Historically, Australian medical schools have followed the British tradition by conferring the degrees of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) to its graduates whilst reserving the title of Doctor of Medicine (MD) for their research training degree, analogous to the PhD, or for their honorary doctorates. A notable exception is the Bachelor of Medicine (BMed) joint program of the University of Newcastle and the University of New England. Although the majority of Australian MBBS degrees have been graduate programs since the 1990s, under the previous Australian Qualifications Framework (AQF) they remained categorised as Level 7 Bachelor degrees together with other undergraduate programs. The latest version of the AQF includes the new kamagra ireland buy kamagra category of Level 9 Master's degrees (Extended) which permits the use of the term 'Doctor' in the styling of the degree title of relevant professional programs.





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Actualizado: hace 15 horas 37 min

10.700 millones al año: Los rostros de la pujante industria militar española

1 September, 2017 - 22:20

Altos mandos militares, políticos que cruzaron la puerta giratoria o familias que se han lucrado con las fábricas de armas durante décadas se unen a las multinacionales para explotar un sector que factura más de 10.000 millones de euros al año.

carlos del castillo @CdelCastilloM

La principal característica de la industria militar española es que no existe. Desde los grandes grupos multinacionales a las empresas familiares, los fabricantes de armas operan en un sistema diseñado para ocultarlos. No producen misiles, ametralladoras, ni explosivos, sino material de defensa. No existen para el Parlamento, que solo puede supervisar su actividad cuando sus productos ya han sido fabricados y vendidos. Productos que ni siquiera existen cuando llegan al país de destino, puesto que el Gobierno no supervisa nunca en qué se emplean.

«La ley española de comercio de armas solo obliga al Gobierno a informar de los países a los que se exporta armamento y del volumen total de la exportación, en euros. No requiere que se haga mención a la empresa ni al tipo de arma que vende, sino que permite que se hagan epígrafes tan amplios como material aeronáutico para definir sistemas de reabastecimiento de combustible en vuelo, que se utilizan en bombardeos. La ley está diseñada para avalar el secretismo», resume Pere Ortega, del Centre Delás d'Estudis per la Pau.

Dicha ley establece que un órgano gubernamental, la JIMDDU, evalúe cada exportación de armas por si hay riesgo de que se utilicen para violar derechos humanos o cometer crímenes de guerra. No obstante de cara al ciudadano este órgano tampoco existe, puesto que las actas de sus deliberaciones son documentos clasificados y, por tanto, secretos. En cualquier caso, el porcentaje de autorizaciones denegadas ronda cada año el 1%, por lo que no está muy claro que exista tampoco para los vendedores de armas.

«Cuando nos hemos reunido con ellos, el Gobierno aduce a que como son tan rigurosos, las empresas presentan solo aquellos contratos que saben que se van a autorizar», relata, incrédulo, Alberto Estévez, portavoz de Armas bajo control. Esta iniciativa, integrada por Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón para regular el comercio de armamento, señala en su último informe que España tiene vastas áreas de mejora en cuanto a la transparencia del proceso, el control parlamentario y la supervisión de las armas sobre el terreno.

Sin embargo, en la industria inexistente hay un factor que todos publicitan: el dinero. Según Tedae (la patronal de empresarios de armamento), las 78 empresas de armas españolas facturaron 10.700 millones de euros en 2016. Exportaron el 83% de sus productos, convirtiendo a España en el séptimo exportador mundial de armas, y dieron trabajo a 55.861 personas. Estas son algunas de las caras tras esta boyante y opaca industria:

José Fernando Sánchez-Junco Mans

“Nuestro objetivo es que nuestra aportación a la cadena de valor de nuestros clientes, en cualquier punto del mundo, se transforme en progreso y desarrollo sostenible para el conjunto de la sociedad”. Aunque parezca increíble, con estas palabras presenta José Fernando Sánchez-Junco Mans a la empresa que preside, Maxam, el primer fabricante de explosivos de Europa y el segundo del mundo.

MaxamCorp ejemplifica cada una de las generalidades que se atribuyen a la industria militar española. Pese a su envergadura (el grupo presume de más de 140 compañías en los cinco continentes, 6.500 empleados en todo el mundo, fábricas en más de 45 países y ventas en más de 100 que le suponen más de 1.000 millones de euros al año de facturación) es una gran desconocida para los ciudadanos. Prueba de ello es que, pese a su envergadura, ni siquiera cuenta con una entrada en la Wikipedia. Esconde su división armamentística, que incluso recibe otro nombre, Expal, y cuando debe hacer referencia a su volumen de negocio militar defiende que solo es «un 20%». Cierto, teniendo en cuenta que el armamento es una de sus cinco divisiones de negocio. Además, asegura que la mayor parte de ese porcentaje viene de «la destrucción y reciclaje de todo tipo de municiones y explosivos, de la descontaminación y de la limpieza y mantenimiento de vehículos aéreos».

El armamento de Maxam ha aparecido en zonas de conflicto, ese al que se supone que nunca debería llegar. En 2015 las autoridades turcas interceptaron un cargamento de 21 toneladas de sustancias explosivas a punto de cruzar a Siria. “Lo que hizo saltar las alarmas a los agentes fronterizos era la vía elegida: el cargamento iba dirigido a Amán, la capital de Jordania, a través de Siria, un país sumido en una cruenta guerra civil, por una ruta controlada por grupos rebeldes, algunos de ellos de corte yihadista”, reveló entonces Vice News. Según los expertos, había muy pocas probabilidades de que el cargamento llegara a su destino. Es cuestionable incluso que alguien lo estuviera esperando en Jordania.

En 2015 Turquía interceptó un cargamento de sustancias explosivas de Maxam a punto de cruzar la frontera con Siria.

Maxam también hace gala de otro de los baluartes de esta industria: un fuerte apoyo del Estado, que ha financiado su internacionalización con créditos del ICO, así como de «la banca armada». Así denomina el Centre Delàs a los bancos que financian la industria armamentística y que, recoge su último informe, tienen a Maxam como uno de los objetivos favoritos de sus inversiones.

¿Y qué hay de Sánchez-Junco, el capo del grupo? Pues sí, es un ejemplo de puerta giratoria. Llegó a Maxam en 1990, entonces Unión Española de Explosivos, tras ocupar los cargos de director general de Industrias Siderometalúrgicas y Navales y la Dirección General del Ministerio de Industria con Felipe González. Sánchez-Junco y otros representantes de Maxam ocupan varios cargos en Defex, la empresa pública que intermediaba en las ventas de armamento español al exterior que fue intervenida por la Guardia Civil al constatar que actuaba como una “organización criminal”.

Enrique Sendagorta

Enrique Sendagorta, presidente de honor de Sener, recibe el Premio a la Trayectoria Empresarial, en junio de 2014. EFE

Sener es una de las principales productoras de misiles españolas, especializada en todo lo que les permite matar: cubiertas, sistemas de propulsión, de guiado, etc. Esta empresa vasca, de hecho, fabricó a principios de los 80 la SBGL (Sener Bomba Guiada por Laser) para el Ministerio de Defensa, la primera bomba inteligente con capacidad de autoguiado producida en España. En su página web, Sener encuadra esta división de negocio bajo la confusa denominación de «sistemas de actuación y control para la industria aeroespacial».

Los Sendagorta son uno de los clanes más poderosos del Opus Dei y están íntimamente relacionados con el franquismo.

Enrique Sendagorta fundó la empresa en 1956 apoyado por empresarios de la industria militar alemana y ha permanecido en manos de su familia desde entonces, detalla el colectivo pacifista Gasteizkoak en Estas guerras son muy nuestras, donde analiza las empresas vascas de armamento. Los Sendagorta, reconocidos empresarios de la región, son uno de los clanes fuertes del Opus Dei y tienen intensos vínculos con el ultraconservadurismo y el franquismo. El padre de Enrique Sendagorta fue el primer alcalde de la localidad vasca de Plentzia tras la Guerra Civil; su primo, Agustín Cotorruelo Sendagorta, fue ministro de Comercio del dictador. Al propio fundador de Sener (autor de El Opus Dei como empresa humana y sobrenatural) se le atribuyen las siguientes palabras: “La guerra de España se había hecho en necesaria defensa de la religión perseguida y martirizada y contra la revolución comunista, porque si no la combatíamos, nos destruiría a todos”.

A pesar de que, como el resto de la industria, Sener intenta camuflar su actividad militar en su imagen institucional, las operaciones armamentísticas son vitales para la empresa. Prueba de ello es su mayor movimiento de 2016, cuando vendió su participación mayoritaria en el Grupo ITP (parte del consorcio europeo de fabricantes del caza Eurofighter Typhon, uno de los más jugosos negocios de la industria militar del Viejo Continente) por 720 millones de euros, una de las operaciones empresariales más destacadas del año.

En 2014 Enrique Sendagorta, hoy presidente de honor de la compañía capitaneada por su hijo Jorge, recibió de manos del rey Juan Carlos I el Premio a la Trayectoria Empresarial. Sin embargo fue su sobrino Andrés Sendagorta, vicepresidente, el que ofreció una de las claves para entender por qué las empresas no abandonan el negocio militar a pesar de diversificar sus operaciones: «La Defensa no es el área más amplia dentro de SENER pero, cualitativamente, es muy importante porque es la cuna de mucha tecnología que luego utilizamos y nos permite ser líderes en otros sectores. Es decir, concebimos los programas de Defensa más como una oportunidad, porque tienen un factor multiplicador muy importante y posibilitan entrar en mercados que nada tienen que ver con la Defensa».

Carlos Gómez Arruche

Algunos quizá le recuerden por ser el último militar en ser nombrado director general de la Guardia Civil, justo después de que José Luis Rodríguez Zapatero prometiera en la campaña electoral de 2004 que desmilitarizaría el cuerpo. El caso es que Carlos Gómez Arruche, teniente general del Ejército del Aire, ex responsable del Mando Aéreo General, pasó del cuartel al rascacielos e ingresó en Airbus tras su pase a la reserva. Como él, unos doce altos cargos de Defensa trabajan para las empresas de armas, la versión militar de la puerta giratoria.

Gómez Arruche no es ni mucho menos uno de los hombres fuertes de Airbus. Al contrario, su figura responde al intenso lobby que despliegan las empresas de armamento para conseguir que los estados aumenten más y más su gasto militar. Para ello les resultan extremadamente útiles los altos mandos militares, capaces de hablar sobre las necesidades de los Ejércitos y con contactos entre los responsables de la compra de material. Airbus, consorcio británico-germano-español, es una de las empresas que ejerce más presión en este sentido. Este lobby dejó frutos recientemente, al conseguir que la UE dedicara una partida a la inversión para el desarrollo de armamento en los presupuestos comunitarios para 2017-2020, la primera vez en la historia que la UE pondrá dinero en el negocio militar.

Las empresas de armas fichan altos mandos militares para que utilicen sus contactos en la dirección de material.

Airbus ha fabricado gran parte de las aeronaves militares de los ejércitos europeos. A saber: el caza Eurofighter, el helicóptero de combate Tigre, el de transporte EC-135 o el NH-90 (multifunción). Sin embargo, el plato principal es sin duda el tristemente célebre A400M, un proyecto de avión de transporte de largo alcance que la empresa aún no ha conseguido poner en servicio a pleno funcionamiento tras más de 20.000 millones de euros de inversión. Su accidente en Sevilla en 2015, en el que fallecieron 10 personas, lo puso en el ojo del huracán. Y es que, aunque a día de hoy nadie asegura que el aparato pueda cumplir todas las condiciones que Airbus prometió a los estados que los compraron por adelantado, ya ha empezado a entregar unidades con funciones limitadas con la promesa de mejorarlas en breve.

La fuerza aérea española tiene encargados 27 A400M, número que el propio mando general tuvo que asumir como desproporcionado. Defensa anunció que renunciará a 13 de ellos, no obstante, esto supondrá que las Fuerzas Armadas tendrán que abonar una multa de 243 millones de euros a Airbus, según reveló el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde. La única opción para salir de este pozo sin fondo es que España consiga reexportar esos 13 aparatos, algo improbable en estos momentos por la mala imagen del avión.

Esteban García Vilasánchez,

Nombrado presidente de Navantia en abril por la SEPI, Esteban García Vilasánchez tiene la misión de consensuar el Plan Estratégico de la empresa pública, con diferencia la más deficitaria del Estado. No es casualidad que el rey haya realizado varios viajes a Arabia Saudí para rogar a esta dictadura teocrática la firma definitiva del contrato de las famosas corbetas por algo más de 2.000 millones de euros: Navantia y los 37.000 empleos directos e indirectos que genera en zonas deprimidas de A Coruña, Cádiz y Murcia están verdaderamente en la cuerda floja. La empresa acumula 303 millones de deuda.

Desde que se constituyera en 2005, Navantia solo ha producido beneficios en 2007 (menos de 200.000 euros). El resto de ejercicios ha tenido pérdidas que en los últimos años están batiendo récords, llegando a los 230 millones en 2016. De ahí que hasta uno de los alcaldes más populares de Podemos, José María González “Kichi”, pida ponerse una pinza en la nariz y negociar con la monarquía absolutista saudí. Así lo aprobó la diputación de Cádiz en 2016, con los votos a favor de PP, Por Cádiz Sí Se Puede, PSOE, IU, Partido Andalucista y la abstención de Ganemos Jerez. Pese a todo, la tabla de salvación de Navantia no está en Oriente Medio sino en Australia, donde es finalista de un concurso para construir nueve fragatas por 30.000 millones de dólares.

Una de las primeras medidas de García Vilasánchez al frente de la empresa pública ha sido dar el paso de rejuvenecer la plantilla: el 68% de los más de 5.200 empleados tiene más de 50 años. Mientras, el Estado sigue inyectando dinero para mantener la empresa a flote y subvencionar proyectos de I+D que le permitan comercializar nuevos productos (como los criticados submarinos que no flotan S-80, en cuyo desarrollo se han invertido ya más 1.800 millones de euros) cabe preguntarse qué habría pasado si dicha inversión se hubiera destinado al desarrollo social de las zonas de Ferrol o la Bahía de Cádiz que viven de los astilleros, en vez de profundizar su dependencia de la construcción de buques militares.

Jokin Aperribay

Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad y de Sapa Placencia. EFE

Los Aperribay son otra de las familias profundamente ligadas a la industria de las armas. Son los accionistas mayoritarios de Sapa (Sociedad Anónima de Placencia de las Armas), la decana de las fábricas de armas españolas.

Euskadi tiene una larga tradición de producción de armas, de la que quedan muestras en la cultura popular como la denominación de Éibar como «ciudad armera». Sapa es otra de ellas: su origen se remonta al siglo XVI, cuando se fundaron las Reales Fábricas de Armas Portátiles de Fuego de la Villa de Placencia, produciendo desde entonces de artillería pesada, antiaérea y armas ligeras.

Sapa ha sido la puerta giratoria para gran número de políticos, incluido el ex ministro de Defensa Morenés.

En la actualidad, el Aperribay al frente de la compañía es Jokin, conocido por presidir el equipo de fútbol Real Sociedad. Dicho conjunto, miembro de la primera división, apareció en los papeles de Panamá por pagar a sus jugadores a través de paraísos fiscales, práctica por la que ahora Hacienda le reclama 15 millones de euros. Sapa destaca, precisamente, por reunir en su consejo a un gran número de políticos, miembros de la nobleza y personalidades reconocidas por la sociedad por su perfil público, quedando a la sobra su faceta empresarial como vendedores de armas. Entre ellos se eleva sobremanera la figura del ex ministro de Defensa Pedro Morenés, el mesías de las empresas de armas españolas, artífice de los Programas Especiales de Armamento (PEAs) y «conflicto de intereses andante».

Carlos Villar Turrau

Uno de los militares con más peso en la industria armamentística española es sin duda Carlos Villar Turrau, general retirado y ex Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), el más alto mando del Ejército de Tierra.

Turrau es consejero delegado del principal suministrador de carros de combate y blindados del Ejército, Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la estadounidense General Dynamics. Entre sus mayores contratos se encuentra el tanque Leopardo, de diseño alemán y que, por su tamaño, no puede ser aerotransportado con las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas. Por tanto, su utilidad ha quedado reducida a la defensa de invasiones terrestres producidas desde Francia o Portugal. Numerosas fuentes militares explican que gran parte de los 219 Leopardo que recibió España se encuentran inoperativos por el gran coste en mantenimiento y combustible que llevan aparejado.

Santa Bárbara también ha vendido al Ejército 261 blindados de combate Pizarro, 682 blindados ligeros BMR; produjo los míticos fusiles Cetme y otras armas ligeras con sus respectivas municiones.

Diario Público

Categorías: antimilitar

Matanza en Yemen con armas españolas

31 August, 2017 - 20:15

Salieron de las escasas nubes a plena luz plomiza del día. Dos misiles. Poblado de Arhab, al noroeste de Yemen. Dieron de lleno en un modesto motel. Nadie pudo escapar; tampoco los que estaban en los alrededores. Los muertos una vez constituidos en tales siempre bailan. En las estadísticas, en las efímeras noticias que las agencias occidentales emitieron el miércoles 23 de agosto de 2017, luego en el recuerdo. Nadie pregunta quiénes lanzaron los misiles. Fueron aviones del ejército de Arabia Saudí que también bailan en el cielo de Yemen. 39 muertos, 70 muertos… en el poblado de Arhab. En 2014 una rebelión en todo el país depuso al gobierno más corrupto del cuerno arábigo, el de Yemen, uno de los países más pobres. Arabia Saudí “lidera” una ofensiva contra los rebeldes para mantener bajo su influencia un país que considera su patio trasero. Es otra historia de un David contra un Goliat. Arabia se aprovisiona de armamento en cantidades ingentes que prueba en Yemen. Ese armamento está suministrado por países occidentales como España. Desde el puerto de Bilbao el buque Bahri Jeddah partió el 18 de agosto con sus bodegas llenas de armamento hacia Arabia Saudí.

Nadie conocía lo que cargaba el buque Bahri Jeddah en el puerto de Bilbao. Su adusta figura, azul y blanca como el cielo, sí es conocida porque atraca regularmente. Las letras árabes en su eslora solo permiten sospechar que tiene bandera del Golfo árabe. Hasta que por un hecho noctámbulo y casual se descubrió que la ruta que hace desde hace años es en realidad transporte de alto material militar. Un bombero, Ina Robles, al que la Diputación había designado la custodia de la carga, se negó a participar en el embarque al saber que constaba de misiles y que el destino era Arabia Saudí. “Sabía lo que estaba sucediendo en Yemen, leo las noticias”, dijo después. Acogiéndose a su derecho a la objeción de conciencia, rehusó participar en retén de vigilancia de la carga. La Diputación, administración provincial de la que dependen los bomberos, le abrió en abril un expediente disciplinario sin saber que con ello estaba dando luz a uno de los mayores escándalos que se han dado en la bien pensante sociedad bilbaína: el negocio de las armas en Euskadi con destino a donde mueren miles de personas.

El caso del bombero dio la vuelta a redacciones y televisiones de toda España. Era una paradoja en toda regla y la evidencia de una doble moral sin límite. Años atrás, el Parlamento europeo había solicitado el embargo militar y económico con Arabia saudí al considerarla sospechosa de financiar milicias salafistas en todo el oriente y parte de África. El único en Europa que parecía haber cumplido la resolución europea era el bombero Ina Robles, mientras la obviaban de forma fragrante el gobierno español, la Diputación de Bizkaia y el Puerto autónomo de Bilbao, dependiente del Ministerio de Fomento español

Empresas españolas

Detrás estaba otra danza: la de las cifras. Entre 2009 y 2016, las empresas españolas han pasado de un negocio de 46,22 millones de euros a un total de 1.245. En enero de 2017 el monarca español Felipe VI visitó Arabia Saudí con representantes de 24 empresas ligadas al armamento, dos asociaciones empresariales y el Consejo de Seguridad Nuclear. Pero ya antes, el carguero Bahri Jeddah engullía contenedores y contenedores de “explosivos” desde el puerto bilbaíno. La Cadena Ser desvelaba hace unos días el baile de cifras con precisión de contable: 44 contenedores el 19 de octubre de 2016; 52, el 1 de diciembre; 35, el 10 de febrero de 2017; 26, el 13 de marzo; 45, el 19 de abril; 110, el 14 de julio; cerca de 40, según ha podido saber la revista Hincapié, el 18 de agosto. Son 352 contendores. Alrededor de 9.975 toneladas de bombas, granadas, misiles. En su mayoría lanzagranadas C90 fabricado por Instalaza. Instalaza, ubicada en Zaragoza, tuvo como destacado representante a Pedro Morenés y Alvarez de Eulate, reciente ministro de defensa español y actual embajador de Espña en EEUU.

Desde otros puntos de España se envían a Arabia Saudí vehículos de alta movilidad BMR-600 fabricados por Enasa, y el VAMTAC, fabricado por Urovesa.

La moral

En Bilbao, en plena celebración agostiana de sus fiestas, en el pregón y en las txosnas se pueden ver carteles de solidaridad con los refugiados que huyen de sus países por guerra o miseria hacia Occidente. Sin embargo, el escándalo del puerto de Bilbao y su ruta de armamento está en una especie de neblina colectiva. Algunos partidos políticos guardan un sepulcral silencio, esperando que la noticia del expediente al bombero objetor Ina Robles pase lo más rápido posible. Como muestra un botón. Una agrupación electoral de base, GUK, del municipio de Getxo, perteneciente y colindante al Puerto de Bilbao, instó en el pleno del mismo abril a cuantificar el envío ilegal de armas a Arabia Saudí. El PNV, que gobierna el ayuntamiento de Getxo, la Diputación, y el Gobierno vasco, se abstuvo. Esta distante posición escondía la relación con el negocio de las armas que ha existido en Euskadi. Una relación donde la política y la economía se entrecruzan hasta borrar los límites. En días recientes, el periodista y colaborador de la revista hincapié, Ahoztar Zelaieta revelaba que la consignataria que gestiona el almacenamiento del armamento en el puerto de Bilbao hacia Arabia saudí, estuvo presidida por quien fuera presidente del PNV de Bizkaia, Javier Atutxa, padre de la actual presidenta del partido en la provincia.

Los pingües beneficios de las armas quedaron en la memoria de los bilbaínos y habitantes de Getxo más comprometidos. Para los más desmemoriados y reacios a establecer relaciones de causa consecuencia, el atentado terrorista cometido en Las Ramblas de Barcelona y Cambrils el 17 de agosto ha sido un shock. Jóvenes impregnados de un salafismo auspiciado por los regímenes de Arabia Saudí y Qatar, mataban a 15 personas. En apenas un par de días, el alcalde de Getxo que se había abstenido en la moción que pedía el control de las armas a Arabia saudí, congregaba a los partidos a condenar el atentado en Barcelona.

Sobre todos los pueblos de Yemen y la misma capital donde prendió la revuelta contra el poder en 2014, casi cada semana es un 26 de abril de 1937 que viviera Gernika. Salvo que las bombas y explosivos que caen desde su cielo provienen de un lugar muy cercano a Gernika.

http://www.revistahincapie.com/mata...

Categorías: antimilitar

España es el tercer exportador mundial de armas a Arabia Saudí

25 August, 2017 - 21:43

España en el tercer principal exportador mundial de armas a Arabia Saudí, monarquía absoluta basada en una de las interpretaciones más rigoristas del islam, el wahabismo, que tiene una fuerte influencia en organizaciones terroristas como Estado Islámico o Al Qaeda.

Este es uno de los datos recogidos por Infolibre, en una recopilación de los hechos que relacionan al Gobierno, a la Monarquía y a empresas españolas conpaises cercanos a visiones extremistas del islam. Entre ellas, también destaca que España ha multiplicado en los últimos cuatro años 29 veces el valor de sus exportaciones de armas a Arabia Saudí.

Estas relaciones no han pasado inadvertidas desde el atentado en Catalunya, y varias organizaciones y figuras políticas como la CUP, el PCE o Podemos han declarado en contra de este comercio. «Para avanzar en la lucha contra el terrorismo es necesario que algunos partidos asuman lo que ha significado Arabia Saudí para el desarrollo de los mantras de los que se nutren las redes terroristas» declaró el secretario general de Podemos.

En el sector armamentístico, desde 2013 a 2016, según datos oficiales, España exportó armas a Arabia Saudí por un valor total de 1.361,42 millones de euros, 29 veces más que en el periodo anterior 2009-2012, en los que el igreso fue de 46,22 millones de euros por la venta de armas y material militar al reino saudí.

Estos datos son los que hacen a España el tercer principal exportador mundial de armas a Arabia Saudí, tras EEUU y Reino Unido, según se destaca en el informe El riesgo de la complicidad en la comisión de crímenes de derecho internacional. Este documento también alerta de que el material militar puede ser el que está siendo utilizado en los ataques que Arabia Saudí lanza regularmente contra Yemen desde 2015.

Los viajes del rey Felipe VI al territorio saudí

Otro de los ejemplos más destacados en las relaciones establecidas entre ambos países es el encuentro del rey Felipe VI en su primera visita oficial al monarca saudí. No fue solo, le acompañaron 25 organismos y empresas, cuatro de ellas (Acciona, ACS, Indra y Técnicas Reunidas) pertenecientes al Ibex 35, además de organismos como la CEOE, la Cámara de Comercio.

Este no es el único encuentro oficial: según el ICEX, desde 2013 diferentes autoridades españolas han viajado nada menos que diez veces a Arabia Saudí. Algunas visitas: el ministro de Economía, Luis de Guindos, fue en 2013, Ana Pastor visitó el territorio tanto en 2014 como en 2015, y el exministro de Defensa, Pedro Morenés, se entrevistó con el entonces príncipe heredero y ahora monarca, el rey Salman, también en 2014.​

El actual rey Felipe VI también viajó a Arabia Saudí en 2015 con motivo del fallecimiento del rey Abdalá, monarca con el que su padre, el rey Juan Carlos I, mantuvo una relación «especialmente fluida» y que el rey fallecido definía como «profunda y duradera amistad». De hecho, como muestras de esta relación los monarcas saudíes han obsequiado a Juan Carlos I con regalos como el yate Fortuna en 1979, un barco que la familia real española usó durante 20 años.

Público

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El antimilitarismo en España durante la II República y el golpe de estado

16 August, 2017 - 12:16

El surgimiento del movimiento antimilitarista en los tiempos de la II República fue fruto principalmente del encuentro de dos corrientes. Por una parte, la tradición autóctona de oposición al ejército, tanto en formas espontáneas de evasión de quintas, como en su vertiente obrera organizada (oposición a las campañas de Marruecos, huelga general de Barcelona de 1909, círculos anarquistas, etc.). Por otra, los ecos pacifistas que siguieron a la primera guerra mundial en general y la Internacional de Resistentes a la Guerra como su expresión organizada en particular (IRG, fundada en 1921).

Los escasos testimonios que nos quedan de los antimilitaristas españoles de la época nos hablan de las esperanzas alumbradas por el régimen republicano y sus reformas en la constitución de 1931, como la separación de Iglesia y Estado, libertad política y de cultos, o la abolición de la pena de muerte. Particularmente alentador resultó el texto del artículo sexto de la constitución, «España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional», recogiendo así la fórmula establecida en el tratado Briand-Kellog de 1928 de prohibición universal de la guerra (que, por cierto, nunca más volvería a aceptarse en el orden constitucional español). El fracaso del golpe del general Sanjurjo en 1932 y las medidas progresistas del primer período, especialmente las de reforma militar de Azaña, fueron así mismo celebradas en los medios antimilitaristas.

Las primeras noticias del movimiento antimilitarista en tiempos de la República se remontan a 1932, con la fundación por José Brocca de La Orden del Olivo, grupo integrado desde el primer momento en la Internacional de Resistentes a la Guerra. La prensa de la IRG informaba puntualmente desde Londres de la actividad de este núcleo original, gracias a lo cual han llegado hasta nosotros noticias como la aprobación por unanimidad, en la conferencia anual de 1932 de la Federación Provincial de Sindicatos de Almería, de una resolución pidiendo la abolición del servicio militar obligatorio, la prohibición de la fabricación de armamentos y el abandono de Marruecos, suscribiéndose así mismo la declaración de la Internacional. La sección del Partido Socialista de Almería, que contaba con antimilitaristas entre sus filas, aprobó también resoluciones en la misma línea. Estos posicionamientos fueron secundados en Barcelona por la Asociación de Idealistas Prácticos, que decidió también adherirse a la Internacional. A comienzos de 1934 se estimaba en varios centenares de activistas la composición de diversos grupos coordinados en torno a La Orden del Olivo, dedicados a tareas de difusión, publicación de un semanario, acciones públicas, programas radiofónicos, etc. El ideario de la IRG encontraba la mejor acogida en Cataluña, con el lanzamiento de un manifiesto a la juventud catalana llamando a la resistencia a la guerra, organización de diversos seminarios de estudios antimilitaristas y de un comité obrero de acción antimilitarista en Barcelona.

La Orden del Olivo se mostró crítica con los sucesos de 1934, especialmente a la luz de su resultado, que afectaría también a sus propias filas. A pesar de quedar formalmente prohibidas, se mantuvieron las labores de agitación antimilitarista, ocasionalmente en colaboración con entidades del progresismo social republicano, además de las importantes conexiones con el activismo obrero socialista y anarquista.

La desobediencia civil al ejército era considerada un tema central. Así, se reivindicaban experiencias como la del piloto civil de correos Quirados J. Gou, víctima de castigo gubernativo por negarse a participar en los bombardeos aéreos de las posiciones obreras asturianas en 1934. En 1935 tres jóvenes anarquistas catalanes se negaron públicamente a incorporarse al servicio militar y decidieron presentarse a las autoridades. En medio de una campaña antimilitarista de apoyo, fueron puestos en libertad tras cuatro días de detención alegándose su estado de “demencia”. Al ser liberados expusieron en público los motivos de su desobediencia y su ejemplo fue seguido por un grupo de en torno a un centenar jóvenes dispuestos a rechazar «todo servicio militar», a modo de insumisos .

Justo unas semanas antes de pronunciarse el golpe de Estado de 1936 se creó la ‘Liga Española de Refractarios a la Guerra' como afiliada de la Internacional de Resistentes a la Guerra. En el momento presente este movimiento no representa más que un grupo de convencidos entusiastas. Una intensa campaña de propaganda por los principios y tácticas de la resistencia a la guerra se está llevando a cabo y encontrando la más favorable acogida entre organizaciones anarquistas y en la CNT, que es muy importante en España.

Quedaba de esta manera constituida la Liga Española de Refractarios a la Guerra, con la doctora Amparo Poch y Gascón como presidenta,

Fernando Oca del Valle en el cargo de secretario,

José Brocca como representante en el Consejo de la IRG,

y contando entre otros representantes destacados a Juan Grediaga (Barcelona), Mariano Sola (Valencia), y David Alonso Fresno (Madrid).

En un artículo de H. Runham Brown, secretario honorario de la IRG, titulado «España. Un reto para el Pacifismo» de diciembre de 1936, se reproduce una carta de José Brocca desde Madrid al poco de comenzar la guerra. Brocca comienza estableciendo su postura ante la contienda:

«En las circunstancias en que ha tenido lugar el alzamiento fascista, el pueblo no tenía otra alternativa que afrontar la violencia con violencia. Es lamentable, pero la entera responsabilidad por los trágicos y sangrientos días que estamos sufriendo reside en aquellos que, despreocupados por los más elementales principios sociales de humanidad, han dado rienda suelta a la destrucción y la matanza, para defender, no ideales, sino privilegios odiosos y caducos, para retroceder al barbarismo medieval». José Broca continúa narrando su experiencia: «Me detuve unos días en Barcelona para tomar parte en el mitin de masas contra la guerra que habíamos organizado, pero que no pudo llevarse a cabo, pues la misma noche que iba a celebrarse, estalló la insurrección militar-fascista, el peligro que ya os había notificado.

En Barcelona eran días de amarga lucha. Desde el primer momento me puse sin reservas al servicio de la libertad, sin renunciar, no obstante, a mis principios de absoluta resistencia a la guerra; es decir, he hecho y continúo haciendo cuanto puedo de palabra y obra, pero sin participar en acciones violentas, para la causa antifascista, y dentro de las organizaciones proletarias y democráticas que están luchando para salvar a España de esta tiranía reaccionaria. Mi trabajo es el de la información y propaganda. En Barcelona, en Valencia, en la provincia de Cáceres y en Madrid he actuado, y continúo actuando, en tareas tan interesantes como estimular, dirigir y organizar los campesinos de manera que en lugar de abandonar su labor agrícola, trabajen, incluso en aquellas áreas abandonadas por los fascistas en su huida, para evitar la interrupción de la producción y suministro de las ciudades; estableciendo y organizando escuelas y hogares para los niños de aquellos ciudadanos que han caído o están luchando en los diferentes frentes, y en general sacando partido de toda oportunidad para extender entre los combatientes nuestros ideales humanitarios y nuestra repugnancia a la opresión y crueldad.»

La IRG estableció así un Fondo de Ayuda a España, dedicado al envío de ayuda, recabar información sobre familiares y amigos atrapados en el lado franquista, facilitar el intercambio de prisioneros, y el apoyo a un hogar para la acogida de niños refugiados en la localidad catalano-francesa de Prats de Mollo. La Liga contaba con depósitos gestionados por sus activistas en Madrid, Valencia y Barcelona en los que recogían donaciones provenientes de otras secciones de la IRG, especialmente de la británica (Peace Pledge Union).

Sesenta niños vascos fueron igualmente acogidos en una “Casa Vasca” organizada por este grupo en territorio británico.

Gracias a estos fondos internacionales, por ejemplo, el propio José Brocca efectuó en 1937 la compra de 19.200 latas de leche condensada en Holanda, que posteriormente fueron distribuidas desde el almacén situado en los muelles de Valencia con destinos diversos. En Madrid los antimilitaristas participaron en la creación de un Comité de Mujeres para la distribución de ropa y comida, donativos que aparecían identificados con tarjetas portadoras del texto «Internacional de Resistentes a la Guerra: ayuda pacifista a la población civil de España».

La doctora Poch y José Brocca emprendieron también una campaña para la abolición de los orfanatos en el territorio controlado por la República, criticados por su «triste parecido con las cárceles», y su sustitución por hogares infantiles que permitieran el alojamiento por grupos de no más de 25 de niños en condiciones más dignas. En 1937 organizaron así mismo la salida de un grupo de 500 niños a México, donde fueron recibidos por los contactos de resistentes a la guerra mexicanos.

La ayuda antimilitarista internacional aportó algunos voluntarios, como fue el caso de Lucie Penru, enfermera y activista francesa de la IRG que trabajó en el Hospital de Sangré de la Barriada en Barcelona desde el inicio de la guerra hasta que el centro fue cerrado en 1938 por falta de suministros, y a partir de esa fecha se hizo cargo de un hogar niños españoles refugiados en Francia.

Peor suerte corrió Heinz Kraschutzki, destacado antimilitarista alemán.

Tras su experiencia como teniente en la marina de guerra alemana durante la Primera Guerra Mundial, Kraschutzki se volvió un activo resistente a la guerra, asumiendo la dirección de Das Andere Deutschlander (“La otra Alemania”), órgano de la Friedensgesellschaft (“Consejo Nacional de la Paz”). A raíz de la publicación por esta revista de información sobre los planes de rearme alemán en marcha, Kraschutzki fue procesado por alta traición y escapó del país, instalándose con su familia en Mallorca a partir de 1932. A pesar de que había evitado implicarse en actividades políticas en España, Kraschutzki fue detenido por las fuerzas fascistas en agosto de 1936. Las autoridades franquistas fueron objeto por una parte de las peticiones de liberación de la IRG en colaboración con el Foreign Office británico, y por otra de las presiones de los oficiales nazis en España, que demandaban su entrega con el propósito de ejecutarlo. De manera un tanto salomónica, la junta de Burgos acordó con las autoridades nazis que Kraschutzki no sería ejecutado, pero tampoco sería nunca puesto en libertad, siendo condenado en consejo de guerra en octubre de 1938 a 30 años de cárcel. Al terminar la segunda guerra mundial la IRG retomó las gestiones para conseguir su liberación, en colaboración de nuevo con el Foreign Office, y Heinz Kraschutzki fue finalmente puesto en libertad a finales de 1945, tras pasar más de nueve años en las cárceles de Franco. Kraschutzki para ser liberado tuvo que esperar así a la derrota de Alemania en una guerra cuya preparación él mismo había sido pionero en denunciar, a costa de largos años de exilio y la cárcel.

Al terminar la contienda desde Londres se sugirió el cierre del hogar de Prats del Mollo tan pronto como todos los niños allí acogidos encontraran un destino definitivo, y se gestionó al mismo tiempo un permiso para dar refugio a José Brocca en Gran Bretaña. Sin embargo, dada la cercanía con la frontera, la Liga decidió mantener abierto el centro para colaborar en el paso clandestino de refugiados a territorio francés. El propio José Brocca cruzaba la frontera repetidamente para contactar y facilitar la huida de compañeros y allegados que permanecían en España.

La vida del movimiento antimilitarista organizado, modesta durante la República y atormentada durante la guerra, se extingue definitivamente en el exilio republicano. El 23 de mayo de 1939, apenas un mes después de la victoria fascista, el núcleo de cerca de una docena de miembros de la Liga Española de Refractarios a la Guerra se embarcaba en el puerto francés de Port Vendres con destino a México, donde serían acogidos por los compañeros mexicanos de la IRG. Otras familias vinculadas al movimiento habían encontrado ya refugio en Colombia, Cuba y Paraguay.

Por lo que respecta a José Brocca, pionero histórico del movimiento, habiendo rechazado la posibilidad de escapar a Inglaterra, fue detenido en varias ocasiones e internado en un campo de concentración francés. Sus compañeros consiguieron rescatarlo de la Francia de Vichy, llegando a México en octubre de 1942 acogido por los antimilitaristas de este país.

José Brocca moría en México en junio de 1950 a consecuencia de una trombosis cerebral. Con él terminaba esta experiencia del movimiento antimilitarista y la presencia de la IRG en el estado español.

Fuente: Artículo de Xabier Agirre Aranburu

publicado en el libro “En legítima desobediencia: Tres décadas de objeción, insumisión y antimilitarismo”. Editado por el Movimiento de Objeción de Conciencia y Traficantes de Sueños en 2002.

Tomado de (hay fotos): https://plataformacontralaimpunidad...

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