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3 November, 2018 - 00:00

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Biblio-Necrophiliac Quest 2018

2 November, 2018 - 00:00
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Rafa Nadal y los trabajadores de Navantia

2 November, 2018 - 00:00

Preguntan en Yemen si las decenas de miles de compatriotas masacrados por Arabia Saudí durante los últimos tres años deberían haber muerto en un consulado para que alguien los tomara en serio. El descuartizamiento de Jamal Khashoggi ha centrado ahora la mirada internacional en un país que ya hace tiempo que cruzó todas las líneas rojas imaginables.

En septiembre, Margarita Robles anunció la paralización de un envío de bombas idénticas a las usadas para destruir un autobús escolar lleno de niños. A los saudíes no les gustó y amenazaron con romper un contrato para construir buques de guerra. Esto, a su vez, no gustó a los trabajadores que iban a construirlos, que salieron a manifestarse. El Gobierno tomó nota de las movilizaciones, desautorizó a la ministra, dio un giro de 180 grados en su posición y acabó mandando las bombas. Desde entonces todos los acontecimientos, incluido el brutal asesinato del periodista saudí del Washington Post, se han enmarcado en el debate entre si defendemos los puestos de trabajo o los Derechos Humanos. Pan aquí contra muertos allí, y parecía que la elección estaba complicada hasta que Pedro Sánchez deshizo el empate: "Priman los empleos, los intereses de los españoles".

Todo encaja, hay una razón superior para renunciar a la coherencia: los puestos de trabajo en un astillero.

Hasta que dejó de encajar, cuando más de 3.000 personas salieron a la calle para tratar de evitar el cierre de otro astillero, el de La Naval de Sestao. Incomprensiblemente, allí no había periodistas y su reivindicación no abrió informativos. ¿Cómo era posible? Protestaban igual que en Cádiz y ni siquiera pedían construir corbetas para matar niños de hambre, solo pedían financiación para poder terminar la draga que tenían a medias. Una draga para construir, no buques de guerra para arrasar, y nadie los escuchaba. Algo estaba fallando.

¿Y si no es cierto? ¿Y si estamos atribuyendo a unos trabajadores unos “superpoderes” que, en un país que crea y destruye cientos de miles de empleos cada trimestre, realmente no tienen? ¿Y si la culpa de lo que está pasando no la tienen los trabajadores de Navantia? Vayamos por partes.

Brasil prevé la compra de cinco corbetas a través de su programa Tamandaré, las mismas que Arabia Saudí. Desarrollar una oferta de estas características requiere un trabajo enorme y Navantia lo tenía ya hecho, todo estaba de su parte, pero en abril renunció a este contrato alegando “exceso de carga de trabajo”. Dos contratos similares, no hace ni seis meses se renunció a uno… ¿Y ahora estamos dispuestos a vender nuestra alma al diablo saudí por el otro? Algo sigue sin encajar en todo esto.

Por otro lado, varios informes avalan que la viabilidad de los astilleros de San Fernando no solo no depende de la construcción de corbetas para regímenes genocidas, sino que no depende de la industria militar en absoluto. La nueva normativa de reciclado ecológico de buques, así como el auge de la energía eólica off shore, podrían ofrecer una oportunidad real de reconversión hacia el sector civil. Todo indica que la carga de trabajo de Navantia podría ser, en vez de un motivo para colaborar con Arabia Saudí, una oportunidad real y viable para reducir nuestra dependencia del petróleo de este siniestro país. Al final, parece que las cosas no dependen tanto de los trabajadores de Navantia como de la voluntad política, y en realidad se les está utilizando como cortina de humo. Ahora toca saber quién se esconde al otro lado.

Los grandes constructores de este país acumulan cientos de millones de euros en multas por incumplimientos en la construcción del AVE a La Meca, que Arabia Saudí se ha mostrado dispuesta a perdonar en un clima de colaboración. Este clima también beneficiaría a la Casa Real, gran comisionista en esta y otras operaciones según la protagonista de la historia Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Muchas otras de las grandes fortunas de este país se ven beneficiadas también por este clima de entendimiento, como ha reflejado Bob Pop en su acostumbrado tono irónico pero certero: “A lo mejor lo que nos preocupa tanto en este país no es que pierdan el trabajo los señores que fabrican armas, sino que los señores que se llevan la comisión pierdan su porcentajito”, apuntando a la familia Aznar entre otros. Tampoco hay que olvidar a los banqueros que financian el tinglado.

Y todo esto sin contar a los verdaderos beneficiados de la floreciente industria armamentística española, que no son precisamente sus trabajadores. En cualquier consejo de administración de la gran empresa armamentística que se elija, la notable presencia de militares de alto rango y políticos en sus sillones convierte a este sector al completo en una gigantesca puerta giratoria que no para de girar, llenando los bolsillos de sus poco escrupulosos usuarios. Y no queda ahí la cosa, ya que en sus negocios con Oriente Medio estas operaciones se ven siempre engrasadas con comisiones millonarias, como se ha demostrado en los casos de Defex en España, Nexter en Francia y otros.

En definitiva, un negocio de valor incalculable en manos de unos pocos, consolidado por décadas de buenas relaciones con asesinos, que recientemente ha amenazado con desmoronarse. Todo empezó con un tuit y el inesperado ataque de decencia de una ministra.

En agosto de este año, Canadá criticó tímidamente por Twitter el arresto de activistas en Arabia Saudí. El príncipe heredero Mohamed bin Shalman reaccionó cortando de raíz cualquier tipo de relación con el país norteamericano: expulsó a su embajador, cerró las rutas aéreas entre ambos países, ordenó el regreso de 16.000 estudiantes y congeló cualquier tipo de inversión allí.

Apenas dos semanas después, la ministra de Defensa anunciaba la paralización del envío de las famosas bombas, y gran parte de las élites de este país casi infarta ante la noticia. Los teléfonos empezaron a echar humo exigiendo una rectificación inmediata, pero después de levantar la liebre no era tan sencillo enviar unas bombas destinadas a asesinar civiles. Las élites no estaban dispuestas a mancharse la manos con sangre yemení y todas las miradas se volvieron hacia unos trabajadores desesperados. Se corre la voz de que peligra su sustento, reuniones con el comité de empresa, los sindicatos, se calienta una asamblea… y finalmente salen a la calle. Todo solucionado, los malos son ellos.

Luego, a nuestros socios se les fue la mano en un asuntillo con un periodista en un consulado, pero el Gobierno tenía aprendida la lección. Pedro Sánchez condenó el asesinato, aunque acto seguido aseguró que iba “a actuar con responsabilidad” debido a que afectaba “…a zonas especialmente afectadas por el drama del desempleo". En resumen, vino a decir que todo seguirá igual: los dólares, el crudo y las comisiones seguirán fluyendo a borbotones hacia los bolsillos adecuados, y los supuestos responsables seguirán siendo los trabajadores que defienden sus garbanzos.

Solo quedaba un detalle, blanquear la deteriorada imagen de Arabia Saudí para que las aguas vuelvan definitivamente a su cauce. Nada mejor para este fin que enviar a nuestro mejor embajador, el gran Rafa Nadal, que jugará allí un partido de exhibición. La limpieza de este particular “señor Lobo” les saldrá a los saudíes por el módico precio de un millón de dólares.

Mientras el mundo mire ensimismado la pelotita botando por la pista, en Yemen seguirán asesinando impunemente a decenas de miles de inocentes.

El Diario

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Antes y después

2 November, 2018 - 00:00

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Condiciones de trabajo de las personas privadas de libertad

2 November, 2018 - 00:00

Julio Fuentes

Por otra parte, en la relación laboral penitenciaria se entremezclan de forma muy confusa la Administración Penitenciaria (Junta de Tratamiento que adjudicará el puesto de trabajo y director que extinguirá la relación laboral) y una entidad denominada TPFE (Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo) que cumple las funciones de empleadora.

Esta relación entremezclada de ambos organismos provocará dificultades diversas, entre ellas la determinación de cuál es el Juzgado que debe controlar las decisiones e incluso la legislación de aplicación.

Entre los asuntos más sorprendentes del trabajo en prisiones se puede destacar que 12.000 empleadas públicas -ya que así se puede catalogar a las personas presas que trabajan para una entidad pública TPFE- cobren sueldos siempre inferiores a la mitad del salario mínimo interprofesional y, en ocasiones, según afirman estas personas, por debajo del euro/hora. Por otra parte, también llama la atención que no exista ningún tipo de baremo para acceder a los puestos de trabajo y que los despidos (el término correcto es ceses, ya que la figura del despido no existe como tal) se realicen de forma habitual sin ningún tipo de motivación o sin justificación. Y aún más preocupante es que muchas personas encarceladas puedan perder el denominado "paro taleguero" (subsidio por excarcelación) por el hecho de haber trabajado dentro de prisión, de modo que cobrarán la prestación por desempleo correspondiente a la cotización efectuada, que es una cuantía económica inferior al subsidio, por lo que económicamente se verán perjudicadas.

La figura de la mujer también sufre aquí desigualdad, y resulta preocupante que la propia Administración Pública continúe discriminando a este colectivo, constatado en la modalidad de los puestos de trabajo adjudicados, menos cualificados y asociados a los puestos tradicionales, así como en cuanto al salario que perciben.

En cuanto a la normativa de aplicación, el Tribunal Supremo ha mantenido de forma reiterada que no es de aplicación el Estatuto de los Trabajadores en materia de extinción laboral, salario mínimo o derecho a convenio colectivo. Hay que tener en cuenta, además, que no todas las relaciones laborales son iguales dentro del trabajo en prisiones. Existen actividades denominadas productivas que serán remuneradas y que supondrán una producción en régimen laboral, cooperativas o similares. Por otra parte, existen actividades no productivas que suponen incentivos para obtener permisos penitenciarios tales como formación profesional, formación académica, ocupaciones artesanales, intelectuales o artísticas.

Sin embargo, hay una grave controversia al respecto de la determinación de cuáles son las actividades productivas y cuáles son las no productivas. De hecho, nos debemos preguntar por qué las mismas funciones desarrolladas en los mismos horarios por personas privadas de libertad son consideradas como productivas en unos casos y como no productivas en otros. En algunos economatos a los dos primeros trabajadores privados de libertad se les considera trabajo productivo y perciben retribución y al tercero no, que lo hace gratuitamente; o en reparto y lavandería, en el que se retribuye en algunos casos sólo al primer trabajador y no a las dos siguientes. Esto contraviene claramente el artículo 14 de la Constitución Española.

Hay que recordar que el PIT (Programa Individualizado de Tratamiento) de cada persona privada de libertad, de cuya copia muchas veces carecen éstas, se realiza unilateralmente por parte del centro penitenciario en la mayoría de las ocasiones, sin posibilidad por tanto de ser recurrido. Es mediante ese PIT, por tanto, que la Administración tiene en sus manos señalar a quien le plazca como beneficiario de un puesto de trabajo, ya que basta con introducir en su PIT dicha necesidad.

La relación laboral se inicia, por tanto, con una mera adjudicación que se formalizará con la inscripción del trabajador o la trabajadora en el libro de matrícula. No se puede, por tanto, negociar la jornada, el horario o el salario. Las vacaciones serán teóricamente de 30 días naturales. Sin embargo, muchas personas que llevan años prestando servicios señalan que nunca han disfrutado de vacaciones. Dificulta su exigencia por parte de estas personas el hecho de que su importe esté prorrateado en el precio/hora, ya que en caso de disfrutarse no se le abonaría nada ese mes. Esto también es contrario al derecho internacional, que establece en el convenio 132 de la OIT que toda persona que tome vacaciones deberá percibir su remuneración normal o media.

Cabe entonces preguntarse por tanto si es beneficioso o no para las personas encarceladas realizar trabajos en prisiones.

De una parte se considera una condición necesaria a la hora de reducir el tiempo de permanencia en el centro penitenciario. Sin embargo, la discrecionalidad de las administraciones a la hora de otorgar o no el puesto de trabajo remunerado, así como la ausencia de la figura del despido motivado, ponen a la persona encarcelada en una situación preocupante, obligada a realizar en muchas ocasiones horas extras que no le serán remuneradas, así como lo ya comentado en cuanto al perjuicio económico que supone trabajar en prisiones a la hora de percibir posteriormente el subsidio por excarcelación. Además, en la vida laboral del preso quedará constancia de que ha trabajado en prisiones mediante un código especial, cuestión que puede ser determinante a futuro cuando se encuentre en libertad a la hora de acceder a un puesto de trabajo.

Llama también la atención los beneficios que pueden obtener empresas privadas en colaboración con organismos públicos, que tendrán que abonar salarios muy inferiores en estos casos y que, por tanto, obtendrán mayores márgenes de beneficios cuando utilicen esta modalidad de relación laboral.

Es necesario, por tanto, arrojar luz sobre esta cuestión que tantas veces ha sido silenciada. La Guía Práctica Sobre los Derechos Laborales de las Personas Presas, realizada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha sido un material valiosísimo a la hora de poder realizar el presente texto que tan sólo pretende ser un acercamiento a esta realidad.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/alkim...

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Borrell frena un debate parlamentario sobre el Sáhara para no perjudicar a Marruecos

1 November, 2018 - 00:00

Iván Gil

El Ministerio de Exteriores, del que es titular Josep Borrell, emitió el pasado 25 de octubre un informe desfavorable sobre la celebración en el Congreso de un debate sobre el Sáhara al considerar que podría perjudicar las relaciones del España con Marruecos. Se trataba de un acto de la coordinadora del intergrupo por el Sáhara Occidental al que tenía previsto acudir diputados nacionales de diferentes grupos parlamentarios (Unidos Podemos, Ciudadanos o Mixto), diputados autonómicos y extranjeros de diferentes países de Europa y el Norte de África.

La importancia de las relaciones con Marruecos, según sostiene el informe al que ha tenido acceso este diario, haría que "cualquier acción por parte de poderes públicos conducente a respaldar las reivindicaciones de la RASD o del Frente Polisario puede tener efectos inmediatos en las relaciones bilaterales con el consecuente impacto en el interés general".

Este informe negativo de Exteriores, en el que se basa otro posterior de Relaciones Internacionales de la Cámara, ha llevado a que PP y PSOE vetasen este martes en la Mesa del Congreso la celebración de dicha reunión, mientras que Unidos Podemos y Ciudadanos votaron a favor de que se celebrase. Desde la formación naranja, insisten en que apoyan el acto del Sáhara en el Congreso pero se han mostrado de acuerdo en que se haya pedido un informe a Relaciones Internacionales de la Cámara.

Desde Unidos Podemos han sido más beligerantes al considerar esta decisión una "violación de los derechos fundamentales", según ha criticado el diputado Sergio Pascual. Este ha recordado que se trata de un acto "que pudo hacerse sin obstáculos en Asamblea nacional Francesa el pasado 22 de junio" y al que estaban invitados 65 parlamentarios autonómicos y más de un centenar de europarlamentarios.

El texto también hace hincapié para justificar su negativa en el "compromiso de España con el principio de integridad territorial como vector esencial del orden internacional". A pesar de reconocer que "el caso del Sáhara Occidental no puede ser equiparado ni política ni jurídicamente con el de otros territorios que aspiran a un pleno reconocimiento como Estados independientes, un reconocimiento por parte de España a la RASD como sujeto de pleno derecho dentro de la comunidad internacional podría ser interpretado como una incoherencia o una ambigüedad en la posición de España en esta cuestión".

Todos estos factores explicarían, según sostiene el informe que replica Relaciones Internacionales de la Cámara baja, que España haya colaborado con Marruecos "en cuestiones como la aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado mes de febrero, que deja sin aplicación el acuerdo pesquero entre la UE y el Reino de Marruecos en lo referido a capturas practicadas en aguas correspondientes al Sáhara Occidental".

La posición oficial que España ha expresado públicamente es que apoya "una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea libre determinación del pueblo saharaui" en el marco de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.

El Confidencial

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Un leonés difunde un vídeo para denunciar la injusticia sufrida por su familia en beneficio de multinacionales

1 November, 2018 - 00:00

Un usuario genera una ola de críticas en redes sociales al censurar al alcalde Silván y la concejala Franco por el pago de 39.000 euros a cambio de una casa de sus padres recien jubilados para ejecutar el nuevo centro comercial de La Granja donde se instalará Decathlon y otras grandes superficies.

Como una ola, abrumadoramente de críticas, está circulando desde este miércoles un vídeo en el perfil de un usuario en redes sociales que critica abiertamente, y con una importante carga emocional, la decisión en la que participa el Ayuntamiento de León de expropiar numerosos terrenos, entre otros una casa y una pequeña finca de sus padres en la zona de La Granja de la capital leonesa, para la próxima construcción del anunciado para 2019 centro comercial que albergara, entre otros, a Decathlon o Leroy Merlín, espacio comercial que por otra parte está muy en cuestión respecto a la capacidad comercial de la ciudad.

En el perfil de Ismael Mayo en Facebook, este hombre ha subido un vídeo relatando cuál es la situación en la que quedan sus padres, según él propietarios hasta ahora de "una casa de 100 metros cuadrados" y "una finca de 2.300 metros cuadrados".

Por esta propiedad que será expropiada a sus padres (que sufren por ello "una depresión de caballo, porque ahora que se jubilan se lo quitan"), el Ayuntamiento de León -en realidad, la Junta de Compensación de que el Consistorio forma parte- les ha fijado la cantidad de 39.000 euros, según su relato. "Nos la ha expropiado el Ayuntamiento, el señor Antonio Silván y la concejala Ana Franco", que es la concejala responsable de Urbanismo en el equipo de Gobierno del PP.

Ese precio que les ingresarán es a cambio de una vivienda actual que "no está ni a un kilómetro del centro de León", pero reta a Silván y Franco a comprobar si con el dinero que les pagarán consiguen "comprar otra casa ni a diez kilómetros, a ver si tienen cojones a comprarla", remarca mientras muestra a sus espaldas la zona.

Una zona que, recuerda también, queda situada "entre una gasolinera y el edificio de Iberdrola, pero a esos no les van a expropiar". Y luego "hablan de Venezuela: ¡si son peores ellos, el PP y el PSOE!", añade en sus críticas, librando únicamente al grupo municipal de León en Común (Izquierda Unida), porque "sólo León en Común votó en contra" del desarrollo de esta nueva zona comercial en León.

Así que es al alcalde y la concejala y al resto de formaciones políticas, con excepción de la coalición de izquierdas, a los que ataca este vecino cuando asegura que "a los políticos de aquí les importa más que venga un señor rico a hacerse más rico todavía que el bienestar de las personas".

El VÍDEO, que os dejamos aquí, ha sido compartido ya miles de veces y reproducido a la hora de publicar este artículo en más de 40.000 ocasiones:
https://www.facebook.com/ismael.may...

Fuente: https://www.ileon.com/cuceando/0908...

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Hospital mundial

1 November, 2018 - 00:00

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Barriles de petróleo, yates y comisiones: La fluida relación entre los Borbones y Arabia Saudí

31 October, 2018 - 00:00

El asesinato del periodista Yamal Khashoggi ha puesto en el objetivo al heredero del país saudí, una monarquía con la que la Casa Real española ha tenido mucho trato.

Por E. V.

Crece la tensión internacional en torno a Mohamed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, tras el asesinato del periodista Yamal Khashoggi. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha afirmado no estar satisfecho con las explicaciones ofrecidas por el hijo del rey Salmán bin Abdulaziz sobre la muerte del columnista del Washington Post, mientras aumenta la sospecha de su posible implicación en la muerte de este. Además, Angela Merkel se ha sumado a la presión y ha anunciado la suspensión de la venta de armas al país. En cambio, en España, el Gobierno de Pedro Sánchez pide prudencia hasta que las investigaciones concluyan. Por su parte, la casa real española no se ha pronunciado al respecto, pero son de sobra conocidas las buenas relaciones económicas y personales con la dinastía Al Saud.

“La monarquía tienen una norma: no habla ni a favor ni en contra de otras casas reales. Jamás lo he visto. Yo he estado en tres ocasiones con los reyes en Arabia Saudí. Y en el primer viaje, en 1977, fui testigo de algo muy sorprendente. Al llegar al aeropuerto, sacaron a la reina Sofía por la puerta de atrás y se la llevaron en un coche con más mujeres. Durante los días que duró la visita no la volvimos a ver”, declara Jaime Peñafiel. El periodista, que ha sido testigo excepcional de la cercana amistad entre el emérito y el rey Fahd, hermano del actual monarca, revela: “La fortuna del rey Juan Carlos tiene su origen en Arabia Saudí. En 1973 ocurre la famosa crisis del petróleo y Franco, que ya conocía la cercanía de Juan Carlos con los Al Saud, permitió a don Juan Carlos que hablara con el rey saudí para que nos nutriera de petróleo en ese momento tan complicado. Y así fue. La respuesta fue afirmativa. Eso sí, Franco le permitió a don Juan Carlos cobrar unos céntimos por los miles de barriles que vinieron a España durante ese tiempo. Así, con esta comisión a la que Adolfo Suárez también le dio su visto bueno, el rey forjó su fortuna”.

Mucho más visible para la sociedad española de 1979 fue el regalo en forma de yate con el que la monarquía del país de Mahoma obsequió a la familia Borbón: el conocido Fortuna, con el que la familia real surcaría las aguas de las Baleares durante los años venideros. Don Juan Carlos había tenido una embarcación previa, pero mucho menos moderna, que también había bautizado con el mismo nombre y que decidió vender al marqués de Mondéjar, su primer jefe de la Casa del Rey. “Yo creo que este tipo de cosas evidentemente no se pueden mirar con ojos de 2018. Han pasado 40 años y ha cambiado todo. Este tipo de dádivas de los monarcas del Golfo no estaba mal visto que se aceptaran. Me parece bien que ahora se regule, porque eso era un exceso, aunque este tipo de regalos no pasaban a la propiedad personal del rey sino a Patrimonio Nacional”, manifiesta la periodista Carmen Enríquez, experta en casa real y autora de Sofía: nuestra reina (Editorial Aguilar).
Los Reyes reciben al rey saudí Abdullah Bin Abdulaziz en 2007. GETTY

Mención aparte merece el gran favor del rey Fahd a don Juan Carlos que relató José García Abad en su ensayo La soledad del rey. "Al parecer, el rey, sensible a los problemas económicos de don Juan Carlos, le confió en los ochenta 100 millones de dólares para que los invirtiera prudentemente y los devolviera a los 10 años sin intereses. Con solo poner esa cantidad en un banco a plazo fijo habría obtenido una buena fortuna. Sin embargo, el dinero fue confiado a Manuel Prado de Colón y Carvajal, que es todo menos prudente, y lo invirtió, al parecer, en el azaroso mercado de futuros, con resultados catastróficos, de forma que cuando se cumplieron los 10 años acordados no había dinero, o al menos no el suficiente, para devolver. El caso es que había llegado el fatídico momento de la amortización del crédito y el rey Fahd había enviado a un primo a cobrarlo. El pánico cundió en Marivent, porque no se disponía de la cantidad exigida o se confiaba en no tener que devolverla. El rey entra en ebullición: ¡Que viene el cobrador del frac con chilaba! Y envía a Manolo Prado a que reciba con toda pompa al correo real (...) Cuando Prado pudo encontrar al príncipe saudita, se postró rodilla en tierra, como su antecesor Cristóbal Colón ante el trono de los Reyes Católicos, y llorando le imploró el perdón para él y para la real deuda. Después, el propio rey telefoneó a su homólogo árabe, quien, con sublime generosidad oriental, no perdonó la deuda, pero concedió un plazo adicional de cinco años".

Todas estas sinergias se pusieron blanco sobre negro el día que murió el rey Fahd, el 31 de julio de 2005: el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, firmaba un decreto por el que se declaraba ese día de luto nacional por sugerencia de la Zarzuela. Dos años más tarde, el rey concedía el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro –la mayor distinción que don Juan Carlos puede conceder a título personal y la de mayor prestigio en todo el mundo– a Abdulá bin Abdulaziz Al Saud, hermano del actual rey, Salmán bin Abdulaziz, quien subió al trono en 2015. Aquella concesión supuso un auténtico revuelo, ya que entonces, como ahora, Arabia Saudí era un país donde “no se respetan algunos de los derechos humanos de las mujeres”. Por eso, Ángeles Álvarez, entonces concejala socialista en el ayuntamiento de la capital, declinó asistir a la entrega de llaves de Madrid al rey en aquellos días.

Un tiempo después, en 2011, se produjo uno de los momentos más polémicos de la relación de don Juan Carlos con Arabia Saudí: la intervención del rey ante el monarca saudí para la concesión del AVE de La Meca, un contrato valorado en 7.000 millones de dólares. En 2012, un consorcio de empresas españolas se adjudicaba el proyecto de construir la línea férrea de 450 kilómetros desde Medina hasta La Meca. Una operación en la que participó la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein y Shahpari Zanganeh, tercera esposa de Adnan Khashoggi, conocido traficante de armas y tío del periodista asesinado, y por la que esta última se llevó una comisión del 1,5% del contrato. Sin embargo, el escándalo llegó hace unos meses cuando Corinna confesó ante Villarejo que el rey Juan Carlos habría cobrado 100 millones de euros de comisión. El monarca también estuvo detrás las gestiones para la venta de entre 250 y 300 carros de combate Leopard españoles en mayo de 2014 a Arabia Saudí.

La última vez que se supo que el rey Juan Carlos viajó hasta el país del desierto fue en abril. Allí, el monarca emérito disfrutó de unos días de vacaciones. Arabia Saudí también fue uno de los últimos destinos elegidos por el rey Juan Carlos para un viaje oficial como monarca antes de abdicar en junio de 2014 en su hijo Felipe. Y cuando él no ha podido viajar, los reyes saudíes han venido. Fhad pasaba sus veranos en su residencia Al Nahda de Marbella y el actual monarca, Salman, lo hace en su palacio marbellí de Al Riad. Unas buenas relaciones que ha mantenido su hijo Felipe VI, que viajó al país en visita oficial en enero de 2017 a invitación del rey Salman bin Abdulaziz y quien en abril de este 2018 recibió al príncipe heredero, ahora en lo alto de la picota informativa, en la Zarzuela.

Fuente: https://www.revistavanityfair.es/re...

Y también:

El vídeo de LateMotiv que destapa las las supuestas relaciones de los Aznar con traficantes de armas saudíes

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Una docena de personas realizaron Objeción Fiscal al Gasto Militar en la campaña 2018 de Alacant

31 October, 2018 - 00:00

Son doce las personas que en esta campaña 2018 de Objeción Fiscal al Gasto Militar han decidido desviar el dinero de sus impuestos destinado a gasto militar y gasto para el control social a destinos socialmente útiles en la provincia de Alacant. El total de dinero desviado ha ascendido a 1.778,47 €

El reparto de las objeciones por destinos ha quedado de la siguiente manera:

Grup Antimilitarista Tortuga: 8 objeciones – 1.385, 47 €
Colla Ecologista La Carrasca- Ecologistes en Acció de Alcoi: 3 objeciones -293 €
El Margalló- Ecologistes en Acció (Elx): 1 objeción – 100 €

Os esperamos en la campaña del año que viene.

Grup Antimilitarista Tortuga

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Marcha a la fábrica de EXPAL

31 October, 2018 - 00:00

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Dos heridas al caerles una gran rama tras el paso de un helicóptero militar en Jaca

30 October, 2018 - 00:00

Laura Zamboraín
Jaca

El vuelo a baja altura de un helicóptero militar ha podido este jueves ser la causa de la caída de una rama de gran tamaño de un árbol sobre dos mujeres que han resultado heridas, una de ellas grave, en Jaca. Aunque se están investigando las causas del incidente, los responsables del Ejército, que lamentaron lo ocurrido y en todo momento se interesaron por el estado de las lesionadas, han decidido adelantar el final de las maniobras que incluían los vuelos de helicópteros, algo que tenían previsto hacer en principio este viernes.

Los vecinos de la calle Albareda, donde ocurrieron los hechos, situada justo al lado del Acuartelamiento San Bernardo, han manifestado su malestar por los "peligros e inconvenientes" que vienen soportando con las maniobras de los helicópteros que desde hace varias décadas utilizan esta zona como vía principal de aterrizaje y despegue.

El suceso se produjo alrededor de las 12.00, cuando dos mujeres, una de más avanzada edad, paseaban por la calle. Según testigos presenciales, tras el paso de un helicóptero que aterrizó en el cuartel se desprendió una rama, cayendo encima de las mujeres, que necesitaron ayuda para salir. Una de ellas fue atendida en el lugar del suceso con heridas leves y la de más edad fue trasladada en un principio al hospital San Jorge de Huesca y posteriormente al Clínico de Zaragoza con pronóstico grave, donde ha quedado en observación, según han confirmado desde la DGA.

Acudieron rápidamente militares de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, Policía Local y Nacional, que está investigando lo ocurrido, una ambulancia y operarios del servicio municipal de jardines.

Según fuentes policiales, la rama pudo caer "posiblemente como consecuencia del paso y rebufo del helicóptero". Y es que se comprobó el estado del árbol y al parecer se encuentra sano aunque no estaba podado y tenía bastante sobrecarga. Las ramas taponaron además la entrada a una de las casas, que en ese momento se encontraba vacía.

La Policía Nacional pudo comprobar in situ la altura a la que vuelan en esa zona los helicópteros ya que mientras se encontraban en el lugar del suceso, pasaron dos aeronaves volando bajo.

Casualmente, los vecinos de esta calle tenían previsto enviar esta semana una carta tanto al coronel jefe del Acuartelamiento San Bernardo como al Ayuntamiento de Jaca mostrando su preocupación por la inseguridad que provoca el paso de helicópteros al volar a tan solo 20 metros de los tejados de sus viviendas. "El ruido, el temblor de las estructuras de las casas y el efecto ventilador de los rotores son notablemente molestos", afirman.

Los afectados aseguran que, según la normativa, en áreas pobladas estas aeronaves deben sobrevolar a una altura de 150 metros, "circunstancia que nunca se cumple en estas maniobras". Y aclaran que esta protesta no incluye la actividad de los helicópteros de rescate y emergencias.

En la calle Albareda las viviendas son unifamiliares y cinco de ellas están habitadas de manera continua. En épocas en las que se realizan maniobras, como esta semana, pueden pasar "3 ó 4 helicópteros diarios que realizan diferentes operaciones", relatan.

El alcalde pide una reunión

El alcalde, Juan Manuel Ramón, admitió tener constancia de quejas de vecinos de esta y otras calles cercanas, aunque no de forma oficial. No obstante, tras conocer lo ocurrido habló con los responsables del Ejército "y han decidido adelantar un día la finalización de las maniobras". Además se reunirá el lunes con el subdelegado de Defensa, el coronel Rivera, para "buscar una solución que satisfaga a todo el mundo, porque los militares deben seguir realizando prácticas sin afecciones al entorno urbano ni de seguridad". También valoró que desde el Ejército estaban "muy preocupados por lo ocurrido".

Heraldo de Aragón

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Los testigos confirman que el fotoperiodista Jordi Borràs fue agredido por un policía nacional

30 October, 2018 - 00:00

público / agencias

La investigación de la juez que intenta esclarecer lo ocurrido entre el fotoperiodista Jordi Borràs y un agente de la Policía Nacional, que hirió al profesional de la comunicación, se ha encontrado hoy con dos versiones enfrentadas. Los dos protagonistas han sido citados como investigados ya que el uno acusa al otro de haber empezado la discusión que terminó con la cara de Borràs ensangrentada.

El presunto agresor es un inspector de la Policía Nacional, miembro de la Brigada de Información acusada por los Mossos en 2014 de alertar a yihadistas, que ha asegurado hoy ante la juez que fue éste quien le increpó y golpeó primero, entre insultos a España y al cuerpo policial, aunque ha reconocido que él iba vestido de paisano y que no se conocían previamente.

Según han informado fuentes jurídicas, Borràs y el inspector, al que la Policía Nacional ha abierto un expediente informativo, han declarado hoy como investigados ante la titular del juzgado de instrucción número 2 de Barcelona, que indaga la agresión, ocurrida el pasado mes de julio.

La juez abrió una investigación a raíz de las denuncias cruzadas que presentaron Borràs y el agente de la Policía Nacional por el incidente. En su declaración ante la juez, el inspector ha admitido que golpeó al fotoperiodista, pero ha precisado que lo hizo en defensa propia porque éste empezó a increparlo y a gritarle "puta policía, puta España", tras lo que ambos se enzarzaron en una pelea.
Imatge de l'agressor de Jordi Borràs difosa a les xarxes socials.

Por su parte, la versión de Borràs es que el agente se abalanzó sobre él cuando caminaba por la calle Capellans de Barcelona mientras gritaba "Viva España", "Viva Franco", tras lo que se identificó como policía cuando un vecino, alertado por los gritos de auxilio del fotoperiodista, trató de inmovilizarlo.

Esta misma versión es la que han dado a conocer algunos testigos presentes durante el forcejeo, dando la razón al fotoperiodista y contradiciendo las declaraciones del policía.

El agente, han añadido las mismas fuentes, ha asegurado que Borràs y él no se conocían previamente de nada, por lo que la abogada del fotoperiodista, Carla Vall, ha considerado "inverosímil" que su cliente fuera el que le increpara primero, teniendo en cuenta que desconocía su condición de policía. De hecho, la defensa del profesional de la información fue costeada por alrededor de 500 personas que se sumaron a la campaña para conseguir reunir los 12.000 euros, algo que se produjo en menos de 12 horas.

Los testigos dan la razón a Borràs

Ante la juez han declarado también como testigos dos vecinos que presenciaron los hechos, quienes han explicado que cuando se percataron de lo que sucedía la agresión ya estaba iniciada y el agente se encontraba encima del reportero, golpeándole. Del mismo modo, según adelanta El Periódico, otros testimonios sí confirman que fue el policía el que se abalanzó sobre el fotoperiodista gritando "Viva España" y "Viva Franco".

A la declaración de ambos investigados ha asistido el fiscal coordinador del área de delitos de odio y discriminación, Miguel Ángel Aguilar, aunque la juez instructora todavía no les ha imputado un delito concreto.

El agente ha dicho que no se conocían, lo que imposibilita su propia versión que defiende que fue el fotógrafo el que le agredió primero

De hecho, la abogada de Borràs considera que el ataque al fotoperiodista, conocido por sus trabajos contra el fascismo y la extrema derecha en Cataluña, constituye "sin duda" un delito de incitación al odio, dado que el agresor "lo escoge a él para castigarle y difundir ese mensaje de odio", una opinión compartida por el propio Borràs.

Vall ha añadido, en declaraciones a los medios, que la denuncia que el policía ha presentado contra Borràs responde a una "táctica de defensa clásica, en que el agresor se presenta como víctima", por lo que, a su parecer, "no tiene sentido que se mantenga la imputación de Jordi Borràs".

Amenazas, coacciones y apoyo de Quim Torra

En declaraciones a la prensa, el fotoperiodista ha opinado que la versión del policía "no se sustenta por ningún lado y caerá por su propio peso" y ha denunciado que la agresión que sufrió es "el clímax de cinco años" de amenazas, coacciones y agresiones recibidas por hacer su trabajo.

Por su parte, en un tuit dedicado a su "amigo" Jordi Borràs, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, le ha expresado todo su apoyo por ser investigado "por haber sido agredido por un policía español que no ha sido apartado del cuerpo ni sancionado internamente". "Siempre estaremos al lado de los demócratas y de la libertad de expresión", ha añadido Torra.

Público

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Construir un soldat

30 October, 2018 - 00:00

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Marta Gómez: "Para la guerra nada"

29 October, 2018 - 00:00

Tuve la idea de componer esta canción pensando en los tantos inventos maravillosos que se ha inventado la gente a través de la historia con el único objetivo de hacer la vida más feliz.

Soñando con que fuera posible que dedicáramos nuestro talento solamente para ésto y a la guerra no le dedicáramos ni un minuto de nuestro tiempo.

Esta es la versión entera acompañada por mi amigo Andrés Rotmitrovsky en el bajo.
Nunca imaginé que luego se sumarían tantos y tantos amigos, artistas, bailarines, fotógrafos, cantores y músicos de todo el mundo para completar estos versos!
Gracias a todos!!!!

Marta Gómez

Para la guerra nada es una iniciativa de Marta Gómez y Julio Serna.

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Autoeducación para el cambio social

29 October, 2018 - 00:00

Pablo San José Alonso,
Integrante del Grup Antimilitarista Tortuga.

Se dice que la actual es la generación más preparada de la historia. Nunca tantas personas de una sociedad dedicaron tanto tiempo de su vida a su formación. Además se supone que los métodos educativos han ido mejorando con respecto a sistemas anteriores en los que era preceptivo, por ejemplo, memorizar la lista de los reyes godos. Ahora, al menos sobre el papel, se presta atención a un desarrollo multifactorial del alumnado: música, artes plásticas, idiomas, educación física, comprensión lectora, nuevas tecnologías, aspectos lúdicos... Además empiezan a no ser tan raras las escuelas con pedagogías alternativas: educación libertaria, método Waldorf, Montessori, inteligencias múltiples... Las personas adultas del futuro en nuestra sociedad occidental tienen a su alcance un hasta hace poco inimaginable abanico de propuestas y recursos para poder desarrollar cualquier tipo de dimensión personal.

Personal, sí, ay. Porque lo colectivo es harina de otro costal. Habrá quien me responda que el buen profesorado también educa para la interacción social y el trabajo en equipo. Pero una cosa es aprender a desenvolverse con éxito en la sociedad tal como es y otra muy distinta aprender a ser una con otras personas. Que era el objetivo, por ejemplo, de la educación de Paulo Freire, quien no deseaba educar a individuos para su logro personal sino a pueblos y comunidades para poder ser colectivamente libres. De hecho estoy por afirmar que el actual sistema estatal-capitalista tiene poco que temer de la futura hornada de estudiantes multipreparados.

Quienes hemos pasado años participando en movimientos sociales o en experiencias autogestionarias conocemos de sobra los déficits educacionales que arrastramos. Dado que no nos hemos criado en ámbitos comunitarios ni se nos ha educado para un funcionamiento interactivo de esas características, nuestra capacidad de cooperar es limitada. Se agota si tratamos de ir más allá de un pequeño conjunto de intereses concretos en común. Más si la energía que hay que invertir en su consecución hay que restarla de lo que cada cual desea emplear en su propio proyecto personal. Así no es de extrañar que sean pocas las cooperativas que permanecen al paso de los años. Quien dice cooperativa dice ecoaldea o cualquier otro tipo de proyecto vital o simplemente económico alternativo.

Saber llevarse bien con las personas con las que nos asociamos libremente no es fácil. Mucho más complejo, por ejemplo, que aguantar a familiares o compañeros de trabajo asalariado, a quienes no hay más remedio que tratar, pero de quienes siempre se puede aislar uno instalando una invisible cortina de formalidad cuando no de hielo.

En una relación de cooperación que no se desea por intereses materiales egoístas sino por presuntas motivaciones éticas, en primer lugar será preciso depurar dicha motivación dejando bien claro que no estamos en el colectivo por necesidades personales de socialización. Habremos de conocer bien la causa por la que trabajamos y asegurarnos de ser capaces de volcar en ella las energías que se requieren para que la tarea no se convierta en una pérdida de tiempo y una fuente de conflictos para todas.

Casi todo grupo suele tener un inicio vibrante. Pero esa ilusión al cabo del tiempo suele dejar paso a la emoción de las novedades constantes que cada cual encuentra en su propia vida individual. Es a partir de este momento cuando suelen surgir los problemas. Son bien conocidos: personalismos, liderazgos y bandos. Diferentes ritmos, implicaciones y expectativas. Conflictos interpersonales de causalidad múltiple. Un colectivo que desee permanecer y crecer como tal, además de formarse en su temática específica, deberá abordar con seriedad y asiduidad cuestiones de dinámica asamblearia, regulación de conflictos y comunicación. Ello es imperioso si el grupo, además, tiene como objetivo generar vinculaciones personales que recuerden a algo comunitario.

En el Grup Antimilitarista Tortuga no hay personas expertas en psicología o sociología, pero sí hay activistas con un par de décadas de experiencia a sus espaldas abordando, además de la cuestión antimilitarista, la educacional. El libro “Estamos construyendo el futuro” pone en papel la experiencia del colectivo durante todo este tiempo impartiendo diversos talleres de compilación y elaboración propia a multitud de grupos de características bien distintas. Esperamos que pueda ser de utilidad.

FICHA TÉCNICA

TÍTULO: Estamos construyendo el futuro (disculpen las molestias). Materiales para la formación de grupos que trabajan por un mundo mejor
AUTOR: Grup Antimilitarista Tortuga
EDITA: Zambra, Baladre y Tortuga
Nº PÁGINAS: 204
ISBN: 978-84-943374-6-8
PRECIO: 15 € (envío a península incluído). Precios especiales para librerías, colectivos y distribuidoras.

Contacto para pedidos y charlas: paraeta@grupotortuga.com

Ver ficha del libro en Tortuga

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La larga guerra en Oriente Medio triplica la valoración de los fabricantes de armas

28 October, 2018 - 00:00

Pedro Ruiz

Las grandes empresas de armamento han recibido sin apenas sobresaltos el respaldo de Alemania, tras las declaraciones de Angela Merkel, de paralizar la venta de armas a Arabia Saudí. Pese a que el debate sobre la venta de armas a Riad, y su empleo en Siria o Yemén, siempre ha estado encima de la mesa, no ha sido inconveniente para que los gigantes se hayan convertido en uno de los grandes ganadores en el mercado.

En especial, destaca el enfrentamiento sirio, ya que desde que la contienda dejó de ser una guerra civil, para involucrar a las grandes potencias mundiales, las principales compañías del sector se han disparado en bolsa un 260% de media. De hecho, las diez principales firmas armamentísticas han pasado de valer unos 170.000 millones de dólares, a sobrepasar los 620.000 millones.

El mercado suele tener como principal característica su capacidad para anticiparse ante futuros eventos, aunque a veces falla con estrépito. En el caso de la guerra siria, sus consiguientes derivadas y su efecto sobre las empresas de armamento, los tiempos se han cumplido a la perfección. Con ello, los inversores han conseguido sacar una importante revalorización para sus inversiones.

El conflicto sirio saltó, en principio, como una derivada más de la ‘Primavera Árabe', que con el paso de los meses se fue enquistando. En 2012 se recrudecieron las tensiones que sumieron al país en una verdadera guerra civil, y que involucraba indirectamente a distintas potencias mundiales. Dicho aspecto, se vio como una posibilidad de que el conflicto pudiera escalar y fue el momento de entrada de un gran número de inversores. De hecho, a finales de ese mismo año las cotizaciones de las grandes del sector tuvieron un punto de inflexión importante.

De este modo, cuando el islamismo golpeó a occidente y obligó a actuar a las grandes potencias, muchos grandes inversores ya habían tomado posiciones años antes. En septiembre de 2014, bajo el mandato de Barack Obama, EEUU decide participar activamente en el conflicto. Un año después, será Francia la que dé el paso y acto seguido Reino Unido.

La nueva guerra a distancia

Los grandes ganadores del largo conflicto en Oriente Medio han sido aquellas firmas especializadas en el armamento de destrucción a distancia. Por ello, la mayor firma del mundo en el negocio de las armas, Lockheed Martin, dotó de mayor impulso su segmento de aviones de combate: primero, con la compra, en 2015, de un fabricante de helicópteros. En segundo lugar, con nuevos contratos de venta de su F-35, de los cuales EEUU ya posee más de 300 o Italia que incorporará cerca de 90 en los próximos años, al módico precio de 90 millones. Todo ello, ha posibilitado que la compañía haya aumentado sus ingresos un 30,7% entre 2014 y 2017.
Blizzard posee los derechos para comercializar videojuegos como World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Crash Bandicoot o Guitar Hero

Boeing ha sido la firma que más se ha revalorizado en los últimos años en el segmento armamentístico, aunque dichas ventas solo suponen la mitad de sus ingresos. Por detrás, se sitúa Northrop Grumman que es uno de los mayores contratistas por parte del Centro de Integración y Operaciones de defensa en Misiles de Estados Unidos.

En cuarto lugar aparece Raytheon, la creadora de los famosos misiles Tomahawk, con los que la coalición internacional destrozo un 20% -lanzó cerca de 60 a 900.000 dólares la unidad- de la aviación rebelde a principios de abril de 2017 en represalia al ataque con armas químicas por parte del Gobierno sirio. Sorprende también la buena evolución en contratos e ingresos de la italiana Leonardo, cuya mayor especialización es en helicópteros de combate. Desde el 2014, la firma ha multiplicado por dos sus ventas con un peso importante en la venta de su AW119KX.

Fuente: https://www.lainformacion.com/merca...

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Grecia: El giro represivo de Syriza

28 October, 2018 - 00:00

Por Stathis Kouvelakis y Costas Lapavitsas (historiador y economista respectivamente)

El gobierno de Alexis Tsipras que prometió acabar con la austeridad, ahora defiende a los bancos, desaloja a las personas de sus hogares y persigue a quienes protestan.

Muchos en la izquierda internacional creen que las cosas en Grecia están mejorando lentamente, y que el gobierno de Syriza sigue siendo una fuerza de izquierda que protege los intereses de los trabajadores y a los pobres, incluso a pesar de unas condiciones muy difíciles. Para aquellos que todavía creen en esta visión, los recientes acontecimientos en el país heleno serán una sorpresa desagradable.

La amarga realidad es que, desde que se entregaron a la Troika de acreedores de Grecia (UE, Banco Central Europeo, FMI) en julio de 2015, Tsipras y su gobierno han seguido las mismas radicales políticas neoliberales implementadas por todos los gobiernos griegos desde 2010, cuando el primer rescate se firmó con la troika.

El gobierno de Tsipras junto con efectuar drásticos recortes en el gasto público ha promoviendo la desregulación y la privatización. Además ha reducido los salarios, las pensiones y los beneficios sociales y ha limitado la inversión pública, al tiempo que eleva los impuestos directos e indirectos a niveles sin precedentes, golpeando de manera implacable los hogares de ingresos bajos y medios.

La única diferencia con los gobiernos anteriores es que Tsipras y su partido fueron elegidos en enero de 2015 precisamente para revertir estas políticas. Su gobierno hizo un inconcebible cambio de dirección, provocando un shock traumático para la ciudadanía griega, solo días después que un 61 por ciento del electorado rechazara en un referéndum la imposición de las políticas de austeridad.

En los tres años siguientes, el cinismo del gobierno de Tsipras ha provocado una profunda desmoralización popular que impregna todos los ámbitos de la vida pública. La pasividad y el desaliento han sido los principales factores que permiten al gobierno implementar un nuevo rescate sin enfrentar una oposición importante.

Syriza está haciendo así un buen servicio a la Troika. Sin embargo, las políticas de austeridad, desregulación y privatización, que dañan a la mayoría de la población, son en última instancia imposibles de implementar sin un grado de represión y un marco ampliamente coercitivo. Es imposible imponer plenamente los recortes en los servicios públicos, las reducciones en las pensiones y los salarios, los aumentos de impuestos y condiciones laborales excepcionalmente explotadoras, sin sofocar a una oposición activa y generar un clima de temor sobre quienes no se sometan.

Esta actitud del poder ha sido ampliamente confirmada por la experiencia política de Europa occidental, de los Estados Unidos y de otros países en las últimas cuatro décadas. Desde 2010 hasta 2015, la propia Grecia vivió una proliferación de medidas represivas y autoritarias a medida que los sucesivos gobiernos implementaban paquetes de rescate. Lentamente el gobierno de Alexis Tsipras ha tomado el mismo camino.

Lo más notable en los últimos meses es la forma en que los bancos griegos ha impulsado un aumento en los desalojos y las ejecuciones hipotecarias. Si una vez Syriza levantó el eslogan “no más casas en manos de los bancos”, hoy en día el gobierno está atacando a los manifestantes que intentan detener la subasta de viviendas. Las nuevas leyes amenazan la prisión para aquellos que interfieren con el proceso de subasta y los desahucios ; de hecho, los arrestos a los críticos del gobierno ya han comenzado.

Apretando los Tornillos

Para comprender la creciente importancia política de la batalla por las ejecuciones hipotecarias, es importante considerar la peligrosa situación de los bancos griegos y la presión que ejercen sobre el gobierno y la sociedad griega en general. De hecho, es precisamente para prevenir un nuevo brote de inestabilidad bancaria que el gobierno ha recurrido a métodos cada vez más represivos.

A lo largo de la crisis, el sistema bancario griego ha estado dominado por cuatro bancos “sistémicos” que controlan más del 90 por ciento de todos los depósitos y activos. Estos bancos han sido los partidarios más fuertes de las estrategias de rescate desde 2010 y han desplegado su enorme poder económico y social para forzar a los sucesivos gobiernos griegos, incluido el de Syriza, a cumplir con los requisitos de los prestamistas, para evitar el colapso bancario y protegerse ellos mismos de una posible nacionalización.

Desde el comienzo de la crisis, ha habido dos re-capitalizaciones de los bancos, una de las cuales fue realizada por el gobierno de Syriza. Los costes totales han superado los 45 mil millones de euros. Estos rescates fue financiado en su totalidad a través de préstamos de dinero públicos, que serán pagados por todos los contribuyentes.

A pesar de esta imposición extraordinaria sobre la población griega, los bancos actualmente tienen el récord europeo de “préstamos incobrables” y han dejado de prestar sus servicios a la actividad económica. Sus “préstamos incobrables” incluyen los préstamos no redituables (NPL), que son préstamos que ya superan los noventa días de retraso en el pago del capital e intereses, pero también el capital no lucrativo (NPE), una categoría más amplia que incluye préstamos que no se espera ser plenamente honrados, aunque todavía no hayan retrasos formales en la realización de los pagos.

Reducir la exposición de los bancos griegos a las NPE y NPL ha sido durante años una de las principales prioridades para el Banco Central Europeo. Desde 2016, el gobierno de Tsipras ha facilitado obedientemente una ola de recuperaciones de propiedades, incluidas viviendas de personas, como la venta de paquetes de préstamos con descuento para los fondos de buitres. Las subastas de propiedades han jugado un papel importante, en este sentido.

No es ningún misterio que los bancos no pueden manejar este problema, por lo tanto los desahucios se remontan al acuerdo de rescate de Tsipras con la Troika .

En pocas palabras, se espera que los bancos griegos supriman gradualmente de sus balances los préstamos incobrables a través de desahucios, subastas y prácticas de cobro más severas, en un proceso que sin duda llevará varios años. Al mismo tiempo, se espera que los bancos apoyen la actividad económica a través de la provisión de nuevos créditos. Sin embargo, de manera bastante lógica , los bancos han tendido a reducir los nuevos préstamos al intentar liquidar de sus balances los préstamos incobrables.

El recorte de los préstamos en realidad ha socavado la recuperación y el crecimiento, haciendo que el problema del crédito impago recaiga sobre toda economía. La disminución general de los préstamos también ha demostrado que los préstamos incobrables representan una proporción mayor del total.

En realidad estas medidas un ejemplo perfecto de las tonterías económicas del rescate impuesto por la Troika y por Tsipras. El fracaso de los bancos griegos con respecto a los préstamos incobrables ha llevado al colapso de sus acciones en el mercado de valores de Atenas desde principios del verano de 2018, convirtiéndose durante el último mes en tremenda una derrota.

En efecto, todo el sector bancario griego se ha devaluado dramáticamente desde que Tsipras firmó el último rescate. Como resultado, se habla de una nueva recapitalización a cuenta del Estado . Si esto se materializara, el rescate sería un completo desastre para el gobierno, que enfrenta elecciones nacionales en 2019.

Por lo tanto, la aceleración del programa de liquidación de préstamos incobrables ha llegado a un clímax en la agenda de la Troika y de los dóciles ejecutores del gobierno de Tsipras. Y dado que el problema parece ser más persistente en los préstamos residenciales y de consumo, se han fijado conjuntamente objetivos extraordinariamente ambiciosos para recuperar y vender 10,000 viviendas en 2018, y unas 50,000 en 2019.

Acciones de protesta

Después de la gran vuelta en U, el tema de las recuperaciones se ha convertido en uno de los problemas políticos más espinosos que enfrenta Tsipras y su partido.

Hasta el año 2015, el eslogan de “No más viviendas en manos de los bancos” fue uno de los gritos más populares en los mítines de Syriza. Sin embargo, ante las presiones generadas por su propio rescate, el gobierno de Tsipras acaba de aprobar una ley para castigar cualquier acción que tenga como objetivo evitar los desahucios y las subastas de propiedades ejecutadas, con penas que varían de tres a seis meses en prisión.

Esto ha sentado las bases para una gran batalla entre el gobierno y un dinámico movimiento que está en contra de las subastas de propiedades ejecutadas. Este movimiento, de hecho, ha tomado un nuevo impulso después del relanzamiento de las ejecuciones hipotecarias en otoño de 2016. Durante muchos meses, la movilización de determinados grupos de activistas en las salas de los tribunales logró cancelar cientos de esas ventas, ralentizando significativamente todo el proceso. Esta es, sin duda, una razón más por la que los bancos no han cumplido sus objetivos.

La reacción del gobierno, inclinándose a la presión de la Troika, fue trasladar el procedimiento de subastas públicas a un método de puertas cerradas mediante una plataforma electrónica controlada por abogados . Esto ciertamente ha hecho que las acciones de protesta sean más difíciles de organizar. Sin embargo, las protestas han continuado, aunque a una escala más limitada, impidiendo muchas subastas y afectando negativamente la disposición de los notarios a participar en el proceso.

Durante este período, los enfrentamientos con la policía comenzaron a intensificarse en las oficinas de los notarios. Los activistas fueron filmados durante las protestas y posteriormente acusados. Desde el comienzo del año, docenas de activistas en todo el país se han enfrentado a cargos de la policía. Entre estos se encuentra Spiros Milios , un concejal municipal en la región de Ambelokipi-Menemeni, la segunda ciudad más grande de Grecia, y que también es miembro de Antarsya, una coalición de organizaciones de izquierda. En la pequeña ciudad provincial de Volos, no menos de veinte activistas están bajo investigación, al igual que otros quince activistas en las ciudades provinciales de Argos y Nafplio. El juicio de estos activistas ha comenzado en Atenas el 21 de septiembre recién pasado.

La intensificación de la represión judicial relacionada con las subastas de viviendas es solo el ejemplo más obvio de las prácticas autoritarias implementadas por el gobierno de Tsipras. La represión también se ha desplegado contra quienes al intentan defender el medio ambiente protestando contra el proyecto minero al aire libre de un empresa canadiense en la región de Skouries, en el norte de Grecia.

En términos generales, el gobierno ha utilizado la fuerza para reprimir todas las protestas contra sus políticas, especialmente cuando existe la posibilidad que se propaguen. El uso de la policía antidisturbios contra los jubilados es solo el ejemplo más grave.

Lafazanis

El umbral simbólico en esta escalada represión se cruzó el 26 de septiembre, el día en que Panagiotis Lafazanis, un veterano de la izquierda griega, fue llamado a responder a los cargos por su participación en acciones de protesta contra las subastas de viviendas.

Lafazanis fue Ministro de Energía en el gobierno de Syriza antes de la vuelta en U de Tsipras, y la figura principal de la “Plataforma de Izquierda”, que en ese momento movilizó a la mayor parte del ala izquierda de Syriza.

Ahora es el secretario de Unidad Popular, un frente político creado en el verano de 2015 principalmente por las fuerzas de los sectores de izquierda, que se separaron de Syriza y se unieron a otras organizaciones de la izquierda radical.

Esta es la primera vez desde la caída de la dictadura en la década de 1970, durante la cual Lafazanis fue perseguido por sus actividades clandestinas en el movimiento estudiantil y en la organización juvenil del entonces ilegal Partido Comunista, que un líder de un partido de izquierda es procesado por razones políticas. Los cargos que enfrenta están relacionados con presuntas violaciones de no menos de quince artículos del código penal, potencialmente punibles con penas de prisión de hasta dos años. Si se le declara culpable de todos los cargos, su sentencia podría ascender hasta nueve años.

Lo que es igualmente notable es que los procedimientos han emanado del “Departamento para la Protección del Estado y de la Política Democrática”, una rama especial de los Servicios de Seguridad de Grecia que se supone rastrea las actividades relacionadas con el terrorismo, o actividades que generalmente amenazar la democracia.

Este departamento se creó en el año 2000, en el momento de una campaña de “modernización” en Grecia, mientras se abría el camino para unirse a la Unión Monetaria Europea, y se actualizó en 2011, después de que el país ingresara en el régimen de rescate de la Troika . Desde esa fecha este departamento policial se ha implementado como una agencia para monitorear las acciones de protesta, y ahora el gobierno de Syriza ha extendido aún más el nivel de sus actividades de vigilancia. Es notable que, desde su creación, el departamento no haya tomado medidas contra el partido fascista Golden Dawn,

Lafazanis no es el único activista político al que se dirige la acción represiva. Otros cuatro activistas, entre ellos un miembro de la Unidad Popular y dos conocidas figuras de la red “I Won't Pay”, Leonidas y Elias Papadopoulos, también han sido llamados para responder a una larga lista de cargos. También ha quedado claro que Lafazanis ha estado bajo una vigilancia constante por parte de un equipo de policías disfrazados de periodistas que filmaban sus acciones de protesta. Este material se ha complementado con fotos y videos que el departamento exigió a las compañías de televisión. Las publicaciones de Facebook también se utilizaron para identificar a los activistas en los eventos de protesta.

¿Qué sigue?

La marea creciente de procesamientos ha obligado a los medios griegos a prestar cierta atención a la escalada de la represión estatal. También ha provocado cierta reacción pública, incluida una pregunta parlamentaria presentada por cuarenta y tres diputados de Syriza al Ministro de Justicia.

En efecto, estos diputados se han dado cuenta de “unos acontecimientos profundamente preocupantes” que se producen en las entrañas del estado griego bajo el gobierno de su propio partido Syriza y están tratando de salvar lo poco que queda de una posición moral.

Sin embargo, la posición oficial del gobierno es que este asunto pertenece por completo al ámbito del poder judicial y a la policía y no tiene nada que ver con decisiones políticas.

Sin embargo, el hecho la iniciativa de los procesos judiciales no provino del poder judicial, sino del estado más profundo, es decir, el Departamento de Protección del Estado y de la Política Democrática. Este departamento es responsable ante el Ministro de Orden Público. En resumen, la vigilancia y la represión se hace con la participación y la complicidad del gobierno, y estas acciones represivas están directamente relacionadas con el tercer rescate y la reciente crisis que se está afectando a los bancos griegos.

Los rescates neoliberales requieren represión, y el gobierno de Syriza no ha demostrado ser una excepción a esta regla. Ya se ha hecho un gran daño a la democracia en Grecia, y es probable que las cosas se vuelvan aún más duras en los meses venideros a medida que se acercan las elecciones, y que los problemas de los bancos se transformen en el centro de atención. El desastre económico y social causado por la capitulación de Tsipras se ha hecho evidente en amplias capas del electorado, y los sentimientos de desprecio son generalizados.

Dado que este gobierno ya ha vendido su alma al comprometerse con los prestamistas, no tendrá ningún reparo en escalar la represión contra todos aquellos que se oponen activamente a ella. Se necesita urgentemente la solidaridad internacional para detener este giro profundamente preocupante de los acontecimientos en Grecia. La represión se está convirtiendo en una cuestión de defensa de la democracia.

Fuente: https://kritica.info/grecia-el-giro...

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