, como indica su nombre, forma a los futuros mandos intermedios del ejército. Vox ha conseguido en este municipio de unos 650 habitantes, un total de 38 votos, lo que supone el 12,71% de los sufragios emitidos, el tercer mejor porcentaje en toda Catalunya. Así, ha sido la tercera fuerza más votada en Talarn, superada por ERC, JxCat y PSC.

Aún mejor resultado han logrado en Sant Climent, pueblo ampurdanés cercano a la frontera con Francia en el que está ubicada una histórica base militar. De hecho, el porvenir económico de esta localidad de poco más de 600 habitantes lleva décadas estrechamente ligado a la base en la que, según datos del Idescat, están censadas 38 personas (2011). Un total de 49 votantes cogieron la papeleta de Vox este 28-A, lo que significa el 14,58% de los votos del municipio, el mayor porcentaje de toda Catalunya.

La lista de Vox se convirtió en la tercera más votada en el pueblo, una cifra que destaca en el conjunto de la provincia de Girona, donde las fuerzas independentistas son claramente hegemónicas y donde la extrema derecha obtuvo sus peores resultados en Catalunya (no alcanzó ni el 3% de los votos totales en toda la circunscripción). De hecho, en el propio Sant Climent, ERC y JxCat superaron a Vox en número de sufragios. Pese a la presencia de militares, el pueblo suele decantarse siempre por fuerzas nacionalistas y/o independentistas.

Otras localidades contaron con porcentajes altos de voto para Vox. Resulta curioso el caso de Canejan, pequeñísima localidad de la Val d'Aran también fronteriza, en la que la extrema derecha sumó 8 votos, el 13,11% del total. Cabe recordar que en esta región, el independentismo cuenta con muy poco apoyo. El PSC ganó en la mayoría de municipios del valle, Ciutadans obtuvo su única victoria en toda Catalunya (Arres) e incluso el PP consiguió empatar en resultados con ERC en el pueblo de Bausen.

Finalmente, hay que incluir en esta lista los pueblos tarraconenses de Querol y Alfara de Carles, en los que Vox ha conseguido porcentajes superiores al 10%.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/politi...

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Más razones que nunca para desobedecer y construir alternativas. Más razones que nunca para hacer objeción fiscal.

24 April, 2019 - 15:06

Nos encontramos en un contexto en el que el aumento de la desigualdad social, la pobreza y la exclusión; el recorte de derechos y conquistas sociales; y las violencias machistas y la destrucción del medio ambiente conviven con un gasto militar desorbitado y una creciente militarización social.

Esta militarización ha adquirido nuevas formas e intensidades en los últimos años, de manera que a las ya, por desgracia, habituales (guerras, intervenciones militares disfrazadas de ayuda humanitaria, apoyo militar y económico a bandos involucrados en conflictos armados, etc.), hay que sumar una guerra no declarada contra las personas migrantes y refugiadas que tiene lugar en las fronteras de la fortaleza en que se ha convertido Europa.

En esta guerra tan próxima toman parte las Fuerzas Armadas, los cuerpos policiales, otras estructuras de control social y represión (cárceles, CIEs…) y diversos organismos supranacionales en los que participa el Estado español realizando tareas de control y vigilancia.

Así, queda en evidencia que el aumento por parte del Estado español de las partidas destinadas a gasto militar no busca defender a sus ciudadanas y ciudadanos ante posibles riesgos que pongan en peligro su seguridad, sino que su objetivo es hacer posible las guerras e intervenciones militares en las que se ve inmersa y en las que subyacen intereses económicos y geoestratégicos, a la vez que trata de poner freno o evitar las consecuencias que estas acciones militares tienen en forma de llegada a nuestras tierras de personas desplazadas.

Para hacerse una idea del incremento del gasto militar, basta ver cómo coincidiendo con la demanda de Donald Trump a los países miembros de la OTAN de aumentar su gasto militar hasta el 2% del Producto Interior Bruto, en sus primeros seis meses de gobierno el ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado programas de armamento por valor de 12.100 millones de euros (para la adquisición fundamentalmente de fragatas, blindados o helicópteros), o que en 2018 el Estado haya gastado 1.100 millones en 18 misiones militares en el exterior. Lejos de invertir esa tendencia al alza del gasto militar, la previsión para 2019 es que éste ascienda a 31.830 millones de euros.

Ante esto, la Objeción Fiscal se configura como un herramienta de desobediencia civil, en marcha desde hace más de 35 años en el Estado español, que nos permite superar el papel de meras espectadoras o víctimas de estas políticas y convertirnos en agentes activos de la denuncia del gasto militar en particular y el militarismo en general.

La negativa a colaborar económicamente con el estado en la financiación del gasto militar y otras partidas que consideramos socialmente injustas o nocivas, nos empodera y nos permite, de forma colectiva y organizada, mostrar nuestra oposición a determinadas políticas del Estado, generar un debate social acerca del modelo de sociedad que queremos y ser protagonistas en la construcción de “otro mundo

posible” al apoyar económicamente y solidarizarnos con otras luchas transformadoras que existen en nuestra sociedad.

Mediante la apuesta por financiar proyectos que promueven el trabajo por la paz, la justicia social, la igualdad entre mujeres y hombres, la cooperación para el desarrollo, la defensa del medio ambiente, los derechos humanos o la seguridad alimentaria, la Objeción Fiscal cuestiona además la visión de seguridad basada en la intervención militar y policial y en el recurso a la fuerza y la represión, fortaleciendo las luchas que de verdad nos dan seguridad frente a la supuesta “defensa militarista”.

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Las mujeres que lograron la prohibición de las minas antipersonas alertan ahora contra los robots de guerra

21 April, 2019 - 19:57

Melissa Chan - Berlín

Parece sacado de la ciencia ficción: robots que libran batallas interminables, algoritmos que escogen a sus víctimas y máquinas de guerra que utilizan tecnología de reconocimiento facial para identificar a su objetivo y eliminarlo antes de que tenga tiempo ni para decir «Convención de Ginebra».

No es un guión cinematográfico sino la funesta representación de unas guerras del futuro que parecen cada vez más posibles. La expresión robots asesinos comprende toda una gama de avances tecnológicos que provocan excitación entre los generales pero pavor entre los defensores de la paz, aterrorizados por las consecuencias éticas de una guerra librada mediante representantes digitales.

Armadas con nada más que un premio Nobel, años de conocimientos técnicos y convicción, dos mujeres lideran el movimiento contra los letales robots asesinos: exigen su prohibición. Y no es la primera vez que se enfrentan a un reto similar.

Jody Williams ganó el Premio Nobel por liderar la larga iniciativa mundial para prohibir las minas terrestres antipersonas, y Mary Wareham fue una reconocida activista en esta campaña. «Estábamos allí, en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, y le dije a Jody: '¡Así es como se termina una carrera, no como se empieza! ¿Y ahora qué hacemos?'», recuerda Wareham.

La respuesta la han encontrado en la lucha contra los Sistemas de Armas Autónomos Letales. Wareham y Williams creen que esta pelea será mucho más difícil. «En comparación, las minas terrestres eran una chorrada», declara Williams. Los fabricantes de armas basadas en la inteligencia artificial podrían ganar miles de millones de dólares.

La inteligencia artificial ya se extiende veloz en el sector agrícola y sanitario, así como en la policía y en el trabajo social. Según los expertos en la materia, el siguiente sector que la adoptará será el militar. ¿Qué impedirá entonces a un ejército desplegar drones capaces de buscar, identificar y eliminar a todos los habitantes de entre 18 y 50 años de una aldea? ¿O lanzar un dron asesino con la misión de identificar y asesinar a un jefe de estado?

Y la empresa armamentística no quiere quedarse atrás. En silencio pero de manera agresiva, el sector militar financia algunas de las pruebas más punteras.

Las ventajas, dicen algunos, son claras. Un robot asesino no se cansa como un soldado humano, puede quedarse durante meses en el campo de batalla, no se enfada ni busca venganza y nunca desobedece a un superior. La imperfección de los seres humanos queda fuera de la ecuación. El responsable de la decisión de matar es un algoritmo.

Sin embargo, sí hay militares preocupados por esta posibilidad. Según Paul Scharre, ex comando del ejército estadounidense y autor de la primera declaración política sobre robots asesinos del Pentágono, no son solo «preocupaciones legales y éticas sobre la autonomía letal, sino también prácticas»: «¿Cómo se controla un arma autónoma? ¿Qué pasa si hay un fallo en el sistema o si alguien la hackea?».

En opinión de Jody Williams, las máquinas representan la definición más literal de la expresión matar a sangre fría. En una Tercera Guerra Mundial con robots asesinos no habría siquiera espacio para los pocos gestos de humanidad que afloran incluso en las guerras. Ningún conflicto del siglo XXI tendría tregua navideña en el frente occidental. «Estamos hablando de hombres que se excitan con las armas nuevas», comenta Williams. «Y si las están desarrollando es sencillamente porque pueden; lo están haciendo porque quieren ver qué es lo que son capaces de hacer», apunta.

El estado de Israel tiene algunas de las máquinas más avanzadas, como un robot terrestre armado que ya patrulló la frontera de Gaza y la Arpía, un misil que navega por el cielo hasta que encuentra su objetivo: radares enemigos. Y no existe ninguna barrera técnica que impida a los ingenieros desarrollar armas similares que tengan como finalidad atacar a las personas.

El ejército de Estados Unidos está experimentando con enjambres de drones en los valles del centro de California, Rusia ya ha dicho que quiere formar un batallón entero con robots asesinos, y nadie sabe qué trama China. Ninguna ley regula la carrera armamentística de la inteligencia artificial. Hasta ahora, el escenario es de plena libertad para todos los países.

Son los científicos quienes están dando la voz de alarma: más de 250 instituciones académicas y de investigación, así como 3.000 expertos en inteligencia artificial piden la prohibición de los robots asesinos. Además de la petición, los activistas creen que para detener esta tecnología lo mejor será la aburrida y poco heroica firma de un tratado internacional. Esa es la estrategia de la Campaña para detener a los robots asesinos. Apoyada por más de 100 organizaciones en 54 países, se ha fijado el objetivo de conseguir un acuerdo en 2021.

Williams se considera idealista pero no ingenua. Lleva enfrentándose al complejo militar-industrial desde sus días de manifestaciones contra la guerra de Vietnam. «Cualquier cosa es inevitable si no se hace nada para detenerla», comenta sobre los escépticos que consideraban inviable prohibir las minas antipersonas. «Las personas que nos insistieron en que 'es inevitable, es inevitable' lo hacían para desempoderarnos», recuerda.

En aquella campaña, Williams y otros activistas comenzaron presionando a las Naciones Unidas para que se llegara a un acuerdo. Cuando vieron que no lograban avanzar, comenzaron a dirigirse a los países, uno por uno, hasta lograr la firma del acuerdo histórico de Ottawa en 1997, cuando más de 120 países se comprometieron a erradicar las minas terrestres antipersonas.

La actual Campaña para Detener a los Robots Asesinos (CSKR, por sus siglas en inglés) está siguiendo un camino similar. La ONU organizó varias rondas de conversaciones en su sede de Ginebra (la última sesión fue a finales de marzo), pero la CSKR perdió la fe en esa vía y ahora está centrándose en convencer a países de Occidente por separado.

Williams y Wareham esperan que Alemania tome la delantera. El país entró a principios de 2019 en el Consejo de Seguridad de la ONU y al ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, le preocupa el tema. Hace poco llamó a los robots asesinos «un ataque contra la humanidad».

Sin hacerlo público, Berlín se ha puesto en contacto con otros Estados para avanzar más. Algunos políticos alemanes reconocen la oportunidad de ser el primer país que prohíba los robots asesinos para que otros Estados europeos sigan el ejemplo. Pero Alemania también se ha mostrado poco clara con el tema en otras ocasiones, especialmente en su discurso en la ONU.

Con la idea de centrar la atención sobre Alemania, los miembros de la CSKR se reunieron en marzo en Berlín en busca del apoyo de la opinión pública. Junto a un robot amigable, la mascota de la organización, Williams pidió a la multitud que la escuchaba que se pusieran en contacto con sus representantes políticos y pasaran la palabra. «La gente se asusta cuando escucha la palabra activismo», comenzó Williams. «Pero lo único que significa es actuar», sentenció.

Traducida por Francisco de Zárate

Fuente: https://www.eldiario.es/theguardian...

Categorías: antimilitar

¿Por qué no podemos perdonar a Pedro Sánchez que venda armas a Arabia Saudí?

14 April, 2019 - 00:00

Mark Aguirre

El cólera está de regreso en Yemen. Es la prueba de que la tremenda crisis humanitaria provocada por la guerra sigue viva a pesar de las negociaciones de paz. Médicos sin Fronteras ha denunciado que los casos de cólera se han multiplicado en las últimas semanas. Más de 200 personas han muerto debido a un nuevo brote, muchos de ellos niños menores de cinco años.

Pero no es solo eso. Los bombardeos saudíes contra infraestructuras y hospitales que podrían ayudar a contener la epidemia continúan. El último, un ataque a finales de marzo a un hospital apoyado por Save the Children en la provincia de Sadaa. Cuatro niños y tres adultos murieron.

Hace dos años más de un millón de yemeníes se infectaron de cólera debido a que la coalición [conformada por EEUU, Israel y las dictaduras del Golfo] bombardeó deliberadamente depuradoras y plantas de tratamiento de agua. Miles de personas murieron. Ahora estamos de nuevo a las puertas de una nueva epidemia. ¿De qué han servido la ayuda humanitaria y las resoluciones del Consejo de Seguridad?

Naciones Unidas dice que Yemen sigue sufriendo la peor hambruna en décadas. La peor crisis humanitaria de la época. Estamos hablando de un promedio de 60 niños muertos cada día a causa del hambre. Esto ocurre desde que empezó la guerra hace cuatro años y es muy posible que su número aumente en los próximos meses.

Hace ya unos meses que las cinco organizaciones humanitarias más importantes advirtieron que la única manera de acabar con la mayor hambruna en décadas era acabar la guerra. La ayuda humanitaria, por grande que fuese, dijeron, nunca podrá detener esta horrenda crisis causada por el hombre. Su posición fue tan tajante que responsabilizaron de este monstruoso crimen a los países que estaban vendiendo armas a Arabia Saudí. Pedro Sánchez, el Presidente del PSOE, no se libra de ello. España está entre los cuatro primeros países –después de EEUU, Gran Bretaña y Francia– que venden más armas a Arabia Saudí.

Lo mismo ha dicho la alianza de ONGs españolas preocupadas por la situación humanitaria en Yemen, “cualquier medida que pretenda aliviar el conflicto debe pasar por detener la venta de armas para detener la guerra”, ha dicho al diario Público su portavoz, Alberto Estévez.

Estos países cínicamente aprovechan que Arabia Saudí se ha convertido en el país que importa más armas de todo el mundo, acapara el 12% de importaciones del mercado mundial. A pesar de su riqueza, los saudíes no pueden ganar la guerra contra Yemen por ellos mismos y necesitan ayuda militar llegada de afuera.

El canal 4, un canal de televisión inglés [progresista], emitió la semana pasada un programa sobre la venta de armas de Londres a Ryad. Cinco partidos de oposición, entre ellos el Laborista, habían llamado a terminar con la venta de armas a Arabia Saudí coincidiendo con el cuarto aniversario de la guerra. Un técnico británico, que residía hasta hace poco en Arabia Saudí, dijo en el programa que si Gran Bretaña suspendiera su ayuda militar en “entre siete y catorce días Arabia Saudí dejaría de tener un solo avión en el aire”.

La conducta de Arabia Saudí en Yemen ha sido definida por varias organizaciones como indiferente a las leyes humanitarias. Amnistía Internacional la ha acusado de cometer crímenes de guerra. Nuestras leyes prohíben exportar armas a países que se comportan de esta manera. En estas páginas se ha denunciado cómo han bombardeado funerales, bodas, mercados y escuelas. En agosto los saudíes llegaron a justificar el asesinato en Sadaa de 40 niños en un viaje escolar. Con todo esto, resulta difícil entender que el Presidente Pedro Sánchez siga colocando a España en la coalición del terror. Sánchez se ha situado en el lado perverso de la historia.

El cruel asesinato del periodista saudí –crítico con Mohammed bin Salman y la guerra de Yemen– Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul podía haber sido un parteaguas en nuestra indecente política exterior. La de hacer prevalecer los intereses particulares de accionistas de las empresas de armamento sobre nuestro compromiso común con las leyes humanitarias y los derechos humanos. Fue un crimen que traspasó cualquier línea de convivencia internacional. El forense militar saudí, Salah al-Tubaigy, miembro del equipo de sicarios que acabó con la vida de Khashoggi, desangró con jeringas el cuerpo del periodista antes de trocearlo para hacer desaparecer el cadáver.

Pero Pedro Sánchez se opuso esos mismos días de octubre en el Congreso de los Diputados a detener la venta de armas españolas a estos criminales saudíes como pedían las principales organizaciones humanitarias y de derechos humanos.

La actitud pusilánime de Sánchez contrastó con la de la socialdemocracia alemana, que forzó a la coalición de gobierno a detener la venta de armas a Arabia Saudí. La razón dada fue la brutalidad de la monarquía saudí contra la población del Yemen y contra sus propios disidentes saudíes. Una prohibición que acaba de ser extendida otros seis meses más. Ellos sí que pudieron “convertir los ideales en realidad”, cosa que Sánchez no ha podido hacer, como él mismo reconoció en el Congreso. Quizá fuera porque ellos son una República Federal y no una Monarquía borbónica enriquecida por sus lazos con Mohammed bin Salman, el príncipe a cargo de Ryad, quien según la CIA mandó asesinar a Jamal Khashoggi. Una monarquía que Pedro Sánchez protege activamente.

El pasado jueves 4 de abril la Cámara de Representantes de los EEUU aprobó una resolución bajo el Acta de Poderes de Guerra de 1973, que quita poder al ejecutivo para declarar la guerra (primera vez en la historia) exigiendo que se detenga la intervención de EEUU en la Guerra de Yemen, incluida cualquier ayuda a Arabia Saudí. El Senado, a propuesta de Bernie Sanders, había aprobado una resolución similar. Es posible que Trump vete la ley poniendo a Sánchez junto a la derecha radical de EEUU. No sería la primera vez que ocurre, como vimos en su política hacia Venezuela, alineado con Mike Pence, el ultraconservador vicepresidente de los EEUU tras la crisis creada por Guaidó.

La industria armamentista española ha encontrado una mina de oro en la guerra de Yemen. “España” (los accionistas de las empresas) gana 20 euros por segundo con la venta de armas destinadas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, según un estudio hecho por la alianza de cinco ONGs (Amnistía Internacional, Greenpeace, Save the Children, Oxfam y FundiPau) que pide detener la venta de armas destinadas a la guerra de Yemen. España ocupa la séptima posición exportadora de grandes armas del mundo. Las ventas a Arabia Saudí han sido la catapulta. Desde que comenzó la guerra de Yemen, España ha vendido armas a Arabia Saudí por casi mil millones de euros. Solo en 2017, España vendió a los saudíes un avión de transporte, drones, municiones… por valor de 270,2 millones de euros.

Los argumentos que dio Sánchez para continuar vendiendo estas armas a criminales de guerra era que con su política de Estado “defendía los intereses de los españoles”, en particular “el drama del desempleo”. Pero a uno le cuesta creer que el capitalismo español, por débil que sea, necesite 60 niños muertos cada día para funcionar de la misma manera que los aztecas creían que necesitaban corazones puros palpitando fuera del cuerpo para que su mundo siguiese reproduciéndose. ¿El capitalismo ha llegado a ser tan obsoleto como la sociedad agraria azteca? ¿Sus gestores tan ignorantes? ¿Será que la corrupción de políticos y empresarios españoles, esos de las puertas giratorias, necesita la venta de armas por sangre para seguir engordando sus cuentas? ¿O serán todas esas cosas a la vez?

El Viejo Topo

Texto completo en: https://www.lahaine.org/bW6F

Categorías: antimilitar

Una maestra de Almenara (Castelló) evita que su clase participe en una actividad militar

13 April, 2019 - 00:00

a. t. | almenara

La Unidad de Transmisiones y de Enfermería del ejército, con base en Manises, se encuentra esta semana de maniobras en Almenara desempeñando diversas labores operativas entre las que se encuentran conocer la población así como sus montañas o la línea XYZ. Dentro de las actividades previstas durante la semana, los militares que pertenecen al área de telecomunicaciones así como al área sanitaria visitaron el martes el Colegio Juan Carlos I y explicaron a los alumnos cómo se monta una tienda de campaña, cómo curan a los heridos o su participación en la extinción de incendios o inundaciones.

Como indicaron desde el consistorio, los alumnos del centro pudieron ver una parte del material que se utiliza para sofocar incendios como el que sucedió hace dos años en la Serra d'Espadà o bien cómo se hizo y qué materiales se utilizaron para rescatar personas en inundaciones recientes como las sucedidas en Mallorca.

Toda una serie de explicaciones que los alumnos de 5ºA del Colegio Juan Carlos I no pudieron conocer en primera persona ya que su maestra, Carmen San Onofre –que es concejal de Compromís en el municipio–, decidió que su clase no participaría en dicha actividad.

Como ella misma explicó a este diario, «la actividad se nos presentó al claustro, no resaltaron nada positivo de la actividad, y cada uno tiene poder de decisión de aceptar o no las actividades y yo ya indiqué hace unas semanas que mi curso no participaría». La docente incidió en que «trabajamos por la paz y el respeto, unos valores que no están vinculados con el tema militar».

Después de la decisión tomada, San Onofre no recibió ninguna crítica por parte del centro educativa, y como la misma añadió, «los alumnos vieron que se estaba realizando la actividad, yo les dije que no íbamos a participar y no protestaron».

Pero, a pesar de que en el centro no se había creado ninguna problemática al respeto, Carmen San Onofre se sorprendió al ver en el perfil de Facebook de la Policía Local de Almenara cómo señalaban a su persona por no haber participado en la actividad. En el comentario de la policía se podía leer lo siguiente: «La Unidad de Transmisiones de Marines, se encuentra de maniobras. Durante esta semana estos hombres y mujeres visitarán el Colegio, la línea XYZ, nos ofrecerán cursos y revisarán todas nuestras montañas a pie. Gracias por elegirnos y bienvenidos. Lástima que a 5 A no les hayan dejado bajar».

Este comentario suscitó toda una serie de críticas por señalar la decisión de la profesora y la misma docente indicó que «han realizado un juicio de valor que no creo que se tendría que haber dicho en el perfil público de la policía local».
Respaldo de Compromís

El concejal y portavoz de Compromís en Almenara, Quique Castelló, comentó al respecto que Carmen San Onofre «es un claro ejemplo de pacifismo y educación frente a quienes quieren dividir» y dijo que pedirán al equipo de gobierno explicaciones en el pleno sobre este señalamiento público hacia una docente. Castelló finalizó diciendo que « a mí me hubiera gustado ser de 5ºA».

https://www.levante-emv.com/castell...

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Bardenas, las guerras y la mentira del ecologismo militar

11 April, 2019 - 00:00

Algunas mañanas, tardes y muchas noches tenemos que soportar el atronador sonido del vuelo de los cazas militares pasando en grupo por encima de nuestras cabezas. No es exagerado decir que en cuestión de un par de horas pueden pasar en torno a una docena de ellos, docenas de F-18 y F-5. También sufrimos a los aviones de carga como el Hércules o el Airbus 400 o helicópteros Tigre entre otros…, todos ellos entrenan sobre Bardenas y los pueblos de alrededor.

Noemí Solanas. Bardenas Libres

Aunque ya han finalizado Los ejercicios militares con fuego real Sirio19, en Bardenas no dejan de practicarse continuas maniobras, lo que supone un sinparar de vuelos, todos los días, vuelos constantes mañana, tarde y noche, de diferentes modelos de aeronaves y helicópteros militares, no sólo del ejército español, también de otros países integrantes de la OTAN.

Pasear por el campo o por las mismas Bardenas puede convertirse en algo inquietante, cuando alguno de estos monstruos metálicos irrumpe en la calma de la naturaleza. No hace falta ser muy observadora para percibir las reacciones de aves y otros animales ante la rápida escena del simulacro de guerra.

Sin embargo, la Comunidad de Bardenas ha financiado unas jornadas técnicas y divulgativas de la Reserva de la Biosfera, en las que ha participado el ministerio de Defensa, junto a la UNESCO y la Red de Reservas de la Biofera, en las que se han presentado unos estudios sobre el papel que tiene la propiedad militar en la conservación del medio ambiente. En ellos, se concluye que gracias al uso militar, se da una mejor conservación de la naturaleza.

No sabemos cuánto habrá costado este estudio con seguridad, pero sabemos que en los presupuestos de la Junta de Bardenas de 2018 se destinaban 125.000€ a estudios e investigaciones y 77.500€ al desarrollo del Plan de Turismo elaborado por Consorcio Eder.

Con el nuevo canon, a la Comunidad de Bardenas le va a sobrar dinero para poder pagar estudios interesados, estudios que silencien por ejemplo, la contaminación atmosférica que generan los continuos vuelos que sufrimos en Bardenas, y las verdaderas consecuencias para nuestra salud.

Aquí van algunos datos que no nos proporcionan desde el Ministerio de Defensa, ni desde el Ministerio de Transición Ecológica, ni desde Comunidad de Bardenas, ni desde Consorcio Eder y que son de suma importancia:
·El A400M es el mayor avión militar del mundo, es capaz de levantar 37 toneladas en el aire, consumiendo grandes cantidades de combustible (alrededor de 10 toneladas de queroseno/hora de vuelo), lo que también conlleva emisiones de gases nocivos como los óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, partículas en suspensión, benceno o contaminación por carbón negro, altamente peligroso para la salud.

·Los F-18, que también frecuentan nuestros cielos, generando un ruido estrepitoso, también consumen enormes cantidades de combustible, llegando a quemar 6.800 l/hora de vuelo
· El Departamento de Defensa estadounidense es uno de los peores contaminantes del mundo. Cada año compra cerca de 100 millones de barriles de petróleo refinado para sus aviones, buques de guerra, tanques y otras máquinas…

Desde mayo de 2018, España cede a EEUU la base militar de Zaragoza, a la que pertenece el espacio aéreo de Bardenas para preparar operaciones en Medio Oriente.
· La actividad militar, primer contaminante mundial, primer causante del desastre ecológico, no aparece en los tratados sobre Clima, está exenta de cualquier compromiso climático y cualquier mirada crítica.

Volvemos a insistir en la falta de legitimidad de la Comunidad de Bardenas para firmar estos contratos de arrendamiento para practicar la guerra. No es un ente democrático, ni representativo, ni mucho menos sincero ante las consecuencias reales que conlleva la actividad militar en estas tierras mal protegidas mediambientalmente.

Ahora cuentan con más recursos económicos para lavarse la cara manchada, no sólo por la contaminación, sino por la sangre que genera esta actividad militar en otros lugares del planeta.

Por mucho que se esfuercen, no van a poder convencer a la gente con un mínimo de sentido común, de que la actividad militar favorece la vida en la naturaleza.

Esperemos que ese Pacto de alcaldías por el Clima y la Energía de Navarra, que se está gestando actualmente vaya más allá de una simple declaración y ponga esta cuestión sobre la mesa.

http://ahotsa.info/edukia/bardenas-...

Categorías: antimilitar

Las maniobras militares dejan al menos 10 muertos y casi 40 heridos en Aragón en 20 años

10 April, 2019 - 00:00

A estos accidentes hay que sumar el que costó la vida a una vecina de Jaca al caerle la rama que tiró un helicóptero del Ejército.

Heraldo.es

Nueve personas han resultado heridas de diversa consideración tras un accidente en el aeródromo de Santa Cilia de Jaca donde se había preparado un escenario de aeroevacuación de supuestos heridos procedentes del hospital de Jaca con la participación de aeronaves de los tres Ejércitos. El percance ha ocurrido este miércoles a las 11.47, cuando el avión T21 del Ejército del Aire, por causas desconocidas y cuando trataba de aterrizar, ha dado varios botes sobre la pista hasta que al final ha acabado saliéndose de ella y cayendo por una pequeña vaguada. En la aeronave viajaban diez personas, cuatro tripulantes y seis miembros de la Unidad Medicalizada de Aeroaviacion (UMAER). Ocho han resultado heridos leves y el piloto está más grave al haber recibido un fuerte golpe en la cabeza.

Desde el pasado lunes 1 de abril se concentran en el Pirineo aragonés más de 3.500 efectivos de varios servicios especializados en situaciones de emergencia.

Desgraciadamente, los infortunios y accidentes durante maniobras militares han dejado un saldo de 10 muertos y casi 40 heridos en Aragón en los últimos 20 años.

13 paracaidistas españoles y estadounidenses, heridos en un salto en el campo de San Gregorio.

El 12 de junio de 2018 un total de 13 militares resultaron heridos de diferente consideración en un salto de paracaidismo en el campo de maniobras de San Gregorio. El accidente se produjo en un ejercicio de la Brigada VI Almogávares española y la 503 División de Paracaidistas de EE. UU. destinada en Vicenza (Italia). Una fuerte racha de viento de 37 km/hora a las 13.00 (los paracaidistas vuelan con un límite de 28 km/hora) provocó que el salto de 350 militares desde tres aviones resultara accidentado obligando a suspender el ejercicio. Uno de los militares españoles fue trasladado en helicóptero al Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

El resto, siete españoles y seis norteamericanos, fueron trasladados al hospital Militar con contusiones y heridas de carácter leve. Dos presentaban luxación de hombro, otro una fractura de nariz y otros dos sufrieron golpes en la cadera y en el estómago, respectivamente. Los seis restantes tenían contusiones varias. Dos días después uno de los 13 paracaidistas heridos fue trasladado en ambulancia a Madrid desde el Hospital Militar para que fuera atendido en otro centro por un problema de sensibilidad en su pierna derecha.

Un disparo fortuito acabó con la vida de Fernando Yarto

Fernando Yarto Nebreda, comandante destinado en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca (Emmoe), falleció el 10 de octubre de 2018 por las heridas causadas por un disparo fortuito que sufrió mientras supervisaba un ejercicio con fuego real en el campo de tiro Las Batiellas.

El tiro le alcanzó la ingle. La herida resultó ser fatal al afectarle la arteria femoral y a pesar de que el militar fue atendido sobre el terreno y luego en los hospitales de Jaca y Huesca, donde fue intervenido e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Fernando Yarto tenía 48 años y era profesor del curso de montaña que se estaba impartiendo en la Emmoe. De hecho era el jefe del departamento de Instrucción y Adiestramiento.

Fallece una mujer por una rama que cayó tras el paso de un helicóptero militar en Jaca

La mujer de 92 años que resultó herida grave en Jaca al caer sobre ella la rama de un árbol tras el paso de un helicóptero militar falleció el 30 de octubre de 2018 en el hospital Clínico de Zaragoza, a donde fue trasladada debido a la gravedad de sus lesiones. El suceso se produjo en la calle Albareda, cuando la señora paseaba con su cuidadora. Su acompañante también sufrió lesiones, afortunadamente de carácter leve. El helicóptero realizaba la maniobra de aproximación a la Emmoe durante un ejercicio de prácticas de vuelo en montaña.

Cuatro militares heridos por las esquirlas de un mortero en unas maniobras en San Gregorio

Un capitán y tres alféreces cadetes de la Academia General Militar (AGM) fueron ingresados en el Hospital Militar de Zaragoza de las lesiones sufridas el 10 de febrero de 2017 durante un ejercicio de tiro real con morteros en el campo de maniobras de San Gregorio. Los militares resultaron alcanzados por una explosión y fue necesario extraerles restos de metralla de las extremidades. Pese al susto inicial, las radiografías y pruebas médicas practicadas a las víctimas confirmaron que ninguna presentaba lesiones de gravedad. No obstante, dos de los lesionados tuvieron que pasar por el quirófano para extraerles las esquirlas metálicas que tenían alojadas en las piernas. Sus compañeros, que debían encontrarse más lejos en el momento de la explosión, solo presentaban heridas en los brazos y fueron curados con anestesia local.

El accidente se produjo en el barranco de Valdehacer, un paraje natural ubicado en el extremo suroeste del campo de maniobras, muy cerca de las localidades de Alagón y Cabañas de Ebro.

19 heridos en la Operación OTAN Trident Juncture

El 2 de noviembre de 2015 tres soldados belgas resultaron heridos en las maniobras de la OTAN Trident Juncture que se celebran en el campo de maniobras de San Gregorio. El accidente se produjo al volcar un camión del ejército belga que participa en el ejercicio y los heridos fueron trasladados en principio al hospital Role-2 y luego se les evacuó en helicópteros medicalizados al Hospital Militar donde fueron atendidos.

Unos días después, el 6 de noviembre de 2015, dieciséis militares checos resultaron heridos leves al volcar un helicóptero Mi-171 (de fabricación rusa) cuando iba a aterrizar en el campo de San Gregorio. Ocho de ellos fueron trasladados en un helicóptero Cougar del Ejército de Tierra hasta el Hospital Militar y los otros ocho fueron atendidos en el botiquín de la Base, y luego llevados en ambulancias al mismo centro.

Solo uno de los heridos quedó ingresado esa noche en observación, al haber sufrido un golpe en un ojo y recibir varios puntos de sutura. Los demás fueron atendidos de distintos traumatismos, policontusiones... que sufrieron en el vuelco y todos fueron dados de alta.

Muere un joven paracaidista en un ejercicio nocturno en San Gregorio

Un desgraciado accidente costó la vida el 28 de marzo de 2014 a un joven paracaidista que participaba en un ejercicio nocturno en el campo de maniobras de San Gregorio. El fallecido era un varón de 24 años que pertenecía a la Brigada Paracaidista Almogávares con base en Paracuellos de Jarama (Madrid) y era natural de Quintanar de la Orden (Toledo).

El accidente se produjo sobre las 20.15, cuando ya se había puesto el sol y este militar y otros compañeros hacían un salto en caída libre.

Tras el accidente el paracaidista fue atendido en un primer momento en el lugar de la caída y fue evacuado al Hospital de la MAZ, donde falleció, según fuentes de Defensa, aunque en el centro sanitario aseguraron que el joven ingresó ya cadáver.

Un militar muere y otro resulta herido al hacer explosión una granada en San Gregorio

El sargento 1º Salvador Huerta Moneo, de 37 años y natural de Borja, perdió la vida el 8 de junio de 2011 al hacer explosión una granada de mortero durante una «práctica habitual» en el campo de maniobras de San Gregorio. En el mismo accidente resultó herido otro compañero de la Brigada de Caballería Castillejos II, un cabo 1º identificado con las iniciales J. F. M. R., que fue evacuado en un helicóptero del 112 al Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Las primeras investigaciones apuntaron a que el sargento fallecido se bajó del vehículo al ver junto al camino lo que parecía ser un artefacto sin detonar. Fue en ese momento cuando se produjo la explosión, causándole la muerte prácticamente en el acto. Su compañero permaneció en todo momento en el blindado, por lo que la onda expansiva le causó lesiones menos graves.

De 1999 a 2011: 7 muertos y 11 sucesos graves

El campo de maniobras de San Gregorio fue escenario de once sucesos graves desde el año 1999 a 2011 donde perdieron la vida un total de siete personas, la mayoría jóvenes que no superaban los 26 años. Pero también resultaron heridos muchos otros soldados, algunos con traumatismos o quemaduras graves.

La tipología de los accidentes fue variada. Los explosivos provocaron al menos tres de ellos. En diciembre de 2005, un sargento primero de Castillejos II sufrió heridas graves en ojos y rostro. También un accidente ocurrido en septiembre de 1999, cuando un soldado de 19 años sufrió la amputación de ambas manos cuando manejaba un mortero. No obstante, los vuelcos de vehículos han sido los más habituales.

Fuente: https://www.heraldo.es/noticias/ara...

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El gobierno del PSOE se gasta 34 millones en dos drones de guerra

9 April, 2019 - 00:00

Por Insurgente

Acaba de cerrar la compra de dos unidades del vehículo aéreo no tripulado MQ-9 Reaper(Segador), también conocido como ‘Predator B', el arma sin piloto más letal de la que disponen las autoridades de Estados Unidos. El contrato supondrá el desembolso de 34,3 millones de dólares a la firma General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) por dos unidades del MQ-9 Reaper Block 5, que se unen a los dos ya adquiridos en 2017.

Los ‘Predator B' españoles estarán dotados del receptor radar AN/ALR-69A de Raytheon, el ‘pack' de contramedidas electrónicas y, lo que es más destacado, llevan bajo las alas para permitir armarlos, esto es, dotarlos de armamento como misiles ‘Hellfire', para atacar a objetivos concretos. y de varias bombas como las GBU-12 guiadas por láser, las GBU-38 JDAM y las GBU-49 Laser JDAM.

El ‘Predator B', la joya del Departamento de Defensa de EEUU en la ‘Guerra contra el Terror', puede ejecutar misiones de inteligencia y vigilancia, reconocimiento, apoyo aéreo de proximidad, búsqueda para rescate de combatientes, ataque de precisión, vigilancia de bases, convoyes, o guía de operaciones. Algunos medios indican que su primera misión será la vigilancia del estrecho para delatar la llegada de emigrantes.

https://kaosenlared.net/el-gobierno...

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IV Marcha a la Base de Viator

5 April, 2019 - 00:00
Categorías: antimilitar

El momento dulce del movimiento por la objeción de conciencia de Corea del Sur

3 April, 2019 - 00:00

Yongskuk Lee
Es el coordinador de la campaña por la objeción de conciencia en World Without War y objetor de conciencia. También es formador en la red de formación en no violencia Mangchi.

En una gran victoria para el movimiento a favor de reconocer la objeción de conciencia en Corea del Sur, los tribunales ordenaron a la Asamblea Nacional que prepare una ley que permitiría el servicio alternativo al Ejército para antes del 31 de diciembre. Éste fue el resultado de una decisión histórica del Tribunal Constitucional Coreano en junio, que dictaminó que la ley existente no garantizaba la libertad de conciencia bajo la Constitución.

Desde la decisión del tribunal, la sociedad coreana ha estado envuelta en un intenso debate sobre el tema. En el proceso, se han dado logros tangibles, como que el Tribunal Supremo declarara inocente a un objetor de conciencia por primera vez en la historia en noviembre. Por otro lado, se ha mostrado la omnipresencia del militarismo, y la lucha sobre cómo funcionará el servicio alternativo acaba de empezar.

Los coreanos creen firmemente que el poder militar es necesario para defender el país, dada su larga historia de ocupación extranjera y guerra. Hace cien años, Corea fue colonizada durante 35 años por el vecino Japón. Después de la liberación, las dos Coreas llevaron a cabo una guerra sin cuartel durante tres años, y ha habido conflicto militar constante de intensidad variable desde entonces.

La decisión del tribunal es importante si consideramos el poco tiempo que hace desde que este tema se puso en la agenda nacional. No hubo objetores de conciencia políticos al servicio militar durante el movimiento democrático de masas contra la dictadura en los 80. En ese momento, los movimientos estudiantiles y sindicales que lideraron el movimiento en Corea eran famosos por sus culturas militaristas.

Aunque ha habido más de 19.000 testigos de Jehová que han sido encarcelados desde 1945 —que pusieron la base de las conquistas de hoy— los objetores de conciencia políticos y los activistas pacifistas se merecen reconocimiento por convertirlo en un tema social. Más de 15 años de resistencia al servicio militar llevaron a esta decisión del poder judicial, del que se dice que es la institución más conservadora de la sociedad coreana.

Las estrategias que permitieron el éxito

El mayor factor en influenciar las recientes decisiones de los tribunales es que los objetores han seguido presentándose abordando la objeción de conciencia como un tema social. Los objetores políticos, en concreto, han hecho su existencia visible al hablar activamente sobre su pacifismo. Usando una variedad de tácticas —como celebrar conferencias de prensa y organizar actos con partidarios—, han convertido sus historias de rechazo del Ejército en un movimiento social.

En el centro de este movimiento estaba World Without War (WWW, Mundo Sin Guerra), que fue formado en 2003 por objetores de conciencia y activistas por la paz para defender la objeción de conciencia y promover la introducción del servicio alternativo. WWW ofreció consejo a aquellos que estaban preocupados por rechazar el servicio militar. La organización también trabajó con estos objetores de conciencia para considerar, planear e implementar formas de comunicar sus ideas a la sociedad coreana. La gente que se negó a hacer el servicio militar se reunió de forma natural alrededor de WWW y fue a la cárcel tras declarar su objeción de conciencia.

En los primeros momentos de la campaña, WWW hablaba principalmente sobre crear un servicio alternativo más que de cómo impedir que los objetores fueran enviados a la cárcel. Tras la invasión estadounidense de Iraq y el envío de soldados coreanos a luchar allí, la participación en la campaña por la objeción de conciencia pasó a ser vista como desobediencia civil contra la violencia estatal. Esto reforzó el movimiento por la paz y llevó a gente a rechazar el Ejército por una mayor variedad de motivos.

Hay soldados que han rechazado el servicio militar tras observar violencia del Estado contra manifestantes o envío de tropas a luchar en guerras injustas; hay feministas que lo han rechazado para redefinir y expandir el entendimiento de la masculinidad, que el Ejército ha distorsionado; y hay activistas queer que han rechazado las normas sobre género y orientación sexual a las que les obliga el Ejército cuando declaran su objeción de conciencia con WWW.

WWW trabajó para aumentar su contacto con la comunidad internacional mientras continuaba con su campaña por la objeción de conciencia. Los movimientos pacifistas internacionales como la Internacional de Resistentes a la Guerra (WRI, por sus siglas en inglés) han facilitado importantes consejos, planificación y ayuda en la ejecución de las campañas desde el comienzo del movimiento coreano.

Para la sociedad civil coreana, en la que el asunto de objetar al servicio militar era inusual, la solidaridad internacional era un oasis en el desierto. Las estrategias para las campañas y los casos prácticos de otros países han sido de gran ayuda. WWW también ha participado en Naciones Unidas y otros organismos internacionales. En concreto, los tratados internacionales de derechos humanos han jugado un rol importante en influenciar el poder judicial para dictaminar a favor de la objeción de conciencia.

También hubo una crisis. En 2007, el Gobierno de Roh Moo-hyun decidió introducir un sistema de servicio alternativo, pero la decisión fue totalmente rectificada por el Ministerio de Defensa después de que el Gobierno conservador de Lee Myung-bak llegara al poder. Tras ese revés, los activistas se sentían desamparados. Habían hecho todo lo que podían pensar, incluyendo la organización de todo tipo de acciones callejeras, la presión sobre la Asamblea Nacional, la creación de solidaridad internacional y la participación en los organismos internacionales de derechos humanos. Dado el panorama político de Corea, era dudoso que el cambio fuera posible si el Gobierno conservador continuaba. Los activistas estaban cansados, desanimados y, por encima de todo, se habían quedado sin respuesta sobre qué hacer y sobre qué se podría hacer.

Para reflexionar sobre su activismo y revitalizar los planes para construir campañas futuras, WWW albergó un curso de formación en no violencia usando la herramienta del Plan de Acción de Movimiento de Bill Moyer, con la ayuda de WRI. Esto se mostró muy oportuno y necesario para aquellos que participaban en la campaña. Este curso permitió que los activistas se sintieran empoderados de nuevo. Pudieron calmar su ansiedad al aprender que los movimientos sociales son un proceso largo y al encontrar las estrategias que necesitaban para conseguir sus objetivos a corto y largo plazo. Además, cada activista pudo encontrar activamente su papel en la campaña en el camino al éxito.

El liderazgo de las mujeres también tuvo una gran influencia en el movimiento de objeción de conciencia coreano. Ya que el servicio militar sólo es obligatorio para los hombres, las mujeres han asumido de forma natural roles de liderazgo porque los hombres que rechazan el servicio militar son encarcelados. Esto ha permitido a activistas femeninas liderar la campaña contra el servicio militar en Corea, lo que ha llevado al desarrollo de un movimiento más igualitario y democrático. WWW, por lo tanto, no cayó en trampas fáciles asociadas a los movimientos de objeción de conciencia, como convertir en héroes a los objetores masculinos.

Esfuerzos para superar los límites del éxito

Con la decisión del Tribunal Constitucional, la introducción de un sistema de servicio alternativo es ahora realidad. Sin embargo, algunos responsables del Ministerio de Defensa Nacional y del Gobierno no están interesados en abordar si el servicio alternativo cumple con los estándares de derechos humanos. El partido conservador, por ejemplo, está argumentando que el servicio alternativo debería usarse como una forma de castigo.

El sistema propuesto por el Ministerio el 28 de diciembre no es aceptable porque requiere que quienes opten por él trabajen el doble de tiempo de lo que lo harían si se unieran al Ejército, y limita su servicio a los centros penitenciarios. Si la introducción del servicio alternativo sigue este enfoque, puede que no sea una forma de expandir la libertad de conciencia o de debilitar el militarismo, sino más bien otra forma de castigar a los objetores de conciencia.

En consecuencia, WWW está trabajando junto a otras organizaciones de la sociedad civil para asegurar que el servicio alternativo propuesto por el Gobierno se pone a disposición de una manera más respetuosa con los derechos humanos y no punitiva. Actualmente se están organizando campañas para presionar al Ministerio de Defensa Nacional y persuadir al Gobierno, así como mejorar la opinión pública sobre la objeción de conciencia.

Con la ayuda de un miembro de la Asamblea Nacional —que es abogado de derechos humanos y defensor de la objeción de conciencia— WWW hará una lista de legisladores que pueden ser más fáciles de persuadir y les hará blanco de sus acciones, tanto en internet como fuera de ella. También planean presentar ejemplos de servicio alternativo en otros países que son más justos, dado que hay más antipatía contra la objeción de conciencia que nunca.

WWW es totalmente consciente del límite del servicio alternativo y ahora está preparado para seguir desarrollando el movimiento del antimilitarismo tras su introducción. Los activistas han organizado seminarios y debates sobre este tema, y en los próximos meses desarrollarán talleres para marcar objetivos y estrategias para WWW, ya que el movimiento evoluciona más allá del servicio alternativo.

Artículo publicado originalmente por Waging No violence: After historic breakthrough, South Korea's movement for conscientious objection faces new challenges. Traducido por Eduardo Pérez para El Salto.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/antim...

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El ejército español participará en el desarrollo del futuro «avión de combate europeo»

2 April, 2019 - 00:00

Insumissia

El pasado mes de febrero el ministerio español de defensa firmó su adhesión al programa FCAS (Future Combat Air System) que ya vienen desarrollando los estados francés y alemán. Con este programa se trata de crear una aeronave de combate tripulada y «de altas prestaciones» de sexta generación.

Con este proyecto, cuyo desarrollo de diseño comienza justamente ahora y que no ofrecerá su «capacidad operativa completa» hasta, al menos 2040, se pretende apoyar el pulso que la industria aeronáutica militar europea mantiene con su homóloga norteamericana. Eso y los buenos negocios de las empresas, los políticos adjudicatarios de la obscena cantidad de dinero que va a movilizar el proyecto durante años, y de los comisionistas.

Por su parte, el ejército español del aire, en la persona del general del aire Javier Salto Martínez-Avial, por delegación de la ministra de defensa, anunció el pasado viernes la firma del «Documento de Requisitos Operacionales de Alto Nivel» por el que dicho ejército participará en el FCAS con la intención de reemplazar su actual flota de Eurofhigthers por el futuro avión de combate europeo hacia 2040.

Como puede apreciarse, la industria militar de aviación es un pozo sin fondo de dinero para programas de aeronaves que se quedan obsoletas apenas han sido entregadas y requieren nuevos modelos y proyectos en un círculo vicioso sin fin.

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El movimiento de insumisión que llevó a cientos de jóvenes a prisión está de aniversario

1 April, 2019 - 00:00

Se cumplen 30 años de la primera presentación de insumisos en los juzgados que originó la entrada en prisión de hasta 1.500 jóvenes antimilitaristas que se negaban a hacer la mili y la prestación social sustitutoria, el mayor movimiento de desobediencia civil de este país.

SEVILLA

Santiago F. Reviejo

Fue, nunca mejor dicho, una lucha sin cuartel, tenaz, aunque nadie levantara una mano, tirara una piedra, quemara un contenedor. Fue una lucha que llevó a prisión a cientos de jóvenes españoles que incumplieron la ley a conciencia en la mayor campaña de desobediencia civil de este país y de las más importantes que se hayan llevado a cabo en Europa. Su bandera era la no violencia, su objetivo, la desaparición del servicio militar obligatorio, a corto plazo, y la de los ejércitos y la violencia, a otro mucho más largo. El primero, lo consiguieron. El segundo, todavía es una quimera.

Se cumple ahora, en 2019, el 30 aniversario del comienzo de la campaña del Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) de insumisión al servicio militar y a la Prestación Social Sustitutoria (PSS), creada para quienes rechazaban ir a un cuartel por razones éticas. Entre febrero y junio de 1989, se presentaron de forma voluntaria ante los jueces de diferentes capitales españolas cerca de 200 jóvenes que se negaban a hacer ninguno de los dos servicios que estaban obligados a realizar sólo los hombres al cumplir los 19 años, bajo pena de cárcel de un mínimo de dos años, cuatro meses y un día, si no lo hacían. Esos 200 fueron los primeros, luego se sumaron muchos más, miles de jóvenes más que, en las manifestaciones que se prodigaban por todo el país, cada vez más multitudinarias, gritaban: “insumisos pa lante, militares pa tras”.

El Gobierno de Felipe González, con mayoría absoluta del PSOE desde 1982, intentó contener la avalancha con un “indulto encubierto”, según el MOC, de más de 21.000 objetores de conciencia al servicio militar que habían sido reconocidos antes de 1988 y a los que se eximía de realizar cualquier tipo de prestación. Sin embargo, esa medida no consiguió parar la marea: objetores ‘indultados' volvieron a presentarse como objetores para seguir desobedeciendo una ley que consideraban totalmente injusta, y cientos de jóvenes continuaron declarándose insumisos en toda España. La ola era ya imparable.

“En los años 80 se vivió un boom en España en el que la gente empieza a tomar conciencia de lo que es la libertad después de tantos años de franquismo, de la represión de las ideas, con un tejido social cada vez más amplio y participativo”, explica Enrique Luna, histórico integrante del MOC en Sevilla, uno de los primeros grupos de este movimiento de objeción antimilitarista que se creó en España. Ese magma social en ebullición constante y una estrategia de “acción no violenta” desarrollada con una preparación minuciosa y una “enorme creatividad” fueron los que propiciaron el éxito de esta movilización sin precedentes, añade José Luis Batres, objetor y hermano de Francisco Javier Batres, ‘Frasco', ya fallecido y uno de los primeros insumisos a la PSS que ingresó en prisión, siendo estudiante en la Universidad de Sevilla.

Pepe Beunza, el primero en declararse objetor en España por razones éticas y políticas en el año 1971 y preso hasta 1974, lo explica así en un artículo publicado en 2014: “La persona que dice no a lo que considera una obligación injusta, lo hace públicamente y acepta las consecuencias, desarrolla una fuerza más poderosa que un estado, un dictador o una ley. Así entiendo yo la objeción de conciencia. Siempre se paga un precio, a veces pequeño, pero, según en qué circunstancias, puede significar la libertad o la vida. En este caso, el efecto dominó puede ser tan importante que consiga que las leyes injustas desaparezcan o los tiranos caigan”.

Esa “fuerza poderosa” la representaron mejor que nadie los aproximadamente 1.500 insumisos que, según los cálculos del MOC, entraron en prisión desde 1989 hasta poco después de 2001, año en el que el Gobierno de José María Aznar aprobó el decreto que acabó con más de 200 años de servicio militar obligatorio de reclutas en nuestro país y que, de paso, eliminó la PSS. “Había un compromiso personal muy fuerte” de gente que siendo muy joven se exponía a ir a la cárcel por defender sus ideas, señala Enrique Luna.

Fueron 1.500 los encarcelados, pero hubo muchos más que nunca llegaron a ser juzgados y otros muchos que fueron procesados y condenados que no entraron en prisión como parte de una “estrategia de represión selectiva” que siempre practicó el Estado, según el MOC, para intentar debilitar y dividir al movimiento antimilitarista. Javier Esquivia fue uno de los que no llegó a entrar en prisión, pese a haber sido condenado en un juzgado militar a 2 años y 4 meses por haber desertado del ejército a los tres días de alistarse en un cuartel de Badajoz, lo cual no era más que otra estrategia de desobediencia de los insumisos para seguir golpeando en el hígado del Gobierno. “Estuve así esperando seis años a que vinieran a buscarme hasta que abolieron la mili y publicaron el indulto en el BOE”, recuerda Esquivia.
La “dura experiencia” de la prisión

Quien sí entró en la cárcel fue Antonio Moreno, a los 27 años, cuando acababa de crear una cooperativa como animador sociocultural y formado una familia. “Fue una experiencia muy dura, para mí y para mi familia”, rememora aún con el dolor de aquellos 15 meses que pasó en la vieja prisión Sevilla 1 por negarse a hacer la PSS. “Yo fui –dice- el último preso político de la Ranillla”, como se conocía a este centro penitenciario donde fueron encerrados cientos de represaliados por el franquismo y que fue derribado en 2007 para albergar en su lugar un parque y un centro cívico que este insumiso aún no ha sido capaz de pisar.

Las condiciones de aquella prisión, construida en 1933, eran pésimas, según Antonio Moreno, quien recuerda que, pese a su soledad de preso objetor de conciencia entre lo que se denominaban delincuentes comunes, mantuvo una relación muy positiva con los otros reclusos, que sufrían en general un alto grado de analfabetismo y a quienes él ayudaba a rellenar instancias y otros papeleos.

Las mujeres, aunque no tenían que hacer la mili ni la PSS, también tuvieron una participación muy importante en el movimiento antimilitarista. Fueron muchas, como Nanda Pombero o Reyes Mármol, integrantes del MOC sevillano, las que se dejaron también un montón de horas de su juventud en la preparación de movilizaciones, de campañas de desobediencia civil y de grupos de apoyo a los insumisos presos. Todo se preparaba a conciencia. A ellas, la eclosión del movimiento feminista tras el éxito de las huelgas y manifestaciones de los últimos 8-M les recuerda, de alguna forma, el ímpetu y la magnitud que alcanzó la lucha antimilitarista en los años noventa en España.

La autogestión, la independencia de cualquier partido político y un funcionamiento asambleario en el que no había líderes propiciaron, a juicio de sus integrantes, la expansión y el éxito social de un movimiento antimilitarista que bebía de muchas fuentes: de las organizaciones cristianas de base, del movimiento vecinal, del libertario, del amplio rechazo a la OTAN fracasado en un polémico referéndum en 1986, de la lucha jornalera en los pueblos andaluces, de corrientes nacionalistas en otras comunidades autónomas, de la lucha no violenta de Gandhi y otros precursores. Tal fue el convencimiento que generaban que hasta algunos jueces acabaron ‘sumándose' a la causa, como el titular del Juzgado de lo Penal 4 de Madrid en 1992, José Luis Calvo, que absolvió a un insumiso al considerar prioritaria “la libertad de conciencia y la dignidad de las personas”, o el del Juzgado de Instrucción 1 de Terrasa (Barcelona) en 1989, Ramón Maciá, que manifestó que la “insumisión era una postura ilegal, pero éticamente aprobable”. “Como ciudadano –dijo- entiendo que un insumiso no representa una peligrosidad social que pueda conllevar una medida tan extraordinaria como la de prisión”.

Aunque el movimiento antimilitarista desapareció de los medios de comunicación tras la abolición de la mili, sus representantes aseguran que la causa continúa, aunque por otras vías. “Yo creo que el movimiento ha evolucionado y para bien, porque ha enriquecido a otros movimientos sociales que se han nutrido de la experiencia de aquella lucha”, señala Juanjo Soriano, uno de los pioneros del MOC andaluz, que recalca que “el objetivo siempre ha sido transformar el mundo” para que sea más justo, más igualitario, “no acabar sólo con el ejército, sino con toda la violencia estructural”, que asola al mundo.

Adrián Collado, otro histórico del movimiento lo explica de esta manera: “La seguridad consiste en que la gente tenga para comer, para pagar la luz, que no haya violencia machista, que no haya tanta desigualdad entre Norte y Sur…” “Se perdió uno de los objetivos más importantes de nuestra lucha, que era acabar con la mili, pero hay otros muchos más frentes donde hay que actuar”, recalca a su lado Manuel Soriano. “No se pueden entender la lucha contra la guerra, el 15-M y otras movilizaciones sin lo que ha supuesto el movimiento antimilitarista”, apostilla Antonio Moreno.

Fuente: https://www.publico.es/sociedad/mov...

Categorías: antimilitar

Cada guerra es una guerra contra los niños

31 March, 2019 - 00:00
Categorías: antimilitar

Colombia: Las mujeres que exigen una paz completa

29 March, 2019 - 20:54

Marcha de mujeres colombianas para exigir el fin de la guerra | Fotografía cedida por Organización Femenina Popular (OFP)
Estefanía M. Amador

Lis Gaibar
El Salto

Alba Teresa Higuera fecha en 1979 el momento en el que empezó a crecer. Tenía entonces 12 años y los fines de semana se trasladaba a barrios marginales del noreste de Colombia para trabajar con la comunidad. “Empecé a vivir lo que era el conflicto en su faceta económica, social y medioambiental, aunque no de manera consciente”, cuenta. Las preguntas llegaron más tarde, cuando entró a formar parte del movimiento juvenil: “Comenzamos a investigar para tratar de entender por qué tanta desigualdad, por qué las diferencias entre barrios eran evidentes. Y fuimos tomando conciencia de que había un conflicto que no sólo era armado”. Asumir esta realidad le llevó a rebelarse contra ella, pero su lucha por los derechos humanos implicó amenazas. Y el temor a engrosar la cifra de lideresas de derechos humanos asesinadas le obligó a exiliarse.

Colombia ya no se encuentra dentro de la lista de países donde se libra un conflicto armado de alta intensidad. A nivel internacional, se habla de un periodo de casi tres décadas de conflicto en términos pasados. Las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se materializaron con la firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016, un texto que el Gobierno actual, sin embargo, “quiere deslegitimar porque no cree ni en la paz ni en el enfoque de género”, según defiende Leonora Castaño, activista colombiana que tuvo que abandonar su país tras repetidas amenazas.

Una situación, la de lideresas de derechos humanos asesinadas o amenazadas, que no ha cambiado mucho pese a la paz sobre el papel: “El gobierno actual es cómplice de los asesinatos de centenares de lideresas y líderes de derechos humanos en los últimos seis meses”, sentencia Higuera. Las cifras de la Defensoría del Pueblo hablan de 462 lideres y lideresas sociales asesinados entre el 1 enero de 2016 y el 28 de febrero de 2019, y según un reciente informe de Front Line Defenders (FLD) fueron 127 los asesinatos cometidos el año pasado, situándose Colombia como el país en el que, con diferencia, más defensores de derechos humanos se asesinan.

Pero pese a las dificultades y amenazas, las organizaciones de mujeres constructoras de paz que existen en Colombia, y que están presentes también en el exterior a través de mujeres exiliadas, no han cesado su labor para que su lucha se reconozca. Esta lucha comenzó de forma paralela al conflicto, al margen de cualquier grupo armado, y aunque las amenazas que tuvieron —y tienen— que afrontar son numerosas, ellas han sumado victorias.

Las mujeres colombianas consiguieron que se constituyera la Subcomisión de Género, un mecanismo encargado de incorporar, en todos los puntos de la agenda de las negociaciones y de manera transversal, los asuntos relativos al género a través de medidas específicas para mejorar la vida de las mujeres. Esta Subcomisión pasó a ser una Instancia Especial durante la fase de implementación que debía velar por lograr este objetivo.

No obstante, más de la mitad de los compromisos con enfoque de género ni siquiera se han iniciado. Y aunque también lograron que quedara plasmado que la violencia sexual no debía ser objeto de indulto ni amnistía, una vez más la norma escrita no ha garantizado una justicia real para las mujeres.

Violencia sexual: mirar hacia otro lado

A finales de 2018, la organización colombiana SISMA Mujer emitió su informe sobre violencia contra las mujeres y niñas. Los datos eran espeluznantes: 144 feminicidios —casi el triple que en España— y más de 16.500 casos de violencia intrafamiliar reportados en 2017, más de 20.000 casos de violencia sexual ese año y un incremento del 15% en 2018, una defensora de derechos humanos agredida cada dos días en 2017 y, a pesar de la firma de los acuerdos, ese año “una mujer fue sexualmente agredida aproximadamente cada dos días por algún actor involucrado en la violencia sociopolítica”.

En 2017 se cometieron 144 feminicidios en Colombia y un 15% más de casos de
En el contexto de esta violencia, y aunque tal y como resalta este informe resulte significativo que en 2018 “sean los miembros de la fuerza pública los mayores responsables [37%] de la violencia sexual contra las mujeres”, Adriana Benjumea, abogada y directora de la Corporación Humanas Colombia, no duda en señalar la responsabilidad compartida de la violencia sexual. “Si se analizan los discursos de la guerra y la responsabilidad, se habla de FARC cuando se mencionan los secuestros o del Ejército cuando sale el tema de los falsos positivos, pero si tú hablas de violencia sexual, todo el mundo se queda callado porque en todos los bandos violaron a mujeres”. En este sentido, Gloria Amparo Suárez, coordinadora de la Organización Femenina Popular de Colombia, destaca el empleo de la violencia sexual durante todo el conflicto armado “como una forma de agredir al bando contrario, someter a las comunidades o generarles miedo”.

Es por ello que caer en la comparativa de cifras de víctimas de violencia sexual, defiende Adriana Benjumea, es un error. “No sirve la lógica del que más bueno es el que menos violó, porque ni un país ni una revolución se pueden construir violando a mujeres”. No es, dice, una cuestión de ética en los bandos, sino de presencia en los territorios. Por eso, y si bien la abogada explica que el hecho de que los agentes armados abandonen un lugar hace que las mujeres les denuncien porque se sienten más seguras, esta realidad también implica la gran complejidad para abordar ciertas acusaciones, como aquellas que implican “a un Ejército que ha violado a mujeres jóvenes y adultas” en un contexto “donde el monopolio de fuerzas y armas lo tiene la fuerza pública” y las mujeres carecen de la garantía por parte del Estado para denunciar esos delitos.

En este sentido, Benjumea también critica el empleo de las violencias sexuales como arma política: “En el proceso nadie se ha acordado de las víctimas, pero ahora todas las partes quieren probar que el otro fue más violador mostrando la violencia sexual que les conviene, lo cual es todavía peor para las víctimas, porque las divide en categorías en tanto que según qué bando las violó tendrán más o menos posibilidades de conseguir justicia”.

La negativa de los agresores a reconocerse como tal y las dificultades que ha de enfrentar una mujer para probar que fue violada en este contexto, según explica Benjumea, dificulta más si cabe la cuestión: “Es demasiada impunidad que los violadores ni siquiera se reconozcan como tal”. Esta falta de respuesta y de protección por parte de las instituciones, apoya Suárez, se traduce en desconfianza y desesperanza por parte de las mujeres.

La disputa por el territorio

El Gobierno actual, liderado por Iván Duque, del Partido Centro Democrático —fundado y liderado por el expresidente colombiano Álvaro Uribe—, ya ha manifestado sus reticencias a cumplir los acuerdos establecidos. Un hecho que, según Gloria Amparo Arboleda, lideresa por los derechos de las mujeres afrodescendientes colombianas y miembro de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), se debe a intereses particulares que “siguen la línea de un sistema en el que la importancia la tienen los datos sobre el capital y las altas producciones del recurso, antes que las necesidades de la población colombiana”.

Para Arboleda, esta situación es un claro ataque hacia la población campesina, la cual vive en un 50% de los casos en zonas donde aún continúa el conflicto armado, según el último informe de la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC). “¿Cómo va a haber un país en paz cuando no hay agua, ni energía, ni producción del campo y no hay inversión social para ello?”, reflexiona Arboleda, que también afirma que “el impacto del conflicto en las zonas rurales es mucho más intenso al vivir de lo que se cultiva”. Alboreda considera que esta situación es aún más evidente en el ámbito rural si se habla sobre la mujer afrocolombiana: “El hecho de ser pobre —económicamente hablando— de vivir en zonas rurales, no tener formación, no estar en el sistema y no poder incidir políticamente; el hecho de ser mujer —mucho más si es mujer afrocolombiana—, son discriminaciones que apabullan a la participación y la felicidad real de un ser humano en el país”.

Los desplazamientos internos en Colombia se contabilizan, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, en más de siete millones de personas desplazadas de sus hogares desde el inicio del conflicto. Uno de estos desplazamientos forzados fue el que vivió la familia de Laura Hoyos. Ella tenía cinco años cuando su pueblo, Miraflores (Guaviare), fue el escenario de una de las tomas guerrilleras que tuvieron lugar en 1998 durante el conflicto armado. La Toma de Miraflores tuvo como desenlace 16 muertos y 129 personas secuestradas.

Para Laura fueron cuatro días de desaparición hasta que su familia pudo encontrarla en la casa pastoral de la localidad. Ella lo tiene la claro: el objetivo de aquel ataque era “el control sobre unas tierras ricas en petróleo”, recursos que se disputaban los diferentes grupos guerrilleros que habitaban en la zona. “Que nuestra familia perdiera todo lo que tenía provocó nuestro desplazamiento a la ciudad, y esa es una culpa del sistema establecido, no de un grupo armado en concreto”, afirma.

En este sentido, Alba Teresa Higuera no duda en denunciar la responsabilidad de las multinacionales —también españolas— “al unirse con los grupos paramilitares como estrategia de despoblamiento” en zonas ricas en recursos naturales, con el objetivo de tener poder sobre esas tierras y sus riquezas, pero también el control político y social de todas las comunidades, según defiende. “Los asesinatos a lideresas se concentran en los territorios donde están defendiendo la tierra”, ilustra Higuera para explicar la urgencia de desmantelar a los grupos paramilitares.

Gloria Amparo Suárez, coordinadora de la Organización Femenina Popular de Colombia, va más allá acusando la hipocresía del extractivismo tras los acuerdos de paz: “Las multinacionales financian, expropian y explotan nuestros recursos y necesitan al actor armado para garantizar su seguridad”, argumenta, “son actores que juegan al Dios y al diablo: por un lado patrocinan la paz pero por otro aprovechan sus espacios para obtener nuestros recursos”.

Organización y respuesta femenina

Intereses económicos y posiciones estratégicas hacen que la población rural colombiana sea la más dañada por 56 años de conflicto. Pese a ello, las lideresas de campesinas no cesan en su empeño por lograr una paz anhelada pero también, tal y como definen, una justicia real contra el patriarcado y contra una violencia estructural agudizada por el conflicto armado, donde se subestiman los derechos de la mujer y sus cuerpos se transforman en un arma de guerra. En este contexto, la organización se convierte en una necesidad apremiante para dar respuesta.

La Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), explica Leonora Castaño, nació en 1986 “con objetivo de levantar la autoestima de las mujeres, que se reconocieran como sujetas de derechos a través de la capacitación y organización, y que percibieran que lo que pasaba en sus vidas no era lo normal, sino un asunto de discriminación y opresión hacia la mujer, especialmente hacia la mujer rural”. Sin embargo, en un primer momento su lucha no era compartida por actores políticos: “Sufrimos varios momentos de deslegitimación, tanto agrupaciones de derechas como de izquierda, que ponían en duda nuestro trabajo básicamente por ser mujeres”, destaca Castaño.

“La ANMUCIC sufrió varios momentos de deslegitimación, tanto agrupaciones de derechas como de izquierda, que ponían en duda nuestro trabajo básicamente por ser mujeres”, destaca Castaño.

La lucha que lideraba ANMUCIC versaba sobre el derecho de la mujer a la tierra y la propiedad, un empoderamiento en las zonas rurales que ponían en peligro ciertos intereses económicos y políticos. Desde el comienzo, la organización se manifestó neutral dentro del conflicto armado, una declaración de autonomía que, como explica Castaño, provocó que fueran declaradas objetivo militar. Este hecho significó una oleada de ataques y amenazas hacia las más de 90.000 mujeres que formaban parte de ANMUCIC.

No es, sin embargo, el único caso ni el más temprano. En 1972 nació la Organización Femenina Popular (OFP) de Colombia, a la que Gloria Amparo Suárez está vinculada desde hace 30 años. Este espacio —presente ahora en ocho municipios— genera actividades de formación y capacitación a las mujeres y persigue un objetivo fundamental: quitarle base social a la guerra. Yolanda Becerra, integrante de la OFP, declaró en el documental Amanecerá y veremos. Mujeres protagonistas de paz en Colombia, producido por la ONGD valenciana Atelier, que “el reclutamiento de nuestros hijos resultó condicionante para que las mujeres asumiéramos un protagonismo de liderazgo social”.

Suárez corrobora que el hecho de que muchas vieran cómo los agentes armados recurrían a la población vulnerable para engrosar sus filas fue un incentivo que las llevó a “tener y visibilizar una posición clara en contra de la guerra y por la construcción de la paz”. Entre otras acciones, la OFP plantea alternativas a los jóvenes “para que la necesidad no les lleve a involucrarse en actores armados, legales o ilegales, y puedan decirle no al conflicto”, según explica la lideresa, que destaca uno de los lemas de la organización: “Las mujeres no parimos ni forjamos hijos para la guerra”.

Sin embargo, esta postura de “autonomía y civilidad ante la defensa de la vida y de nuestros espacios”, tal y como lo define la portavoz, se tradujo, igual que en el caso de ANMUCIC, en amenazas constantes. “Desde el año 2000 empezó una persecución muy grande contra cada una de nosotras, nos han asesinado a familiares y varias se han tenido que exiliar, nos han perseguido y han matado a dos compañeras y un compañero”, defiende Suárez, que enumera más de 148 hechos directos contra la OFP “fundamentalmente por parte de los paramilitares”.

Según Gloria Arboleda, fue también a partir del año 2000 cuando la cifra de 90.000 mujeres que formaban parte de ANMUCIC se redujo a menos de mil mujeres: “Muchas compañeras tuvieron que huir del país, otras fueron asesinadas o no pudieron continuar la lucha por el miedo”. Para evitar los continuos ataques tuvieron que poner en prácticas “acciones que les permitieron seguir organizándonos sin ser expuestas”, relata Alboreda. Pero pese a estas nuevas estrategias de lucha, miles de mujeres tuvieron que recurrir al exilio para garantizar su integridad física y la de sus familias.

Persistir desde el exilio

Leonora Castaño, Alba Teresa Higuera y María Esperanza Ramírez, madre de Laura Hoyos, abandonaron su país a través del programa “Somos defensoras” de Amnistía Internacional. Dicha iniciativa les garantizaba la posibilidad de vivir en el Estado español con el estatus de refugiado, el acceso a una vivienda y las necesidades básicas cubiertas durante un año. Tras ese periodo, solo quedaba un billete de regreso que ninguna utilizó por el riesgo que supone hacerlo.

Sus historias coinciden también en la continuidad de una lucha activa por la paz mientras intentaban integrarse en una sociedad en la que, aún en la actualidad, se definen como revictimizadas: “Ya somos víctimas de vivir en el exilio porque yo no elegí venir a España por voluntad propia, pero lo vuelvo a ser por el hecho que una vez aquí intenten separar a mi familia, nos dificulten nuestra integración o no se nos reconozcan nuestros derechos humanos“, resalta Laura Hoyos, quien llegó a Elche (Alicante) en 2015 para reunirse con su madre y su hermano pequeño, que llevaban un año en el país.

Esta reivindicación es compartida por otras refugiadas: “La precariedad laboral es una constante, y el derecho a una pensión o a ciertas prestaciones educativas es inexistente”, comenta Alba Teresa Higuera, quien reflexiona sobre si la situación de exilio que comparte con miles de compañeras no es otra de las estrategias del Estado colombiano “para castigar su opción de vida como mujer defensora de los derechos humanos” y desvertebrar así el movimiento en Colombia. Pero tienen, defiende Higuera, un mensaje común para el Estado colombiano: “No vamos a doblegarnos: aunque nos intentasteis asesinar y nos obligasteis a dejar nuestro país, seguimos luchando”.

Con esta convicción, a partir de la unión y el diálogo las defensoras de derechos humanos fundaron La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España. Con el objetivo de fomentar y dar continuidad a la participación de las mujeres migrantes colombianas que residen en España, La Colectiva vertebra un trabajo de incidencia pública contra las violaciones de los derechos humanos hacia las mujeres colombianas que tuvieron que huir de su hogar, y trabajan demandas relacionadas con el cumplimiento de sus derechos como víctimas en el exterior. “Construimos La Colectiva como un proceso para seguir siendo mujeres de paz”, señala Higuera.

El exilio implica un cambio de residencia, pero el impacto es integral debido a que además de las condiciones socioeconómicas de precariedad, el impacto psicosocial es el más complejo de gestionar. “Tenemos que construir a partir de nuestro dolor, a través de la resiliencia”, Higuera expresa este proceso como un camino de acompañamiento junto al resto de exiliadas en el que son conscientes de su dolor, lo aceptan y comparten.

Ella lo tiene claro: “Solas no podemos vencer este sistema capitalista y de desigualdades ni trabajar para la preservación del medioambiente, de la justicia, de la verdad, de la reparación o del retorno con garantías”. Higuera defiende que las mujeres siempre han sido constructoras de paz y de memoria, a lo que Gloria Amparo Suárez añade que lo que piden va más allá de la firma de acuerdos: “Necesitamos una paz completa y necesitamos que nos dejen construirla; acallar los fusiles no es suficiente, tiene que haber unas transformaciones estructurales y políticas que correspondan a la realidad regional y de las comunidades”, resume.

Dentro y fuera del país, la sororidad para conseguirlo ha sido una constante de las mujeres colombianas, tanto en los años de conflicto armado como en el periodo actual: “Un miedo compartido es un miedo fortalecido”, resume Gloria Amparo Suárez, “y no renunciamos a nuestros principios porque es mejor ser con miedo que dejar de ser por miedo”. Alba Teresa Higuera defiende, en este sentido, que han “aprendido a valorar la diversidad de los saberes y a romper nuestras estructuras internas”, y que la construcción de la paz ha sido conjunta por los objetivos comunes. La resistencia, concluye Suárez, no la habrían podido hacer solas: “Ha sido una convicción de una defensa por la vida, de que las palabras y las ideas tienen que ser más fuertes que las armas. Una convicción para generar y cambiar estructuras y culturas que generan el machismo; una convicción por la libertad y la autonomía de las mujeres”.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/colom...

Categorías: antimilitar

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