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Actualizado: hace 36 min 53 seg

Algunas ideas sobre autocensura y corrección política

14 September, 2018 - 00:00

La censura tiene múltiples mecanismos, y uno de los más habituales es la autocensura. La clásica, y la que más se ha denunciado y trabajado en entornos politizados, es la que responde al miedo a la represión legal o económica por parte de instituciones de autoridad. Pero en la que nos gustaría centrarnos aquí es en la autocensura motivada por lo colectivo, sin que haya, a priori, una figura de poder que nos impida expresarnos. Esa autocensura puede responder a diferentes motivos: estrategia comunicativa, intereses económicos, buenrollismo, necesidad de un discurso colectivo, incomodidad ante el hecho de sentirnos juzgadas, miedo a herir sensibilidades, inseguridades propias…

Partimos de la premisa de que las relaciones sociales que se dan en las sociedades patriarcales y capitalistas son insanas e injustas y de que el Estado no sólo no corrige esa desviación sino que la refuerza. La necesidad de transformar esas relaciones de forma no autoritaria pasa por la búsqueda de formas de relacionarnos justas y solidarias, y uno de los principales mecanismos por los que han apostado los colectivos para trasladar esos valores a la sociedad es la presión de grupo, entendida como el rechazo colectivo de ciertas conductas o valores nocivos con el objetivo de erradicarlos. Cuando se descarta la coacción o la represión mediante la fuerza, las relaciones se enriquecen, pero también aumenta su complejidad. Si un individuo o grupo tiene un comportamiento que no se corresponde o va en contra de las normas sociales acordadas en cierta comunidad, es el rechazo de la propia comunidad, o el exilio de la misma, la forma más habitual de resolver el conflicto. Este mecanismo, aunque sea una respuesta natural, no deja de ser una forma de coacción, y hay que tener en cuenta que si los valores, ideas, etc. no son realmente asumidos y defendidos, de una forma lo más libre y reflexionada posible, lo que se produce es el desarrollo de autocensura y de doble moral. Se acata, pero no se cumple o no se cree.

Nosotros somos los políticamente incorrectos

Cuando planteamos nuestras ideas fuera del entorno al que habitualmente están dirigidas, nos damos cuenta de que muchas de ellas se encuentran fuera de la lógica imperante y asumida por gran parte de la sociedad. Estos discursos, en la radicalidad de muchas cuestiones, no se corresponden con los valores o las prácticas desarrolladas por la mayoría de la gente. El desmantelamiento del sistema de producción industrial, la abolición de las cárceles o la confrontación con el Estado, por poner algunos ejemplos, son ideas que generan rechazo fuera de determinados entornos. Aunque a veces no tenemos en cuenta la propia alienación asociada a la endogamia militante, a los discursos megalómanos y mesiánicos y a la ideologización, generalmente, asumimos que ese rechazo es debido a la alienación del resto de la sociedad y el conformismo que el propio sistema reproduce y potencia, y a unas relaciones sociales viciadas que dificultan el desarrollo de planteamientos alternativos al discurso oficial. En este sentido, es la presión de grupo la que actúa en gran medida contra la disidencia.

Las herramientas de comunicación tienden cada vez más a la inmediatez y la brevedad, al tiempo que se trivializa y se manipula con mayor descaro la información. La saturación de datos genera confusión y pérdida de referentes. A medida que se ahonda en la degradación comunicativa y cultural de la sociedad en que vivimos, la imagen va desplazando a la realidad, la apariencia al ser. Y la profundización de esta tendencia [1] , en la que la apariencia tiene un papel fundamental en nuestras vidas, condiciona profundamente el desarrollo y la manifestación de nuestros pensamientos e ideas. El poder establecido ha jugado con esa baza y mediante el bombardeo mediático, la fabricación o moldeado de la “opinión pública”, el marketing ideológico y otras malas artes, ha generado un estrecho marco de lo políticamente correcto, fuera del cual todo lo que se plantee es fácilmente ninguneado o silenciado.

Lo políticamente correcto en el discurso alternativo

En consecuencia, cuanto más alejado se encuentre un discurso del oficial más difícil es transmitirlo. Esta sensación de incomprensión fomenta el aislamiento y tendemos a crear un discurso interno, para “iniciados”, que se retroalimenta, en el que los parámetros de lo políticamente correcto son otros.

En la búsqueda de un pensamiento lo más libre que se pueda, dentro de los márgenes de la propia socialización, traspasar las barreras de lo políticamente correcto es algo, en principio, positivo. Transgresor y necesario en el caso de la cultura dominante. Pero también puede ser sano cuestionarnos y replantearnos esas barreras respecto al pensamiento que se pretende alternativo.

Desde posiciones antagonistas somos creadores de discursos alternativos y tratamos de dotarlos de la mayor consistencia posible. Sin embargo, su carácter minoritario, sus posibles limitaciones o problemas, así como los ataques o cuestionamientos que puedan recibir, hacen que muchas veces nos resistamos a profundizar o visibilizar las cuestiones que pueden dañar esa imagen de unidad, de pensamiento colectivo. O incluso, rizando el rizo, exteriorizamos una imagen de autocrítica o de cuestionamiento continuo de nuestros planteamientos, cuando en realidad dichas críticas no están realmente interiorizadas o no tienen una plasmación práctica real.

A veces es más fácil asumir un discurso preestablecido que trabajar las aristas de una determinada cuestión. Por un lado, porque en muchos casos ni siquiera somos capaces de dar una respuesta satisfactoria a las contradicciones que se pueden plantear. Las propias carencias en nuestros discursos y la especialización de los colectivos en temáticas específicas generan la sensación de que uno no puede cuestionar algo a quien lleva más tiempo trabajándoselo, bien por carencias formativas o por miedo a no saber defender la propia postura. Y, por otro lado, porque plantear dichas objeciones puede generar un conflicto en un entorno que ya de por sí goza de poca salud. El conflicto asusta y es muy desgastante. Cuando se plantean diferencias importantes entre colectivos o personas en un ámbito alternativo, surgen a menudo muchas miserias: falta de comunicación, lucha de egos, rencillas personales, etc. Hay además ciertos temas que han generado conflictos en el pasado, y existe el temor a que se repitan. A ello se suma que, tras largos procesos de debate, da la sensación de que ya se ha dicho todo sobre determinados temas. Finalmente, cuestionar o contradecir la postura general suele generar hartazgo en las personas que ya le han dado muchas vueltas a esos temas.

Dependiendo del entorno en el que tratemos de comunicarnos hay establecidos una serie de posturas e ideas que definen los límites de lo políticamente correcto. Esos límites tienen aspectos positivos y negativos. Por un lado, son necesarios, ya que permiten que partamos de unas premisas y códigos comunes desde las que avanzar en el desarrollo de nuestras posturas. Pero cuando se convierten en tabús o se utilizan para reforzar acríticamente una identidad política entorpecen el debate de ideas, y dificultan los cambios que pueda ser necesario acometer. Es decir, no se da pie a que en un debate sincero se pueda producir un intercambio enriquecedor entre las personas.

En esta línea, hemos desarrollado una tendencia a considerar ciertas ideas o comportamientos como supuestamente “intocables” “sobreentendidos” o “naturales” para una persona que se diga de izquierdas, radical, libertaria, etc. Este determinismo añade una nueva dificultad a la crítica de determinados aspectos, ya que no es posible hacerlo sin correr el riesgo de ser puesto uno mismo en cuestión (por machista, especista, retrógrado, antivasco, etc.). Esto no quiere decir, por supuesto, que de alguna manera no haya que establecer una “corrección política” basada en una ética asumida colectivamente. La utilización de un lenguaje y una simbología que no denigre, estigmatice o discrimine a otros individuos o grupos sociales debería ser una base sobre la que se asienten nuestras relaciones. Sin embargo, la dificultad de identificar lo que es apropiado o no, dentro de la amalgama de sensibilidades que componen nuestra vida política, puede derivar en un asfixiante autocontrol de todo lo que planteamos.

Las emociones

Las formas en que el grupo ejerce presión sobre los individuos es un aspecto que deberíamos abordar detenidamente. Estas se ven muchas veces afectadas por componentes emocionales o sentimentales. Las emociones son una parte importante de nuestras relaciones colectivas. En este sentido, la utilización de lo emocional puede ser un mecanismo muy potente de manipulación y condicionamiento, tanto en la política como en otros ámbitos de nuestras relaciones.

La creación de un entorno en el que además de relaciones políticas se dan relaciones afectivas genera unos miedos añadidos que pueden contribuir a la autocensura. Al miedo al rechazo político se suma el miedo al rechazo personal y a la pérdida de un determinado estatus social. La degradación en los vínculos personales que conllevan las sociedades cada vez más individualistas y tecnificadas que padecemos, hace que busquemos cada vez más afecto entre compañeras de lucha.

Que nuestras compañeras sean también muchas veces nuestras amigas o las personas con las que más nos relacionamos nos enriquece por una parte pero también nos condiciona. Nos limita porque queremos seguir siendo importantes para ellas, y si la convivencia ya genera problemas, las diferencias políticas más. La necesidad de sentirnos integradas y valoradas en esos entornos afectivos y políticos hace que, incluso a veces de forma inconsciente, asumamos acríticamente ciertas posturas. O, por ejemplo, el miedo a que ciertos cambios de opinión o de postura respecto a un tema sean vistos por los demás como una traición personal. La experiencia nos muestra cómo cuando se exige el posicionamiento respecto a un conflicto, los vínculos personales juegan un papel muy importante, que no puede ser analizado exclusivamente en su dimensión política.

Además de las implicaciones emocionales respecto a otras personas, también se dan respecto a determinados temas y ambas están relacionadas entre sí. Muchas veces, el miedo a sentirnos juzgadas influye en la sensibilidad que mostramos hacia ciertas temáticas. Hay algunos temas que son especialmente proclives a generar tensiones, en general todos aquellos que apelan a la sensibilización hacia colectivos oprimidos o desfavorecidos: mujeres, animales, inmigrantes… en cuyos debates, ciertos cuestionamientos o críticas de la estrategia de lucha o de temas más “filosóficos” o de fondo son entendidos como ataques ideológicos frontales o como insolidaridad con los propios colectivos. Nuestros grupos están, en general, basados en la solidaridad y el apoyo mutuo, por lo que tenemos interiorizados ciertos temores a ser insolidarias o insensibles, o incluso a parecerlo.

Resulta significativo constatar como a menudo, cuando por evolución personal, por un cambio de ambiente o por otras circunstancias, nos alejamos (física o mentalmente) de un entorno y dejamos de sentir la presión de sentirnos juzgadas, le quitamos importancia a cosas que antes nos parecían vitales. Por otro lado, la falta de perspectiva de pertenencia a un movimiento o comunidad de lucha (en un sentido amplio-no parcial) y de la realidad social en la que se inscribe, hace que se generen pequeños entornos político-afectivos con condicionantes y sensibilidades muy diferentes entre ellos. En general, la receptividad hacia un tema u otro varía en los distintos espacios en los que nos movemos. Es decir, no hay la misma sensibilidad hacia ciertos asuntos en el entorno de una CNT de Andalucía, que en un Gaztetxe de Gipuzkoa o que en un CSOA de Madrid. Cuando intentamos llegar a un espectro muy amplio de compañeras es difícil contemplar todas las sensibilidades, partiendo además, de que la nuestra está limitada por el entorno y las experiencias propias.

Identidad y magnificación de lo simbólico

A todo el mundo le importa la imagen que transmite públicamente, y así debería ser si se pretende buscar la complicidad de la gente hacia las ideas que se defienden. Pero la necesidad de no sentir el rechazo de un público general puede llevarnos, en algunos casos, a adornar, o directamente disfrazar, ciertas ideas dependiendo del entorno al que van dirigido. No es lo mismo mostrar determinados planteamientos y estrategias en un espacio afín (como jornadas, charlas o debates en espacios en los que participa gente con cierto recorrido político común) que trabajar la difusión de ideas en espacios en los que se da una concurrencia más amplia (plataformas, movimientos populares o vecinales, 15M, etc.). En ambos casos la autocensura puede funcionar de forma opuesta. En el primero, cuando se omiten dudas o planteamientos que pueden generar el rechazo o la desconfianza en otros grupos o personas que creemos afines para evitar el conflicto. En el segundo caso, cuando buscamos una aceptación o apoyo más general, la autocensura se puede dar como una forma de rebajar el discurso o eludir una profundización en la crítica, para no sentirnos fuera de esos movimientos.

A un nivel más personal, la cada vez más pronunciada dificultad para mantener una vida coherente con nuestra forma de pensar y los discursos que defendemos, nos lleva a veces a una doble vida, por un lado de “ultracoherencia” militante parcial y focalizada, y por otro de incoherencias que normalizamos y justificamos en nuestro día a día.

Esta dificultad para llevar a la práctica cotidiana los valores que nos parecen importantes y la recuperación por parte del sistema de cierta simbología y valores asociados a la izquierda (previamente desprovistos de potencial rupturista), nos lleva, por un lado, a la necesidad de diferenciarnos de la masa, y por otro, de proyectar la imagen de comunidad. La comunidad de lucha, que antes se daba de forma natural a través de las propias luchas y de la identidad de clase, tiende a disolverse y ser progresivamente sustituida por la búsqueda de identidades en base a lo estético, lo cultural, etc. Es en este contexto de individuos huérfanos de identidad propia en el que se da la magnificación de lo simbólico y de la búsqueda de reafirmar la comunidad a través de la imagen que se proyecta. Además, la degradación de las relaciones sociales, acentúa la necesidad de sentirnos parte de algo colectivo y es cuando se produce esta tendencia en lo referido a los movimientos sociales, cuando se producen las inercias que impiden plantear ciertas críticas o posturas, o un exceso de celo en todo lo que perturbe o cuestione esa imagen de unidad y postura colectiva.

Por otro lado, los cambios en la forma de pensar que se producen durante la evolución y el crecimiento personal, y en el contexto individual (situación laboral y familiar, vivencias…), dificulta todavía más la capacidad que tenemos para valorar la importancia que tienen los diferentes temas en cada momento concreto en la dinámica general de cuestionamiento del modelo social. Lo cual puede generar una tendencia a considerar que “nuestra lucha”, o la que estamos desarrollando en ese momento, es la más importante.

Amago de conclusiones

En la elaboración de un marco común de entendimiento es necesario, e incluso inevitable, establecer unas bases de lo políticamente aceptable y lo que no. Se trata de que el proceso de creación de una comunidad de lucha enfrentada al orden social impuesto sea lo más real o auténtico posible, de que, manteniendo la pluralidad del pensamiento individual, con sus dudas, evoluciones y contradicciones, se puedan dar unas pautas comunes desde las que plantear formas de organización social alternativas.

La necesidad de sentirnos integradas, no sólo en lo afectivo, sino en lo político, nos lleva a la búsqueda de un marco cultural diferenciador respecto a otras identidades políticas. La identificación con un grupo requiere que sus miembros se reconozcan entre sí y ante los demás como similares. La dificultad de plasmar ese reconocimiento de forma natural, en el desarrollo de las luchas, nos ha llevado a su reforzamiento mediante lo simbólico. La importancia que han ido tomando los símbolos y la estética en las luchas es un síntoma de inoperancia de las mismas.

También resulta inevitable que nuestras valoraciones y posicionamientos políticos se vean afectados por las emociones o sentimientos –lo personal forma parte de lo político- y que los vínculos afectivos añadan ciertos miedos y condicionamientos que intervienen a la hora de plantear esos posicionamientos con honestidad. No se trata de evitar esos sentimientos, que son los que muchas veces nos mueven, los que nos permiten empatizar con quienes no compartimos y sentirnos cerca de aquellas con las que sí compartimos. Se trata de detectarlos y valorarlos, cuestionarlos y racionalizarlos, para evitar entrar en dinámicas tóxicas como el chantaje emocional o la intensificación del sentimiento de culpa.

UNA PORTADA

La elección de la portada, así como del formato, la maquetación y otros aspectos gráficos de la revista que tienes entre manos es algo a lo que quienes la editamos damos bastante importancia. Pretendemos que resulte atractiva y seria, que le dé un poco de color y aligere los textos que en ella presentamos, por lo general densos y extensos. De alguna forma, buscamos que la imagen suponga la identificación o el refuerzo de los contenidos que se desarrollan en los textos a los que acompaña. Pero esto es un arma de doble filo; por un lado, tratamos que esa identificación sea lo suficientemente amplia para que llegue a un extenso espectro de lectoras, pero, por otro, intentamos que transmita unas connotaciones políticas honestas y coherentes. Por eso, durante la elaboración del número anterior, la elección de la portada dio pie a un fugaz debate (condicionado por los tiempos de edición) sobre la autocensura y la importancia de lo simbólico.

Un dibujante, al que ya hemos recurrido en otras ocasiones para ilustrar la portada, nos envió una imagen en la que un cerdo, con traje y corbata, aparecía representado como un poderoso al que su desayuno se le rebelaba. En un principio, la iconografía utilizada (que respondía a una convencionalidad gráfica habitual) no nos pareció algo absolutamente fundamental -teniendo en cuenta además que se trataba de un encargo propio, aunque muy genérico (el tema de la rebelión) al que había dado forma concreta el dibujante-. Sin embargo, enseguida pensamos que dicha portada podía herir ciertas sensibilidades. Lo consultamos con personas cercanas, algunas de las cuales nos comentaron que no estimaban adecuado utilizar como símbolo de dominación a uno de los animales que precisamente más la padece. Lo discutimos y consideramos que esta utilización simbólica no iba a tener en este caso puntual una mayor trascendencia para la situación concreta de estos animales, y que el tema de la representación simbólica daba para un debate en profundidad.

En diversas ocasiones hemos planteado publicar textos o imágenes que sabemos que pueden generar cierta discusión, valorando que la provocación puede ser válida para agitar y replantear ciertos debates. Pero en este caso nos pareció que se podía generar una polémica estéril e innecesaria y por ello propusimos al dibujante que cambiara la portada.

Pero el hecho de replantearnos la publicación de la imagen de dicha portada por cuestiones que en ese momento rebasaron nuestros criterios mínimos nos generó algunas dudas y el interés por debatir sobre dichos criterios y sobre la conveniencia o no de formas de autocensura en determinados casos. Más allá del tema en sí (la utilización simbólica de los animales no humanos y el maltrato y la dominación sobre otras especies que tiene sin duda gran importancia), se nos planteó una cuestión más general sobre la influencia y consideración de las sensibilidades externas y sobre los diversos matices que surgen a la hora de decidir sobre qué aspectos se hace un mayor o menor hincapié. Esta necesidad ha dado pie al texto abierto que hemos elaborado sobre la autocensura y la corrección política.

[1] Esa idea ha sido más profundamente desarrollada por autores como Guy Debord (La sociedad del espectáculo) y Ramón Fernández Durán (Tercera Piel, Sociedad de la Imagen y conquista del alma).

Fuente: https://www.nodo50.org/ekintza/spip...

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Polémica al enseñar la Policía Nacional sus armas a los niños en Durango

13 September, 2018 - 19:45

DURANGO.- El Parque Vuelta ha generado un gran revuelo entre los asistentes ante el stand de la Policía Nacional. Los decenas de agentes concentrados en Ezkurdi enseñaban a los niños sus armas y el robot que disponen para desactivar bombas. “¿Habéis utilizado alguna vez? ¿Cómo se maneja?” eran algunas de las preguntas de los menores a los agentes que sujetaban un arma situada encima de la mesa. Además los niños han aprovechado el momento para hacerse fotos con el casco de los agentes.

Los padres y madres que pasaban por el lugar no daban crédito a lo que estaban viendo. “¿Qué tiene que ver esto con el deporte?”, se preguntaban mientras pasaban con cara de asombro. DOT ha preguntado a uno de los agentes si suelen ubicarse en todas las finales de etapa y la respuesta ha sido: “no en todas”.

Incluso el concejal de Herriaren Eskubidea, Julián Rios, ha denunciado la situación señalando “¿Esto es enseñar en valores?. Desde EH Bildu también han mostrado su enfado ante lo que estaba ocurriendo en Ezkurdi.

Incluso el bertsolari, Igor Elortza salía del stand manifestando su intención de pedir explicaciones al Ayuntamiento de Durango ante lo que estaba sucediendo.

25.000 EUROS

Desde Eh Bildu han añadido que “en el ayuntamiento estamos trabajando en contra de los juguetes bélicos y hoy nos encontramos con una exhibición de adoctrinamiento de la Policía hacía los niños, dándoles camisetas material de la policía y dejandoles tocar armas y vestimenta como chalecos y cascos, y luego dejamos que esto suceda en Durango?, ha indicado Eider Uribe, de EH Bildu.

Además el concejal de Herriaren Eskubidea, Julián Ríos, ha explicado que “ayer nos enteramos que se iban a destinar por decreto 25.000 euros para el Parque Vuelta, sin ninguna explicación y nos encontramos con todos los stands de empresas privadas y uno de la Policía Nacional enseñando armas de los niños ¿estos son los valores que queremos inculcar?”.

Fuente: https://dotb.eus/dotb-eus-polemica-...

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El gobierno español finalmente autoriza el envío de las bombas de precisión a Arabia Saudí

13 September, 2018 - 00:00

Fuentes diplomáticas aseguran que ya se ha informado al régimen autoritario de que el armamento queda a su disposición.

La ley española prohíbe este tipo de ventas, puesto que se ha atestiguado que Arabia Saudí ha cometido crímenes de guerra al bombardear civiles con el mismo tipo de proyectiles.

eldiario.es

El Ministerio de Defensa ha autorizado el envío a Arabia Saudí del cargamento de 400 bombas de precisión láser paralizado por Margarita Robles la pasada semana. Según han confirmado fuentes diplomáticas a El Periódico, la autorización se ha producido durante la mañana de este miércoles. El Ministerio de Defensa no ha querido confirmar ni desmentir la información hasta el momento.

Robles paralizó la venta, cerrada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, por el riesgo de que fuesen usadas para cometer crímenes de guerra en Yemen. Observadores internacionales han atestiguado que las fuerzas saudíes han utilizado el mismo tipo de armamento, importado desde países como EEUU, Reino Unido y Brasil, para bombardear de manera indiscriminada a la población civil. Según confirmó el Ministerio la pasada semana, los trámites para devolver los 9,2 millones de euros que Arabia Saudí pagó por las bombas ya habían comenzado.

Sin embargo, la decisión de la ministra pilló por sorpresa a una parte del Ejecutivo. Exteriores tuvo que enfrentar las quejas de la monarquía absolutista, que según algunas fuentes, amenazó en privado con cancelar el contrato asignado a Navantia para construir cinco corbetas.

La tensión creció con las protestas de los trabajadores de la empresa pública, que se manifestaron para pedir al Gobierno que no pusiera en riesgo los 6.000 puestos de trabajo que dependen de la construcción de los buques. La situación derivó en una crisis que obligó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a enmendar a su ministra de Defensa y asegurar que la decisión sobre la cancelación de la venta de las bombas no era definitiva. Días más tarde, Robles reconoció que la venta no se había cancelado, como confirmó Defensa en un principio.

La ley española que regula el comercio de armamento prohíbe este tipo de ventas. Exige vetar cualquier envío a países sobre los que existan "indicios racionales" de violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o uso de las armas contra civiles. Diversos organismos internacionales como Naciones Unidas han atestiguado que Arabia Saudí viola estos principios en su campaña de bombardeos y bloqueo naval contra Yemen.

El Diario

Las ONG, tras la autorización del envío de las bombas a Arabia Saudí: "España podría ser cómplice en crímenes de guerra"

Los portavoces de Armas bajo Control muestran su "decepción" tras conocer que Defensa ha autorizado el envío del cargamento de 400 bombas de precisión láser paralizado por Margarita Robles la pasada .

"Teníamos una cierta esperanza, esto es la prueba del algodón y es un fracaso enorme del Gobierno, porque estaría violando la ley", sostienen.

Desalambre

Lo rozaron con los dedos, conscientes de lo difícil que era que el Gobierno escuchara sus demandas. Las ONG especializadas que llevan años reclamando el cese de la venta de armas a Arabia Saudí aplaudieron hace una semana el anuncio del Ministerio de Defensa de paralizar el contrato de 400 bombas de precisión láser por el riesgo de cometer crímenes de guerra contra la población civil en Yemen.

Este miércoles ha llegado la "decepción" tras conocer que Defensa ha autorizado el envío del cargamento paralizado por Margarita Robles la pasada semana. Según han confirmado fuentes diplomáticas a El Periódico, la autorización se ha producido durante la mañana de este miércoles. El Ministerio de Defensa no ha querido confirmar ni desmentir la información hasta el momento. Las organizaciones aseguran que ellas tampoco han recibido la confirmación de esta información.

"A la espera de confirmación oficial, es muy decepcionante y una pésima noticia porque este tipo de armas de precisión de armas se han usado para atacar bodas, funerales, todo tipo de objetivos civiles y en muchas ocasiones en los mas de 18.000 bombardeos registrados en tres años de guerra", explica a eldiario.es Alberto Estévez, coordinador de la campaña Armas bajo Control, impulsada por Amnistía Internacional (AI), FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón.

En la misma línea se expresa Esteban Beltrán, director de AI en España. "Es simplemente inaceptable que se puedan autorizar estas bombas sabiendo como se sabe que se puede utilizar para bombardear a población civil en Yemen", afirma.

Observadores internacionales han atestiguado que las fuerzas saudíes han utilizado el mismo tipo de armamento, importado desde países como EEUU, Reino Unido y Brasil, para bombardear de manera indiscriminada a la población civil. Según confirmó el Ministerio la pasada semana, los trámites para devolver los 9,2 millones de euros que Arabia Saudí pagó por las bombas ya habían comenzado. La ONU ha pedido recientemente a todos los países "abstenerse de proporcionar armas que puedan ser utilizadas en el conflicto en Yemen" y ha acusado a todas las partes en la guerra, incluida la coalición que lidera el régimen saudí, de cometer potenciales crímenes de guerra.

"Podemos estar ante un incumplimiento muy grave y una violación flagrante de la ley. Potencialmente, haría que España pueda ser cómplice en la comisión de crímenes de guerra", recalca Estévez. "Teníamos una cierta esperanza, somos realistas y sabíamos que era difícil, pero esto es la prueba del algodón y es un fracaso enorme del Gobierno, porque estaría violando la ley", reitera. La legislación española que regula el comercio de armamento prohíbe este tipo de ventas y exige vetar cualquier envío a países sobre los que existan "indicios racionales" de violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o uso de las armas contra civiles.

"Una vez más, se prioriza la defensa de los derechos comerciales frente a los derechos humanos absolutamente lamentable y caso omiso a la recomendación del grupos de expertos de la ONU", sostiene Paula San Pedro, portavoz de Oxfam en la campaña. "La decisión de Defensa fue un punto de inflexión y nos sorprendió muy gratamente, llevamos 20 años de campaña y no es una agenda fácil. Ya se ha abierto un debate relevante y la sociedad española que podía haber vivido de espaldas a esta realidad, ahora la conoce", prosigue.

Se trataba, además, de uno de los compromisos enumerados por el PSOE en su programa electoral, en el que prometió "cumplir estrictamente" lo recogido en la Ley sobre comercio de armas, "denegando su autorización cuando exista riesgo claro de que puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano". También se comprometió a reforzar "el control parlamentario y la transparencia".

"Si sabes, como Gobierno, que las armas se pueden utilizar esas exportaciones hay que prohibirlas, no se puede autorizar. Hay que resistir a las presiones, ¿dónde queda la soberanía nacional? El Gobierno tiene que ser firme en sus principios, esto no es como aquello que decía Groucho Marx de 'si no le gustan mis principios, tengo otros", comenta Estévez.

Con la decisión de paralizar el contrato, España se sumaba al grupo de países que han restringido la venta de armamento a los saudíes. Sin embargo, la decisión de la ministra pilló por sorpresa a una parte del Ejecutivo. Exteriores tuvo que enfrentar las quejas de la monarquía absolutista, que según algunas fuentes, amenazó en privado con cancelar el contrato asignado a Navantia para construir cinco corbetas.

La tensión creció con las protestas de los trabajadores de la empresa pública, que se manifestaron para pedir al Gobierno que no pusiera en riesgo los 6.000 puestos de trabajo que dependen de la construcción de los buques. La situación derivó en una crisis que obligó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a enmendar a su ministra de Defensa y asegurar que la decisión sobre la cancelación de la venta de las bombas no era definitiva. Días más tarde, Robles reconoció que la venta no se había cancelado, como confirmó Defensa en un principio.

Hace una semana, las ONG se reunieron con la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez. Durante el encuentro, el Gobierno confirmó que estaba revisando las exportaciones de armas a Arabia Saudí, tal y como anunció después del bombardeo de un autobús que dejó decenas de menores muertos en Yemen el pasado 9 de agosto.

Este miércoles, las organizaciones vuelven a reclamar lo mismo que hicieron entonces: que el Ejecutivo siga adelante con la anulación del contrato de las bombas de precisión láser y que revise todas las licencias de exportación de armamento que pueda ser utilizado en la guerra que azota al país árabe. "Esperamos que el Gobierno recapacite, que Defensa sea valiente y tenga el coraje político de hacer lo que dijo con estas bombas, así como que revise todos los contratos, y que como pide Naciones Unidas, no permita la venta de armas que puedan ser usadas contra los civiles en Yemen", sentencia Estévez.

El Diario

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Comunicado de Autonomía Obrera y CGT sobre el contrato de Navantia y Arabia Saudí

13 September, 2018 - 00:00

Los sindicatos Autonomía Obrera y CGT de Cádiz, organizaciones que cuentan con los servicios jurídicos de Autonomía Sur, han publicado el siguiente manifiesto sobre la noticia acerca del contrato de las corbetas para el gobierno de Arabia Saudí. Reproducimos el comunicado íntegro.

No a la venta de material bélico a Arabia Saudí

Ante las movilizaciones que, a propuesta de su Comité de Empresa, llevaron a cabo el pasado viernes una parte del colectivo de trabajadores/as de NAVANTIA-SAN FERNANDO, desde las Secciones Sindicales de Autonomía Obrera y CGT del Hospital “Puerta del Mar” queremos manifestar públicamente lo que sigue:

Que ambas Secciones Sindicales rechazamos tajantemente tales movilizaciones por su gravísimo contenido insolidario y belicista, ya que lo único que, en última instancia, se persigue con ellas es imponer al gobierno central un cambio de postura en su decisión de anular la venta a Arabia Saudí de un pedido de 400 bombas de precisión laser por el temor a que ello pudiese implicar la anulación por ese país del contrato firmado en julio para la construcción de cinco corbetas.

Que para los abajo firmantes la lucha de los trabajadores/as por sus derechos y por el empleo no puede emprenderse nunca a cualquier precio, ni bajo cualquier bandera reivindicativa, sino que debe tener siempre como límites muy claros la obligación de que el objetivo de una lucha o el acuerdo concreto con que se cierre no conlleve nunca el deterioro de los derechos laborales de otros trabajadores y, menos aún, menoscaben los derechos humanos de otros colectivos o pueblos. Todo lo que se salga de esa simple exigencia, por mucha apariencia reivindicativa que presente (cortes de tráfico, neumáticos ardiendo, etc.) no sólo no es una lucha obrera real, sino que constituye en el fondo una movilización reaccionaria y una expresión gravísima de insolidaridad e incoherencia que nada tienen que ver con las luchas históricas del movimiento obrero.

Que, a tal efecto, resulta obligado recordar a quienes se movilizaron el pasado viernes, a sus líderes sindicales y a todos cuantos desde la tribuna pública les han jaleado sin pudor en estos días, algunas circunstancias internacionales que organizaciones como la ONU, UNICEF, CRUZ ROJA, AMNISTÍA INTERNACIONAL, INTERMON OXFAN o GREEN PEACE no han cesado de denunciar reiteradamente y que son las que siguen:

Que, desde hace 3 años, Arabia Saudí encabeza una coalición militar que mantiene una guerra extrema contra en territorio de Yemen que ha provocado ya la muerte de más de 6.000 civiles (de los que 2.400 eran niños), 50.000 personas han resultado heridas, y tres millones de ciudadanas/os yemeníes se han convertido en desplazados dentro de su propio país.

Que, como consecuencia de esa guerra impuesta por EEUU y Arabia Saudí, Yemen sufre actualmente una de las mayores crisis humanitarias del mundo, con al menos 22,2 millones de personas (el 83% de su población) necesitadas de ayuda humanitaria para subsistir y más de un millón de presuntos casos de cólera. La guerra de Yemen (promovida por EEUU y Arabia Saudí y denominada “la guerra invisible” por el aislamiento informativo que sufre) representa hoy día la mayor crisis humanitaria que se vive en el mundo.

Que hace tan sólo un mes, el pasado 9 de agosto, UNICEF y CRUZ ROJA informaron que la coalición dirigida por Arabia Saudí perpetró un ataque aéreo en Yemen que causó 50 muertos y 77 heridos; uno de los objetivos del ataque fue un camión ocupado por niños que se dirigía a una escuela, de ahí que al menos 29 de esas víctimas fueran niños menores de 15 años. Y pocos días antes, el 2 de agosto, el bombardeo en un mercado y un hospital cercano en a la ciudad de Al Hudeida dejó más de medio de centenar de muertos (de los que 6 eran menores y 4 mujeres) y más de cien heridos. Según Intermon Oxfan, agosto ha sido el mes más sangriento para la población civil de Yemen en lo que va de año. A fecha del 31 de agosto, un total de 981 personas civiles habían resultado heridas o perdido la vida, incluidos 300 niños y niñas.

Según datos oficiales facilitados por Amnistía Internacional, entre 2015 y junio de 2017 (últimos datos disponibles), España autorizó 202 licencias de exportación de armas a Arabia Saudí, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Marruecos y Qatar, integrantes de la coalición militar encabezada por Arabia Saudí que bombardea Yemen. El valor de esas autorizaciones de exportación de armas en ese período ascendió a 1.569 millones de euros y el importe de las exportaciones realizadas es de 1.229 millones de euros. Como denuncia AI, esa cantidad supone casi mil veces más que la destinada a ayuda humanitaria a Yemen desde el inicio del conflicto, que ascendía a 1,3 millones de euros hasta diciembre de 2017.

Que, por lo que respecta en exclusiva a Arabia Saudí, debe recordarse que esta dictadura es el 5º mayor cliente armamentístico de España y que sólo entre 2015 y junio de 2017 vendimos armas por valor de 728,5 millones de euros, entre las que se encuentran las 400 bombas de precisión laser susceptibles de utilizar contra la población civil de Yemen, que son el resultado de un contrato firmado en 2015 por el anterior gobierno del PP por valor de 9,2 millones de euros.

Que, así mismo, ambas Secciones Sindicales lamentamos profundamente la extrema tibieza, cuando no la clara y sonora complacencia, con que se han manifestado en relación a estas movilizaciones los máximos líderes de las organizaciones de izquierda en nuestra comunidad y nuestra ciudad. De Dña. Susana Díaz (PSOE de Andalucía) era de esperar su pronunciamiento claramente a favor de todas las rectificaciones que fueran precisas para salvar el contrato de las fragatas con Arabia Saudí, sobre todo si con esa posición se atacaba abiertamente al gobierno de Pedro Sánchez. Pero lo que resulta asombroso e inaceptable a todas luces es que, de nuevo, los dirigentes de CC.OO., U.G.T. y de Podemos-Andalucía respalden abiertamente las protestas de los trabajadores de NAVANTIA-SAN FERNANDO, rehúsen pronunciarse en contra de la venta de bombas a Arabia Saudí y se dediquen tristemente a “lanzar balones fuera” responsabilizando de lo que sucede a quienes nos impusieron el vergonzoso modelo industrial/militar que hoy sufrimos en nuestra Bahía. En el sindicalismo y en la política, resulta obligado recordarles, se debe estar siempre para defender posiciones éticas y justas, aunque sus contenidos no sean entendidos o asumidos por la población; tenemos la obligación moral de defender a cualquier precio los derechos humanos desde todas sus perspectivas, aunque ello nos suponga (como seguramente sucederá, por ejemplo, cuando se difunda esta nota) recibir críticas furibundas, ataques irracionales o, sencillamente, perder respaldo electoral. No estamos, en suma, para ganar elecciones a costa de lo que sea, sino para cambiar la forma de pensar de la población en una dirección ética, justa y solidaria; si pronunciarnos y hacer política o sindicalismo en esos términos nos conduce secundariamente a ganar elecciones, bienvenido sea ese resultado, pero si, por el contrario, nos lleva a perderlas, será siempre una derrota honrosa, fruto de anteponer los principios y no ceder al atractivo abrazo de las ideas populistas y demagógicas que hoy tanto parecen gustar.

Que, por último, ambas Secciones Sindicales respaldamos plenamente la campaña ARMAS BAJO CONTROL, promovida por Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace e Intermon Oxfan, y exigimos al gobierno central que, al igual que ya han hecho otros países como Suecia, Canadá, Finlandia, Noruega o Bélgica, cese todas las exportaciones de materiales bélicos a países que están cometiendo crímenes de derecho internacional o que violen los derechos humanos (como sucede con la intervención militar en Yemen) y que, por tanto, pongan inmediato fin a la venta de todo tipo de armamento a Arabia Saudí y mantenga su compromiso de anular la entrega de las 400 bombas de precisión laser, sean cuales sean sus efectos.

Como de forma tan acertada ha señalado recientemente el director de Intermón Oxfan, “no se puede permitir que se vendan armas que puedan ser utilizadas en un país azotado por más de un millón de casos de cólera y al borde de la hambruna, donde tres de cada cuatro yemeníes necesitan ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, en una crisis exacerbada por el bloqueo naval y aéreo”.

El horizonte industrial de la bahía no puede salvarse a costa de la guerra y la sangre de miles de civiles inocentes en otros territorios de nuestro planeta.

SECCIONES SINDICALES DE CGT Y AUTONOMIA OBRERA DEL HOSPITAL “PUERTA DEL MAR” DE CADIZ

Fuente: http://autonomiasur.org/wp/comunica...

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Puerros

13 September, 2018 - 00:00

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40 años de la película maldita del cine valenciano

13 September, 2018 - 00:00

voro contreras

Escándalo. En 1978, en plena transición y auge de la contracultura, Carles Mira llevó al cine los «miracles» de Sant Vicent Ferrer. El resultado no pudo ser más polémico.

El 1 de septiembre de 1978 el Cine Luchana de Madrid acogía el estreno de La portentosa vida del Pare Vicent, escrita y dirigida por el valenciano Carles Mira y con Albert Boadella, Ovidi Montllor y Ángela Molina como protagonistas. Ese mismo día, el entonces presidente de la Diputación de Valencia, Ignacio Carrau, le enviaba un telegrama al ministro de Cultura, Pío Cabanillas, instándole a prohibir este «infamante» filme, que suponía, según Carrau, «un ataque al honor del pueblo valenciano, que tiene en San Vicente Ferrer, figura indiscutible en su historia con proyección internacional».

Pese al telegrama de Carrau, la película que ahora cumple 40 años se pudo estrenar en toda España, aunque en València no lo hizo hasta noviembre de 1981. Desde meses antes de aquel estreno en el Luchana el trabajo de Mira ya había despertado tanta polémica y el clima estaba tan turbio que los exhibidores del «cap i casal» decidieron no proyectar el filme. Quizá algunos lo hicieran por cuestiones ideológicas, pero también tenían poderosas razones para tener miedo.

Cuando el 26 de septiembre de 1978 La portentosa vida... se estrenó en el Goya de Alcoy -localidad que se había implicado íntimamente en la producción- una bomba explosionó en los baños de este cine durante la proyección. El atentado -que no provocó más víctimas de gravedad que los inodoros- fue reivindicado por tres formaciones distintas: el Grupo Antimarxista Valenciano, la Brigada Antipornográfica de Castellón y el Movimiento de Izquierda Nacionalista Valenciano. «La próxima vez que en el Reino de Valencia se proyecte, prometemos que el mal será mayor. El cine será destruido», advertía el Grupo Antimarxista en un comunicado posterior al atentado.

Así quedaron los baños del cine Goya de Alcoy tras la explosión de la bomba durante el estreno.

« La portenosa vida del Pare Vicent puso el dedo en la llaga de una latencia inquisitorial medular en la sociedad valenciana y, por extensión, en la española», afirma Jordi Costa en Como acabar con la Contracultura. Una historia subterránea de España, un estudio publicado este año en el que el crítico y periodista analiza varios hitos culturales del «underground» patrio alumbrados en las postrimerías del franquismo durante la transición. Uno de los hitos a los que Costa dedica más espacio es, precisamente, esta peli maldita en la historia del cine valenciano.

Tal como relata Costa, Carles Mira encontró inspiración para su debut en las representaciones de los «Miracles» de Sant Vicent y en la literatura sobre la vida de los santos del siglo XVII y XVIII, especialmente la hagiografía que dedicó al santo valenciano el dominico Vidal y Micó. El director valenciano -que en alguna entrevista comparaba al santo con un Mazinger Z de la época- decidió prescindir del Sant Vicent histórico y quedarse con el mito. «Prefirió ubicar a su pare Vicent en el territorio de esa ficción popular que preservaría el legado evangélico a lo largo del tiempo», señala.

Sin embargo, pese al tono entre esperpéntico e ingenuista que eligió para contar la historia, Mira no renunció a mostrar un posicionamiento ideológico con respecto al personaje. Lo hizo, según Costa, en escenas como la del grupo de prohombres que valora los beneficios económicos que les reportará traer a Sant Vicent a predicar en su pueblo, o aquella en la que el santo -al que Mira convierte en una especie de rock star mesiánica al albur del Jesucristo Superstar de Andrew Lloyd Weber y Tim Rice- y sus discípulos planifican su próxima visita evangelizadora como una especie de performance.

Costa destaca otra particularidad ideológica de La portentosa vida...: la de su producción. Para financiar la película, el cineasta valenciano optó por un método mixto que incluía -junto al capital profesional y el aportado por su propia productora- una participación en régimen de cooperativa de actores y equipo. Se montaron talleres en una vieja fábrica de Alcoy para elaborar decorados y vestuario, dormían todos juntos en literas que les dejó una filà de moros, los extras se establecían su propio sueldo, se utilizaban mantas sobrantes de la marcha verde marroquí... Una particular producción -«casi casi tupamara», según la definió el director- que no tardó en encontrar dificultades que desembocaron en un rodaje cada vez más improvisado y precario y cuyo presupuesto, finalmente, superó los 26 millones de pesetas.

Pero todo esto parece poca cosa si se compara con el escándalo que supuso la misma idea de plasmar a Sant Vicent en el celuloide, incluso antes de que llegase a las pantallas. Todo empezó cuando la revista Fotogramas publicó un reportaje sobre el rodaje que incluía una detallada sinopsis de la película. El 21 de abril de 1978 el periódico Las Provincias reprodujo una carta firmada por dos ciudadanos que, a su vez, recogía otra carta que estos le habían remitido al cardenal Tarancón instándole a juzgar a partir del reportaje de Panorama «a qué estado de humillación se pretende situar al pueblo valenciano». Tarancón no se pronunció, pero sí lo hizo la archidiócesis de Valencia a través de su boletín oficial, en la que acusaba a Mira de «pintarrajear con nauseabunda baba anticlerical» el legado espiritual de Sant Vicent.

Fue entonces cuando los exhibidores de València decidieron no estrenar la película y cuando el presidente de la diputación pidió al ministro Pío Cabanillas su prohibición. El mismo Carrau advertía en una entrevista que si La portentosa vida... se exhibía en la ciudad del santo «la indignación de los devotos que le veneran podría manifestarse con imprevisibles y graves consecuencias». El 16 de septiembre, un grupo de estos devotos valencianos se encerró en la iglesia de San Jerónimo de Madrid para protestar por la proyección, y al volver fueron recibidos por un millar de adeptos en las Torres de Serrano de donde marcharon a la Basílica para realizar una ofrenda florar al santo ultrajado. El 26 de septiembre, y tal como previó el presidente de la diputación, estalló la bomba en los baños del cine de Alcoy.

Poco a poco la polvareda que había levantado la película se fue diluyendo y las decenas de cartas de lectores a favor y en contra en los periódicos de la ciudad se fueron espaciando hasta desaparecer. Por fin, y con una discreta vigilancia policial, La portentosa vida... se pudo proyectar en València tres años después que en el resto de España. La polémica había terminado. O casi.

Diario Información

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Sánchez aprueba inversiones en Defensa por 4.232 millones en sus cien días de gobierno

12 September, 2018 - 00:00

Esteban Villarejo

El Gobierno aprobó el pasado viernes la modernización de los 17 helicópteros de transporte militar Chinook del Ejército de Tierra. Se trata de un contrato valorado en 1.060 millones de euros. Los trabajos se desarrollarán en la fábrica de la aeronáutica Boeing en Filadelfia (EE.UU.).

La medida, aprobada en el Consejo de Ministros, no tuvo la publicidad ni el comentario posterior de la ministra portavoz, Isabel Celaá. Sí constaba su explicación dentro del texto de la referencia que cuelga en su página web La Moncloa los viernes por la tarde, aunque sin especificar la cuantía del contrato en lo referente a los helicópteros Chinook.

Con este último gran acuerdo, el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez ha dado luz verde a seis grandes contratos de inversión en Defensa en sus primeros cien días de Gobierno. Estas inversiones comprometen 4.232 millones de euros para futuras anualidades.

El 20 de julio se aprobó la modernización del misil de crucero Taurus por 30 millones de euros (2018, 2019 y 2020). El 27 de julio se dio luz verde a subir el techo de gasto para construir los cuatro submarinos S-80 con otros 1.706 millones y también se aprobaron gastos de 1.397 millones, entre 2023 y 2037, para el uso de dos nuevos satélites de comunicación militar (Spainsat y Xtar-Eur). El 3 de agosto se rubricó un contrato por 21,6 millones para el sostenimiento de los aviones del Ejército del Aire. El 31 de agosto, la adquisición de un nuevo helicóptero de salvamento y rescate Súper Puma As332 por 18 millones.

Ahora con la esperada inversión en los helicópteros Chinook se autoriza la transformación de estos aparatos de la actual versión «D» a la «F». «Esta nueva actuación supone dotar a las actuales aeronaves de una nueva configuración, y conlleva la adquisición, renovación y modernización de los medios CIS [sistemas de información y comunicaciones], los equipos de apoyo en tierra, de planeamiento de misión y el sistema de simulación asociado al sistema, además de formación de pilotos y mecánicos y la documentación técnica», explica la referencia del Consejo de Ministros.

La modernización de los helicópteros Chinook no fue la única medida que acometió el Gobierno el pasado viernes y que afecta a la cartera de la ministra Margarita Robles. El Consejo de Ministros también «aprobó la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto en el Ministerio de Defensa, para atender programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas». De este modo, se da continuidad a la planificación organizada por el anterior Ministerio liderado por María Dolores de Cospedal.

Estos compromisos de inversión a los que se dio luz verde afectan a los Presupuestos «que van desde el año 2019 al 2031». La nueva reprogramación afectará a sistemas de armas ya iniciados como los buques de acción marítima BAM, la adquisición de nuevos helicópteros de transporte NH-90, aviones apagafuegos, y los programas tecnológicos del vehículo 8x8 (esencial para el futuro de las nuevas brigadas del Ejército de Tierra). Además, se menciona la fragata F-100, un programa de la Armada Española ya terminado. Salvo error en esta última partida, no se deja constancia de la nueva fragata F-110, esperada asimismo por los astilleros estatales de Navantia.

«Con este acuerdo se modifican los límites establecidos en el Consejo de Ministros del 27 de julio de 2018, donde se reprogramó el mencionado submarino S-80», informa la citada referencia.

Por último, el pasado viernes también se detalla la reprogramación del programa del helicóptero NH-90 del Ejército del Aire, que propone la tramitación de un nuevo programa especial NH-90, lo que se traduce en la adquisición de nuevas unidades «con el fin de garantizar sus capacidades potenciales de misiones a realizar y su grado de operatividad».

Este nuevo lote de helicópteros NH-90 construidos por Airbus en Albacete también formaba parte de los planes del anterior Ejecutivo. Según fuentes consultadas por ABC, supondría la adquisición de entre 20 y 25 nuevos helicópteros.

En vísperas de la Cumbre de la OTAN de Bruselas, el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, aseguró que el Gobierno daría «luz verde» a la inversión de 5.000 millones en el denominado nuevo ciclo inversor de la Defensa.

Por su parte, el presidente Sánchez adquirió el compromiso ante los aliados de la OTAN –y el presidente de EE.UU., Donald Trump- de aumentar la inversión en Defensa del 0,9 por ciento del PIB al 2 por ciento. Es una subida gradual hasta 2024.

Pese a la aprobación de estos seis grandes acuerdos, aún resta que el Gobierno apruebe el programa de las fragatas F-110 (estimado en 4.000 millones), la construcción de los vehículos 8x8 (más allá del programa tecnológico aprobado) o la adquisición de nuevos aviones de combate que sustituyan a los F-18 del Ejército del Aire y los Harrier de la Armada Española, aunque estas dos últimas decisiones podrían esperar un lustro.

La Voz de Cádiz

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El aeródromo militar de Santiago acumula más de 20 denuncias por irregularidades en obras y personal

12 September, 2018 - 00:00

EDUARDO BAYONA

Algo ocurre en el aeródromo militar de Santiago de Compostela, una pequeña instalación del Ejército del Aire que acaba de cumplir 25 años, que acumula en los dos últimos más de veinte denuncias penales y partes administrativos por presuntas irregularidades en la gestión de obras y en materia de personal y en la que, con una plantilla de 44 personas, se han registrado diez bajas psicológicas en apenas cinco años.

La senadora pontevedresa de IU en En Marea, Vanesa Angustia, ha llevado el tema al Senado, donde ha presentado una batería de preguntas al Gobierno para saber si “tiene conocimiento de la situación” y si “ha abierto o piensa abrir algún tipo de investigación” sobre esos hechos.

La senadora explica en la introducción de la batería de preguntas que el aeródromo suma 16 partes por faltas graves y cinco denuncias “como consecuencia de la dejadez de funciones de algunos de los mandos en perjuicio del personal de servicio e instalaciones”.

La existencia de quince de esas denuncias y partes fue admitida hace unos meses por el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire a través del Portal de Transparencia, en un documento en el que, según indica la senadora, “se reconoce implícitamente esas irregularidades” sin que haya constancia de que se haya puesto en marcha ninguna investigación desde el Ministerio de Defensa. Las cinco denuncias han sido acumuladas en una única causa por el Juzgado Militar Togado número 41 de A Coruña.

Denuncias archivadas por falta de legitimidad

Algunas de esas denuncias y partes, que hoy serían ya 30 y 5 según algunas fuentes, tienen que ver con “el presunto monopolio a una empresa de reformas por el Jefe de la unidad”. El coronel que dirigía las instalaciones, M. P. A., fue relevado en marzo.

Se trataría, según la documentación a la que ha tenido acceso Público, de adjudicaciones directas a una firma de la zona de pequeños trabajos que no salían a concurso, en ocasiones sin pedir ofertas a ninguna otra. “Llevaba tres años siendo la concesionaria única de las obras de la unidad” como consecuencia de esas supuestas prácticas, señala la documentación que obra en el tribunal.

El juzgado militar de A Coruña desestimó varias denuncias sobre ese asunto al considerar, como previamente habían hecho los mandos del aeródromo, que el denunciante carecía de legitimidad para formularlas y que, en cualquier caso, la propia Administración sostiene que esas actuaciones no le causaron ningún perjuicio económico ya que se trataba de contratos menores, cuya adjudicación no requieren formalmente un concurso.

Ceses, cambios de destino y salidas del ejército

El grueso de los conflictos se produce en el apartado de personal, aunque, según fuentes conocedoras del caso, la mayoría de ellos no dieron lugar a ninguna investigación pese a hacer casi dos años que comenzaron a acumularse.

En uno de los escasos expedientes abiertos, en este caso contra un oficial, constan una serie de declaraciones en las que los 14 militares destinados a tareas de vigilancia policial admiten que carecen de instrucción específica para ese cometido y también del equipo necesario para desarrollarlo, como linternas, grilletes y porras.

La decena de bajas ha acabado para los afectados “en cese en la unidad, o cambios de destino o finalmente, a propuesta del propio coronel [que dirige el aeródromo], cese en las fuerzas armadas”, señala la senadora, que se interesa por saber “qué medidas piensa el Gobierno adoptar para acabar con las continuas bajas y partes por falta grave que de manera continua y progresiva sufre el personal de la unidad”.

Varias de esas incapacidades laborales y ceses han afectado a algunos de los militares que formularon los partes y las denuncias, entre ellos dos cabos sobre los que pesa una propuesta de expulsión del ejército y un comandante, sancionado por tolerar “un ambiente hostil” contra una teniente después de que fuera desestimada una acusación de maltrato de género.

“Está muy por encima de la media, y eso no es normal”

“Está claro que en esta base existe un problema, ya sea por dejadez o por abuso de autoridad. Hay una acumulación enorme de partes y denuncias y el número de bajas es sustancialmente superior a lo habitual”, señala la senadora, que insiste en que “está muy por encima de la media, y eso no es normal”.

Angustia sostiene que “hay un problema generalizado de transparencia y de auditoría en el ejército”, en el que también “falta adecuar los derechos laborales a los puestos de trabajo” en muchos casos.

“Eso es gravísimo –añade-, a veces parece que se nos olvida que los militares son trabajadores”.

Público

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Cárcel para doce militares españoles por robar 11,5 toneladas de plomo de una fragata y venderlas a un chatarrero

11 September, 2018 - 00:00

eldiario.es

El Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla ha condenado a 12 militares por sustraer un total de 11.590 kilos de plomo de lastre sólido de la fragata Navarra. Las penas van desde los siete meses a los tres años de prisión, tal y como informa El Diario de Sevilla, que ha tenido acceso a la sentencia. Los hechos se produjeron entre 2009 y 2012. Las penas reclamadas por la Fiscalía militar llegaban hasta los siete años y medio de cárcel, pero varios de los acusados confesaron los hechos en el juicio y el tribunal les ha aplicado una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

Los militares condenados vendieron la mercancía robada a varios chatarreros, uno de los cuales ha sido también condenado a tres meses de prisión. Los condenados, entre los que el rango más alto es el de sargento, aprovechaban las paradas del buque en su base de Rota (Cádiz) para desembarcar el material robado.

"Llegado el momento propicio, procedían a cargar el material en sus vehículos con destino a la chatarrería para venderlo", refleja la sentencia. No tuvieron fácil llegar al material, especialmente a los lingotes de plomo usados para estabilizar la fragata. Gran parte de él se hallaba en "lugares de difícil acceso", por lo que los ladrones tuvieron que meterse “entre huecos y tuberías para llegar a donde estaban las cajas con plomo".

Los ladrones se compinchaban para hacer coincidir los robos con sus servicios de guardia. Su objetivo principal fue la cámara de máquinas principal, de donde extrajeron 6,4 toneladas, sacando las 5,1 restantes de la cámara de auxiliares. Parte del material era nuevo, parte usado y destinado a venta por lotes de chatarra mediante el procedimiento oficial.

Once de los doce condenados volverán a filas. Solo uno de los condenados supera los tres años y un día de pena, límite que lleva acarreada la expulsión del Ejército. Es uno de los sargentos (tres años y dos meses de prisión). El otro sargento ha recibido dos años y nueve meses de pena, por lo que podrá volver a vestir el uniforme. El resto de los condenados tienen penas menores.
Pusieron en riesgo la seguridad de la fragata

El plomo sustraído representaba aproximadamente un 10% del total del lastre instalado a bordo para asegurar la estabilidad del buque, por lo que la cantidad de plomo desembarcado podría "variar notablemente las características de estabilidad del buque y hacerlo peligroso para la navegación y por tanto para el personal embarcado", informa un informe de peritaje presentado en el juicio.

Este refleja que el perjuicio causado fue "grave", puesto que a la fragata Navarra le "afecta mucho el cambio o la desaparición de pesos bajos y por ende de pesos altos", dado que el control de peso en un barco es fundamental.

Por último, la sentencia también afea que "el control sobre este tipo de material era inexistente quedando al arbitrio de los suboficiales del destino la decisión sobre su reemplace, estuviera o no inservible, así como la de cualquier petición de material nuevo que quisiera realizarse, eran estos suboficiales los que decidían la baja del material y los que asumían la responsabilidad de hacer el recuento anual que no era supervisado por los oficiales jefes del destino".

El Diario

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Lágrimas de alegría

11 September, 2018 - 00:00

Yemen

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El gobierno de Trump discutió un posible golpe de estado con rebeldes venezolanos

11 September, 2018 - 00:00

El gobierno presidido por Donald Trump habría sostenido reuniones privadas con militares venezolanos rebeldes con miras a derrocar al presidente electo Nicolás Maduro, según una información publicada por The New York Times. Varios funcionarios estadounidenses y un excomandante militar venezolano que participaron en los encuentros así lo atestiguan.

La Casa Blanca, a preguntas sobre dichas conversaciones, ha señalado a través de un comunicado que es necesario participar en un “diálogo con todos los venezolanos que expresan el deseo de restablecer la democracia” con tal de “aportar un cambio positivo a un país que ha sufrido mucho bajo el gobierno de Maduro”.

Esta información surge apenas un mes después de que drones cargados de explosivos estallaron cerca de Maduro. Un suceso del que el mandatario no dudó en responsabilizar a a Estados Unidos, Colombia y a sus enemigos domésticos. El Departamento de Estado condenó la "violencia política", pero también denunció detenciones arbitrarias y confesiones forzadas de sospechosos por parte del gobierno de Venezuela.

Por su parte, el consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, incidió en la idea de que "no hubo participación del gobierno de los Estados Unidos" en el incidente del 4 de agosto.

Público

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Agosto deja 19 palestinos muertos y 1.600 heridos a manos de Israel

11 September, 2018 - 00:00

Por MOME

Las autoridades israelíes también demolieron 31 casas propiedad de palestinos y emitieron 39 órdenes de demolición.

Las fuerzas de ocupación israelíes han matado a 19 palestinos, incluyendo a cuatro niños, y herido a 1.600 a lo largo de este mes de agosto, según ha informado Quds Press este viernes. Los asesinatos tuvieron lugar en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén.

Según un informe emitido por el Centro Abdullah Al-Hourani para la Documentación y los Estudios, dependiente de la Organización para la Liberación de Palestina, 17 palestinos fueron asesinados en Gaza mientras participaban en las protestas de la Gran Marcha del Retorno. Uno de ellos fue ejecutado en territorio israelí, mientras los otros lo fueron en Cisjordania.

Los heridos, según revela el informe, fueron alcanzados durante las protestas de Gaza así como en enfrentamientos entre palestinos desarmados y el ejército israelí en Cisjordania.

Unos 400 palestinos resultaron detenidos por Israel a lo largo del último mes, muchos de ellos en Cisjordania. Las autoridades israelíes también demolieron 31 casas propiedad de palestinos y emitieron 39 órdenes de demolición.

Mientras tanto, las autoridades de ocupación israelí aprobaron la construcción de más de 1000 unidades residenciales en asentamientos judíos ilegales y expropiaron cientos de hectáreas de tierras palestinas.

El informe de la OLP también documenta docenas de ataques contra palestinos y sus propiedades en la Cisjordania ocupada por parte de colonos judíos israelíes. Tres de estos incidentes incluyeron el uso de coches como armas de choque, mientras más de 600 olivares y árboles frutales resultaron destruidos en los mismos.

Fuente: http://kaosenlared.net/agosto-deja-...

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Kichi defiende la producción de corbetas para Arabia Saudí ante "el dilema entre fabricar armas o comer"

10 September, 2018 - 00:05

En Tortuga opinamos que el dilema que plantea Kichi para justificar la venta de armas a Arabia Saudí tiene bastante trampa. Por un lado no parece haber correspondencia ética y material entre los dos términos que compara. Puestos de trabajo en una industria frente a la muerte de seres inocentes bajo las bombas. Por otra parte también es cuestionable la afirmación de que no vender ese armamento supone que esos asalariados de Navantia y sus familias van a dejar de "comer". Las posibilidades de reconversión y/o redirección de la actividad naval en la bahía de Cádiz han sido puestas sobre la mesa una y otra vez. Los intereses tanto de políticos como de sindicatos de la zona deberían dirigirse a prospectar estas posibilidades de cambio y no tanto a blindar sus cuestionables empleos de fabricantes de armamento subvencionados con dinero estatal. Nota de Tortuga.

Francisco J. Jiménez

"Dilema imposible". Así califica el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, la situación que se vive en los astilleros de la Bahía de Cádiz , donde los trabajadores tienen que elegir "entre fabricar armas o comer".

¿Perder un contrato histórico para no colaborar en la guerra de Yemen vendiendo a Arabia 400 bombas de precisión? Es el dilema que se plantea a nivel moral y que ha provocado que el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, se haya tenido que posicionar a favor de conseguir carga de trabajo por encima de todo.

González pide que se den las circunstancias necesarias para "que nadie nos obligue a decidir entre defender el pan o la paz". Y aunque ha tenido diferencias a nivel de partido, se ha encontrado con la comprensión de sus compañeros, que inicialmente se mostraban absolutamente contrarios a tener relaciones con países donde se atentara contra los Derechos Humanos.

Cabe recordar que la posición del alcalde gaditano en el partido quedó en entredicho cuando se posicionó en contra de Iglesias por el caso de su chalé acogiéndose al código ético de Podemos. Ese órdago llevó a pensar en una seria división dentro del partido, pero en este momento González se encuentra arropado en un caso controvertido.

Pablo Iglesias, líder de Podemos, dijo en La Sexta que "el problema es que España ha estado vendiendo armas a uno de los estados que favorecía al ISIS. Nos preocupa que la violación de los Derechos Humanos en Arabia Saudí haya sido compatible con las buenas relaciones con nuestra Casa Real, pero yo entiendo que Kichi ponga por delante los contratos de sus trabajadores".

En el mismo programa, Salvados, el alcalde de Cádiz reconoció sin tapujos que "el contrato (de Navantia con Arabia Suadí) me parece necesario. Significa trabajo y nosotros somos constructores de barco, lo hemos hecho desde a época de los fenicios. En Arabia Saudí los derechos humanos no son respetados y estoy en contra de eso, pero mientras, ¿qué comemos? Hoy en día soy alcalde de esta ciudad y la responsabilidad es mirar por el interés de sus vecinos y la construcción de los barcos no va a acabar con la guerra en Yemen. Si no los hacemos nosotros, los harán otros. Quién me iba a decir que iba a defender un contrato de Navantia con Arabia Saudí, pero hay que ver la situación real de las familias de Cádiz".

La diputada de Podemos Carmen Valido ha comentado este viernes que espera que los astilleros no pierdan ese contrato, pero en todo caso ha criticado el hecho de que "un territorio tenga que elegir entre pan y el cumplimiento de la ley", lo que a su juicio demuestra que "el modelo productivo está completamente agotado". La apuesta del partido morado pasa por la reindustrialización y por un modelo productivo en el que se puedan diversificar los astilleros con otras actividades, como las energías renovables.

"Que no venga nadie a soltarnos soflamas en torno a la defensa de Navantia, que si vive en la actualidad absolutamente presa de la dependencia de la industria militar,es porque tanto PP como PSOE han hecho una nefasta política de gestión de nuestros astilleros", recuerda José María González.

El Diario

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1977: Políticos y sindicalistas de la bahía de Cádiz piden boicotear las reparaciones de un barco de la dictadura chilena de Pinochet

10 September, 2018 - 00:00

Boicot de las centrales sindicales al buque, chileno "Esmeralda"

Cádiz 10 JUL 1977

Tres centrales sindicales han hecho un llamamiento a los trabajadores gaditanos para que boicoteen todo tipo de actividad que tengan que realizar para reparar el buque escuela chileno Esmeralda, que colisionó en el puerto israelí de Haifa con otro barco, y tiene previsto llegar en los próximos días a los astilleros de la Bazán para arreglar los desperfectos.Comisiones Obreras, Unión Sindical Obrera y Unión General de Trabajadores justifican su llamamiento al boicot en base a que el Esmeralda «ha sido cámara de tortura empleada por el dictador Pinochet y en él muchos hombres y mujeres que lucharon por las libertades democráticas para su país han sufrido torturas y muerte».

https://elpais.com/diario/1977/07/1...

Prosiguen las protestas contra el barco chileno "Esmeralda"

15 JUL 1977

Mientras el buque de la armada chileno Esmeralda ha recalado en los astilleros militares de La Carraca, ante el boicot de los trabajadores de la empresa nacional Bazán, ayer continuaron las acciones de protesta por la estancia de dicho barco en el puerto de Cádiz, entre ellas la protagonizada por los parlamentarios del PSOE por dicha provincia.En un comunicado, los parlamentarios manifiestan su solidaridad con los trabajadores de la Bazán y con todos los que se encuentran en huelga.

Finalmente, tras protestar por las declaraciones del comandante del buque, en el sentido de que los movimientos en contra del barco son obra de grupos minoritarios dirigidos por la URSS, los parlamentarios terminan su comunicado manifestando que harán todas las gestiones precisas para que el Esmeralda abandone el puerto gaditano.

Prácticamente la totalidad de las centrales sindicales y de los partidos políticos de izquierda, así como varias entidades ciudadanas, han constituido en Cádiz una coordinadora que dirige las acciones de protesta contra la estancia de¡ barco de la armada chilena. Asimismo están preparando un acto público de solidaridad con el pueblo chileno, al que se invitaría al secretario general del Pdo Socialista chileno, Carlos Altamirano, y al secretario del MIR (Izquierda Revolucionaria) del mismo país, ambos exiliados.

https://elpais.com/diario/1977/07/1...

Información hallada en este hilo de Facebook: https://www.facebook.com/jrois/post...

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Ecologistas alertan del "riesgo" de un submarino nuclear que ha recalado en Gibraltar

10 September, 2018 - 00:00

AGENCIAS

La organización Ecologistas en Acción alerta a los pasajeros del crucero 'Celebrity Eclipse' de que "están en riesgo" por la presencia de un submarino "nuclear" a unos "cien metros" de la citada embarcación, que ha arribado este sábado a la Base Naval de Gibraltar.

Así lo ha indicado el portavoz de Ecologistas en Acción en el Campo de Gibraltar, Antonio Muñoz, que también ha explicado que el colectivo cuenta con "una red social" y, por ello, "se van a enviar correos y misivas para avisar a los cruceristas" de la presencia de este submarino nuclear que "ha tenido bastantes episodios negativos en su historia".

"Lo más seguro es que el crucero salga del puerto de Gibraltar porque el submarino se encuentra a escasos cien metros", ha insistido el representante ecologista, al tiempo que ha lamentado que "estos submarinos son bombas flotantes".

Igualmente, los ecologistas piden al ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, que "opte por un puerto militar o turístico", y ha subrayado que "este submarino ha tenido varios accidentes porque tiene problemas de diseño". "Por ejemplo, en Escocia ha tenido varios episodios de riesgo nuclear", ha remachado.
Submarino 'HMS Talent'

El submarino "nuclear" al que aluden desde Ecologistas en Acción es el británico 'HMS Talent', de la clase 'Trafalgar', que ha arribado este sábado día 8 de septiembre a la Base Naval de Gibraltar, en el marco de una "visita programada".

Así lo ha indicado un comunicado difundido por la Oficina de Información de Gibraltar y atribuido al Ministerio de Defensa británico.

Su estancia en la Bahía de Algeciras, que coincidirá en el tiempo con la celebración del National Day de Gibraltar, se produce justo después de la polémica suscitada por las críticas del grupo ecologista Verdemar ante la reciente parada del submarino USS Newport News, del que el colectivo afirmaba que estaba "cargado de misiles" y que había tenido en el pasado un incidente de fugas radiactivas.

El HMS Talent, que está programado para ser dado de baja en 2021, sufrió en 2009 la pérdida de suministro de energía primaria y alternativas de sus reactores nucleares, y en 2014 sufrió otro incidente, después de alcanzar hielo mientras rastreaba a barcos rusos, lo que supuso la abolladura de su torre de control y daños en su capa externa.

Público

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Ignacio Sánchez-Cuenca

9 September, 2018 - 21:09

La posverdad es la consecuencia de un “aislamiento epistémico”: un grupo de personas, más o menos amplio, comparte unas determinadas ideas sin someterse al principio de realidad. Cuanto más cerrado sea el grupo, más refractario se vuelve a enfrentarse a la verdad.

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Quimeres

9 September, 2018 - 21:08

Blog de Jesus Eduard Alonso i López (Gandia, País Valencià). "Sóc un llaurador humil dels temps i dels escrits. També un opinador impenitent i un tant incorregible. No solament de coses de l'avui, que també, sinó de les quimeres pròpies d'aquell que busca arrels a la lluita per la pau i troba conflictes, sants anònims i polítics en la penombra".

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Seguimos siendo cómplices de la catástrofe en Yemen

9 September, 2018 - 13:29

El gobierno sabe desde hace tiempo que Arabia Saudí bombardea a diario hospitales, colegios, mercados y campos de refugiados, y que son ya más de 3.000 los niños asesinados.

Desde el martes no dejan de llegarme mensajes y llamadas de enhorabuena, porque al parecer hemos logrado el objetivo por el que tanto hemos luchado. Leyendo los titulares de algunos medios casi me lo llego a creer: “Defensa paraliza la venta de bombas a Arabia Saudí”.

Es cierto que el anuncio confirmado este martes por el Gobierno es una muy buena noticia, pero hay que ponerla en su contexto. En primer lugar, la medida anunciada afecta exclusivamente a un lote concreto de armas, sin que al parecer haya intención de extenderla a otros. Se ha revocado una autorización de exportación para 9,2 millones de euros, mientras que en tres años de bombardeos hemos vendido a Arabia Saudí 932 millones de euros en armas. La gran medida anunciada, siendo importante, afecta a menos de una centésima parte del problema total.

Por otro lado, al contrario de lo que nos quieren hacer creer, esto no es algo que haya llegado de forma espontánea, es fruto del trabajo de gente muy comprometida que lleva tiempo denunciando nuestra complicidad en las violaciones de Derechos Humanos en Yemen, despertando una considerable sensibilidad en la sociedad.

Cabría pensar que el 9 de agosto tocamos fondo con el bombardeo de un autobús escolar y que eso ha hecho recapacitar al Gobierno. Ver esos cuerpecitos rotos amontonados y sus mochilas azules de Unicef desperdigadas por el suelo nos llegó al alma, pero lo cierto es que no ha sido este el más abyecto crimen de guerra de la coalición saudí, ni será el último. El gobierno sabe desde hace tiempo que Arabia Saudí bombardea a diario hospitales, colegios, mercados y campos de refugiados, y que son ya más de 3.000 los niños asesinados. Lo que realmente les preocupa de lo que ocurrió el pasado día 9 no son los cadáveres, sino que se lograra relacionar el ataque con una bomba concreta, fabricada en una fábrica concreta y en un país concreto, en este caso EE.UU.

El Gobierno sabe que las armas que vendemos a Arabia Saudí se usan en Yemen, no cabe otra posibilidad, ningún país en guerra compra decenas de miles de toneladas de bombas para guardarlas en un almacén. Y también sabe que si la bomba utilizada para atacar el autobús hubiera sido fabricada en España, les hubiera dejado en una situación muy delicada. En este contexto es comprensible que se haya revocado esta autorización en concreto, ya que es del tipo de bombas que les podría ocasionar este problema.

Pero el revocar una licencia de exportación tiene una consecuencia mucho más importante y que no se ha valorado debidamente.

La venta de armas a Arabia Saudí es ilegal según el Tratado de Comercio de Armas, la Posición común 944/2008 y la ley 53/2007, las tres coinciden en que cualquier solicitud de exportación de armas que puedan ser usadas contra población civil debe ser rechazada. Pero el Gobierno de España ha venido concediendo hasta el momento todas las que se han solicitado con una excusa muy débil: Arabia Saudí firma una cláusula según la cual se compromete a no usarlas.

Ahora, con esta decisión, el Gobierno español está admitiendo que las bombas pueden usarse contra civiles pese a la cláusula incluida, acabando con el único argumento que defendía estas exportaciones.

Si el propio Gobierno considera que las cláusulas y los compromisos de Arabia Saudí son papel mojado, no solo debería revocar inmediatamente todas las autorizaciones dadas hasta la fecha y no conceder ninguna más, sino que se debería incluso acusar de prevaricación a los miembros de la Junta Interministerial que han otorgado autorizaciones sabiendo que eran ilegales.

Es evidente que esta noticia ha supuesto un punto de inflexión. El martes mismo se reunieron representantes de la campaña Armas bajo control con la Secretaria de Estado de Comercio y le dejaron clara la postura de las organizaciones más prestigiosas, exigiendo inmediatamente el fin de la venta de armas a Arabia Saudí e Israel. Además, este miércoles llega a Santander un buque saudí dispuesto a llenar sus bodegas de bombas españolas. Habrá que ver si finalmente se cargan.

Por otro lado, queda pendiente para las próximas semanas la ratificación del contrato de las famosas corbetas. A pesar de que se pretende dejar estos barcos de guerra al margen, lo cierto es que su papel en el conflicto de Yemen puede ser devastador. Pese a la crueldad de las bombas, la mayoría de la gente que muere allí no lo hace de forma violenta, si no por culpa de un bloqueo brutal que ha desencadenado la mayor catástrofe humanitaria del planeta (muere un niño cada 10 minutos). Nuestras corbetas ayudarían sin duda a reforzar ese bloqueo, ya que hasta Navantia alardea en la web de sus capacidades para interceptar buques mercantes.

Sospecho que habrá movimientos interesantes en los próximos días, habrá que estar atento.

El Diario

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La posverdad suprema

9 September, 2018 - 00:00

La posverdad puede definirse como una cierta indiferencia ante los hechos. El término se utiliza sobre todo para referirse al fenómeno de falsas creencias populares: la imagen de la posverdad que se ha instalado en los medios es la de masas ignorantes engañadas por políticos demagogos a través de las redes sociales.

Sin embargo, el fenómeno de la indiferencia ante la verdad se percibe también en las altas esferas, en el ejercicio del poder; es una constante a lo largo de la historia política. Uno de los ejemplos más puros de posverdad en tiempos recientes fue la decisión de EE.UU. de atacar Irak. La administración de George W. Bush se encerró en su caparazón, eliminando cualquier fuente de información que no fuera a favor de sus planes. Fallaron los mecanismos internos de control y se actuó con desprecio de la realidad: no había evidencia de las famosas armas de destrucción masiva ni un plan mínimamente consistente para la reconstrucción del país. El resultado fue catastrófico: Irak sucumbió a una espantosa guerra civil de la que surgió la insurgencia del EI.

La posverdad es la consecuencia de un “aislamiento epistémico”: un grupo de personas, más o menos amplio, comparte unas determinadas ideas sin someterse al principio de realidad. Cuanto más cerrado sea el grupo, más refractario se vuelve a enfrentarse a la verdad. Las razones de esa cerrazón son muy variadas, del sectarismo ideológico al espíritu corporativo, en el que la confianza no trasciende los límites de un cuerpo profesional.

En estos momentos, la posverdad corporativa e ideológica se encarna de forma sobresaliente en nuestro Tribunal Supremo y su empeño en mantener la acusación de rebelión contra los líderes políticos del movimiento independentista catalán. Tratar de encajar las conductas del “otoño caliente” del 2017 en el tipo penal de rebelión es contrario a la lógica, el sentido común y el propio derecho español. La estrategia seguida en la instrucción del caso supone una degradación profunda de nuestro sistema legal: pocas veces se ha visto con tanta claridad cómo los prejuicios ideológicos y políticos se imponen sobre una consideración racional e imparcial de los hechos.

El Tribunal Supremo se ha metido en su propia burbuja epistémica. El tipo penal de la rebelión requiere un “alzamiento violento y público”. Para poder hablar de rebelión en el caso catalán, hay que deslizarse por una pendiente que termine asimilando los sucesos del otoño pasado al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Pero mientras que los golpes de Estado siempre conllevan violencia (de facto o en forma de amenaza coactiva), lo sucedido en los meses de septiembre y octubre del 2017 no encaja, se mire como se mire, con un “alzamiento violento”.

La acusación de rebelión no sólo carece de sustento empírico, pues la violencia que exige el Código Penal no tuvo lugar, sino que además revela una concepción muy pobre de la democracia, confundiendo protesta, resistencia y desobediencia con violencia insurreccional. En una de­mocracia sana, la protesta y la desobediencia, aunque puntualmente puedan degenerar en algún comportamiento violento en la calle, no se criminalizan como si fuera un golpe de Estado. Sólo retorciendo los hechos y deformando los conceptos se puede mantener la causa por delito de rebelión. Los magistrados han llegado a utilizar la represión policial ocurrida durante la jornada del 1 de octubre como prueba de la violencia del movimiento independentista. Con suma ironía, cabe apuntar que los argumentos manejados por los magistrados del Supremo sobre la violencia fantasmagórica del procés harían las delicias de aquellos posmodernos que ven una violencia ubicua en la vida social.

Si los razonamientos de los magistrados sobre la rebelión catalana se despojaran de su autoridad institucional, no resistirían un mínimo examen lógico en la esfera pública. La acusación de rebelión resulta tan extravagante que incluso podría ser motivo de mofa si no fuera porque hay políticos encarcelados. Sólo cabe explicar la toma de posición del Tribunal Supremo por una mezcla de corporativismo, soberbia y orgullo nacional herido. Se han propuesto dar un escarmiento ejemplar a los líderes del independentismo, un castigo que deje claro a las próximas generaciones el riesgo al que se exponen si alguien intenta de nuevo una estrategia unilateral rupturista.

El Tribunal Supremo es una de las instituciones más conservadoras del sistema constitucional español. Sus miembros son elegidos en ­muchas ocasiones en función de criterios políticos antes que por mérito y capacidad profesional. El Partido Popular ha controlado el Consejo General del Poder Judicial durante largos años y ha conseguido que el Supremo esté muy escorado a la derecha. Además, el clima de la política española permite que los magistrados estén actuando de forma arbitraria e ideológica, pues los mecanismos que inducen un cierto autocontrol por parte del Tribunal no están operativos. Dichos mecanismos tienen que ver con el temor a las reacciones políticas y sociales que sus decisiones pueden suscitar. En la situación actual, los partidos de la derecha, los principales medios españoles, muchos intelectuales y una mayoría abrumadora de la opinión pública están a ­favor del encarcelamiento de los acusados por rebelión. En esas condiciones, los magistrados se sienten impunes. Nada les frena. Están dispuestos a deteriorar aún más la reputación democrática de España, pues el castigo por el desafío a la unidad de España parece estar para ellos por encima de cualquier otra consideración. Para frenar el disparate y la injusticia que se está cometiendo con las acusaciones de rebelión, haría falta una sociedad civil que se tomara en serio que en una democracia resulta inadmisible juzgar a unos políticos por hechos que no han cometido. No estamos ahí todavía.

La Vanguardia

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