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Actualizado: hace 47 min 7 seg

Pablo Hasel

31 January, 2021 - 00:00

Categorías: Tortuga Antimilitar

Eléctricas: El retiro dorado de la política

31 January, 2021 - 00:00

Tres presidentes, más de 20 ministros y varias decenas de secretarios de Estado han pasado de crear las reglas del mercado eléctrico a cobrar millonarios sueldos en los consejos de administración de las principales empresas del sector.

Martín Cúneo

@MartinCuneo78

¿Sueñan los políticos con las eléctricas? Desde los inicios de la privatización del sector cientos de altos cargos públicos han acabado en los consejos de administración de las pocas empresas que controlan la generación, la distribución y la comercialización de la energía. El resultado del experimento, el esperable: una política energética a medida de los intereses del oligopolio que domina el mercado eléctrico.

De siete presidentes del Gobierno que ha tenido España desde la muerte de Francisco Franco, tres de ellos terminaron a sueldo de las eléctricas: Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar. Más de 20 ministros, tanto del PSOE como del PP, y muchos más secretarios de Estado, pasaron de diseñar e impulsar las normas que rigen el mercado eléctrico a cobrar sueldos millonarios gracias a estas “puertas giratorias”.

Prácticamente todos los grandes timoneles de la economía española han terminado trabajando para los intereses de las eléctricas en detrimento de los del Estado: Miguel Boyer, Pedro Solbes, Luis de Guindos y Elena Salgado. En el caso de Rodrigo Rato, no lo hizo en plantilla, pero facturó a Endesa 25,8 millones de forma ilegal.

Según datos de El Economista, la remuneración de un consejero externo independiente, una figura muy utilizada entre los políticos retirados, es de 240.000 euros anuales en Endesa, de 374.000 euros en Iberdrola, de 178.000 euros en Red Eléctrica Española y de 225.000 euros anuales en Naturgy. El propio Felipe González llegó a cobrar cerca de medio millón de euros de Gas Natural (hoy Naturgy) en cuatro años de trabajo antes de abandonar la compañía porque el trabajo le resultaba “aburrido”.

Un sueldo considerable, pero no tanto como el de Beatriz Corredor, ex ministra de Vivienda con el PSOE y presidenta de Red Eléctrica de España desde febrero de 2020: nada menos que 546.000 euros en un solo año.

El actual régimen de incompatibilidades no ha impedido que se generalicen las puertas giratorias y los intentos de reformarlo se han estrellado antes de despegar. En septiembre de 2020, Iberdrola fichaba a la exministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y a la antigua titular de Empleo, Fátima Báñez, para dos de sus filiales en Brasil y México.

Las eléctricas sueñan con los políticos

Hay historias personales que explican muy bien cómo funcionan las puertas giratorias. Fijémonos por un momento en la trayectoria personal de Carmen Becerril. Afín al PP, fue un alto cargo dentro de la Secretaría de Estado de Energía durante el primer mandato de José María Aznar.

Podría parecer un puesto no muy importante. Pero sucede que en esas oficinas, en ese momento preciso, se diseñaban las bases del futuro modelo eléctrico español, nada menos que la famosa ley 54/1997. Entonces, los teléfonos no dejaban de sonar, cuenta la propia Becerril. “Estoy muy preocupado por la salud del Papa”, soltó el entonces secretario de Estado de Energía en una reunión. Tras unos segundos de sorpresa general resolvió el chiste: era el único que no había llamado preguntando por la ley.

En la historia que relata Carmen Becerril no se especifica quién estaba llamando a las oficinas de la Secretaría de Estado de Energía. Claramente, por el resultado de ley, no eran los consumidores.

La liberalización del sector eléctrico ya había empezado con el Gobierno de Felipe González. La ley 54/1997, que renunciaba abiertamente “a la noción de servicio público”, iba mucho más allá, creando una normativa a medida de las grandes empresas, a costa de los consumidores y del propio Estado.

Según el entonces ministro de Industria, Josep Piqué, la fijación del precio se dejaría en manos de la oferta y la demanda, algo que solo podría traducirse en una “reducción de la tarifa” al permitir la libre competencia.

Desde entonces, el precio de la electricidad se fija en una subasta continua en la que las diferentes empresas generadoras dicen cuánta energía pueden producir y a qué precio. Se empieza a cubrir la demanda empezando por las más baratas y la última en entrar, la más cara, marca el precio de las demás.

Una fórmula polémica, distorsionada por el hecho de que los vendedores de energía y sus compradores suelen pertenecer a los mismos grupos y, en ocasiones, incluso, se han puesto de acuerdo para inflar los precios de la electricidad. En 2019, Competencia multó con 25 millones de euros a Endesa y Naturgy por inflar los precios de la electricidad. En 2013, el mismo órgano sancionado con otros 25 millones de euros a Iberdrola por la misma práctica.

Dinero caído del cielo y otros milagros

Además de las subastas, entre las herencias de aquel modelo energético destacan algunos regalos especialmente interesantes para asegurar que las eléctricas siempre salgan ganando: los “beneficios caídos del cielo” de las nucleares y las hidroeléctricas y los costes de transición a la competencia.

Los costes de transición a la competencia son una especie de indemnización para las grandes eléctricas por aceptar la competencia, una ayuda para contrarrestar los posibles vaivenes de un mercado controlado casi sin fisuras actualmente por tres actores. Una investigación del Obser­vatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) cuantificaba estas ayudas a las grandes empresas en 7.327 millones de euros.

El “dinero caído del cielo” o también conocido como “sobrerretribución” de las nucleares y las hidroeléctricas es una consecuencia de cómo se calcula el precio de la luz en las subastas del mercado eléctrico. En estas subastas diarias se asigna el mismo precio —el más alto hasta que se cubre la demanda— a todas las generadoras de electricidad. Las nucleares y las hidroeléctricas, que ya han amortizado sus inversiones hace décadas, son las que pagan menos por la generación de electricidad. Un regalo de 10.000 millones de euros, al menos hasta 2015, según el informe del ODG. Esta diferencia la pagan los hogares a través de la factura de la luz.

Si se suman todas las concesiones a las grandes eléctricas, según este estudio del ODG, los hogares entregaron a través de la factura de la luz a las grandes eléctricas entre 60.000 y 80.000 millones de euros en “pagos ilegítimos” entre 1998 y 2013. Una derrama continua para pagar los beneficios de las eléctricas y los millonarios salarios de sus consejeros, entre ellos centenares de políticos de todos los colores.

Para cerrar el círculo, en el año 2000 el Gobierno del PP diseñó un plan para garantizar perpetuamente los beneficios de las eléctricas. Las empresas pusieron sobre la mesa sus costes y el Gobierno los aceptó sin ningún tipo de auditoría pública. A partir de ese momento, si el dinero que ingresaban las empresas era inferior a esos costes acordados, se debía pagar esta diferencia a las empresas. Se había creado la famosa deuda con las eléctricas, que luego fue titulizada y comprada por los grandes bancos. Aún hoy los consumidores la pagan religiosamente en cada factura de la luz. En 2019, se habían ‘devuelto' 21.000 millones de euros. Y quedan otros 21.000 millones euros por pagar.

El resultado de este gran golpe: en 2020, España era el tercer país de Europa con la factura de la luz más cara de toda Europa; y en las primeras semanas de 2021, el primero de todo el continente.

Al igual que Aznar y Piqué —entre una larguísima lista de altos cargos de aquella época— Carmen Becerril pasó de trabajar en el diseño del sector eléctrico a ocupar sillones en las principales empresas del sector: directora general de internacional en Acciona, presidente de Acciona Energía y consejera de Endesa. Las vueltas de la historia, a partir de 2018, Becerril pasó a dirigir OMEL/OMIE, la entidad que gestiona las subastas de electricidad en la península.

Y es un solo caso. El trabajo de investigación realizado por La Marea #YoIbexTigo llegó a contabilizar 175 altos cargos políticos que terminaron trabajando para las eléctricas.

La agencia de colocación

En los años 80 —cuando las empresas energéticas y eléctricas eran públicas— el trasvase de políticos vinculados al PSOE y al antiguo régimen a los consejos de administración era la norma. Unas puertas giratorias que siguieron abiertas y funcionando a todo gas cuando estas empresas fueron privatizadas a partir de los 90.

La participación del Estado en alguna de ellas —el 20% en Red Eléctrica y el 5% en Enagas— permitía convertir estas compañías en agencias de colocación de cargos políticos, una especie de retiro soñado para los políticos afines al partido del Gobierno. La participación de diversas cajas de ahorros en las empresas eléctricas fue otra de las vías de entrada de numerosos altos cargos públicos afines al PSOE y el PP, pero también cercanos al PNV, a CDC o a ERC. Muchos de estos ejecutivos terminarían enterrados en juicios por fraude y malversación tras la ruina de las cajas de ahorros en plena crisis inmobiliaria.

La agencia de colocación nunca dejó de funcionar, independientemente del partido en el Gobierno, aunque fue en tiempos de Mariano Rajoy cuando el sistema de puertas giratorias quedó más expuesto. La designación en marzo de 2012 como consejeros de Red Eléctrica Española de Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, y de Alberto Nadal, ex secretario de Estado de la Energía y hermano del ex ministro de Energía, Álvaro Nadal, hizo saltar la polémica. En pocas horas se vieron obligados a renunciar al cargo.

Un año después, Mariano Rajoy impulsó la reforma del mercado eléctrico con la ley 24/2013, que hizo dos nuevas concesiones a las eléctricas: el llamado impuesto al sol y el recorte a los subsidios a las renovables, que aún hoy obligan al Estado a pagar multimillonarias multas en los tribunales de arbitraje internacionales. Dos de los responsables de esta reforma, Ignacio Grangel y Luis Valero, en menos de un año estaban colocados en los consejos de administración de las eléctricas, según la investigación de #YoIbexTigo.

El uso de las puertas giratorias está en el corazón mismo del modelo eléctrico español. Hasta ahora, no ha habido intentos serios de reformar el régimen de incompatibilidades para erradicar esta práctica, convertida en una correa de transmisión directa entre las grandes empresas y el Boletín Oficial del Estado.

La lucha contra las puertas giratorias fue uno de los caballos de batalla de Unidas Podemos frente a la “casta” política en sus orígenes. Todavía en su programa electoral de noviembre de 2019 se incluía la propuesta de prohibirlas. Pero en algún momento de la negociación con el PSOE esta iniciativa perdió fuelle y en el acuerdo de legislatura entre ambas formaciones se recoge apenas una vaga intención de regular “de manera más efectiva” las incompatibilidades. Por ahora, y a menos que haya sorpresas, los políticos podrán seguir soñando con un retiro dorado en las eléctricas. Y las eléctricas podrán seguir dirigiendo la política energética del país.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/multi...

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FEINDEF no se celebrará en 2021 en Madrid

30 January, 2021 - 00:00

El rechazo de Liverpool y Sevilla a organizar una Feria de Armas demuestra que es posible, desde la ciudadanía, evitar este indigno negocio.

Josemi Lorenzo Arribas
Desarma Madrid

Liverpool iba a celebrar una feria internacional de guerra electrónica (Electronic Warfare Europe) este año. Cuarenta mil personas protestaron, conocidas o anónimas, y la Association Old Crows, organizadora, se vio obligada a cancelarla el pasado 17 de septiembre. La excusa ofrecida, claro, fue la covid, que es la que se emplea ahora cuando se sabe que no te quieren ni ver, o que se lo digan al Rey fugado, que esgrimió la misma para justificar que no volvía a casa por Navidad. La alcadía de Liverpool firmó un código ético para evitar que este tipo de encuentros puedan desarrollarse en el futuro en la ciudad.

Los organizadores buscaron otro destino: Sevilla. La plataforma Stop Feria de Armas comenzó su labor, y logró también su cancelación. Todavía el Ayuntamiento no ha actuado tan valientemente como el de Liverpool ni ha firmado una declaración pública que evite la posibilidad de una repetición, pero el concejal de turno sí confesó: “Tenemos que aprender de otras ciudades europeas. En Liverpool acabaron suspendiéndola a poco de su celebración y al venir a Sevilla podía situar a la ciudad en el centro de un debate armamentístico que entendemos perjudicial para nuestra ciudad”.

Madrid tiene, entre otras desgracias, la de ser la sede de una celebración de una feria internacional de seguridad y defensa (léase armamento) desde hace muchos años. Al principio, organizada por un chiringuito minúsculo (grupo Atenea Seguridad) entre los que se encontraban militares golpistas. La feria se llamaba HOMSEC. Quebró el negocio de estos nostálgicos y le tomó relevo directamente el Ministerio de Defensa. A la nueva feria la llamaron FEINDEF, acrónimo de Feria Internacional de Defensa (o sea, de la Guerra). Su página web no abandona el secretismo y la opacidad con la que se tratan estos temas, cuidadosamente alejados del debate público, pero sí excluye ver armas, su principal producto, en su galería fotográfica. Apenas la ministra Margarita Robles aporta cuota de mujeres entre tanta testosterona y tanto militar de alta graduación, esos de los que, al darse la vuelta, conspiran por whatsapp con sus conmilitones.

FEINFEF tocaba celebrarse en mayo de 2021 pero, esta vez sí, la covid la evitó. Su celebración se ha retrasado al mes de noviembre. Buena señal. Tendrá lugar, dicen, otra vez en el recinto ferial IFEMA, donde en condiciones bien penosas tanta gente sanitaria hace apenas unos meses luchó por la vida de todas mientras cuerpos militares (la UME) se paseaban triunfalmente equipados en una enorme operación de propaganda.

Estamos a tiempo de impedir que este desatino nuevamente manche el nombre de una ciudad, de nuestro país. Como Liverpool, como Sevilla. Cierto es que la feria cancelada era organizada por una asociación privada. Con más razón, pensamos, hemos de exigir la cancelación cuando las responsables son las instituciones públicas pagadas con dinero de todo el mundo.

Es indecente acoger una feria armamentística, por más que se disfrace con eufemismos.

Debiera ser ilegal que los traficantes de armamento se puedan reunir para hacer lo que saben.

Tendría que ser un delito que una institución pública lo autorizase. Qué decir de apoyarla y financiarla.

La plataforma Desarma Madrid viene denunciando estas ferias año tras año, como puede verse en anteriores entradas de este blog. En las dos últimas, se realizaron acciones directas noviolentas el día de su inauguración. La multa de más de 11.000 euros con que sancionaron a las activistas en 2017 no impidió que volvieran en 2019. Le temen mucho más a las armas vendidas que a las multas, y saben que la desobediencia civil consiste en esto: en poner el cuerpo para que las hostias, físicas o administrativas, no nos destrocen el alma. El alma de la que carecen quienes se lucran con el negocio de la muerte. Llámense old crows (cuervos viejos) o ministerios de Defensa.

Son deseos para el nuevo año. Que FEINDEF no se celebre en 2021. Ni en Madrid, ni en ningún otro sitio.

Desarma Madrid pretende continuar vuestro trabajo. Gracias, Liverpool. Gracias, Sevilla.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/plane...

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La relevancia de Gandhi en tiempos de crisis globales

30 January, 2021 - 00:00

Por Ashish Kothari

Cuando llega el 2 de octubre los líderes políticos, religiosos y de los negocios en India y otros lugares recuerdan al Mahatma Gandhi, cantan sus alabanzas y juran vivir según los ideales que él apoyaba. Un día después, o quizás esa misma noche, se le deja atrás tan rápidamente como fue recordado esa mañana. Peor aún, vuelven a asesinarlo a él y a los ideales de no violencia, autodependencia y bienestar universal por los que vivió y murió. Y sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿en este mes de su 151 aniversario, sigue teniendo relevancia en un mundo cada vez más desgarrado por conflictos y crisis de todo tipo?

De manera interesante, en los últimos años parece haberse reavivado la atención por su vida, ideas y acciones. Varios movimientos locales y globales están aplicando principios como la desobediencia civil y la no violencia, con el reconocimiento explícito e implícito de su inspiración en Gandhi. Otros recuerdan su visión clarividente sobre los impactos ecológicos del ‘desarrollo' sin restricciones. Pero está también la atención adversa sobre él por algunos de los movimientos antiracistas que recuerdan los puntos de vista racistas que parecía haber apoyado en sus primeros años como activista en Sudáfrica. Y en India se ha convertido en un símbolo cínicamente conveniente de los programas preferidos del gobierno sobre limpieza y, más recientemente, autodependencia; ¡aunque algunas personas animadas implícitamente por el actual régimen hipernacionalista celebran incluso a su asesino Nathuram Godse como un patriota!

Sea lo que sea lo que uno piense sobre la naturaleza en contraste del interés recientemente revivido por su figura, no hay duda de la relevancia de Gandhi en las luchas e iniciativas diarias de gentes de todo el mundo. Directa o indirectamente, sus ideas de swaraj, satyagraha, sarvodaya y ahimsa están vivas, y se han vuelto aún más importantes en un mundo desgarrado por desigualdades crecientes, devastación ecológica y formas antiguas y nuevas de privación de las necesidades básicas para más de dos miles de millones de personas.

Satyagraha: decirle la verdad al poder

Múltiples crisis globales preexistentes se han exacerbado con la pandemia del covid 19 y todavía más por las respuestas de los estados ante ella. En muchos países, el gobierno la ha utilizado como excusa para incrementar las tendencias autoritarias, entre las que se incluye la vigilancia de los ciudadanos en nombre de la seguridad. Además, se ha utilizado como una oportunidad para la toma de decisiones que van abiertamente contra los trabajadores y contra el medio ambiente, sabiendo que la capacidad de disentir se ha reducido mucho entre poblaciones que se supone no deben aventurarse en las calles. Es aquí donde la idea gandhiana de satyagraha, de decir la verdad al poder de forma no violenta, es tan importante.

De muchas maneras diferentes, Gandhi practicaba satyagraha, resistiéndose al poder colonial o a la marginación de los musulmanes en una sociedad con mayoría hindú. Es también interesante que lo usó como un medio para conseguir una base ética para la transformación. Por ejemplo, cuando desconvocó el movimiento nacional de no cooperación contra el dominio colonial como señal de expiación por un incidente en el que miembros del movimiento quemaron una comisaría y mataron a varios policías. Esto está estrechamente relacionado con su constante insistencia en la ahimsa o no violencia, especialmente relevante tanto en la resistencia a las fuerzas de opresión como a no albergar sentimientos de venganza violenta.

Nelson Mandela estuvo inspirado por este llamamiento a un proceso de ‘verdad y reconciliación' que permitió una transición pacífica para salir del apartheid en Sudáfrica, en lugar de un periodo de actos de venganza sangrienta contra los colonos blancos (que hubiera sido totalmente comprensible dados los horrores del apartheid). Otro discípulo de este enfoque, Martin Luther King, es uno de los predecesores del actual movimiento antiracista en los EEUU, incluida la última rebelión por George Floyd, que es explícitamente no violenta. (Como comentario al margen es interesante que la conexión más explícita con Gandhi parece ser la demanda entre algunos elementos del movimiento antiracista de derribar sus estatuas para protestar por lo que es visto como una actitud racista por su parte cuando estuvo en Sudáfrica, un punto de vista que ha sido matizado por diversos especialistas en Gandhi, incluso profundizando en el periodismo del movimiento negro de ese periodo).

Entre otros que han recogido el enfoque de satyagraha se incluye Extinction Rebellion, un movimiento global de ruptura no violenta que llama la atención sobre la devastación masiva del planeta y de la vida humana por la crisis climática causada por el sistema político y económico dominante. En India, jóvenes de todo el país convocaron una satyagraha el 25 de agosto para protestar por el intento descarado por parte del gobierno de debilitar la legislación que obliga a una valoración del impacto medioambiental de los proyectos de desarrollo. Muchos movimientos de base de resistencia en India han tenido una inspiración similar. El Movimiento Chipko en el Himalaya, organizado por antiguos gandhianos, intentó salvar los bosques de la tala por parte de la industria en los años 70. Como uno de los movimientos medioambientales y de protección de los medios de bida más icónico del mundo, ha inspirado iniciativas similares para salvar bosques en los EEUU y otros lugares. El Narmada Bachao Andolan contra megapantanos en India central ha sido explicitamente no violento, y ha inspriado a movimientos similares en otras partes del mundo. El movimiento global por la paz, la desnuclearización y el desarmeo tiene un legado similar. Esto incluye la Carta de las Naciones Unidas y el multilateralismo, en el que negociadores indios influenciados directamente por Gandhi tuvieron un papel importante.

Sarvodaya: elevar el bienestar colectivo de todos

Para Gandhi, sin embargo, la satyagraha era solo una caja de herramientas de enfoques para conseguir justicia. Viajando a lo largo y ancho del país, comprendió que los niveles abismales de privación y marginación, nacidos de una historia intensamente colonial y feudal, debían ser abordados. No solo se tenía que decir la verdad al poder, sino también dirigirse hacia una acción fundamentada hacia la sarvodaya, la elevación de todos de una manera justa, o como dijo Gandhi en Young India, no «la fórmula utilitaria del mayor bien para el mayor número (sino) … el mayor bien para todos». Esto se podía conseguir mediante nirman, o reconstrucción. Él mismo, y alguno se sus seguidores o consejeros, como el economista JC Kumarappa, inspiraron varios experimentos en generación de medios de vida locales dignos y autodependencia, siendo el hilado de tejido khadi un símbolo crucial.

En la actualidad, diversas iniciativas para conseguir medios de vida dignos y la autodependencia se han inspirado en enfoques gandhianos de una ‘economía no violenta'. El trabajador gandhiano (y conocida personalidad teatral) Prasanna, inició Charaka, una cooperativa de khadi gestionada por mujeres que ha proporcionado medios de vida dignos a 200 mujeres a la vez que promocionaba el trabajo a mano, la autodependencia, y la producción con sensibilidad medioambiental. Ha aparecido recientemente en las noticias (septiembre-octubre de 2020) al ejercer la satyagraha denunciando el impago de cuotas por parte del gobierno, por lo que tuvieron que cerrar durante un mes. No lo han hecho mediante la típica protesta callejera, sino limpiando públicamente las oficinas de la administración local, distribuyendo ropa a los pobres y otros métodos para ‘cambiar el corazón' de aquellos en el poder.

Elango R., un sarpanch [jefe de la administración local] dalit cerca de Chennai, combina explícitamente los principios gandhianos y marxistas y el anticastismo del icono dalit Babasaheb Ambedkar (quien encabezó el comité para la redacción de la Consitución de India) en su intento de transformar la aldea de Kuthambakkam, donde vive, para dar más dignidad y seguridad de medios de vida a familias dalit. Él ha abogado por una ‘economía en red' en la que grupos de unas 20 aldeas puedan ser autosuficientes respecto a sus necesidades básicas. Una idea puesta en marcha de una manera algo diferente por otra trabajadora social de inspiración gandhiana, Ela Bhatt, con su idea de una autodependencia ‘en un radio de 100 millas‘. Todas estas ideas son cada vez más discutidas en una India afectada por el covid, mientras las historias de respuesta comunitaria durante el periodo de confinamiento muestran que donde hay comida y autodependencia de medios de vida, hay la máxima resiliencia.

Por todo el mundo hay ejemplos extraordinarios de alternativas constructivas al actual sistema dominante: agricultura sostenible y holística, soberanía comunitaria sobre agua/energía/alimentación y conservación de la naturaleza, solidaridad y economía del compartir, ocupación obrera de instalaciones productivas, recursos y conocimientos comunes, gobernanza local, salud comunitaria y aprendizaje alternativo, fomento de la paz intercomunitaria, reafirmación de la diversidad cultural, pluralismo sexual y de género, y muchas más (véase por ejemplo Vikalp Sangam para cientos de ejemplos de India; para otros lugares, véase Democracia Ecológica Radical. La mayor parte de ellos no tienen necesariamente una inspiración directa en Gandhi, pero el clima de sus ideas y prácticas es probable que haya influido en muchas de ellas, como por ejemplo en los movimientos campesinos de anna swaraj (soberanía alimentaria).

El principio de sarvodaya, y el concepto relacionado de fideicomiso (trusteeship) que defendía Gandhi, puede llevarnos a un cambio radical de foco sobre lo común en lugar de sobre la propiedad privada. En 2013, el gram sabha (asamblea de aldea) de Mendha-Lekha (distrito de Gadchiroli, Maharashtra), tomó la decisión histórica de convertir toda su tierra agrícola privada en tierras comunes de la aldea. Para darle respaldo legal usaron la prácticamente olvidada Ley Gramdan [literalmente ‘donación de tierra'], que fue inspirada por el discípulo de Gandhi Vinoba Bhave.

Gandhi ha sido criticado (quizá de manera justa) por no ser explícitamente anticapitalista, como por ejemplo con sus súplicas a los empresarios industriales para que adoptasen la idea de fideicomiso. Pero también dijo:

«Todo el mundo debería poder conseguir trabajo suficiente como para permitirle llegar a fin de mes. Y este ideal solo se puede conseguir de manera universal si los medios de producción de las necesidades elementales de la vida permanecen bajo control de las masas. Deberían estar disponibles libremente para todos, como deberían estarlo el aire y el agua de Dios. No deberían convertirse en un vehículo de tráfico para la explotación de otros. Su monopolización por cualquier país, nación o grupo de personas sería injusta.»

Esto indica que estaba claramente en contra de que un puñado de individuos (o incluso el estado) poseyese o controlase los medios de producción, como también contra la concentración de riqueza en las manos de unos pocos. Defendía también un enfoque más oriental para conseguir «un socialismo más verdadero y un comunismo más verdadero que el que el mundo haya soñado hasta ahora». Recientemente se han presentado una serie de propuestas para la distribución radical de la riqueza desde la horriblemente perversa concentración a la que se enfrenta hoy el mundo mediante los impuestos, la abolición de la herencia e incluso de la propiedad privada, y otros medios. Estos se pueden ver como medios para conseguir la sarvodaya.

También en el sector de la salud se ven ecos del foco fuertemente articulado de Gandhi sobre la autocuración, sobre facilitar los poderes naturales del cuerpo, sobre el uso de tratamientos con hierbas, etc. en los numerosísimos centros ayurvédicos y de naturopatía por toda India. El Instituto Nacional de Naturopatía radicado en Pune ha construido su extenso programa y alcance según el enfoque de Gandhi sobre la salud. En tiempos de covid, la necesidad de tener cuerpos sanos para estimular la imunidad usando estos enfoques, para una recuperación más rápida y más plena ha sido ampliamente demostrada. Como también la necesidad de ser autodependiente para las necesidades personales en lugar de la debilitante dependencia de hoy de los ‘profesionales'. Un enfoque defendido con fuerza por el brillante académico Ivan Illich, quien estuvo influenciado por el economista gandhiano JC Kumarappa.

Swaraj: verdadera democracia

Para Gandhi, la máxima expresión de autodependencia era swaraj, traducido de manera bastante inadecuada como autogobierno. Swaraj tiene en realidad un enfoque profundamente democrático y ético que avergüenza a las democracias liberales de hoy, incorporando la libertad y la autonomía pero con responsabilidad hacia la libertad y autonomía de otros, posible únicamente si uno también vive la ética de la autocontención en lugar del loco consumismo promovido por la economía de hoy.

Esta idea de una democracia directa, radical, tiene que ser un eje central de la respuesta a las crisis globales. La mayor parte de los movimientos progresistas políticos y sociales se han orientado a la ‘toma del estado', a intentar reemplazar los partidos políticos retrógrados por progresistas y hacer que el estado sea responsable. Aunque esto es necesario mientras el estado exista, no supone en lo fundamental un desafío a la naturaleza del estado, o, de hecho, a si es necesario que exista un estado centralizado o no. Ni se ha planteado un desafío adecuado a la centralidad del estado-nación en nuestras vidas, a pesar de los enormes fracasos de esta estructura al abordar tanto problemas internos de su población como asuntos globales (siendo el clima un ejemplo espectacularmente escalofriante). Diversas formas de anarquía, marxistas o gandhianas, han sido básicamente relegadas a los márgenes.

En India, el gobierno solo ha dado algunos pasos titubeantes hacia la democracia directa, y se ha movido muy lejos del ideal de autodependencia para las comunidades (o el país en su conjunto). Las enmiendas constitucionales 73 y 74 prometieron la descentralización del poder de toma de decisiones a aldeas y centros urbanos, pero lo restringieron gravemente al no proporcionar financiación y traspaso de competencias legales. En cualquier caso, su aplicación ha sido, en el mejor de los casos, vacilante. El proceso de Kerala de planificación a nivel de aldea y la iniciativa de comunalización de Nagaland en la que una parte de los fondos del estado (para educación, salud, electricidad, carreteras) van directamente a los consejos de aldea, son ejemplos de estados que se han acercado a las intenciones de la Enmienda 73. Pero incluso ellas han tenido fallos o no es han mantenido el tiempo suficiente.

Para Gandhi swaraj se tiene que construir de abajo arriba, desde la aldea hacia afuera a lo largo del paisaje en lo que él denominaba ‘círculos oceánicos'. Por toda India, diversos individuos que formaron parte del movimiento juvenil del activista gandhiano Jayaprakash Narayan, Chhatra Yuva Sangharsh Vahini, han trabajado con comunidades de aldea para crear autodependencia local en áreas como el agua y la alimentación, y para luchar por la toma de decisiones basada en los gram sabha (asambleas de aldea). En la India central y del este, adivasis y otras comunidades locales han intentado diversos grados de autogobierno. Como declaró hace tres décadas Mendha Lekha (citado más arriba) ‘nosotros elegimos el gobierno en Delhi, pero en nuestra aldea nosotros somos el gobierno'. Unas 90 aldeas en esa misma parte de India han formado una Maha Gramsabha (federación de asambleas de aldea) con una orientación similar.

Paralelos cercanos a estos son las luchas por la autodeterminación de pueblos indígenas y otras comunidades locales en muchas partes del mundo, incluido el derecho a aceptar o rechazar cualquier propuesta externa para un proyecto en sus territorios. Los zapatistas en México y el movimiento kurdo en Asia occidental han conseguido una democracia radical de este tipo a una escala relativamente grande. Muchos otros pueblos en América Latina han proclamado y conseguido el reconocimiento de una plena autodeterminación, y movimientos que reclaman soberanía territorial para las Primeras Naciones en la Isla Tortuga (Canadá / EEUU) y Australia tienen una base similar. Muchas de ellas emanan de cosmologías indígenas que están próximas (aunque la mayoría de manera inconsciente) con los principios gandhianos de swaraj, sarvodaya y satyagraha… y pueden incluso ir más allá en su inmersión completa en la naturaleza.

Se puede plantear por tanto una extensión de swaraj y sarvodaya para abarcar toda la vida, una ‘eco-swaraj‘ o ‘prakritik (natural) swaraj‘, o una democracia ecológica radical. Una avalancha de resoluciones judiciales y legales y demandas de ciudadanos y comunidades en muchas partes del mundo han proclamado que la naturaleza (o algunos de sus elementos, como ríos y montañas) tienen un derecho intrínseco, similar al de una ‘persona jurídica'. Aunque formuladas a menudo dentro del discurso formal occidental y por tanto con tendencia a tener serias limitaciones, estas pueden estar alineadas con visiones del mundo indígenas que reconocen que todos los aspectos de la naturaleza tienen su propio espíritu, que merece tanto respeto como el de los humanos. Viene a la mente el comentario de Gandhi de que el valor de una civilización se puede medir por cómo trata a los animales.

Estas perspectivas han surgido también desde dentro del ‘vientre de la bestia', por así decir. Movimientos basados en enfoques ecofeministas, por ejemplo, destacan con fuerza la necesidad de acabar con un dominio milenario de una mitad de la humanidad sobre la otra mitad, sanando simultáneamente la ‘brecha metabólica' entre los humanos y el resto de la naturaleza. Los retos a patrones insostenibles de producción y consumo, incluida la creciente demanda de decrecimiento radical de las economías llamadas ‘desarrolladas', tendrían una clara relación con la perspectiva gandhiana de autocontención inherente a swaraj, y su crítica mordaz al industrialismo como explotador tanto de la naturaleza como de los humanos.

Es importante destacar que los movimientos de base de resistencia y las alternativas no están atrapados necesariamente en un campo ideológico u otro. Esto es más la preocupación de académicos y activistas profesionales. Más bien, estos movimientos consciente o inconscientemente toman prestado de diversas figuras inspiradoras de la historia, incluidos aquellos en su propio pasado que lucharon por la justicia. Ni habría que presionarlos para una única ‘alternativa' homogénea para todo el mundo. Una integración continua de tales legados diversos, y el entretejido de un pluriverso de visiones del mundo y prácticas, es lo que nos guiará para dejar atrás un mundo desgarrado por las crisis.

Traductor: Carlos Valmaseda

Tomado de Rebelión.

Fuente: https://wsimag.com/economy-and-poli...

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Homenaje a Gonzalo Arias Bonet

29 January, 2021 - 00:00

EL MOC HACE UN HOMENAJE A Gonzalo Arias Bonet fue un pionero noviolento en España. De una profunda visión ética y activa, con amplísimo conocimiento de Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Jean-Marie Müller, etc.
En enero 1971 hace justo ahora 50 años Pepe Beunza fue encarcelado con 23 años, Gonzalo Arias con 45 años y 6 hijos organizo la campaña de objeción de conciencia, consiguió sacarlo de la cárcel y estuvo preso por ello, hasta los años 80 le pegaban mucho y encarcelaban más que a nadie, porque en las marchas antimilitarista tod@s tenían 20 años y el 60 años, por lo que la autoridad le consideraba el más culpable.

https://youtu.be/gVclNyvDXfg

GONZALO ARIAS, APRENDIZ DE NOVIOLENTO

Documental sobre la figura de Gonzalo Arias, teórico y activista de la noviolencia.

http://vimeo.com/34669327​

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Miedo en tus ojos

29 January, 2021 - 00:00

Hace tiempo escribí un texto que empezaba tal que así:

“El miedo siempre está presente. Es una emoción básica y uno de los motores para bien o para mal, de las sociedades humanas.

Siempre he oído que hay que hacerlo cambiar de bando; pero el miedo está en ambos lados. Simplemente, unos tienen las armas y las herramientas para protegerse de sus miedos. Otros, nos las negamos.”

Hoy, el miedo está muy presente en nuestras vidas. Fundamentalmente, miedo a perder lo que cada cual tenga, miedo a que nada sea igual por mucho que lo que hubiera con anterioridad no fuera precisamente lo ideal, lo deseado… pero, al fin y al cabo, era algo y era de cada uno. Lo peor de esto es que nadie más allá de los afines (ojalá sea así) va a hacer nada para quitarnos ese miedo. Más bien al contrario.

El miedo sirve de instrumento de control de las masas y ayuda a moldear un hecho cultural (el famoso relato) y un instrumento de gobierno político a medida de unos pocos. Nos machacan a diario, dicen que con la intención de concienciarnos, azuzan para que el miedo no pare de crecer. Lo hacen a través de una inmensa tela de araña que conforma la maquinaria del Poder (medios de comunicación, policía, ejército, partidos políticos, sindicatos,...) nos exigen grandes sacrificios a nivel personal así como una competitividad salvaje que nos convierte en enemigos hasta de los supuestos “nuestros”; nos obligan a aceptar un moldeamiento de las conciencias para encajarlo todo; Sobre todo, nos sentencian a una sumisión total.

Al trenzar este cúmulo de temores consiguen configurar una herramienta para el chantaje individual y colectivo, previa depreciación de la vida en beneficio del mercado y de la supuesta seguridad y bienestar colectivo. Cuando impera el miedo es más fácil encontrar enemigos, señalarlos y hacerles culpables de cualquier cosa. Más fácil para aquellos que lo necesitan, para los mismos de siempre. Se vive mucho mejor con un enemigo al que culpar.

Y el miedo va minando, se nota en los rostros de la gente, lo ves en esa pequeña franja que queda visible en esta normalidad impuesta. Lo intuyes en el resto del cuerpo. Nos achicamos y se crecen. Nos desarmamos y nos encierran. Lo aceptamos y siguen ganando. El miedo se extiende poco a poco y junto a su hermano el cansancio se antepone a todo y se acaba convirtiendo en conformismo y pasividad, en una inercia de rendición. A pesar de toda la propaganda nada bueno va a salir de aquí.

En esta situación todo se complica. La línea temporal se rompe, sólo el presente importa, aquí y ahora. Trabajar y consumir. Nada más, no hay propuesta alternativa. En este tipo de no vida, se cultiva el miedo para evitar la búsqueda de lo distinto: para evitar que la imaginación traspase las fronteras del presente. Se cultiva el miedo como distracción, para evitar que la precariedad de nuestras vidas nos empuje a pensar en nuevas formas sociales que desborden lo diseñado para nosotros. Es por eso que en las situaciones de miedo se aprovecha para legitimar el poder a base de leyes que no encuentran respaldo alguno; son sólo el resultado de una prueba de fuerza. Y esta fuerza no es más que la capacidad de infundir miedo, es decir, el método más rápido de lograr un control social necesario para que todo siga igual (o peor).

Fuente: https://quebrantandoelsilencio.blog...

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La gente cambia

29 January, 2021 - 00:00

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Declarado culpable el miembro de la policía colombiana ESMAD que asesinó al niño Nicolás Neira

28 January, 2021 - 00:00

Nico.

Este lunes 25 enero el juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá declaró culpable al policía antidisturbios (ESMAD) Nestor Julio Rodriguez Rua, que había disparado su arma contra de Nicolás Neira, de 15 años, en la Marcha del Primero de mayo de Bogotá del año 2005.

Casi 16 años después..

Al papá del niño, Yuri Neira, ese crimen le cambió la vida, y en la búsqueda de justicia se encontró con amenazas, cárcel, varios exilios, y la protección temporal del PAV asturiano.

El laberinto judicial, la cantidad de zancadillas, el cambio constante de fiscales para eternizar el proceso, bien pudieran servir de base para una rocambolesca novela negra. https://mas.lne.es/cartasdeloslecto...

Ahora un juzgado ha leído el sentido del fallo contra el integrante de la policía colombiana Nestor Julio Rodriguez Rua, declarándolo culpable de homicidio con dolo eventual (intención al momento de ejecutar, previendo que podía asesinar decidió continuar con su acción) .

Dicen desde el MOVICE que es un momento histórico: Es el primer caso de brutalidad policial, de asesinato, por el ESMAD, que llega a juicio.

La sentencia se espera para marzo.

Hay otro juicio en curso para 8 de los policías del ESMAD que lo golpearon hasta la muerte. Y hay otro pendiente para el coronel del ESMAD que mandaba el operativo cuando Nicolás fue asesinado.

15 años y casi 9 meses después.. Da rabia tanto poder de quienes se sustentan en la impunidad. Pero da más coraje positivo que haya quienes aguanten, persistan, resistan y le tuerzan la mano a esa maldita impunidad. Nico Vive y la Lucha Sigue.

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Un centenar de organizaciones exigen el fin de las devoluciones en calientes en la Frontera Sur

28 January, 2021 - 00:00

Exigen la derogación de la Ley Mordaza y la aprobación de una normativa basada en la garantía de derechos. Aseguran que la inmediatez de las devoluciones impide cumplir con los requisitos que impone el Tribunal Constitucional.

Casi un centenar de organizaciones se han sumado al escrito remitido por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) a los grupos parlamentarios que han mostrado su rechazo a las devoluciones en caliente -PSOE, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano, Plural, Vasco (EAJ-PNV), Euskal Herria Bildu y al Grupo Mixto- reclamando que exijan al Gobierno el cese inmediato y definitivo de las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla.

Las organizaciones consideran que las devoluciones en caliente son “contrarias a los derechos reconocidos a toda persona en aquellos tratados internacionales ratificados por España que protegen el derecho al asilo, el principio de no devolución y prohíben las expulsiones colectivas”.

De esta manera, aclaran que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) no dio respaldo a las devoluciones en caliente si se desarrollan como hasta ahora, sino que exige tres requisitos: aplicación a las entradas individualizadas, pleno control judicial y cumplimiento de las obligaciones internacionales. En esta misma línea se pronunció la magistrada María Luisa Balaguer en su voto particular a la sentencia del TC.

Para las organizaciones es del todo imposible respetar esos tres requisitos en las devoluciones en caliente que se ejecutan en la actualidad, pues la inmediatez que caracteriza una devolución en caliente, que básicamente consiste en abrir la verja y expulsar a la persona, es incompatible con un procedimiento que garantice derechos como la asistencia jurídica, la atención por un intérprete, la solicitud de asilo o efectuar un recurso, es decir, cumplir con el principio de no devolución incluido entre las obligaciones internacionales que España ha firmado.

Por ello, sostienen su rechazo a la Ley Mordaza que intenta legalizar las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, incluso con los requisitos que el propio Tribunal establece que deben cumplirse en estas prácticas, pues “son del todo imposibles de cumplir”. “No hay ningún procedimiento real y material que pueda garantizar en las devoluciones en caliente el respeto a los derechos de las personas migrantes en la Frontera Sur y, por ello, defendemos que las devoluciones en caliente deben acabar”, explican.

Además, exigen la derogación de esta disposición pues “no es imposible detectar adecuadamente a las personas en situación de vulnerabilidad o susceptibles de optar a asilo si el procedimiento de expulsión se instruye y ejecuta de manera inmediata”.

Asimismo, señalan que es prioritaria la tramitación de la reforma de la Ley Mordaza, que entienden “debe concluir con su total derogación y la aprobación de una normativa basada en la plena y efectiva garantía de los derechos” y exigen de forma inmediata el cese de las devoluciones en caliente “por la irreparabilidad una vez producidas”. Añaden que se trata de una primera respuesta tras la sentencia del Tribunal Constitucional y que continúan “preparando otras acciones para exigir al Gobierno el cumplimiento de su compromiso con la derogación de esta normativa”.

Organizaciones adheridas al escrito enviado:

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
Acampa pola Paz é o Dereito a Refuxio
Acció dels Cristians per l' Abolició de la Tortura (ACAT)
AGADEN-Ecologistas en Acción
AISPAZ
Ajuntamiento Albaicín
Algeciras Acoge
Andalucía Acoge
Área de Acción Social Institución Teresiana
Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz
Asamblea Feminista Unitaria de Granada
Asamblea pro personas refugiadas Córdoba
Asociación Agharas
Asociación Andaluza de Barrios Ignorados AABI. Granada
Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA)
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Cádiz – FACUA
Asociación ELIN
Asociación Feminista Kódigo Malva
Asociación Intercultural Candombe
Asociación Morvedre Acull
Asociación Mujeres con Voz
Asociación Mujeres de la Otra Orilla
Asociación multicultural “Bajo un mismo cielo” Sax, Salinas
Asociación Multicultural de Mazagón
Asociación nueva ciudadanía por la interculturalidad (ASNUCI)
Asociación Para La Convivencia Intercultural Amazonas
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía
Asociación Senderos de Maíz
Ateneo de Granada
Ateneo Republicano y Memorialista de La Isla
Bigite Elkartea – Asociacion
Biznegra
Buscando Vivir
Cádiz por la No Violencia
Caravana Abriendo Fronteras
Caravana Obrim fronteres Catalunya
CEDSALA
CGT
CGT Andalucía, Ceuta y Melilla
CGT Ceuta
CGT Murcia
CIES NO – Campaña Estatal
Círculo de la Fraternidad de Jerez de la Frontera
Circulo de Silencio de Linares
CNAAE MÁLAGA
Colectivas migrantes y antirracistas autoorganizadas #RegularizaciónYa
Comité Óscar Romero de Cádiz
Comité Oscar Romero. Linares
Comunidades Cristianas Populares de Andalucía
Comunidades Cristianas Populares de Cádiz
Comunitats Cristianes Populars València
Convivir sin Racismo Murcia
Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas
Coordinadora de Grupos de los barrios Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala (Bilbao)
Delegación Diocesana de Migraciones de Córdoba
Dones Baladre
Dones Creients
Economía del Bien Común de Cádiz
Emergencias Frontera Sur Motril
Ensorrem fronteres
ENTREPUEBLOS/ENTREPOBOS/ENTREPOBLES/ HERRIARTE/
Ermua Harrera
Ermuko komite internazionalista
Federación SOS Racismo
Fridays For Future Sevilla
Granada Visible
Grupo Cristiano de Reflexión-Acción
Iniciativa Cambio Personal Justicia Global
Irídia – Centro de Defensa de Derechos Humanos
Izangai Elkartea
Kenaz – Desarrollo de Proyectos Sociales
La Barraca Transfronteriza
La Posada de los Abrazos
Maakum
MACONDO Espacio Creativo y Feminista
Mairena Solidaria, Ciudad Refugio
Marea Blanca de la Janda
MAREA BLANCA GADITANA
Médicos del Mundo
Mesa en Defensa de la Sanidad Publica de Granada
Mugarik Gabe
Mujeres de Negro contra la guerra
Mujeres del mundo
Mujeres Supervivientes
Papeles y Derechos Denontzat
Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla
Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak
Plataforma”Burgos con las personas refugiadas”
Psicólogos sin Fronteras
Red Acoge
Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA)
Sindicato Único de Tenerife de la Confederación General del Trabajo
SOLIVE – Solidaridad Vedruna
STELE (sindicato de trabajadores y trabajadoras de León)
Stop Desahucios Granada 15M – Asamblea Centro
Stop Represión Granada
Urko-punta ONG
USTEA Enseñanza Granada
Vejer sin Fronteras
Zambra Málaga

Fuente: https://kaosenlared.net/un-centenar...

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El gobierno oculta a cuántos militares vacuna al margen del registro oficial

27 January, 2021 - 00:00

Jorge Sáinz

El Gobierno oculta el número de militares vacunados contra el coronavirus en el registro oficial, según han confirmado fuentes del Ejecutivo a Vozpópuli. El Ministerio de Sanidad ha facilitado al Centro Militar de Farmacia dosis de la vacuna para "atender a la Sanidad militar y los supuestos excepcionales de las Fuerzas Armadas". Pero la contabilidad del informe diario de Sanidad sobre el proceso de vacunación en España no recoge estas cifras.

El Ministerio de Sanidad ha repartido 1.346.100 dosis de vacunas entre las comunidades autónomas, según el último registro hecho público este lunes. Sin embargo, no existe apartado alguno que identifique a los vacunados que corresponden a personal militar. Fuentes de Sanidad aseguran a este diario que las únicas dosis que no figuran en el documento son las que recibe Defensa.
"Ocultismo nada habitual"

Vozpópuli se ha puesto en contacto con los Ministerios de Sanidad y Defensa. Ambos han declinado, sin embargo, informar del número de dosis entregadas a la Farmacia Militar. Pero se presupone que son más de las 300 que, como adelantó Vozpópuli en exclusiva, gestionó el Estado Mayor de la Defensa. Una de ellas fue la que recibió el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Miguel Ángel Villarroya. El Jemad presentó su dimisión ante la ministra Margarita Robles por la polémica sobre si había cumplido los protocolos de la estrategia nacional de vacunación.

Fuentes del Centro Militar de Farmacia de la Defensa afirman que el proceso de distribución de la vacuna entre los militares se está produciendo con "un ocultismo nada habitual". "En la campaña de vacunación de la gripe lo normal es que llegue un documento Excel donde se indica la distribución de la vacuna en los distintos puestos militares", explica un militar. "En este caso hemos recibido las dosis para nuestra base y nada más".

El departamento de Robles es el único de la Administración General del Estado que administra la vacuna, según insiste Sanidad. El resto de las dosis que se reciben semanalmente se entrega directamente a las comunidades autónomas. Y son ellas las que se encargan de administrarlas. La estadística que ofrece el Gobierno está, por lo tanto, incompleta, porque no aparecen las personas vacunadas de los diferentes cuerpos militares.

La polémica saltó a finales de la semana pasada tras saberse que el Jemad y otros miembros de su gabinete se habían vacunado del coronavirus. La ministra Robles exigió explicaciones, aunque desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) sostienen que siguieron el protocolo, adelantado también por este medio, dictado por el departamento dirigido por el Ministerio en consenso con Sanidad. A pesar de ello, el general del Aire Villarroya optó por su dimisión para “no perjudicar” la imagen de las Fuerzas Armadas.

Las 300 dosis del Estado Mayor

Como contó Vozpópuli, el EMAD recibió 300 dosis del compuesto. La instrucción ordena que primero se vacune al personal de las diferentes ramas sanitarias, seguido de los efectivos que se van a desplegar en misiones internacionales. El siguiente escalón corresponde a los miembros de la cadena de mando, entre los que se ubica el Jemad.

El problema fue el desacompasamiento en los ritmos de vacunación en el Estado Mayor respecto al resto de Fuerzas Armadas. Mientras en el primero se llegó hasta al menos la tercera fase, en los cuerpos militares aún no se ha cumplido con la primera. Personal sanitario del Hospital Gómez Ulla, por ejemplo, aún no ha recibido el tratamiento. Lo mismo sucede con la UME, que se bate en las residencias sociosanitarias o en primera línea por la emergencia de la borrasca Filomena.

Vozpópuli ha tratado de saber cuántas dosis recibieron el Ministerio de Defensa y sus órganos, pero tanto este departamento como el de Sanidad se pasan la pelota. Los dos han declinado facilitar las cifras.

Fuente: https://www.msn.com/es-es/noticias/...

Nuevo JEMAD, sin aclararse cuántos se colaron y por qué el ejército tiene sistema propio

La dimisión del JEMAD Miguel Angel Villarroya es solo la punta del iceberg del escándalo de la vacunación en el Ejército español. El Gobierno ha nombrado sustituto dejando ahí la crisis, sin concretar cuántos más se colaron ni precisar por qué el Ejército tiene partidas propias.

El Consejo de Ministros de este martes ha confirmado el relevo en la cúpula del Ejército español, donde el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) es el máximo cargo después del rey. El general Miguel Angel Villarroya, famoso por sus arengas militaristas junto a Fernando Simón, dejó el cargo tras conocerse que había sido vacunado pese a no estar entre los sectores de riesgo primados por el protocolo y ha sido reemplazado por el almirante Teodoro López Calderón.

Pero es precisamente en ese protocolo donde está el fondo del asunto. En la crisis se trata de pasar por alto el asunto central: ¿Por qué el Ejército disponía de un sistema propio de vacunación, que le privilegiaba incluso sobre la Guardia Civil o Policía española, pese a la propaganda insistente sobre su nivel de «sacrificio» en esta pandemia?

En ese protocolo existe un orden establecido que ya estaba en la tercera fase. La cuarta, la siguiente, iba a ser la vacunación de toda la Unidad Militar de Emergencias (UME), convertida en referencia especial de esta campaña de propaganda por acciones como las desinfecciones realizadas en la primera ola. La realidad de los datos era que apenas fueron unas decenas frente al más de un millar de bomberos, Ertzaintza o Policía Foral

Con el caso de Villarroya ha salido a primera plana que el Ejército dispone de sus propias partidas de vacunas y de un sistema de prioridades también diferenciado.

La ‘Estrategia de vacunación frente a covid-19 en las Fuerzas Armadas' elaborada el pasado 5 de enero establece seis grupos. El primero lo forma «el personal que tenga previsto el despliegue a Zona de Operaciones (ZO)», es decir, en las «misiones». Después va el «personal alertado, cuya disponibilidad para desplegar a ZO sea inferior al intervalo necesario para que la vacuna disponible confiera la protección». Y en tercer lugar, los militares que se desplieguen en una operación de lucha contra el virus, que son los que ya están siendo vacunados ahora, antes incluso que la mayor parte del personal sanitario, por tanto. Y también antes que efectivos policiales u otros militares como la Guardia Civil, que creen que comenzarán a ser inyectados a finales de febrero dentro del plan general del Ministerio.

El cuarto grupo, siguiente en incorporarse, es el «personal destinado o en comisión de servicio en la Unidad Militar de Emergencias (UME)», y el quinto, «el personal de las unidades que, a criterio del mando, sea considerado como crítico (jefes de unidad, tripulaciones aéreas, etc)».

En último lugar, el protocolo recoge a los «grupos de población establecidos por el Ministerio de Sanidad en la Estrategia de Vacunación frente al covid-19». Es aquí donde, por tanto, tendría que haber entrado Villarroya, que decidió anticipar su vacunación.

Villarroya se marcha sin explicaciones

Por otro lado, la dimisión del general ha tenido el efecto de sacar del foco a otros cargos militares que también pudieran haberse saltado la cola. Se apuntaba como incógnita para hoy hasta qué punto llegaría la caída de cargos en el Ejército, pero de momento el Consejo de Ministros se ha limitado a sustituir al JEMAD.

Contrariamente a la locuacidad mostrada en sus ruedas de prensa diarias con Fernando Simón, Miguel Angel Villarroya se ha despedido estos días en silencio, limitándose a filtrar que tiene «la conciencia tranquila».

La dimisión se produjo horas después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, anticipara que iba a pedir explicaciones por lo ocurrido. Robles tampoco ha querido valorar lo sucedido, aunque sí ha justificado que «el Ministerio de Defensa tenga un pan de vacunaciones coordinado con el Ministerio de Sanidad».

Fuente: https://www.naiz.eus/eu/info/notici...

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El Defensor del Pueblo detecta “información confusa” en la historia clínica de tres reclusos fallecidos en la cárcel de Villena

27 January, 2021 - 00:00

Una visita sorpresa del organismo público alerta sobre la falta de personal sanitario, partes de lesiones con lagunas y funcionarios sin identificar.

Tres técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo, además de un médico forense externo, detectaron graves carencias en el centro penitenciario Alicante II de Villena durante una visita sin previo aviso realizada el 29 de junio de 2020.

La inspección del organismo público, que incluye entrevistas reservadas con los internos, ha descubierto que la prisión, con 845 celdas, sólo cuenta con dos facultativos, que casi todos los funcionarios no portaban su identificación y la existencia de partes de lesiones con lagunas, entre otras graves carencias denunciadas por los presos.

La dirección del centro no ha contestado a ninguna de las recomendaciones. La ficha de la visita, cuyas conclusiones se han publicado seis meses después, alude al fallecimiento de tres internos en los últimos tres años.

“La información recogida en la historia clínica correspondiente al día del fallecimiento es confusa y no incluye la información necesaria para clarificar las circunstancias de la muerte”, señalan los técnicos del organismo público dirigido, en funciones, por Francisco Fernández Marugán. “La adecuada investigación de una muerte en situación de privación de libertad es responsabilidad de la autoridad a cargo de la custodia, teniendo como objetivos principales clarificar las circunstancias de la muerte, contribuyendo a disipar preocupaciones sobre una posible atención inadecuada y proporcionar información esencial para prevenir futuras muertes similares”, según las recomendaciones y guías internacionales citadas por el Defensor del Pueblo. El organismo recomienda a los responsables del centro penitenciario, que cuenta con un total de 845 celdas, que en caso de fallecimiento de un preso se indique en la historia clínica del interno las actuaciones desarrolladas con posterioridad a la muerte, incluyendo la eventual intervención judicial o la autopsia.

Las cárceles valencianas, tal como informó este diario, han registrado 108 fallecimientos de presos entre 2015 y 2019. Sin médico “de dos a tres días a la semana” La plaza de subdirector médico, vacante desde hace dos años, la ocupa una facultativa que no se encontraba presente en el momento de la visita y que, “a pesar de los reiterados intentos de recabar información de esta profesional y pese a que, en varias ocasiones, aseguró que remitiría lo solicitado, la doctora no envió documentación ni información alguna”. La ficha de la visita indica que el organismo público no formula un recordatorio de deber legal al tratarse de una “rara excepción en el contexto de continua colaboración” entre el Defensor del Pueblo e Instituciones Penitenciarias.

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la prisión de Alicante II incluye siete plazas de médico pero sólo se cubren cuatro, de las que “solo dos” estaban en activo en el momento de la visita sorpresa.

Durante la pandemia, la asistencia médica se organiza con turnos de guardia de 24 horas que se alternan dos facultativos. “Ello supone la ausencia de médico en el centro de dos a tres días a la semana a consecuencia de los plazos de libranza (48 horas tras las 24 de guardia)”, según apuntan las conclusiones de la visita. Los días que no hay médico, se deriva la asistencia al 112 de la Generalitat Valenciana. La falta de médicos “limita, en las condiciones actuales, el adecuado control facultativo de las urgencias en ausencia del médico del centro”, concluye el organismo fiscalizador del cumplimiento de los derechos de la ciudadanía.

Además, según han detectado los técnicos del Defensor del Pueblo, los internos entrevistados en el módulo de régimen cerrado aseguraron que, desde la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, el equipo médico “no había acudido a dicho módulo en ninguna ocasión”. “Todo ello”, advierte, “compromete el deber de garantizar a todos los internos una adecuada atención médico sanitaria, tal y como prevé la normativa penitenciaria”. El personal de la prisión, a diferencia de lo que manifestaron los internos entrevistados, sostenía que se facilitaba una mascarilla a los presos “cada pocos días”. Aunque las instalaciones de los servicios médicos de la prisión son, “en términos generales, modernas y amplias” —cuentan con un área de ingreso para 64 internos con diferentes patologías o problemas de movilidad— los técnicos alertan de una “escasa integración de los servicios médicos en las actividades de prevención y difusión de información” sobre la COVID-19.

Partes de lesiones con lagunas en la cárcel de Alicante II, “con frecuencia no se incluye en la historia clínica la copia de los partes de lesiones u otros documentos médico-legales emitidos ni la asistencia prestada". Los partes describen de “forma poco detallada” las lesiones y, “con frecuencia”, no se cumplimentan los apartados correspondientes a hora y lugar, ni las manifestaciones del interno sobre el origen del daño sufrido.

Los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura también advierten de que, “prácticamente ningún funcionario” portaba su identificación durante la visita, por lo que urgen a la dirección del centro a “adoptar con carácter urgente” las medidas necesarias para que los trabajadores de la prisión cumplan con su deber de portar su placa identificativa.

Las mujeres presas que fueron entrevistadas durante la visita denunciaron un trato discriminatorio respecto a los hombres, que tendrían un mayor acceso a destinos retribuidos y a más actividades. Así, el Defensor del Pueblo ha solicitado la lista de los destinos retribuidos y de actividades del centro desagregada por sexos. El equipo directivo de la prisión de Alicante II aseguró a los técnicos que los internos que permanecen en régimen cerrado participan en un programa especial con actividades que ayudan al preso a obtener el segundo grado. Los internos del módulo entrevistados aseguran, por el contrario, que no conocen el Programa de Intervención de Internos en Régimen Cerrado (PIRC) y que apenas tienen actividades.

Fuente: https://elmilicianocnt-aitchiclana....

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Poema por la paz

27 January, 2021 - 00:00

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El juzgado que archiva el "caso Navantia", declara acreditado que se pagaron 42 millones de euros a intermediarios españoles y venezolanos

26 January, 2021 - 00:00

Archivado el ‘caso Navantia' tras concluir la juez que Venezuela pagó las comisiones
La causa indagaba el pago de 42 millones a intermediarios en la venta de ocho patrulleras al Gobierno de Chávez

Miguel González

Diez años después de iniciar la investigación, el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha decretado el archivo de las diligencias abiertas sobre la venta en 2005 a Venezuela de ocho patrulleras españolas por 1.245 millones de euros. En el auto de sobreseimiento provisional, dictado el pasado 12 de enero, la juez declara acreditado que se pagaron más de 42 millones de euros en comisiones, pero alega que este sobrecoste salió de las arcas venezolanas y no supuso quebranto económico para el astillero español Navantia, por lo que no hay malversación de fondos públicos. Aunque un perito judicial estimó en al menos 1,3 millones la cuota defraudada entre 2008 y 2010 en Impuestos de Sociedades, IVA e IRPF, tampoco se da por confirmado el delito fiscal.

La venta al Gobierno de Hugo Chávez de ocho patrulleras de la empresa pública Navantia fue uno de los grandes contratos de material de defensa del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Pero aquella operación, cerrada entre los dos Gobiernos en 2005, acabó dando lugar en 2010 a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que indagaba el cobro de comisiones por intermediarios venezolanos. En la causa fueron imputados Javier Salas, presidente del Instituto Nacional de Industria (INI, precedente de la actual SEPI) en la última etapa de Felipe González (1990-95) y el expresidente de Navantia Juan Pedro Gómez Jaén.

Finalmente, reconoce la juez, “no se ha podido averiguar el destino del dinero recibido” por los intermediarios venezolanos, ya que su rastro se pierde en una maraña de sociedades en paraísos fiscales, como Islas Antillas y Dominica, y “las comisiones rogatorias libradas [a dichas jurisdicciones] no han tenido ningún resultado”.

Según el informe del fiscal que ha servido de base al auto de archivo, en diciembre de 2004, “estando casi cerrada la operación de venta de ocho embarcaciones a Venezuela”, Gómez Jaén encargó a Javier Salas que viajara a Caracas para comprobar la solvencia de dos venezolanos que se habían ofrecido como mediadores para la operación. Salas no solo había sido presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) y jefe del propio Gómez Jaén, sino que seguía siendo consejero de la empresa pública Red Eléctrica y asesoraba en la reestructuración de Izar, la sociedad antecesora de Navantia.

Los venezolanos eran Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malave Benavides, con los que el astillero español había trabajado años atrás. En octubre de 2004, Carvallo viajó a Madrid con el séquito oficial del entonces presidente Hugo Chávez y aprovechó para pesentarse a la naviera española como agente en Venezuela.

Salas, a quien Navantia encargó verificar la solvencia de Carvallo y Malave, llegó a un acuerdo verbal con ellos para, utilizando “sus contactos e influencias en España”, lograr que se convirtieran en mediadores de la venta de los buques, “a cambio de sustanciosos importes” de dinero para él mismo.

Entre el 24 de febrero y el 30 de septiembre de 2005, se firmaron tres contratos entre el astillero español y la empresa Rebazve, constituida por los dos venezolanos para esta operación. En el tercero de los acuerdos, a los que el fiscal atribuye diversas irregularidades, se fijaba que Rebazve cobraría hasta el 3,5% del importe total de los ocho buques —cuatro de vigilancia oceánica por 721,5 millones de euros; y cuatro de vigilancia litoral por 523,7—; es decir, un máximo de 43,5 millones.

El fiscal asegura que los responsables de Navantia eran conscientes de que “la retribución pactada con el agente era excesiva”, pero la aceptaron porque este sobrecoste iba a ser asumido por Venezuela “al formar parte del precio final de las embarcaciones”.

En mayo de 2006, el representante de Rebazve abrió dos cuentas corrientes en el banco BSI de Ginebra para ingresar las comisión pactada y dio instrucciones sobre cómo debía repartirse: el 30% (13 millones) sería para Javier Salas, su socio y exsubordinado en el INI Antonio Rodríguez Andía y el agente financiero Diego Azqueta Bernar. Estos dos últimos, “al enterarse de los perjuicios que les podía acarrear aparecer como beneficiarios directos de los fondos”, según el fiscal, pidieron al banco no figurar en la lista.

El 70% (30,4 millones) restante se repartiría entre los venezolanos: el 31,5% (13,7) para los dos socios de Rebazve; el 17,5% (7,6) para el exmilitar Mario José Gregorio Rivero; el 14% (6) para Luis José Mendoza Marín; y el 7% (3) para Raúl José Hernández Revelo. No hay documentación que justifique el pago a estos tres últimos, apostilla el fiscal.

Para “dar apariencia de legalidad” y “ocultar” el cobro de los fondos procedentes de Navantia por parte de los españoles se recurrió a una empresa de Rodríguez-Andía, Camino Nuevo, que firmó dos contratos de “asesoramiento y consultaría” con Rebazve, la firma de los venezolanos, por 12,4 millones; el 1% del valor de los buques. A cambio, Salas y su socio consiguieron, según el fiscal, que Navantia contratara a Rebazve y acompañaron a los venezolanos a reuniones con directivos del astillero.

Camino Nuevo empezó a cobrar de Rebazve en una cuenta del EGB Bank de Zurich que se cerró en octubre de 2010, coincidiendo con el inicio de la investigación judicial, y que no estaba declarada a Hacienda, aunque posteriormente se regularizó. Salas y su socio se repartían al 50% la comisión de las patrulleras, mientras que Azqueta, que puso en contacto a venezolanos y españoles, debía recibir el 7,4% a través de la sociedad Medco Shipbrokers.

Camino Nuevo declaró como ingresos los pagos de Rebazve y como gastos deducibles los pagos a Salas, a Azqueta e incluso a una sociedad de Rodríguez-Andía a pesar de que, según un informe pericial, estos no realizaron actividad alguna para dicha empresa. El peritó concluyó que Rodríguez-Andía debió tributar dichas cantidades por el IRPF y no por el Impuesto de Sociedades, más ventajoso, y estimó la cuota defraudada en 1,3 millones entre 2008 y 2010. Sin embargo, el juez ha asumido finalmente la interpretación del Ministerio Público, según la cual en esas fechas había dudas sobre el régimen fiscal aplicable y si Hacienda, que no abrió ningún expediente, no valoró entonces “la trascendencia tributaria de la cuestión, difícilmente podrá ser valorada [ahora] a efectos penales”.

Aunque no están documentados, el fiscal estima que “los escasos y espléndidamente remunerados” servicios que prestó Salas a los venezolanos no fueron una simulación, sino que tuvieron un beneficio real para la trama, a la que sirvió de “conseguidor”. Su actuación, agrega, es “censurable”, pero no constituye delito: se aprovechó de “su prestigio y experiencia profesional, sus excelentes relaciones con Gómez Jaén [presidente de Navantia] y con los máximos responsables de la SEPI”, para cobrar de la empresa venezolana “a la que había recomendado personalmente” ante el astillero público.

El fiscal reconoce que “el procedimiento se ha dilatado en exceso”, pero lo achaca a las comisiones rogatorias que, sin resultado, se han remitido a distintos paraísos fiscales. “No ha sido posible”, se lamenta, “averiguar el último destinatario de los fondos transferidos por Rebazve [la empresa de los dos venezolanos] y procedentes de Navantia”.

Uno de los cabos sueltos es la investigación que en su día abrió la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz. Cuando en agosto de 2017 huyó de su país, entregó a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá (Colombia) varias carpetas sobre episodios de corrupción. Una de ellas llevaba por título: “Caso sobreprecio en construcción de buques para la Armada española. Hevert García Plaza, alto mando militar”. En junio de 2019, la juez española remitió una comisión rogatoria a EE UU para acceder al expediente, pero se rechazó con el argumento de que no aportaba datos suficientes para localizarlo. García Plaza es un exgeneral venezolano que fue ministro de Alimentación de Maduro y pasó a colaborar con Washington tras ser acusado en 2015 de corrupción.

José Mariano Benítez de Lugo, abogado de Gómez Jaén, lamenta que el fiscal y la juez hayan tardado tanto en reconocer que no hubo delito de malversación de fondos públicos, cuando desde el principio estaba claro que la comisión de los intermediarios se incluyó en el precio de los buques y fue pagada por Venezuela. “¿Quién repara a mi cliente [el expresidente de Navantia] los perjuicios personales y profesionales por haber estado investigado durante diez largos años sin el menor fundamento?”, se pregunta.

Un portavoz de Navantia ha subrayado que la empresa pública “respeta y acata las decisiones judiciales” y ha recordado que la propia compañía estaba personada en el procedimiento y “ha colaborado en todo momento con la investigación judicial”.

El País

Categorías: Tortuga Antimilitar

Miles de personas se manifiestan en Donostia para denunciar la militarización y la represión policial

26 January, 2021 - 00:00

La manifestación, que se ha llevado a cabo a partir de la 12:00 horas de hoy, sábado, se convocó para denunciar la “represión y criminalización” de la juventud por parte de la clase política gobernante y de su policía (la Ertzaintza) al servicio de la burguesía vasca.

Por Insurgente

Al menos 38 agentes u organizaciones han respondido a la convocatoria de la Alde Zaharreko Gazte Asanbladak, en la que han participado unas 3.000 personas.

La manifestación, que se ha llevado a cabo a partir de la 12:00 horas de hoy, sábado, se convocó para denunciar la “represión y criminalización” de la juventud por parte de la clase política gobernante y de su policía (la Ertzaintza) al servicio de la burguesía vasca.

Durante la manifestación, que ha terminado en la Plaza de la Trinidad, de Alde Zaharra, se han escuchado gritos contra la Ertzaintza, tales como “Zipaioak herriaren etsaiak” o “Zipaioak auzotik kanpora” (“Cipayos, enemigos del pueblo”, “Cipayos, fuera del barrio”. Igualmente, se han proferido gritos contra la policía municipal. Por otra parte, también se han escuchado muy claro los gritos de “Burgesia hiltzailea” y “Aurrera klase borroka” (“Burguesía asesina” y “Adelante la clase obrera”.

No ha faltado tampoco el recuerdo a Iñigo Cabacas, que fue asesinado por un pelotazo de goma lanzado por un miembro de la Ertzaintza.

En Alde Zaharra (parte vieja) de Donostia (también en otros lugares de Hego Esuskal Herria), en los últimos tiempos se han vivido escena de represión por parte de la citada policía.

Todo comenzó el 12 de diciembre de 2020, luego de que la Ertzaintza y la Policía Municipal agredieran a varios jóvenes. Para denunciar este caso de acoso, el 14 de diciembre se realizó una manifestación convocada, como la de hoy, por la Alde Zaharreko Gazte Asanbladak. En éste caso intentaron detener a un joven al final de la manifestación, y los enfrentamientos comenzaron a partir de entonces. Esa noche dos personas fueron detenidas y, días después, otra persona fue detenida en la calle.

Cabe subrayar que, desde entonces, la presencia de la Ertzaintza y la Policía Municipal ha sido constante en Alde Zaharra de Donostia. El 16 de enero, la Ertzaintza volvió a actuar contra un grupo de jóvenes, deteniendo a cuatro de ellos.

La policía vasca colocó furgonetas y coches en diferentes puntos del barrio, y el 20 fue el día que la represión policial creció sobremanera. Esta provoco enfrentamientos duran buena parte de la noche y se saldó con cuatro personas detenidas y varias más heridas, una de ellas con la mandíbula rota.

Como ya informamos en insurgente.org, destacar que durante esa noche el jefe de la Ertzaintza dio la orden a sus subordinados de “Vamos a tirara dar, ¿vale?”.

Todo un ejemplo de cómo funciona este cuerpo policial, que trabaja para la burguesía vasca y la mantenemos o pagamos los y las trabajadoras.

Fuente: https://kaosenlared.net/miles-de-pe...

Categorías: Tortuga Antimilitar

¿Podemos saber el gasto militar de 2019? (4ª parte)

26 January, 2021 - 00:00

Ver también:

¿Podemos saber el gasto militar de 2019? (1ª parte)

¿Podemos saber el gasto militar de 2019? (2ª parte)

¿Podemos saber el gasto militar de 2019? (3ª parte)

Fe de erratas: En la anterior entrega cometí un error fatal. Al anticipar el monto total de gasto militar ejecutado que había podido estimar, ofrecí la exagerada cifra de 25.293,71 millones de euros, una vez contabilizada la deuda aplicable al gasto militar.

Es un error. Y, aunque la cifra es exagerada, se queda corta con la real que, por un error de transcripción, fijé en 10.000 millones de euros menos de lo que realmente importa el gasto militar ejecutado: 25.293,71 millones de euros. No siempre mi coordinación en el teclado es adecuada y puse un «2» donde debía poner un «3».
De modo que el gasto ejecutado pasa de exagerado a estratosférico, como veremos en el desarrollo de esta cuarta entrega, aunque, por acabar de decirlo, de lo estratosférico pasa a la categoría de sideral si nos fijamos en la cifra final de gasto militar + control social ejecutado desde la administración central del Estado, 46.388,60 millones de euros (cantidad que podemos aumentar más aún si contabilizamos el gasto de las comunidades autónomas para las políticas de control social).

Confesado el pecado, sigamos adelante.

Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Se consignan en el mismo diversas partidas que la liquidación del gasto tampoco aclara y cuyos importes hemos podido estimar por otras fuentes.

En primer lugar, está la partida que este ministerio transfiere a Defensa por operar los barcos y aviones de la Agencia tributaria.

la Agencia Estatal de Administración Tributaria dispone, entre otros medios, de una flota de embarcaciones y aeronaves que, tripuladas por funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Vigilancia Aduanera, tienen la consideración legal de Resguardo Fiscal del Estado y el carácter de buques auxiliares de la Armada, o de aeronaves del ejército del aire según lo establecido en el Decreto 1002/1961, de 22 de junio, por el que se regula la vigilancia marítima del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal para la Represión del Contrabando.

Hacienda contaba en 2019 con cuatro medios aéreos, operados por el ejército del aire y 48 buques propios.

Conforme a estos, el Ministerio de Hacienda abona diversas cantidades a Defensa. Con arreglo al Convenio celebrado entre el Ministerio de Defensa y de Hacienda de 9 de diciembre de 2020 (BOE 328 de 17 de diciembre de 2020, págs. 115938 a 115946), el pago por uso de instalaciones militares para el resguardo de estos barcos genera un coste anual de no más de 320.000 euros y no menos de 80.000.

Por su parte el convenio entre vigilancia aduanera y el ejército del aire de 2014, vigente hasta 2020 ha dado la gestión de operar las aeronaves de Hacienda al ejército del aire, con un coste anual de más de 6 millones de euros.

Al mismo tiempo, abona los gastos plurianuales de Defensa e Interior, por importe de 39,14 millones de euros.

En tercer lugar, se encuentran las aportaciones anuales que Hacienda realiza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para cubrir las pérdidas de Navantia, que, según hemos conocido de la memoria anual de cuantas de dicha entidad para 2019 alcanzaron los 350,49 millones en dicho ejercicio en concepto de créditos participativos para evitar la quiebra de la entidad, como puede verse en las propias cuentas anuales y detallamos en otro trabajo para este blog.

Por último existe otra partida de la que no contamos con elementos suficientes para verificar si se ha aumentado o no, que es la aportación desde hacienda para formación profesional de militares, estimada en 0,35 millones de euros.
La suma de participación de este Ministerio, incluyendo las ayudas de SEPI, es elocuente, nada menos que 395,98 millones de euros.

Nuestra suma sigue subiendo:

  • Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  • Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  • Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  • Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  • Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  • Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  • Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  • Ministerio de Agricultura ´26,88 mill. de euros
  • Ministerio de Hacienda 395,98 mill de euros
  • Subtotal 20.001,70 mill. de euros

Ministerio de Trabajo

El ministerio de trabajo participa del gasto militar subvencionando programas de formación para personal de las fuerzas armadas.

El convenio celebrado entre el SEPE y el Ministerio de Defensa el 13 de diciembre de 2018, con vigencia a partir del año siguiente, fijó la cantidad provisiona(estipulación 4), hasta que se establezcan las bases reguladoras fijadas por ley, en 6 millones de euros.

A ello hay que unir el capítulo de coordinación curricular con una comisión que estimamos mantiene un gasto mínimo de 0.1 millones de euros.

Ello arroja la cifra de 6,10 millones de euros, frente a la de 1´1 que en su día estimamos.

De este modo, la cifra del gasto militar aumenta así:

  • Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  • Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  • Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  • Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  • Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  • Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  • Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  • Ministerio de Agricultura 26,88 mill. de euros
  • Ministerio de Hacienda 395,98 mill de euros
  • Ministerio de Trabajo 6,01 mill de euros
  • Subtotal 20.007,70 mill. de euros

Otros ministerios.

Hemos agrupado los ministerios en los que no hemos detectado variaciones ni convenios que actualicen o hagan transparentes los pagos a Defensa.
Aquí hemos agrupado el Ministerio de Presidencia, el de fomento, el de educación cultura y deporte y el de sanidad, con una contribución residual, de 0´98 millones de euros, lo que incorporado a la cifra que hasta ahora hemos manejado arroja un subtotal de gasto militar de 20.008,68 millones de euros, con arreglo al siguiente desglose:

  • Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  • Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  • Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  • Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  • Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  • Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  • Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  • Ministerio de Agricultura 26,88 mill. de euros
  • Ministerio de Hacienda 395,98 mill. de euros
  • Ministerio de Trabajo 6,01 mill. de euros
  • Otros ministerios 0,98 mill. de euros
  • Subtotal 20.008,68 mill. de euros

Pagos plurianuales:

Tampoco hemos verificado el aumento de gasto en estos pagos. Hay que consignar, por ello, la cantidad que en su día atribuimos a éstos, conforme a los programas de pago aprobados sucesivamente en acuerdos del Consejo de Ministros.
Su importe es de 377,48 millones de euros, a sumar a nuestra ya larguísima cuenta.

  • Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  • Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  • Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  • Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  • Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  • Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  • Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  • Ministerio de Agricultura 26,88 mill. de euros
  • Ministerio de Hacienda 395,98 mill. de euros
  • Ministerio de Trabajo 6,01 mill. de euros
  • Otros ministerios 0,98 mill. de euros
  • Pagos plurianuales M.Def. 377,48 mill. de euros
  • Subtotal 20.386,16 mill. de euros

Centros universitarios de la defensa

La liquidación de gasto nos arroja también la cantidad liquidada a estos centros, 14,43 millones de euros a los que ha y que sumar las cantidades que dichos organismos reciben en concepto de otros ingresos, hasta alcanzar los 18,45 millones de euros.

  • Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  • Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  • Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  • Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  • Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  • Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  • Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  • Ministerio de Agricultura 26,88 mill. de euros
  • Ministerio de Hacienda 395,98 mill. de euros
  • Ministerio de Trabajo 6,01 mill. de euros
  • Otros ministerios 0,98 mill. de euros
  • Pagos plurianuales M.Def. 377,48 mill. de euros
  • C. U. Defensa 18,45 mill. de euros
  • Subtotal 20.404,61 mill. de euros

Casa del Rey, Cortes Generales

También consignábamos gasto militar en la Casa Real y en el parlamento.
Tampoco la liquidación de gasto de estos organismos ha variado respecto del crédito inicial, por lo que vamos a dar por buenas las cantidades estimadas en su día, 1,1 millones de euros y 0´64 respectivamente.

5. TOTAL DE GASTO MILITAR EJECUTADO ANTES DE DEUDA.

Una vez desglosados todos los capítulos anteriores, ofrecemos el cuadro resumen de nuestro gasto militar ejecutado antes de deuda.

El gasto militar de 2018 detectado por nosotros en todas las partidas arriba reflejadas constituye nada menos que el 20,43% del gasto liquidado y asignado a la suma de todos los ministerios, una cifra muy preocupante porque, haciendo una comparación con otros países, no son muchos (y tampoco tienen muy buena fama) los que gastan casi el 21 % del presupuesto que destinan a sus ministerios a alimentar la voracidad de sus ejércitos y políticas militares. Y es que en esto, SPAIN sí que es verdaderamente diferente.

La misma cifra equivale al 12 % el total de gasto ejecutado ( es decir, ministerios más otros organismos públicos y prestaciones), sin contabilizar la deuda pública, en 2019, incluyendo junto con los ministerios el resto de gasto de nuestras cuentas públicas, una cifra verdaderamente escandalosa, pues implica que 12 euros de cada cien gastados en un año por el estado (sin incluir en lo gastado la elevada cifra de deuda pública pagada y la pesada carga de deuda pública contraída y a pagar en sucesivos años) se destina a sostener el gasto militar estricto. Tampoco son tantos los países que destinan un esfuerzo presupuestario tan elevado a financiar su estructura militarista.

Y las cosas empeoran mucho más si a la cifra de gasto militar estricto sumamos las restantes partidas de la política de interior que financia la otra columna del gasto en políticas securitizadoras y militaristas. En ese caso tenemos que nada menos que 26.787,25 millones de euros se pueden calificar de gasto militar y de control social, el 26,8% de nuestro gasto ministerial se destina al esfuerzo militarista, una proporción de gasto descabellada y que desenmascara un cierto autoritarismo presupuestario muy pernicioso para los intereses sociales.

Esa cifra equivale a nada menos que 15,8 euros por cada 100 gastados por el Estado en 2018 se han destinado a esa militarización que venimos denunciando.

Por desgracia, para la completa cuantificación del gasto militar español contraído por la administración central, nos falta aún aplicar un par de ajustes, para cuantificar además la participación en la deuda pública contraída y pagada en 2019 que este gasto representa.

5) DEUDA IMPUTABLE AL GASTO MILITAR EN 2019.

Debido a que nuestras cuentas públicas son deficitarias, deben ser financiadas con deuda pública que se adquiere año tras año, para su pago en los sucesivos, así como la que corresponde pagar por los años anteriores en cada ejercicio.

En concreto, la liquidación de IGAE de 2019 ha consignado un pago de deuda pública de 124.059,20 euros, con un gasto de 11.201, 08 millones de euros por encima de la deuda presupuestada.

Es evidente que un porcentaje de dicha deuda debe ser imputada al gasto militar. En nuestro caso, debido a que la suma de gasto militar español supone, como hemos dicho en otro momento, un 12 % del gasto público, es este el porcentaje en el que se debe imputar al gasto militar la deuda pagada por el estado.

Esto arroja una cifra de deuda imputable al gasto militar de 14.887,10 millones de euros, cantidad que hay que sumar a los ya referidos 20.406,61 millones de euros, para aproximarnos a la cifra de gasto militar que debemos imputar al año 2019, nada menos que 35.293,71 millones de euros, una cifra verdaderamente intolerable, que arroja 750 euros por persona en dicho año sólo para financiar uan política militarista que no hemos decidido, que no nos han consultado y que tampoco nos han explicado ni alertado de sus consecuencias y costes.

Cifra que se elevará más aún si consideramos la suma de gasto militar y control social e imputamos a éste la deuda correspondiente a dicha suma. En este caso no hay adjetivo para calificar el escandaloso gasto estatal para llevar a cabo todas las políticas y tener engrasados todos los dispositivos necesarios para ello, de militarización social. Estamos hablando de 46.388,60 millones d euros, caso una sexta parte del total presupuestario destinado a nuestro control y al ejercicio institucional del paradigma de dominación y violencia que rige las lógicas que aplica.

(Próxima entrega: Consecuencias de este aspecto cuantitativo.).

Categorías: Tortuga Antimilitar

Antimilitaristas denuncian en Alacant la participación española en la venta de armas para la guerra de Yemen

25 January, 2021 - 10:30

Con algunas horas de anticipación a las nuevas medidas anticovid decretadas en la Comunidad Valenciana, que prohíben, entre otras cosas, que más de dos personas de unidades familiares diferentes coincidan en la vía pública, un pequeño grupo de activistas del Grup Antimilitarista Tortuga se concentró ante las puertas del puerto comercial de la ciudad de Alacant para denunciar la complicidad del gobierno español y de diversas empresas bélicas, así como de las entidades bancarias que las financian, en el comercio y tráfico de armamento con destino a las dictadura de Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Dicho armamento, en no pocos casos, es empleado en la guerra que dichas dictaduras árabes mantienen en el vecino Yemen.

Este acto se inscribe en la campaña internacional "World Says No To War on Yemen", cuya acción global se realiza en diversos países del mundo el lunes 25 de enero: https://docs.google.com/forms/d/e/1...

Organizaciones de derechos humanos cifran en más de 300.000 las muertes ocasionadas en esta guerra. Una parte de ellas son por combates y bombardeos, pero hay que alertar también de numerosas muertes indirectas producidas por el bloqueo de suministros alimentarios que la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes, país de residencia del rey emérito Juan Carlos de Borbón, están aplicando a Yemen. No hay que perder de vista las ventas de corbetas, ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, que la empresa estatal española Navantia ha realizado para la dictadura saudí y cómo éstas serán utilizadas para intensificar el bloqueo de suministros a los puertos yemeníes.

El acto transcurrió sin incidentes.

Declaración Conjunta: El Mundo Dice No a la Guerra en Yemen

Convocatoria a la protesta internacional – Lunes, 25 de enero de 2021.

El bombardeo y el bloqueo liderado por Arabia Saudita desde 2015 contra Yemen ha matado a decenas de miles de personas y ha devastado el país. Naciones Unidas califica esto como la mayor crisis humanitaria en la tierra. La mitad de los habitantes del país está al borde de la hambruna, el país tiene el peor brote de cólera del mundo en la historia moderna y ahora Yemen tiene una de las peores tasas de muerte por COVID en el mundo: mata a una de cada cuatro personas que son diagnosticadas positivas. La pandemia, junto con la retirada de la ayuda, empuja a más gente al hambre acuciante.

A pesar de esto Arabia Saudita está aumentando la guerra e intensificando el bloqueo.

La guerra es posible únicamente porque países occidentales – en particular Estados Unidos y Reino Unido – continúan armando a Arabia Saudita y proporcionándole apoyo militar, político y logístico. Las potencias occidentales participan activamente y tienen la capacidad de detener la crisis humanitaria más aguda del mundo.

El desastre en Yemen es obra humana, está causado por la guerra y el bloqueo, se puede detener.

Personas y organizaciones de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Italia y de otros lugares del mundo, se unen para pedir el fin de la guerra en Yemen y solidaridad con sus habitantes. Exigimos ahora mismo a nuestros gobiernos:

–> Paren la agresión contra Yemen
–> Paren el suministro de armas y el apoyo a la guerra de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos
–> Levanten el bloqueo sobre Yemen y abran todos los puertos y aeropuertos
–> Restablezcan y aumenten la ayuda humanitaria al pueblo yemení

Pedimos a la gente de todo el mundo que se manifiesten contra la guerra el 25 de enero de 2021, justamente unos días después de la inauguración presidencial en Estados Unidos y del día previo a la Iniciativa de Inversión `Davos en el Desierto´ de Arabia Saudita.

Pedimos a personas y organizaciones en todo el mundo que ese día se manifiesten en sus localidades -con las mascarillas y otras medidas de prevención- para decir alto y claro:

EL MUNDO DICE NO A LA GUERRA CONTRA YEMEN

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Ver también: Las corbetas que vende Navantia se usan para bloquear puertos en Yemen y que no pueda entrar ayuda humanitaria

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Más sobre Tortuga

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Las comparaciones son odiosas: Barcelona, terroristas, Yemen

25 January, 2021 - 00:01

Este pasado 21 de enero la Fiscalía ha anunciado que hace definitivas sus peticiones de cárcel para los tres acusados de colaborar con la célula terrorista causante de los atentados en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017.

En ningún momento quiero frivolizar con los tristes sucesos, sólo pretendo poner el punto de atención en nuestra hipocresía. Ya sabemos que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio.

Los tres reos están acusados de colaboración con los que cometieron aquellos asesinatos que lamentamos todos.

Mohamed Houli Chemlal está acusado de haber participado en la elaboración de explosivos. 41 años de reclusión pide la Fiscalía.

Driss Oukabir está acusado de ayudar a los terroristas entre otras cosas a conseguir una furgoneta. 36 años pide la Fiscalía.

Said ben Iazza está acusado de suministrarles sustancias para crear los explosivos. 8 años de cárcel pide la Fiscalía.

Los tres procesados proporcionaron armas y medios a la célula yihadista.

Según la RAE arma es el instrumento, medio o máquina destinado a atacar o defenderse.

Esta definición de nuestra ilustre academia de la lengua se nos queda corta; me gusta más esta que nos propone Marcelo Colussi:

“Cuando decimos "armas" nos referimos al extendido universo de las armas de fuego (aquellas que utilizan la explosión de la pólvora para provocar el disparo de un proyectil), el cual comprende un variedad casi infinita que va desde lo que se conoce como armas pequeñas (revólveres y pistolas -las más comunes-, rifles, carabinas, sub-ametralladoras, fusiles de asalto, ametralladoras livianas, escopetas), armas livianas (ametralladoras pesadas, granadas de mano, lanza granadas, misiles antiaéreos portátiles, misiles antitanque portátiles, cañones sin retroceso portátiles, bazookas, morteros de menos de 100 mm.), a armas pesadas (cañones en una enorme diversidad con sus respectivos proyectiles, bombas, explosivos varios, dardos aéreos, proyectiles de uranio empobrecido), y los medios diseñados para su transporte y operativización (aviones, barcos, submarinos, tanques de guerra, misiles), a lo que hay que agregar minas antipersonales, minas antitanques, todo lo cual constituye el llamado armamento convencional.”

Pues ninguno de estos elementos citados estuvieron en manos de los susodichos reos.

Sin embargo aquí va un breve listado de productores en suelo patrio de armas ARMAS.
(Digo breve porque el Ministerio de Defensa cuenta en su catálogo con un total 608 empresas inscritas en la industria armamentística, que suman una cifra de negocio en 2015 de 5.891 millones de euros, de la que más del 83% se factura en el exterior).

EXPAL Explosivos Alaveses SA. está dedicada a la fabricación de sistemas y granadas de mortero de 60mm, 81mm y 120mm. Está especializada en la munición de artillería y cargas de proyección, espoletas de granadas, proyectiles y bombas de aviación, explosivo plástico y artefactos de demolición.
MAXAM, sede Madrid fabrica todo tipo de explosivos para distintos sectores, desde la minería a la defensa.
SANTA BARBARA, especializada en armas y vehículos blindados, fusiles de asalto, de cañón ligero, lanzadores automáticos de granadas, municiones, ametralladoras, miles antiaéreos, lanzacohetes y torretas con artillería para carros de combate y vehículos blindados.
INSTALAZA, armas de infantería de un solo uso, bombas y granadas, dispositivos de visión nocturna para ser usados con fusiles de asalto
MBBDA, Se trata del mayor consorcio empresarial de misiles europeo, que cuenta con sede en Madrid.
SAPA PLACENCIA. Esta compañía fabrica artillería pesada, antiaérea y armas ligeras,
OTO MELARA IBÉRICA, vehículos blindados, torretas y cañones.
RAFAEL Advanced Defense Systems. Compañía israelí que se instala en España en 2010. Fabricante de misiles anticarros y vehículos.
Said ben Iazza, acusado de suministrar sustancias.
Driss Oukabir, está acusado de conseguir una furgoneta.
Mohamed Houli Chemlal, acusado de participar en la elaboración de explosivos.
INDRA, sistemas de vuelo de los aviones de combate F-2000, los Helicópteros Tigre y NH-90; toda la electrónica y sistemas de comunicación de toda clase de buques de guerra y submarinos que construye la estatal Navantia; los blindados Pizarro y Leopardo que fabrica Santa Bárbara Sistemas; el guiado de misiles que disparan todos estos armamentos; sistemas de guerra electrónica.
NAVANTIA, construcción de patrulleros de altura, grandes buques militares, patrulleros rápidos y buques especiales, cuenta además con una fábrica de sistemas de última tecnología, donde se desarrollan sistemas de combate, armas, sistemas de control de buques y de seguridad marítima. Las corbetas que vende Navantia se usan para bloquear puertos en Yemen y que no pueda entrar ayuda humanitaria.

Pit, pit piiiit, pit, piiiiittt))))))))
Perdonen, estoy recibiendo un aviso desde redacción.
Pi, pit piiiit, pitt, piiii))))

Ah, sí.
Parece ser hay un error. Sin querer he mezclado datos en el listado de fabricantes de armas y se han catalogado en ellas tres nombres que no tienen licencia oficial. Y, por tanto, estos tres errores no tienen nada que ver con la exportación de armas a lugares en conflicto como YEMEN.

Categorías: Tortuga Antimilitar

Por qué el gobierno de España es cómplice de las más de 300.000 muertes en la guerra de Yemen

25 January, 2021 - 00:00

Isa Ferrero

Autora de 'Negociar con asesinos. Guerra y Crisis en Yemen'

Aproximadamente 310.000 personas han muerto en una guerra que se ha mostrado devastadora. Yemen corre el peligro de vivir una hambruna como no se ha visto en décadas. Mientras, el gobierno de España destina mil veces menos ayuda humanitaria en comparación a los 435,2 millones autorizados a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en el 2019.

Poner cifras a horrores que suceden a diario tiene el riesgo de deshumanizar el sufrimiento que viven a diario millones de personas. No obstante, es imprescindible que se haga para ser consciente del grado de destrucción que provocan las guerras y la alta inmoralidad en la que se sustenta el comercio de armas, los "instrumentos de muerte que fabricamos para los que viven en Oriente Próximo", como decía Robert Fisk.

Uno de los esfuerzos más importantes que se han realizado en este sentido es el informe de abril de 2019 del Pardee Center para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este estudio permitió, en el año 2019, poner una cifra real al conflicto. De aquí viene el dato de las 233.000 muertes.

El informe fue muy importante porque, aparte de hacer una radiografía de los severos daños que van a pagar las generaciones venideras en Yemen, reveló el enorme coste humano de esta guerra. Uno de los aspectos más destacables es que ya en el año 2019 más de la mitad de las muertes producidas se debían a causas indirectas como la "falta de acceso a comida, servicios sanitarios e infraestructura". Este enorme sufrimiento era completamente predecible, tal como lo admitió uno de los hombres claves de la administración Obama en Oriente Próximo, Robert Malley.

Los instrumentos de muerte exportados desde Occidente han servido para que la Coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos iniciara una mezquina campaña de bombardeos contra la población, las infraestructuras y contra la agricultura del país. Una campaña para matar de hambre a la población que ha venido de la mano de un bloqueo por tierra, mar y aire. No hay ningún tipo de duda de cuál era el objetivo: Yemen, un país extremadamente pobre, "siempre ha dependido de importar comida" y antes de la guerra importaba el 90% de ella.

Esta es la razón por la que resulta desconcertante pensar que el gobierno de España sigue empeñado en vender cinco corbetas a Arabia Saudí por 1.800 millones de euros, tal como lo ha dejado caer la secretaria de comercio, Xiana Méndez Bértolo. Una venta que no solo es contraria al Tratado sobre el Comercio de Armas (2014), sino que también es ilegal con respecto a la ley española 53/2007.

No obstante, han pasado casi dos años y el coste humano es cada vez más grande. Por lo tanto, es necesario revisar este dato. Por un lado, hay que sumar a las 233.000 muertes las producidas en combate durante el año 2020, dadas por el "Armed Conflict Location and Event Data Project" (ACLED). Hemos utilizado los datos del ACLED, porque según el estudio "son más representativos" que el resto.

Desde el 1 de enero de 2020 al 8 de enero de 2021, 19.831 personas han muerto. Aunque para hacer una estimación adecuada, hay que sumar las del año 2015. La razón es que el informe no las cuenta porque en ese momento el ACLED no había reportado esos datos y se utilizó para el cálculo la cifra de 6.778 procedente del UCDP. Ahora sabemos que, durante el año 2015, ha habido 17.474 víctimas mortales, una diferencia de 10.696.

A todas estas cifras actualizadas del ACLED, hay que sumarle las muertes indirectas. Para ello, nos hemos puesto en contacto con el director del Pardee Center, Jonathan D. Moyer. Aproximadamente 46.333 personas murieron de forma indirecta, lo que supone que en el año 2020 ha habido cerca de 66.000 muertes.

Sumando esta cifra a las nuevas que nos ha proporcionado el ACLED, se llega a la conclusión de que aproximadamente 310.000 personas han muerto en la guerra de Yemen.

Sin embargo, conviene hacer varias precisiones. Este informe se realizó en abril del año 2019, y, por lo tanto, no ha tenido en cuenta el grave deterioro de la crisis humanitaria vivida en Yemen durante el año 2020. La situación ha ido empeorando, pese a que a finales del año 2019 había cierto optimismo.

Los enfrentamientos entre todas las partes beligerantes se han intensificado. En el norte, los hutíes siguen dando muestra de su crueldad contra la población, mientras que en el sur es cada vez más palpable el fracaso de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos de formar un gobierno estable. Lamentablemente, la alta violencia ha coincidido con inundaciones muy severas y con la llegada del coronavirus. La gente no solo enfrenta la amenaza del hambre, sino que, de igual forma, está acorralada por otras epidemias como el cólera, la malaria y la difteria, tal como nos cuenta Eva Erill, de Solidarios Sin Fronteras, que lleva desde el año 2015 intentando hacer lo imposible para detener este desastre.

La respuesta de los países occidentales muestra una vez más la degradación moral de nuestras élites políticas. Aparte de enriquecerse con el comercio de armas, no han movido un dedo para financiar programas humanitarios que estaban colapsando por la falta de fondos. Se ha destinado solamente el 50% del plan de ayuda de Naciones Unidas de 2020, cuando este plan ya había sido recortado un 20% con respecto al año 2019. La decisión de la administración Trump de designar como organización terrorista a los hutíes es otro paso más para matar de hambre a millones de personas.

El pasado noviembre, el secretario General de la ONU, António Gutierres, advirtió que "Yemen está en inminente peligro de vivir la peor hambruna que el mundo ha visto en décadas". ¿Qué supone esto? Básicamente, reconocer que "millones de personas pueden morir" si no se actúa de inmediato. Además, se corre el peligro de volver a lamentables episodios vividos como el de Etiopía en el año 84 o el de Irak en la década de los 90.

La degradación moral también se traslada a España. Durante el año 2020, el Gobierno envió menos de 400.000 euros en ayuda humanitaria a Yemen. Una cantidad 460 veces inferior que la enviada por Alemania, pese a que este país decretó un embargo de armas a Arabia Saudí en el año 2018. La ayuda humanitaria enviada por España es del orden de mil veces inferior a la que autoriza con respecto a la venta de armamento. En el año 2019 se autorizó la venta de armamento de 435,2 millones de euros a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Durante el primer semestre de 2020 (el segundo semestre todavía no se conoce) se autorizó 121,31 millones de euros en armas a estos dos países, mientras que en esos mismos meses se envió 0 euros de ayuda humanitaria.

El pasado 21 de diciembre, el diputado de Unidas Podemos, Roberto Uriarte, presentó una Proposición no de Ley (PNL) apoyada por Joan Josep Nuet (ERC) y Jon Iñarritu (EH Bildu) para enviar ayuda humanitaria y que se atendieran las peticiones de las organizaciones humanitarias. Sin embargo, el Partido Socialista diluyó la PNL presentando una transaccional con el objetivo de retrasar el envío de ayuda humanitaria a Yemen y alejando cualquier prohibición o embargo a Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. Las relaciones diplomáticas con estos dos países siguen siendo vergonzosas, muestra de ello ha sido la huida pactada de Juan Carlos entre Partido Socialista y Felipe VI. El desprecio de nuestras élites hacia los derechos humanos es más que palpable en nuestro país. No es de extrañar el enfado de las organizaciones humanitarias y en defensa de los derechos humanos: las corruptelas de nuestras élites han pesado más que la vida de más de 300 mil personas.

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Invierno

25 January, 2021 - 00:00

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Todos somos soldados, pero los generales van los primeros en la lista de vacunación

24 January, 2021 - 00:00

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El Jemad y otros altos cargos del ejército se han puesto la vacuna del covid-19

Iñigo Sáenz de Ugarte

El Ministerio de Sanidad ha decidido aplazar la vacunación del personal sanitario que no esté en primera línea en la lucha contra la Covid para adelantar el inicio de la inmunización de las personas mayores. Otros se han dado más prisa. Un grupo numeroso de políticos, sobre todo en pequeños ayuntamientos, ya se ha saltado el protocolo aprobado para colarse en la lista de vacunaciones con todo tipo de excusas. Es una de esas cosas que no resulta sorprendente en este país. Habrá quien piense que esto es inaudito en mitad de una pandemia. En realidad, es al revés. Estaba cantado que algunos iban a ocuparse de hacer valer su posición en un momento de tantas urgencias como este.

Lo peor de todo es que se han vacunado en secreto y sólo se ha sabido gracias a los medios de comunicación. En la parte positiva, hay que apuntar que estos chanchullos se han conocido muy pronto, cuando aún no se ha consumido el primer mes de un proceso que será muy largo, y se supone que se tomarán las medidas necesarias para que algo así no se repita.

Entre las revelaciones inesperadas está la de que las Fuerzas Armadas ya han recibido su cupo personal e intransferible de vacunas. Antes de que los médicos de urgencias en los hospitales reciban su dosis, nos hemos enterado de que los generales ya han enseñado el brazo para que les pinchen. Y evidentemente nadie se había molestado en comunicarlo. De hecho, ni siquiera lo sabía la ministra de Defensa. La sanidad militar tiene su propia estructura, pero eso no justifica que tenga su propio protocolo por el que los que tienen más estrellas no deben esperar mucho tiempo.

Puestos a encontrar razones de peso, no parece un error que se vacune a los militares destinados a misiones internacionales en países con una infraestructura sanitaria inferior a la española o que partan en una misión en un buque durante varias semanas. Lo que es más difícil de aceptar es que el jefe de Estado Mayor de la Defensa, que trabaja en un despacho, haya recibido su primera dosis. El general Miguel Ángel Villarroya tiene 63 años. Los españoles de más de 70 años que viven en su casa aún no han sido vacunados.

Villarroya animó las primeras ruedas de prensa del comité gubernamental de gestión del coronavirus con esas frases tan castrenses. "En esta guerra irregular y rara que nos ha tocado vivir, en la que nos ha tocado luchar, todos somos soldados", dijo en marzo.

Todos somos soldados, pero cuando llegan las vacunas los generales van los primeros en la lista. Lo contrario que en el campo de batalla, donde son los soldados los que saltan los primeros en la trinchera. Villarroya no es el único que ha demostrado el "espíritu de servicio" del que alardeaba en sus ruedas de prensa. Otros militares del Estado Mayor, más jóvenes que él, también se han sacrificado. Todo sea por España.

Los hay como Albert Rivera –qué raro que se metiera en la polémica en calidad de político jubilado– que han pedido que se vacune a los políticos con independencia de su edad "para dar ejemplo". Es algo que no parece ya necesario. Según una encuesta internacional de YouGov, ha aumentado de forma notoria el porcentaje de europeos que se han vacunado o están dispuestos a hacerlo. Veinte puntos más en Reino Unido, 19 puntos más en Italia o 18 puntos más en España. Incluso en Francia, el país europeo con mayor oposición a las vacunas.

El premio gordo de la lista de políticos con privilegios lo encabeza el ya exconsejero de Salud de Murcia, que incluyó a 400 altos cargos y funcionarios de su departamento en la vacunación exprés. En segundo lugar, se encuentra el consejero de Salud de Ceuta, que tiene el privilegio de haber ofrecido la explicación más surrealista (y la ventaja de que su presidente, del PP, no le cesará). Él no quería, porque ni siquiera le gustan las vacunas. No dijo por qué. Afortunadamente.

Después, aparecen una serie de alcaldes de pequeñas localidades que aprovecharon su oportunidad. El récord del descaro podría estar en la localidad vallisoletana de Villavicencio de los Caballeros. El alcalde, dos concejales y el cura del pueblo fueron inscritos como trabajadores de una residencia de ancianos que no habían pisado con el fin de inmunizarlos. Todo porque forman parte del patronato que controla la residencia.

El alcalde de La Nucía, en Alicante, alegó que es el médico del equipo de fútbol de la localidad. Mucho más peligroso que ser médico en un hospital. Otro argumento recurrente de otros cargos políticos es que "sobraban dosis", como si eso significara que había barra libre para los voluntarios. El senador tinerfeño Antonio Alarcó justificó sus privilegios por ser cirujano y población de riesgo, aunque aún no ha empezado la vacunación para esos grupos. El alcalde de Villahermosa del Río, en Castellón, dijo que era administrador de una residencia, un puesto que de momento se considera que no es personal sanitario.

Esta pandemia servirá para que no se contemple con tanta ternura eso que se ha llamado la picaresca española.

Entre los elegidos, hay nueve cargos electos del PSOE y siete del PP. No hay que ser un genio para saber que el partido que mire a otro lado al saberse que sus políticos le están echando mucha cara va a pagar un precio muy alto. Tras el papelón de Murcia, el PP ha prometido que reaccionará con "ejemplaridad" si se conocen casos de este tipo en su partido. El PSOE anunció el viernes que pedirá la dimisión de sus cargos públicos que incumplan el protocolo de vacunación, porque "no consiente este tipo de actitudes insolidarias". Se ha referido en concreto al alcalde de Asín, un pueblo de 98 habitantes.

No importa el tamaño del municipio. Ahora mismo no hay nada peor que recurrir al poder, por pequeño que sea, para saltarse la cola.

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