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Actualizado: hace 22 min 27 seg

Quimeres

9 September, 2018 - 21:08

Blog de Jesus Eduard Alonso i López (Gandia, País Valencià). "Sóc un llaurador humil dels temps i dels escrits. També un opinador impenitent i un tant incorregible. No solament de coses de l'avui, que també, sinó de les quimeres pròpies d'aquell que busca arrels a la lluita per la pau i troba conflictes, sants anònims i polítics en la penombra".

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Seguimos siendo cómplices de la catástrofe en Yemen

9 September, 2018 - 13:29

El gobierno sabe desde hace tiempo que Arabia Saudí bombardea a diario hospitales, colegios, mercados y campos de refugiados, y que son ya más de 3.000 los niños asesinados.

Desde el martes no dejan de llegarme mensajes y llamadas de enhorabuena, porque al parecer hemos logrado el objetivo por el que tanto hemos luchado. Leyendo los titulares de algunos medios casi me lo llego a creer: “Defensa paraliza la venta de bombas a Arabia Saudí”.

Es cierto que el anuncio confirmado este martes por el Gobierno es una muy buena noticia, pero hay que ponerla en su contexto. En primer lugar, la medida anunciada afecta exclusivamente a un lote concreto de armas, sin que al parecer haya intención de extenderla a otros. Se ha revocado una autorización de exportación para 9,2 millones de euros, mientras que en tres años de bombardeos hemos vendido a Arabia Saudí 932 millones de euros en armas. La gran medida anunciada, siendo importante, afecta a menos de una centésima parte del problema total.

Por otro lado, al contrario de lo que nos quieren hacer creer, esto no es algo que haya llegado de forma espontánea, es fruto del trabajo de gente muy comprometida que lleva tiempo denunciando nuestra complicidad en las violaciones de Derechos Humanos en Yemen, despertando una considerable sensibilidad en la sociedad.

Cabría pensar que el 9 de agosto tocamos fondo con el bombardeo de un autobús escolar y que eso ha hecho recapacitar al Gobierno. Ver esos cuerpecitos rotos amontonados y sus mochilas azules de Unicef desperdigadas por el suelo nos llegó al alma, pero lo cierto es que no ha sido este el más abyecto crimen de guerra de la coalición saudí, ni será el último. El gobierno sabe desde hace tiempo que Arabia Saudí bombardea a diario hospitales, colegios, mercados y campos de refugiados, y que son ya más de 3.000 los niños asesinados. Lo que realmente les preocupa de lo que ocurrió el pasado día 9 no son los cadáveres, sino que se lograra relacionar el ataque con una bomba concreta, fabricada en una fábrica concreta y en un país concreto, en este caso EE.UU.

El Gobierno sabe que las armas que vendemos a Arabia Saudí se usan en Yemen, no cabe otra posibilidad, ningún país en guerra compra decenas de miles de toneladas de bombas para guardarlas en un almacén. Y también sabe que si la bomba utilizada para atacar el autobús hubiera sido fabricada en España, les hubiera dejado en una situación muy delicada. En este contexto es comprensible que se haya revocado esta autorización en concreto, ya que es del tipo de bombas que les podría ocasionar este problema.

Pero el revocar una licencia de exportación tiene una consecuencia mucho más importante y que no se ha valorado debidamente.

La venta de armas a Arabia Saudí es ilegal según el Tratado de Comercio de Armas, la Posición común 944/2008 y la ley 53/2007, las tres coinciden en que cualquier solicitud de exportación de armas que puedan ser usadas contra población civil debe ser rechazada. Pero el Gobierno de España ha venido concediendo hasta el momento todas las que se han solicitado con una excusa muy débil: Arabia Saudí firma una cláusula según la cual se compromete a no usarlas.

Ahora, con esta decisión, el Gobierno español está admitiendo que las bombas pueden usarse contra civiles pese a la cláusula incluida, acabando con el único argumento que defendía estas exportaciones.

Si el propio Gobierno considera que las cláusulas y los compromisos de Arabia Saudí son papel mojado, no solo debería revocar inmediatamente todas las autorizaciones dadas hasta la fecha y no conceder ninguna más, sino que se debería incluso acusar de prevaricación a los miembros de la Junta Interministerial que han otorgado autorizaciones sabiendo que eran ilegales.

Es evidente que esta noticia ha supuesto un punto de inflexión. El martes mismo se reunieron representantes de la campaña Armas bajo control con la Secretaria de Estado de Comercio y le dejaron clara la postura de las organizaciones más prestigiosas, exigiendo inmediatamente el fin de la venta de armas a Arabia Saudí e Israel. Además, este miércoles llega a Santander un buque saudí dispuesto a llenar sus bodegas de bombas españolas. Habrá que ver si finalmente se cargan.

Por otro lado, queda pendiente para las próximas semanas la ratificación del contrato de las famosas corbetas. A pesar de que se pretende dejar estos barcos de guerra al margen, lo cierto es que su papel en el conflicto de Yemen puede ser devastador. Pese a la crueldad de las bombas, la mayoría de la gente que muere allí no lo hace de forma violenta, si no por culpa de un bloqueo brutal que ha desencadenado la mayor catástrofe humanitaria del planeta (muere un niño cada 10 minutos). Nuestras corbetas ayudarían sin duda a reforzar ese bloqueo, ya que hasta Navantia alardea en la web de sus capacidades para interceptar buques mercantes.

Sospecho que habrá movimientos interesantes en los próximos días, habrá que estar atento.

El Diario

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La posverdad suprema

9 September, 2018 - 00:00

La posverdad puede definirse como una cierta indiferencia ante los hechos. El término se utiliza sobre todo para referirse al fenómeno de falsas creencias populares: la imagen de la posverdad que se ha instalado en los medios es la de masas ignorantes engañadas por políticos demagogos a través de las redes sociales.

Sin embargo, el fenómeno de la indiferencia ante la verdad se percibe también en las altas esferas, en el ejercicio del poder; es una constante a lo largo de la historia política. Uno de los ejemplos más puros de posverdad en tiempos recientes fue la decisión de EE.UU. de atacar Irak. La administración de George W. Bush se encerró en su caparazón, eliminando cualquier fuente de información que no fuera a favor de sus planes. Fallaron los mecanismos internos de control y se actuó con desprecio de la realidad: no había evidencia de las famosas armas de destrucción masiva ni un plan mínimamente consistente para la reconstrucción del país. El resultado fue catastrófico: Irak sucumbió a una espantosa guerra civil de la que surgió la insurgencia del EI.

La posverdad es la consecuencia de un “aislamiento epistémico”: un grupo de personas, más o menos amplio, comparte unas determinadas ideas sin someterse al principio de realidad. Cuanto más cerrado sea el grupo, más refractario se vuelve a enfrentarse a la verdad. Las razones de esa cerrazón son muy variadas, del sectarismo ideológico al espíritu corporativo, en el que la confianza no trasciende los límites de un cuerpo profesional.

En estos momentos, la posverdad corporativa e ideológica se encarna de forma sobresaliente en nuestro Tribunal Supremo y su empeño en mantener la acusación de rebelión contra los líderes políticos del movimiento independentista catalán. Tratar de encajar las conductas del “otoño caliente” del 2017 en el tipo penal de rebelión es contrario a la lógica, el sentido común y el propio derecho español. La estrategia seguida en la instrucción del caso supone una degradación profunda de nuestro sistema legal: pocas veces se ha visto con tanta claridad cómo los prejuicios ideológicos y políticos se imponen sobre una consideración racional e imparcial de los hechos.

El Tribunal Supremo se ha metido en su propia burbuja epistémica. El tipo penal de la rebelión requiere un “alzamiento violento y público”. Para poder hablar de rebelión en el caso catalán, hay que deslizarse por una pendiente que termine asimilando los sucesos del otoño pasado al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Pero mientras que los golpes de Estado siempre conllevan violencia (de facto o en forma de amenaza coactiva), lo sucedido en los meses de septiembre y octubre del 2017 no encaja, se mire como se mire, con un “alzamiento violento”.

La acusación de rebelión no sólo carece de sustento empírico, pues la violencia que exige el Código Penal no tuvo lugar, sino que además revela una concepción muy pobre de la democracia, confundiendo protesta, resistencia y desobediencia con violencia insurreccional. En una de­mocracia sana, la protesta y la desobediencia, aunque puntualmente puedan degenerar en algún comportamiento violento en la calle, no se criminalizan como si fuera un golpe de Estado. Sólo retorciendo los hechos y deformando los conceptos se puede mantener la causa por delito de rebelión. Los magistrados han llegado a utilizar la represión policial ocurrida durante la jornada del 1 de octubre como prueba de la violencia del movimiento independentista. Con suma ironía, cabe apuntar que los argumentos manejados por los magistrados del Supremo sobre la violencia fantasmagórica del procés harían las delicias de aquellos posmodernos que ven una violencia ubicua en la vida social.

Si los razonamientos de los magistrados sobre la rebelión catalana se despojaran de su autoridad institucional, no resistirían un mínimo examen lógico en la esfera pública. La acusación de rebelión resulta tan extravagante que incluso podría ser motivo de mofa si no fuera porque hay políticos encarcelados. Sólo cabe explicar la toma de posición del Tribunal Supremo por una mezcla de corporativismo, soberbia y orgullo nacional herido. Se han propuesto dar un escarmiento ejemplar a los líderes del independentismo, un castigo que deje claro a las próximas generaciones el riesgo al que se exponen si alguien intenta de nuevo una estrategia unilateral rupturista.

El Tribunal Supremo es una de las instituciones más conservadoras del sistema constitucional español. Sus miembros son elegidos en ­muchas ocasiones en función de criterios políticos antes que por mérito y capacidad profesional. El Partido Popular ha controlado el Consejo General del Poder Judicial durante largos años y ha conseguido que el Supremo esté muy escorado a la derecha. Además, el clima de la política española permite que los magistrados estén actuando de forma arbitraria e ideológica, pues los mecanismos que inducen un cierto autocontrol por parte del Tribunal no están operativos. Dichos mecanismos tienen que ver con el temor a las reacciones políticas y sociales que sus decisiones pueden suscitar. En la situación actual, los partidos de la derecha, los principales medios españoles, muchos intelectuales y una mayoría abrumadora de la opinión pública están a ­favor del encarcelamiento de los acusados por rebelión. En esas condiciones, los magistrados se sienten impunes. Nada les frena. Están dispuestos a deteriorar aún más la reputación democrática de España, pues el castigo por el desafío a la unidad de España parece estar para ellos por encima de cualquier otra consideración. Para frenar el disparate y la injusticia que se está cometiendo con las acusaciones de rebelión, haría falta una sociedad civil que se tomara en serio que en una democracia resulta inadmisible juzgar a unos políticos por hechos que no han cometido. No estamos ahí todavía.

La Vanguardia

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Les guerres del món a llum de la Història

9 September, 2018 - 00:00

Enric PRAT CARVAJAL (editor). Las raíces históricas de los conflictos armados actuales. València: Publicacions de la Universitat de València (PUV), 2010.

La pau relativa que vivim a l'occident potser ens fa oblidar o ser ben poc conscients de molts dels conflictes que es viuen arreu del món i que, en realitat, d'una manera o una altra, ens afecten. Bé siga perquè n'hem estat causa, perquè milers de joves i persones que aspiren a ser refugiades criden a les portes de les nostres fronteres o bé perquè, al capdavall, ningú no ens lliurem del perill d'acabar fent de la violència un instrument polític.

En una època en què les visions simples i dicotòmiques semblen tornar a envair les nostres ments i les nostres vides no ens hauríem de cansar de reivindicar la crítica, la història, l'intent de comprendre i entendre les nostres societats sense apriorismes precipitats.

En aquest sentit, aquest llibre és una aportació important i una oportunitat que hauríem d'aprofitar. Si bé bona part de la feina s'havia fet a Catalunya, la Universitat de València, cal reconéixer-ho, ha eixit ací de les sues temptacions endogàmiques i s'ha posat a treballar en una perspectiva universalista.

Una vegada més, la història torna a manifestar-se com una vacuna contra la trivialitat i la manipulació barroera que ben sovint fan els poders polítics, sobretot aquells que aspiren a ser imperis, agranar les particularitats i imposar unes memòries oficials.

Com diu l'editor intel·lectual, l'Enric Carvajal, als darrers anys s'han multiplicat els actors armats: exèrcits, policies, guerrilles, paramilitars, narcotraficants... amb molts reclutes adolescents; i ha crescut la proporció de víctimes civils.

La misèria i la pobresa es troben en una primera instància de causes, però cal apuntar, tot seguit, que només una anàlisi històrica concreta pot determinar les causes que provoquen cada guerra. Ço és, una anàlisi cas per cas i no a partir d'una teoria general. A més a més, rara vegada hi ha un conflicte amb una única arrel.

Una atenció especial mereixen els processos de 'construcció d'enemics', uns processos en gran mida inventats davant dels quals hem d'estar ben alerta. Malgrat el que alguns ens vulguen fer creure, les guerres no son inevitables. Sempre hi ha actors que proposen alternatives per evitar un conflicte armat. Sempre hi ha possibilitats de cooperació i d'acord.

El contingut del llibre és molt divers com també ho són els autors i les metodologies que empren. En tot cas ens ofereixen vies per d'entendre el perquè i conèixer més en fondària el que hi ha darrere de conflictes com els del Sahel, Txetxènia, Colòmbia, Afganistan o, per suposat, l'orient mitjà.

Mark Duffield, al seu torn, ens situa en el concepte d'insurgència global i de contrainsurgència en el marc del dualisme global, essencial avui, entre un occident i una països rics que tenen la contenció com un eix fonamental de la seua política. Una contenció que hauria d'implicar la integració de les comunitats migrants i alhora la millora dels pobles subdesenvolupats 'in situ'. Desenvolupament i seguretat entren, així, en una relació íntima i alhora problemàtica ja que sembla implicar un societat de masses que consumeix més enllà de les possibilitats del planeta... en un món en què comença a parlar-se d'una 'guerra civil global'

Malgrat que fa uns anys que va eixir aquest llibre, moltes de les seues explicacions continuen sent útils i ens estimulen a entendre, a resoldre els conflictes i escapar positivament a eixa espiral de xuleria, d'intransigència, d'imperialisme i guerres civils que viu avui el nostre planeta.

Font: http://jesuseduard.blogspot.com/201...

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Importación y exportación

9 September, 2018 - 00:00

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El Bribón siempre acaba ganando

8 September, 2018 - 00:00

Al Bribón le ocurre lo que a la banca, que siempre gana. Esta semana se proclamaba campeón de Europa de la clase 6 metros, que es la suya, sobreponiéndose a todas las adversidades de viento y oleaje y a los nervios del patrón de la embarcación, ese lobo de mar octogenario llamado Juan Carlos pero más conocido en los círculos náuticos como Impune I, el terror de los mares.

Los nervios de nuestra emérita enormidad eran comprensibles. Se debatía en la Mesa del Congreso si se debía investigar en el Congreso esas grabaciones en las que su amiga con derecho a roce, Corinna Sayn-Wittgenstein, explicaba que en tierra firme era un auténtico pirata que cobraba comisiones, ocultaba dinero en Suiza y utilizaba testaferros como ella misma para comprarse propiedades en Maruecos sin enseñar la patita de palo.

La preocupación era lógica porque nuestros dos grandes partidos y el del líder veleta, cuyo republicanismo es conocido del uno al otro confín, no pasan una, sobre todo tratándose de temas sensibles para esa ejemplar monarquía que nunca dio que hablar. Sin embargo, y contrariamente a lo que se esperaba, los justicieros se rindieron a la evidencia. Consideraron que abrir pesquisas parlamentarias a un señor tan respetable era un pérdida de tiempo, un esfuerzo más inútil que un cenicero en una moto. Y no es que el rey campechano fuera inviolable y hubiera podido jugar a matar ancianitas en los pasos de cebra sin que la DGT le quitara los puntos; es que, ante todo, es una bellísima y campechana persona.

Por idénticas razones y siguiendo el camino de los políticos, el juez que investiga las andanzas del comisario Villarejo ya tiene decidido excluir al marinero de luces de la causa, en abierta demostración de que la Justicia es igual para todos. O lo que es lo mismo, si todos fuésemos Impune I podríamos irnos de rositas de la misma manera, ponernos el mundo por montera y reírnos a carcajadas del país cuando se levanta por la mañana para ir a trabajar, que es cuando más gracioso está.

Los tripulantes del Bribón han comprobado que, sometido a presión, el anciano que lleva el timón es una máquina de trasluchar y que a cualquiera menos a él le pueden crujir las cuadernas. Nada puede detener a este Messi de los océanos en su travesía, especialmente ahora que ni le invitan a los aniversarios de la Constitución. No es que huela a podrido en este régimen que muchos creen de mierda. A lo que huele es a salitre.

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Movilizaciones de trabajadores en la bahía de Cádiz en defensa de la venta de armamento a Arabia Saudí

8 September, 2018 - 00:00

Decíamos que el anuncio del gobierno de suspender un pedido de bombas del gobierno saudí con destino a la guerra de Yemen era un gesto meramente propagandístico. Sobre todo por la insignificancia de esa venta en relación al total de comercio bélico entre España y Arabia Saudí (el cual no se ha interrumpido en ningún caso).

Pero es que resulta que ni eso parece que vaya a realizarse. Ante los rumores de que Arabia deje de comprar otros pedidos de armamento se han encendido todas las alarmas. Especialmente en el entorno de la empresa bélica, altamente deficitaria año tras año, NAVANTIA. Cabe recordar que ese déficit sale del erario estatal; es decir de los impuestos. Lo que quiere decir que todos los contribuyentes pagamos para que se mantengan los empleos de estos fabricantes de armamento.

Las organizaciones de trabajadores de Navantia y políticos de todos los colores de la zona -incluyendo a Podemos y alrededores- se significan estos días, incluso con movilizaciones a pie de calle, para presionar al gobierno para que se deje de tonterías con el gobierno saudí y que no se pongan en peligro los pedidos en marcha de buques de guerra. A los niños de Yemen que los zurzan.

Esta es la sociedad en que vivimos hoy. Nota de Tortuga.

CONTRATO CON ARABIA

Navantia San Fernando se echa a la calle en defensa del contrato de las corbetas de Arabia Saudí

Los trabajadores del astillero isleño han cortado esta mañana la autovía CA-33 y quemado neumáticos en señal de protesta. La plantilla anuncia que «lucharán porque está en juego» su futuro. Dan la ruptura del contrato por «oficiosa»

M. L. / V. S.
Cádiz

Los trabajadores de Navantia San Fernando se movilizan ante la posible pérdida del contrato para la construcción de las cinco corbetas. Aún no hay una confirmación oficial pero la plantilla del astillero isleño teme por su futuro y trata de poner freno a una posible cancelación y exigen que se cumpla el compromiso con la Bahía de Cádiz.

Los trabajadores de los astilleros públicos han decidido actuar porque la negativa a vender armas a Arabia Saudí compromete el millonario contrato de 2000 millones de euros y cinco años de carga de trabajo con más de siete millones de horas. Se generarían anualmente cerca de 6.000 ocupados directos e indirectos. De ellos, más de 1.100 serían empleados directos, más de 1.800 empleados de la industria auxiliar de Navantia y más de 3.000 empleados indirectos generados por otros suministradores.

Los trabajadores de la factoría han cortado la autovía CA-33 en protesta ante la posible pérdida del contrato

Según ha señalado el presidente del comité de empresa, Jesús Peralta, la situación es «muy complicada» y da la ruptura del contrato por «oficiosa».

Ya en la jornada de ayer, el concejal del grupo municipal del Partido Popular, Juancho Ortiz instaba al alcalde de Cádiz para que «deje la ambigüedad y apueste por el empleo en Navantia». El mismo mensaje que José Loaiza, presidente del PP de San Fernando y portavoz del grupo en la Diputación de Cádiz, trasladaba a esta última institución.

El Comité de empresa se ha reunido esta mañana con los trabajadores y se ha celebrado una asamblea donde se ha acordado partir hacia la carretera CA-33 para proceder a su corte. La marcha ha comenzado poco antes de las 10.oo horas y los trabajadores han recorrido la carretera con una gran pancanta desplegado donde se podía leer: «Carga de trabajo ¡ya! Navantia San Fernando». Sobre las 11.00 horas los empleados de la factoría isleña han dado por concluido el corte de la carretera y han emprendido el regreso al astillero.

Peralta, como representante de los trabajadores ha explicado que, aunque les queda «un hilo de esperanza», tienen «un temor cierto» de que el contrato para que Navantia construya las cinco corbetas para Arabia Saudí va a ser cancelado, un temor que se basa en información que han recabado «de la propia Navantia, de la clase política, de la embajada saudí, en muchos puntos»

«La situación es crítica, nos acongoja la frustración y la rabia porque este contrato es el mayor contrato de la historia de exportación de Navantia, significa el sustento de muchas familias de la Bahía de Cádiz», ha añadido.

Tanto es así que los trabajadores de Navantia San Fernando aseguran que «no han dudado en echarse a la calle» por ellos «y también por los que no están aquí». Y aseguran que seguirán «luchando para asegurar el sustento en nuestras casas. Está en juego nuestro futuro», por lo que continuarán con las movilizaciones.

Por su parte, la empresa pública de construción naval ha declinado realizar declaraciones sobre el tema. Mientras que la Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha señalado a este periódico que no tiene información al respecto

Cabe recordar que la confirmación de la firma del contrato, en negociaciones desde el año 2015, se produjo el pasado mes de julio por un importe de 1.800 millones de euros, suponiendo una carga de trabajo global de alrededor de siete millones de horas para los astilleros de Bahía de Cádiz, Ría de Ferrol y Cartagena y su industria auxiliar.

Fuente: https://www.lavozdigital.es/cadiz/p...

Andalucía se levanta en armas para defender la venta de corbetas a Arabia Saudí

Comercio desvelará su posición oficial este viernes en el Congreso tras fuertes roces internos. Una parte pide al presidente que desautorice el anuncio de la ministra de Defensa.

Isabel Morillo. Sevilla

El Gobierno andaluz montó en cólera días atrás cuando oyó que la ministra de Defensa, Margarita Robles, paraba la venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí. Nadie les había informado previamente de esa decisión. También cundió el pánico en la plantilla de Navantia San Fernando, que, tras años muy negros en los astilleros gaditanos, recibió a principios de julio como una tabla de salvación la confirmación del contrato de cinco corbetas para la armada de Arabia Saudí.

El departamento de Margarita Robles confirmó punto por punto la información adelantada por la SER, el pasado lunes, sobre la paralización de la venta de 400 bombas de precisión para bombardear Yemen. Defensa anunció que devolvería los 9,2 millones de euros abonados por este material.

El ministerio de Robles mantiene ese anuncio, pero deja los detalles en manos de Industria. Se espera que este viernes se aclare la posición oficial del Gobierno de Sánchez respecto a la venta de armas y la relación con Arabia Saudí. La cita es en el Congreso, donde la secretaria de Estado de Comercio presentará el informe anual de 2017 sobre exportaciones del Ministerio de Defensa, informará sobre la revocación del contrato en el conflicto de Yemen y sobre si va a haber algún cambio de la política de exportación.

Hasta que el Gobierno no fije oficialmente su posición, hay dudas y un choque de trenes entre Defensa e Industria. Fuentes cercanas a la ministra Robles insistían en que la suspensión de la venta de bombas a Arabia Saudí es irrevocable, mientras que otras fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez aseguraban que “lo de Defensa no se sostiene” y garantizaban que no habrá cambios en la venta de armas y material de guerra. Navantia llamaba a la calma en la antesala de esta comparecencia.

Para Podemos no hay 'casus belli'

Podemos, por su parte, no pone énfasis en que se pare la venta de armas a Arabia Saudí como una condición irrenunciable en sus negociaciones con el PSOE. En otra etapa sí hizo mucho ruido con este asunto. Desde el equipo de Pablo Iglesias aseguraban que este tema ni siquiera ha llegado a la mesa y no pusieron tampoco especial énfasis. Hay que recordar que el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi', se plantó ante su partido y no se opuso a las negociaciones con Arabia Saudí, anteponiendo los intereses laborales de la bahía gaditana, una comarca azotada por el paro y víctima de sucesivas reconversiones industriales.

También el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, se plantó frente a su partido y antepuso la carga de trabajo a las exigencias de Podemos. Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón enviaron una carta abierta a la compañía pública española Navantia para exigir que se frene la venta de esas cinco fragatas.

“Es un gran error por parte del Gobierno. Un error garrafal. Ya sabemos cómo es la cultura árabe y cómo ha sido de dura la negociación para lograr los contratos de las corbetas. Son de ‘o conmigo o contra mí”, advierte desde Cádiz el presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando, Jesús Peralta. Desde que se conoció la suspensión de la venta de armas la plantilla, asegura, vive acongojada y cada día son muchos compañeros los que proponen salir a la calle y preguntan qué va a pasar exactamente.

Los trabajadores de Navantia San Fernando preparan ya movilizaciones pese a que la empresa les ha pedido "calma" y "prudencia"

El contrato firmado para la construcción de cinco corbetas en los astilleros gaditanos se formalizó el pasado 12 de julio y fue celebrado con júbilo por el Gobierno de Susana Díaz. Navantia ensalzó una operación que alcanza un importe de 1.800 millones de euros y que representa “la mayor de la historia” de los astilleros públicos españoles con un cliente extranjero. Fuentes oficiales de la empresa aseguraron a El Confidencial que Navantia "no ha constatado ninguna novedad" y que "los trabajos preparatorios de las cinco corbetas siguen ejecutándose con absoluta normalidad". Arabia Saudí no ha emitido ninguna señal ni mensaje tras el anuncio de Defensa días atrás.

El contrato se estaba negociando desde 2015 y supondrá unos 6.000 empleos al año hasta 2020. En octubre, según los responsables del comité de empresa, es cuando el contrato entra oficialmente en vigor tras su firma en julio. Ahora mismo ya hay trabajos de ingeniería en marcha. La construcción del primer barco comenzará a finales de diciembre o principios de enero, asegura el portavoz del comité de empresa.

La palabra de Susana Díaz

Eso sí, advierte Peralta, “el anuncio de Defensa no da al traste con este contrato”. El portavoz de los trabajadores lanza un aviso contundente: “En el momento en que veamos que hay algún peligro para nuestro empleo, saldremos a la calle”. Desde el comité de empresa admiten que han tenido contactos oficiosos con responsables de Navantia que les piden “calma” y “prudencia”. El presidente del comité de empresa también conversó con el vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios. Los trabajadores aseguran que el vicepresidente andaluz les reclamó que no sembraran “alarma” y les garantizó que el Gobierno de Susana Díaz está haciendo todo lo posible para que no se pongan en peligro estos contratos con Arabia Saudí.

Un par de días antes de que Navantia anunciara la firma del gran contrato, Susana Díaz recibió en San Telmo a representantes de los trabajadores y se comprometió a interceder ante el Gobierno central para que se atendieran las demandas de los astilleros de Puerto Real y se garantizaran los contratos negociados por el anterior Ejecutivo del PP.

Los nombramientos desde Hacienda, con andaluces en puestos clave de SEPI y Navantia, mandaron un mensaje tranquilizador a la Junta que se quiebra

El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es Vicente Fernández Guerrero, que fue interventor delegado de la Junta de Andalucía, alto cargo en varios gobiernos andaluces y responsable de varias empresas públicas autonómicas. Fue un nombramiento directo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y en las filas del Gobierno andaluz se entendió como un guiño. La designación después de Susana Sarriá como presidenta de Navantia dio aún más garantías en las filas de Susana Díaz de que se blindaría la carga de trabajo para los astilleros de Cádiz. Sarriá también fue alto cargo en la Junta y conoce de primera mano la bBahía gaditana. Todo eran señales de que habría especial mimo con los contratos gaditanos, hasta que el Ministerio de Defensa hizo su anuncio.

“No es un revés solo para nosotros sino para cientos de empresas andaluzas y españolas que tienen intereses comerciales en Arabia Saudí. Son muchos puestos de trabajo los que están poniendo en juego por agradar a sus socios”, sostiene el portavoz de los trabajadores de Navantia, en alusión al PSOE de Pedro Sánchez y Podemos.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/espa...

Industria armamentística

El Ibex, la derecha y la izquierda política andaluza, inquietos ante el cambio de relaciones con Arabia Saudí

Pablo Elorduy

El conflicto de Yemen con la llamada liga árabe encabezada por Arabia Saudí ha protagonizado la comparecencia de la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez. La paralización, por parte de Defensa, de la venta de 400 bombas láser anunciada a principios de semana ha permitido a la secretaria de Estado desarrollar un discurso sobre la política “responsable y muy sensible” respecto a los derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional en el organismo encargado de la discusión sobre comercio de armas, la llamada Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU).

“Mi intención sería no centrar el debate en un país concreto”, ha solicitado Méndez. Pero ha sido imposible. Sobre la mesa estaban las últimas informaciones acerca de la construcción de las corbetas que Navantia tiene previsto iniciar. Buques de guerra que, como ha alertado la campaña Armas Bajo Control —y ha sido motivo de una pregunta hoy del diputado de Compromís, Enric Bataller—, podrían ser utilizados no solo para el bombardeo de las costas yemeníes sino también para el bloqueo naval del país del golfo de Adén.

Casi simultáneamente a la comparecencia de Méndez, la portavoz de Gobierno, Isabel Celáa, ha defendido las relaciones con Arabia Saudí, negando cualquier tipo de crisis diplomática. Celáa ha defendido que el encargo de Navantia se llevará a término y que, incluso, cabe la posibilidad de que se revierta la decisión de Defensa sobre la exportación de las 400 bombas a la Coalición Saudí.

El diputado del PP Jesús Postigo ha tocado la fibra del Gobierno con preguntas sobre las futuras relaciones diplomáticas con Arabia Saudí, cuyo gobierno está indignado, según varios medios de comunicación, con la denegación de la exportación de bombas. Este partido se ha hecho eco de la información publicada por El Confidencial que avanza la bronca interna entre el PSOE a cuenta de la fabricación de las corbetas. Según este medio, el Gobierno de Susana Díaz ha montado en cólera ante la posibilidad de que Arabia Saudí, vetada para toda relación económica por su defensa de cumplimiento de derechos humanos en el caso de Samar Badawi, tome medidas coercitivas contra España, como ya sucedió con el caso de Canadá.

“En ningún caso el Gobierno va a poner en peligro esta operación, el contrato sigue vigente, los primeros pagos se han realizado, el contrato sigue en marcha”, ha reiterado la secretaria de Estado, que conoce los riesgos de un posible fracaso de la operación, especialmente en la provincia de Cádiz, donde se concentra la mayor parte de los 6.000 empleos anunciados por la operación de la empresa Navantia. “Hasta donde yo sé el contrato está vigente”, ha declarado Méndez, que ha recordado que la autorización final todavía no ha pasado por la mesa de la comisión interministerial: “No vamos a ponerlo en riesgo pero la futura licencia va a ser estudiada con todo rigor”.

Podemos pasa de puntillas

La situación de desempleo crónico en la provincia de Cádiz —donde todos los municipios con más de 40.000 habitantes tienen un paro superior al 25%— ha generado en el pasado un conflicto en el seno de Unidos Podemos. En julio de este mismo año, el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi', aseguró que “el contrato entre Navantia y Arabia Saudí es necesario porque en la ciudad significa trabajo”. Hoy mismo, pasadas las 15h, ‘Kichi' ha publicado en su cuenta de Twitter una defensa de los puestos de trabajo de la bahía de Cádiz, sin referencia al contrato de Navantia ni a las corbetas, asegurando que los trabajadores “necesitan carga de trabajo estable, sostenida en el tiempo, respetuosa y no sometida a los caprichos de partidos que han despreciado nuestros Astilleros”

El alcalde de Puerto Real, Antonio Romero (Sí Se Puede), también ha defendido públicamente la priorización del empleo en los astilleros frente a un cambio en la política respecto a Arabia Saudí. En la sesión de hoy, la diputada de Podemos Carmen Valido no ha hecho alusión al contrato de las corbetas con Navantia.

Ignacio Robles, activista por los derechos humanos y bombero expedientado por no participar en las operaciones de carga de bombas para la Coalición Saudí, explica cuál es el coste del desarrollo de la industria militar experimentada por España en las últimas décadas. Desde finales de los 90, explica Robles, el Estado ha invertido 47.000 millones de euros en la industria armamentística, vía Programas Especiales de Armamento: “Son puestos de trabajo muy caros. La patronal de defensa declara 22.500 puestos de trabajo. Como inversión en puestos de trabajo es una auténtica ruina”, declara Robles.

Es un dinero que se ha gastado de forma que dependa totalmente de los astilleros de guerra, explica Robles, que denuncia que con Cádiz ha habido una política planificada por parte de los sucesivos Gobiernos que ha “secuestrado” a una región: “O los haces cómplices de la venta de armas a Estados terroristas o se quedan sin trabajo”. Para Robles, es imprescindible revertir esa política respecto a los astilleros gaditanos en busca de otras líneas de producción y fabricación.
Solución: cuando las corbetas se terminen

Ignacio Robles destaca la voluntad de mejora mostrada por el Gobierno, también una serie de medidas anunciadas que deben favorecer el principio del fin de la opacidad en torno a la venta de armas. En este sentido, Xiana Méndez ha anunciado que se creará una comisión conjunta de trabajo entre la Comisión de Defensa del Congreso y de la JIMDDU. Esto permitirá conocer más detalles sobre la “garantía de uso final” que Arabia Saudí esté dispuesta a firmar con el Gobierno español para asegurar que los cinco buques no sean utilizados en la guerra de Yemen o en otro futuro conflicto. En el actual, Yemen ha sido calificado como “la peor catástrofe humanitaria del momento presente” por la ONU.

La secretaria de Estado ha insistido en que el nuevo Gabinete quiere implementar mejoras en esas garantías de uso final, “mejoradas y súper reforzadas”. Un tipo de cláusulas que permiten desde conocer la situación de las armas exportadas hasta el bloqueo de los sistemas armamentísticos de un barco si sale del ámbito geográfico predeterminado, una cláusula que Estados Unidos ha impuesto en exportaciones a países “inestables”.

Desde la firma definitiva del contrato, que Navantia debe llevar a cabo en las próximas semanas, se abre el proceso de construcción de las corbetas. La primera debe estar lista 35 meses después de esa firma, las cuatro siguientes, a razón de una cada cuatro meses. Será en ese momento cuando la JIMDDU deba decidir sobre la autorización de las corbetas, en base a esas garantías que Comercio quiere “reforzar” y que serán conocidas, al menos en sus líneas generales, por los otros grupos del Congreso, presentes en la Comisión de Defensa.

Pero la carrera ya ha comenzado. Los medios anuncian movilizaciones por el empleo en Cádiz y Puerto Real, el Ibex 35 presiona a través de la prensa y de los partidos políticos conservadores para que se mantengan los “negocios como siempre” con Riad, y el PSOE se debate entre su ala derecha, el poder de Susana Díaz y el compromiso ratificado hoy por la secretaria de Estado en cuanto a que los derechos humanos deben prevalecer sobre los intereses comerciales en la venta de armas.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/indus...

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Venta de armas: El gobierno no piensa renunciar al suculento contrato de armamento con Arabia Saudí

7 September, 2018 - 21:17

Arabia Saudí es el quinto comprador de armamento español, con 270 millones al año.

Público | AGENCIAS

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha garantizado este viernes en el Congreso que el Gobierno "en ningún momento" va a poner "en riesgo" el contrato de 1.813 millones de euros firmado con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas después de que España cancelara la venta de 400 bombas de precisión a este país.

"Hasta donde yo sé, el contrato sigue vigente y la fabricación sigue adelante", ha asegurado Méndez en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso para dar cuenta del informe de la venta de exportación de armas correspondiente al año 2017.

Poco después de esta comparecencia, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, reafirmaba las palabras de la secretaria de Estado y aseguraba en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros la "firme voluntad" del Ejecutivo en mantener los compromisos con Arabia Saudí.

Estas declaraciones se producen después de que más de un millar de trabajadores del astillero de Navantia de San Fernando (Cádiz) cortaran este viernes por la mañana el tráfico de la autovía A-4 para expresar su temor a que se cancele el contrato para la construcción de esas cinco corbetas.

El cese de la venta de bombas, de anuncio a declaración de intenciones

La sospecha de que se suspenda ese contrato se ha extendido entre la plantilla del astillero después de que esta semana el Ministerio de Defensa confirmara que había iniciado los trámites para dejar de vender 400 bombas a Arabia Saudí que podrían utilizar para bombardear Yemen, un anuncio que ahora parece ser una declaración de intenciones, según informan fuentes fundamentales este viernes.

En este sentido, el Ejecutivo subraya que este asunto todavía tiene que pasar por la discusión de una comisión de varios ministerios y someterse a distintos matices. "No le puedo contestar porque depende de la resolución a la que llegue la comisión, la respuesta no la tenemos todavía", ha dicho Celaá cuando se le ha preguntado si el Gobierno sigue siendo contrario a la operación de venta de bombas del Ejército de Tierra a este país.

No obstante, dos días después del anuncio del veto de Defensa, un nuevo barco cargó en el puerto de Santander armamento con destino a Arabia Saudí, según informó Público.

Arabia Saudí es el quinto mayor comprador de material militar español y de doble uso, con una inversión de 270 millones de euros el año pasado, lo que supuso el 6,2% de todas las exportaciones militares de España.

"Somos conscientes de la importancia de este contrato, un magnífico contrato de 1.813 millones de euros y que genera cerca de 6.000 empleos", ha destacado Méndez, que ha explicado que ayer, jueves, se puso en contacto con responsables de Navantia que le aseguraron que el contrato seguía vigente.
Sistema de control y verificación

En su comparecencia en el Congreso, la secretaria de Estado de Comercio ha garantizado que el sistema de control sobre las exportaciones de armas con el que cuenta España es "de los más exhaustivos del mundo" y prohíbe la venta de material a zonas de conflicto donde puedan ser usadas contra la población civil o en crímenes contra la humanidad.

No obstante, ha avanzado que se ha puesto en marcha un grupo de trabajo para articular un sistema de control de la venta de armas, no solo antes de la exportación, sino también del uso efectivo que el país de destino hace de ellas a posteriori.

Un nuevo sistema de verificación —en el que España será "pionera"— que requerirá de la aprobación de un decreto ley que articule legalmente el modelo de verificación de ese material de defensa.

Público

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El ejército español registra más de 60 denuncias por acoso sexual en los dos últimos años

7 September, 2018 - 00:00

infoLibre

Las Fuerzas Armadas registraron más de 60 denuncias por acoso sexual en los dos últimos años, según datos aportados por el Ministerio de Defensa al diputado de Izquierda Unida Miguel Ángel Bustamante, que lamenta además que la mayoría de estas denuncias quedan sin condena, informa Europa Press.

De acuerdo con la documentación remitida por el departamento dirigido por Margarita Robles, en el año 2016, el primero del que se pueden facilitar datos de acoso desagregados en sus distintas modalidades, se formularon 20 denuncias, de las que 16 son del ámbito penal y 4 del disciplinario. A ellos se suman otros 42 casos en 2017, de ellos 16 penales y 26 en el ámbito disciplinario.

IU recuerda que el anterior Ejecutivo del PP respondió en abril a otra iniciativa parlamentaria apuntando que, según datos del Tribunal Militar Central, entre 2004 y 2015 hubo en las Fuerzas Armadas 174 denuncias relacionadas con acoso.

Según calcula la formación integrada en Unidos Podemos, esto supone una media de 14,5 casos por año, muy por debajo de las denuncias de los dos últimos años.

En su respuesta, Defensa puntualiza que el acoso sexual, por razón de sexo y profesional no se recogía en la legislación militar como un delito o falta disciplinaria específicamente hasta el año 2015, sino que se encuadraba dentro de otros delitos o faltas disciplinarias genéricos como el abuso de autoridad o la extralimitación en el ejercicio del mando.

Esto fue así hasta la reforma de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y del Código Penal Militar, que recogen de forma específica los delitos y faltas disciplinarias muy graves de acoso en sus diferentes modalidades (sexual, por razón de sexo y profesional).

En cuanto a la situación concreta de los distintos procedimientos abiertos, el Ministerio especifica que, en 2016, de las 16 denuncias de ámbito penal hay siete procedimientos finalizados (uno sobreseído, uno archivado, tres remitidos a la autoridad disciplinaria y dos absueltos) y nueve están en trámite. De las cuatro denuncias en el ámbito disciplinario de 2016, tres están archivadas y hay una sanción por falta grave.

Respecto a 2017, de las 16 denuncias penales hay un procedimiento finalizado (sobreseído) y 15 en trámite. Por su parte, de las 26 denuncias en el ámbito disciplinario en ese mismo año hay once procedimientos finalizados (nueve archivos y dos sanciones disciplinarias) y 15 están en trámite.

Preocupación por el bajo porcentaje de condenas

En relación a estos datos, el diputado Miguel Ángel Bustamante ha mostrado su preocupación por "el bajo porcentaje" de procedimientos que acaba con una decisión condenatoria, tanto penal como disciplinaria.

"No sólo nos preocupan los datos porcentuales, sino el hecho de que esta situación de mayoría de archivos y sobreseimientos retraiga aún más a las víctimas para dar el difícil paso de denunciar cualquier situación de acoso en un ámbito tan cerrado y tan poco propicio para ello como es el castrense", subraya Bustamante.

El Gobierno detalla además en su respuesta parlamentaria que el 69% de las denuncias se presentan ante el jefe de unidad o autoridad disciplinaria y el 31% ante las Unidades de Protección frente al Acoso (UPAs). En concreto, entre los años 2016 y 2017 se tramitaron 17 denuncias a través de las UPAs.

Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/p...

Más sobre violencia machista en el ejército español

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La prostitución no es sindicable

7 September, 2018 - 00:00

Aparte de la cuestión catalana, pocos temas suscitan debates tan encendidos como el de la prostitución. La decisión ministerial de rechazar la inscripción de OTRAS como “sindicato de trabajadoras sexuales” ha desatado una oleada de airadas reacciones en las filas de una parte significativa de la izquierda y del feminismo. Así, hemos escuchado enérgicas protestas, acusando al gobierno del PSOE de coartar el derecho de asociación, cerrando el paso a la auto-organización de las mujeres y violando sus derechos de sindicación.

Sintiéndolo mucho por esas voces que se han alzado en nombre de los derechos de las “trabajadoras sexuales” – voces entre las que se cuentan las de no pocas amigas y compañeras políticas – debo decir que, en esta controversia, es a mi entender el gobierno quien se sitúa más a la izquierda, en una posición más acorde con la defensa de los intereses de las mujeres – empezando por aquellas que se hallan inmersas en el mundo de la prostitución – y más respetuosa hacia el sindicalismo de clase.

Hay una gran confusión en el enfoque de la cuestión. El “gol por la escuadra” no se lo han colado tanto al gobierno como a la opinión pública. Y no lo ha hecho ningún colectivo de mujeres, sino la poderosa industria del sexo, interesada en promover un nuevo marco jurídico, más ventajoso para la expansión de sus negocios, que comporte la legalización de la prostitución. Eso es lo que realmente está en juego… y es precisamente lo que queda hábilmente embrollado por la polémica.

Veamos. No toda actividad humana es sindicable. Nunca ha podido haber un sindicato de esclavos – lo que no quiere decir que, a lo largo de la historia, los esclavos no se hayan rebelado y auto-organizado. Pero, cuando lo han hecho, ha sido para abolir su esclavitud, no para negociar el número de latigazos que se les podían administrar. La acción sindical requiere una existencia jurídica formal de igualdad. Y la necesidad de esa acción sindical radica en el hecho de que, a pesar de dicha igualdad jurídica, se da una desigualdad social entre los poseedores de los medios de producción y aquellos que sólo disponen de su fuerza de trabajo. En ese sentido, la tradición socialista habla de la condición de la clase obrera como de una “esclavitud asalariada”. Pero Marx distinguía muy bien entre la situación del proletariado industrial y la de los esclavos de las plantaciones. Tanto es así que la Iª Internacional apoyó firmemente a Lincoln, que distaba mucho de ser socialista, en la guerra civil americana. En el largo camino hacia la emancipación, el movimiento obrero requería la abolición de la esclavitud para progresar en su organización.

Hoy asistimos a una intensa batalla ideológica para que aceptemos la prostitución como un trabajo, como una mera prestación de servicios. La constitución y el reconocimiento de sindicatos de prostitutas certificaría, pues, la legitimación de la prostitución como una actividad profesional más. Pero ése es, al mismo tiempo, el talón de Aquiles de la argumentación. Porque no puede darse una acción sindical por debajo de un umbral de reconocimiento de derechos humanos, cuya ausencia constituye la característica fundamental de la prostitución. La prostitución se basa en una desigualdad estructural entre hombres y mujeres; desigualdad que una sociedad democrática no debería admitir. La prostitución es un privilegio masculino y funciona como un comercio entre hombres: unos hombres – por medios diversos, combinando violencia, engaño, opresión racial y explotación de situaciones de pobreza – condicionan a unas mujeres, las deshumanizan y las ofrecen como mercancía a otros hombres. Esa es la realidad. Por supuesto, no sólo hay mujeres en situación de prostitución. También hay hombres, personas transexuales… Pero los “clientes” son siempre hombres. El consumo femenino de sexo de pago es irrelevante. La prostitución quizás sea la más genuina de las instituciones patriarcales.

Los colectivos que defienden la legalización de la prostitución siempre andan exigiendo que distingamos entre prostitución forzada, resultado de la trata, y “voluntaria”. Una exigencia exclusivamente dirigida, por cierto, al feminismo abolicionista, nunca a los “clientes”. Pero la cuestión de la libertad no es pertinente cuando hablamos de prostitución. Sobre todo si la disociamos del verdadero problema, que es de la igualdad. Vale la pena recordar que la abolición de la esclavitud americana no consistió en decir que los negros que quisieran podían abandonar los campos de algodón de los terratenientes sureños. Lincoln no ahondó en la subjetividad de Kunta Kinte, ni del Tío Tom. Planteó que ningún ciudadano tenía derecho a poseer, comprar o vender a otro ser humano. En eso consiste la abolición de la esclavitud – y, cabe esperar, de esa forma persistente de esclavitud que constituye la prostitución: la supresión de un privilegio. Una supresión jurídica que, aunque no suponga ni mucho menos la desaparición de aquella relación de opresión, sí obliga a los poderes públicos a trabajar para su erradicación y representa, en ese sentido, un progreso inestimable para la humanidad.

Pero, volvamos al sindicalismo. Lo que está en cuestión no es que las mujeres inmersas en el mundo de la prostitución se organicen – cosa que no topa con ningún impedimento jurídico, sino con las condiciones de violencia, el férreo control de las mafias proxenetas y los estragos físicos y psicológicos que padecen esas mujeres. En el mejor de los casos, podríamos imaginar asociaciones de ayuda mutua. Pero en ninguna circunstancia podría hablarse de sindicatos.

En distintos países existen organizaciones que se presentan como “sindicatos de trabajadoras sexuales”. En general, esas entidades se caracterizan – dicho de modo suave – por la escasa presencia de mujeres en sus filas y por el hecho de concentrar su actividad en una propaganda de los parabienes de la prostitución, recusando de manera calumniosa del pensamiento abolicionista. No tengo noticia de que, en parte alguna, dichos “sindicatos” hayan negociado ningún convenio, contrato laboral o mejora de las condiciones de trabajo de las mujeres cuyos intereses dicen defender. Y es que, sencillamente, eso no es posible. ¿Cuáles serían los términos de un convenio del ramo de la prostitución? ¿En qué consistiría un Estatuto de la Trabajadora Sexual? Por ejemplo… ¿cuál sería la edad legal para empezar a ejercer la prostitución? ¿Habría una formación profesional y contratos de aprendizaje? ¿Cómo se establecerían las tablas salariales? ¿Por el número y la naturaleza de los “servicios”? ¿Tendrían derecho las mujeres a rehusar clientes o a rechazar determinadas prácticas? ¿Tendrían, por ejemplo, la obligación de seguir ejerciendo durante la menstruación o durante el embarazo? ¿Se reconocerían las enfermedades sexualmente transmisibles como enfermedades profesionales? Pero, sobre todo, si algo semejante llegase a plasmarse en un papel, ¿alguien cree posible el control, por parte de la Inspección del Trabajo, de un convenio incluyendo algún límite a la explotación de las mujeres? Si consideramos la experiencia de Alemania, con una amplia red de millares de burdeles, la patronal proxeneta puede dormir tranquila. La legalización no ha supuesto una mejora en la protección de las mujeres. Al contrario, al fomentar la demanda, se ha incrementado la trata – procedente sobre todo de Europa del Este – para satisfacerla. Y, con todo ello, los circuitos ilegales de prostitución.

Bajar de la nube de los discursos de auto-consumo y aterrizar sobre el arduo terreno de la articulación práctica de las mejoras materiales – no hay nada más práctico y concreto que el sindicalismo –, nos lleva a darnos de bruces con la realidad: un mundo donde la integridad y la dignidad humanas son pisoteadas, negadas por la propia naturaleza de la relación que se establece en la prostitución. Lo que hace que no sea sindicable. Situándonos en un elemental enfoque sindical, una supuesta actividad profesional que, como es el caso de la prostitución, conlleva los niveles de mortalidad, drogodependencias y enfermedades que certifican la OMS y multitud de estudios – incluidos los de países donde, legalizado, el comercio sexual se expande – debería ser tan proscrita como antaño lo fue el trabajo infantil en las minas de carbón. Sin contar con las consecuencias de normalizar la prostitución desde el punto de vista de los derechos de las mujeres en el mundo del trabajo.

Por otra parte, ¿de qué derechos hablan quienes arguyen que habría que reconocer la prostitución como un trabajo? ¿Hablan acaso de la regularización administrativa de tantísimas extranjeras pobres que nutren los contingentes de mujeres prostituidas en los clubs de carretera y las calles de los polígonos? ¡Nadie lo desea tanto como las abolicionistas! Porque nada facilitaría tanto la salida de la sordidez de la prostitución por parte de esas mujeres como disponer de papeles. ¿Hablamos de cobertura social? Nada impide a una mujer que ejerza la prostitución inscribirse en la seguridad social en régimen de autónoma, cotizar y acceder a las prestaciones correspondientes. Si eso no ocurre, no es porque alguna ley lo prohiba, sino porque las mujeres que se encuentran en situación de prostitución no gozan de la libertad y el desparpajo de quienes hablan en su nombre como supuestas sindicalistas – y que empiezan por minimizar el fenómeno de la trata y el control mafioso como si fuesen algo residual. Las leyes de extranjería, las violencias de los proxenetas, la ignorancia, las adicciones, la pérdida de autoestima y de autonomía personal… En una palabra: la propia realidad destructiva del mundo de la prostitución es lo que aleja a las mujeres incluso de derechos que, formalmente, ya tienen.

Pero, aparte de lo dicho, aún nadie ha formulado, ni concebido, un derecho sindical propiamente dicho susceptible de implementarse en las relaciones laborales del pretendido “trabajo sexual”. Sólo escuchamos discursos sobre el “empoderamiento” que hacen las delicias de una izquierda de matriz postmoderna que se ha socializado muy poco en el mundo del trabajo y de un feminismo sin arraigo de clase. Sería muy recomendable recuperar la memoria histórica y la continuidad de movimientos feministas tan ejemplares como el que representaron en su día las “Mujeres Libres” de la CNT. En los años treinta y en plena guerra contra el fascismo, no disponían todavía de las herramientas conceptuales y los descubrimientos que ha ido forjando el feminismo en décadas ulteriores. Sin embargo, sí entendieron como nadie la solidaridad con las mujeres prostituidas, a quienes veían como las hijas más humilladas y oprimidas de la clase obrera y a quienes había que devolver a un lugar digno de la sociedad. Y eso, levantándose contra los privilegios y el dominio de los hombres… empezando por los de la propia CNT. (Ver el magnífico trabajo de Nekane Jurado, “Lucharon contra la hidra del patriarcado: Mujeres Libres”, editado por Eusko Lurra fundazioa).

En resumen: no es el derecho de asociación lo que está amenazado por el gobierno, sino el derecho de las mujeres a no ser prostituidas lo que está en peligro ante el poderío de las industrias del sexo. Unas industrias que generan enormes beneficios y que quieren seguir expandiéndose. Y unas industrias que despliegan campañas publicitarias muy eficaces, con mensajes específicos para seducir a cada colectivo de las bondades de una prostitución adaptada a sus respectivas ideas. Ante las feministas, se evoca el derecho al propio cuerpo. A los anticapitalistas, se les habla de auto-organización. A los sindicalistas, de derechos laborales. En Alemania hubo hace algún tiempo una campaña promocional, ofreciendo descuentos a los clientes que acudiesen al burdel en bicicleta. ¿Quién dijo que la prostitución está reñida con la ecología? Si hemos de atenernos al revuelo que se ha formado estos días – e incluso a las dudas aparecidas en las filas de algún sindicato de clase – hay que reconocer que esas maniobras de confusión funcionan.

En la prostitución, los únicos derechos que prevalecen son los de proxenetas y puteros. Para que triunfen los de las mujeres son necesarios cambios legislativos que nos saquen del actual limbo jurídico. Pero no en el sentido que querrían los proxenetas, deseosos de instalarse en el panorama social como respetables empresarios. Necesitamos con urgencia una legislación inspirada en el modelo abolicionista feminista nórdico, que despenalice y proteja a las mujeres y, por el contrario, castigue la compra de servicios sexuales. Sin demanda, no habría prostitución, ni trata. A no ser que creamos que la prostitución constituya un derecho del hombre.

Lluís Rabell (2/09/2018)

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Fuente: https://lluisrabell.com/2018/09/02/...

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La escuela

7 September, 2018 - 00:00

Categorías: Tortuga Antimilitar

El contrato anulado por el gobierno supone menos del 1% de las ventas de armas a Arabia Saudí durante la guerra en Yemen

6 September, 2018 - 00:05

Desde 2015, año de inicio del conflicto, España ha exportado armamento por valor de 932 millones de euros, según cifras de la Secretaría de Estado de Comercio.

Las ONG se han reunido con la secretaria de Comercio para exigir el cese total de las exportaciones de armas al país saudí por el peligro de que sean usadas en la guerra de Yemen.

Icíar Gutiérrez / Ana Ordaz

El 25 de marzo de 2015, una coalición internacional dirigida por Arabia Saudí atacó desde el aire a las milicias de los hutíes en Yemen, uno de los países más pobres de Oriente Medio. Era el inicio de la guerra que, desde entonces, golpea a la población del país árabe. Aquel año, armas valoradas en casi 546 millones de euros salieron de las fronteras españolas con destino a Arabia Saudí, un 46% más que en 2014.

El mismo año en que comenzó la guerra de Yemen, el Gobierno popular autorizó contratos para vender, durante los años siguientes, armamento valorado en 584 millones de euros a la monarquía del Golfo. Entre los tipos de armas que España permitió exportar al país saudí había rifles, obuses, municiones, torpedos, misiles. Entre ellas estaban las 400 bombas de precisión láser cuya venta ha sido frenada por el Ejecutivo de Sánchez ante el riesgo de que pudieran utilizarse para bombardear Yemen.

Su precio ascendía a 9,2 millones de euros, lo que representa apenas un 1,5% del resto de exportaciones autorizadas ese mismo año y menos del 1% del total de las armas suministradas durante la guerra, según los datos que la Secretaría de Estado remite al Congreso de los Diputados.

"La paralización es una buena noticia, pero hablamos de un contrato pequeño y de un tipo de arma especialmente sospechoso de poder ser utilizado en combate. Si estas armas fueran localizadas en un futuro en el escenario de combate, con el revuelo que eso supone, podría haber supuesto un problema más gordo para este Gobierno", opina Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau. "Es la primera vemos que se frena un contrato de esta manera, porque a veces se han denegado a otros países pero de forma discreta. Ahora se ha hecho así por la voluntad de lanzar el mensaje de que son diferentes al anterior Gobierno", sostiene el experto.

Desde 2015, España ha suministrado armas valoradas en 932 millones de euros y ha autorizado la venta de material de defensa por 1.235 millones a Arabia Saudí. Su exportación pudo producirse ese mismo año o en los posteriores. "En el año 2006, las ventas eran de 5 millones de euros. En los últimos años han sido de 932. A medida que Arabia Saudí lideraba la coalición ha aumentado este comercio de armas. Es inaceptable, porque la participación de este país en la guerra de Yemen ha seguido implicando bombardeos en hospitales, mercados y autobuses", apunta Esteban Beltrán, director de la rama española de Amnistía Internacional. "Enviando cada vez más armas, España ha estado poniendo en riesgo a la población civil, porque no hay forma de garantizar que no lleguen a Yemen", agrega.

El órgano encargado de dar luz verde o frenar los contratos de las empresas españolas ante el riesgo de que incumplan la ley, que prohíbe la venta de armamento a países en conflicto o que puedan retransferirlo, es la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). Cuando una empresa de armamento consigue un contrato pide autorización a la Junta, que debe contrastar con la normativa qué se puede aprobar y qué no.

Este organismo, cuyas deliberaciones son secretas, está presidido por Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Con ella se han reunido este martes las ONG agrupadas en al campaña Armas Bajo Control (AI, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón), que han reclamado el cese total de las exportaciones de armamento al país árabe que puedan ser utilizadas para cometer crímenes de derecho internacional contra la población civil en Yemen.

Durante el encuentro, el Gobierno ha confirmado a las organizaciones que está "revisando" estas exportaciones, tal y como anunció tras el bombardeo que se cobró la vida de decenas de menores el pasado 9 de agosto, y que "tomará una decisión" a lo largo de este mes. Las ONG tendrán sus ojos puestos en la comparecencia de Méndez programada para este viernes en la Comisión de Defensa del Congreso y también a la próxima reunión de la JIMDDU, a mediados de septiembre.

"Aquí se confirmará si el Gobierno va a seguir vendiendo o no armas a Arabia Saudí. La revisión que están haciendo es positiva, pero debe significar también la suspensión, que no se autoricen más ventas de armas, y así se lo hemos pedido. Así que veremos si la decisión de anular el contrato es puntual o refleja la tendencia que se va a seguir. ¿Se dejará de mandar armas o van a seguir vendiéndolas con excepción de las bombas?", señala Beltrán.

Después de años comercializando centenares de millones en armamento al país saudí, el anuncio, a juicio de Calvo, "demuestra una incoherencia importante". "La respuesta parlamentaria que hemos recibido sobre este asunto recientemente es la misma que en otras ocasiones: que tienen informes de Arabia Saudí de que no serán usadas en Yemen y confían en su palabra. Si ahora una pequeña parte levanta esta sospecha y se ha cancelado es porque creen que será utilizada. Esto significa que el Gobierno desconfía ahora de las autoridades saudíes. ¿Cuándo comenzó esta desconfianza, qué saben?", se pregunta el coordinador del centro catalán.

"Para mantener esta nueva coherencia se debería comenzar a cancelar contratos anteriores, incluyendo las cinco corbetas", apunta, en referencia al acuerdo firmado con el astillero público Navantia para la construcción y venta de cinco naves. "Quizás esta denegación sea el preludio de la autorización de las corbetas, preparar el terreno para decir que se denegará aquello que pueda afectar al conflicto, cuando los buques de guerra tienen una función en la estrategia militar para los bloqueos marítimos, vital en el caso de Yemen", agrega.
Uno de los principales compradores de España

En los últimos años, Arabia Saudí se ha convertido en uno de los principales clientes de la industria de defensa española. En 2017, ocupó el quinto puesto entre los mayores compradores, solo por detrás de tres países de la Unión Europea (Alemania, Reino Unido y Francia) y Turquía. Aquel año, entre el armamento que adquirió el país árabe había un avión de transporte, drones, plataformas para morteros, granadas de mortero, munición de artillería, equipos de detección y cámaras de infrarrojos, además de material de doble uso, es decir, productos de habitual uso civil que pueden ser aplicados en el uso militar, como los ordenadores.

"Todas las licencias relativas a munición fueron acompañadas de certificados de último destino con estrictas cláusulas de no reexportación y uso fuera del territorio del país", señala la secretaría de Estado en el último informe. Sin embargo, actualmente no existe ningún método oficial para su control una vez que sale de nuestras fronteras. El anterior Gobierno aseguró estar elaborando un "protocolo" para esta vigilancia que, según ha trasmitido el Ejecutivo de Sánchez a las ONG, está "casi finalizado", pero para su aplicación tendrá que contar con el visto bueno del país destinatario, según matiza Alberto Estévez, coordinador de la campaña.

Otra de las novedades técnicas anunciadas a las organizaciones ha sido, indican, la futura puesta en marcha de un certificado de venta en el que el Gobierno receptor se comprometa por escrito a no usar las armas adquiridas contra la población civil. Sin embargo, según explican, el Ejecutivo no ha recogido una de las principales demandas de la sociedad civil para acabar con el "secretismo" que envuelve a estas negociaciones: revocar el acuerdo e 1987 que clasifica como secretas las actas de la JIMDDU.

Los millones de euros facturados entre el 2015 y 2017 han convertido a España en uno de los mayores proveedores mundiales de armas a Arabia Saudí. En estos años, ha ocupado el cuarto puesto en la lista de los principales exportadores de armas a la monarquía del Golfo, según las bases de datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), que utiliza su propio indicador, el TIV (Trend Indicator Values), para poder comparar las transacciones de armas de forma uniforme teniendo en cuenta los costes de producción y corrigiendo las diferencias entre monedas.

Arabia Saudí es, actualmente, el segundo mayor importador de grandes armas de todo el planeta, según las cifras del SIPRI. También le suministran material de defensa otros países europeos como Francia, Italia y Reino Unido, así como EEUU. "Esto responde a una muy elevada demanda de armas para convertirse en potencia militar y regional, y esto ha convertido a Arabia Saudí en uno de los compradores más importantes del mundo", analiza Calvo.

Mientras tanto, cada vez son más las voces que apuntan con el dedo a las autoridades saudíes equipadas con armamento fabricado en Occidente. Las últimas, las de un grupo de expertos de Naciones Unidas que ha acusado al país de cometer posibles crímenes de guerra en Yemen, que sigue siendo escenario de la peor catástrofe humanitaria del mundo.

El Diario

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Un buque saudí vuelve a atracar en Santander para cargar armas con destino a Yemen

6 September, 2018 - 00:00

Efectivamente. Anuncian a bombo y platillo la cancelación de una venta de bombas a Arabia Saudí, pero se les olvida decir que esa venta en concreto no es más que una pequeña parte del enorme negocio de comercio de armamento a la dictadura árabe. La cual, como es sabido, se encuentra inmersa en guerras regionales francamente cruentas. Argumento que por otra parte no debería tener importancia. Vender material bélico es inmoral, se le venda a Arabia Saudí o se le venda al Dalai Lama.

Los políticos gobernantes se apuntan un tanto propagandístico ante la opinión pública, mucha de la cual solo se enterará del gesto cacareado de la cancelación del pedido de bombas, al tiempo que mantienen vivo el negocio en su magnitud principal. Negocios que, como también es sabido, proporcionan tremendas comisiones a quienes deciden y a quienes intermedian. Lo dicho, se ríen de nosotr@s a mandíbula batiente.

Nota de Tortuga.

El Bahri Hofuf recala de nuevo en la capital de Cantabria en pleno debate estatal por la venta de armas para el conflicto bélico en Oriente Medio

Los sucesivos atraques en Santander de este barco con armamento de guerra despiertan el rechazo social y político en esta comunidad

Rubén Alonso

En pleno debate nacional sobre la venta de armas a Arabía Saudí, el Bahri ha vuelto a atracar en la madrugada de este miércoles en el puerto de Santander para proveerse de material de este tipo con destino a la guerra de Yemen. Lo ha hecho a las 6.00 de la mañana, tal y como se recoge en el registro de la Autoridad Portuaria, y está previsto que abandone los muelles de Raos esta misma noche.

Este buque saudí ya ha recalado en la capital de Cantabria en varias ocasiones, tras haber sido expulsado del puerto de Vizcaya por la presión social. En esta región también ha generado rechazo su presencia, y colectivos como Pasaje Seguro han denunciado su actividad llegando a recoger 18.000 firmas contra ella y han convocado concentraciones para mostrar su repudia.

De hecho, la reacción social ha provocado que el tema llegara al Parlamento de Cantabria, que también se posicionó en contra de la utilización del puerto de Santander para el tráfico de armas e instó al Gobierno de España a cumplir los acuerdos internacionales que firma "para evitar el transporte de armas que van a ser utilizadas para la violación de derechos humanos".

Asimismo, el Ejecutivo autonómico también manifestó su repudia al atraque de barcos en Santander con destino a la guerra, y el grupo parlamentario Unidos Podemos cuestionó al entonces Gobierno de Rajoy si había incoado expediente sancionador contra el buque saudí por navegar sin el sistema de señalización conectado.

Este nuevo atraque se produce dos días después de que el Ministerio de Defensa haya paralizado un contrato de exportación de 400 bombas de precisión láser con destino al país de Oriente Medio, por valor de 9,2 millones de euros autorizado en 2015 por Pedro Morenés (PP). No obstante, esta anulación supone el 1% de las ventas de armas que lleva a cabo España a Arabía Saudí desde que comenzó el conflicto hace tres años.

El Diario

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El ejército español se prepara para deshacerse de 50.000 militares mayores de 54 años

5 September, 2018 - 00:00

De Irak y Bosnia al paro: 50.000 militares mayores de 45 años, al borde del despido

Fernando H. Valls

Joaquín -nombre ficticio pues todaía se encuentra en activo- tiene 41 años y lleva dieciocho años trabajando en la Armada. Ha servido en Irak, Afganistán, Bosnia y ha retirado chapapote de las cosas gallegas tras el desastre del Prestige. Su última misión fue en Somalia, en la 'Operación Atalanta', luchando contra la piratería en el Índico. Pero su vida laboral en las Fuerzas Armadas tiene fecha de caducidad. Cuando cumpla 45 años deberá abandonar su puesto de trabajo y marcharse a la cola del SEPE, el antiguo Inem, en busca de un nuevo futuro. Como Joaquín se encuentran más de 50.000 militares.

Las cifras oficiales de las que dispone la subsecretaría de Defensa, y a las que ha tenido La Información, ofrecen una idea de la dimensión del problema. En los próximos veinte años un total de unos 53.000 militares rasos se quedarán en el paro al cumplir los 45 años. Habrá de media cada año más de 2.500 familias que se quedarán sin empleo, siendo los años 2027 y 2029 los momentos con bajas más severas (4.218 y 4.335 afectados, respectivamente). Además, solo en esta legislatura 3.129 soldados se quedarán sin trabajo, coincidiendo con un periodo en el que la creación de empleo se está ralentizando.

Militares que serán despedidos al cumplir los 45 años.

Las Fuerzas Armadas, por tanto, se convertirán en una "máquina de fabricar parados" en los próximos años. El partido que más está luchando contra esta problemática es Unidos Podemos. "Para nosotros los problemas de la gente son nuestra prioridad", explica Juan Antonio Delgado. "Por eso estamos luchando contra esta injusticia", añade el diputado que, además, es guardia civil en excedencia. De momento hay en marcha una subcomisión en el Congreso que puso en marcha el PSOE mientras estaba en la oposición y que ya se está alargando durante dos años (se puso en marcha en 2016).

Podemos ha propuesto a través de una Proposición No de Ley (PNL) paralizar todos los despidos en el Ejército de Tierra, Aire y Armada mientras se encuentra una solución, pero Defensa no está haciendo caso a la iniciativa, que fue apoyada por PSOE y Ciudadanos. De esta forma, la sangría de despidos en los tres ejércitos continúa día tras día. Solo este 2018 serán despedidos más de 500 militares y el año que viene serán 1.000 los afectados. Y solo durante este verano 87 profesionales se han quedado en paro.

El problema de estos más de 50.000 militares es un 'vacío' en la la Ley de Tropa y Marinería, aprobada durante el Gobierno de Zapatero en 2006. En dicha legislación se contemplaba la posibilidad de que los militares rasos pudieran homologar su trayectoria en el Ejército, pero dicha equiparación académica para la escala de tropa no se ha desarrollado con el Ministerio de Educación. De esta forma, los militares de base que no han ascendido por diferentes circunstancias durante sus años en las Fuerzas Armadas se quedarán en el paro sin título alguno y con un horizonte laboral complicado. Se da la circunstancia, además, de que la franja de edad que comprende a los mayores de 45 años es una de las más golpeadas por el desempleo.

Los militares que firmaron su compromiso con las Fuerzas Armadas hasta los 45 años sabían desde el primer día que cuando cumplieran esa edad tendrían que abandonar su trabajo. Han tenido unos años para poder ascender y, de forma paralela, garantizarse una plaza. En sus manos estaba, por tanto, amarrar su futuro laboral. Pero hay militares que no han podido, por circunstancias personales, ascender en este tiempo. Joaquín, por ejemplo, tuvo un hijo con parálisis cerebral y se volcó en el cuidado de su pequeño. Algo similar le ocurrió a María -identidad que tampoco es real-, legionaria en activo, que ha superado un cáncer y a quien ahora no le queda tiempo para ascender.

Entre los más de 50.000 afectados por estos despidos inminentes hay militares de todo tipo. Muchos han servido a España en misiones de paz, han recibido cruces al mérito militar y otros reconocimientos, distintivos OTAN... Y se van a quedar en la calle con veinte años de experiencia, pero con un horizonte profesional y personal en el aire. Para conseguir un futuro laboral digno para estos militares nació la iniciativa #45sindespidos, que amenaza con manifestaciones masivas en las calles si no reciben respuestas por parte del Gobierno.

Fuente: https://www.lainformacion.com/espan...

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Estrella fugaz

5 September, 2018 - 00:00

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Mujeres sublevadas del Reino de Arabia

5 September, 2018 - 00:00

La noticia de la ejecución de la activista Esra al Ghamgham afortunadamente fue falsa. Si la intención de quien la lanzó fue “erosionar la imagen” del régimen de Al-Saud, bastaba sólo con reflejar la realidad de la sociedad que ha creado con los parámetros de la Edad Media. Las noticias hay que contrastarlas, vengan de donde vengan. De hecho, los grupos feministas de Oriente Próximo (¡y no los confundan con las llamadas “feministas islámicas”, portavoces del tramposo oscurantismo feminizado!), no la dieron.

A la medida que se intensifica la lucha por el progreso de la sociedad civil del Reino de Arabia (denominación utilizada por las fuerzas progresistas de este país que así eliminan el apellido de la tribu que se ha apoderado del estado), aumenta la represión del régimen que además de fundamentalista, es de extrema derecha. Según la organización pro derechos humanos Reprieve, la tasa de ejecución en Arabia se ha duplicado desde el ascenso del príncipe Mohammed bin Salman, el Trump saudí, en junio del 2017. Además de comprar el silencio de la prensa occidental sobre la guerra de Yemen, Mohammed “ha vendido” Jerusalén a EEUU, traicionando a los palestinos, ha patrocinado a los grupos terroristas, y no ha dudado en utilizar métodos de mafia secuestrando a los jeques millonarios para exigirles el rescate. ¿Cuánto y a quiénes pagó el reino para que le integraran en la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer de la ONU, para (¡agárrense!) “promocionar la participación igual de las mujeres en asuntos políticos y públicos: ¡Un zorro en el gallinero!

Ersa que fue detenida en 2015 junto con su esposo Moussa al-Hashem y otras siete personas en la región Qatif, se encuentra bajo la custodia de la temible policía política saudí (que suele utilizar torturas para conseguir “confesiones” de autoculpabilidad), y sus vidas siguen en peligro. El Tribunal Penal Especializado (SCC), creado en 2008 para juzgar casos del terrorismo, ha solicitado la pena de muerte para todas y sus destinos se decidirán los próximos meses. El SCC sentenció a muerte al aspirante de ser el Jomeini de Arabia, el clérigo chiíta, Nimr al-Nimr en 2016 y otros siete compañeros suyos. Al ser una dictadura que prohíbe cualquier formación política y civil secular, las únicas alternativas que se presentan (y sin que realmente la fuesen) son religiosas.

La región petrolífera de Qatif, que alberga la principal refinería y también la terminal de exportación del país y por la desgracia de al-Saud es de mayoría chiita, vive continuas protestas sociales desde 1979 y su militarización no ha hecho más que aumentar la tensión. La discriminación por pertenecer a una minoría religiosa junto con las deficiencias en las infraestructurales y los servicios básicos fueron motivos del levantamiento popular en el marco de las Primaveras árabes del 2011, duramente reprimido. En el mayo del 2017, la policía mató por disparos a un niño y un hombre paquistaní durante una manifestación.

Aunque Riad ha ratificado la Carta Árabe de Derechos Humanos del 1994, que propone la pena capital solo en caso de “crímenes más graves” o “circunstancias excepcionales”, la aplica para numerosos “delitos” no violentos que incluyen el activismo político, tráfico de droga, adulterio, homosexualidad, renegar del islam (como el caso del poeta palestino Ashraf Fayadh), e incluso brujería, a pesar de que es la Biblia que la condena a muerte (“A la hechicera no dejarás que viva”, Éxodo 22:18), no el Corán.

La clase burguesa de los países dictatoriales, por su propio bien e interés, deberían recibir cursos de sus colegas europeos de cómo mantener e incluso ampliar su poder sin recurrir a esa desmesurada brutalidad.

El estatus de subgénero de la mujer

El 19 de mayo pasado, sólo un mes después de que a bombo y platillo se anunció que las mujeres ya tenían derecho a conducir, el régimen detuvo a varias feministas, entre ellas Iman al Nafyan, Luyain al Hazlul, Aziza al-Yousef, y Aisha al-Manea, acusándolas de “conspiración contra el Estado”, o sea, contra la familia gobernante. Su objetivo no es otro que silenciar la voz de quienes exigen la abolición del sistema de “tutela” que considera a las mujeres como seres con discapacidad mental necesitada del permiso de un wali (tutor varón): aunque pueda conducir un Ferrari o pilotar un avión, para salir de casa debe tener la autorización de un hombre. ¿En qué mundo viven? ¡Hace 55 años, la soviética Valentina Tereshkova pilotó la nave Vostok 6 para ir a dar un paseo por el espacio, y hoy se ofrece para viajar al Marte! ¿Estos señores realmente piensan que son más inteligentes y capaces que Angela Merkel, por ejemplo, quien dirige uno de los países más poderoso del planeta desde el 2005? Mientras consideran “progreso” sexualizar las olimpiadas del Río del 2016, permitiendo la participación de sus atletas siempre que estén totalmente tapadas, e incluso proponen el regreso de la Edad Media con unos Juegos Olímpicos sin mujeres, desconocen que hace 82 años España y Europa Occidental tuvieron su primera mujer ministra, la anarquista Federica Montseny.

En el Reino de Arabia, aunque usted sea una científica divorciada de 50 años debe tener el permiso de su hijo de 16 para hospedar en un hotel, viajar, tener pasaporte o casarse. Es más: si le detienen, tras cumplir su condena, si su maldito “tutor” no va a recogerla, seguirá en la cárcel: ¡Una mujer ‘suelta' provoca “fitna” (caos) social, poniendo patas arriba el orden cósmico! ¡Cuánta perversión enfermiza en esta mirada sexual a la mujer y al hombre! Y encima obligan a las mujeres llevar el velo y oscuro porque ellas “representan la tenebrosidad de los deseos”, y ellos que se visten de blanco, son la manifestación de la Luz. El control sobre la mitad de la población, utilizando además el terror, es una estrategia política: será más fácil dominar a la otra mitad, los hombres. La mayoría de los edificios públicos, incluidas oficinas, bancos y universidades, transporte público, parques y playa tienen entradas separadas para los diferentes sexos.

Desde la cuna hasta la tumba, la mujer no puede decidir su vida, y pasa de ser la propiedad de un hombre a otro: es, curiosamente, la misma imagen de las bodas semíticas en la que el padre “entrega” a su hija a su nuevo vigilante, quien puede repudiarla cuando le apetezca, mientras ella para librarse de él debe alegar un motivo “razonable” para el juez religioso. Y si tienen hijos, la madre es una simple portadora (hameléh) de niños engendrados por él, y nunca la tutora natural ni legal de sus vástagos: en determinados casos sólo podrá tener la custodia. De hecho, en los documentos de identidad no hay ninguna referencia a la madre, y el titular ha nacido sólo del padre: ¡cosas de la naturaleza!

No hay ninguna reforma real en este capitalismo religioso que mejore la situación de las mujeres: el Príncipe Heredero del régimen más misógino del mundo sólo está utilizando la “carta de mujer” en sus jugadas políticas, mientras está aumentando la represión social contra un pueblo que ya se rebela. A falta de una estructura democrática del poder, cualquier reforma o conquistas del pueblo podrá ser revertidas fácilmente. Es imposible la igualdad de los ciudadanos y la justicia social bajo un sistema teocrático aunque Fátima Mernissi afirme lo contrario.

Seguimos pidiendo la liberación inmediata e incondicional de mujeres y hombres activistas del Reino de Arabia. Aún estamos a tiempo para parar la espada de los verdugos.

Diario Público

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Colombia: La guerra nos tiene hostigados

4 September, 2018 - 00:00

Bibiana Ramírez
Agencia Prensa Rural

Desde que las FARC-EP dejaron de existir en el nordeste antioqueño como grupo armado, hace dos años, el conflicto se ha recrudecido, ya son más grupos los que se disputan el territorio, sobre todo los que surgieron de la desmovilización de las AUC y que se han fortalecido en regiones donde antes no podían entrar y donde también el ELN sigue operando como grupo guerrillero.

Las comunidades celebran que desde esos dos años no hay bombardeos ni enfrentamientos armados, pero se preocupan por las nuevas formas de hostigamiento que foráneos están aplicando. El miedo de hoy está desarticulando toda posibilidad de organización, de trabajo comunitario porque ya todos desconfían o porque son amenazados.

En la alerta temprana Nº 052 de junio de 2018, emitida por la Defensoría del Pueblo, dice que 31.333 habitantes de Remedios y 41.711 habitantes de Segovia están en situación de riesgo. “A través de la intimidación y el ejercicio de la violencia, los grupos armados ilegales pretenden preservar el poder político y económico instalado durante la guerra que impide la denuncia y la desobediencia de la población civil, ante la posibilidad del desplazamiento forzado o la muerte, como medidas de retaliación y aleccionamiento”, relata el documento.

Entre enero y marzo de 2018 ocurrieron 17 asesinatos en Remedios y Segovia según el Departamento de Policía de Antioquia. “Llama la atención que en ninguno de los casos la Policía Departamental identifica los grupos armados ilegales como los presuntos autores, ni alude al conflicto armado como la posible causa de las muertes, limitándose a señalar que el 52,64 % de los casos ocurrió por venganza, el 29,41 % por intolerancia social y con un 5,88 % para cada una de las siguientes causas posibles: problemas personales, ajuste ilegal de cuentas, problemas personales y abuso sexual”, afirma la alerta temprana.

El último acontecimiento sucedió el 12 de agosto en la vereda Lejanías, de Remedios, donde tres hombres armados sacaron de la casa a Hernán Adrián Zapata y lo asesinaron. Vendía elementos para el hogar, contaba con el permiso de la junta de acción comunal para realizar dicha actividad y apenas llevaba ocho días en la vereda, así lo denunció la Corporación de Acción Humanitaria por la Paz y la Convivencia del Nordeste Antioqueño, Cahucopana.

Queda demostrado que en las veredas de estos municipios hay restricción a la vida cotidiana de las comunidades y que están sometidas a los intereses y el control de los grupos armados.

Riesgos para las comunidades

Décadas atrás los campesinos del nordeste tuvieron que huir de la guerra, aguantar hambre, reinventarse cada día, ver morir a familiares y amigos. Con la esperanza de que esa guerra terminaría, algunos retornaron a sus tierras y empezaron nuevamente a organizar sus vidas. Antes corrían hacia el monte mientras pasaba todo, ahora ya no hay tiempo para esconderse porque las tácticas de esa guerra han cambiado.

Varias personas de diferentes veredas hacen un panorama de lo que les toca vivir diariamente y de los miedos a los que se enfrentan, por ejemplo el de decir sus nombres.

El Ejército y la Policía que llegaron con el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, pero no se han ganado la confianza de los habitantes de Carrizal. Desconfían de los grupos de Whatsapp que tienen para recibir denuncias. El Ejército hace seguimiento con drone a personas que están a cinco minutos del caserío. Hay sobrevuelos de helicópteros que lanzan luces de bengala. Realizan actividades cívico militares que ponen en riesgo a la población porque todavía hay presencia de ELN.

“Las organizaciones hemos tenido que reducir la influencia en las comunidades. Carrizal era un ejemplo organizativo y hoy no es el 30% de lo que era. Hay consumo excesivo de droga y alcohol. Se permite que militares de civil y con armas entren a fiestas”, dice un campesino y agrega que muchos desconocidos van a preguntar por el ETCR o personas de allí.

En la vereda Camelias, después de las nueve de la noche nadie se puede mover en moto por la restricción que tiene el ELN. Se pasean hombres de negro, armados y encapuchados.

Necesidades insatisfechas

Las comunidades tuvieron la esperanza de ver llegar la inversión social. Por ejemplo el tema de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial se convirtieron en un negocio para el Estado. “Nos hacían reuniones, nos ponían a firmar y ahí legalizaban la plata. Van dos años trayendo gallinas y esas gallinas no han llegado, se las comió el zorro de Cañaveral a Carrizal”. Las vías no han mejorado y es como un chiste ver una carretera de treinta kilómetros y pavimentados cuarenta metros, por lo que la alcaldía de Remedios hizo fiesta y lo promocionó como la gran obra de infraestructura.

En Camelias hace dos años están pidiendo un profesor para 18 niños de primaria. La alcaldesa se comprometió y la Gobernación de Antioquia también, pero aún tienen que caminar una hora y media para llegar a Plaza Nueva donde está la escuela, lo que ha generado deserción escolar.

Hace seis meses pusieron la energía en algunas veredas, en Carrizal están pagando entre 80 y 150 mil pesos. El que se atrasa un mes le llega 1 millón 700 mil pesos, cobrando la conexión y el contador. No les entregan el recibo personalmente sino que envían el paquete de recibos a un local comercial y ahí los dejan, a otros les llega a veredas distintas. Tampoco saben si es en Segovia o Remedios el pago, pues a una persona le puede llegar en las dos municipios. No hay una verdadera asesoría por parte de Empresas Públicas de Medellín que son los que prestan el servicio. No les han explicado cómo se lee la factura, sólo paguen, si no se las cortan y los endeudan.

“A una casa le cobran como a una cantina. Por tener un bombillo, una nevera y un televisor llegan 300 mil pesos de cuenta. Tanto que deseamos tener la energía pero ahora es un problema más grande teniéndola. Hay comunidades que le están diciendo a EPM que la retiren y que se lleven sus cables porque no pueden pagar lo que les cobran”. Además deben pagar alumbrado público que no existe, recolección de basura cuando nunca entra un carro y otros cobros.

Casas de refugio humanitario de paso

Ante todo este panorama que no es muy alentador, Cahucopana creó casas de refugio humanitario de paso en las veredas Lejanías y Camelias como mecanismo alternativo y preventivo para salvaguardar la vida y la integridad de las comunidades minero campesinas ante una crisis humanitaria que pone en alto nivel de riesgo a los habitantes de Remedios y Segovia.

Además crearon una granja integral de aprendizaje en Camelias para recuperar el arraigo con la tierra y lo más importante, volver a sembrar alimento. “Es un momento en que tenemos que sembrar comida, porque se vienen tiempos duros. Hay que revivir los colectivos para volver a la solidaridad, para saber qué pasa el vecino y en qué le puedo ayudar. Estamos débiles, pero hemos sobrevivido porque nos hemos organizado”, dice Gerardo Acero, líder de Cahucopana.

Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.p...

Tomado de Rebelión

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Morir de cárcel

4 September, 2018 - 00:00

Andrea Momoitio

Periodista remasterizada y coordinadora de @pikaramagazine

Las noticias que consiguen atravesar los muros de las prisiones casi nunca son buenas noticias. Estos días, directamente desde Alcalá Meco y a través de la cuenta de Twitter del periodista Guillermo Martorell, hemos podido saber que Francisco E.M ha muerto en prisión. Había sufrido un fuerte golpe en la cabeza, tras caerse por unas escaleras, que ha podido ser la causa de su fallecimiento. Fue atendido, según relatan sus compañeros, en la enfermería de la cárcel, pero seguía encontrándose mal al volver a su celda. Algunos presos pidieron que le dejasen en observación, pero su petición fue ignorada. A la mañana siguiente, Francisco estaba muerto.

Martorell relata también las dificultades a las que se están enfrentando los compañeros de Francisco para exigir una investigación que pueda esclarecer si ha habido alguna negligencia. Denuncia que la muerte de Paco es una evidencia más de que la prisión no “cumple con las garantías sanitarias, ni humanitarias mínimas para que allí viva cualquier preso, ni social, ni político”.

Justo ahora se cumplen dos años desde que murió, también en prisión, Luis Manuel Acedo. Yo no lo sabía, claro, pero su madre, Toñi, ha aparecido de sorpresa en mi muro de Facebook para recordarme que su hijo ya no está con ella. Es una de las fundadoras del grupo Familias frente a la crueldad carcelaria. Creo que no hace falta que explique a qué se dedican. Tras su muerte, la familia de Luis puso una querella contra el médico y el subdirector médico del módulo 25 del centro penitenciario de Picassent, donde Luis complía condena, denunciando el “abandono médico, el trato inhumano y degradante” que sufrió durante la enfermedad que le provocó la muerte. Tenía cáncer de páncreas con metástasis en el hígado, pero cuando se lo detectaron ya estaba muy avanzado. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aprobó su excarcelación dos meses antes de que muriera. Pero era demasiado tarde. Es más fácil que el tiempo se les eche encima a los olvidados.

Algo parecido le ocurrió a Xosé Tarrío González, autor de Huye, hombre, huye, un libro imprescindible para comprender cómo funciona la violencia penitenciaria. Víctima de numerosas torturas, humillaciones y aislamientos, Tarrío murió también poco después de ser excarcelado. Desde entonces, su madre ha denunciado en infinidad de ocasiones que su hijo no murió de VIH/SIDA, que su hijo murió de cárcel. Acusado de robos menores, varios intentos de fuga acabaron por condenarle a pasar la mayor parte de su vida en prisión. En su diario, Tarrío analiza con una lucidez heladora las instituciones penitenciarias y sus formas de actuar. Nos señala, a todos y a todas, en cada línea. Después de una de las innumerables palizas escribió: “La sociedad podía sentirse orgullosa de la rigurosa aplicación de las leyes que la regían y del espectáculo que ofrecen diez hombres golpeando a otro, desnudo e indefenso. Debía sentirse orgullosa, pues todo aquello se ejecutaba en su nombre”. Pocas instituciones nos señalan y definen tanto como sociedad como las instituciones carceleras.

Entre sus muros, aislados, los y las presas viven y mueren en silencio. Algunos, los considerados presos políticos, logran que sus demandas tengan algo de eco fuera. A las y los presos sociales o comunes les cuesta más ser escuchados. No siempre ha sido así. En los 70, la Coordinadora de Presos en Lucha, COPEL, logró que sus gritos resonasen con fuerza fuera de los muros de las cárceles. Aprobada la Amnistía política del 77, cientos de presos y presas sociales se organizaron en las prisiones españolas para denunciar, entre otras cosas, la situación de abandono y vulnerabilidad en la que se encontraban. Entonces ya exigían que se cumpliese su derecho a una salud integral, denunciaban negligencias médicas y las reticencias institucionales para permitirles ser atendidos fuera de prisión cuando su estado de salud lo requería.

La historia de la Coordinadora ha sido narrada, de una manera brillante y bella, en Las cárceles en llamas. El movimiento de presos sociales en la transición, una obra de César Lorenzo. Todavía hoy, el derecho a una salud digna e integral en prisión parece un reto difícil de alcanzar. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía lleva más de 10 años denunciando que los presos tienen derecho a “una atención sanitaria en igualdad de condiciones a la recibida por la población libre y, sin embargo, no sucede así”. Ahora, han lanzado la campaña #SanidadenPrisión. Explican que uno de los problemas más graves es que “la red sanitaria de atención primaria de las prisiones está aislada y gestionada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP)”. Por ello, exigen que “los servicios sanitarios, dependientes de Instituciones Penitenciarias, sean transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud”. Así está previsto en la Disposición Adicional sexta de la Ley 16/03, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que no se cumple.

Pocas cosas, salvo las condenas, se cumplen en las cárceles. Esos lugares lúgubres donde nos dicen que encierran el peligro, diseñados, sobre el papel, para la reinserción. Pocas mentiras del Estado de derecho son tan sangrantes como esa.

Público

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