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Actualizado: hace 54 min 26 seg

Rafa Nadal y los trabajadores de Navantia

2 November, 2018 - 00:00

Preguntan en Yemen si las decenas de miles de compatriotas masacrados por Arabia Saudí durante los últimos tres años deberían haber muerto en un consulado para que alguien los tomara en serio. El descuartizamiento de Jamal Khashoggi ha centrado ahora la mirada internacional en un país que ya hace tiempo que cruzó todas las líneas rojas imaginables.

En septiembre, Margarita Robles anunció la paralización de un envío de bombas idénticas a las usadas para destruir un autobús escolar lleno de niños. A los saudíes no les gustó y amenazaron con romper un contrato para construir buques de guerra. Esto, a su vez, no gustó a los trabajadores que iban a construirlos, que salieron a manifestarse. El Gobierno tomó nota de las movilizaciones, desautorizó a la ministra, dio un giro de 180 grados en su posición y acabó mandando las bombas. Desde entonces todos los acontecimientos, incluido el brutal asesinato del periodista saudí del Washington Post, se han enmarcado en el debate entre si defendemos los puestos de trabajo o los Derechos Humanos. Pan aquí contra muertos allí, y parecía que la elección estaba complicada hasta que Pedro Sánchez deshizo el empate: "Priman los empleos, los intereses de los españoles".

Todo encaja, hay una razón superior para renunciar a la coherencia: los puestos de trabajo en un astillero.

Hasta que dejó de encajar, cuando más de 3.000 personas salieron a la calle para tratar de evitar el cierre de otro astillero, el de La Naval de Sestao. Incomprensiblemente, allí no había periodistas y su reivindicación no abrió informativos. ¿Cómo era posible? Protestaban igual que en Cádiz y ni siquiera pedían construir corbetas para matar niños de hambre, solo pedían financiación para poder terminar la draga que tenían a medias. Una draga para construir, no buques de guerra para arrasar, y nadie los escuchaba. Algo estaba fallando.

¿Y si no es cierto? ¿Y si estamos atribuyendo a unos trabajadores unos “superpoderes” que, en un país que crea y destruye cientos de miles de empleos cada trimestre, realmente no tienen? ¿Y si la culpa de lo que está pasando no la tienen los trabajadores de Navantia? Vayamos por partes.

Brasil prevé la compra de cinco corbetas a través de su programa Tamandaré, las mismas que Arabia Saudí. Desarrollar una oferta de estas características requiere un trabajo enorme y Navantia lo tenía ya hecho, todo estaba de su parte, pero en abril renunció a este contrato alegando “exceso de carga de trabajo”. Dos contratos similares, no hace ni seis meses se renunció a uno… ¿Y ahora estamos dispuestos a vender nuestra alma al diablo saudí por el otro? Algo sigue sin encajar en todo esto.

Por otro lado, varios informes avalan que la viabilidad de los astilleros de San Fernando no solo no depende de la construcción de corbetas para regímenes genocidas, sino que no depende de la industria militar en absoluto. La nueva normativa de reciclado ecológico de buques, así como el auge de la energía eólica off shore, podrían ofrecer una oportunidad real de reconversión hacia el sector civil. Todo indica que la carga de trabajo de Navantia podría ser, en vez de un motivo para colaborar con Arabia Saudí, una oportunidad real y viable para reducir nuestra dependencia del petróleo de este siniestro país. Al final, parece que las cosas no dependen tanto de los trabajadores de Navantia como de la voluntad política, y en realidad se les está utilizando como cortina de humo. Ahora toca saber quién se esconde al otro lado.

Los grandes constructores de este país acumulan cientos de millones de euros en multas por incumplimientos en la construcción del AVE a La Meca, que Arabia Saudí se ha mostrado dispuesta a perdonar en un clima de colaboración. Este clima también beneficiaría a la Casa Real, gran comisionista en esta y otras operaciones según la protagonista de la historia Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Muchas otras de las grandes fortunas de este país se ven beneficiadas también por este clima de entendimiento, como ha reflejado Bob Pop en su acostumbrado tono irónico pero certero: “A lo mejor lo que nos preocupa tanto en este país no es que pierdan el trabajo los señores que fabrican armas, sino que los señores que se llevan la comisión pierdan su porcentajito”, apuntando a la familia Aznar entre otros. Tampoco hay que olvidar a los banqueros que financian el tinglado.

Y todo esto sin contar a los verdaderos beneficiados de la floreciente industria armamentística española, que no son precisamente sus trabajadores. En cualquier consejo de administración de la gran empresa armamentística que se elija, la notable presencia de militares de alto rango y políticos en sus sillones convierte a este sector al completo en una gigantesca puerta giratoria que no para de girar, llenando los bolsillos de sus poco escrupulosos usuarios. Y no queda ahí la cosa, ya que en sus negocios con Oriente Medio estas operaciones se ven siempre engrasadas con comisiones millonarias, como se ha demostrado en los casos de Defex en España, Nexter en Francia y otros.

En definitiva, un negocio de valor incalculable en manos de unos pocos, consolidado por décadas de buenas relaciones con asesinos, que recientemente ha amenazado con desmoronarse. Todo empezó con un tuit y el inesperado ataque de decencia de una ministra.

En agosto de este año, Canadá criticó tímidamente por Twitter el arresto de activistas en Arabia Saudí. El príncipe heredero Mohamed bin Shalman reaccionó cortando de raíz cualquier tipo de relación con el país norteamericano: expulsó a su embajador, cerró las rutas aéreas entre ambos países, ordenó el regreso de 16.000 estudiantes y congeló cualquier tipo de inversión allí.

Apenas dos semanas después, la ministra de Defensa anunciaba la paralización del envío de las famosas bombas, y gran parte de las élites de este país casi infarta ante la noticia. Los teléfonos empezaron a echar humo exigiendo una rectificación inmediata, pero después de levantar la liebre no era tan sencillo enviar unas bombas destinadas a asesinar civiles. Las élites no estaban dispuestas a mancharse la manos con sangre yemení y todas las miradas se volvieron hacia unos trabajadores desesperados. Se corre la voz de que peligra su sustento, reuniones con el comité de empresa, los sindicatos, se calienta una asamblea… y finalmente salen a la calle. Todo solucionado, los malos son ellos.

Luego, a nuestros socios se les fue la mano en un asuntillo con un periodista en un consulado, pero el Gobierno tenía aprendida la lección. Pedro Sánchez condenó el asesinato, aunque acto seguido aseguró que iba “a actuar con responsabilidad” debido a que afectaba “…a zonas especialmente afectadas por el drama del desempleo". En resumen, vino a decir que todo seguirá igual: los dólares, el crudo y las comisiones seguirán fluyendo a borbotones hacia los bolsillos adecuados, y los supuestos responsables seguirán siendo los trabajadores que defienden sus garbanzos.

Solo quedaba un detalle, blanquear la deteriorada imagen de Arabia Saudí para que las aguas vuelvan definitivamente a su cauce. Nada mejor para este fin que enviar a nuestro mejor embajador, el gran Rafa Nadal, que jugará allí un partido de exhibición. La limpieza de este particular “señor Lobo” les saldrá a los saudíes por el módico precio de un millón de dólares.

Mientras el mundo mire ensimismado la pelotita botando por la pista, en Yemen seguirán asesinando impunemente a decenas de miles de inocentes.

El Diario

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Antes y después

2 November, 2018 - 00:00

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Condiciones de trabajo de las personas privadas de libertad

2 November, 2018 - 00:00

Julio Fuentes

Por otra parte, en la relación laboral penitenciaria se entremezclan de forma muy confusa la Administración Penitenciaria (Junta de Tratamiento que adjudicará el puesto de trabajo y director que extinguirá la relación laboral) y una entidad denominada TPFE (Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo) que cumple las funciones de empleadora.

Esta relación entremezclada de ambos organismos provocará dificultades diversas, entre ellas la determinación de cuál es el Juzgado que debe controlar las decisiones e incluso la legislación de aplicación.

Entre los asuntos más sorprendentes del trabajo en prisiones se puede destacar que 12.000 empleadas públicas -ya que así se puede catalogar a las personas presas que trabajan para una entidad pública TPFE- cobren sueldos siempre inferiores a la mitad del salario mínimo interprofesional y, en ocasiones, según afirman estas personas, por debajo del euro/hora. Por otra parte, también llama la atención que no exista ningún tipo de baremo para acceder a los puestos de trabajo y que los despidos (el término correcto es ceses, ya que la figura del despido no existe como tal) se realicen de forma habitual sin ningún tipo de motivación o sin justificación. Y aún más preocupante es que muchas personas encarceladas puedan perder el denominado "paro taleguero" (subsidio por excarcelación) por el hecho de haber trabajado dentro de prisión, de modo que cobrarán la prestación por desempleo correspondiente a la cotización efectuada, que es una cuantía económica inferior al subsidio, por lo que económicamente se verán perjudicadas.

La figura de la mujer también sufre aquí desigualdad, y resulta preocupante que la propia Administración Pública continúe discriminando a este colectivo, constatado en la modalidad de los puestos de trabajo adjudicados, menos cualificados y asociados a los puestos tradicionales, así como en cuanto al salario que perciben.

En cuanto a la normativa de aplicación, el Tribunal Supremo ha mantenido de forma reiterada que no es de aplicación el Estatuto de los Trabajadores en materia de extinción laboral, salario mínimo o derecho a convenio colectivo. Hay que tener en cuenta, además, que no todas las relaciones laborales son iguales dentro del trabajo en prisiones. Existen actividades denominadas productivas que serán remuneradas y que supondrán una producción en régimen laboral, cooperativas o similares. Por otra parte, existen actividades no productivas que suponen incentivos para obtener permisos penitenciarios tales como formación profesional, formación académica, ocupaciones artesanales, intelectuales o artísticas.

Sin embargo, hay una grave controversia al respecto de la determinación de cuáles son las actividades productivas y cuáles son las no productivas. De hecho, nos debemos preguntar por qué las mismas funciones desarrolladas en los mismos horarios por personas privadas de libertad son consideradas como productivas en unos casos y como no productivas en otros. En algunos economatos a los dos primeros trabajadores privados de libertad se les considera trabajo productivo y perciben retribución y al tercero no, que lo hace gratuitamente; o en reparto y lavandería, en el que se retribuye en algunos casos sólo al primer trabajador y no a las dos siguientes. Esto contraviene claramente el artículo 14 de la Constitución Española.

Hay que recordar que el PIT (Programa Individualizado de Tratamiento) de cada persona privada de libertad, de cuya copia muchas veces carecen éstas, se realiza unilateralmente por parte del centro penitenciario en la mayoría de las ocasiones, sin posibilidad por tanto de ser recurrido. Es mediante ese PIT, por tanto, que la Administración tiene en sus manos señalar a quien le plazca como beneficiario de un puesto de trabajo, ya que basta con introducir en su PIT dicha necesidad.

La relación laboral se inicia, por tanto, con una mera adjudicación que se formalizará con la inscripción del trabajador o la trabajadora en el libro de matrícula. No se puede, por tanto, negociar la jornada, el horario o el salario. Las vacaciones serán teóricamente de 30 días naturales. Sin embargo, muchas personas que llevan años prestando servicios señalan que nunca han disfrutado de vacaciones. Dificulta su exigencia por parte de estas personas el hecho de que su importe esté prorrateado en el precio/hora, ya que en caso de disfrutarse no se le abonaría nada ese mes. Esto también es contrario al derecho internacional, que establece en el convenio 132 de la OIT que toda persona que tome vacaciones deberá percibir su remuneración normal o media.

Cabe entonces preguntarse por tanto si es beneficioso o no para las personas encarceladas realizar trabajos en prisiones.

De una parte se considera una condición necesaria a la hora de reducir el tiempo de permanencia en el centro penitenciario. Sin embargo, la discrecionalidad de las administraciones a la hora de otorgar o no el puesto de trabajo remunerado, así como la ausencia de la figura del despido motivado, ponen a la persona encarcelada en una situación preocupante, obligada a realizar en muchas ocasiones horas extras que no le serán remuneradas, así como lo ya comentado en cuanto al perjuicio económico que supone trabajar en prisiones a la hora de percibir posteriormente el subsidio por excarcelación. Además, en la vida laboral del preso quedará constancia de que ha trabajado en prisiones mediante un código especial, cuestión que puede ser determinante a futuro cuando se encuentre en libertad a la hora de acceder a un puesto de trabajo.

Llama también la atención los beneficios que pueden obtener empresas privadas en colaboración con organismos públicos, que tendrán que abonar salarios muy inferiores en estos casos y que, por tanto, obtendrán mayores márgenes de beneficios cuando utilicen esta modalidad de relación laboral.

Es necesario, por tanto, arrojar luz sobre esta cuestión que tantas veces ha sido silenciada. La Guía Práctica Sobre los Derechos Laborales de las Personas Presas, realizada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha sido un material valiosísimo a la hora de poder realizar el presente texto que tan sólo pretende ser un acercamiento a esta realidad.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/alkim...

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Borrell frena un debate parlamentario sobre el Sáhara para no perjudicar a Marruecos

1 November, 2018 - 00:00

Iván Gil

El Ministerio de Exteriores, del que es titular Josep Borrell, emitió el pasado 25 de octubre un informe desfavorable sobre la celebración en el Congreso de un debate sobre el Sáhara al considerar que podría perjudicar las relaciones del España con Marruecos. Se trataba de un acto de la coordinadora del intergrupo por el Sáhara Occidental al que tenía previsto acudir diputados nacionales de diferentes grupos parlamentarios (Unidos Podemos, Ciudadanos o Mixto), diputados autonómicos y extranjeros de diferentes países de Europa y el Norte de África.

La importancia de las relaciones con Marruecos, según sostiene el informe al que ha tenido acceso este diario, haría que "cualquier acción por parte de poderes públicos conducente a respaldar las reivindicaciones de la RASD o del Frente Polisario puede tener efectos inmediatos en las relaciones bilaterales con el consecuente impacto en el interés general".

Este informe negativo de Exteriores, en el que se basa otro posterior de Relaciones Internacionales de la Cámara, ha llevado a que PP y PSOE vetasen este martes en la Mesa del Congreso la celebración de dicha reunión, mientras que Unidos Podemos y Ciudadanos votaron a favor de que se celebrase. Desde la formación naranja, insisten en que apoyan el acto del Sáhara en el Congreso pero se han mostrado de acuerdo en que se haya pedido un informe a Relaciones Internacionales de la Cámara.

Desde Unidos Podemos han sido más beligerantes al considerar esta decisión una "violación de los derechos fundamentales", según ha criticado el diputado Sergio Pascual. Este ha recordado que se trata de un acto "que pudo hacerse sin obstáculos en Asamblea nacional Francesa el pasado 22 de junio" y al que estaban invitados 65 parlamentarios autonómicos y más de un centenar de europarlamentarios.

El texto también hace hincapié para justificar su negativa en el "compromiso de España con el principio de integridad territorial como vector esencial del orden internacional". A pesar de reconocer que "el caso del Sáhara Occidental no puede ser equiparado ni política ni jurídicamente con el de otros territorios que aspiran a un pleno reconocimiento como Estados independientes, un reconocimiento por parte de España a la RASD como sujeto de pleno derecho dentro de la comunidad internacional podría ser interpretado como una incoherencia o una ambigüedad en la posición de España en esta cuestión".

Todos estos factores explicarían, según sostiene el informe que replica Relaciones Internacionales de la Cámara baja, que España haya colaborado con Marruecos "en cuestiones como la aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado mes de febrero, que deja sin aplicación el acuerdo pesquero entre la UE y el Reino de Marruecos en lo referido a capturas practicadas en aguas correspondientes al Sáhara Occidental".

La posición oficial que España ha expresado públicamente es que apoya "una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea libre determinación del pueblo saharaui" en el marco de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.

El Confidencial

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Un leonés difunde un vídeo para denunciar la injusticia sufrida por su familia en beneficio de multinacionales

1 November, 2018 - 00:00

Un usuario genera una ola de críticas en redes sociales al censurar al alcalde Silván y la concejala Franco por el pago de 39.000 euros a cambio de una casa de sus padres recien jubilados para ejecutar el nuevo centro comercial de La Granja donde se instalará Decathlon y otras grandes superficies.

Como una ola, abrumadoramente de críticas, está circulando desde este miércoles un vídeo en el perfil de un usuario en redes sociales que critica abiertamente, y con una importante carga emocional, la decisión en la que participa el Ayuntamiento de León de expropiar numerosos terrenos, entre otros una casa y una pequeña finca de sus padres en la zona de La Granja de la capital leonesa, para la próxima construcción del anunciado para 2019 centro comercial que albergara, entre otros, a Decathlon o Leroy Merlín, espacio comercial que por otra parte está muy en cuestión respecto a la capacidad comercial de la ciudad.

En el perfil de Ismael Mayo en Facebook, este hombre ha subido un vídeo relatando cuál es la situación en la que quedan sus padres, según él propietarios hasta ahora de "una casa de 100 metros cuadrados" y "una finca de 2.300 metros cuadrados".

Por esta propiedad que será expropiada a sus padres (que sufren por ello "una depresión de caballo, porque ahora que se jubilan se lo quitan"), el Ayuntamiento de León -en realidad, la Junta de Compensación de que el Consistorio forma parte- les ha fijado la cantidad de 39.000 euros, según su relato. "Nos la ha expropiado el Ayuntamiento, el señor Antonio Silván y la concejala Ana Franco", que es la concejala responsable de Urbanismo en el equipo de Gobierno del PP.

Ese precio que les ingresarán es a cambio de una vivienda actual que "no está ni a un kilómetro del centro de León", pero reta a Silván y Franco a comprobar si con el dinero que les pagarán consiguen "comprar otra casa ni a diez kilómetros, a ver si tienen cojones a comprarla", remarca mientras muestra a sus espaldas la zona.

Una zona que, recuerda también, queda situada "entre una gasolinera y el edificio de Iberdrola, pero a esos no les van a expropiar". Y luego "hablan de Venezuela: ¡si son peores ellos, el PP y el PSOE!", añade en sus críticas, librando únicamente al grupo municipal de León en Común (Izquierda Unida), porque "sólo León en Común votó en contra" del desarrollo de esta nueva zona comercial en León.

Así que es al alcalde y la concejala y al resto de formaciones políticas, con excepción de la coalición de izquierdas, a los que ataca este vecino cuando asegura que "a los políticos de aquí les importa más que venga un señor rico a hacerse más rico todavía que el bienestar de las personas".

El VÍDEO, que os dejamos aquí, ha sido compartido ya miles de veces y reproducido a la hora de publicar este artículo en más de 40.000 ocasiones:
https://www.facebook.com/ismael.may...

Fuente: https://www.ileon.com/cuceando/0908...

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Hospital mundial

1 November, 2018 - 00:00

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