Historically, Australian medical schools have followed the British tradition by conferring the degrees of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) to its graduates whilst reserving the title of Doctor of Medicine (MD) for their research training degree, analogous to the PhD, or for their honorary doctorates. A notable exception is the Bachelor of Medicine (BMed) joint program of the University of Newcastle and the University of New England. Although the majority of Australian MBBS degrees have been graduate programs since the 1990s, under the previous Australian Qualifications Framework (AQF) they remained categorised as Level 7 Bachelor degrees together with other undergraduate programs. The latest version of the AQF includes the new kamagra ireland buy kamagra category of Level 9 Master's degrees (Extended) which permits the use of the term 'Doctor' in the styling of the degree title of relevant professional programs.





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PIlota antinazi

23 October, 2017 - 23:00

Categorías: Tortuga Antimilitar

La pesada carga del antichavismo

23 October, 2017 - 23:00

x Reinaldo Iturriza

Más allá del rechazo del antichavismo a su clase política, ¿cuándo se decidirá a combatir al antichavismo violento, proto-fascista?

Hemos tardado mucho en exigirle al antichavismo que salde cuentas con sus propios demonios. Cuando no nos hemos hecho los distraídos, hemos optado entre la burla y la condescendencia, bien porque creyéramos que es lo que merece una fuerza que hace política desde la soberbia, bien por considerarla incapaz de lidiar con el problema. Pero el antichavismo debe aprender a llevar sus propias cargas.

A propósito de la derrota política que ha encajado el 30J, con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, y luego con las reacciones que ha provocado la decisión de los partidos opositores de participar en las elecciones para gobernaciones, incluso le hemos dedicado algún tiempo a dejar constancia del profundo descontento de la base social del antichavismo, y en particular de los que apuestan por salidas de fuerza, con su clase política.

El antichavismo violento cuestiona al liderazgo político opositor no por su falta de talante democrático, sino por su absoluta incapacidad para derrocar a Nicolás Maduro. Es decir, porque no es lo suficientemente antidemocrático. La virulencia de los ataques contra el liderazgo antichavista, que durante mucho tiempo creíamos reservada al chavismo, es índice de este desencuentro: ahora resulta que puede existir algo peor que el chavismo.

Dicho esto, queda todavía pendiente el asunto principal, que es el siguiente: más allá del rechazo del antichavismo a su clase política, ¿cuándo se decidirá a combatir al antichavismo violento, proto-fascista, orgulloso de su clasismo y racismo, del odio que profesa, y que habla de asesinar seres humanos como si de un deporte se tratara? Antichavismo minoritario que, por demás, fue el gran derrotado el 30J, circunstancia que seguramente habrá sido festejada tímidamente o en silencio por el antichavismo que acudió a votar o que hubiera deseado hacerlo.

Ese antichavismo que no estuvo de acuerdo con el festín de muerte y destrucción que mantuvo en vilo al país entre abril y julio, le debe a la sociedad venezolana toda asumir con coraje, y de una vez por todas, la tarea de aislar a los violentos. Más aún, nos debe oponerse firmemente a las agresiones de todo tipo contra el pueblo venezolano, comenzando por las económicas.

Acaso el contraste entre la naturalidad con la que asumimos que debemos seguir insistiendo en el diálogo con una clase política antichavista de la que cabe esperar nada o casi nada, y lo extraño que nos resulta interpelar a su base social, nos convenza de que en el chavismo no siempre hemos elegido bien los caminos, o hemos dejado de andar caminos que nos hubieran llevado al encuentro con hombres y mujeres que no son nuestros enemigos, o al menos no tienen por qué serlo.

Precisamente porque nuestra aspiración es construir una sociedad radicalmente democrática, la interlocución con la base social del antichavismo debe ser fluida, permanente. Tal vez valga la pena probar, en espera de resultados: la mitad del tiempo que perdemos en polémicas estériles con el liderazgo opositor, invirtámoslo dialogando creativamente con su base social.

Por supuesto, en el chavismo los desafíos son muchos: algunas de las tensiones que le caracterizaron desde el principio se han agudizado con el transcurrir de los años, y sobre todo durante el último lustro: la de su base social con la burocracia política y con el estamento funcionarial, por ejemplo, al punto de que en algunos casos cabe hablar de una crisis de mediaciones sin precedentes. Además, está el desafío que supone gobernar el mercado o hacerle frente a las sanciones del Gobierno estadounidense y demás agresiones internas y externas. Pues bien, aun en circunstancias tan adversas, hay un intenso debate a lo interno del chavismo sobre estos asuntos, una parte del cual discurre públicamente. ¿Qué es lo que impide que ocurra algo similar en el campo antichavista?

Tal vez haya que hacer una genealogía de esa facción de la actual clase política opositora que intenta en vano prevalecer sobre los herederos directos del Pacto de Punto Fijo. Tal vez sea necesario volver, por ejemplo, a los tiempos en que la meritocracia petrolera decidió no entregar más divisas a una clase política corrompida y despilfarradora, y aceleró sus planes de desnacionalización de la industria petrolera. Volver e interrogarnos: ¿qué tipo de subjetividad política fue incubándose desde entonces? Trazar la línea de continuidad, si es que la hubiere, entre la meritocracia y los partidos dirigidos por hijos de la oligarquía. Más reciente, trazar la línea de continuidad entre estos partidos y la clase de 2007, varios de cuyos líderes pasaron de engrosar las filas del “movimiento estudiantil” para encabezar la “resistencia”.

Diez años después, parece claro que la materia política ha resultado demasiado para la generación de 2007, y que por tal razón ha sido reprobada. También es verdad que la ventaja que ha sabido sacar Acción Democrática de la situación difícilmente puede ser considerada por la base social del antichavismo como una victoria. Imaginemos por un momento al chavismo sin la vitalidad que le imprimen, por ejemplo, muchos de sus consejos comunales y Comunas. Así de desolador debe ser el panorama para el grueso de la base social antichavista: sin referentes de política genuinamente democrática.

Pero estos referentes no caen del cielo: al antichavismo le corresponde deslastrarse de su clase política, crear nuevos referentes. No hacerlo es precisamente lo que les ha conducido a ese callejón sin salida de la política que es guardar silencio, por ejemplo, ante los abominables crímenes de odio que, por demás, fueron aumentando progresivamente en recurrencia, hasta el punto de prácticamente hacerse algo natural. Y cuando tal cosa sucede, es porque hemos alcanzado niveles muy peligrosos de degradación.

Al antichavismo que, aún en silencio, está en completo desacuerdo con tales actos, nadie le pide que se haga chavista. No tiene por qué. Y seguramente tendrá muchas razones para no identificarse políticamente con el chavismo. Pero lo que no puede permitirse es seguir cediendo al chantaje de su clase política, en el sentido de que todas las culpas son atribuibles al chavismo, que es lo que siempre procura hacer, por cierto, lo más atrasado de la clase política chavista: librarse de toda responsabilidad.

La única política que vale la pena ejercer, practicar, es aquella en la que asumimos la responsabilidad de nuestros propios actos, de nuestras prácticas, de nuestras ideas; la política en la que nos asumimos como actores, protagonistas. Ejercer la política de esta forma no es algo que “beneficia” a los chavistas. Es algo que nos hace mejores seres humanos a todos y todas: chavistas y antichavistas.

Tal vez sea una trampa de la memoria, tan insoportable nos resulta, tanta es la necesidad de hacer como que no ocurrió: pero de aquellos crímenes horrendos, de aquel ambiente de crispación, de aquel miedo que circulaba a corrientazos, no hacen ni dos meses. Y otras violencias le sucedieron a aquellas y las padecemos hoy, y nos amenazan con nuevas violencias. Derrotar la violencia en todas sus formas es algo que también nos convoca a todos y todas, sin distingo de identidad política.

www.supuestonegado.com

Texto completo en: https://www.lahaine.org/la-pesada-c...

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El gobierno ha pagado más de 800.000 euros en nueve años para financiar la peregrinación militar a Lourdes

22 October, 2017 - 23:00

Laura Galaup

La asistencia de una expedición de guardias civiles y miembros de las Fuerzas Armadas al santuario católico de Lourdes (Francia) de forma anual sufragada con dinero público ha sido recriminada en reiteradas ocasiones por partidos de la oposición y asociaciones profesionales.

En los últimos nueve años el Ministerio de Defensa ha destinado 768.571 euros a financiar este viaje. Por su parte, Interior ha gastado 66.649 euros a lo largo de este lustro para que una delegación de sus agentes estén presentes en este evento. Según datos facilitados por el portal de Transparencia, en total estos dos departamentos han destinado 835.221 euros a esta expedición que se celebra en mayo y que tiene una agenda cargada de eventos religiosos, como misas, vigilias o una "procesión mariana de las antorchas".

Conga al ritmo de Viva España

Tras una petición de información realizada por eldiario.es, el departamento de María Dolores de Cospedal asegura que esta es la "única peregrinación que recibe financiación pública". La asistencia a esta actividad subvencionada a cargo de los presupuestos de cada Ministerio, no han estado exentas de polémica. En mayo volvió a levantar polvareda por la difusión de un vídeo en el que algunos de sus asistentes, entre ellos agentes, militares, curas castrenses y religiosas; bailaban una conga al ritmo de Viva España.

Dos senadores, Jon Iñarritu (EH Bildu) y Maribel Mora (Unidos Podemos), preguntaron por el coste de la participación y la finalidad de este evento. El Gobierno les aseguró que la cantidad presupuestada para el encuentro este año fue de 73.000 euros.

Sin embargo, en la respuesta a una una petición de eldiario.es a Transparencia se desprende que la cifra podría ser mayor. Esto se debe a que el Ministerio de Defensa asegura que se gastaron esa cantidad (73.901 euros) pero añade que "los datos relativos a la Guardia Civil han de ser solicitados a esa institución". Por lo que no aclaran si los gastos de ese Cuerpo están incluidos en esa cifra final. El Ministerio del Interior cifra en 10.851 euros el presupuesto público destinado a la asistencia de 15 de sus agentes al santuario católico este año. Ni Defensa ni la Guardia Civil han aclarado este punto a esta redacción, tras ser preguntados por ello.
23.437 euros gastados por el Ejército del Aire

Desglosando la información de Defensa, este año la representación del Ejército del Aire en Lourdes fue la más cara, supuso 23.437 euros para las arcas públicas. La participación de miembros del de Tierra costó 12.912 euros y la de la Armada, 11.493 euros. Además añaden dos conceptos más que no detallan, uno descrito como organismos ajenos y cifrado en 14.058 euros; otro al que se refieren como gastos comunes y que asciende a 12.000 euros. Total, 73.901 euros en 2017.

La página web del Arzopispado castrense explica que en el programa de la última edición de esta peregrinación internacional, a la que asistieron 12.669 personas procedentes de 43 países, se incluían, entre otras actividades, una vigilia de reconciliación, un homenaje a los caídos, una misa internacional, una eucaristía en la gruta de las apariciones y un vía crucis en la montaña.

Siempre que el Ejecutivo central ha sido interpelado por la asistencia a este evento, han aludido a su carácter histórico. "España ha venido participando en el encuentro desde hace más de 40 años, en el que, además de debatirse cuestiones relacionadas con la paz y seguridad internacional, se realizan otras actividades de ámbito social", apuntan en la respuesta remitida a los senadores. Entre los eventos del encuentro, reseñan que se celebran actividades porque "en sus orígenes hubo una alta participación de capellanes castrenses".

Aunque en esa contestación aseguran que la presencia de la delegación española tiene historia ya que se remonta a hace varias décadas. El departamento dirigido por Cospedal solo ha facilitado a esta redacción información relativa a los últimos nueve años, a pesar de que eldiario.es solicitó al portal de transparencia un desglose de la información desde el 2002. Y solo detallada por ejércitos desde el 2012. Por su parte, la transparencia en Interior ha sido más limitada aún al remitir únicamente los datos relativos al último lustro.

Financiación durante el Gobierno socialista

De acuerdo a esta documentación en ambos casos la financiación pública para este evento ha ido disminuyendo. Todavía con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) como presidente, en 2009 Defensa destinó 126.487 euros, 107.941 euros un año después y 99.897 euros en 2011. Tras la llegada de Mariano Rajoy (PP) al Gobierno la financiación pública a esta peregrinación militar internacional se redujo: 78.957 euros en 2012, alrededor de 69.000 los tres siguientes años y 74.208 euros en 2016.

El coste de la participación de la Guardia Civil en esta peregrinación no ha variado tanto: 12.331 euros en 2012, 10.910 euros en 2013 y 10.852 euros anuales desde entonces. Con esa cantidad la Dirección General de este Cuerpo asumió la expedición de 15 agentes en el mes de mayo.

La senadora Mora también preguntó al Gobierno por el resto de asistentes de los Cuerpos de Seguridad. En esa contestación el Ejecutivo aseguró que acudieron seis representantes de la Unidad Militar de Emergencias, once de la Guardia Real, 15 del Ejército de Tierra, 14 de la Armada, 31 del Ejército del Aire y tres del órgano central (Ministerio). En total, 95; cuatro de ellos capellanes. Por su parte, el diario El País llegó a cifrar en 129 los participantes que acudieron con los gastos pagados con dinero público. Defensa no ha respondido a esta cuestión.

La delegación española que acudió este año estuvo formada por 351 personas, según el Arzobispado castrense. No todos tuvieron el viaje financiado y además de agentes y militares también acudieron alumnos de las academias, familiares y trabajadores civiles de Defensa.

Participación voluntaria

"La participación del personal es voluntaria", aseguran en la respuesta del Ejecutivo. Según apuntan, "la representación oficial se regula mediante una instrucción de la Subsecretaría de Defensa" y lo deciden autoridades del Ministerio, del Arzobispado y representantes de las Fuerzas Armadas.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha sido la que más ha criticado que se financie la participación a este evento con dinero público. " AUGC debe volver a denunciar un dispendio ajeno a la función de la Guardia Civil, generado además por una actividad impropia de un cuerpo policial de un estado democrático y aconfesional", aseguraron en un comunicado previo a la edición de 2017. Esta organización fue la que difundió el vídeo de los representantes españoles bailando una conga mientras cantaban ' Viva España' para protestar por su celebración.

"El gasto que supone la realización de determinados eventos, como lo son las peregrinaciones, es un insulto a la dignidad de los militares", incide Jorge Bravo, Secretario de Organización de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y aluden a los problemas de las infraestructuras de acuartelamientos, como falta "de mantenimiento y conservación en alojamientos". "Se hace necesaria una revisión en profundidad de toda esta actividad participativa, entrando al fondo de las normas que regulan y permiten dichos actos", finaliza.

Por su parte, desde la Asociación de Militares de Tropa y Marinería (AMTM) lamentan que Defensa haya destinado más de 700.000 euros a esta actividad cuando las organizaciones que representan a los profesionales de las Fuerzas Armadas "no reciben ningún tipo de subvención". Y cuestionan si el departamento dirigido por Cospedal también financia las peregrinaciones de otras confesiones religiosas. "Conforme evoluciona la sociedad, se debería redefinir la normativa que regula la confesionalidad en los Cuerpos de Seguridad", aseguran fuentes de esta organización.

El Diario

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Un grupo de personas destrozan con mazos más de 350 metros del ‘muro' que se construye en Murcia

22 October, 2017 - 23:00

La Crónica

Las obras del AVE en la ciudad de Murcia sufrieron la noche del viernes nuevos destrozos por parte de un grupo de personas que portaban mazos, que han provocado el derribo de postes, la destrucción de pantallas de metacrilato y sus soportes y la eliminación de tuercas de sujeción en una treintena de 30 pilotes.

En total, se han destrozado unos 355 metros del ‘muro' que se está construyendo para la llegada provisional del AVE en superficie y que dividirá la ciudad en dos. Los destrozos se han producido en el tramo comprendido entre la Senda de los Garres y Ronda Sur.

Según han informado fuentes municipales, es la cuarta ocasión en algo más de un mes en el que se producen ataques contra maquinaria y medios materiales relacionados con las actuaciones previas para la llegada del AVE a la estación del Carmen.

Al parecer, los hechos se produjeron alrededor de las 4.30 horas de la madrugada y fueron denunciados por un vecino que vive junto a la calle Orilla de la Vía, quien alertó de que tras escuchar un fuerte ruido frente a su vivienda, vio varios postes de soporte y pantallas de protección de las obras de soterramiento caídos en el suelo y destrozados.

Los agentes que fueron al lugar del suceso vieron un poste derribado sobre el camino, otro semicaído apoyado por su extremo superior al poste contiguo, dos pantallas de metacrilato con dos hojas cada una tiradas en el suelo y destrozadas, y 35 soportes de muretes de hormigón de unos 4 metros de longitud por unos 80 centímetros de altura partidos por la mitad.

Según las fuentes, la empresa adjudicataria de estas obras ya ha advertido en más de una ocasión que podrían plantearse abandonar las obras.

Fuente: http://lacronicadelpajarito.com/reg...

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El voto del capital

22 October, 2017 - 22:30

El ministro de Economía español Luis de Guindos ha declarado, en una conferencia de prensa celebrada hace escasos días en el marco de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que si no hay una "pronta solución" a la crisis política catalana, la previsión de crecimiento económico para 2018 se situará por debajo del 2,6%. De Guindos, ha afirmado también que la incertidumbre política en Cataluña "no sale gratis desde el punto de vista de la evolución económica" y que obligará a situar "algo por debajo" las previsiones de crecimiento.

No son afirmaciones ingenuas ni declaraciones sin efectos reales: una previsión de menor incremento del PIB, en el marco constituido por la vigilancia europea de los criterios de convergencia de Maastricht representa más recortes y ajustes efectivos para cuadrar el círculo de la imposible ortodoxia neoliberal impuesta por Bruselas a los países de la Periferia europea. La aventura catalana-parece decirnos en una ambigua formulación, que no se sabe si es profecía auto-cumplida o amenaza- saldrá cara a las clases populares de todo el país.

Y es que estas últimas dos semanas hemos sido conscientes de una realidad que solemos olvidar bajo el ingente manto de florilegios y poéticas sobre la democracia que nos rodea en todo momento en nuestra sociedad hiper-conectada y amnésica: los capitales también votan. Y vaya si votan. Más de 500 sociedades han cambiado de sede social para abandonar Cataluña en la última semana, lideradas en este movimiento por gigantes bancarios y empresas realmente transnacionales.

El efecto económico de este éxodo no es directo, pero muestra a las claras cual es la voluntad de la gran empresa respecto del llamado conflicto catalán: a quien vota el capital o, al menos su fracción hegemónica. Un voto que, no nos engañemos, vale más que el de los más de dos millones de ciudadanos que metieron sus papeletas en las urnas del referéndum del 1 de octubre. Vale más, pero no sólo ante los ojos de la oligarquía madrileña centralista, sino también de la clase política catalana, incluida la dirección del procés. Después de mirar la urna, enormemente transparente, de los flujos de capitales y las decisiones empresariales, Puigdemont declara que suspende lo que no ha proclamado y que quiere volver al redil de los políticos respetables, aunque su mayoría parlamentaria en el Parlament amenace con crujir.

La respuesta del Capital ha sido inmediata: el Ibex 35 ha recuperado 58.870 millones de capitalización en apenas tres días, animado por las eléctricas y los grandes valores. Concretamente, el sector energético ha sido uno de los que han cosechado mejores resultados, con Iberdrola a la cabeza tras ganar 1.132,3 millones; seguida por Endesa con 868,1 y Gas Natural con 365,3. Las grandes constructoras también han avanzado con decisión ya que Ferrovial se ha anotado una subida de 273,6 millones y ACS, de 209.

Hay que resaltar que entre las empresas que habían decidido trasladar su sede social fuera de Cataluñua, estaban todas las cotizadas en el IBEX, salvo Grifols, y que el Gobierno central había aprobado expresamente un decreto ley el pasado día 6 para facilitar los trámites.

La calma ha vuelto también al mercado de deuda, donde el bono español a diez años cotizaba al cierre del viernes al 1,611 % y la prima de riesgo se situaba en 121 puntos básicos, en los niveles anteriores al referéndum del 1 de octubre y por debajo del máximo que alcanzó el día 4 cuando la rentabilidad del bono aumentó hasta el 1,76 %.

Los capitales, por tanto, también votan. Y, como veremos en breve, también castigan a los ciudadanos si cometen el imperdonable error de no votar lo mismo que ellos. Los ajustes y los recortes sociales irán de la mano del avance de la represión y la situación de excepcionalidad en cuanto a los derechos civiles con la excusa de la situación creada por la insurgencia catalana.

Pensar otra cosa hubiese sido un claro de rasgo de angelismo e ingenuidad: los capitales han votado (y lo han hecho muy claramente) en todos los procesos de profundización democrática que se ha producido desde hace siglos a lo largo de todo el globo terráqueo. Desde las fugas de capitales y el corralito inducido por la UE en la Grecia de la resistencia a la Troika a la presidencia de Salvador Allende en Chile, plagada de huelgas de sectores privilegiados y marcada por el desabastecimiento de productos básicos impuesto por los gigantes empresariales dirigidos por la oligarquía local.

Los capitales votan. Y la única manera de ir contra ellos en un proceso de cambio implica tener preparadas medidas de choque que defiendan el voto de los seres humanos frente al voto del “trabajo muerto” en la forma de flujos financieros y sabotaje económico. Medidas de control de capitales, recuperación de la soberanía monetaria, socialización de la distribución de los productos básicos, regulación estatal de los sectores estratégicos de la economía. Medidas que sólo se pueden imponer en el marco de un proceso revolucionario amplio que haga intervenir conscientemente a la mayoría de la población para recuperar la soberanía nacional y construir no tan sólo una República, sino una República Social.

Algo que no va a hacer la clase política catalana, retoño muchas veces mimado del propio régimen del 78. Algo que, además, difícilmente se puede hacer sólo desde el escenario político y económico catalán.

Recordemos que las grandes empresas que han abandonado Cataluña no están formadas, realmente, por actores económicos catalanes. En su accionariado, como en el de todos los gigantes sistémicos de nuestra era, abundan los fondos de inversión transnacionales, los fondos soberanos de países emergentes, las multinacionales con accionariado cruzado y global, las familias de la alta burguesía internacional y los multimillonarios que, vivan donde vivan, pagan impuestos en pequeños paraísos fiscales.

La fantasía de una alta burguesía catalana nacionalista y patriota, dispuesta a sacar a sus país de las garras del centralismo español, gracias a su seny y su modernidad, erigida en gran tótem de la clase política del procés, no es más que eso, en la era de la globalización de las finanzas y de las empresas transnacionales: cuentos. Cuentos que se cuenta a la pequeña burguesía profesional y comercial para que no sea consciente de que el auténtico látigo que la disciplina no es la insurgencia obrera, sino la onerosidad de los créditos de las grandes entidades bancarias, la competencia global de los gigantes transnacionales, los oligopolios de la distribución, y la corrupción de la clase política.

La independencia real de Cataluña en el mundo de las bolsas globales, de las empresas transnacionales, de los grandes bloques socio-económicos y los países-continente, no es tan fácil. Sólo una Cataluña asociada a un amplio espacio ibérico, o incluso latino, de soberanía económica, construido desde una base federativa y radicalmente democrática, puede ser factible. Confederalismo ibérico, economía puesta al servicio del pueblo, mecanismos de democracia directa y de protagonismo popular, textura productiva de lo cercano y lo sostenible social y ecológicamente, fomento del cooperativismo y de las formas de control obrero y de los usuarios en las grandes empresas y los servicios públicos, control de capitales, soberanía monetaria, financiación pública que permita la autodeterminación, también, en lo tecnológico, así como una economía del conocimiento y la innovación. Hegemonía de las clases populares en la forma de una República Social y Confederal Ibérica que elimine las castas parasitarias ancladas en el Régimen del 78 que impiden aumentar la productividad del trabajo y los derechos y servicios sociales para todos y todas.

Por supuesto, los compañeros catalanes (los sinceros, los que de verdad quieren cambiar las cosas) nos dirán que han esperado mucho para que la izquierda española propusiera todo esto y no lo ha hecho. Nos lo dirán y tienen razón: Podemos, con su marcado sesgo autoritario en la comprensión de la acción política y su clara tendencia a la acomodación en el seno de la “casta” parlamentaria del Régimen, ha sido un gran fiasco. Tienen razón, pero la historia no acaba ahora y, para el futuro, las clases populares de todo el Estado deberán aprender de la lección que comprendieron los sindicalistas que en 1910, en Barcelona, fundaron el organismo obrero más potente de su tiempo (la CNT): sólo unidos pueden vencer, como expresaba en un conocido relato de Blasco Ibáñez, los peces chicos al grande.

Unidad respetuosa de las diferencias, federativa, municipalista, democrática. Pero unidad al margen de las necesidades de las grandes familias políticas de nuestro tiempo, de esos grandes organismos que sólo existen para conseguir un buen puesto retribuido para sus miembros y un espacio en la institucionalidad del régimen: unidad desde la base, desde la construcción de un pueblo fuerte y organizado, de un contrapoder efectivo que parta de las clases populares y genere una amplia alianza de trabajadores, precarios, excluidos y clase media en peligro de proletarización por las embestidas de los flujos financieros globales.

La construcción nacional, la auténtica independencia, sólo puede nacer de la independencia cooperativa de todos los pueblos de la Península y del Sur de Europa frente a su gran adversario: el capitalismo global y sus organismos políticos y económicos. La tribu de los ultra-ricos, los que hablan de la patria y de la democracia cuando les interesa, para imponer la austeridad, los recortes y la emergencia de la nueva pobreza. La independencia sólo puede nacer de la cooperación. La cooperación sólo es posible desde el respeto a la pluralidad y la más amplia democracia. El principio federativo, pues, en contra del voto de los grandes capitales.

Por Jose Luis Carretero Mrramar

Fuente: Portal Oaca

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Nueva puerta giratoria para el exdirector de la Guardia Civil: Ficha por una empresa armamentística

21 October, 2017 - 23:00

Por Violeta Muñoz

Según el listado de autorizaciones a ex altos cargos del Portal de la Transparencia del Ejecutivo, el exdirector de la Guardia Civil con el exministro Jorge Fernández Díaz, Arsenio Fernández de Mesa, obtuvo el pasado el pasado 25 de mayo la aprobación para trabajar en una cuarta empresa antes de que se cumplan los dos años desde su cese.

La pasada primavera fue muy prolífica laboralmente para De Mesa: en marzo se conoció que el ex alto cargo, que salió de su puesto público en noviembre de 2016, fue autorizado a trabajar como consejero de Red Eléctrica, pero también en Preventia Neuro-Technology y Absylum Integral Services, compañías del sector salud y de carburantes respectivamente.

Y en verano continuó la racha: una autorización firmada el 25 de mayo autorizaba al ex director de la Guardia Civil a trabajar en Oto Melara Ibérica, una empresa del sector defensa, precisamente la parcela en la que Fernández De Mesa ocupaba un cargo público.

OTO Melara Ibérica es una empresa filial de la sociedad italiana Finmeccanica Defence Systems Division creada en 2003. Con sede en Valencia, “OTO Melara Ibérica ha logrado afianzarse en el mercado como una empresa solida en el sector de la Defensa”, según se lee en la web de la compañía. Se especializa en la fabricación de tanques y accesorios de armamento terrestre, sistemas armados de control remoto o torres navales.

“A lo largo de su historia, OTO Melara Ibérica ha logrado afianzarse en el mercado como una empresa solida en el sector de la Defensa. Para ello cuenta con un equipo de profesionales joven y altamente preparado, con experiencia constrastada en diversos sectores”

Y ahora, además, su plantilla cuenta con un ex director de la Guardia Civil. Este empleo, el cuarto logrado por Fernández de Mesa en menos de un año (salió de la Guardia Civil el noviembre pasado), choca directamente con la función de control de los altos cargos salientes.

La ley establece que “durante un periodo de dos años tras el cese, los altos cargos que quieran prestar servicios en entidades privadas afectadas por decisiones relacionadas con el cargo desempeñado deben solicitar y obtener la autorización de compatibilidad por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses”; es decir, para evitar las llamadas 'puertas giratorias' y evitar que estos ex dirigentes de nombramiento político saquen rédito de su poder público, muy codiciado en las empresas del sector privado por su capacidad de influencia ante las las puertas más poderosas de cada sector.

En este sentido, el cuarto empleo de Fernández de Mesa, directamente relacionado con el campo del que provenía como cargo público, pone de relevancia que esta ‘cuarentena' de dos años es sumamente 'flexible' según el Gobierno, que es el encargado de otorgar los permisos para usar ‘la puerta giratoria' antes de tiempo.

Fernández de Mesa accedió al funcionariado mediante un puesto de administrativo del Grupo D, con funciones de auxiliar de jardinería y del que estuvo de excedencia durante años. Comenzó su carrera ocupando varios cargos adscritos a Alianza Popular y al Partido Popular en su localidad natal, Ferrol, y en la provincia de La Coruña, hasta ser nombrado delegado del Gobierno en Galicia en el año 2000.

Desde ese puesto fue el encargado de lidiar con la catástrofe del Prestige y con las clamorosas críticas por la acción del Gobierno en aquel desastre medioambiental. "Probablemente el fuel no toque la costa gallega", llegó a defender cuando el petrolero encalló frente a la Costa da Morte en 2002.

Vivió otro de los grandes episodios oscuros de su carrera al mando de la benemérita: 15 inmigrantes murieron en 2014 entre pelotas de goma y botes de humo lanzadas por agentes de la Guardia Civil mientras trataban de alcanzar a nado suelo ceutí. El caso llegó a los tribunales, hubo 16 guardias civiles imputados, y finalmente se archivó la polémica causa.

El Boletín

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Informe 34 del Centre Delàs: Els despropòsits de la despesa militar. Anàlisi del pressupost de defensa d'Espanya de 2017

21 October, 2017 - 23:00

Després de deu anys en contínua disminució, el pressupost del Ministeri de Defensa espanyol ha augmentat un 32% respecte l'any 2016. Aquest colossal augment, i les argúcies pressupostàries que s'han aplicat fins ara per ocultar a l'opinió pública quina és la despesa militar real, s'analitzen en el nou informe del Centre Delàs d'Estudis per la Pau.

L'informe exposa també els criteris de recompte de les partides militars establerts pel Centre Delàs, que revelen que la despesa militar espanyola actual ascendeix a 18.776 milions d'euros, una quantitat que representa 51,4 milions diaris i un 1,64% del PIB, molt per sobre del 1% que assenyala la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Autor: Pere Ortega

Pots consultar i descarregar el resum executiu en català i l'informe en castellà (pròximament disponible en català i anglès).

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Querido Quijote

21 October, 2017 - 23:00

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Educación pone en marcha su plan para adoctrinar a los alumnos sobre el himno, la bandera y la defensa de España

20 October, 2017 - 23:00

Laura Galaup

Hace casi dos años, los ministerios de Defensa y Educación ratificaron un acuerdo de colaboración para desarrollar medidas para que los estudiantes de Educación Primaria y Secundaria se familiarizasen con los símbolos nacionales: escudo, bandera e himno, así como la defensa de España. Tras más de 20 meses sin que los ministerios dieran más señales de vida, el convenio ha sido activado desde el verano pasado.

El acuerdo se firmó en diciembre del 2015 y también incluye formación sobre el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas para garantizar "el ejercicio de las libertades cívicas". La decisión final de añadir este temario al currículo recaerá sobre los gobiernos autonómicos.

Ahora, el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), organismo dependiente del Ministerio de Educación, "está confeccionando un conjunto de unidades didácticas, que contienen conceptos relativos a cuestiones de seguridad y defensa, al objeto de que puedan ser empleadas como orientación por los docentes para algunos de sus proyectos o actividades", explican desde el departamento de Mª Dolores de Cospedal a esta redacción tras una petición de información de eldiario.es al portal de transparencia.

El CNIIE hizo una propuesta económica el pasado mes de junio para que en lo que queda de año se elaboren materiales curriculares del proyecto "conocimiento de la seguridad y la defensa nacional en los centros educativos", según figura en el proyecto de memoria justificativa de gasto del material de Secundaria elaborada por este organismo y facilitada por fuentes parlamentarias a eldiario.es. El de Primaria fue facturado ese mismo mes.

De acuerdo a la información facilitada por estas fuentes, en las unidades didácticas también contemplaban a la monarquía como objetivo a incluir en este proyecto. "Conocer la figura del Rey como Jefe de las Fuerzas Armadas y como referente de los valores de respetabilidad y dignidad personal", es uno de los puntos a los que aluden. Esta redacción se ha puesto en contacto con el Ministerio de Educación para consultarle esta documentación, sin haber recibido respuesta por el momento.

Algunos de los contenidos que recoge este acuerdo ya estaban contemplados en las asignaturas diseñadas por la LOMCE como alternativas a la Religión, Valores Éticos (Secundaria) y Valores Sociales y Cívicos (Primaria). Según explicaban en el documento, estos dos ministerios quieren que con estas medidas los jóvenes adopten una "posición activa" y se incentiven los estudios de investigación sobre temas de seguridad y defensa.

Este acuerdo fue impulsado, tras la Comisión de Defensa del Senado del 1 de abril del 2014 en la que se instó al Gobierno a facilitar a los alumnos información para que puedan llevar a cabo los derechos recogidos en el artículo 30 de la Constitución, entre ellos " el derecho y el deber de defender a España".

Con la firma del convenio realizada en su momento por Pedro Morenés, exministro de Defensa, y Méndez de Vigo, responsable de Educación, aprobaron la implantación de unas medidas complementarias que no solo se destinarán a los alumnos. El acuerdo contempla que los profesores también reciban formación, ya que estos dos ministerios quieren que se "mejoren los conocimientos" de los docentes sobre asuntos relacionados con la paz, la seguridad y la defensa de España.

A raíz de la firma de este acuerdo, se crearon tres grupos de trabajo. Uno, para la elaboración de materiales educativos. Otro, para la formación del profesorado y un tercero, de colaboración con las comunidades autónomas. Por ahora ninguno de estos tres equipos ha concluido con su labor.
Formación para docentes

El equipo centrado en la formación docente actualmente está estudiando si desde la plataforma online del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) se pueden ofertar estos contenidos. Por su parte, el grupo de colaboración con comunidades autónomas comenzará su andadura cuando "se disponga de materiales y recurso adecuados".

Además, está funcionando una comisión de seguimiento en cuyas reuniones participan representantes civiles y militares de Defensa, así como portavoces de Educación. En las actas de estos encuentros, facilitadas a eldiario.es a través de una petición al portal de transparencia, los asistentes destacan "la necesidad de alcanzar niveles de conocimiento" sobre temas de seguridad y defensa que se equiparen a "los existentes en los países de nuestro entorno".

Un representante del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) también recalcó "la importancia de que los valores relativos a la trascendente labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado impregnen los proyectos curriculares de forma transversal".

Críticas de sindicatos y la oposición

Colectivos de familias de alumnos y sindicatos criticaron este acuerdo cuando se anunció hace dos años. La Federación de Enseñanza de CCOO protestó por que se recuperase parte del temario sobre Fuerzas Armadas que "estaba presente en la asignatura Educación para la Ciudadanía" y se permita que desaparezcan "todos los contenidos que educaban a los niños y a las niñas en igualdad".

El diputado de En Comú Podem, Joan Mena, ha pedido información al Congreso sobre este acuerdo y lamenta que el Gobierno actual haya "parcelado" las unidades didácticas de Educación para la Ciudadanía y "solo recuperen las que ideológicamente les interesen". "No entendemos que se firme un convenio con Defensa cuando lo que tendría que promocionarse es la cultura de la paz y la cooperación", incide.

El Diario

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Aniversario de las condenas a muerte mediante garrote vil de los anarquistas Joaquín Delgado y Francisco Granado

20 October, 2017 - 23:00

Detención, procesamiento y ejecución.

El pasado 17 de agosto se cumplieron 54 años de la ejecución llevada a cabo en el año 1963 en la cárcel de Carabanchel de esos dos miembros de la C.N.T., llamados los Sacco y Vanzetti españoles.

Esos dos emigrantes italianos fueron ajusticiados en Boston (USA) en la silla eléctrica el 23 de agosto de 1927, tras seis años de prisión, recursos y apelaciones, – acusados de ser los autores materiales de un asalto, que no resultó debidamente acreditado- por el simple hecho de ser anarquistas. Cincuenta años más tarde, el entonces gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis, reconoció públicamente la inocencia de las víctimas y pidió que todo estigma y desgracia fuese removido para siempre de los nombres de Sacco y Vanzetti y del nombre de su familia.

Joaquín Delgado Martínez y Francisco Granado Gata fueron detenidos el 31 de julio de 1963 acusados de la colocación de dos bombas dos días antes en la sede central de la Dirección General de Seguridad de Madrid –Sección de Pasaportes-, que causó numerosas víctimas y en una ventana del edificio de Sindicatos del Paseo del Prado. Tras ser interrogados pasaron a disposición de la Jurisdicción Militar, que en el perentorio plazo de diez y siete días instruyó el procedimiento sumarísimo, celebró el consejo de guerra y procedió a su ejecución.

Aunque negaron inicialmente ser los autores materiales de dichos atentados, la Brigada Político Social en la que participó personalmente Saturnino Yagüe González uno de los más sanguinarios miembros de esa policía, auxiliado por el inspector Enrique González Herrera, consiguió declaraciones auto inculpatorias de ambos , que fueron luego negadas ante el Coronel de Infantería Enrique Eymar Fernández, titular del Juzgado Especial de Actividades Extremistas, nombrado por Decreto de Franco el 24 de enero de 1958, con anterioridad y desde 1940, que fue designado como “juez de prisioneros”, hasta que en 1943 sustituyó a otro célebre Juez Especial Militar Jesualdo de la Iglesia Rosillo en el Juzgado Militar Especial de Masonería y Comunismo, por lo que entre los dos suman miles de procedimientos sumarísimos con condenas de muerte ejecutadas y cientos de miles de años de prisión.

Probablemente esta causa sumarísima 1.118/63 fue de las últimas de las que instruyó el Coronel Enrique Eymar, quién nacido en Toledo el 14 de mayo de 1885 tenía entonces setenta y ocho años, les tomó declaración a los dos detenidos el tres de agosto, tras haberlas prestado ante los miembros de la Brigada Política Social, que instruyeron el atestado y dictó el oportuno Auto de procesamiento en esa misma fecha, también estuvo presente en las dos posteriores declaraciones indagatorias en la cárcel de Carabanchel el ocho de agosto, a partir de esta fecha en la que es sustituido por el Juez Militar Adjunto, Teniente Coronel José Antonio Balbás Planelles, quién la asumirá hasta la finalización en la tramitación de la causa y será el secretario relator oficial en el acto del consejo de guerra y además de estar presente en el momento de la ejecución de ambos condenados.

También el Coronel Eymar fue el Juez Instructor designado para la causa 1601/62 seguida contra el dirigente comunista Julián Grimau, que se inició con su detención en Madrid el 7 u 8 de noviembre de 1962 y terminó con su ejecución por fusilamiento en la madrugada del 20 de abril de 1963. (Véanse los capítulo II y III de la tesis doctoral El Tribunal de Orden Público -TOP- 1963/1977, trece años de represión política).

También en este caso se frustraron y no prosperó ninguno de los Cuatro intentos legales de revisar la sentencia del consejo de guerra que le condenó a la pena de muerte.

La ejecución mediante garrote vil de Francisco Granado y Joaquín Delgado

La versión real del ajusticiamiento de Francisco Granado y Joaquín Delgado fue conocida en todos sus detalles, ya que en el año 1971, Daniel Sueiro transcribió las declaraciones, en una publicación editada por la editorial Alfaguara, con el título Los Verdugos españoles, que le hicieron Vicente López Copete y Antonio López Guerra, quienes actuaron y llevaron a cabo la ejecución conjuntamente de los anarquistas, mediante el siniestro instrumento de garrote vil.

Esos dos ejecutores de sentencias de pena de muerte, denominación legal de los verdugos, eran los titulares de ese cometido adscritos a las Audiencias Territoriales de Madrid y Barcelona, que junto al de Sevilla eran los tres únicos habilitados de los cinco previstos en la Orden del Ministerio de Justicia de 29 de septiembre de 1948, quienes tenían previstos unos sueldos fijos anuales de seis mil pesetas con cargo a los presupuestos generales del estado y una especie de prima o complemento por cada servicio.

EJECUTORES SENTENCIAS

Carlos Fonseca, periodista e investigador, autor de la indispensable obra Garrote Vil para dos inocentes, El caso delgado-Granado (Edit. Temas de Hoy, Madrid 1998) reproduce fría y objetivamente los diálogos y la reconstrucción del ajusticiamiento. Al término del mismo, el Juez Instructor sustituto teniente coronel Balbas, mandó llamar a los dos verdugos para saldar cuentas por su trabajo, ya cobraban un fijo mensual, más una gratificación especial por ejecución, que en aquella ocasión se elevó a siete mil pesetas para cada uno.

Los dos doctores que intervinieron para certificar el fallecimiento de los ajusticiados fueron Leopoldo Escat Opelet- médico de la prisión de Carabanchel- y Luis Ruiz del Árbol, capitán de sanidad militar designado por la superioridad, consignando en la certificación del fallecimiento, como causa de la misma la “asistolia” (según DRALE, síndrome que es signo de extrema gravedad en ciertas enfermedades, debido a la extrema debilidad de la sístole cardiaca) y traumatismo (también se define como lesión de los tejidos por agentes mecánicos, generalmente externos) y bulbar (perteneciente al bulbo raquídeo).

Los dos cadáveres fueron enterrados en secreto inmediatamente, sin dar cuenta a las familias, en una fosa de caridad del cementerio de Carabanchel.

La petición de revisión de la sentencia dictada en el Consejo de Guerra.

La Confederación General del Trabajo y familiares directos de los dos condenados interpusieron en febrero de 1988 un Recurso de Revisión ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo contra la sentencia dictada en el consejo de guerra celebrado el 13 de agosto de 1963 por la que se había condenado a la pena de muerte a Francisco Granado Gata y a Joaquín Delegado Martínez.

Dicho Recurso se fundamentaba en “nuevos elementos de prueba”, ya que se contaba con las declaraciones de Antonio Martin y Sergio Hernandez, autores materiales de la colocación de las bombas que explosionaron el 29 de julio de 1963 en Madrid.

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo integrada por José María Ruiz Jarabo Ferrán-Presidente- y por los Magistrados José Luis Bermúdez de la Fuente y Javier Aparicio Gallego, mediante Auto de 3 de marzo de 1999 denegó dicha revisión, alegando que la sentencia dictada en su día por el consejo de guerra lo había sido conforme con la legalidad entonces vigente y además calificaba a las actuaciones del Juzgado Especial de Actividades Extremistas del Coronel Eymar como órgano jurisdiccional instructor de sólida estructura.

Contra dicho Auto se interpuso el correspondiente Recurso ante el Tribunal Constitucional el 16 de abril, se basaba fundamentalmente en la conculcación del apartado 2º del art.º 24 de la vigente Constitución-por sistemática denegación de pruebas testificales relevantes-, que fue admitido dictándose el 13 de julio del 2004 una resolución-considerada histórica-por ser la primera vez que se anulaba un Auto de la sala de lo Militar del T.S. denegando un Recurso de Revisión y obligándole a continuar con la tramitación del mismo, con la toma de declaración de todos los testigos propuestos.

El 13 de diciembre del 2006, tras dos días de deliberación la Sala de lo Militar del TS integrada por Ángel Calderón Cerezo-Presidente- y los Magistrados José Luis Calvo Cabello, Agustín Corrales Elizondo, Ángel Juanes Peces y Javier Juliani Hernán como ponente, hacía pública una nota de prensa, en la que se anunciaba, que se había acordado en decisión adoptada por mayoría de sus miembros denegar la autorización solicitada para interponer Recurso de Revisión por las familias de Francisco Granado y Joaquín Delgado. El 18 de diciembre se hizo público y se notificó a las partes ese nuevo Auto, donde se exponían las razones del criterio mayoritario de tres magistrados y también el sólido argumentario de los dos magistrados discrepantes.

Los Magistrados Calvo Cabello y Juanes Peces, formularon Voto Particular discrepante con el criterio mantenido por sus tres compañeros, que constituye una ajustada síntesis de argumentos favorables a la admisión del Recurso de Revisión , en base a una interpretación amplia y flexible de las normas constitucionales y de las procesales que lo regulan, impugnando lo que denominan “construcción artificiosa” de la mayoría de la Sala, al enjuiciar los nuevos testimonios aportados como carentes de credibilidad ni sus relatos considerados individualmente o en su conjunto y que el procedimiento no se encontró huérfano de toda prueba respecto a la participación de los condenados en los hechos.

Se desmontaban los argumentos de los tres magistrados en las valoraciones realizadas de las nuevas pruebas para la inadmisión y respecto al segundo punto, se mantenía ponderando los principios de justicia y seguridad jurídica- que el proceso seguido a los Señores Granado y Delgado “no fue un proceso justo”.

Con dicha expresión se recogen un conjunto de principios, de carácter suprapositivo y supranacional, cuya legitimación histórica proviene de la abolición del procedimiento inquisitorial, de la tortura como medio de prueba, del sistema de prueba tasada y de la formación de la convicción del juez sobre la base de actos escritos en un procedimiento fuera del control público, que podrían enumerarse: derecho a un tribunal independiente, derecho a ser oído, derecho a la presunción de inocencia, derecho a ser informado de la acusación, derecho a disponer de tiempo y facilidades para la defensa, derecho a defenderse por sí o por un defensor de su elección, derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo, derecho de igualdad de armas y derecho de acceso a los recursos.

Los condenados a la pena de muerte no tuvieron un juicio justo por varias razones: porque fueron juzgados por un órgano dependiente y parcial, el proceso seguido fue la negación de todas las garantías, ya que los procesados no podían elegir libremente a un abogado y se les designó a un oficial militar que carecía de los mínimos conocimientos jurídicos y de la titulación de letrado, además su nombramiento era posterior de la elevación a plenario, el plazo para preparar la defensa no fue superior a las tres horas y la sentencia era irrecurrible, adquiriendo la firmeza con la aprobación de la autoridad judicial militar-el Capitán General de la Primera Región Militar.

Terminaba el voto particular de los dos Magistrados Calvo Cabello y Juanes Peces afirmando con rotundidad y contundencia, que la mayoría de la Sala había incurrido en irregularidades esenciales vulneradoras del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción.

Recurrido dicho Auto para ante el Tribunal Constitucional, la Sección Cuarta de la Sala Segunda del mismo, compuesta por los Magistrados Conde Martín de Hijas, Pérez Vera y Rodríguez Arriba acordó por unanimidad inadmitir en Resolución de 13 de octubre de 2008, haciéndose constar que la pretensión que se quería hacer valer carecía manifiestamente de contenido que justificase una decisión sobre el fondo.

El ABC de Madrid del sábado 3 de agosto de 1963 recogía en su portada, bajo el título “Un brillante servicio de nuestra policía” la fotografía de los dos detenidos, en las que se puede apreciar los malos tratos recibidos- así lo apreciaron los dos magistrados discrepantes-, el material intervenido, junto a una fotografía de unos sonrientes Carlos Arias Navarro- entonces Director General de Seguridad- y el Subdirector José de Diego López y por último a final de la página, una fotografía de parte – ya que faltaba Saturnino Yagüe González- del grupo de miembros de la Primera Brigada de Investigación Social-Policía Política del régimen, entre los que se encontraban los comisarios Jefes Jacinto Martín Herrero , Julio Arenas Mota y los Inspectores Juan García Gelabert, Francisco Sánchez Campanero, Luis Muñoz Sáez. Arturo Cerezo Trabada y Miguel Ángel Gil Gutiérrez.

Por el testimonio de uno de los detenidos Manuel Gambin Sepúlveda, quién lo relató a Carlos Fonseca, autor de Garrote Vil para dos inocentes. El caso Delgado-Granado, sabemos que: En uno de los interrogatorios entró en la habitación Carlos Arias Navarro (entonces Director General de Seguridad) y me preguntó por lo que había hecho el día de las explosiones. Cuando iba a contestarle me dio un bofetón que me tiró al suelo. Al final firmé lo que quisieron, ni siquiera lo leí, pero mintieron hasta en los datos más absurdos, como que había conocido a Francisco (Delgado) en la mili, cuando yo estaba exento del servicio militar por la parálisis que sufrí a los diez meses de edad en una pierna.

El Subdirector General de Seguridad quién aparece al lado de Carlos Arias fue José de Diego López, jurídico militar, quién en dicha condición actuó como vocal ponente en el consejo de guerra de oficiales generales contra los militares implicados en intento de golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981, sentencia que por la evidente benignidad de las condenas impuestas fue revocada ampliando las mismas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Dicho jurídico militar tiene un amplio historial represivo, hijo que fue de un oficial de la guardia civil, comandante de puesto en El Escorial (Madrid) que fue asesinado de forma brutal el 18 de julio de 1936, logró pasar a la zona de los militares sublevados y se incorporó a los servicios jurídicos del general Queipo de Llano en Sevilla . En 1956 fue nombrado Jefe Superior de Policía de Barcelona, ya que era hombre de máxima confianza del gobernador civil, también jurídico militar Felipe Acedo Colunga. Durante todo ese tiempo tuvo una gran actividad represiva de los movimientos de oposición a la dictadura, numerosos testimonios orales y trabajos históricos refieren múltiples malos tratos en ocasión de las detenciones en la huelga de tranvías de los días 14 y 15 de enero de 1957. En agosto de ese año fue designado como Subdirector General de Seguridad y luego Director General de Seguridad con Camilo Alonso Vega. (Alfons Quintá, EL PAÍS 11 de julio de 1981).

El capitán auditor Jesús Valenciano Almoyna, vocal ponente en el consejo de guerra que condenó a muerte a Delgado y Granado fue años más tarde el juez Instructor designado para la instrucción del proceso a los militares que integraban la Unión Militar democrática (UMD),

Uno de los Boletines Informativos de la Brigada Político Social, correspondiente al 19 de agosto de 1963 , se decía que el objetivo fundamental de los detenidos era la de preparar un atentado contra la vida de S.E. del Jefe del Estado, mediante la carga de “plastic” en un vehículo que quedara estacionado en un lugar adecuado, verificándose la explosión de su carga por medio de ondas emitidas por los consiguientes aparatos transmisor y receptor.

Versión esta, que fue rectificada por Francisco Granado no sólo en el acto del juicio oral ante el Consejo de Guerra, sino también en la madrugada del día 17 de agosto, según se relata en dicho Boletín, estando ya en “capilla” –momentos antes de subir al patíbulo, como última verdad, que tenía encomendada la misión de ejecutar personalmente el atentado planeado contra el Jefe del Estado, precisamente los días 4 y 5 de julio pasado. La forma de realizarlo era enterrar la carga explosiva que se le ocupó con el aparato receptor y multiplicadores de trilita en un montículo próximo al Puente de los Franceses días antes y hacerlo explotar a un kilómetro de distancia en cualquiera de las ocasiones que por allí pasara el Generalísimo para recibir cartas credenciales. Controló, efectivamente, el paso el día 4 y, por escrúpulos de conciencia-según dijo-no llevó a cabo el día 11.

La periodista Llucia Oliva pudo realizar en 1993 para TVE un documental sobre los atentados contra franco y en él se abordaban ampliamente todos los intentados por el organismo secreto DI (Defensa Interior) creado en 1962 por los anarquistas.

El documental “ Objetivo: matar a franco” fue emitido primero en España (7-2-96) por TVE y posteriormente por ARTE en Francia y Europa ( 13-3-96) y fue la primera vez que Octavio Alverola. Que había sido el coordinador del DI, pudo afirmar públicamente a través de la televisión que los jóvenes anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado, ejecutados en 1963, no eran los autores de los atentados del 29 de julio de 1963.

NOTA DE INTERÉS: Se pueden consultar 50 Boletines de Información de la Brigada Político Social en esta entrada: https://justiciaydictadura.wordpres...

Fuente con enlaces: https://justiciaydictadura.wordpres...

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Neix un espai per reivindicar, estendre i coordinar la resistència noviolenta

19 October, 2017 - 23:00

Gemma Garcia

Milers de persones van defensar els 2.315 col·legis electorals l'1 d'octubre, dempeus o assegudes agafades pels braços. Però també hi hagueren cadenes de seguretat de bombers i tractors als accessos d'algunes seus electorals. Prèviament, estibadors de Barcelona es va negar a proveir els vaixells on s'allotjaven -i encara s'allotgen- cossos de seguretat de l'Estat i les universitats van fer tancades. La lluita no violenta ha caracteritzat la reivindicació del dret a decidir i avui una àmplia pluralitat d'actors no només l'han reivindicat sinó que han presentat una iniciativa per garantir-la i reforçar-la. La xarxa En peu de pau, ha anunciat Ruben Wagensberg de Casa nostra, casa vostra, és un espai de coordinació per mantenir el caràcter no violent de les mobilitzacions ciutadanes.

Entre els objectius d'En peu de pau hi ha el d'articular equips socials que ofereixin “un aixopluc de seguretat, calma i tranquil·litat i mantinguin el caràcter no violent”, en el marc de futures mobilitzacions. Sempre, en coordinació amb col·lectius i entitats que ja hi estan treballant, una voluntat que s'ha fet evident a la roda de premsa on hi han intervingut Universitats per la República, Comitès de Defensa del Referèndum o Som Defensores, i on hi eren presents també la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge, les entitats ANC o Òmnium i bombers, pagesia, agents rurals i estibadors.

Entre els objectius d'En peu de pau hi ha la d'articular equips socials que ofereixin “un aixopluc de seguretat, calma i tranquil·litat i mantinguin el caràcter no violent”, en el marc de futures mobilitzacions

Avui, En peu de pau ja ha presentat un decàleg per enfortir les mobilitzacions no violentes, on, entre altres, fa una crida a evitar que la por paralitzi: “no es tracta de no tenir por, es tracta de no deixar-se governar per ella!” i alhora, recorda que no cal arriscar “més del que pots assumir” i recomana aportar allò que pot ser més útil als altres en cada situació.

Seguint el fil de la història

Com han recordat algunes de les impulsores de l'espai En peu de pau, la lluita no violenta té una llarga tradició a casa nostra. Des de Lluís Maria Xirinacs, que va decidir plantar-se davant la presó Model de Barcelona per reivindicar una amnistia total, passant pe la massiva insubmissió al servei militar, el moviment de dones i la lluita pels serveis bàsics- com l'aigua o el transport- des dels barris o la resistència als desnonaments que ha socialitzat la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.

Pepe Beunza, el primer objector de consciència per raons polítiques, ha intervingut a la roda de premsa

Pepe Beunza ha recordat la lluita que va iniciar com a objector de consciència l'any 1971, quan un consell de guerra el va condemnar a presó per desobediència. Beunza s'ha solidaritzat amb Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, esperançat amb què sortiran “més convençuts i més forts” del que han entrat. “Ells”, ha recordat referint-se a l'Estat espanyol, “tenen la policia i l'exèrcit, però nosaltres tenim una força més poderosa: la de la no violència”.

Totes les intervencions han coincidit en assenyalar la “intel·ligència col·lectiva” palesa en les mobilitzacions que han caracteritzat la lluita pel referèndum. Per al periodista i activista David Fernàndez, és “una senyal i un símbol d'un patrimoni ètic i una victòria moral sobre els que impulsen elevats graus de violència”. Per aquesta raó pensen que ha de continuar sent així.

Tant Aïna Delgado d'Universitats per la República com Helena Vàzquez, de la recent creada coordinadora dels Comitès de Defensa del Referèndum, han defensat el pensament i l'eina de la resistència pacífica

La filòsofa Marina Garcés l'ha definit com un “espai de confiança i cruïlla de móns”, en un moment, ha afegit, de crisi profunda, quan cal “implicació i cura”. A més de jugar un paper de coordinació operativa per a properes mobilitzacions, també posen l'accent en la comunicació, tant per difondre el que ja s'està fent, inclús formacions i tallers de lluita no violenta, així com per contribuir en el desmuntatge de rumors.

Tant Aïna Delgado d'Universitats per la República com Helena Vàzquez de la recent creada coordinadora dels Comitès de Defensa del Referèndum, han defensat el pensament i l'eina de la resistència pacífica, que des d'un primer moment, ha format part de l'adn de les mobilitzacions. Delgado ha reivindicat el sistema educatiu català com a font d'inspiració d'aquesta tradició.

En peu de pau posa en valor el camí recorregut fins ara, pretén mantenir-lo sota el caràcter de la no violència i per aconseguir-ho, contribuirà a l'articulació d'un espai de coordinació per continuar posant el cos quan calgui.

Font: https://directa.cat/actualitat/neix...

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Rajoy gasta 34 milions d'euros en l'operatiu policial contra el procés català

19 October, 2017 - 23:00

El gruix de la despesa se centra en la contractació dels tres vaixells que fan la funció de comissaria, les habitacions a 38 hotels de Catalunya i Aragó i la suma de les dietes previstes fins al 28 d'octubre per als 5.300 efectius desplaçats.

Pau Fabregat
Jesús Rodríguez

L'Operación Copérnico, nom amb el qual el Ministeri de l'Interior ha batejat el desplaçament d'efectius policials més gran a l'Estat espanyol des de la transició, s'ha convertit en una sangria econòmica pel govern de Mariano Rajoy. L'executiu del PP havia pressupostat en 31.776.643 euros les despeses extraordinàries del desplegament, però aquesta xifra s'ha disparat fins als 34.606.600 euros després que el ministre Zoido hagi ampliat –per tercer cop– el termini d'estança a Catalunya dels 5.300 policies extra, com a mínim fins al 28 d'octubre.

Els tres vaixells d'Estat -tal com els va definir Interior- que es troben anclats als ports de Barcelona i Tarragona suposen una despesa diària de 300.000 euros. El GNV Rhapsody i el Moby Dada (més conegut com a Piolín) acullen 1.800 agents antiavalots de la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia espanyola, segons les dades de facturació a les quals ha tingut accés la Directa. El vaixell Azzurro del port de Tarragona allotja 800 agents. Tots tres són titularitat de navilieres italianes i el seu lloguer suposarà fins a la data del 28 d'octubre una despesa d'11.400.000 euros.

Per la seva banda, els 2.600 policies que dormen, mengen i passen el seu temps lliure en cabines reben una compensació de 95 euros diaris en dietes, a banda de la seva nòmina. En aquest capítol doncs, el ministeri de Zoido desemborsarà 9.386.000 euros.

Els tres vaixells noliejats per l'Estat espanyol són titularitat de navilieres italianes i el seu lloguer suposarà fins a la data del 28 d'octubre una despesa d'11.400.000 euros

Però Copérnico no n'ha tingut prou amb els vaixells. Interior ha efectuat milers de reserves hoteleres per tot el mes d'octubre. Uns 1.900 agents –en gran part antiavalots– distribuïts en 38 establiments de Catalunya i Aragó. Com a conseqüència del rebuig ciutadà, els policies que durant les primeres setmanes residien a Calella, Pineda, Figueres o Reus s'han traslladat a hotels de la província d'Osca i de la Franja. Els hotels Negresco i Sol d'Or de Salou (de la cadena Best Hotels) també han rebut una part del dispositiu que va abandonar el Maresme, segons informa el diari El Punt-Avui. En general es tracta d'establiments de tres i quatre estrelles i el cost mitjà de les habitacions dobles, segons el portal Tripadvisor, és d'uns 126 euros. L'allotjament, per tant, suposaria una factura de 4.548.000 euros, als que caldria sumar-hi la dieta de 80 euros per agent i dia –5.776.000 euros per a les arques públiques–, una mica inferior en aquest cas per la diferència de serveis rebuts en comparació als vaixells-comissaria.

Per últim, encara hi ha 800 agents per a qui el ministeri ha fet un forat a casernes de la Guàrdia Civil (Reus i Manresa) i complexos militars (Bruc, Sant Climent Sescebes i Sant Boi de Llobregat). En aquest cas la dieta puja als 115 euros diaris, entenent que han de fer front a majors despeses de manutenció. La factura per al ministeri puja a 3.496.000 euros.
Cada dia que passa s'inverteixen 1.119.910 euros de les arques públiques en mantenir el dispositiu policial que va assaltar 92 col·legis electorals l'1 d'octubre, amb un balanç de 893 persones ferides i contusionades

Si sumem totes les despeses extraordinàries del dispositiu, que inclouen els vaixells noliejats, les habitacions d'hotel reservades i les dietes, el ministeri ha desemborsat 34.606.600 euros per sufragar la presència a Catalunya de 5.300 agents que tenen com a objectiu impedir l'actual fase del procés independentista. El capítol pressupostari es dispara fins als 42.556.600 euros si tenim en compte el sou base de les nòmines dels agents del mes d'octubre, que de mitjana suposen 1.500 euros per funcionari, és a dir prop de 7.950.000 euros. En conclusió, cada dia que passa s'inverteixen 1.119.910 euros de les arques públiques en mantenir el dispositiu policial que va assaltar 92 col·legis electorals l'1 d'octubre, amb un balanç de 893 persones ferides i contusionades, segons dades del departament de Salut.

Font: https://directa.cat/rajoy-gasta-34-...

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Trump a la viuda de un marine muerto en combate: "Su marido sabía en lo que se metía"

19 October, 2017 - 23:00

Noticias Cuatro

Los desplantes y groserías de Donald Trump ya son coleccionables. Esta vez, los periódicos estadounidenses recogen lo que le dijo a la viuda de un marine muerto en un combate contra el EI. Los medios publican que en una llamada telefónica supuestamente de condolencia le dijo a la mujer. "Su marido sabía en lo que se metía" ("knew what he was getting into").

La senadora del partido demócrata, Frederica Wilson, ha revelado a la CBS la conversación de Donald Trump con la viuda del sargento del Ejército de EEUU, David Johnson, muerto en combate en Níger.

Según Wilson, que define a Trump como "insensible", critica al magnate que habla de David Johnson, un militar "que dio su vida por su país", "que es un héroe".

La viuda del marine, Myeshia Johnson, embarazada de seis meses, estaba "muy angustiada" después de recibir la llamada telefónica, explicó Wilson a la CNN.
La senadora se encontraba junto a la viuda cuando esta recibió la llamada telefónica de Trump, supuestamente un acto de cortesía del jefe de Estado para trasmitirle sus condolencias por la muerte de su marido.

La Casa Blanca no ha desmentido el testimonio de la senadora sobre la llamada de Trump a la viuda del marine, después de que numerosos medios se hicieran eco de la historia.

Cuatro

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Concert anarquista

19 October, 2017 - 23:00

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Presentación "Las dinámicas de la Resistencia Civil" (25 de Octubre, Bilbao)

18 October, 2017 - 23:00

El grupo antimilitarista de Bilbao KEM-MOC organiza la presentación del proyecto editorial Ediciones Revolussia y sus primeras obras: "Las Dinámicas de la Resistencia Civil", "El Movimiento de Resistencia Indígena en el Cauca colombiano", así como el libro del mismo autor "Teoría e Historia de la Revolución Noviolenta".

Jesús Castañar es sociólogo y doctor en investigación histórica por la Universidad de Ciudad Real, además de activista por la noviolencia y contra la guerra. Ha escrito varios libros sobre resistencia civil: “Breve Historia de la Noviolencia” (Pentapé 2005), “Teoría e Historia de la Revolución Noviolenta” (Virus, 2013) o “Las Revoluciones Noviolentas. Movimientos y Teorías” (Deliberar, Colombia 2017). En esta ocasión va a presentar las dos obras con las que va a iniciar un proyecto editorial independiente llamado EDICIONES REVOLUSSIA, especializado en temas de historia y sociología de la resistencia civil y la acción noviolenta. Junto con otro estudio de caso (del movimiento autonomista tamil en Sri Lanka), estas dos obras formaron parte de su tesis doctoral y son por tanto parte de una investigación sociológica más amplia acerca de los factores que influyen en el éxito y el fracaso de un movimiento de resistencia noviolento.

La primera de ellas, “Las Dinámicas de la Resistencia Civil”, sería una gran síntesis de las aportaciones al respecto efectuadas desde dos ámbitos tan dispares como son los estudios académicos sobre movimientos sociales y las teorías de la acción noviolenta. En esta obra crea un marco teórico, el Modelo Triangular, en el que inserta o adapta los diferentes enfoques y elabora una propuesta de secuenciación del movimiento en cinco fases. Al combinar enfoques tan diferentes como la Teoría de las Identidades Colectivas, El Proceso Político, el Satyagraha gandhiano o el Conflicto Noviolento Estratégico permite obtener una visión global de todo el proceso de resistencia, permitiendo centrar la atención en el proceso adecuado sin perder la necesaria perspectiva a largo plazo que todo movimiento debe tener.

La segunda investigación es un estudio de caso sobre uno de los procesos de resistencia más exitosos y desconocidos de la actualidad, como es “El Movimiento de Resistencia Indígena del Cauca colombiano”. En este trabajo no sólo se aplica sistemáticamente el Modelo Triangular sino que también se describe con todo detalle los pormenores de la resistencia indígena y el conflicto colombiano para extraer algunas conclusiones sobre los factores que han posibilitado el principio del fin del conflicto armado en Colombia. Es un tratado por tanto interesante no sólo para quienes estudien la resistencia civil o el conflicto armado colombiano, sino también para activistas que busquen pautas para mejorar sus formulaciones estratégicas o entender los planteamientos de la acción noviolenta.

Más información: http://www.jesuscastanar.zamarrismo.net/

NOIZ / CUÁNDO: Urriak 25 Octubre

ORDUA / HORA: 19.30

NON / DÓNDE: BIBA! (Erronda Kalea 2 - Calle Ronda 2). Alde Zaharra - Casco Viejo. Bilbao.

ANTOLATZAILEA / ORGANIZA: KEM-MOC Bilbao

Zabaltzeko lotura / Enlace para difusión:
http://www.sinkuartel.org/es/notici...

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Los contornos de la sedición

18 October, 2017 - 23:00

Un tipo delictivo tan elástico con unas penas tan graves es un peligro para la seguridad jurídica, en particular para la de quienes con decisión acometen acciones de protesta frente a autoridades o sus agentes.

Miguel Pasquau Liaño

[Premisa. Como soy consciente de que para cualquier cosa que se diga estos días lo primero que quiere saber el lector —acaso como condición para seguir leyendo— es de qué pie cojea el autor, comienzo enseñando mis “señas de identidad”: 1) creo que merece la pena impedir políticamente que Cataluña se secesione de España, porque España será peor sin la mejor Cataluña, y Cataluña será peor sin la mejor España; 2) creo que el proyecto actual de independencia basado en el resultado de la votación del 1-O es completamente indefendible; y 3) creo que, habida cuenta de la notoria pulsión soberanista, la mejor salida es un referéndum legal en Cataluña con todas las garantías y con condiciones bien establecidas, que, para ser vinculante —no si fuera consultivo—, requeriría una previa reforma de la Constitución]

Tal y como se describe en el artículo 544 del Código Penal, el delito de sedición es otro tipo delictivo “chicle”, es decir, con contornos indefinidos o elásticos que, según criterios no determinados por el legislador, sino dejados a la práctica judicial, puede estirarse hasta albergar conductas muy heterogéneas, algunas de ellas rayanas con la mera expresión de una protesta colectiva en cuyo decurso se hayan producido desórdenes puntuales. El problema es que la pena prevista para la sedición es gravísima: prisión de entre 8-10 años para sus líderes, 10-15 años si son autoridades, y 4-8 años para quienes integren o formen parte del tumulto sedicioso sin especial protagonismo.

Un tipo delictivo tan elástico con unas penas tan graves es un peligro para la seguridad jurídica, en particular para la de quienes con decisión acometen acciones de protesta frente a autoridades o sus agentes. Piénsese que una sentada numerosa y ruidosa en los alrededores de una vivienda sobre la que va a practicarse un desahucio acordado judicialmente, con gritos y forcejeos, podría encajar en una interpretación (desde luego excesivamente amplia) del delito de sedición. Por eso es de suma importancia interpretar el precepto e intentar reducirlo al ámbito propio y específico. Y para ello, es interesante mirar no sólo la letra del artículo en que se regula (interpretando las palabras “alzamiento”, “público” y “tumultuario”), sino la descripción de otros delitos colindantes, lo que puede ser muy ilustrativo. Cuando los contornos no son claros, hay que mirar al entorno.

Fíjense, por ejemplo en casos como los siguientes. Invadir con fuerza, violencia o intimidación (sin “alzarse públicamente”) la sede del Congreso de los Diputados, cuando están reunidos, conlleva una pena de prisión de 3-5 años (art. 493). Intentar entrar en el Congreso con armas para presentar colectivamente una petición a los diputados, una pena de 3-5 años de prisión (art. 495). Impedir mediante la fuerza, violencia o intimidación a un diputado entrar en el Congreso, 3-5 años (art. 498). Invadir violentamente el local donde esté reunido el Consejo de Ministros, 2-4 años (art. 503). Impedir el acceso al Ayuntamiento de los miembros de la corporación municipal, 6 meses a 1 año (art. 505). Alterar la paz pública actuando en grupo con actos de violencia sobre las personas o las cosas, 6 meses a 3 años (art. 557). Agredir o acometer violentamente a una autoridad o sus agentes y funcionarios que ejercitan sus funciones públicas, hasta 4 años (art. 550). Resistir y desobedecer “gravemente” (pero sin violencia) a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, 3 meses a 1 año (art. 554). Ninguna de estas conductas, tan graves, es sedición, y todas tienen asignadas penas claramente inferiores. Quiere ello decir que la sedición ha de tratarse no de cualquier protesta en masa tendente a alterar el funcionamiento de las instituciones, sino de algo mucho más grave.

A fin de precisar lo “específico” de la sedición, debe también hacerse referencia a otro delito, más grave, con el que usualmente se ha emparentado: la rebelión (artículo 472). La rebelión consiste en un “alzamiento” que ha de ser violento (el caso más claro es un golpe de estado armado) y que persigue “directamente” (esto es importante) una subversión del orden constitucional mismo (no de su mero funcionamiento): la derogación de la constitución por la fuerza, la destitución del Rey, la disolución del parlamento, derrocar a un gobierno, o declarar la independencia de una parte del territorio (art. 472). Por cierto, y para espantar toda confusión, ha de decirse que una declaración parlamentaria o gubernamental de independencia no es un delito de rebelión, como muchos han dicho, porque para que sea rebelión deben protagonizarse actos de violencia idóneos para alcanzar ese fin, sin que tampoco una manifestación continua de un millón de personas pudiera calificarse como acto violento.

Si el delito de rebelión atenta directamente contra el orden constitucional en su misma fuente (la constitución misma, el Rey, las Cortes, el Gobierno o la integridad territorial), el delito de sedición se sitúa en otro plano: en el de la efectividad o cumplimiento de las leyes y resoluciones judiciales o administrativas. Con la sedición, por tanto, ha de tratarse de impedir la “efectividad” de esas normas o resoluciones, y ha de llevarse a cabo mediante turbas o masas cuya “fuerza” sea apta para lograr tal fin. Excede, sin embargo, de la mera resistencia pasiva de colectividades y manifestaciones (por numerosas que sean), logren o no esa finalidad obstaculizadora, pues es preciso que se produzca un “alzamiento” (lo que denota una actitud de acometida, o al menos activa) que, además, sea “tumultuario” (que ha de entenderse, según argumentan los penalistas, como integrante de una “abierta hostilidad” que puede consistir en violencia, fuerza física, o al menos actitudes “intimidatorias o amedrentatorias”).

No es sedición convocar un referéndum de autodeterminación ilegal. No lo es declarar la independencia en un parlamento. No lo es ir a votar con determinación en un referéndum anulado, ni colaborar en que se lleve a efecto. Tampoco, entiendo, puede ser sedición hacer una barrera humana no agresiva que impida el paso a una autoridad (ya hemos visto que impedir a un alcalde o concejal entrar a una sesión del Ayuntamiento tiene una pena de 6 meses a 1 año, y que impedir entrar a un diputado, incluso empleando violencia, tiene una pena de 3 a 5 años). Ni lo es hacer una sentada esperando una orden judicial de desalojo y adoptando una actitud pasiva (no marcharse voluntariamente sino “dejarse retirar” sin ejercer violencia). Desde esta perspectiva, tampoco sería, por tanto, sedición, impedir con la sola presencia masiva, pero pasiva, la salida pública de un edificio durante un tiempo a una autoridad o sus agentes que han llevado a cabo alguna de las funciones que tienen ejercitadas. La sedición consiste en la deliberada utilización de un “arma”, que consiste en el “desbordamiento inmanejable” de una masa enfurecida o amedrentadora activamente decidida a utilizar algo más que su presencia numerosa para conseguir “por la fuerza, o fuera de las vías legales”, la aplicación de las leyes o las resoluciones judiciales o administrativas. Es muy importante entender que la expresión “fuera de las vías legales” no puede confundirse con la ilegalidad de lo pretendido (puesto que sería una burda reiteración): además de una finalidad contraria a la ley, la conducta sediciosa debe ser en sí misma ilegal, y no es ilegal manifestarse multitudinariamente, ni siquiera cuando se persiga que el número de manifestantes comporte por sí solo un impedimento para la acción de la autoridad.

Naturalmente, todo lo dicho no es más que una opinión personal, quién sabe si equivocada, pero lealmente expuesta, sin más finalidad que contribuir a evitar una cancerígena expansión de un tipo legal delictivo demasiado elástico por impreciso.

Pero hay una razón para desear una limitación de los recursos del derecho penal: se trata de la protección del derecho fundamental a la libertad de reunión y manifestación pacíficas. A medida que una concentración de protesta es más numerosa, crece la eventualidad de desórdenes públicos no controlables por los convocantes u organizadores. Cuanto más apoyo social tenga una determinada reivindicación o protesta, pues, más riesgo habría para los convocantes de acabar siendo imputados por un delito de sedición, si éste se identifica con la existencia de desórdenes con finalidad política, por más que en la convocatoria se haga un llamamiento a mantener comportamientos pacíficos. La atribución de responsabilidades a los convocantes por tales desórdenes es un expediente cómodo para la autoridad, pero absolutamente disuasorio para quienes, como Leopoldo López en Venezuela (es sólo un ejemplo), persiguen y convocan el apoyo popular de la gente para conseguir cambios políticos, de gobierno o constitucionales. Sé que una democracia tiene toda la legitimidad para reprimir la subversión de sus principios constitucionales, y por eso debe existir el delito de sedición; pero el derecho de reunión y manifestación pacífica a favor de modificaciones del marco legal o constitucional es, asimismo, un principio constitucional.

Miguel Pasquau Liaño (Úbeda, 1959) es magistrado, profesor de Derecho y novelista. Jurista de oficio y escritor por afición, ha firmado más de un centenar de artículos de prensa y es autor del blog "Es peligroso asomarse". http://www.migueldeesponera.blogspo...

Fuente: http://ctxt.es/es/20171011/Firmas/1...

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Presos políticos

18 October, 2017 - 17:21

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Las grandes constructoras piden que las autovías gratuitas de la provincia de Alacant pasen a ser de peaje

17 October, 2017 - 23:00

antonio teruel

Las grandes constructoras y concesionarias de autopistas del país abogan por la existencia de peajes en los casi 250 kilómetros de autovías que hay en la provincia de Alicante, como en los cerca de 14.000 del conjunto del país. La patronal de estas empresas, Seopan, ha instado al Gobierno a abordar «sin más demora» el cobro de tarifas por el uso de las vías que hasta el momento son gratuitas, alegando que de esa forma se contribuiría al mantenimiento de la red de carreteras. Además, al organización cree que con ello se compensaría el mayor esfuerzo inversor por parte de la administración que requerirá la nacionalización de varias autopistas de toda España, cuyas concesiones caducan entre 2018 y 2020.

La idea fue lanzada hace unos días en el Congreso por el presidente de Seopan, Julián Núñez. Según recogió Europa Press, el responsable señaló que la organización ha encargado un estudio detallado sobre la implantación de esta medida y el impacto que tendría. No obstante, indicó que la tarifa que a priori proponen sería de unos 10 céntimos por kilómetro, calculando que sería suficiente para generar los ingresos públicos que consideran necesarios. En este sentido, Núñez sostuvo que eso es «menos de la mitad de lo que los camiones pagan hoy en las autopistas».

Llevado esto a la práctica, en el caso de la provincia de Alicante supondría el cobro de un peaje de en torno a 2 euros para un trayecto entre la capital y Elche, y de unos 5 para desplazarse hasta Orihuela, Villena o Alcoy. También podría ser aproximadamente ése el coste de ir de Alicante a Benidorm, si al peaje actual de 3,90 euros se le añadiera el paso por los 10 kilómetros de la A-70 entre la capital provincial y la barrera de El Campello. Asimismo, un viaje a València por el interior supondría un desembolso cercano a los 16 euros, que por la costa se incrementaría a 19, los 17 del peaje actual más el paso por los tramos de autovía cercanos a las dos ciudades. También rondaría los 16 euros el viaje hasta Albacete, mientras que ir a Madrid supondría un desembolso superior a los 41. En el caso de Barcelona, un recorrido que en buena parte ya se hace por una vía de peaje, podría pasar de los 53 euros. Cruzar toda la península en coche podría conllevar aún el doble de eso, teniendo en cuenta que entre Alicante y A Coruña hay unos 1.030 kilómetros.

No es la primera vez que las grandes constructoras proponen la implantación de peajes en las autovías. Ya lo hizo en 2012 la Confederación Nacional de la Construcción, mientras que por parte de Seopan ya se aludió de manera expresa a este mismo tema a principios de 2015. La organización insistió en esta cuestión en marzo de este año, asegurando que el cobro de los peajes permitiría no sólo mejorar la inversión en carreteras, sino también en otras políticas públicas como sanidad o pensiones.

Hasta el momento, el Gobierno no ha tomado en consideración estas propuestas, probablemente debido a su elevada impopularidad. Portugal sí cobra desde finales de 2010 en muchas de sus autovías, mediante un sistema de telepeaje, siendo por el momento el único estado europeo que lo hace; hay que tener en cuenta, en este sentido, el grave contexto económico en el que se encontraba entonces el país luso. Desde Seopan insisten en que «no hay nada gratis» y «los impuestos llegan donde llegan». También señalan que el mantenimiento de las infraestructuras se nutre de lo que aportan todos los contribuyentes.

Diario Información

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Educación militarizada en Extremadura: Los cursos del CPR de Badajoz

17 October, 2017 - 23:00

Acompañamos a continuación el texto que nos ha aportado Chema Álvarez, que nos autoriza a su publicación y a quien le agradecemos la colaboración. El mismo lo ha editado El Diario.

Para quienes venimos de la cultura antimilitarista y pacifismo a secas de los años 80 y 90, la que lideró en España el movimiento de desobediencia civil al servicio militar que utilizaba la insumisión como estrategia y que finalmente logró acabar con esta leva obligatoria, chirrían iniciativas como la del Centro de Profesores y Recursos de Badajoz, que organiza durante el mes de octubre el curso titulado Mundo actual y políticas de paz, dirigido al profesorado de centros educativos de su demarcación e impartido por personal adscrito al Instituto Español de Estudios Estratégicos, un organismo del Ministerio de Defensa que, según expresa en su página web, se dedica a fomentar entre la ciudadanía una “Cultura de la Defensa como asunto de indudable trascendencia”.

Dos coroneles del ejército (uno de ellos de la OTAN) y tres analistas del mencionado instituto son los encargados de impartir las ponencias, algunas de ellas con títulos como “Recursos didácticos y propuestas metodológicas para integrar los contenidos de paz, seguridad y defensa en el aula”. No hay, pues, ningún ponente que no pertenezca al estamento militar ni, mucho menos, que sea docente o esté relacionado con la enseñanza pública obligatoria.

Ya de por sí la LOMCE eliminó buena parte de los contenidos relacionados con la Educación para la paz que, de modo transversal, introdujo en su día la LOGSE, una Ley que en su desarrollo curricular admitía enseñanzas en la noviolencia y la desobediencia como estrategia de participación política. El fin del Servicio Militar Obligatorio, acelerado por el empuje de un movimiento pacifista imaginativo, diverso y convencido de la eficacia de sus principios de acción, vino acompañado de una estrategia de gobierno que trataba de lavar la imagen de un ejército y de un modelo de Defensa cada vez más cuestionados, pero que sobre todo precisaba una renovación en cuanto a la percepción de la ciudadanía que le permitiera disfrutar del elevado gasto militar sin cuestionamiento alguno.

Esta nueva estrategia de Estado, motivada por la necesidad de crear un ejército profesional de tropa voluntaria, pasaba por introducir el fundamento militarista de esta institución en la escuela, con charlas cuyo propósito era actuar como banderines de enganche dirigidas al alumnado de aquellos cursos cercanos o rayanos con el fin de la educación obligatoria, los 16 años, preferentemente de zonas geográficas donde un alto índice de fracaso escolar se unía a un elevado nivel de desempleo y precariedad laboral. Hablo de regiones como Andalucía y Extremadura.

Así, bajo la imagen de un ejército moderno, bien dotado tecnológicamente, que prometía a nuestros jóvenes una profesión con futuro en una especie de parque de atracciones similar a PortAventura, donde uno podía ejercer deportes de riesgo tales como tirarse en paracaídas, bucear, pilotar aviones o zódiacs, con chicas reclamo que parecían más modelos de revista que soldados, muchos jóvenes se engancharon con la idea de que, al fin y al cabo, siempre podrían ir a ayudar en las llamadas “misiones humanitarias”, una expresión propia de la neolengua orwelliana acuñada por los sucesivos gobiernos españoles para camuflar o edulcorar la imagen del intervencionismo puro y duro allende nuestras fronteras.

Desde el Estado Español se aplica ese calificativo, “misión humanitaria”, a un conjunto de acciones que desvirtúan el significado de dicho adjetivo y perjudican seriamente a las organizaciones civiles independientes que desarrollan su labor rechazando cualquier empleo de la violencia. Desde Felipe González, el Ejército Español ha llevado a cabo 87 intervenciones militares fuera de España: 21 con Felipe González, 23 con Aznar, 22 con Zapatero y 21 con Rajoy, sin que los españoles hayamos podido averiguar cuánto nos ha costado cada una de ellas o todas en su conjunto.

El concepto de seguridad y de defensa que se tiene desde lo militar es muy distinto y está muy lejano de casar de algún modo con el concepto de Educación para la paz que enseñamos como docentes en nuestras aulas. Mientras que el Estado y el Ejército asumen un concepto de paz negativa, fundamentado en la ausencia de violencia directa (si vis pacem, para bellum), la Educación para la paz asume un concepto de paz positiva, fundamentado en la ausencia de la violencia estructural (si vis pacem, para pacem).

El modelo de Defensa del Ejército y del Estado Español no excluyen el uso de la fuerza y la aniquilación violenta del oponente como modelo de resolución de conflictos, mientras que el pacifismo (no me vengan con que los militares también son “pacifistas”) asume que la no violencia debe ser el camino para lograr la reconciliación, mediante el uso de estrategias que excluyen la agresión o aniquilación de ese oponente.

Por otra parte, el concepto de seguridad desde el ámbito militar del Ministerio de Defensa se centra en la defensa territorial y alimenta el culto a un conjunto de valores patrios militarizados que excluyen por lo general a quien discrepe de los mismos: bandera nacional, himno, concepto de nación, obligación de obediencia debida, verticalismo, jerarquías, uniformidad, etc.

La seguridad, vista desde la Educación para la paz y el pacifismo, atiende a las causas estructurales de la violencia, e incide en un modelo de Defensa nacional que nos proteja de la pobreza, el desempleo, la explotación, la violencia machista, la discriminación, la falta de protección sanitaria, la ignorancia en todas sus formas y un sinfín de agresiones diarias contra la ciudadanía que la convierten en pasto de los lobos.

El curso del CPR de Badajoz, impartido exclusivamente por militares o adscritos a la institución del Ejército, dice mucho acerca de por dónde van los tiros en educación. No sólo lamento que el proselitismo militarista haya podido llegar a nuestras aulas, sino que, además, se destine dinero de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura a pagar un curso a quien ya va bien pagado. Se estima que el gasto militar español para 2017 será de 34.068,29 millones de euros, 4,46 veces más del gasto militar oficial, establecido en 7.638,54 millones.

La organización Utopía Contagiosa, que lleva años vigilando este gasto, ha publicado recientemente su informe sobre la elaboración actual de los Presupuestos Generales del Estado, donde se incluye el gasto no declarado como militar pero que es camuflado en otras partidas presupuestarias, como nuestra participación en la OTAN y las recientes misiones en Letonia. Quien desee lo puede ver detallado en su página. Cabe decir que el gasto destinado en los mismos Presupuestos Generales del Estado para Educación en España es durante este año de 2.525 millones de euros.

Por último, para mayor escándalo no podemos dejar pasar la ocasión sin mencionar que el Gobierno español es uno de los vendedores de armas al régimen de Arabia Saudí, sospechosa de facilitar esas mismas armas al grupo terrorista ISIS vía Irán. Todo ello relacionado directamente con los ataques terroristas y esa cruel locura que nos asola. Ahí queda eso para explicarlo en el curso del CPR de Badajoz.

Fuente: http://www.utopiacontagiosa.org/201...

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Ropa tendida

17 October, 2017 - 23:00

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