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Actualizado: hace 1 hora 26 min

El Defensor del Pueblo detecta “información confusa” en la historia clínica de tres reclusos fallecidos en la cárcel de Villena

27 January, 2021 - 00:00

Una visita sorpresa del organismo público alerta sobre la falta de personal sanitario, partes de lesiones con lagunas y funcionarios sin identificar.

Tres técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo, además de un médico forense externo, detectaron graves carencias en el centro penitenciario Alicante II de Villena durante una visita sin previo aviso realizada el 29 de junio de 2020.

La inspección del organismo público, que incluye entrevistas reservadas con los internos, ha descubierto que la prisión, con 845 celdas, sólo cuenta con dos facultativos, que casi todos los funcionarios no portaban su identificación y la existencia de partes de lesiones con lagunas, entre otras graves carencias denunciadas por los presos.

La dirección del centro no ha contestado a ninguna de las recomendaciones. La ficha de la visita, cuyas conclusiones se han publicado seis meses después, alude al fallecimiento de tres internos en los últimos tres años.

“La información recogida en la historia clínica correspondiente al día del fallecimiento es confusa y no incluye la información necesaria para clarificar las circunstancias de la muerte”, señalan los técnicos del organismo público dirigido, en funciones, por Francisco Fernández Marugán. “La adecuada investigación de una muerte en situación de privación de libertad es responsabilidad de la autoridad a cargo de la custodia, teniendo como objetivos principales clarificar las circunstancias de la muerte, contribuyendo a disipar preocupaciones sobre una posible atención inadecuada y proporcionar información esencial para prevenir futuras muertes similares”, según las recomendaciones y guías internacionales citadas por el Defensor del Pueblo. El organismo recomienda a los responsables del centro penitenciario, que cuenta con un total de 845 celdas, que en caso de fallecimiento de un preso se indique en la historia clínica del interno las actuaciones desarrolladas con posterioridad a la muerte, incluyendo la eventual intervención judicial o la autopsia.

Las cárceles valencianas, tal como informó este diario, han registrado 108 fallecimientos de presos entre 2015 y 2019. Sin médico “de dos a tres días a la semana” La plaza de subdirector médico, vacante desde hace dos años, la ocupa una facultativa que no se encontraba presente en el momento de la visita y que, “a pesar de los reiterados intentos de recabar información de esta profesional y pese a que, en varias ocasiones, aseguró que remitiría lo solicitado, la doctora no envió documentación ni información alguna”. La ficha de la visita indica que el organismo público no formula un recordatorio de deber legal al tratarse de una “rara excepción en el contexto de continua colaboración” entre el Defensor del Pueblo e Instituciones Penitenciarias.

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la prisión de Alicante II incluye siete plazas de médico pero sólo se cubren cuatro, de las que “solo dos” estaban en activo en el momento de la visita sorpresa.

Durante la pandemia, la asistencia médica se organiza con turnos de guardia de 24 horas que se alternan dos facultativos. “Ello supone la ausencia de médico en el centro de dos a tres días a la semana a consecuencia de los plazos de libranza (48 horas tras las 24 de guardia)”, según apuntan las conclusiones de la visita. Los días que no hay médico, se deriva la asistencia al 112 de la Generalitat Valenciana. La falta de médicos “limita, en las condiciones actuales, el adecuado control facultativo de las urgencias en ausencia del médico del centro”, concluye el organismo fiscalizador del cumplimiento de los derechos de la ciudadanía.

Además, según han detectado los técnicos del Defensor del Pueblo, los internos entrevistados en el módulo de régimen cerrado aseguraron que, desde la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, el equipo médico “no había acudido a dicho módulo en ninguna ocasión”. “Todo ello”, advierte, “compromete el deber de garantizar a todos los internos una adecuada atención médico sanitaria, tal y como prevé la normativa penitenciaria”. El personal de la prisión, a diferencia de lo que manifestaron los internos entrevistados, sostenía que se facilitaba una mascarilla a los presos “cada pocos días”. Aunque las instalaciones de los servicios médicos de la prisión son, “en términos generales, modernas y amplias” —cuentan con un área de ingreso para 64 internos con diferentes patologías o problemas de movilidad— los técnicos alertan de una “escasa integración de los servicios médicos en las actividades de prevención y difusión de información” sobre la COVID-19.

Partes de lesiones con lagunas en la cárcel de Alicante II, “con frecuencia no se incluye en la historia clínica la copia de los partes de lesiones u otros documentos médico-legales emitidos ni la asistencia prestada". Los partes describen de “forma poco detallada” las lesiones y, “con frecuencia”, no se cumplimentan los apartados correspondientes a hora y lugar, ni las manifestaciones del interno sobre el origen del daño sufrido.

Los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura también advierten de que, “prácticamente ningún funcionario” portaba su identificación durante la visita, por lo que urgen a la dirección del centro a “adoptar con carácter urgente” las medidas necesarias para que los trabajadores de la prisión cumplan con su deber de portar su placa identificativa.

Las mujeres presas que fueron entrevistadas durante la visita denunciaron un trato discriminatorio respecto a los hombres, que tendrían un mayor acceso a destinos retribuidos y a más actividades. Así, el Defensor del Pueblo ha solicitado la lista de los destinos retribuidos y de actividades del centro desagregada por sexos. El equipo directivo de la prisión de Alicante II aseguró a los técnicos que los internos que permanecen en régimen cerrado participan en un programa especial con actividades que ayudan al preso a obtener el segundo grado. Los internos del módulo entrevistados aseguran, por el contrario, que no conocen el Programa de Intervención de Internos en Régimen Cerrado (PIRC) y que apenas tienen actividades.

Fuente: https://elmilicianocnt-aitchiclana....

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Poema por la paz

27 January, 2021 - 00:00

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El juzgado que archiva el "caso Navantia", declara acreditado que se pagaron 42 millones de euros a intermediarios españoles y venezolanos

26 January, 2021 - 00:00

Archivado el ‘caso Navantia' tras concluir la juez que Venezuela pagó las comisiones
La causa indagaba el pago de 42 millones a intermediarios en la venta de ocho patrulleras al Gobierno de Chávez

Miguel González

Diez años después de iniciar la investigación, el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha decretado el archivo de las diligencias abiertas sobre la venta en 2005 a Venezuela de ocho patrulleras españolas por 1.245 millones de euros. En el auto de sobreseimiento provisional, dictado el pasado 12 de enero, la juez declara acreditado que se pagaron más de 42 millones de euros en comisiones, pero alega que este sobrecoste salió de las arcas venezolanas y no supuso quebranto económico para el astillero español Navantia, por lo que no hay malversación de fondos públicos. Aunque un perito judicial estimó en al menos 1,3 millones la cuota defraudada entre 2008 y 2010 en Impuestos de Sociedades, IVA e IRPF, tampoco se da por confirmado el delito fiscal.

La venta al Gobierno de Hugo Chávez de ocho patrulleras de la empresa pública Navantia fue uno de los grandes contratos de material de defensa del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Pero aquella operación, cerrada entre los dos Gobiernos en 2005, acabó dando lugar en 2010 a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que indagaba el cobro de comisiones por intermediarios venezolanos. En la causa fueron imputados Javier Salas, presidente del Instituto Nacional de Industria (INI, precedente de la actual SEPI) en la última etapa de Felipe González (1990-95) y el expresidente de Navantia Juan Pedro Gómez Jaén.

Finalmente, reconoce la juez, “no se ha podido averiguar el destino del dinero recibido” por los intermediarios venezolanos, ya que su rastro se pierde en una maraña de sociedades en paraísos fiscales, como Islas Antillas y Dominica, y “las comisiones rogatorias libradas [a dichas jurisdicciones] no han tenido ningún resultado”.

Según el informe del fiscal que ha servido de base al auto de archivo, en diciembre de 2004, “estando casi cerrada la operación de venta de ocho embarcaciones a Venezuela”, Gómez Jaén encargó a Javier Salas que viajara a Caracas para comprobar la solvencia de dos venezolanos que se habían ofrecido como mediadores para la operación. Salas no solo había sido presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) y jefe del propio Gómez Jaén, sino que seguía siendo consejero de la empresa pública Red Eléctrica y asesoraba en la reestructuración de Izar, la sociedad antecesora de Navantia.

Los venezolanos eran Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malave Benavides, con los que el astillero español había trabajado años atrás. En octubre de 2004, Carvallo viajó a Madrid con el séquito oficial del entonces presidente Hugo Chávez y aprovechó para pesentarse a la naviera española como agente en Venezuela.

Salas, a quien Navantia encargó verificar la solvencia de Carvallo y Malave, llegó a un acuerdo verbal con ellos para, utilizando “sus contactos e influencias en España”, lograr que se convirtieran en mediadores de la venta de los buques, “a cambio de sustanciosos importes” de dinero para él mismo.

Entre el 24 de febrero y el 30 de septiembre de 2005, se firmaron tres contratos entre el astillero español y la empresa Rebazve, constituida por los dos venezolanos para esta operación. En el tercero de los acuerdos, a los que el fiscal atribuye diversas irregularidades, se fijaba que Rebazve cobraría hasta el 3,5% del importe total de los ocho buques —cuatro de vigilancia oceánica por 721,5 millones de euros; y cuatro de vigilancia litoral por 523,7—; es decir, un máximo de 43,5 millones.

El fiscal asegura que los responsables de Navantia eran conscientes de que “la retribución pactada con el agente era excesiva”, pero la aceptaron porque este sobrecoste iba a ser asumido por Venezuela “al formar parte del precio final de las embarcaciones”.

En mayo de 2006, el representante de Rebazve abrió dos cuentas corrientes en el banco BSI de Ginebra para ingresar las comisión pactada y dio instrucciones sobre cómo debía repartirse: el 30% (13 millones) sería para Javier Salas, su socio y exsubordinado en el INI Antonio Rodríguez Andía y el agente financiero Diego Azqueta Bernar. Estos dos últimos, “al enterarse de los perjuicios que les podía acarrear aparecer como beneficiarios directos de los fondos”, según el fiscal, pidieron al banco no figurar en la lista.

El 70% (30,4 millones) restante se repartiría entre los venezolanos: el 31,5% (13,7) para los dos socios de Rebazve; el 17,5% (7,6) para el exmilitar Mario José Gregorio Rivero; el 14% (6) para Luis José Mendoza Marín; y el 7% (3) para Raúl José Hernández Revelo. No hay documentación que justifique el pago a estos tres últimos, apostilla el fiscal.

Para “dar apariencia de legalidad” y “ocultar” el cobro de los fondos procedentes de Navantia por parte de los españoles se recurrió a una empresa de Rodríguez-Andía, Camino Nuevo, que firmó dos contratos de “asesoramiento y consultaría” con Rebazve, la firma de los venezolanos, por 12,4 millones; el 1% del valor de los buques. A cambio, Salas y su socio consiguieron, según el fiscal, que Navantia contratara a Rebazve y acompañaron a los venezolanos a reuniones con directivos del astillero.

Camino Nuevo empezó a cobrar de Rebazve en una cuenta del EGB Bank de Zurich que se cerró en octubre de 2010, coincidiendo con el inicio de la investigación judicial, y que no estaba declarada a Hacienda, aunque posteriormente se regularizó. Salas y su socio se repartían al 50% la comisión de las patrulleras, mientras que Azqueta, que puso en contacto a venezolanos y españoles, debía recibir el 7,4% a través de la sociedad Medco Shipbrokers.

Camino Nuevo declaró como ingresos los pagos de Rebazve y como gastos deducibles los pagos a Salas, a Azqueta e incluso a una sociedad de Rodríguez-Andía a pesar de que, según un informe pericial, estos no realizaron actividad alguna para dicha empresa. El peritó concluyó que Rodríguez-Andía debió tributar dichas cantidades por el IRPF y no por el Impuesto de Sociedades, más ventajoso, y estimó la cuota defraudada en 1,3 millones entre 2008 y 2010. Sin embargo, el juez ha asumido finalmente la interpretación del Ministerio Público, según la cual en esas fechas había dudas sobre el régimen fiscal aplicable y si Hacienda, que no abrió ningún expediente, no valoró entonces “la trascendencia tributaria de la cuestión, difícilmente podrá ser valorada [ahora] a efectos penales”.

Aunque no están documentados, el fiscal estima que “los escasos y espléndidamente remunerados” servicios que prestó Salas a los venezolanos no fueron una simulación, sino que tuvieron un beneficio real para la trama, a la que sirvió de “conseguidor”. Su actuación, agrega, es “censurable”, pero no constituye delito: se aprovechó de “su prestigio y experiencia profesional, sus excelentes relaciones con Gómez Jaén [presidente de Navantia] y con los máximos responsables de la SEPI”, para cobrar de la empresa venezolana “a la que había recomendado personalmente” ante el astillero público.

El fiscal reconoce que “el procedimiento se ha dilatado en exceso”, pero lo achaca a las comisiones rogatorias que, sin resultado, se han remitido a distintos paraísos fiscales. “No ha sido posible”, se lamenta, “averiguar el último destinatario de los fondos transferidos por Rebazve [la empresa de los dos venezolanos] y procedentes de Navantia”.

Uno de los cabos sueltos es la investigación que en su día abrió la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz. Cuando en agosto de 2017 huyó de su país, entregó a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá (Colombia) varias carpetas sobre episodios de corrupción. Una de ellas llevaba por título: “Caso sobreprecio en construcción de buques para la Armada española. Hevert García Plaza, alto mando militar”. En junio de 2019, la juez española remitió una comisión rogatoria a EE UU para acceder al expediente, pero se rechazó con el argumento de que no aportaba datos suficientes para localizarlo. García Plaza es un exgeneral venezolano que fue ministro de Alimentación de Maduro y pasó a colaborar con Washington tras ser acusado en 2015 de corrupción.

José Mariano Benítez de Lugo, abogado de Gómez Jaén, lamenta que el fiscal y la juez hayan tardado tanto en reconocer que no hubo delito de malversación de fondos públicos, cuando desde el principio estaba claro que la comisión de los intermediarios se incluyó en el precio de los buques y fue pagada por Venezuela. “¿Quién repara a mi cliente [el expresidente de Navantia] los perjuicios personales y profesionales por haber estado investigado durante diez largos años sin el menor fundamento?”, se pregunta.

Un portavoz de Navantia ha subrayado que la empresa pública “respeta y acata las decisiones judiciales” y ha recordado que la propia compañía estaba personada en el procedimiento y “ha colaborado en todo momento con la investigación judicial”.

El País

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Miles de personas se manifiestan en Donostia para denunciar la militarización y la represión policial

26 January, 2021 - 00:00

La manifestación, que se ha llevado a cabo a partir de la 12:00 horas de hoy, sábado, se convocó para denunciar la “represión y criminalización” de la juventud por parte de la clase política gobernante y de su policía (la Ertzaintza) al servicio de la burguesía vasca.

Por Insurgente

Al menos 38 agentes u organizaciones han respondido a la convocatoria de la Alde Zaharreko Gazte Asanbladak, en la que han participado unas 3.000 personas.

La manifestación, que se ha llevado a cabo a partir de la 12:00 horas de hoy, sábado, se convocó para denunciar la “represión y criminalización” de la juventud por parte de la clase política gobernante y de su policía (la Ertzaintza) al servicio de la burguesía vasca.

Durante la manifestación, que ha terminado en la Plaza de la Trinidad, de Alde Zaharra, se han escuchado gritos contra la Ertzaintza, tales como “Zipaioak herriaren etsaiak” o “Zipaioak auzotik kanpora” (“Cipayos, enemigos del pueblo”, “Cipayos, fuera del barrio”. Igualmente, se han proferido gritos contra la policía municipal. Por otra parte, también se han escuchado muy claro los gritos de “Burgesia hiltzailea” y “Aurrera klase borroka” (“Burguesía asesina” y “Adelante la clase obrera”.

No ha faltado tampoco el recuerdo a Iñigo Cabacas, que fue asesinado por un pelotazo de goma lanzado por un miembro de la Ertzaintza.

En Alde Zaharra (parte vieja) de Donostia (también en otros lugares de Hego Esuskal Herria), en los últimos tiempos se han vivido escena de represión por parte de la citada policía.

Todo comenzó el 12 de diciembre de 2020, luego de que la Ertzaintza y la Policía Municipal agredieran a varios jóvenes. Para denunciar este caso de acoso, el 14 de diciembre se realizó una manifestación convocada, como la de hoy, por la Alde Zaharreko Gazte Asanbladak. En éste caso intentaron detener a un joven al final de la manifestación, y los enfrentamientos comenzaron a partir de entonces. Esa noche dos personas fueron detenidas y, días después, otra persona fue detenida en la calle.

Cabe subrayar que, desde entonces, la presencia de la Ertzaintza y la Policía Municipal ha sido constante en Alde Zaharra de Donostia. El 16 de enero, la Ertzaintza volvió a actuar contra un grupo de jóvenes, deteniendo a cuatro de ellos.

La policía vasca colocó furgonetas y coches en diferentes puntos del barrio, y el 20 fue el día que la represión policial creció sobremanera. Esta provoco enfrentamientos duran buena parte de la noche y se saldó con cuatro personas detenidas y varias más heridas, una de ellas con la mandíbula rota.

Como ya informamos en insurgente.org, destacar que durante esa noche el jefe de la Ertzaintza dio la orden a sus subordinados de “Vamos a tirara dar, ¿vale?”.

Todo un ejemplo de cómo funciona este cuerpo policial, que trabaja para la burguesía vasca y la mantenemos o pagamos los y las trabajadoras.

Fuente: https://kaosenlared.net/miles-de-pe...

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¿Podemos saber el gasto militar de 2019? (4ª parte)

26 January, 2021 - 00:00

Ver también:

¿Podemos saber el gasto militar de 2019? (1ª parte)

¿Podemos saber el gasto militar de 2019? (2ª parte)

¿Podemos saber el gasto militar de 2019? (3ª parte)

Fe de erratas: En la anterior entrega cometí un error fatal. Al anticipar el monto total de gasto militar ejecutado que había podido estimar, ofrecí la exagerada cifra de 25.293,71 millones de euros, una vez contabilizada la deuda aplicable al gasto militar.

Es un error. Y, aunque la cifra es exagerada, se queda corta con la real que, por un error de transcripción, fijé en 10.000 millones de euros menos de lo que realmente importa el gasto militar ejecutado: 25.293,71 millones de euros. No siempre mi coordinación en el teclado es adecuada y puse un «2» donde debía poner un «3».
De modo que el gasto ejecutado pasa de exagerado a estratosférico, como veremos en el desarrollo de esta cuarta entrega, aunque, por acabar de decirlo, de lo estratosférico pasa a la categoría de sideral si nos fijamos en la cifra final de gasto militar + control social ejecutado desde la administración central del Estado, 46.388,60 millones de euros (cantidad que podemos aumentar más aún si contabilizamos el gasto de las comunidades autónomas para las políticas de control social).

Confesado el pecado, sigamos adelante.

Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Se consignan en el mismo diversas partidas que la liquidación del gasto tampoco aclara y cuyos importes hemos podido estimar por otras fuentes.

En primer lugar, está la partida que este ministerio transfiere a Defensa por operar los barcos y aviones de la Agencia tributaria.

la Agencia Estatal de Administración Tributaria dispone, entre otros medios, de una flota de embarcaciones y aeronaves que, tripuladas por funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Vigilancia Aduanera, tienen la consideración legal de Resguardo Fiscal del Estado y el carácter de buques auxiliares de la Armada, o de aeronaves del ejército del aire según lo establecido en el Decreto 1002/1961, de 22 de junio, por el que se regula la vigilancia marítima del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal para la Represión del Contrabando.

Hacienda contaba en 2019 con cuatro medios aéreos, operados por el ejército del aire y 48 buques propios.

Conforme a estos, el Ministerio de Hacienda abona diversas cantidades a Defensa. Con arreglo al Convenio celebrado entre el Ministerio de Defensa y de Hacienda de 9 de diciembre de 2020 (BOE 328 de 17 de diciembre de 2020, págs. 115938 a 115946), el pago por uso de instalaciones militares para el resguardo de estos barcos genera un coste anual de no más de 320.000 euros y no menos de 80.000.

Por su parte el convenio entre vigilancia aduanera y el ejército del aire de 2014, vigente hasta 2020 ha dado la gestión de operar las aeronaves de Hacienda al ejército del aire, con un coste anual de más de 6 millones de euros.

Al mismo tiempo, abona los gastos plurianuales de Defensa e Interior, por importe de 39,14 millones de euros.

En tercer lugar, se encuentran las aportaciones anuales que Hacienda realiza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para cubrir las pérdidas de Navantia, que, según hemos conocido de la memoria anual de cuantas de dicha entidad para 2019 alcanzaron los 350,49 millones en dicho ejercicio en concepto de créditos participativos para evitar la quiebra de la entidad, como puede verse en las propias cuentas anuales y detallamos en otro trabajo para este blog.

Por último existe otra partida de la que no contamos con elementos suficientes para verificar si se ha aumentado o no, que es la aportación desde hacienda para formación profesional de militares, estimada en 0,35 millones de euros.
La suma de participación de este Ministerio, incluyendo las ayudas de SEPI, es elocuente, nada menos que 395,98 millones de euros.

Nuestra suma sigue subiendo:

  • Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  • Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  • Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  • Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  • Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  • Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  • Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  • Ministerio de Agricultura ´26,88 mill. de euros
  • Ministerio de Hacienda 395,98 mill de euros
  • Subtotal 20.001,70 mill. de euros

Ministerio de Trabajo

El ministerio de trabajo participa del gasto militar subvencionando programas de formación para personal de las fuerzas armadas.

El convenio celebrado entre el SEPE y el Ministerio de Defensa el 13 de diciembre de 2018, con vigencia a partir del año siguiente, fijó la cantidad provisiona(estipulación 4), hasta que se establezcan las bases reguladoras fijadas por ley, en 6 millones de euros.

A ello hay que unir el capítulo de coordinación curricular con una comisión que estimamos mantiene un gasto mínimo de 0.1 millones de euros.

Ello arroja la cifra de 6,10 millones de euros, frente a la de 1´1 que en su día estimamos.

De este modo, la cifra del gasto militar aumenta así:

  • Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  • Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  • Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  • Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  • Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  • Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  • Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  • Ministerio de Agricultura 26,88 mill. de euros
  • Ministerio de Hacienda 395,98 mill de euros
  • Ministerio de Trabajo 6,01 mill de euros
  • Subtotal 20.007,70 mill. de euros

Otros ministerios.

Hemos agrupado los ministerios en los que no hemos detectado variaciones ni convenios que actualicen o hagan transparentes los pagos a Defensa.
Aquí hemos agrupado el Ministerio de Presidencia, el de fomento, el de educación cultura y deporte y el de sanidad, con una contribución residual, de 0´98 millones de euros, lo que incorporado a la cifra que hasta ahora hemos manejado arroja un subtotal de gasto militar de 20.008,68 millones de euros, con arreglo al siguiente desglose:

  • Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  • Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  • Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  • Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  • Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  • Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  • Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  • Ministerio de Agricultura 26,88 mill. de euros
  • Ministerio de Hacienda 395,98 mill. de euros
  • Ministerio de Trabajo 6,01 mill. de euros
  • Otros ministerios 0,98 mill. de euros
  • Subtotal 20.008,68 mill. de euros

Pagos plurianuales:

Tampoco hemos verificado el aumento de gasto en estos pagos. Hay que consignar, por ello, la cantidad que en su día atribuimos a éstos, conforme a los programas de pago aprobados sucesivamente en acuerdos del Consejo de Ministros.
Su importe es de 377,48 millones de euros, a sumar a nuestra ya larguísima cuenta.

  • Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  • Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  • Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  • Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  • Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  • Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  • Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  • Ministerio de Agricultura 26,88 mill. de euros
  • Ministerio de Hacienda 395,98 mill. de euros
  • Ministerio de Trabajo 6,01 mill. de euros
  • Otros ministerios 0,98 mill. de euros
  • Pagos plurianuales M.Def. 377,48 mill. de euros
  • Subtotal 20.386,16 mill. de euros

Centros universitarios de la defensa

La liquidación de gasto nos arroja también la cantidad liquidada a estos centros, 14,43 millones de euros a los que ha y que sumar las cantidades que dichos organismos reciben en concepto de otros ingresos, hasta alcanzar los 18,45 millones de euros.

  • Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  • Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  • Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  • Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  • Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  • Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  • Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  • Ministerio de Agricultura 26,88 mill. de euros
  • Ministerio de Hacienda 395,98 mill. de euros
  • Ministerio de Trabajo 6,01 mill. de euros
  • Otros ministerios 0,98 mill. de euros
  • Pagos plurianuales M.Def. 377,48 mill. de euros
  • C. U. Defensa 18,45 mill. de euros
  • Subtotal 20.404,61 mill. de euros

Casa del Rey, Cortes Generales

También consignábamos gasto militar en la Casa Real y en el parlamento.
Tampoco la liquidación de gasto de estos organismos ha variado respecto del crédito inicial, por lo que vamos a dar por buenas las cantidades estimadas en su día, 1,1 millones de euros y 0´64 respectivamente.

5. TOTAL DE GASTO MILITAR EJECUTADO ANTES DE DEUDA.

Una vez desglosados todos los capítulos anteriores, ofrecemos el cuadro resumen de nuestro gasto militar ejecutado antes de deuda.

El gasto militar de 2018 detectado por nosotros en todas las partidas arriba reflejadas constituye nada menos que el 20,43% del gasto liquidado y asignado a la suma de todos los ministerios, una cifra muy preocupante porque, haciendo una comparación con otros países, no son muchos (y tampoco tienen muy buena fama) los que gastan casi el 21 % del presupuesto que destinan a sus ministerios a alimentar la voracidad de sus ejércitos y políticas militares. Y es que en esto, SPAIN sí que es verdaderamente diferente.

La misma cifra equivale al 12 % el total de gasto ejecutado ( es decir, ministerios más otros organismos públicos y prestaciones), sin contabilizar la deuda pública, en 2019, incluyendo junto con los ministerios el resto de gasto de nuestras cuentas públicas, una cifra verdaderamente escandalosa, pues implica que 12 euros de cada cien gastados en un año por el estado (sin incluir en lo gastado la elevada cifra de deuda pública pagada y la pesada carga de deuda pública contraída y a pagar en sucesivos años) se destina a sostener el gasto militar estricto. Tampoco son tantos los países que destinan un esfuerzo presupuestario tan elevado a financiar su estructura militarista.

Y las cosas empeoran mucho más si a la cifra de gasto militar estricto sumamos las restantes partidas de la política de interior que financia la otra columna del gasto en políticas securitizadoras y militaristas. En ese caso tenemos que nada menos que 26.787,25 millones de euros se pueden calificar de gasto militar y de control social, el 26,8% de nuestro gasto ministerial se destina al esfuerzo militarista, una proporción de gasto descabellada y que desenmascara un cierto autoritarismo presupuestario muy pernicioso para los intereses sociales.

Esa cifra equivale a nada menos que 15,8 euros por cada 100 gastados por el Estado en 2018 se han destinado a esa militarización que venimos denunciando.

Por desgracia, para la completa cuantificación del gasto militar español contraído por la administración central, nos falta aún aplicar un par de ajustes, para cuantificar además la participación en la deuda pública contraída y pagada en 2019 que este gasto representa.

5) DEUDA IMPUTABLE AL GASTO MILITAR EN 2019.

Debido a que nuestras cuentas públicas son deficitarias, deben ser financiadas con deuda pública que se adquiere año tras año, para su pago en los sucesivos, así como la que corresponde pagar por los años anteriores en cada ejercicio.

En concreto, la liquidación de IGAE de 2019 ha consignado un pago de deuda pública de 124.059,20 euros, con un gasto de 11.201, 08 millones de euros por encima de la deuda presupuestada.

Es evidente que un porcentaje de dicha deuda debe ser imputada al gasto militar. En nuestro caso, debido a que la suma de gasto militar español supone, como hemos dicho en otro momento, un 12 % del gasto público, es este el porcentaje en el que se debe imputar al gasto militar la deuda pagada por el estado.

Esto arroja una cifra de deuda imputable al gasto militar de 14.887,10 millones de euros, cantidad que hay que sumar a los ya referidos 20.406,61 millones de euros, para aproximarnos a la cifra de gasto militar que debemos imputar al año 2019, nada menos que 35.293,71 millones de euros, una cifra verdaderamente intolerable, que arroja 750 euros por persona en dicho año sólo para financiar uan política militarista que no hemos decidido, que no nos han consultado y que tampoco nos han explicado ni alertado de sus consecuencias y costes.

Cifra que se elevará más aún si consideramos la suma de gasto militar y control social e imputamos a éste la deuda correspondiente a dicha suma. En este caso no hay adjetivo para calificar el escandaloso gasto estatal para llevar a cabo todas las políticas y tener engrasados todos los dispositivos necesarios para ello, de militarización social. Estamos hablando de 46.388,60 millones d euros, caso una sexta parte del total presupuestario destinado a nuestro control y al ejercicio institucional del paradigma de dominación y violencia que rige las lógicas que aplica.

(Próxima entrega: Consecuencias de este aspecto cuantitativo.).

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Antimilitaristas denuncian en Alacant la participación española en la venta de armas para la guerra de Yemen

25 January, 2021 - 10:30

Con algunas horas de anticipación a las nuevas medidas anticovid decretadas en la Comunidad Valenciana, que prohíben, entre otras cosas, que más de dos personas de unidades familiares diferentes coincidan en la vía pública, un pequeño grupo de activistas del Grup Antimilitarista Tortuga se concentró ante las puertas del puerto comercial de la ciudad de Alacant para denunciar la complicidad del gobierno español y de diversas empresas bélicas, así como de las entidades bancarias que las financian, en el comercio y tráfico de armamento con destino a las dictadura de Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Dicho armamento, en no pocos casos, es empleado en la guerra que dichas dictaduras árabes mantienen en el vecino Yemen.

Este acto se inscribe en la campaña internacional "World Says No To War on Yemen", cuya acción global se realiza en diversos países del mundo el lunes 25 de enero: https://docs.google.com/forms/d/e/1...

Organizaciones de derechos humanos cifran en más de 300.000 las muertes ocasionadas en esta guerra. Una parte de ellas son por combates y bombardeos, pero hay que alertar también de numerosas muertes indirectas producidas por el bloqueo de suministros alimentarios que la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes, país de residencia del rey emérito Juan Carlos de Borbón, están aplicando a Yemen. No hay que perder de vista las ventas de corbetas, ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, que la empresa estatal española Navantia ha realizado para la dictadura saudí y cómo éstas serán utilizadas para intensificar el bloqueo de suministros a los puertos yemeníes.

El acto transcurrió sin incidentes.

Declaración Conjunta: El Mundo Dice No a la Guerra en Yemen

Convocatoria a la protesta internacional – Lunes, 25 de enero de 2021.

El bombardeo y el bloqueo liderado por Arabia Saudita desde 2015 contra Yemen ha matado a decenas de miles de personas y ha devastado el país. Naciones Unidas califica esto como la mayor crisis humanitaria en la tierra. La mitad de los habitantes del país está al borde de la hambruna, el país tiene el peor brote de cólera del mundo en la historia moderna y ahora Yemen tiene una de las peores tasas de muerte por COVID en el mundo: mata a una de cada cuatro personas que son diagnosticadas positivas. La pandemia, junto con la retirada de la ayuda, empuja a más gente al hambre acuciante.

A pesar de esto Arabia Saudita está aumentando la guerra e intensificando el bloqueo.

La guerra es posible únicamente porque países occidentales – en particular Estados Unidos y Reino Unido – continúan armando a Arabia Saudita y proporcionándole apoyo militar, político y logístico. Las potencias occidentales participan activamente y tienen la capacidad de detener la crisis humanitaria más aguda del mundo.

El desastre en Yemen es obra humana, está causado por la guerra y el bloqueo, se puede detener.

Personas y organizaciones de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Italia y de otros lugares del mundo, se unen para pedir el fin de la guerra en Yemen y solidaridad con sus habitantes. Exigimos ahora mismo a nuestros gobiernos:

–> Paren la agresión contra Yemen
–> Paren el suministro de armas y el apoyo a la guerra de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos
–> Levanten el bloqueo sobre Yemen y abran todos los puertos y aeropuertos
–> Restablezcan y aumenten la ayuda humanitaria al pueblo yemení

Pedimos a la gente de todo el mundo que se manifiesten contra la guerra el 25 de enero de 2021, justamente unos días después de la inauguración presidencial en Estados Unidos y del día previo a la Iniciativa de Inversión `Davos en el Desierto´ de Arabia Saudita.

Pedimos a personas y organizaciones en todo el mundo que ese día se manifiesten en sus localidades -con las mascarillas y otras medidas de prevención- para decir alto y claro:

EL MUNDO DICE NO A LA GUERRA CONTRA YEMEN

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Ver también: Las corbetas que vende Navantia se usan para bloquear puertos en Yemen y que no pueda entrar ayuda humanitaria

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Más sobre Tortuga

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Las comparaciones son odiosas: Barcelona, terroristas, Yemen

25 January, 2021 - 00:01

Este pasado 21 de enero la Fiscalía ha anunciado que hace definitivas sus peticiones de cárcel para los tres acusados de colaborar con la célula terrorista causante de los atentados en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017.

En ningún momento quiero frivolizar con los tristes sucesos, sólo pretendo poner el punto de atención en nuestra hipocresía. Ya sabemos que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio.

Los tres reos están acusados de colaboración con los que cometieron aquellos asesinatos que lamentamos todos.

Mohamed Houli Chemlal está acusado de haber participado en la elaboración de explosivos. 41 años de reclusión pide la Fiscalía.

Driss Oukabir está acusado de ayudar a los terroristas entre otras cosas a conseguir una furgoneta. 36 años pide la Fiscalía.

Said ben Iazza está acusado de suministrarles sustancias para crear los explosivos. 8 años de cárcel pide la Fiscalía.

Los tres procesados proporcionaron armas y medios a la célula yihadista.

Según la RAE arma es el instrumento, medio o máquina destinado a atacar o defenderse.

Esta definición de nuestra ilustre academia de la lengua se nos queda corta; me gusta más esta que nos propone Marcelo Colussi:

“Cuando decimos "armas" nos referimos al extendido universo de las armas de fuego (aquellas que utilizan la explosión de la pólvora para provocar el disparo de un proyectil), el cual comprende un variedad casi infinita que va desde lo que se conoce como armas pequeñas (revólveres y pistolas -las más comunes-, rifles, carabinas, sub-ametralladoras, fusiles de asalto, ametralladoras livianas, escopetas), armas livianas (ametralladoras pesadas, granadas de mano, lanza granadas, misiles antiaéreos portátiles, misiles antitanque portátiles, cañones sin retroceso portátiles, bazookas, morteros de menos de 100 mm.), a armas pesadas (cañones en una enorme diversidad con sus respectivos proyectiles, bombas, explosivos varios, dardos aéreos, proyectiles de uranio empobrecido), y los medios diseñados para su transporte y operativización (aviones, barcos, submarinos, tanques de guerra, misiles), a lo que hay que agregar minas antipersonales, minas antitanques, todo lo cual constituye el llamado armamento convencional.”

Pues ninguno de estos elementos citados estuvieron en manos de los susodichos reos.

Sin embargo aquí va un breve listado de productores en suelo patrio de armas ARMAS.
(Digo breve porque el Ministerio de Defensa cuenta en su catálogo con un total 608 empresas inscritas en la industria armamentística, que suman una cifra de negocio en 2015 de 5.891 millones de euros, de la que más del 83% se factura en el exterior).

EXPAL Explosivos Alaveses SA. está dedicada a la fabricación de sistemas y granadas de mortero de 60mm, 81mm y 120mm. Está especializada en la munición de artillería y cargas de proyección, espoletas de granadas, proyectiles y bombas de aviación, explosivo plástico y artefactos de demolición.
MAXAM, sede Madrid fabrica todo tipo de explosivos para distintos sectores, desde la minería a la defensa.
SANTA BARBARA, especializada en armas y vehículos blindados, fusiles de asalto, de cañón ligero, lanzadores automáticos de granadas, municiones, ametralladoras, miles antiaéreos, lanzacohetes y torretas con artillería para carros de combate y vehículos blindados.
INSTALAZA, armas de infantería de un solo uso, bombas y granadas, dispositivos de visión nocturna para ser usados con fusiles de asalto
MBBDA, Se trata del mayor consorcio empresarial de misiles europeo, que cuenta con sede en Madrid.
SAPA PLACENCIA. Esta compañía fabrica artillería pesada, antiaérea y armas ligeras,
OTO MELARA IBÉRICA, vehículos blindados, torretas y cañones.
RAFAEL Advanced Defense Systems. Compañía israelí que se instala en España en 2010. Fabricante de misiles anticarros y vehículos.
Said ben Iazza, acusado de suministrar sustancias.
Driss Oukabir, está acusado de conseguir una furgoneta.
Mohamed Houli Chemlal, acusado de participar en la elaboración de explosivos.
INDRA, sistemas de vuelo de los aviones de combate F-2000, los Helicópteros Tigre y NH-90; toda la electrónica y sistemas de comunicación de toda clase de buques de guerra y submarinos que construye la estatal Navantia; los blindados Pizarro y Leopardo que fabrica Santa Bárbara Sistemas; el guiado de misiles que disparan todos estos armamentos; sistemas de guerra electrónica.
NAVANTIA, construcción de patrulleros de altura, grandes buques militares, patrulleros rápidos y buques especiales, cuenta además con una fábrica de sistemas de última tecnología, donde se desarrollan sistemas de combate, armas, sistemas de control de buques y de seguridad marítima. Las corbetas que vende Navantia se usan para bloquear puertos en Yemen y que no pueda entrar ayuda humanitaria.

Pit, pit piiiit, pit, piiiiittt))))))))
Perdonen, estoy recibiendo un aviso desde redacción.
Pi, pit piiiit, pitt, piiii))))

Ah, sí.
Parece ser hay un error. Sin querer he mezclado datos en el listado de fabricantes de armas y se han catalogado en ellas tres nombres que no tienen licencia oficial. Y, por tanto, estos tres errores no tienen nada que ver con la exportación de armas a lugares en conflicto como YEMEN.

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Por qué el gobierno de España es cómplice de las más de 300.000 muertes en la guerra de Yemen

25 January, 2021 - 00:00

Isa Ferrero

Autora de 'Negociar con asesinos. Guerra y Crisis en Yemen'

Aproximadamente 310.000 personas han muerto en una guerra que se ha mostrado devastadora. Yemen corre el peligro de vivir una hambruna como no se ha visto en décadas. Mientras, el gobierno de España destina mil veces menos ayuda humanitaria en comparación a los 435,2 millones autorizados a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en el 2019.

Poner cifras a horrores que suceden a diario tiene el riesgo de deshumanizar el sufrimiento que viven a diario millones de personas. No obstante, es imprescindible que se haga para ser consciente del grado de destrucción que provocan las guerras y la alta inmoralidad en la que se sustenta el comercio de armas, los "instrumentos de muerte que fabricamos para los que viven en Oriente Próximo", como decía Robert Fisk.

Uno de los esfuerzos más importantes que se han realizado en este sentido es el informe de abril de 2019 del Pardee Center para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este estudio permitió, en el año 2019, poner una cifra real al conflicto. De aquí viene el dato de las 233.000 muertes.

El informe fue muy importante porque, aparte de hacer una radiografía de los severos daños que van a pagar las generaciones venideras en Yemen, reveló el enorme coste humano de esta guerra. Uno de los aspectos más destacables es que ya en el año 2019 más de la mitad de las muertes producidas se debían a causas indirectas como la "falta de acceso a comida, servicios sanitarios e infraestructura". Este enorme sufrimiento era completamente predecible, tal como lo admitió uno de los hombres claves de la administración Obama en Oriente Próximo, Robert Malley.

Los instrumentos de muerte exportados desde Occidente han servido para que la Coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos iniciara una mezquina campaña de bombardeos contra la población, las infraestructuras y contra la agricultura del país. Una campaña para matar de hambre a la población que ha venido de la mano de un bloqueo por tierra, mar y aire. No hay ningún tipo de duda de cuál era el objetivo: Yemen, un país extremadamente pobre, "siempre ha dependido de importar comida" y antes de la guerra importaba el 90% de ella.

Esta es la razón por la que resulta desconcertante pensar que el gobierno de España sigue empeñado en vender cinco corbetas a Arabia Saudí por 1.800 millones de euros, tal como lo ha dejado caer la secretaria de comercio, Xiana Méndez Bértolo. Una venta que no solo es contraria al Tratado sobre el Comercio de Armas (2014), sino que también es ilegal con respecto a la ley española 53/2007.

No obstante, han pasado casi dos años y el coste humano es cada vez más grande. Por lo tanto, es necesario revisar este dato. Por un lado, hay que sumar a las 233.000 muertes las producidas en combate durante el año 2020, dadas por el "Armed Conflict Location and Event Data Project" (ACLED). Hemos utilizado los datos del ACLED, porque según el estudio "son más representativos" que el resto.

Desde el 1 de enero de 2020 al 8 de enero de 2021, 19.831 personas han muerto. Aunque para hacer una estimación adecuada, hay que sumar las del año 2015. La razón es que el informe no las cuenta porque en ese momento el ACLED no había reportado esos datos y se utilizó para el cálculo la cifra de 6.778 procedente del UCDP. Ahora sabemos que, durante el año 2015, ha habido 17.474 víctimas mortales, una diferencia de 10.696.

A todas estas cifras actualizadas del ACLED, hay que sumarle las muertes indirectas. Para ello, nos hemos puesto en contacto con el director del Pardee Center, Jonathan D. Moyer. Aproximadamente 46.333 personas murieron de forma indirecta, lo que supone que en el año 2020 ha habido cerca de 66.000 muertes.

Sumando esta cifra a las nuevas que nos ha proporcionado el ACLED, se llega a la conclusión de que aproximadamente 310.000 personas han muerto en la guerra de Yemen.

Sin embargo, conviene hacer varias precisiones. Este informe se realizó en abril del año 2019, y, por lo tanto, no ha tenido en cuenta el grave deterioro de la crisis humanitaria vivida en Yemen durante el año 2020. La situación ha ido empeorando, pese a que a finales del año 2019 había cierto optimismo.

Los enfrentamientos entre todas las partes beligerantes se han intensificado. En el norte, los hutíes siguen dando muestra de su crueldad contra la población, mientras que en el sur es cada vez más palpable el fracaso de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos de formar un gobierno estable. Lamentablemente, la alta violencia ha coincidido con inundaciones muy severas y con la llegada del coronavirus. La gente no solo enfrenta la amenaza del hambre, sino que, de igual forma, está acorralada por otras epidemias como el cólera, la malaria y la difteria, tal como nos cuenta Eva Erill, de Solidarios Sin Fronteras, que lleva desde el año 2015 intentando hacer lo imposible para detener este desastre.

La respuesta de los países occidentales muestra una vez más la degradación moral de nuestras élites políticas. Aparte de enriquecerse con el comercio de armas, no han movido un dedo para financiar programas humanitarios que estaban colapsando por la falta de fondos. Se ha destinado solamente el 50% del plan de ayuda de Naciones Unidas de 2020, cuando este plan ya había sido recortado un 20% con respecto al año 2019. La decisión de la administración Trump de designar como organización terrorista a los hutíes es otro paso más para matar de hambre a millones de personas.

El pasado noviembre, el secretario General de la ONU, António Gutierres, advirtió que "Yemen está en inminente peligro de vivir la peor hambruna que el mundo ha visto en décadas". ¿Qué supone esto? Básicamente, reconocer que "millones de personas pueden morir" si no se actúa de inmediato. Además, se corre el peligro de volver a lamentables episodios vividos como el de Etiopía en el año 84 o el de Irak en la década de los 90.

La degradación moral también se traslada a España. Durante el año 2020, el Gobierno envió menos de 400.000 euros en ayuda humanitaria a Yemen. Una cantidad 460 veces inferior que la enviada por Alemania, pese a que este país decretó un embargo de armas a Arabia Saudí en el año 2018. La ayuda humanitaria enviada por España es del orden de mil veces inferior a la que autoriza con respecto a la venta de armamento. En el año 2019 se autorizó la venta de armamento de 435,2 millones de euros a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Durante el primer semestre de 2020 (el segundo semestre todavía no se conoce) se autorizó 121,31 millones de euros en armas a estos dos países, mientras que en esos mismos meses se envió 0 euros de ayuda humanitaria.

El pasado 21 de diciembre, el diputado de Unidas Podemos, Roberto Uriarte, presentó una Proposición no de Ley (PNL) apoyada por Joan Josep Nuet (ERC) y Jon Iñarritu (EH Bildu) para enviar ayuda humanitaria y que se atendieran las peticiones de las organizaciones humanitarias. Sin embargo, el Partido Socialista diluyó la PNL presentando una transaccional con el objetivo de retrasar el envío de ayuda humanitaria a Yemen y alejando cualquier prohibición o embargo a Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. Las relaciones diplomáticas con estos dos países siguen siendo vergonzosas, muestra de ello ha sido la huida pactada de Juan Carlos entre Partido Socialista y Felipe VI. El desprecio de nuestras élites hacia los derechos humanos es más que palpable en nuestro país. No es de extrañar el enfado de las organizaciones humanitarias y en defensa de los derechos humanos: las corruptelas de nuestras élites han pesado más que la vida de más de 300 mil personas.

Público

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Invierno

25 January, 2021 - 00:00

Categorías: Tortuga Antimilitar

Todos somos soldados, pero los generales van los primeros en la lista de vacunación

24 January, 2021 - 00:00

Ver también en Tortuga:

El Jemad y otros altos cargos del ejército se han puesto la vacuna del covid-19

Iñigo Sáenz de Ugarte

El Ministerio de Sanidad ha decidido aplazar la vacunación del personal sanitario que no esté en primera línea en la lucha contra la Covid para adelantar el inicio de la inmunización de las personas mayores. Otros se han dado más prisa. Un grupo numeroso de políticos, sobre todo en pequeños ayuntamientos, ya se ha saltado el protocolo aprobado para colarse en la lista de vacunaciones con todo tipo de excusas. Es una de esas cosas que no resulta sorprendente en este país. Habrá quien piense que esto es inaudito en mitad de una pandemia. En realidad, es al revés. Estaba cantado que algunos iban a ocuparse de hacer valer su posición en un momento de tantas urgencias como este.

Lo peor de todo es que se han vacunado en secreto y sólo se ha sabido gracias a los medios de comunicación. En la parte positiva, hay que apuntar que estos chanchullos se han conocido muy pronto, cuando aún no se ha consumido el primer mes de un proceso que será muy largo, y se supone que se tomarán las medidas necesarias para que algo así no se repita.

Entre las revelaciones inesperadas está la de que las Fuerzas Armadas ya han recibido su cupo personal e intransferible de vacunas. Antes de que los médicos de urgencias en los hospitales reciban su dosis, nos hemos enterado de que los generales ya han enseñado el brazo para que les pinchen. Y evidentemente nadie se había molestado en comunicarlo. De hecho, ni siquiera lo sabía la ministra de Defensa. La sanidad militar tiene su propia estructura, pero eso no justifica que tenga su propio protocolo por el que los que tienen más estrellas no deben esperar mucho tiempo.

Puestos a encontrar razones de peso, no parece un error que se vacune a los militares destinados a misiones internacionales en países con una infraestructura sanitaria inferior a la española o que partan en una misión en un buque durante varias semanas. Lo que es más difícil de aceptar es que el jefe de Estado Mayor de la Defensa, que trabaja en un despacho, haya recibido su primera dosis. El general Miguel Ángel Villarroya tiene 63 años. Los españoles de más de 70 años que viven en su casa aún no han sido vacunados.

Villarroya animó las primeras ruedas de prensa del comité gubernamental de gestión del coronavirus con esas frases tan castrenses. "En esta guerra irregular y rara que nos ha tocado vivir, en la que nos ha tocado luchar, todos somos soldados", dijo en marzo.

Todos somos soldados, pero cuando llegan las vacunas los generales van los primeros en la lista. Lo contrario que en el campo de batalla, donde son los soldados los que saltan los primeros en la trinchera. Villarroya no es el único que ha demostrado el "espíritu de servicio" del que alardeaba en sus ruedas de prensa. Otros militares del Estado Mayor, más jóvenes que él, también se han sacrificado. Todo sea por España.

Los hay como Albert Rivera –qué raro que se metiera en la polémica en calidad de político jubilado– que han pedido que se vacune a los políticos con independencia de su edad "para dar ejemplo". Es algo que no parece ya necesario. Según una encuesta internacional de YouGov, ha aumentado de forma notoria el porcentaje de europeos que se han vacunado o están dispuestos a hacerlo. Veinte puntos más en Reino Unido, 19 puntos más en Italia o 18 puntos más en España. Incluso en Francia, el país europeo con mayor oposición a las vacunas.

El premio gordo de la lista de políticos con privilegios lo encabeza el ya exconsejero de Salud de Murcia, que incluyó a 400 altos cargos y funcionarios de su departamento en la vacunación exprés. En segundo lugar, se encuentra el consejero de Salud de Ceuta, que tiene el privilegio de haber ofrecido la explicación más surrealista (y la ventaja de que su presidente, del PP, no le cesará). Él no quería, porque ni siquiera le gustan las vacunas. No dijo por qué. Afortunadamente.

Después, aparecen una serie de alcaldes de pequeñas localidades que aprovecharon su oportunidad. El récord del descaro podría estar en la localidad vallisoletana de Villavicencio de los Caballeros. El alcalde, dos concejales y el cura del pueblo fueron inscritos como trabajadores de una residencia de ancianos que no habían pisado con el fin de inmunizarlos. Todo porque forman parte del patronato que controla la residencia.

El alcalde de La Nucía, en Alicante, alegó que es el médico del equipo de fútbol de la localidad. Mucho más peligroso que ser médico en un hospital. Otro argumento recurrente de otros cargos políticos es que "sobraban dosis", como si eso significara que había barra libre para los voluntarios. El senador tinerfeño Antonio Alarcó justificó sus privilegios por ser cirujano y población de riesgo, aunque aún no ha empezado la vacunación para esos grupos. El alcalde de Villahermosa del Río, en Castellón, dijo que era administrador de una residencia, un puesto que de momento se considera que no es personal sanitario.

Esta pandemia servirá para que no se contemple con tanta ternura eso que se ha llamado la picaresca española.

Entre los elegidos, hay nueve cargos electos del PSOE y siete del PP. No hay que ser un genio para saber que el partido que mire a otro lado al saberse que sus políticos le están echando mucha cara va a pagar un precio muy alto. Tras el papelón de Murcia, el PP ha prometido que reaccionará con "ejemplaridad" si se conocen casos de este tipo en su partido. El PSOE anunció el viernes que pedirá la dimisión de sus cargos públicos que incumplan el protocolo de vacunación, porque "no consiente este tipo de actitudes insolidarias". Se ha referido en concreto al alcalde de Asín, un pueblo de 98 habitantes.

No importa el tamaño del municipio. Ahora mismo no hay nada peor que recurrir al poder, por pequeño que sea, para saltarse la cola.

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No me gustan ni la "burrocracia", ni los bancos, ni, a veces... la policía

24 January, 2021 - 00:00

Corría el verano del año 2000, veraneaba en la isla de Ons con un novio lugareño, vivía en el paraíso; sin coches, sin contaminación, comiendo maravillas que nosotros mismos conseguíamos: pulpo, nécoras, bruños (centollos pequeños llenos como panes), almejas, maragotas, lubinas salvajes, percebes, sargos... Teníamos gallinas que comían nécoras. ¡Qué huevos! Teníamos patatas. ¡Qué huevos con patatas! Cebollas como platos de grandes. En esa época había mucha libertad; se podía coger de todo...
Ahora ya no.

Hacía un tiempo que nos habían invitado a una boda. Se casaba en Pontevedra capital una pareja amiga mía de toda la vida, M. y S., el 22 de julio. Pues ahí que nos vamos los dos. Fue una boda preciosa.

Al salir de la boda, al volver a casa, tuvimos un pequeño incidente. Nos metimos en un pequeño tramo de una callejuela de Pontevedra por prohibida. Juraría que era buena dirección hacía poco. Justo había un policía local dándonos el alto, yo iba de copiloto y le dije: frena M., que te has metido por prohibida... Frenó en seco y nos quedamos parados. El policía sacó a M. a la fuerza del coche y lo tiró al suelo, le hizo soplar y dio positivo. Yo tampoco estaba para conducir y nos llevó a la comisaría de la calle Joaquín Costa.

Estando en comisaría yo me quedé frita en los asientos de la entrada y, al despertar, tenía a M. al lado y le pregunté, medio malhumorada, que qué hacíamos allí, y me dijo que seguramente estaban esperando a que se nos pasara la borrachera.

Me fui a hablar con un policía que estaba haciendo papeles en una mesa y le dije que me explicara la situación y me dijo:

¡Usted siéntese, cállese! Le dije que prefería que me tuteara a que usara ese usted machacón y que hablábamos el mismo idioma, que me explicara. Me dijo que M. estaba acusado de conducir ebrio y de atentado a la autoridad. Alucinamos.

M., que hablaba solo gallego dijo: Eu que non boteu un petardo na miña vida nunha festa... (yo que no eché un petardo en mi vida en una fiesta...). M. pensaba que se le acusaba de atentado con bomba. Yo pegué una risotada nerviosa, con lágrimas en los ojos de la impotencia, se lo expliqué y se calmó un poco.

Yo jamás había tenido un altercado con la policía, y pregunté quién había hecho semejante acusación, la de atentado a la autoridad, y me señalaron al policía que nos había dado el alto, un tipejo joven, flaco y con cara de malas pulgas, y le grité: Esto es la policía, ¡¿la verdad y el orden?! ¡Esto es una panda de sinvergüenzas!

Le hicieron a M. las fotos pertinentes, recordad que íbamos los dos muy guapos vestidos de boda, lo querían encerrar en el calabozo. M. dijo que sufría claustrofobia y la policía optó por dejarle sentado en una silla fuera de las celdas. Yo lo pude acompañar, pude ver dentro de una de las celdas, la única que estaba ocupada, en la que había otro señor de otra boda.

Salí a sentarme con la mujer del de la celda, que lloraba desconsolada en una de las sillas de la entrada. Yo grité que les iban a dar una medalla a todos por sus detenciones de esa noche y que les podía pasar a cualquiera de sus hijas una noche de boda cualquiera. Se acercó un policía y me ofreció las llaves del coche y me dijo que me podía ir cuando quisiera. Con la “medio prea” que aún llevaba le dije, dando una palmotada en una mesa: yo he venido con M. y me voy con M.

Le hicieron un juicio rápido, le adjudicaron un abogado de oficio, que no era otro que V., otro amigo mío de toda la vida, que no hacía mucho que se había sacado la carrera. Le condenaron a un año sin carnet y 100.000 ptas. de multa (600 euros de ahora). El juez no se tragó lo del atentado a la autoridad ¡Menos mal!

Fuera de los juzgados me encontré con el policía de marras y le dije que en menudo marrón nos quería meter, y me dijo todo convencido: Metisteis la primera.

Continuará...

D.E.P- M. R. S. Siempre te llevaré en mi corazón.

No me gustan ni la "burrocracia", ni los bancos, ni, a veces, la policía (2).

Viene del capítulo anterior.

Corría octubre del año 2000, encontré trabajo en un horno-cafetería llamado Campolongo 5, en Marín (Pontevedra). Yo estaba de camarera en la cafetería y mi jefe, Don Ramón Crespo Figueroa, que era conocido de mi familia de hacía muchos años. Él y yo nos teníamos gran estima, me daba buenos consejos; fue el primer panadero en vender pan los domingos y había llegado a ser presidente del Pontevedra C.F. 1993-1997.

Don Ramón venía todos los días a tomarse su buena copa de vino, a veces lo hacía acompañado del policía que me mandó sentar y callar con el "usted" machacón, de la comisaría de la calle Joaquín Costa, con el uniforme. Le comenté a mi jefe el problema que había tenido ese verano y me dijo que tenía que haber recurrido a él y que me hubiera sacado de aquel meollo, pero yo no pensé en él en aquel momento.

La policía iba a celebrar en la comisaría de Joaquín Costa el día del Ángel Custodio, su patrón, y me mandaron a mí con el uniforme del trabajo, que era blusa blanca y falda verde, a pasearme, contonearme “sonriente” con una bandeja ofreciendo Viña Costeira, un ribeiro muy rico y deliciosos canapés a todos los polis del lugar. El amigo de mi jefe me dijo, en voz baja y al oído, que le guardara una botellita que se iba a jugar al póker con los amigos, y cuando la fiesta concluyó, les esperaba la flota de coches en la puerta de comisaría, algunos polis más afectados que otros. Me hubiera gustado que algún compañero de servicio les hubiese dado el alto y les hubieran hecho la prueba de alcohol o de “drojas”.

Recomendación: Si bebes no conduzcas y si te drogas tampoco.

D.E.P. Don Ramón Crespo Figueroa.

Categorías: Tortuga Antimilitar

El Jemad y otros altos cargos del ejército se han puesto la vacuna del covid-19

23 January, 2021 - 00:00

Las dosis que les sobraron se las han puesto, al parecer, a militares de la base de Torrejón.

Porque como todos uds. sabrán, si hay alguna función absolutamente esencial para la sociedad, más que la propia sanidad, es la dirigencia del ejército. Imaginen que dos o tres generales de estos se ponen enfermos de coronavirus y no les da tiempo a participar en alguna reunión de esas donde se decide qué tanques y misiles hay que comprar urgentemente. Sería una auténtica catástrofe para todos nosotros.

Por cierto, la justificación que ofrecen desde el Estado Mayor del ejército es que "el proceso de vacunación de las Fuerzas Armadas, detallan, es independiente del que se sigue en el resto de la sociedad". O sea, que ellos, que se consideran un ente totalmente autónomo dentro del estado, van a su bola. Con ellos no van los protocolos de la OMS, de la UE, del gobierno o de las autonomías. Ellos hacen lo que les da la gana, que para eso son militares. Tomen nota, porque esto mismo -hacer de su capa un sayo- pasa en otros ámbitos, por ejemplo en el de la justicia "militar".

Nota de Tortuga.

Robles pide explicaciones al Jemad tras conocer que ha recibido la vacuna

El Estado Mayor redactó un protocolo que prioriza a sanitarios, miembros de misiones internacionales y la cadena de mando según un criterio de edad.

EFE

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido explicaciones al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Miguel Ángel Vilarroya, por el hecho de que se le haya administrado la vacuna de la Covid-19 tanto a él como a otros mandos del Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Así lo ha afirmado a raíz de la información adelantada por El Confidencial Digital de que tanto el general Villarroya como otros generales del EMAD ya han recibido la primera dosis de la vacuna, un hecho que este organismo justifica en que eran los siguientes, por edad, siguiendo el plan de vacunación establecido por la Subsecretaría de Defensa.

Robles ha añadido que a lo largo del día Villarroya le hará llegar un informe sobre las vacunaciones en el EMAD. "En función a lo que diga el informe, veremos", ha asegurado para defender acto seguido que "el EMAD trabaja siempre con muchísimo rigor coordinando las operaciones".

Robles ha indicado que en el Ministerio de Defensa "no se ha vacunado a nadie" porque se siguen los mismos criterios que para los civiles, y que las vacunas de los hospitales militares de Madrid y Zaragoza se administran de acuerdo a los planes de sendas comunidades autónomas.

En el caso del Hospital Gómez Ulla de Madrid, ha indicado que este jueves se paró la vacunación, lo que le "preocupa", mientras que en el centro sanitario de la capital aragonesa marcha a buen ritmo.

En las vacunaciones en el EMAD, Robles ha indicado que ella no ha tomado las decisiones de a qué grupo se les administran primero, porque desconoce "cómo se estaba desarrollando ese plan de vacunación".

El EMAD es el órgano que se encarga de las operaciones de las Fuerzas Armadas, tanto las misiones en el exterior como las que se desarrollan en España de manera permanente.

Según fuentes del EMAD consultadas por EFE, efectivamente se le ha administrado la primera dosis al Jemad, así como al general de división Francisco Braco, encargado de coordinar todas las misiones como comandante del Mando de Operaciones, y al Jefe del Estado Mayor Conjunto, Fernando García González-Valerio.

Las fuentes oficiales han justificado este hecho en que eran a los que, por edad, les correspondía la vacuna, una vez que ya se le había administrado a los sanitarios militares, en primer lugar, y a los militares que se iban a ir a una misión, en segundo.

El proceso de vacunación de las Fuerzas Armadas, detallan, es independiente del que se sigue en el resto de la sociedad. En el caso del EMAD, el tercer grupo en recibirlas son sus efectivos, tanto militares como civiles, que participan, dirigen, coordinan o planifican las operaciones.

Dentro de este grupo, justifica el EMAD, se reparten primero teniendo en cuenta principalmente la edad, razón por la que se han administrado a los generales, que suelen ser mayores, pero también a otros militares y civiles de otros rangos, incluyendo a personal de tropa, la escala más baja.

Aparte de la edad, añade, se ha tenido en cuenta también que las vacunas se repartan entre todas las escalas y los distintos organismos dentro de los que trabajan en las operaciones militares.

Reacciones políticas

El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha subrayado este viernes que si el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) se ha vacunado contra la covid-19 debe dimitir o ser cesado.

"Si el Ministerio de Defensa ha elaborado un protocolo que ha permitido a esos mandos vacunarse antes que la población o que otros militares en riesgo, Robles debe dar explicaciones", ha señalado a través de su cuenta en Twitter tras hacerse público que el Jemad y otros generales ya han recibido la primera dosis de la vacuna.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Santiago ha subrayado que "hay que ser muy estrictos" y, en un momento de escasez de vacunas, aplicar "estrictamente" los criterios para proteger a los colectivos más vulnerables, entre los que no estaría incluido el Jemad .

El portavoz de Justicia del PP, Luis Santamaría, ha señalado que lo que le preocupa a su partido es la "doble vara de medir" sobre estos casos.

"He visto dimitir a una persona en Murcia y no he visto dimitir al alcalde de Rafelbunyol, en mi tierra", ha señalado en el Congreso tras participar en la Comisión de investigación de la denominada operación Kitchen.

El portavoz adjunto del grupo socialista, Felipe Sicilia, ha señalado por su parte que desconocía las informaciones sobre el JEMAD, pero ha asegurado que los socialistas piden "la máxima responsabilidad a todas las personas y a todos los responsables públicos".

"El PSOE ha demostrado qué es lo que hace cuando alguno de sus responsables no cumple con el plan de vacunación", ha recalcado tras recordar que el alcalde de Rafelbunyol, junto a otros dos, han sido suspendidos cautelarmente de militancia.

Para el diputado Joan Baldoví (Compromís), el caso del Jemad "es igual de impresentable que el último alcalde o el último personaje público que se ha vacunado".

"Los protocolos están para seguirlos y no es decente ninguna excepción, ninguna", ha recalcado.

En una linea similar se ha expresado Jon Iñarritu, diputado de EH-Bildu, quien ha cuestionado también que Defensa tenga un cupo de vacunas y un protocolo propio.

"La pregunta que nos hacemos es si el capitán general de todos los Ejércitos, es decir, el jefe del Estado ha sido vacunado y bajo qué criterios", ha señalado Iñarritu para exigir transparencia. "Aquí parece que se ha vacunado todo el mundo que ha podido", ha denunciado.

Diario Información

Polémica en el Ejército: militares de la Base Aérea de Torrejón son vacunados con dosis que «sobraban»

Varios militares de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, han sido inoculados contra el coronavirus con vacunas que «sobraban», según han podido confirmar fuentes cercanas al Ejército a The Objective. Se trata de 16 «militares de tropa» destinados en el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón (CAOC TJ), que depende del Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Por qué es importante: según el Ministerio de Sanidad, los militares no son personal esencial, por lo que estos deberían ser vacunados en la fase 2 de la campaña, es decir, en marzo. No obstante, Defensa ya anunció que comenzaría a poner en marcha la campaña de vacunación de los profesionales de las Fuerzas Armadas antes de que termine el mes de enero pero a aquellos cuyas unidades estén más expuestas al riesgo de contraer el virus.

Por lo que ha podido saber The Objective, había 16 vacunas disponibles que iban destinadas a mandos, oficiales y suboficiales que, por algún motivo, «han decidido no ponérsela» y, finalmente, han acabado en el cuerpo de varios militares que «realizan labores administrativas», como confirman las mismas fuentes. «En este cuerpo, normalmente sólo salen de misión los mandos», por lo que estas vacunas no deberían haber sido inoculadas a estos miembros que «no están expuestos a ningún riesgo» por el coronavirus

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«Ayer me pusieron en mi trabajo la primera dosis de la vacuna Covid19 de Pfizer. Ayer tenía un sentimiento de culpabilidad por habérmela podido poner antes que mis padres, mi padre con enfermedad renal crónica y tratamiento de diálisis y mi madre con diabetes y ambos con 84 años», se puede leer en una publicación de Facebook de uno de los militares beneficiados, publicación que posteriormente borró. El texto iba acompañado por una fotografía de su cartilla de vacunación militar. En ella se puede ver la fecha en la que recibió la primera vacuna, el 19 de enero, y la fecha en la que recibirá la segunda, el 9 de febrero, además del número de localización de la partida de la vacuna que, según hemos podido comprobar, pertenece al Estado Mayor de la Defensa.

En el mismo post de la publicación, en la parte de comentarios, este militar reconoce que «había puestos más críticos» y que había tenido «la suerte» de que la vacuna llegara a él.

Todo esto tiene lugar cuando este mismo jueves Madrid ha suspendido la vacunación de los sanitarios porque «se ha quedado ya sin vacunas». En este sentido, según ha afirmado el consejero en la Asamblea de Madrid, por la mañana la Comunidad había administrado 150.000 dosis, «un 85% del total de las recibidas», y se han reservado las segundas dosis para garantizar su inoculación pasados 21 días a quienes ya la han recibido.

La vacunación con el coronavirus, según anunció el Gobierno, está basada en tres fases, de las cuales solo la primera está definida. En ella se están vacunando el personal sanitario y los internos de residencias de mayores y su personal laboral. El resto de colectivos esenciales, como policías, militares o profesores, está previsto que se incluyan en la fase 2, que debería comenzar el próximo mes de marzo, pero para la que todavía no hay ningún plan por escrito.

No obstante, el Ministerio de Defensa se ha desmarcado de las directrices de Sanidad, ya que ya ha iniciado la inmunización de su personal frente al coronavirus. Hasta ahora, lo que sí se sabe –aunque Defensa no ha informado de ello oficialmente– es que los primeros militares en recibir la vacuna de Pfizer BionNtech serían los miembros de los contingentes que deben salir de misión al extranjero en las próximas semanas. Sin embargo, ninguno de los 16 militares vacunados en Torrejón tiene previsto ser destinado al extranjero.

Fuente: https://theobjective.com/polemica-e...

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Detenidos por Marlaska le entregan las condenas por no investigar torturas

23 January, 2021 - 00:00

Nicolas Tomás

Una vez más, España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar denuncias de tortura. Una vez más, el juez instructor era Fernando Grande-Marlaska. De hecho, de las diez condenas por este motivo, en siete el protagonista era el actual ministra del Interior. Por este motivo, al día siguiente de la nueva condena, los detenidos en la operación Aztnugal se han plantado en la sede del Ministerio, en Madrid, donde le han entregado las condenas del Tribunal de Estrasburgo y también una carta donde le señalan como responsable.

La carta está firmada por Iker Moreno, Xabier Beortegui, Jon Patxi Arratibel, Íñigo Gónzalez y Gorka Mayo. Y recuerdan la operación contra ellos, de la que Marlaska era el instructor como magistrado de la Audiencia Nacional: "Hace diez días a estas horas estábamos incomunicados en manos de la Guardia Civil. Fuimos torturados, con total impunidad, como miles de personas en Euskal Herria. Cinco días y noches interminables de tormento físico y psicológico. En pleno siglo XXI. En el centro de la capital española".

En este contexto, los detenidos recuerdan como de aquella operación se derivaron tres causas en el TEDH, que acabaron con tres condenas al Estado español por no "investigar de manera exhaustiva y eficaz" las denuncias de torturas. Adjuntan estas tres sentencias, así como el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Aquel informe, después de una visita a España, constataba que "la delegación recibió alegaciones creíbles y consistentes de malos tratos de 10 de las 11 personas con las que mantuvo entrevistas".

Por todo eso, señalan el exjuez y actual ministro como máximo responsable de garantizar su integridad física y psicológica. Y le envían preguntas: "¿Era Usted conocedor del trato cruel, inhumano y degradante que sufrimos en dependencias policiales? ¿Por qué hizo caso omiso de nuestras denuncias?". Unos interrogantes que probablemente quedarán sin respuesta. De momento, la misiva está registrada en la sede del Ministerio del Interior.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado a favor de Íñigo Gonzalez, detenido por la Guardia Civil en enero de 2011, y que denunció haber sufrido torturas durante el periodo de incomunicación. González fue detenido por orden del entonces juez Fernando Grande-Marlaska. Ayer, Estrasburgo remitió una nueva condena, la víctima había denunciado que durante el interrogatorio le pusieron una bolsa sólo entrar, ahogaron, pegaron y hasta llegar a "tener ganas de vomitar porque ya no aguantaba más". La extorsión hacía que, después, la declaración siguiera a rajatabla el dictado que habían marcado los agentes policiales.

Todos ellos fueron condenados a penas de prisión por Grande-Marlaska, que consideraba probado que estos miembros de Ekin habían actuado a las órdenes de ETA. Ekin está considerada la estructura que ETA creó para dinamizar y dirigir todo el apoyo a la banda en su parte legal y transmitir sus directrices en torno a Batasuno. La organización se disolvió y animó a sus militantes a integrarse en la nueva apuesta de la izquierda abertzale.

Fuente: https://www.elnacional.cat/es/polit...

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Día de acción contra la guerra en Yemen

23 January, 2021 - 00:00

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Autoextinción

22 January, 2021 - 00:00

Que no cunda el pánico. El ecocidio tendrá un final feliz para la naturaleza. Ella misma, convertida en desierto y ceniza nos dirá, más pronto que tarde cuando será el fin de la 6ª extinción. Ésta vez no provocada por glaciaciones o meteoritos, sino por el suicidio colectivo inducido por el “homus inbécilis” y, cuando nos auto-extingamos, tendrá millones de años para reinventarse.

La cara más dramática del ecocidio para la humanidad está siendo el genocidio global. Epidemias, migraciones forzosas, guerras intestinas… nos hacen comprender las historias no contadas, las de las grandes mayorías que han sido masacradas, explotadas, culpabilizadas y enterradas en la fosa común del olvido por la historia oficializada de quienes vencen por la fuerza. Reflejan la esencia de la actual condición humana impuesta, de ese ser que ha ido involucionando como especie hacia la cúspide de su degeneración. Ha conseguido tener la vertiginosa capacidad de asesinar masivamente a sus semejantes, al resto de los seres y a las condiciones naturales necesarias para su propia existencia. Lo mejor del resultado de su necrófila y entrópica obra final aún queda por llegar.

Las destrezas del “homus post-sapiens”, resultan difícilmente superables. Su capacidad de autodevoración, su habilidad racional para legitimar y normalizar el ecocidio y el genocidio. El hecho de haber construido una economía basada en la devastación indiscriminada de todo lo común, de toda la biodiversidad natural y cultural, amparada por la religión de la acumulación de capital, le ha convertido en un ser iracundo que mata y se autodestruye por puro aburrimiento. Todo ello en una guerra permanente y selectiva que provoca y se sustenta en el asesinato de la infancia, en el encierro de las mujeres, en el desprecio racista, en la manipulación y exterminación masiva de un lumpen-proletariado tan depauperado, que hace tiempo ha condenado a más de las dos terceras partes de la humanidad al estatus de seres prescindibles y eliminables, de población basura de usar y aniquilar.

César MANZANOS BILBAO

Soziologia eta Gizarte Langintza Saila/Departamento de Sociología y Trabajo Social

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Hannah Arendt y la terrible banalidad del mal

22 January, 2021 - 00:00

Pocos libros han provocado tanto revuelo como Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. Hannah Arendt aceptó ser la corresponsal de The New Yorker durante el juicio celebrado en Jerusalén contra Adolf Eichmann, teniente coronel de las SS y uno de los principales responsables de la deportación de los judíos europeos a los campos de exterminio nazis. David Ben Gurion quería recordar al mundo que millones de judíos habían sido asesinados por el simple hecho de ser judíos, no por sus actos o ideas: «Queremos que todas las naciones sepan que deben avergonzarse». La aparente insignificancia de Eichmann, pálido y fantasmal en la cabina blindada, contrastaba con la magnitud de sus crímenes. Hace unos años, el líder ultraderechista Jean-Marie Le Pen declaró que el Holocausto sólo era una nota a pie de página en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Desgraciadamente, tenía razón, si juzgamos el genocidio de judíos, gitanos y otras minorías desde el punto de vista del lugar que ocupó en la conciencia de la sociedad europea o la norteamericana. El destino de los judíos nunca preocupó demasiado y su exterminio contó con la cobertura legal e institucional. Las leyes de Núremberg, aprobadas por unanimidad el 15 de septiembre de 1935 durante el séptimo congreso anual del NSDAP, sólo representaron el primer paso de la discriminación, exclusión y exterminio de la población judía, un procedimiento que no adquirió el carácter de secreto de Estado hasta su último tramo (Conferencia de Wannsse, 20 de enero de 1942), si bien por entonces corrían por toda Europa historias sobre asesinatos masivos en cámaras de gas. Jan Karski , enlace del gobierno polaco en el exilio, y el conde Edward Raczyński, ministro de Asuntos Exteriores, informaron del genocidio a lo largo de 1942. Karski aportó su testimonio, pues había visitado clandestinamente el gueto de Varsovia y el campo de transición de Izbica, y Raczyński proporcionó pruebas y documentos en un informe titulado «El exterminio masivo de judíos en Polonia bajo la ocupación alemana». Los aliados no adoptaron ninguna medida para frenar o mitigar el drama.

Esa indiferencia alcanzó el cinismo más escandaloso en la Alemania de la posguerra, cuando nadie se escandalizó por la presencia de antiguos criminales nazis en la Administración de Adenauer. A mediados de los años sesenta aún era frecuente en las zonas rurales que los vecinos se saludaran con un cordial «Heil Hitler!». En 1968, Beate Klarsfeld, famosa cazadora de nazis, abofeteó en público a Kurt Georg Kiesinger, líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y canciller de la República Federal Alemana. Kiesinger había militado en el NSDAP desde 1933 hasta 1945, ocupando cargos de relativa importancia en el ministerio de Asuntos Exteriores. Al finalizar la guerra, pasó dieciocho meses en un campo de prisioneros, sin que eso afectara a su posterior carrera política. Beate Klarsfeld fue condenada a un año de prisión, pero no llegó a ingresar en la cárcel. Durante el resto de su vida, Kiesinger se negó a hablar del incidente. Su caso demuestra que el nazismo siempre disfrutó de amplias simpatías en la sociedad alemana. El fiscal Hausner señaló en el proceso contra Eichmann que los arquitectos del genocidio no eran vulgares hampones, sino abogados, profesores, médicos, banqueros, economistas. El responsable último no era el Gobierno nazi, sino varios siglos de odio institucional y popular a los judíos: «En este histórico juicio, no es un individuo quien se sienta en el banquillo, no es tampoco el régimen nazi, sino el antisemitismo secular».

La defensa de Eichmann se basó en la obediencia debida, particularmente estricta en un régimen totalitario, pero en los papeles que el acusado escribió durante su cautiverio en Israel se definió como Gottgläubiger, el término empleado por los nazis que repudiaban el mensaje cristiano y no creían en la vida después de la muerte. Adscrito a esa visión mística, Eichmann describió su nacimiento como un acontecimiento que brota del «más alto Portador de Significado». Esa grandilocuencia choca con su mediocre trayectoria. Ni siquiera consiguió finalizar el instituto, pero más tarde se atribuiría el título de ingeniero aeronáutico. Su suerte cambió en 1932, tras conocer a Ernst Kaltenbrunner, que lo animó a afiliarse al Partido. Eichmann, un hombre gris y de escasa iniciativa, descubrirá enseguida las ventajas de la «obediencia debida», que exime de pensar, juzgar y rectificar. La derrota de Alemania significaría una catástrofe para su temperamento gregario: «Comprendí que tendría que vivir una difícil vida individualista, sin un jefe que me guiara, sin recibir instrucciones, órdenes ni representaciones, sin reglamentos que consultar, en pocas palabras, ante mí se abría una vida desconocida que nunca había llevado». Desde las primeras vistas, Hannah Arendt advierte su vacío interior y su impotencia para obrar como un individuo: «Cuanto más se lo escuchaba, más evidente era que su incapacidad para hablar iba estrechamente unida a su incapacidad para pensar, particularmente para pensar desde el punto de vista de otra persona. No era posible establecer comunicación con él, no porque mintiera, sino porque estaba rodeado por la más segura de las protecciones contra las palabras y la presencia de otros y, por ende, contra la realidad como tal».

Durante el juicio, se hace evidente que Eichmann carece de la empatía más elemental. Llama la atención su «incapacidad casi total para considerar cualquier cosa desde el punto de vista de su interlocutor». Siente lástima de sí mismo y no entiende que los otros no simpaticen con su desdicha personal. Se considera un hombre decente y con un acusado sentido de la ética. Cuando uno de los funcionarios de la prisión le entrega un ejemplar de Lolita, la famosa novela de Vladímir Nabokov, lo devuelve escandalizado: «Es un libro malsano por completo». Escribe Arendt: «A pesar de los esfuerzos del fiscal, cualquier podía darse cuenta de que aquel hombre no era un “monstruo”, pero en realidad se hizo difícil no sospechar que fuera un payaso». Asegura que no es antisemita y manifiesta que simpatiza con los sionistas, pero ese argumento no sirve de descargo. Es sabido que los nazis consideraban a los sionistas los únicos judíos decentes, pues eran «los únicos que pensaban en términos nacionales». Eichmann perora, pero no convence a nadie. Sólo es un arribista que falsea su biografía y se justifica con lugares comunes. Durante los interrogatorios, cita el imperativo categórico, afirmando que nunca se ha desviado de su mandato. Los policías se limitan a recoger sus palabras. El juez le invita a explicarse, no sabemos si movido por la curiosidad o la indignación. Eichmann formula aceptablemente la versión más conocida del imperativo de Kant: «Quise decir que el principio de mi voluntad debe ser tal que pueda devenir en el principio de las leyes generales». La inanidad intelectual del burócrata nazi nunca resultó tan incontestable. No deformaba la ética kantiana. Simplemente no la comprendía. ¿O acaso pretendía convertir en ley general el robo, la deportación, la tortura y el asesinato? Está claro que ignoraba otra formulación del imperativo categórico, alumbrada por Kant para clarificar su sentido: «Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca como un medio». El exterminio de pueblos y razas es la negación más obscena del humanismo kantiano. Además, los nazis se jactaban de acatar la voluntad del Führer, no la de su conciencia. Hans Frank, gobernador general de la Polonia ocupada por los nazis, ideó el grotesco «imperativo categórico del Tercer Reich»: «Compórtate de tal manera que, si el Führer te viera, aprobara tus actos». Nada puede estar más alejado del ideal de autonomía elaborado por Kant, según el cual cada individuo debe actuar como si fuera un legislador universal. Incluso cuando obedece, debe sentir que su voluntad se concierta con la fuente de la norma, que es la razón práctica y no el capricho arbitrario del gobernante. «¡Atrévete a pensar!», exhorta Kant. Por el contrario, Eichmann invoca la obediencia, subrayando que si hubiera vivido en una sociedad democrática, habría cumplido sus normas con la misma meticulosidad.

Hannah Arendt escribió sus artículos con una feroz independencia, sin maquillar hechos ni contemporizar. No ocultó la responsabilidad de los Consejos Judíos o Judenrat. Mordechai Chaim Rumkowski, hombre de negocios, militante sionista y director de un orfanato, fue la máxima autoridad del gueto de Łódź (Polonia). Su despotismo resultó tan trágico como ridículo: acuñó moneda y sellos con su efigie, usurpó la función de los rabinos celebrando enlaces matrimoniales, solía desplazarse en una carroza escoltada por la policía judía, lo cual hizo que muchos le llamaran rey Chaim I. En 1941 colaboró en las primeras deportaciones masivas al campo de exterminio de Chelmno. Aunque intentó negociar una rebaja en el número de deportados, las autoridades nazis no cedieron ni un ápice. Se envió a la muerte a cincuenta y cinco mil judíos, seleccionados por la administración de Rumkowski. En 1942, el Judenrat recibió la orden de deportar a todos los niños menores de diez años, los ancianos y los enfermos. Rumkowski se dirigió a los habitantes del gueto con un ampuloso discurso. «Dadme a vuestros hijos», exclamó, justificando el horrible sacrificio para salvar la vida de las personas «útiles». Entre junio y julio de 1944, Rumkowski organizó la deportación de otros siete mil judíos, sin sospechar que en agosto se suprimiría el Judenrat y se enviaría a todos los judíos del gueto a Auschwitz. Rumkowski y su familia murieron el 28 de agosto en las cámaras de gas de Birkenau. El doctor Kastner aplicó el mismo criterio en Hungría. Salvó a 1.684 judíos, enviando a la muerte a cuatrocientos setenta y seis mil. No quiso guiarse por el azar, sino por «principios verdaderamente santos». Pensó que debían librarse de la muerte los que habían trabajado por la comunidad. Es decir, los funcionarios y los «judíos prominentes». Escribe Hannah Arendt, desde la perspectiva de 1961: «Actualmente, en Alemania, esta idea de los judíos “prominentes” todavía no ha sido olvidada. […] No son pocos, especialmente en las minorías cultas, quienes todavía lamentan públicamente que Alemania expulsara a Einstein, sin darse cuenta de que constituyó un crimen mucho más grave dar muerte al insignificante vecino de la casa de enfrente, a un Hans Cohn cualquiera, pese a no ser un genio».

Hannah Arendt destacó que no todos los países ocupados por el Reich alemán colaboraron en la deportación de los judíos: «Suecia, Italia y Bulgaria, al igual que Dinamarca, resultaron ser inmunes al antisemitismo, pero de las tres naciones que estaban en la esfera de la influencia alemana, solamente Dinamarca se atrevió a hablar claramente del asunto a sus amos alemanes». Italia y Bulgaria sabotearon las órdenes, explotando el ingenio para salvar a sus compatriotas judíos. Los daneses se opusieron frontalmente. Cuando los alemanes les propusieron que se identificara a los judíos con estrellas amarillas, contestaron que el rey sería el primero en llevarla y que incumplirían cualquier medida discriminatoria. Cuando los nazis impusieron la ley marcial, las tropas destinadas a Dinamarca habían cambiado profundamente desde hacía mucho tiempo y se negaron a participar en las deportaciones. Himmler envió desde Alemania unidades especiales de policía para detener a las familias judías en sus domicilios. El gobierno danés ordenó a su policía que impidiera los arrestos, utilizando la fuerza si era necesario. Los alemanes, que no habían encontrado oposición en otros países, al final se limitaron a prender a los judíos que abrieron voluntariamente la puerta de su casa. La redada se saldó con 447 detenciones. Mientras tanto, la Resistencia danesa evacuó a Suecia a ocho mil judíos daneses, logrando que el Gobierno aceptara su presencia mediante un comunicado oficial. Observa Hannah Arendt: «Difícil resulta vencer la tentación de recomendar que esta historia sea de obligada enseñanza a todos los estudiantes de ciencias políticas para que conozcan un poco el formidable poder propio de la acción no violenta y de la resistencia, ante un contrincante que tiene medios de violencia ampliamente superiores».

Hannah Arendt también cita la historia de Anton Schmid, soldado alemán de origen austríaco. Electricista de profesión, y con una pequeña tienda de radios en Viena, fue enviado a Vilna (Lituania) después del Anschluss. Ascendido a comandante de la Wehrmacht, pudo contemplar cómo se hacinaba a los judíos en guetos y se asesinaba a centenares de ellos cerca de Ponary, donde los nazis cometieron una horrible masacre. La escena de unos niños apaleados hasta la muerte hizo que Anton Schmid empezara a facilitar documentación falsa a las familias judías para que huyeran de Vilna. Sus gestiones salvaron doscientas cincuenta vidas de hombres, mujeres y niños. Descubierto por sus superiores, fue fusilado y no se informó a su esposa Steffi de la ejecución, quizá con la intención de agravar su dolor, pues una desaparición siempre es más mortificante que una muerte. «La lección de esta historia es sencilla –apunta Hannah Arendt– y al alcance de todos. Desde un punto de vista político, nos dice que en circunstancias de terror, la mayoría de la gente se doblegará, pero algunos no se doblegarán, del mismo modo que la lección que nos dan los países a los que se propuso la aplicación de la Solución Final es que “pudo ponerse en práctica” en la mayoría de ellos, pero no en todos. Desde un punto de vista humano, la lección es que actitudes como la que comentamos constituyen cuanto se necesita, y no puede razonablemente pedirse más, para que este planeta siga siendo un lugar apto para que lo habiten seres humanos».

Martin Buber condenó la ejecución de Eichmann, argumentando que la muerte del criminal nazi actuaba como una esclusa de la culpabilidad colectiva del pueblo alemán. Karl Jaspers lamentó que el juicio no se hubiera celebrado ante un tribunal internacional, una reflexión compartida por Hannah Arendt, pues entendía que el genocidio perpetrado por el Reich alemán era «un ataque contra la diversidad humana» y «la monstruosidad de los hechos ocurridos queda “minimizada” ante un tribunal que únicamente representa a un Estado». Sólo un tribunal penal internacional habría podido tipificar el genocidio como «un delito específico» deslindado del asesinato común, sentando las bases de una relación ética entre los Estados, donde el uso arbitrario de la fuerza se juzgara como una perversión del poder político. El genocidio es el signo de identidad del totalitarismo y su persecución debe ser competencia de cualquier tribunal democrático. Nace de la percepción de ciertos grupos humanos como indeseables o superfluos. En la era nuclear, el exterminio deja de ser un procedimiento lento y penoso. Es suficiente lanzar una bomba para destruir miles de vidas humanas. Arendt estima que «si en la actualidad el genocidio es una posibilidad de futura realización, ningún pueblo del mundo –y en especial el pueblo judío, tanto si es el de Israel como si no– puede tener una razonable certeza de supervivencia, sin contar con la ayuda y protección del derecho internacional». Lo más sobrecogedor del caso Eichmann es que el burócrata nazi «no era un Yago ni un Macbeth» y, menos aún, un «Ricardo III». Según Arendt, tampoco era un estúpido, sino «pura y simple irreflexión». Hubo «muchos hombres como él». No «fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron, y siguen siendo, terrible y terroríficamente normales. Desde el punto de vista de nuestras instituciones jurídicas y de nuestros criterios morales, esta normalidad resultaba mucho más terrorífica que todas las atrocidades juntas, por cuanto implicaba que este nuevo tipo de delincuente […] que, en realidad, merece la calificación de hostis generis humani, comete sus delitos en circunstancias que casi le impiden saber o intuir que realiza actos de maldad».

Hannah Arendt nos cuenta que Eichmann se dirigió al patíbulo con entereza. Después de beber media botella de vino y rechazar la asistencia de un pastor protestante, rechazó la capucha negra que le ofreció el verdugo. Sus últimas palabras fueron: «Dentro de muy poco, caballeros, volveremos a encontrarnos. Tal es el destino de todos los hombres. ¡Viva Alemania! ¡Viva Austria! ¡Viva Argentina! Nunca las olvidaré». Arendt considera que Eichmann se despidió del mundo con una sarta de majaderías: «Incluso ante la muerte, encontró el cliché propio de la oración fúnebre. […] Fue como si en aquellos últimos minutos resumiera la lección que su larga carrera de maldad nos ha enseñado, la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se siente impotentes». Arendt justifica la pena de muerte dictada contra Eichmann: «Del mismo modo que tú apoyaste y cumplimentaste una política de unos hombres que no deseaban compartir la tierra con el pueblo judío ni con ciertos otros pueblos de diversa nación –como si tú y tus superiores tuvierais el derecho de decidir quién puede y quién no puede habitar en el mundo–, nosotros consideramos que nadie, es decir, ningún miembro de la raza humana, puede desear compartir la tierra contigo. Ésta es la razón, la única razón, por la que has de ser ahorcado». ¿Se puede considerar que el genocidio es un delito infrecuente, que las cámaras de gas pertenecen a un pasado irrepetible? Desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, las matanzas no han cesado: Vietnam, Camboya, Indonesia, Guatemala, Chile, Argentina, Ruanda, Bosnia-Herzegovina… Podrían citarse más casos, pero es innecesario. Sin embargo, el totalitarismo como fenómeno político no es una masacre más. Se caracteriza por un rango distintivo: «el criterio selectivo depende únicamente de ciertos factores circunstanciales». Después de liquidar a los enfermos incurables, Hitler pensaba eliminar a los alemanes «genéticamente lesionados», con enfermedades pulmonares o cardíacas. En la «cultura del descarte», por utilizar una expresión del papa Francisco, podría considerarse una medida de higiene pública suprimir las vidas de los individuos improductivos o con escasas expectativas de éxito. Sólo hace falta una idea, un absoluto moral o político, para poner en funcionamiento las fábricas de la muerte. Puede ser la excelencia económica, biológica o social. O la materialización de una utopía con apariencia de justicia o equidad. O la creación de un nuevo orden mundial. El totalitarismo empieza donde acaba el individuo. Nunca se disipará su amenaza. La banalidad del mal reside en considerar que hay vidas banales, prescindibles. Conviene releer de vez en cuando a Hannah Arendt para recordar que cualquier vida debe ser objeto de respeto y reconocimiento. Los que se atreven a cuestionarlo, rescatarán antes o después la rampa de Auschwitz.

05/06/2015

Fuente: https://www.revistadelibros.com/blo...

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Moncayo

21 January, 2021 - 00:00
Categorías: Tortuga Antimilitar

Colombia: Líderes comunales en vías de extinción

21 January, 2021 - 00:00

Por Bibiana Ramírez
Fuentes: Verdad Abierta

Promover la sustitución de cultivos de uso ilícito y el desarrollo rural en el Bajo Cauca antioqueño se convirtió en una sentencia de muerte. Los dirigentes de Juntas de Acción Comunal y de organizaciones campesinas son el blanco en medio de una prolongada guerra entre grupos sucesores del paramilitarismo.

Los habitantes de los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza, que conforman esa región antioqueña que limita con el sur del departamento de Córdoba y el sur de Bolívar, vieron en la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc la posibilidad de que se saldaran las deudas históricas que padecen en materia de desarrollo y de derechos humanos.

Por esa razón le apostaron sin vacilaciones a la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y al Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) pactados en La Habana, Cuba. Sin embargo, cuatro años después de firmarse el pacto que le puso fin a una guerra que desangró al país por más de 50 años, los resultados no son los deseados y, por si fuera poco, se desató una ola de violencia contra quienes se atrevieron a impulsar las políticas del denominado posconflicto.

De ese modo se entiende que la mayoría de líderes sociales asesinados en esa región entre 2016 y 2019, que oscilan entre 26 y 46, según la fuente que se consulte, pertenezcan a los sectores comunales y campesinos.

La mayor cantidad de asesinatos se concentra en los municipios de Tarazá y Cáceres, que son los únicos municipios en donde inició el proceso voluntario de sustitución de cultivos de coca en aplicación del PNIS.

Un dirigente social de la región, que habló con este portal a cambio de que no se mencionara su nombre ni el de la organización a la que pertenece, no duda en señalar que apostarle a esa política los puso en la mira de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y de ‘Los Caparrapos' a partir de 2017.

“El 80 por ciento de los asesinatos de líderes sociales en Tarazá, Cáceres y Caucasia está relacionado con el PNIS”, explica un investigador del Instituto Popular de Capacitación (IPC), que durante años ha documentado en terreno la situación del Bajo Cauca, quien también pidió mantener en reserva su identidad.

El perfil de esos líderes es muy característico: representa a una base de cultivadores coca organizada, que articula procesos comunitarios con la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac); la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam); y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc). Algunos también hacen parte el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

Para el investigador del IPC, con la dejación de armas de las Farc y la implementación del PNIS, los campesinos quedaron entre la espada y la pared por los incumplimientos del gobierno nacional y el accionar de nuevos grupos armados que se oponen a perder esa fuente de lucro. “Ahí es donde creemos que está el principal detonante de la violencia para municipios como Tarazá y Cáceres. ¿Por qué razón? Porque la zona PNIS es la más afectada por el homicidio de líderes sociales”, sostiene.

Y prosigue: “Los grupos armados de la región les empiezan a hacer campañas de desprestigio social; acomodándoles que los incumplimientos del gobierno se deben a la inocencia y debilidad de estos líderes. Otros grupos, como ‘Los Caparrapos', les han pedido las bases de datos de las personas que reciben los subsidios del PNIS para extorsionarlos y les han exigido que recojan la extorsión de toda la vereda. Eso les ha generado que los estigmaticen y los señalen como parte del grupo armado”.

Dicha situación fue denunciada por la Coccam en septiembre de 2018, cuando alertó que ‘Los Caparrapos' le estaban cobrando 200 mil pesos del subsidio bimensual de dos millones de pesos que recibieron quienes erradicaron sus matas de coca. De acuerdo con las cifras oficiales de la época, en Cáceres estaban registradas 1.600 familias y en Tarazá 2.800; por lo tanto, ese grupo que surgió tras la desmovilización del Bloque Central Bolívar de las Auc, se habría apoderado de por lo menos 880 millones de pesos provenientes del proceso de paz.

Oídos sordos

Pero no sólo las organizaciones que trabajan en la región advirtieron sobre los riesgos que trajo consigo la sustitución de la coca. En cuatro de los cinco informes que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió entre 2016 y 2019, se encendieron las alarmas al respecto.

La primera fue la Alerta Temprana 009-18, del 22 de enero de 2018, para el municipio de Cáceres, advirtiendo que los intereses de los grupos sucesores del paramilitarismo con presencia en la región, ponen “en riesgo a campesinos y en especial a líderes que promueven la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, ya que esta actividad podría ser contraria a los intereses económicos de estas estructuras armadas”.

Dos meses después expidió la Alerta Temprana 028-18 dedicada a Tarazá, ya no advirtiendo riesgos, sino lamentando el asesinato de dos promotores de la sustitución de cultivos de uso ilícito. En ese documento también se recogieron los señalamientos que los grupos armados hicieron contra los promotores del PNIS, a quienes acusaron de los incumplimientos en su ejecución.

Y recordó que “el día 15 de febrero de 2018, varios líderes de la COCCAM expresaron su preocupación en materia de seguridad, ya que los campesinos cultivadores de la hoja de coca están presionados por los grupos armados ilegales, los cuales les impiden sustituir cultivos, se oponen a la erradicación forzada con acompañamiento de la Fuerza Pública y señalan el incumplimiento del Gobierno Nacional en el cronograma de pagos acordados por la sustitución voluntaria”.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo advirtió que los integrantes de Coccam, Asocbac, Anzorc, Asocomunal y Marcha Patriótica, se encontraban en un mayor nivel de riesgo. Y no sólo ellos, pues los funcionarios del gobierno nacional y de la Alcaldía de Tarazá que adelantaban gestiones de registro del PNIS, fueron expulsados del corregimiento El Doce por parte de grupos armados ilegales.

El 4 de abril, en su Alerta 031-18, el SAT volvió a lamentar el asesinato otro líder comunitario que promovía la sustitución de cultivos de coca: el 25 de marzo fue asesinado Víctor Alfonso Zabala Oviedo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Rizo. Hombres armados con fusiles lo sacaron por la fuerza de su casa y posteriormente su cuerpo apareció con varios impactos de bala.

El 17 de abril de 2019 fue emitida una nueva Alerta Temprana para Tarazá, la 020-19. En esta ocasión el SAT advirtió la situación de familias cocaleras del corregimiento de La Caucana vinculadas al PNIS que fueron víctimas de desplazamiento forzado. Además, lamentó que durante 2018 “fueron asesinados cinco dignatarios de Juntas de Acción Comunal, promotores de este programa en el territorio, situación que produjo varias situaciones de desplazamiento”.

Al cruzar las advertencias que emitió la Defensoría del Pueblo con los posteriores asesinatos de líderes sociales en el Bajo Cauca, se concluye que, debe haberse tomado los correctivos necesarios, se hubiera podido salvar la vida 22 de 25 de ellos.

Este portal consultó a la Fiscalía General de la Nación por los avances en materia de judicialización de esos asesinatos y refirió que en cinco se logró sentencia condenatoria. La mayoría están en fases iniciales de investigación o no se refirió respuesta.

En este rincón de Antioquia la aplicación de políticas y programas acordados entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc para cerrar las brechas del campo se ha dado en medio de fuertes disputas entre grupos armados ilegales. Su principal protagonista es la confrontación que desde hace años libran antiguos aliados de grupos sucesores del paramilitarismo.

Daniel Pardo, investigador de la Fundación Ideas para la Paz y autor del informe ¿En qué va la implementación del Acuerdo de Paz en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño?, plantea que después de la desmovilización de las Farc, “el Estado no logró copar de manera efectiva y oportuna esos vacíos de regulación; fueron llenados por los actores armados preexistentes y unos emergentes. En el Bajo Cauca están el Clan del Golfo, Los Caparrapos, el Eln y disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc”.

En materia de desarrollo rural, esa investigación, realizada en medio del proyecto del Capitolio al Territorio, reseña que se han realizado 72 obras de pequeña infraestructura: 55 de ellas son de infraestructura social o comunitaria, ocho son para el mejoramiento de servicios públicos, y nueve son de infraestructura vial.

De ese modo, resalta que “se han generado expectativas entre la población debido al carácter participativo que tuvo la elaboración de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como por la ejecución de algunos proyectos y la presencia institucional que llegó al territorio”.

Por otro lado, las comunidades lamentan los incumplimientos y cambios de reglas de juego en el PNIS. Si bien arrancó en Tarazá y Cáceres, habitantes de la región cuestionan la lentitud en su ejecución.

“Ya llevamos tres años y no se ha avanzado con todos. Faltan pocas familias para que se les termine de pagar los subsidios bimensuales que se darían en el primer año de ejecución del Programa. Supuestamente, se dio asistencia técnica a 1.600 familias y se va a empezar a 791; en proyectos de ciclo largo hay uno con Fedecacao para 262 familias. Hasta ahí va, después de tres años. Algunos están desmoralizados y otros resembrando porque no tienen con qué sobrevivir”, cuenta el líder local que pidió la reserva de su identidad.

También lamenta que por la contingencia ambiental producida por las fallas en la construcción de la central hidroeléctrica de Hidroituango, que comenzó el 28 de abril de 2018, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) suspendiera el trabajo de campo en El Bagre, Ituango, Nechí y Valdivia; y que su sucesor, Iván Duque (2018-2022), no le diera continuidad alegando que sólo cumpliría los convenios que estaban formalizados (Tarazá y Cáceres) y que recibió desfinanciado al PNIS.

Además, cuestiona el retraso de los PDET, pues su puesta en marcha se tenía que dar a la par con el PNIS para que los campesinos contaran con vías y puntos de acopios para comercializar los productos de sus proyectos productivos.

Otro investigador del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, quien también pidió no difundir su identidad por razones de seguridad, destaca que los campesinos del Bajo Cauca le apostaron al PNIS porque es el único proyecto de desarrollo alternativo que ha arribado a esa región.

“En un territorio donde el Estado no está y se lo entrega a grupos particulares, lo único que queda en esas veredas son los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. El asesinato de estos líderes muchas veces es una afectación directa contra lo único que queda organizativamente en términos sociales y estatales en esos territorios”, lamenta.

Y alerta que si bien los asesinatos se han concentrado en Tarazá y Cáceres porque es donde opera a marchas forzadas el PNIS, en Zaragoza, Nechí y El Bagre existe un fuerte control territorial por parte de los grupos armados ilegales, que han impuesto su ‘Ley del Silencio'.

“Si bien no hay tantos muertos, pasan muchas cosas todos los días. Suceden cosas que no salen a la luz pública porque hay formas de terror que se han instalado muy bien y como protocolo de autocuidado las comunidades no las evidencian”, refiere el investigador del IPC.

Como ejemplo pone de presente la situación de El Bagre: “Se han dado enfrentamientos en el casco urbano con el Ejército. En los otros municipios suceden cosas y que los líderes no se vean tan afectados en términos de homicidios, no es un buen indicador, porque hay amenazas, desplazamientos y confinamientos”.

Mientas continúa la guerra entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y ‘Los Caparrapos', los habitantes del Bajo Cauca antioqueño esperan que se les garanticen condiciones de seguridad, se acaten las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y se cumplan los pactos firmados en materia de sustitución de cultivos de coca y reforma rural.

Nota del editor: este portal contactó a la Alta Consejería para la Estabilización, encargada de la implementación del PNIS y de los PDET, para conocer los avances sus resultados, pero hasta el momento no recibió respuesta alguna. Estamos prestos a publicarlas cuando las suministren.

Fuente: https://rebelion.org/lideres-comuna...

Categorías: Tortuga Antimilitar

Crímenes de guerra de soldados australianos en Afganistán: La deshumanización de las tropas de la coalición

20 January, 2021 - 00:00

Introducción del traductor

En 2021 se cumplen veinte años del comienzo de la guerra contra Afganistán el 7 de octubre de 2001. Liderada por Estados Unidos, contó con la participación del Reino Unido, Canadá y Australia, además de la colaboración logística de otros países.

Leí la semana pasada un artículo sobre los crímenes de guerra de soldados australianos publicado por Yanis Iqbal, un estudiante de India, en Dissident Voice.

Pensé que sería bueno darlo a conocer en castellano y añadir una reflexión mía sobre estos crímenes, para contribuir a que no caigan en el olvido al menos.

En la primera parte presento mi traducción del artículo citado y en la segunda incluyo otros crímenes de guerra perpetrados por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

Por Yanis Iqbal, publicado el 12 de enero de 2021 en:

http://dissidentvoice.org/2021/01/a...

La investigación del Inspector General sobre las Fuerzas de Defensa de Australia en Afganistán (FDA), publicada a finales de 2020, sirve de barómetro del nivel de salvajismo que ha calado en los países imperialistas en su interminable reinado de terror contra el Sur global. El documento es el resultado de una investigación de cuatro años, iniciada por los militares en 2016 y dirigida por el General de División retirado Paul Brereton. Su trabajo comprende desde 2005 a 2016.

Con el informe se han confirmado 39 homicidios en 23 incidentes separados y 25 soldados -algunos de los cuales siguen prestando servicio en las FDA- han sido implicados tras las declaraciones de 350 testigos. Se han remitido a la Policía Federal 36 asuntos que afectan a 19 personas. El Segundo Escuadrón del Regimiento de Servicios Aéreos Especiales (SASR: Special Air Service Regiment) será disuelto y algunos soldados serán despojados de las medallas y condecoraciones recibidos desde 2006.

Protocolos de la barbarie

La investigación detalla varios protocolos de la barbarie seguidos por las FDA en Afganistán. Se menciona el rito de iniciación de los soldados novatos conocido como ‘bautizo de sangre', es decir, matar a su primera víctima disparando a un prisionero.

"Esto se lleva a cabo una vez controlado el recinto militar del objetivo y señaladas las víctimas como ‘personas buscadas'". ‘Las pruebas' – transmisores o armas - se colocan sobre el cuerpo a continuación. Posteriormente se redacta un ‘artículo de portada' "con el fin de informar sobre las operaciones para desviar una investigación". También se enumeran los incidentes en los que los soldados "infligieron un dolor intenso" a los detenidos afganos y "les causaron lesiones", lo que indica el uso de la tortura.

En 2015, el alto mando militar encargó a la Dra. Samantha Crompvoets que proporcionara una "instantánea" de las operaciones de las FDA y que investigara las denuncias de crímenes de guerra. Según el informe de Brereton, Crompvoets "dijo que le dio la impresión de que hubo un 'gran número de asesinatos ilegales' que habían sido 'diseñados por el final", es decir, los afganos eran primero asesinados y posteriormente colocados en la Lista de Efectivos Prioritarios Conjuntos. Se conoce como la JPEL por sus siglas en inglés, es decir, Lista de las Fuerzas de la Coalición en Afganistán de Efectivos Prioritarios para Asesinar o Capturar, sobre la base de que eran presuntamente combatientes y oficiales de alto nivel de los talibanes o de Al-Qaeda.

En un caso, Crompvoets observa a soldados del SASR conduciendo por una carretera y viendo a dos niños de 14 años. Los soldados concluyeron rápidamente que se habían encontrado con simpatizantes talibanes. Los niños fueron detenidos y capturados. Les cortaron la garganta. Introdujeron sus cuerpos en bolsas para cadáveres y los arrojaron a un río. Estos actos no eran raros; los soldados de las Fuerzas Especiales cometían este tipo de asesinatos como un medio de "ser conocidos". Por ejemplo, en 2012, un anciano afgano, Haji Sadr, fue golpeado hasta la muerte por un soldado del SARS durante una incursión en su pueblo, Sarkhoum.

Aparte de la investigación, otras fuentes también han revelado la contumacia homicida absolutamente abominable del SARS. Una imagen publicada por The Guardian el 1 de diciembre de 2020, mostraba a un soldado del SARS bebiendo cerveza en la pierna ortopédica de un afgano muerto. Según The Guardian, la foto fue tomada en el "Fat Lady's Arms", un bar no oficial establecido por el SARS en su base de Tarin Kowt, la capital de la provincia de Uruzgan. En otra foto la prótesis está atada a la mochila de un soldado, y en una tercera, dos soldados posan con aquélla. La prótesis de pierna fue tomada, según se informa, de un "presunto combatiente talibán" después de que éste muriera durante un asalto del SARS en abril de 2009 en Uruzgan.

La narrativa imperialista

De forma típicamente dócil, los medios de comunicación liberales corporativos se han aferrado firmemente al punto de vista imperialista de la clase dominante y han normalizado los atroces crímenes de guerra como una anomalía en una historia por lo demás honorable de comportamiento recto de las tropas australianas en la ocupación ilegal de un país de Asia Central. Estos ultrajes fueron parte de un crimen de guerra más grande: la invasión y ocupación de Afganistán desde 2001. La guerra ha saturado las vidas de los afganos ordinarios con una violencia sin fin y una tristeza insufrible. Tras casi 20 años de operaciones militares imperialistas, las matanzas continúan. Un informe de la ONU registró 3.458 bajas civiles en la primera mitad de 2020, la mayoría de ellas causadas por las tropas de la coalición.

Se puede afirmar, como hace el informe, que las atrocidades del SARS fueron simplemente obra de un "pequeño número de comandantes de patrulla, y sus protegidos" o de una "cultura de guerra" totalmente ajena a partir de cabos y sargentos. Según admite el propio informe, esta "cultura" comenzó en Australia, durante el entrenamiento y el adoctrinamiento militar, no en Afganistán. "Fue en sus unidades y subunidades matrices donde se originó esa cultura y las actitudes que permitieron la mala conducta", como afirma el informe. Jack Barry, ex fusilero de las FDA, dice que durante los ejercicios de entrenamiento en su propio país, "un suboficial superior me dijo que no me molestara en tomar prisioneros o en tratar a los heridos del enemigo y que sólo debíamos 'meterlos por la ranura' (un término coloquial para referirse a dispararles)".

La deriva hacia el salvajismo

En su Discurso sobre el colonialismo, Aimé Césaire escribió:

“La colonización tiene el efecto de deshumanizar al colonizador, para brutalizarlo en el verdadero sentido de la palabra, para degradarlo, para despertar en él instintos enterrados, la codicia, la violencia, el odio racial y el relativismo moral... cada vez que se corta una cabeza o se saca un ojo en Vietnam y en Francia aceptan el hecho, cada vez que una niña es violada y en Francia aceptan el hecho, cada vez que un malgache es torturado y en Francia aceptan el hecho, la civilización produce un peso opresivo, produce una regresión universal, produce una gangrena, un centro de infección comienza a extenderse; y que al final de todos esos tratados que han sido violados, todas esas mentiras que se han propagado, todas esas expediciones punitivas que han sido toleradas, todos esos prisioneros que han sido atados e "interrogados", todos esos patriotas que han sido torturados, al final de todo el orgullo racial que ha sido alentado, toda la jactancia que ha sido mostrada, un veneno ha sido inculcado en las venas de Europa y, lenta pero seguramente, el continente avanza hacia el salvajismo.”

El descubrimiento de las atrocidades cometidas por Australia en Afganistán es un indicador de que el grado de brutalidad y deshumanización producido por la globalización neocolonial y el imperialismo es alarmantemente alto. Prácticas tan deshumanizadoras como el ‘bautizo de sangre' sólo pueden ser cometidas por aquellos cuyos recovecos éticos se han visto inundados por el deseo necropolítico de infligir pura violencia a los cuerpos racializados de los nativos -considerados de menor valor que los animales. A menos que no se detenga el belicismo imperialista, la bancarrota moral de los países del Norte global pronto se derrumbará, abriendo las compuertas de la bestialidad y la xenofobia profundamente arraigadas.

…………………….

Comentario del traductor:

Australia es un caso interesante para antimilitaristas, antiimperialistas y otras gentes de buena voluntad, porque es uno más de la lista de países que sin prisa, gota a gota, ha ido sacando a la luz al menos una parte de sus crímenes de guerra en Afganistán.

Australia es principalmente conocido por los canguros, la Gran Barrera de Coral y una ópera de diseño. Algunos conocen también su alineamiento con el imperialismo y el maltrato -que es sevicia- a los refugiados que intentan obtener asilo y acogida allí. Les impiden el paso o les meten en centros de detención. Aún es menos conocido por sus crímenes de guerra, probablemente hay australianos que tampoco los conocen.

Su patrón de actuación imperialista es como el del resto de países imperialistas. Aunque su lugar en la escala de este grupo de países es modesto al lado de las grandes potencias, su maldad es inconmensurable como las de éstas.

Australia, como otras naciones imperialistas ‘menores', se integró en una coalición internacional para contribuir como comparsa principalmente en una guerra de agresión internacional, pero también envió tropas y armamento a participar en Afganistán.

Lo primero que llama la atención el artículo de Iqbal, es que el informe que menciona es de 2016 y su publicación de finales de 2020.

“El 7 de octubre de 2001 el ejército de Estados Unidos, con la colaboración del Reino Unido, lanza los primeros bombardeos sobre el Talibán con lo que da comienzo oficialmente la Operación Libertad Duradera. Canadá, Australia, Alemania y Francia comprometen su apoyo”, según la información que facilita en su página web el Council on Foreign Relations, fundado justamente hace cien años, en 1921.

www.cfr.org/timeline/us-war-afghanistan

Es decir, hace 20 años que Australia participó en este ‘crimen supremo', que es la guerra de agresión como lo definió Noam Chmosky en 2003.

http://chomsky.info/20030811/

También en 2003 el Parlamento de Australia reconoció que hubo crímenes de guerra en Afganistán. Entonces ya lo sabía, pero se hizo público el 9 de noviembre de 2020.

Es la versión moderna de disparar primero y preguntar después:

“Una suma de pruebas reunidas durante la pasada década sugiere que la ética personal y profesional de algunos ha sido seriamente comprometida”

Son palabras de Jeff Sengelman, Comandante de Operaciones Especiales en 2016.

El crimen más perverso en 2001 se convierte quince años después en un asunto de moral personal dudosa en palabras de la autoridad militar. Es claro que Sengelman ha aprovechado el tiempo para asistir al menos a un taller de escritura creativa.

Sin embargo, por lo que escribe Iqbal -que de todos modos no se refiere más que a los sucesos expuestos-, no se sabe si se ha hecho justicia a las víctimas y si se ha compensado a las familias con algo más que con una línea asquerosa que echa sal en la herida de aquellas.

www.aph.gov.au/About_Parliament/Par...

Quizás aún es pronto y cuando tenga lugar el juicio se sepa. En todo caso se puede apostar -sin riesgo de perder- a que lo probable en este caso -como en el resto del mundo- es que los autores materiales de crímenes de guerra no entren en prisión o si lo hacen salgan pronto y que los autores intelectuales del crimen supremo, independientemente de la enormidad de éste, terminen rivalizando en la prensa sobre quién hace más dinero recorriendo el circuito internacional de las conferencias impartidas por ex presidentes de gobierno y mediante las ventas de sus memorias.

Los militares de los cuerpos especiales, a diferencia de las familias de los asesinados, tampoco tienen problemas económicos si el ejército los licencia como parece que ha sido el caso en Australia al disolver su unidad y no pueden o no quieren ingresar en el ejército regular.

“El sueldo de los militares de los cuerpos especiales varía de unas 25.000 libras al año a unas 80.000 (referidas al año 2001), según su formación y rango. La tropa regular cobra 13.000”.

Sin embargo la pasta no está ahí, sino en el ingreso en fuerzas especiales similares pero privadas para los más viciosos y en la entrada en el sector de la seguridad, las armas, etc. para los más emprendedores.

www.theguardian.com/money/2001/nov/...

Estados Unidos es su socio y líder de este crimen. Tras ser derrotada en la guerra de 1898, España cedió a éste en el Tratado de París las Islas Filipinas. A continuación, como anteriormente hizo España, tuvo que enfrentarse a la población revolucionaria.

Obviamente cometió crímenes de guerra, inevitables en una guerra de agresión y en una ocupación beligerante.

Esto queda ejemplificado en el intercambio que tuvo lugar entre el General de Brigada Jacob Smith y el Mayor Littleton Waller sobre la forma de proceder con los filipinos.

“No quiero prisioneros. Quiero que mate y queme, cuanto más mate y queme, más satisfacción me proporcionará. Quiero que mate a todas las personas capaces de empuñar armas contra Estados Unidos”.

“Me gustaría saber con qué límite de edad, señor”

“Diez años”.

“¿Me está diciendo que personas de diez años son capaces de empuñar armas?”

“Sí”.

Smith confirmó sus órdenes por segunda vez. A partir de este diálogo siguió una prolongada y sostenida masacre de civiles.

Tras la masacre tuvo lugar un juicio marcial que acabó en el retiro forzoso de Smith.

No parece que fue llevado a prisión ni que tuvo otro castigo que ese retiro.

Probablemente mantuvo su pensión, el apoyo o la comprensión de sus compañeros de armas, etc. Al fin y al cabo los masacrados fueron unos pocos miles según los estadounidenses, unos 50.000 según los filipinos.

http://en.wikipedia.org/wiki/United...

Hay una repetición interminable de salvajadas infligidas por militares contra soldados y civiles ‘enemigos' en los países agredidos y otra repetición de salvajadas en los países agresores por parte de mandos castrenses, jueces togados militares, gobiernos, parlamentos y prensa.

Por otro lado es importante añadir que todos estos actores cuentan con la aquiescencia de una parte de la población y con la pasividad de otra parte. Una exigua minoría da la voz de alarma de alguna manera, que de todos modos no es bien recibida y mucho menos secundada.

La guerra de Vietnam es una de las más notorias. El caso paradigmático es el del alférez William Calley Jr., responsable de la matanza de My Lai:

“El 16 de marzo de 1968 las tropas de Estados Unidos lanzaron una operación en la región de Son My en la búsqueda de vietcongs. A lo largo de cuatro horas, Calley y sus hombres violaron a las mujeres y las niñas, mataron el ganado y prendieron fuego a las casas hasta dejar el poblado arrasado por completo. Para terminar, reunieron a los supervivientes en una acequia. Los informes acerca de su desempeño publicados tras My Lai le describen como un soldado normal.”

“Calley fue acusado el 5 de septiembre de 1969, de seis cargos de asesinato premeditado, siendo hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de 22 personas en una masacre ejecutada por soldados de Estados Unidos en la que murieron 500 hombres, mujeres y niños. Richard Nixon le conmutó la sentencia tres años más tarde. El proceso judicial por este crimen de guerra empañó el nombre del ejército estadounidense, el cual fue sospechoso de encubrir y ocultar pruebas. El juicio culminó con la absolución del capitán Ernest Medina, quien estaba a cargo de la Compañía, y de otros 29 oficiales que habían sido juzgados.

Posteriormente, el 23 de agosto del 2009 Calley pidió perdón por lo ocurrido.”

http://es.wikipedia.org/wiki/Willia...

Hoy seguimos siendo testigos, ya sin pestañear acostumbrados como estamos a la maldad más superlativa, de una extensa variedad de crímenes con misiles, munición con plomo fundido, uranio enriquecido, asesinatos selectivos, drones, daños colaterales, abatimiento de enemigos, técnicas de interrogación mejoradas…

Nada de esto se tenía que haber producido en Afganistán y otros países en la zona, hay leyes internacionales, está la experiencia de la época del colonialismo, otro crimen contra la humanidad. Nada de esto ha sucedido sin que se haya preparado a conciencia. Nada se ha ahorrado en esta guerra en matanzas, horrores, destrucción, mentiras, violaciones de la ley internacional, la ley humanitaria y hasta del sentido común.

“En 2005 The New York Times obtuvo un informe de investigación de 2000 páginas del Ejército de Estados Unidos sobre los homicidios de dos civiles afganos desarmados a manos de personal militar en diciembre de 2002 en la cárcel de Bagram, así como del tratamiento a los prisioneros en general. Los dos asesinados, Habibullah y Dilawar fueron colgados del techo con cadenas repetidas veces y golpeados hasta la muerte. Las autopsias revelaron que los traumatismos de las piernas eran comparables a los producidos por un autobús que les hubiera atropellado. Siete soldados fueron acusados en 2005”.

“En 2004 el Mando responsable de la Investigación criminal del Ejército de Estados Unidos concluyó que 27 militares entre tropa y oficiales habrían de ser juzgados. Sólo siete han sido juzgados hasta ahora.”

Las condenas eran comparables al daño que causaría un niño de cinco años que atropellase con su triciclo a los responsables de las torturas y los asesinatos: desde dos meses de condena (no se dice si se cumplieron) hasta libertad sin cargos, pasando por una carta de reprimenda.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bagram...

Los británicos tampoco han tenido prisa en dar a conocer sus propios crímenes de guerra en Afganistán y no carecen de experiencia en este ámbito. Cien años antes del ataque contra Afganistán, durante la guerra contra la insurgencia de los Boers entre 1899 y 1902, “las duras contramedidas británicas, que incluían una política de tierra quemada, llevó a los Boers a capitular.”

Como esta historia se alarga innecesariamente, bastará con recordar aquí un ejemplo de los muchos que están al alcance de cualquiera en Internet,

“En septiembre de 2013 el sargento de los Royal Marines, Alexander Blackman fue juzgado en una corte marcial por haber asesinado el 15 de septiembre de 2011 a un insurgente talibán desarmado y herido (de muerte, según otras fuentes, nota del traductor) en la provincia de Helmand.”

“El 6 de diciembre de 2013 se le condenó a cadena perpetua con un mínimo de diez años de cumplimiento antes de poder pedir la libertad condicional. Fue licenciado con reprobación de los Royal Marines.”

“En abril de 2017, mediante una apelación que consiguió reducir la condena de asesinato a homicidio, Blackman salió de prisión después de haber cumplido tres años de su sentencia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Britis...

Blackman pudo asesinar -en primera instancia- o matar -en el tribunal de apelación- al talibán herido, quien al parecer no tenía nombre, pues no aparece en ningún lugar.

El resultado para el muerto es el mismo, sin embargo no parece serlo para la familia ni la justicia a tenor de las declaraciones sobre el hecho, que no han llevado a otra apelación para revertir la primera:

“Blackman formaba parte de una patrulla que se topó con un talibán herido por disparos desde un helicóptero Apache y ordenó a dos de sus hombres moverle fuera del rango de grabación de un dispositivo aéreo de vigilancia. El vídeo muestra imágenes del traslado y de los golpes que le propinaron. También les ordenó no suministrarle los primeros auxilios y luego disparó al hombre en el pecho con una pistola de 9 mm, diciendo a los soldados: ‘Arrastrad fuera de aquí a este cabrón que está estirando la pata. Es lo que nos haría a nosotros.' Luego añadió: ‘Acabo de violar la Convención de Ginebra'.”

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_H...

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_H...ç

El 17 de noviembre de 2019 la BBC publica una información titulada “El gobierno del Reino Unido y el ejército acusados de encubrir crímenes de guerra.” Los asesinatos se repiten y el guión también:

“Una investigación para Panorama de la BBC y el Sunday Times ha hablado con once inspectores de policía que declararon haber encontrado pruebas creíbles de crímenes de guerra. (…) El Ministerio de Defensa rechazó una alegación sin pruebas de un patrón de encubrimiento”

www.bbc.com/news/uk-50419297

Menos de un año después, el uno de agosto de 2020, la BBC se pregunta:

“¿Ejecutaron las Fuerzas Especiales a civiles desarmados?”

“En la etapa más intensa de la guerra en Afganistán en 2011, dos oficiales veteranos de las Fuerzas Especiales se reunieron en un bar en Dorset para conversar en secreto. Temían que algunos de los soldados mejor entrenados del Reino Unido habían adoptado una ‘política deliberada' de asesinato de hombres desarmados. Las pruebas que están apareciendo ahora sugieren que tenían razón.”

“En 2014 se estableció la Operación Northmoor para examinar las alegaciones por parte de las Fuerzas Especiales. Ésta ha encontrado docenas de asesinatos sospechosos en ataques nocturnos.

Uno de éstos incluyó a tres niños y un hombre de 20 años que fueron muertos por un soldado británico en el pueblo Loy Bagh, en Afganistán.

Los inspectores de policía han informado ahora a Panorama que las Fuerzas Especiales intentaron encubrir lo ocurrido para evitar ser juzgados por crímenes de guerra”

www.bbc.com/news/uk-53597137 y www.bbc.com/news/av/uk-50453227

En cuanto a España, su papel ha sido proporcionar logística mediante sus bases militares. También sus fuerzas armadas, con aproximadamente unos 2.500 soldados de combate en Afganistán, han participado en la Misión de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (más conocida como ISAF por sus siglas en inglés).

El 27 de agosto de 2014 Alejandro Pozo ofrece un “Balance alternativo sobre la intervención militar española en Afganistán” en

http://centredelas.org/actualitat/b...

En su estudio se ocupa principalmente de los objetivos, los medios, los resultados, la ilegalidad, los daños causados y otros aspectos relacionados. Extraigo únicamente el siguiente párrafo porque se refiere al asunto tratado en este artículo:

“Cabría sumar un número indeterminado y no declarado de muertos afganos por las acciones de los efectivos españoles en este escenario de guerra.”

El 9 de diciembre de 2015 otra investigadora del Centre Dèlas, Tica Font, presenta una conclusión muy pesimista en “15 años de invasión en Afganistán”, pero tampoco menciona la cuestión de los crímenes de guerra.

http://centredelas.org/actualitat/1...

No resulta fácil encontrar información sobre posibles crímenes de guerra realizados por militares españoles en Afganistán.

Amnistía Internacional, sin embargo, se refiere a la guerra de Iraq en una de sus acciones: “Soldados españoles en Irak, torturas sin justicia”, firmada por 12.068 personas:

“Una década después, las irregularidades y la falta de voluntad han llevado a la impunidad.

Durante los años 2003 y 2004 soldados españoles participaron en diversas misiones en Irak, en el marco de la Operación Libertad Iraquí. Uno de los centros operados por tropas españolas fue “Base España”, en Diwaniya, entre Bagdad y Basora. Entre finales de enero y principios de febrero de 2004, dos personas que se encontraban retenidas en este centro, fueron objeto de tortura y otros malos tratos cometidos por soldados españoles. Estas agresiones fueron grabadas y se publicaron en el diario El País, el 17 de marzo de 2013. Las imágenes, pixeladas, mostraban como cinco soldados españoles golpeaban y propinaban varias patadas a los detenidos. El conocimiento de estos hechos dio lugar a una investigación por parte del Ministerio de Defensa. Sin embargo, en septiembre de 2015, la investigación fue archivada, alegando entre otros motivos, que no se podía identificar a los presuntos autores ni a las víctimas, aunque sí reconocía que las torturas habían ocurrido.

Amnistía Internacional tuvo acceso a parte del expediente y ha concluido que la investigación tuvo muchas irregularidades. Por ejemplo, descarta injustificadamente a un testigo que podría haber llevado a la identificación de los responsables o la ausencia de una investigación exhaustiva sobre las amenazas sufridas por uno de los testigos. Además, la investigación fue llevada a cabo por un tribunal militar, tribunal que ni en España ni en ningún lugar del mundo reúne las condiciones de independencia e imparcialidad que son requeridos para la investigación de determinados crímenes de derecho internacional, como por ejemplo la tortura. Por ello estos crímenes deben ser juzgados siempre ante la jurisdicción ordinaria.

12 años después, nadie ha rendido cuentas por los abusos cometidos y las irregularidades cometidas durante la investigación han llevado a la impunidad.

Es necesario que las autoridades españolas remitan este caso a la jurisdicción ordinaria, y en caso de que se deniegue, asegurar una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente sobre las torturas cometidas, considerando todas las pruebas.”

www.es.amnesty.org/actua/acciones/s...

El diario El País se refiere también a Iraq en su artículo del 17 de marzo de 2013 titulado “España en Irak: del error al horror”, firmado por Miguel González:

“El vídeo que hoy difunde EL PAÍS muestra a cinco soldados españoles entrando en una celda. En el suelo, sobre una manta, con dos botellas de agua a su lado, hay un hombre. Uno de los soldados le ordena a gritos que se incorpore. El hombre, postrado, no parece entenderle. A su lado hay otro detenido que a mitad de la grabación, que dura 40 segundos, es arrojado sobre el primero. Tres de los soldados la emprenden a patadas con ambos. Otros dos observan desde la puerta de la celda.

Un sexto graba la escena. Uno de los militares los patea con especial saña. En dos ocasiones parece a punto de marcharse, pero se vuelve para descargar toda la fuerza de su bota sobre los cuerpos indefensos. De las víctimas solo se escuchan jadeos y gemidos. Un militar, que durante la paliza se ha quedado mirando desde el quicio de la puerta, comenta al final: "¡Jo! A este se lo han cargado ya".

http://elpais.com/politica/2013/03/...

Es conocido que España fue un imperio y obvio que hoy sigue punto por punto el patrón del resto de países imperialistas, aunque su posición en la escala hoy día sea como la de Australia.

De la lectura de la acción de Amnistía Internacional se deduce que los crímenes expuestos pueden ser menores en cantidad que los de países más poderosos, pero el mal que hace sigue siendo inconmensurable.

El hecho de participar en una guerra de agresión le convierte en un país agresor por más que lo niegue o lo disfrace de misiones benéficas para la mujer afgana, la eliminación de las plantaciones de opio o lo adorne con la bajada de ‘dos centimillos en el precio de la gasolina'.

El historial imperialista de España en todos los continentes por su cuenta y de la mano de estados afines en otros países víctimas, no deja lugar a dudas. Si ha rezado para que por obra de un milagro -a los que este país es tan aficionado- su ejército sea el único puro e inmaculado, a pesar de haber empleado el terror cortando cabezas de enemigos y esparciendo agentes químicos desde aviones sobre sus vecinos, le ha faltado totalmente la intervención divina.

Lo que sí sería un milagro es que el ejército español fuese puro e inmaculado cuando:

el país al que pertenece colabora de buen grado en matanzas ajenas de diversas formas;

en el Congreso se aplaude que la mayoría de diputados vote a favor de que España se una al crimen de la manada imperialista repetido en tantos países;

fabrica armas a troche y moche y las vende a otros países agresores;
colabora en el secuestro de seres humanos;

facilita su traslado hacia las mazmorras de un campo de detención donde no hay control judicial;

donde se emplea una variedad de selectas torturas durante años, por ejemplo ¡183 veces del ‘submarino'! a ‘detenidos de alto valor';

no se investiga los posibles crímenes de guerra o si se hace se ponen todo tipo de dificultades, por ejemplo, que los responsables militares no encuentran los registros de las guardias de vigilancia de los prisioneros cuando los solicita el juez.

De nuevo Miguel González escribe en El País el uno de octubre de 2014: “Si se ha tardado tanto tiempo en conocer lo sucedido en Irak ha sido porque ha funcionado un pacto de silencio, una especie de omertà, en el seno de la Legión. ‘Todo el mundo en Ronda sabía de lo sucedido en Irak en 2004', pero se llegó a un acuerdo a fin de que ‘el vídeo y las personas implicadas no salieran a la luz' declaró a la juez uno de los legionarios”. (…)

“El secretario del juzgado dejó constancia de ‘la sorpresiva e inmotivada presentación de un capitán de la Legión', alegando que un superior suyo le había mandado para que exigiera el teléfono del abogado de oficio que asistía al legionario que había prestado declaración. El capitán añadió que ‘no se le podía meter en prisión [al legionario] porque habían pasado más de diez años'. ¿Diez años de qué?

Las diligencias estaban declaradas secretas y nadie había dicho hasta entonces que los agresores del vídeo fueran legionarios.”

http://elpais.com/politica/2014/09/...

Aunque Australia no ha hecho justicia, por lo menos ha disuelto su unidad de

Fuerzas Especiales. Sin embargo, esto puede ser un simple truco de trilero si la reconstruye con otro nombre, desde luego.

Aquí no vamos lento, vamos hacia atrás. No se aprecia intención de disolver nada, de investigar nada y de hacer justicia, por parte de autoridades e instituciones militares, judiciales, ejecutivas y legislativas.

En cuanto a la población, la cifra de firmantes de la acción de Amnistía Internacional, doce mil personas, no demuestra que los crímenes de guerra cometidos en su nombre y con el dinero de sus impuestos, sea su principal preocupación.

Según una popular plataforma de recogida de firmas, change.org, las tres más votadas han sido “Diputados, si no curráis ¡no cobráis!”: 779.571, “Una ley que legalice la eutanasia, y que no llega”: 603.484, “Investigación sobre el cáncer de páncreas”: 608.307

www.lavanguardia.com/vida/20191016/...

Estas tres y muchas más son buenas causas, desde luego, aunque la primera parece que es la de menos éxito, no sé por qué será.

Sin embargo, ninguna muestra mejor el verdadero sentir de la población que la estadística que sigue. Primero porque además de la vital importancia del asunto, se mantiene sostenida en el tiempo por gentes de todas las clases sociales, edades, preferencia política, confesión religiosa y orientación sexual:

“La Selección Española de fútbol ha disputado 31 partidos en los siete mundiales de fútbol celebrados desde 1994, en Estados Unidos, hasta este último disputado en Rusia, con una media de audiencia de esos encuentros de La Roja de 11,2 millones de espectadores y un 72,6 % de cuota de pantalla.”

¡Feliz vigésimo cuarto aniversario!

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Categorías: Tortuga Antimilitar

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