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Mar enladrillado

28 February, 2019 - 00:00

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Pan y Rosas y Noticias de Paz: Programa de febrero

27 February, 2019 - 00:00

Ya puedes escuchar el programa de febrero de Pan y Rosas - Noticias de Paz en el iVox de Radio Guiniguada.

En el programa de hoy lunes, 25 de febrero, escucharás:

Sin Noticias de Paz: la sección informativa elaborada por el grupo antimilitarista Tortuga, desde Alicante, con humor.

Mujeres por la paz: Mar Gimeno, de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, nos presenta a Phyllis Young del movimiento indígena estadounidense Red Power.

La noviolencia a lo claro: Pedro, del MOC de Tenerife, nos habla de la crisis de Venezuela en clave de noviolencia

España está en guerra en las fronteras: Itahysa, del grupo ADNV de Las Palmas nos relata la VI Marcha por la Dignidad al espigón del Tarajal, Ceuta, en la que participó, y en

Alternativas antimilitaristas: celebramos los 30 años de la Insumisión

Audio: https://www.ivoox.com/pan-rosas-not...

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Juicio al ‘Procés': ¿Hubo rebelión?

27 February, 2019 - 00:00
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Jordi Cuixart: "El estado de derecho no está por encima de la democracia"

27 February, 2019 - 00:00

El presidente de Ómnium Cultural declara en el juicio al 'procés' que el papel de su organización era el de "movilizar a la sociedad". Niega que hubiera violencia, más allá de la de policías y guardias civiles que intentaron impedir el 1-O.

Público | agencias

"Yo soy un preso político, no soy un político preso". Así de contundente se ha presentado en el juicio al procés el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quien este martes ha empezado a declarar ante el Tribunal Supremo, en la séptima jornada del juicio. Cuixart ha asegurado que está en prisión por ser "un activista social" y se ha definido como un independentista con "un sentimiento republicano".

Así, ha reconocido que el papel de Ómnium Cultural en el procés era el de "movilizar a la sociedad", aunque ha querido marcar distancias con sus compañeros de banquillo al afirmar que tanto él como su "compañero" Jordi Sànchez, expresidente de la ANC, entraron en prisión el 16 de octubre de 2017 "por el hecho de ser activistas sociales y no políticos".

De esa manera, Cuixart ha eludido responder a las preguntas que el fiscal le realizaba relativas a cada una de las decisiones del Govern o el Parlament catalán que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional: "Le mentiría si le dijera que todos fueron suspendidos o no, me consta que suspendió el referéndum pero le mentiría si le dijera esta sí o no porque no tengo suficiente conocimiento", ha añadido.

Cuixart, el único acusado que no ha protestado ante el tribunal por no contar con traducción simultánea del catalán, ha comenzado su declaración explicando el origen y objetivos de la asociación que preside y que cuenta con un "99,9% de socios independentistas".

"Yo mismo soy independentista, tengo un sentimiento republicano y estoy seguro de que aquí no se está juzgando mi sentimiento republicano", ha precisado el líder de Òmnium, que solo va a contestar a la Fiscalía y a las defensas, pero no a la Abogacía del Estado o Vox.

"No lo dude, no se está juzgando eso", le ha respondido el fiscal Jaime Moreno.

El fiscal le ha preguntado más bien por un documento elaborado por Ómnium de la acusación popular y al que la Fiscalía califica de "hoja de ruta" de las acciones que acabaron teniendo lugar en el otoño de 2017. Cuixart lo ha calificado de simple "declaración de intenciones que obedecía a una estrategia en la que se defendía la independencia y aportaba movilización social, para convertir las elecciones del 27 de septiembre en unas elecciones de carácter plebiscitario".

Al igual que los otros diez acusados que ya han declarado en semanas anteriores, Cuixart ha negado conocer hasta que se lo enseñó su abogada el documento denominado Enfocats y la agenda Moleskine con anotaciones que le fueron intervenidas en el domicilio del que fuera número 2 del exvicepresident de la Generalitat y también encausado Oriol Junqueras.

El 20-S

Peor lo ha pasado Cuixart cuando el fiscal le ha preguntado por la protesta del 20 de septiembre de 2017 frente a la Consellería de Economía. El fiscal Jaime Moreno le ha preguntado en su interrogatorio por un tuit que lanzó a las 8.28 horas del 20 de septiembre de 2017 cuando, al poco de conocerse los registros en la diversas consellerías y oficinas de la Generalitat, dijo que el Estado "llegará hasta donde le dejemos".

"Si yo escribo aquí esto es que tengo conocimiento de que el dictador se murió en la cama", ha señalado, pero que la democracia la consiguió la sociedad española, se ganó con las movilizaciones y las manifestaciones y "nadie esta cuestionando en Catalunya que vivir en democracia está en manos de la ciudadanía".

Y ha aseverado, en lo que es una clara respuesta al rey Felipe VI, —quien el pasado día 20 manifestó que "no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho"— que "el Estado de derecho no está por encima de la Democracia, porque el franquismo también era un Estado de derecho".
Felipe VI dijo que "no es admisible apelar a una supuesta democracia por en cima del Derecho"

Las palabras del rey coincidieron con las primeras sesiones del juicio contra los dirigentes independentistas catalanes, pero en ningún momento hizo mención alguna a este asunto.

Cuixart —que ha utilizado la coletilla "hostiá" antes de responder a las cuestiones planteadas por el fiscal Moreno— también ha reconocido que es cierto que desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut en 2010 han venido pidiendo a los políticos "españoles y catalanes que escuchen a la ciudadanía en ejercicio de derechos fundamentales". "Y lo seguiremos haciendo, pase lo que pase", ha añadido.

La Fiscalía pide 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación para Cuixart, en prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017, por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita ocho años de cárcel por sedición; mientras que VOX pide 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.
"Mi prioridad ya no es salir de prisión, sino resolver el conflicto"

En otro orden de cosas, Cuixart ha afirmado que las declaraciones que prestó ante el juez instructor Pablo Llarena estaban condicionadas por su "voluntad de salir de prisión al precio que fuera", aunque su prioridad ya no es librarse de la cárcel sino solucionar el conflicto catalán.

"Mis declaraciones ante el juez instructor estaban vinculadas a una voluntad de salir de la prisión al precio que fuera, soy un preso político", ha aclarado Cuixart.

No obstante, el presidente de Òmnium Cultural ha sentenciado que, "después de 550 días en la cárcel", ahora su prioridad ha dejado de ser salir de prisión y lo es resolver el "conflicto político en Cataluña" al tiempo que "denunciar el ataque y la vulneración de los derechos fundamentales en Cataluña y España".

"Entonces estaba condicionado por un impacto emocional muy grande por el ingreso en prisión", se ha justificado Jordi Cuixart, que ha mantenido que está "convencido" de su inocencia.

"La Guardia Civil cerró páginas sin orden judicial, como en Turquía"

Además, Cuixart ha denunciado este martes que en las vísperas del referéndum del 1-O la Guardia Civil clausuraba páginas web en España, sin orden judicial, "como pasa en Turquía".

Cuixart ha aprovechado una pregunta del fiscal del Tribunal Supremo Jaime Moreno, sobre la compra de un dominio web de Òmnium Cultural que cree fue utilizado para movilizar a ciudadanos el 1-O, para criticar que antes del 20S y del 1-O se clausuraron "cientos de páginas" sin "ningún tipo de orden judicial.

En ese sentido, ha subrayado que no entiende qué importancia tiene si el dominio de la web de Òmnium fue adquirido en Irlanda, dado que ello no impide "que se cierre la página".

Asimismo, Cuixart ha defendido que los dominios de Òmnium Cultural no han sido utilizados "para nada más que las actividades propias" de la entidad que preside

Público

Jordi Cuixart: “Mi prioridad no es ya salir de la cárcel, soy un preso político”

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, acusado de rebelión y sedición y para quien Fiscalía y Abogacía del Estado piden 17 y 8 años de prisión, reafirma en el Tribunal Supremo la legitimidad de las manifestaciones del 20 de septiembre de 2017.

Ter García

“Creo que todo el mundo sabe ya que de lo que hablamos es de democracia”, ha afirmado hoy Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, interrogado por el fiscal Jaime Moreno. Cuixart ha sido el primero de los acusados del Procés en declarar en el séptimo día del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo, acusado de rebelión por la Fiscalía —que pide para él 17 años de cárcel— y de sedición por parte de la Abogacía General del Estado —que pide ocho años—. Preguntado por el fiscal Jaime Moreno sobre el objeto de Òmnium, la asociación que presidía, ha aprovechado para hacer promoción de esta organización, nacida hace más de 50 años para hacer promoción del catalán como elemento de cohesión de la sociedad catalana.

El interrogatorio a Cuixart, acusado de convocar las manifestaciones ante las cuatro consejerías registradas por la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017, ha estado enfocado en cómo esta organización organiza sus campañas.

El fiscal le ha preguntado por un email presuntamente mandado a Marcel Mauri, actual vicepresidente de Òmnium Cultural, en el que hablaba de presupuestos para actividades relacionadas con La Crida per la Democràcia, campaña lanzada por Òmnium Cultural.

“En nuestra historia nos han registrado tres veces”, ha explicado Cuixart, que relató que el juez Llarena ordenó que registraran sus pertenencias y descargaran los más de 35.000 correos electrónicos personales. Cuixart ha pedido ver el correo electrónico al que se refería el fiscal, que ha sido proyectado. “Hostia, pero no lo veo”. Se ha levantado y ha ofrecido traducir el mail al castellano si ampliaban la imagen. “Hay que hacer una campaña más bestia… [...], la Crida por la democracia necesita un enfoque más urgente [...]. Cuando hablo de previsión hablo de reservar 500.000 euros para longanizas…”, ha leído Cuixart. “Cuando digo longanizas hablo de una campaña muy potente de oposición a la celebración del Día de la Hispanidad, pero no se llevó a cabo, como es conocido por todo el mundo”, ha aclarado. “500.000 euros de campaña de defensa de la Junta directiva cuando nos quieran meter en la cárcel —que es lo que pasó—…”.

“Ya prevé que le puedan meter en prisión y habla de reservar 500.000 euros a longanizas… ¿No es esto ampliar la conflictividad en la calle?”, le ha preguntado el fiscal, a lo que Cuixart ha respondido que “querer hacer un tsunami democrático, pues no veo que sea punible”. “Una de los problemas que tenemos que paliar en la sociedad es el porcentaje de gente en riesgo de exclusión social, y estoy seguro que esto se podría solucionar con una sociedad más democrática. Creo que todo el mundo tiene claro ya que estamos hablando de democracia”.

Cuixart ha explicado que Crida per la Democràcia tiene un “presupuesto de ambición” porque respondía a la voluntad de la sociedad catalana de celebrar un referéndum y a la protesta ante la operación Catalunya, y ha apuntado que “cuando pedimos más democracia, la pedimos también para el Estado español”, haciendo referencia a la Ley Mordaza y a las miles de personas sancionadas en sus años tres años y medio en vigor.

“Le escucho con mucho interés —le ha interrumpido el presidente de la sala, Manuel Marchena—, pero expláyese en lo que se le ha preguntado”. Cuixart ha seguido explicando sobre las acciones de Òmnium en cuanto a facilitar consensos que permitieran formar gobierno en Catalunya, mediante reuniones con los distintos partidos. Después, el fiscal le ha preguntado sobre la web de cridaperlademocracia.cat y su lista en WhatsApp.

—¿Cómo funcionaba? —pregunta el fiscal—.
—Pues como las listas de difusión de cualquier partido político o sindicato —ha respondido—.
—¿Sabe usted que el dominio lo registró Oleguer Serra?
—Pues es muy posible, porque es un cargo de Òmnium Cultural.
—Y el registro fue en julio, ¿ya preveían que iba a hacer falta?
—Mire usted, Òmnium hace campañas, pero se programan. La manera que intenta influir en el conjunto de la sociedad catalana… Estos 150 socios y socias que invierten dinero en Òmnium tiene que saber que se hace buen uso de su dinero. Estoy seguro que Crida per la Democràcia se organizó mucho antes de esa fecha.

Después el fiscal le ha preguntado sobre las razones para que el dominio de la web fuera comprado a una empresa de Irlanda. “Yo soy empresario y, en un mundo globalizado, mi actividad principal es la exportación, y en un mundo de libre mercado, por precio, si el técnico de Omnium decidió comprar el dominio en esta empresa sería porque era más competitiva... y compre el dominio donde se compre, se clausuró la página web, sin orden judicial, como pasa en Turquía”, ha respondido el presidente de Òmnium. “Fuera inscrita en Irlanda o donde fuera, no fue impedimento para clausurarla y ponerle el escudito de la Guardia Civil”, ha añadido.

Sobre los hechos del 20 de septiembre, cuando tuvo lugar el registro en la sede del Govern, Cuixart ha invitado a la sala a imaginarse “cómo actuaría la sociedad francesa si se le suspendiera la autonomía financiera”. “Espero que como la catalana, sin violencia pero con determinación. Cuixart se ha referido a la siguiente aplicación del artículo 155 en Catalunya: “El sentimiento de autogobierno de Catalunya va más allá del independentismo y del soberanismo”, ha afirmado, señalando también que tanto él como Jordi Sánchez eran unos auténticos desconocidos en Catalunya hasta que fueron detenidos y llevados a prisión provisional el 16 de octubre de 2017: “Nos hicieron referentes de la sociedad catalana cuando nos metieron en prisión”.

“¿Mandó un tuit desde Òmnium Cultural convocando a manifestaciones ante las cuatro consejerías?”. Ante esta pregunta, Cuixart ha aclarado su distanciamiento con las declaraciones que hizo ante el juez instructor, hechas bajo un “impacto emocional”, priorizando salir de prisión. “Mi prioridad no es ya salir de la cárcel, soy un preso político y estoy convencido de mi inocencia”. Cuixart ha señalado que su prioridad es la resolución del conflicto en el conjunto del Estado español, no solo de Catalunya, además de denunciar la vulneración de las libertades de la sociedad catalana. “No es salir de la cárcel”, ha reiterado.

“El Estado asalta las instituciones propias y llegará hasta donde le dejemos”, ha leído el fiscal el tuit al que se refería en cuanto a la declaración de Cuixart ante el juez instructor. “¿Ese ‘llegará hasta donde le dejemos' era un acto de protesta?”, le ha preguntado. “Yo estoy convencido de que los poderes del Estado escuchan a la gente cuando se manifiesta. Cuando escribo ‘vivir en democracia en Catalunya está en nuestras manos' es porque estoy convencido de que, aunque el dictador se murió en la cama, la democracia se consiguió en las calles. Que el Estado de derecho no está por encima de la democracia, porque el franquismo también era un Estado de derecho. Lo que decimos es que defender la democracia es obligación de la ciudadanía”.

Cuixart ha hecho también referencia al desahucio de Argumosa 11, en Madrid, el pasado 22 de febrero, en el que cientos de ciudadanos acudieron a intentar evitar la ejecución. “Utilizaron sus cuerpos para mostrar su oposición, y el desahucio tuvo lugar y desde el Gobierno dijeron que, en ese caso, la política había llegado tarde. Nosotros aquí estamos hablando de política”, ha concluido.

El fiscal después ha preguntado sobre un tuit del 20 de septiembre en el que se pedía a la gente que no se marcharan, que llegaba “avituallamiento”. “¿Sabía usted que entonces se habían dañado los coches de la Guardia Civil?”, ha preguntado el fiscal. Cuixart ha afirmado que no supo de los coches dañados hasta mucho después, aunque había visto a varios fotoperiodistas subidos sobre ellos. “A mí no me gusta que se rompan las cosas, sean o no mías, y tengo un sentido de lo público muy amplio como para ver que los coches de la Guardia Civil también son de la sociedad catalana”.

Después, la pregunta ha sido sobre los bocadillos que unos mossos d'Esquadra les compraron unos bocadillos para la comitiva judicial. “Si pidieron bocadillos me parece perfecto, por el pasillo podían bajar”.

—¿Le gustó aquel día a usted? ¿está conforme con cómo sucedió? —pregunta el fiscal—.
—Se me juzga por mis hechos no por mis gustos —ha respondido.
Cuixart ha resaltado la actitud no violenta en el 20 de septiembre, y que a él mismo le repulsa la violencia y, de hecho, a las 17 años se hizo insumiso al servicio militar. “La sociedad catalana es una sociedad pacífica”, ha resaltado.

Tras un descanso de media hora, el fiscal ha continuado preguntando sobre la jornada del 1 de octubre, día del referéndum. “¿Sabe usted que la magistrada de la Audiencia Nacional impedía la celebración del referéndum?”, pregunta el fiscal. “Sé que suspenden la ley del referéndum, sí”, responde el presidente de Òmnium. “Y que la magistrada ordenó que se cerraran los colegios electorales y se requisara el material?”, continúa el fiscal. “Nosotros decidimos seguir los derechos fundamentales”, responde Cuixart. “Nosotros, ante este dilema de la suspensión del Tribunal Constitucional o el ejercicio de derechos fundamentales, vamos a actuar, bajo la no violencia, con desobediencia civil, que coge una ley de que considera injusta, como en el caso de los insumisos o la desobediencia civil en Estados Unidos sobre segregación racial”, continúa. “Si no, aún habría segregación en Estados Unidos o las mujeres no podrían votar. La desobediencia civil no va sobre todo el ordenamiento jurídico, sino contra lo que considera injusto y siempre con no violencia”, explica Cuixart. “La única manera que teníamos los ciudadanos de Catalunya de mostrar nuestra disconformidad era ejerciendo el derecho a la manifestación y la desobediencia civil, que esta misma sala dice que es síntoma de buena salud democrática”, ha recordado haciendo referencia a anteriores resoluciones del Supremo.

Cuixart ha continuado comparando la jornada de referéndum con otras acciones de desobediencia civil, como los desahucios, y ha señalado que si los cuerpos de seguridad hubieran tenido más paciencia, se podrían haber ahorrado ejercer la violencia mostrada ese día en los colegios electorales.

“A través de correos está usted mandando a gente a determinados colegios”, continúa el fiscal. “Con 99 retuits que creo que hay sería presuntuoso suponer que yo puedo dirigir al pueblo, los catalanes no somos ovejas”, responde Cuixart, que también ha aprovechado para recordar la causa contra 17 policías por uso desproporcionado de la violencia en la jornada de referéndum. “Creo que se ha mostrado de manera muy clara que la actitud de la sociedad catalana fue pacífica” sigue Cuixart. “Digo cul a terra, que es culo al suelo, y resistencia pacífica, en colegios donde ya había habido violencia por parte de la policía”. Después el fiscal ha hecho proyectar otro tuit retuiteado por Òmnium Cultural en el que se piden refuerzos para proteger un colegio electoral.

“La parte bonita de todo esto es que 2 millones y medio de personas se solidarizan unos con los otros para participar en un referéndum”, declara Cuixart. “Deberíamos estar todos orgullosos porque es el ejercicio más grande de desobediencia civil que se ha dado en Europa”. Sobre la violencia de ese día, afirma que no podían imaginar una cent´sima parte de la que hubo, pero en referencia a la ejercida por la policía, bajo gritos de “a por ellos”. “¿A por ellos? ¿a por quién? a por los ciudadanos?”. El fiscal ha continuado preguntando a Cuixart si este fue consciente de los daños físicos sufridos por los agentes de policía, a lo que ha respondido que lo que le consta es que hubo más de mil heridos y también un centenar de policías lesionados. “Y fue efecto de la virulencia con la que atacaron”.

Cuixart ha señalado que ya ha lamentado en varias ocasiones si alguien se saltó la disciplina no violenta y ha pedido ver las imágenes en concreto. También ha hecho referencia al uso de balas de goma por parte de la policía, que causó que una personal, Roger Español, perdiera un ojo a causa del impacto de una de ellas, a pesar de que el uso de este tipo de armamento está prohibido en Catalunya.

—¿Sabe si siete policías fueron lesionados? —pregunta el fiscal—
—Yo sé que 17 policías están imputados por la violencia ejercida ese día.
—¿Hubo violencia ese día?
—Por parte de la policía sí.
—¿Y de los manifestantes?
—Hubo un ejercicio de derechos fundamentales.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/juici...

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Para la guerra nada

26 February, 2019 - 00:00

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APDHA califica de “devastadoras” las condiciones a las que son sometidas las personas sordas o sordociegas en prisión

26 February, 2019 - 00:00

Los centros penitenciarios no está adaptados, no tienen sistemas de interpretación, intérpretes, e imposibilita en la práctica el mantenimiento de prótesis e implantes, lo que lleva a la persona a la absoluta incomunicación.

Andalucía, 21 de febrero de 2019. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha publicado con motivo del Día internacional de la Lengua Materna, una guía titulada ‘Derechos de las Personas Sordas y Sordociegas en Prisión', que analiza las “devastadoras” condiciones en las que se encuentran estas personas, debido a la discriminación, incomunicación y aislamiento a los que sistemáticamente se las condena.

La guía, que pretende facilitar el conocimiento, la denuncia y la defensa de estas situaciones, es fruto del acompañamiento realizado a personas presas que ha permitido constatar la vulneración sistemática de los derechos de la población con discapacidad sensorial en las cárceles. Por ello, la organización ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por incumplimiento de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Los centros penitenciarios no están adaptados. Estas personas viven en su día a día numerosas situaciones de trato inhumano y degradante en nuestras prisiones, excluidas de un sistema que no contempla sus necesidades comunicativas, por ejemplo, incapaces con frecuencia de comprender instrucciones ni de transmitir posibles abusos o amenazas, no pueden ejercer sus derechos de defensa, información, tratamiento penitenciario, asistencia médica, participación en cursos, beneficios penitenciarios, formulación de peticiones, quejas y recursos, comunicación con familiares. Además, son sancionadas por hechos que tienen su origen en su discapacidad, como no atender órdenes o no responder a directrices transmitidas por megafonía o avisos, como la sirena para el recuento en celda; entre otras muchas cuestiones”.

Son claves la ausencia de sistemas de interpretación de lengua de signos, intérpretes, así como el desconocimiento de medidas de apoyo a la comunicación oral por parte del personal funcionario de prisiones –como hablar claro, sin taparse la boca, garantizando la visibilidad facial, utilizando vocabulario comprensible, etc.-.

Además, se vulneran sistemáticamente los derechos de las personas sordas y sordociegas ante la imposibilidad en la práctica de revisar y realizar mantenimiento de las prótesis auditivas e implantes cocleares por parte de audioprotesistas y programadores de implantes, que dejan inservibles estos mecanismos y, por tanto, impide la comunicación de estas personas. A esta dificultad se le añade la imposibilidad de comprar en el economato pilas, cables y antenas, entre otros elementos, para que funcionen las prótesis auditivas e implantes.

Según los últimos datos facilitados por el Gobierno, el número de personas sordas e prisión es de 110 (99 varones y 11 mujeres), el 2% de la población penitenciaria. Desde la APDHA, reconocen tímidos avances en la materia, como la firma del “Protocolo de actuación para personas con discapacidad en el medio penitenciario”, que “resulta insuficiente e ineficaz” y no salva el hecho de que “actualmente el derecho a la accesibilidad universal y el derecho a vivir de forma independiente, como prevé la normativa nacional e internacional, no están garantizados en las prisiones”. Por ello, consideran, es urgente y necesaria la firma de un convenio de colaboración entre Instituciones Penitenciarias y las entidades que trabajan con las diversas discapacidades para que se forme al personal, se creen materiales de lectura fácil y se incorporen sistemas de interpretación de lenguas en las cárceles.

La asociación denuncia que esta situación es consecuencia de la dejación de responsabilidades por parte de las administraciones en el cumplimiento de la normativa nacional e internacional. A ese respecto, recuerda que el 4 de diciembre de 2017 finalizó el plazo legal para que las administraciones públicas incorporen la lengua de signos y las tecnologías que facilitan su uso en todos los entornos en los ciudadanos tengan la necesidad de interactuar.

También es necesario respetar, aseguran, los compromisos internacionales suscritos por España a través de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y sus Protocolos. Por ello, la organización exige a Instituciones Penitenciarias el cumplimiento de los derechos de las personas establecidos en la legislación.

Fuente: https://www.apdha.org/devastadoras-...

Guía-informe: https://www.apdha.org/media/guia-de...

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Alsasua: ¿Justicia o venganza del estado?

25 February, 2019 - 00:00

Caso Alsasua, pelea de bar, agresión a guardias civiles, ‘lo de Altsasu'. Casi dos años y medio se cumplen ya de este caso. Y aún hoy, uno de los casos jurídicamente más excepcionales de los últimos años, parece que sigue contando tan sólo con una voz, por lo menos en lo que a la opinión pública se refiere. Se acerca la sentencia definitiva de la Audiencia Nacional, que verá la luz a principios de Marzo. Una sentencia, que, sin lugar a dudas, vendrá marcada por todo el proceso, por sus iniciadores, sus protagonistas: jueces, fiscales, Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, y la propia Guardia Civil. Un ‘Quién es Quién' de los que hoy en día, podrían, a su antojo, organizar y teatralizar la Justicia española. En este escenario tan surrealista, la vida de ocho jóvenes pende de un hilo, arrollados por un proceso donde hace tiempo ya que dejaron de tener algún protagonismo.

LOS HECHOS

En la madrugada del sábado 15 de octubre de 2016, en plenas Ferias de Alsasua (Navarra), ocurre un incidente a las puertas del bar Koxka, que implica a varios vecinos, y a dos Guardia Civiles de paisano junto a sus parejas. En un primer momento, hay dos detenidos y, al parecer, un tobillo roto. Sin embargo, en 24 horas, todo el pueblo amanece repleto de cámaras de televisión y diferentes medios de comunicación. De un día para otro, Alsasua es el foco de la noticia, pese a que nadie sabe todavía muy bien por qué.

En muy pocas horas, varios hechos se desencadenan: la Policía Foral, cuerpo que inicia la instrucción policial, no puede tomar declaración de la denuncia ni al Teniente, ni al Sargento, bajo pretexto de prescripción médica y que necesitan descanso, además de que van a recibir ‘una visita importante'. En efecto, el mismo domingo de los hechos, el entonces Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, hace acto de presencia en Alsasua, primero se persona en el cuartel, para ver al Sargento y su novia; y más tarde, en el hospital de Pamplona, donde el Teniente se encuentra hospitalizado. Su visita acaba con la pertinente rueda de prensa a las puertas del hospital, denunciando la situación de ‘acoso'. Primer pase para la prensa.

Es en ese momento, tras esa visita, cuando el caso, que debiera ser llevado por la Policía Foral, pasa a la Guardia Civil. El baile de jurisprudencias ha comenzado. Como colofón para este domingo, el por entonces presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy, declara en un tweet que ante este hecho, ‘no habrá impunidad', pese a que aún no se ha esclarecido lo ocurrido, no se ha iniciado la investigación pertinente, y no ha habido declaraciones oficiales de ninguna de las partes implicadas. ¿Qué información podía tener el Gobierno?. Tal vez la de un buen amigo: ocurre que cuando Rajoy era portavoz del Gobierno de Aznar, Fernández de Mesa era Delegado de Gobierno en Galicia. Además de ser paisanos, vivieron juntos el desastre del Prestige. Y con una simple llamada, Fernández de Mesa habría iniciado esta particular campaña.

La investigación oficial avanza en los Juzgados de Navarra, donde los dos primeros detenidos, imputados por lesiones y atentado a la autoridad, son puestos en libertad el lunes, tras tomarles declaración. Hasta aquí, se da un desarrollo habitual en este tipo de incidentes con cuerpos policiales. Pero Fernández de Mesa no es el único que acude a ver al Teniente al hospital. El Consejero de Sanidad, Fernando Domínguez, y la propia presidenta de Navarra, Uxue Barkos, hacen acto de presencia también. Y, como no podía ser de otra manera, realizan declaraciones ante la prensa: Condenas a lo ocurrido, predisposición del Gobierno navarro a ayudar a los guardias y sus parejas, compromisos de paz y convivencia… Pero curiosamente, todavía nadie sabe qué ha pasado. No hay declaraciones de nadie, salvo las de los detenidos por la Policía Foral; que también ha conseguido el testimonio de la pareja del Teniente, una mujer joven de Alsasua. Pero esto no parece relevante.

EL CIRCO MEDIÁTICO

Los medios, apostados a lo largo y ancho de la pequeña población navarra, serán los primeros en iniciar el relato de lo que supuestamente ha pasado. Así, la misma noche del sábado, comienzan a aparecer las primeras noticias, con palabras como agresión, linchamiento, emboscada, apaleamiento, calificativos como brutal… Que serán el leitmotiv a partir de ahora. Incluso el número de implicados cambia de 40, a 30, a 50, hasta 100 personas, dentro de un mismo espacio informativo. Esas personas son calificadas como radicales, vinculados a la Izquierda Abertzale, y se empieza a sugerir premeditación, organización y ensañamiento en los sucesos. Se multiplican las lesiones y agresiones. Las noticias de La Sexta y Antena 3, especialmente, y periódicos como El Mundo, La Razón, ABC (que añadió además su ya clásico ‘proetarras') y Navarra.com, son los encargados de establecer los términos.

En este caldo de cultivo de visitas oficiales al hospital, tweets, medios de comunicación en un éxtasis informativo y la recuperación de la historia de un pueblo enfrentado por dos bandos irreconciliables que se irá desarrollando a posteriori, los hechos que marcarán el caso definitivamente se desarrollan. El primero, había sido lograr que la Guardia Civil se hiciera con la investigación del caso: La noche del domingo de la visita del Director General de la Guardia Civil, desde la Comandancia de la Guardia Civil en Pamplona, se envía un informe a la jueza encargada del caso, relacionando los hechos con la plataforma ‘Ospa', que reivindica la salida de la Guardia Civil del territorio, y aprovechan, también, para incluir un nuevo delito: el delito de odio, recogido en el artículo 510 del Código Penal. Cabe destacar que este delito, ideado para la protección de colectivos discriminados por su raza, religión, cultura u orientación sexual, ha sido reiteradamente utilizado tanto para casos de odio contra figuras como la Monarquía o, una vez más, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (véanse casos como los delitos contra la población catalana en el 1-O, artistas y periodistas encausados por delitos de odio contra la Monarquía, etc.)

Cuatro días después, Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo en País Vasco) inicia una denuncia. Pero en vez de ser presentada en los Juzgados de Pamplona, que es donde se estaba instruyendo el caso, esta se presenta directamente en la Audiencia Nacional, en Madrid, dando lugar a dos desencadenantes: La Magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien recibe la denuncia, inicia su propia investigación, obviando la que ya se ha iniciado en Pamplona. Además, solicita toda la documentación de la causa, lo que finalmente lleva a que el caso quede en Madrid. Para cuando la defensa inicia el recurso contra la inhibición del caso (al considerarlo un cambio de jurisprudencia no notificado e irregular), no tiene dónde hacerlo, puesto que el cambio de manos ya ha sido realizado. Asimismo, por primera vez, se incluye el calificativo de ‘terrorismo'. Esta palabra marcará todo el proceso a partir de ahora, y desencadenará todo tipo de irregularidades, decisiones políticas, y situaciones de excepción y represión.

Resumiendo: lo que parece un simple encontronazo con dos guardias y sus parejas en un contexto festivo, en unos pocos días ha pasado a convertirse en un delito de odio y terrorismo; aún no hay implicados, los dos primeros detenidos fueron liberados sin más trascendencia, y, como por arte de magia, una investigación se inicia en la Audiencia Nacional en Madrid, a raíz de una denuncia. La justicia, por una vez, parece actuar rápida y eficazmente.

El caso, por lo tanto, estaba siendo investigado en dos lugares a la vez. El atestado del Juzgado de Pamplona, que incluía las declaraciones de los guardias implicados (las primeras que dieron, directamente a sus compañeros), señalaba ya a algunos jóvenes del pueblo como implicados. Estos, acudieron al propio Juzgado a declarar para aclarar la situación y evitar detenciones, pero no pudieron hacerlo al estar la Jueza ausente.

El 14 de noviembre tiene lugar un primer operativo policial a gran escala. Hasta entonces, en el pueblo intuían que lo ocurrido un mes antes no terminaría con una simple detención y quizá alguna multa. La presencia de los medios de comunicación era constante. Y la policial, también. Efectivos de la Guardia Civil campaban a sus anchas en las calles del pueblo, el movimiento de vehículos resultaba constante. Y presencias ajenas a los habitantes, esperando en esquinas y realizando grabaciones, comenzaba ya a resultar habitual. El auto de la Audiencia Nacional, se hizo público. En él, se señalaba a 12 jóvenes como implicados en lo sucedido esa noche de octubre. Pero a ellos, no hizo falta que les llegara ninguna citación judicial. El auto fue filtrado el 10 de noviembre por la tarde en la versión digital de EL Mundo, en un artículo firmado por el periodista Manuel Marraco. El auto fue publicado íntegramente, incluyendo nombres completos y DNI, incluso a pesar de que dos de los acusados fueran menores. Hasta entonces, el periódico publicaba constantemente artículos relacionados con el caso, incluyendo reportajes edulcorados y semi-heroicos sobre el teniente, al que llegaron a bautizar como ‘Óscar Sin Miedo‘, protagonista de rescates a un autobús con un expreso de ETA y sus allegados (información que más tarde se desmentiría, pues se trataba de unos alumnos de una Escuela de Idiomas), o su afán integrador de llevar el cuartel al pueblo, organizando para ello jornadas de puertas abiertas en los colegios, o su historia personal retratada como un joven lleno de sueños que intentaba vivir en un pueblo sembrado de odio.

A los abogados de los jóvenes acusados no les dio tiempo a preparar los escritos para que éstos comparecieran a declarar en la Audiencia Nacional. Pasados 4 días de la publicación del auto, tras días de seguimientos y vigilancias nada o poco disimuladas se inicia un espectacular operativo para detener a 10 jóvenes, tanto en sus casas como en sus lugares de trabajo o estudios. La Guardia Civil se desplaza tanto a Altsasu como a Vitoria, Agurain, Ordizia o Pamplona. Como detalle, más tarde se sabría que la Audiencia Nacional no fue notificada sobre esa redada, y que, de hecho, la primera notificación de las detenciones fue recibida por parte de las abogadas de la defensa. Lamela, sin embargo, ordenó su inmediato traslado a Madrid. Las filtraciones no ocurrieron solamente con el auto, puesto que, durante la redada, mientras los medios informaban al minuto sobre la cantidad de detenidos, otra vez El Mundo, esta vez junto a la Agencia Efe, preveían que los detenidos serían nueve en total, puesto que ya contaban con esa información. Al final, la jornada se saldó con 8 detenidos, y 2 de ellos, uno al no ser localizado y otro que no pudieron llevarse de casa por no contar con la orden pertinente, acuden voluntariamente a la AN, donde se les emplaza a declarar 48 horas más tarde. Como resultado de ese operativo, 6 de los detenidos quedan en prisión, acusados de un delito de ‘terrorismo, en concurso ideal de lesiones, atentado y odio'. De los que declararon más tarde, hay uno que es llevado también a prisión, aludiendo riesgo de fuga, el joven Adur, pese a que en este caso concreto Adur había intentado declarar hasta 3 veces de forma voluntaria en el juzgado.

Un mes después, el 20 de diciembre, 4 de los 7 jóvenes que permanecen en la cárcel son puestos en libertad, bajo pretexto de que ‘es “difícil” que puedan ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba en relación a la investigación o puedan actuar contra bienes jurídicos de las víctimas'. Sin embargo, en los 3 jóvenes restantes, si ve la posibilidad de que cometan nuevos actos delictivos, y además, les atribuye “especial liderazgo y protagonismo en los hechos”, junto con un listado de otras causas, tales como la participación en manifestaciones u organización de actos reivindicativos en el pueblo, lo que les hace claramente más jugosos ante la justicia. Para entonces, las fotografías de los 8 jóvenes que permanecían en el proceso recorrían las portadas de los periódicos y las cabeceras de todos los informativos. La manera de presentarlas, agrupando fotografías sacadas de sus DNI, recordaba a tiempos anteriores, cuando se difundían las caras de los comandos de ETA. De hecho, sólo faltaba la palabra comando para dar por supuesto que eran jóvenes organizados para tal fin, agredir Guardias Civiles, omitiendo que muchos de ellos, ni siquiera se conocían. Periódicos como La Razón, además, aderezaron la fotografía con el siguiente titular: ‘Os tenemos que matar por ser Guardias Civiles'.

LA TELARAÑA LEGAL

Aún con las detenciones y posteriores puestas en libertad, el caso sigue abierto tanto en Pamplona como en Madrid. José Perals, fiscal de la AN, hace lo posible para que se mantenga en este Tribunal. Ya en su primer escrito, se limita a repetir el contenido de la denuncia de Covite, para justificar la palabra clave: terrorismo. Mencionando a Herri Batasuna, ETA, y el hecho de que desde aquella época se reivindicara la marcha y disolución de las Fuerzas de Seguridad del estado en Euskal Herria, se las apaña para unir puntos invisibles y llega a la conclusión de que el altercado deriva de todo aquello, que forma parte de una campaña de acoso contra la Guardia Civil y que por lo tanto es un acto terrorista organizado. Esta conclusión, sin embargo, fue desmentida tanto por el Ministro de Interior en aquel entonces, Jorge Fernández Díaz, como por el propio Fernández de Mesa y el comandante de la Guardia Civil en Navarra, pues lo calificaron como un hecho aislado y único. Los abogados de los jóvenes lograron que la Audiencia de Navarra revisara el caso, y en marzo de 2017, los tres magistrados al cargo redactaron un auto de 16 páginas donde desmontaban por completo todas las acusaciones, razonando que con el Código Penal actualmente en vigor, en ningún caso podría calificarse lo sucedido como terrorismo, al no tratarse de un delito grave. La dudosa conexión con Ospa, además, conllevaría, como máximo, un delito de odio. En conclusión, el caso debería volver a Navarra. Pero ante la negativa de el fiscal Perals, la decisión la tuvo que tomar el Tribunal Supremo, que dictaminó que el caso debía quedarse en Madrid. En una única página, afirmaba que el delito podría llegar a constituirse como grave, y los actos cometidos se enmarcan dentro de la intención de crear un estado de terror e inseguridad entre los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y sus familias. Punto final. Lamela, otra vez haciendo gala de su eficacia y rapidez judicial, eleva el caso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sin esperar a la decisión del Tribunal Supremo, e ignorando lo declarado por la Audiencia Provincial de Navarra.

El Juzgado de Pamplona tomó su decisión en marzo. El Tribunal Supremo, el 1 de Junio. Mientras dura este baile de jurisprudencias, siempre con la sombra de la palabra ‘terrorismo', metida a fuego por Covite, 3 jóvenes llevan ya en prisión 7 meses, sin justificación alguna, alegando la necesidad de prisión preventiva para evitar el riesgo de fuga. La primera petición fiscal, que se da a conocer en julio, son 375 años de prisión para los ocho jóvenes encausados: para uno de ellos 62 y medio, para otros seis 50 a cada uno, y 12 años y medio para la octava joven; ‘lesiones terroristas', ‘amenazas terroristas', ‘desórdenes públicos terroristas', y ‘lesiones no terroristas' son algunos de los términos de nuevo cuño que se emplean para justificar lo que ya empieza a ser una evidente desproporción judicial.

Llega el juicio, que comienza el 16 de abril de 2018, con un inicio más que irregular: Durante la instrucción, tan solo se admitieron las diligencias solicitadas por la acusación, los informes de la Policía Foral y la Guardia Civil, y los informes médicos de los denunciantes. Además, sólo se tuvieron en cuenta los testimonios de los Guardia Civiles y sus parejas, y se negaron todos los testigos propuestos por la defensa. Así pues, la instrucción concluyó sin haber incluido ni constado en ningún momento ninguna versión de la defensa, eliminando así toda imparcialidad. Finalizada la instrucción, y antes de la celebración el juicio, la defensa solicitó, en los escritos de conclusiones provisionales, aportar sus pruebas, periciales y testigos. Pero de nuevo, todo fue rechazado. Y esta vez, por una sala que era presidida nada más y nada menos que por Concepción Espejel.

Concepción Espejel es la Jueza, presidenta de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que fue apartada del caso Gürtel por su implicación con el PP. También es esposa de un alto mando de la Guardia Civil y ha sido condecorada con la Orden del Mérito de la Guardia Civil, categoría Cruz con Distintivo Blanco, lo que podría arrojar alguna que otra duda sobre su absoluta imparcialidad en este caso. Es una ocurrencia. Pero ricemos el rizo. Unos días después de iniciarse la primera diligencia sobre el caso, este mismo distintivo fue otorgado, nada más y nada menos, que a la propia Carmen Lamela. Touché.

Esta denegación masiva de aportaciones por parte de la defensa, incluía, entre otras muchas, reconocimientos periciales de los acusados que desmentían las versiones de los testigos de la acusación, quienes habían dicho reconocer a unas personas que nada tenían que ver con los rasgos físicos o vestimentas del día de los hechos. Tampoco se incluyeron entrevistas a las parejas de los guardia civiles realizadas en Cope y Onda Cero, donde se contradecían en sus testimonios; pruebas documentales que demostraban que algunos de los acusados ni siquiera estuvieron en el bar, ni un vídeo grabado por el propio Iñaki Abad, uno de los acusados, momentos después de la supuesta agresión, donde claramente se comprueba que el sargento no reconoce a nadie, y que su estado es mucho mejor de lo que una ‘brutal paliza' le hubiera causado. De hecho, la única agresión que quedaría probada, gracias a esta grabación, sería la causada por el sargento a Abad, al quitarle el teléfono de las manos, al saberse grabado. En total, se rechazaron 25 testigos, incluyendo el de una amiga de la pareja del Teniente.

Respecto a la plataforma Ospa, se negaron todos los documentos y sobreseimientos judiciales que demostraban el carácter festivo y reivindicativo de este acto, así como todo lo relacionado con desmentir la teoría de la conexión con terrorismo: informes, escritos, análisis históricos… nada. Una de las pruebas rechazadas que más llamó la atención fue la grabación de un partido de pelota de la noche de los hechos, al que acudió Adur Ramírez de Alda, uno de los jóvenes acusados. Allí, se ve cómo viste una camiseta negra, y el teniente le reconoció como ‘el que iba de rojo'. Más tarde, justificarían la identificación alegando que habría ido a casa a cambiarse de ropa para acudir a la pelea horas después. Entre las juezas Lamela y Espejel se eliminaron todas estas pruebas del proceso, la primera alegando que no eran necesarias, que se utilizarían posteriormente en el juicio oral y la segunda, alegando que al no haberse aceptado esas pruebas en instrucción, no podían incluirse en el juicio oral, por haberse conseguido fuera del mismo. Un combo perfecto.

Una vez iniciado el juicio, por primera vez se escuchaban las versiones de los acusados: detallaron, en algunos casos, su presencia en el bar, pero dejaron claro que el altercado en ningún momento fue más allá que una discusión entre personas que se habían pasado con la ingesta de alcohol. Otros de ellos, declararon que ni siquiera habían estado allí. Por su parte, el Teniente llegó a reconocer, que, después de lo sucedido, y haber sido trasladado a otro lugar, había perdido el plus salarial por estar en una ‘zona especialmente peligrosa', y que se lamentaba de ello. Tanto él como el Sargento y sus parejas, insistían en haber reconocido a todos, pese a hacerlo erróneamente, tal y como se vio en el vídeo grabado de aquella noche. Alegaron estar ‘aturdidos' en el momento. Uno de los momentos destacados del juicio fue la declaración de Iosu, dueño del Koxka, el bar donde todo ocurrió: el fiscal le recordó que en su primera declaración afirmó que todo había sido premeditado y realizado por gente ‘que sabía pegar‘. El dueño del bar, al negar lo declarado, y, al mostrarle el atestado, no lo reconoció. Y el atestado no estaba firmado. En cuanto a las lesiones, algunos forenses reconocieron que sus informes se basaron en las declaraciones de los guardias y sus parejas, que no consultaron los antecedentes médicos y de lesiones de ninguno de ellos, y que, a posteriori, algunas lesiones podían corresponder a otras causas, como accidentes de tráfico. Sobre todo, quedó en evidencia que las lesiones presentadas, en ningún caso corresponderían con una ‘brutal paliza' ni una ‘agresión multitudinaria'.

El juicio finalizó el 4 de Mayo de 2018. Y el 1 de Junio, salió la sentencia de la Audiencia Nacional: Oihan e Iñaki fueron condenados a 13 años de prisión, y a este último se le rebajó a 10, debido a un error de la propia AN. Jokin y Adur fueron condenados a 12. Jon Ander, Julen y Aratz, a 9, y por último, Ainara a 2, siendo la única que no debía ingresar en prisión. La condena por terrorismo había caído, puesto que quedaban en ‘delito de atentado contra agentes de la autoridad en concurso ideal con delito de lesiones, con circunstancia agravante de abuso de superioridad y discriminación‘, unido a desórdenes públicos. En total, 79 años, y una responsabilidad civil conjunta y solidaria de 100.984 euros. La sentencia admitía por completo como prueba el testimonio de los guardias y sus parejas, dando por probada la participación de los 8 jóvenes en el altercado. Sin embargo, señalaba que no quedaba suficientemente acreditado que tuvieran ‘ni intención ni finalidad de llevar a cabo algunos de los postulados que anteriormente al cese de la lucha armada tuviera la banda terrorista ETA‘. ‘Los acusados ni siquiera eran mayores de edad cuando la banda armada manifestó que abandonaba la lucha armada‘; ‘tampoco podemos dar por probado que exista una vinculación real y verdadera de los procesados con la banda terrorista ETA‘. La acusación de terrorismo que llevó el caso hasta Madrid había caído. Y todos los intentos de mezclar Ospa y su reivindicación de sacar a la Guardia Civil de Navarra con las reivindicaciones de ETA, también.

Las irregularidades continúan: tras la sentencia, la defensa disponía de solo 10 días para presentar un recurso de apelación. Esos días, el pueblo de Altsasu volvió a ser ocupado por una presencia policial masiva: extraños por las calles espiando a los jóvenes, agentes de paisano realizando grabaciones, furgonetas blancas sospechosas, seguimientos…

Cuatro días después de la sentencia, comenzó el segundo operativo policial: en el que se llevaron a los 4 jóvenes que seguían en libertad, alegando, de nuevo, riesgo de fuga. Para ello, fueron movilizados 88 guardia Civiles de los Grupos de Acción Rápida y Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia en 27 vehículos. Y de nuevo, encontraron a los jóvenes o en sus casas, o de camino a sus centros de estudios. A los 3 que ya estaban en prisión, se les amplió la prisión preventiva, mientras su recurso de casación se tramitara. A petición del fiscal Perals, se les prorrogó hasta 6 años, la mitad de la condena.

A día de hoy, se está a la espera de la decisión de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. A febrero de 2019, 3 de los 7 jóvenes encarcelados, llevan casi dos años y medio en prisión preventiva. Los otros 4, 8 meses. Pero la cosa no termina ahí. Todos ellos estuvieron en cárceles de Madrid, tras haber sido separados después de una marcha organizada a Soto del Real para mostrarles apoyo. Estuvieron en Aranjuez, Estremera y Navalcarnero también. En agosto de 2018, se inició su acercamiento, primero a las cárceles de Pamplona y Zaballa; a día de hoy, permanecen todos en Zaballa. Hasta que la sentencia eliminó la palabra ‘terrorismo', los 3 jóvenes que llevan más tiempo presos fueron catalogados como FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento), lo que conlleva intervención absoluta de sus comunicaciones, estar en el módulo de aislamiento junto a los presos más conflictivos, y un tiempo muy reducido de salida de la celda.

LA AMARGA ESPERA DE UN DESENLACE

Sin duda, cabe reafirmar que este proceso es uno de los casos jurídicamente más excepcionales de los últimos años. Una parte muy importante de esta excepcionalidad y sobredimensionamiento es, sin duda, el tratamiento que le han dado los medios Estatales. A los ejemplos mencionados anteriormente, habría que añadir un acoso mediático sin parangón: desde que sucedieron los hechos, hubo periodistas y grabaciones prácticamente todos los días, sobre todo en el bar Koxka y en las inmediaciones; llegaron a utilizarse cámaras ocultas para recoger testimonios como el de la madre del dueño del bar (en El Programa de Ana Rosa de Telecinco), e intentaron también entrar al despacho del alcalde sin pedir cita previa aprovechando una visita de miembros de la Unión de Guardias Civiles (el periodista Cake Minuesa de OK Diario). El audio grabado de el propio Alcalde indicándoles que no podían grabar fue utilizado para nutrir a la hambrienta prensa Estatal los días posteriores. Destaca, junto a las portadas de La Razón mencionadas, el programa de Susana Griso en Antena 3, que se valió de la celebración del juicio para incluir todos los días conexiones en directo, incluyendo la aparición estelar de la madre del Teniente, aportando un testimonio desgarrador sobre el sufrimiento causado, las lesiones de por vida, y las consecuencias de todo este caso.

En un pobre intento de objetividad, contaron con la presencia del Bel Pozueta, madre de Adur e integrante de Altsasu Gurasoak(plataforma creada por los propios padres de los acusados para denunciar las irregularidades del caso y difundirlo, con la que consiguieron llegar hasta Europa en clave de denuncia), que, con gran esfuerzo, intentaba explicar la locura que estaban viviendo. El programa, aprovechó para incluir su testimonio en doble pantalla, y, tras ser sometida a preguntas indiscriminadas y tendenciosas por parte de algunos de los periodistas presentes, se lo ofrecieron en directo a la madre del Teniente, quien, con música de tensión de fondo, optó por despreciar todo lo que contaba.

Algo que los medios estatales mayoritarios (salvo Público y eldiario.es, que junto a medios más independientes, no cayeron en esta orgía periodística) olvidaron mencionar, fue la denuncia de Liberties, una red a nivel europeo, que incluía la negación de pruebas y testigos, además de la discriminación en el tratamiento del caso, comparándolo con otros hechos relacionados de enfrentamientos entre la población y policías.

De hecho, un senador, en pregunta directa al Ministro de Interior, obtuvo el siguiente dato: en el año 2016, de 9.571 sucesos calificables como ‘atentado a la autoridad', el caso de Altsasu fue el único calificado con las palabras ‘odio' y ‘terrorismo'. Tampoco tuvo especial calado el hecho de que periódicos internacionales como The Guardian, The Washington Post, Financial Times o agencias como Asociated Press publicaran sendos artículos sobre el ‘Caso Alsasua'. Todos ellos, con el caso como punto de partida, ponían en duda la independencia del Poder Judicial español. Destacaban el sistema de nombramientos de los Jueces, la conexión con la todavía no desmantelada estructura franquista, y tildaban el caso de desproporcionado. Incluso, The Guardian y el Financial Timesfueron los únicos medios grandes que contactaron directamente con los padres. Los medios Estatales, tan sólo habían ofrecido entrevistas con los guardias, sus parejas o sus familiares. Un periodismo de “primera línea”, sin duda. Afortunadamente, en el propio caso, todo esto tuvo su repercusión: la denuncia de Liberties, las quejas de los abogados sobre las irregularidades del caso y las dudas sobre todo el procedimiento, hicieron que finalmente, dos observadores de Amnistía Internacional acudieran al juicio. Y a raíz de su presencia, pruebas como el vídeo grabado por Iñaki Abad, fueron finalmente aceptadas en el proceso oral.

LA REFLEXIÓN FINAL

Casos como el de Alsasua deberían hacer reflexionar a cada persona medianamente consciente sobre el tratamiento de cualquier noticia en los medios de comunicación, puesto que son capaces, como ha quedado en evidencia, de construir un relato, amplificarlo y, siguiendo ciertos intereses, hasta incluso guiar el desarrollo de un proceso judicial. La conexión entre la justicia, la información y la población, queda así a merced de los medios, que no dejan de ser empresas privadas que comercian con la información y defienden los intereses de sus propietarios.

Incluso el caso de La Manada, que coincidió en tiempo y lugar con el de Alsasua y tuvo tanta repercusión social y mediática, afectó en su momento a éste. Medios como ABC o El Españolllegaron a incluir en sus publicaciones el concepto ‘La Manada de Alsasua‘, intentando contrarrestar las movilizaciones masivas que se dieron en Navarra pidiendo justicia, proporcionalidad y la libertad de los jóvenes. Criticaban el hecho de que hubiera gente que fuera estas convocatorias, y sin embargo no fueran a las organizadas por Covite y la Guardia Civil, cuando había dos mujeres, (las parejas de los guardias), que también habían sido agredidas. Esta locura comparativa se utilizó también contra las figuras políticas que acudían a mostrar su apoyo a los “alsasuarras”, por lo que como arma política, dio mucho de sí.

Algo que no se le escapó a ciertos sectores de la población, sin embargo, fue la evidente diferencia de trato a los acusados en ambos casos: los cinco implicados en la violación de San Fermines fueron puestos en libertad a la espera de del fallo firme del tribunal y, sin embargo, los 3 jóvenes “alsasuarras” que permanecían en libertad provisional fueron enviados a la cárcel, pese a que estaba activo un recurso contra la sentencia, no firme aún.

A día de hoy, a la espera de la apelación en la Audiencia Nacional, 7 jóvenes, que al inicio del proceso tenían entre 20 y 22 años, (uno 30), permanecen en prisión.

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Texto completo en: https://www.lahaine.org/fM9f

Categorías: Tortuga Antimilitar

La geoingeniería y la destrucción creativa de la Tierra por el capitalismo

25 February, 2019 - 00:00

Se está quemando un fusible corto. Al ritmo actual de crecimiento de las emisiones mundiales, se estima que la atmósfera alcanzará en menos de dos décadas el billón de toneladas métricas de las emisiones acumuladas de carbono, desbordando el presupuesto mundial del carbono [1] [*]. Esto marcaría el inicio de un período de peligrosos cambios climáticos que resultarían ser irreversibles, afectando al clima durante siglos, si no milenios. Aún si hoy mismo toda la economía mundial fuera a cesar de emitir dióxido de carbono, el carbono excedente ya acumulado en la atmósfera ya asegura virtualmente que continuará el cambio climático, con efectos dañinos para la especie humana y la vida en general. Sin embargo, cuando se llegue a aumentar 2 grados centígrados sobre la temperatura promedio, asociada con un nivel de concentración de carbono en el medio ambiente de 450 ppm (partes por millón), esto nos llevará a una situación cualitativamente diferente. En ese momento, entrarían en acción las retroalimentaciones climáticas, amenazando catapultar las temperaturas globales promedio a 3°C o 4°C por encima de los niveles preindustriales en este siglo, lo que ya sucederá durante la vida de muchas personas que habitan hoy en nuestro planeta. La situación se agrava por la emisión de otros gases de efecto invernadero, que incluyen al metano y al óxido nitroso.

Los enormes peligros que presenta a la humanidad de conjunto el rápido cambio climático, y la incapacidad para enfrentarlos por parte de la estructura político-económico capitalista existente, simbolizado por la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca, han engendrado una búsqueda desesperada de “soluciones técnicas”, bajo la forma de una geoingeniería, que es como se define al conjunto de intervenciones humanas masivas y deliberadas para manipular al clima del planeta como un todo.

A la geoingeniería ahora la están impulsando entusiastamente la clase multimillonaria, representada por figuras como Bill Gates y Richard Branson; las organizaciones ambientalistas como el Environmental Defense Fund (Fondo de defensa ambiental) y el Natural Resources Defense Council (Consejo de defensa de los recursos naturales); los comités de expertos como el Instituto Breakthrough y el Climate Code Red (“Código rojo climático”); y las empresas extractivas de combustibles fósiles , como Exxon Mobil y Shell; y también los gobiernos de los EE. UU., el Reino Unido, China, y Rusia. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (siglas en inglés: IPCC), ha incluido las estrategias de emisiones negativas, basada en la geoingeniería, bajo la forma de Bio-Energía con Captura y Almacenamiento de Carbono (siglas en inglés: BECCS) en casi todos sus modelos climáticos. Incluso algunas figuras en la izquierda política (donde recientemente se han impuesto en algunos círculos las ideas “aceleracionistas”) se han aferrado a la geoingeniería como un deus ex machina; lo que es una manera de defender una estrategia económica y tecnológica eco-modernista, como puede comprobarse en una cantidad de contribuciones al número de Verano 2017: “Earth, Wind, and Fire” de la revista Jacobin [2].

De acuerdo al climatólogo James Hansen [3], para que el sistema Tierra evite llegar a 450 ppm de concentración de carbono en la atmósfera, y vuelva al promedio de la época del Holoceno de 350 ppm, se necesitará hacer emisiones negativas por medios tecnológicos, y por lo tanto la geoingeniería, por lo menos en una escala limitada. Sin embargo, la estrategia de Hansen, como la de la mayoría de otros científicos, sigue basándose en el sistema actual. O sea, excluye la posibilidad de una revolución ecológica a gran escala, que implique la auto-movilización de la población en torno a la producción y el consumo. Lo que sigue siendo cierto es que todo intento de implementar la geoingeniería (aún en la forma de esquemas tecnológicos para la eliminación del carbono) como la estrategia dominante para abordar el calentamiento global, subordinada a los fines de la acumulación del capital, resultaría ser fatal para la humanidad. Los costos de esa acción, la carga que pondría sobre las generaciones futuras, y los peligros para las especies vivientes, incluyendo la nuestra, son tan grandes, que el único curso racional es una larga revolución ecológica, dirigida a la reducción más rápida posible del dióxido de carbono y las emisiones de otros gases de efecto invernadero, unida a un énfasis en la agroecología y la restauración de ecosistemas globales, incluyendo bosques, para absorber el dióxido de carbono [4]. Esto necesitaría ser acompañado por una reconstitución de largo alcance de la sociedad en su mayor parte, re-instalar a un más alto nivel las prácticas colectivas e igualitarias, que habían sido socavadas por el crecimiento del capitalismo.

La geoingeniería del planeta bajo el régimen del “capital fósil”[**]

La geoingeniería como idea data del período de los primeros descubrimientos del rápido cambio climático antropogénico. Comenzando a principios de la década de 1960, Mijail Budyco, el principal climatólogo de la Unión Soviética (y en esa época, del mundo), fue el primero en lanzar una serie de advertencias sobre el carácter inevitable del cambio climático global acelerado en el caso de sistemas basados en la combustión de combustibles fósiles [5]. Aunque hacía tiempo que se había reconocido la existencia del cambio climático antropogénico, lo nuevo fue el descubrimiento de importantes retroalimentaciones climáticas, como el derretimiento del hielo ártico y la interrupción del efecto albedo cuando el hielo blanco era reemplazado por el color azul del agua de mar, incrementando la cantidad de radiación solar absorbida por el planeta y el aumento de la temperatura global promedio. En 1974, Budyco propuso, como una posible solución al cambio climático, el uso de aviones de gran altura para soltar partículas de sulfuro (creando una especie de aerosoles de sulfato) en la estratósfera. Con ello se pretendía imitar el rol que jugaba la acción volcánica al lanzar sulfuro en la atmósfera, creando así una barrera parcial, limitando el ingreso de la radiación solar. Su argumento se basaba en que las economías capitalistas, en particular, no podrían restringir el crecimiento en que se basaba la acumulación del capital, con el uso de la energía y sus emisiones, a pesar del peligro que significaba para el clima [6]. Por consiguiente, había que explorar alternativas tecnológicas para estabilizar el clima. Pero recién en 1977, cuando el físico italiano Cesare Marchetti propuso un esquema para capturar las emisiones de dióxido de carbono provenientes de las plantas de energía eléctrica y utilizar tuberías para secuestrarlo y retenerlo en las profundidades oceánicas, fue que apareció la palabra “geoingeniería” [7].

La propuesta precursora de Budyco, de usar partículas de sulfuro para bloquear una parte de los rayos solares, conocida ahora como “inyección estratosférica por aerosol”, y la temprana idea de capturar y secuestrar el carbono en el océano, representan los dos primeros abordajes a la geoingeniería (respectivamente, la administración de la radiación solar (SRM) y la eliminación de dióxido de carbono (CDR). El SRM fue diseñado para limitar la radiación solar que llega a la Tierra. Y el CDR procura capturar y eliminar el carbono para disminuir la cantidad que entra en la atmósfera.

Además de la inyección estratosférica por aerosol, hay otro abordaje al SRM que ha ganado adherentes con influencia en los últimos años, que es abrillantar las nubes marinas. Esto implicaría enfriar la tierra modificando las capas bajas de estratocúmulo que cubren alrededor de una tercera parte de los océanos, haciéndolas más reflectantes. En un escenario estándar, una flota especial de 1.500 barcos no tripulados, controlados por satélite, recorrerían los océanos, esparciendo en el aire gotas submicrométricas de agua de mar que se evaporarían dejando residuos salinos. Estas partículas brillantes de sal reflejarían la radiación solar que ingresa. También actuarían como núcleos de condensación de las nubes, aumentando su área superficial, con el resultado de que habría aún más reflexión de la radiación solar.

En la actualidad, tanto la inyección estratosférica por aerosol como el abrillantamiento de las nubes marinas son ampliamente criticadas por suponer enormes riesgos además del propio cambio climático, aunque solo abordan los síntomas y no las causas del mismo. La primera, que sería suministrada a la estratósfera por medio de tubos, cañones, aeróstatos, o aviones, podría alterar al ciclo hidrológico global con enormes efectos impredecibles, conduciendo probablemente a sequías masivas en importantes regiones del planeta. Se teme que podría terminar con el sistema del monzón en la India, perturbando la agricultura para 2 mil millones de personas [8]. También se teme que podría afectar a la fotosíntesis y la producción agraria en gran parte del mundo [9]. La inyección de partículas de sulfuro en la atmósfera podría contribuir a la reducción de la capa de ozono [10]. Gran parte del sulfuro excedente podría cayendo en la tierra, generando la lluvia ácida [11]. Lo más preocupante de todo, la inyección estratosférica por aerosoles tendría que ser repetida año tras año. En el caso de terminar bruscamente este tratamiento, el ascenso en la temperatura asociada con el carbono adicional acumulado aparecería casi inmediatamente con la temperatura mundial subiendo posiblemente 2 o 3°C en una década, que es un fenómeno conocido como el “problema de la terminación” [12].

Como sucedería con la inyección estratosférica por aerosoles, el abrillantamiento de las nubes marinas podría afectar drásticamente al ciclo hidrológico de maneras impredecibles. Por ejemplo, podría general una severa sequía en la región del Amazonas, secando al ecosistema terrestre más vital del mundo con efectos incalculables y catastróficos para la estabilidad el sistema de la Tierra [13]. Muchos de los peligros del abrillantamiento de las nubes son similares a los de la anterior medida. Como otras formas de la SRM, no haría nada para detener la acidificación de los océanos causada por los crecientes niveles de dióxido de carbono.

La primera forma de la CDR en atraer la atención por parte de grupos con intereses económicos e inversores fue la idea de fertilizar los océanos con hierro, fomentando así el crecimiento del fitoplancton, de modo de promover una mayor absorción oceánica de carbono. Ha habido una docena de experimentos en esta área y las dificultades relacionadas con este proyecto han resultado ser muchísimos. Los efectos sobre los ciclos del fitoplancton, del zooplancton y una multitud de otras especies marinas hasta llegar a las ballenas al final de la cadena alimentaria son indeterminados. Aunque algunas partes del océano se volverían más verdes debido al hierro adicional, otras partes se volverían más azules, más carentes de vida, porque estarían privadas de los nutrientes –nitratos, fósforo y sílice- necesarios para el crecimiento [14]. Hay evidencias que sugieren que gran parte del carbono asimilado por el océano quedaría en la superficie o en los niveles intermedios del mismo, y solo una pequeña parte llegaría a las profundidades oceánicas, para ser retenida en forma natural [15].

Entre los diversos proyectos de la CDR, es la BECCS, debido a su propuesta de hacer emisiones negativas, la que hoy atrae el mayor apoyo. Esto es porque parece permitir a las naciones rebasar los objetivos relacionados con el clima, sobre la base de que el carbono podría ser eliminado de la atmósfera en décadas posteriores. Aunque en la actualidad la BECCS existe mayormente como un modelo de computadora aún no sometido a ensayos, ahora se lo incorpora en casi todos los modelos climáticos utilizados por el IPCC [16]. Tal como se lo ha diseñado, la BECCS quemaría cultivos agrícolas para generar electricidad, con la captura y el almacenamiento subterráneo del dióxido de carbono resultante. En teoría, dado que los cultivos pueden ser considerados como neutrales en carbono, pues inicialmente toman el dióxido de carbono de la atmósfera y al final del proceso lo liberan nuevamente- la BECCS, al quemar la biomasa, luego capturar y retener las emisiones de carbono, sería un medio de generar electricidad, aunque al mismo tiempo daría por resultado una reducción neta del carbono atmosférico.

Sin embargo, en el momento en que se pasa de lo abstracto a lo concreto, se comienza a cuestionar la factibilidad de este proyecto. Los modelos de nivel medio del IPPC que se proyectan son para eliminar 630 gigatoneladas de dióxido de carbono de la atmósfera, que son alrededor de dos tercios del total emitido entre la Revolución Industrial y el año 2011 [17]. Esto se llevaría a cabo en gigantescas plantaciones de cultivos comerciales, gestionadas por agroempresas. Para eliminar un billón de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera, como se prevé en los escenarios más ambiciosos, habría que ocupar una superficie de tierra que duplicaría el tamaño de la India (o igual al de Australia), o sea aproximadamente tanta tierra como la que se cultiva en la actualidad, lo que exigiría proveer tanta agua dulce como la que se utiliza hoy en día para la agricultura a nivel mundial [18]. El climatólogo James Hansen -que ha señalado críticamente que las emisiones negativas se han “propagado como un cáncer” en los modelos climáticos del IPCC- ha estimado que el costo para implementar la BECCS en la escala proyectada exigiría cientos de billones de dólares, con un “costo mínimo estimado” de alrededor de 570 billones de dólares para este siglo [19]. Los efectos de la BECCS –usada como un mecanismo primordial y diseñado para evitar la confrontación con el actual sistema de producción- significarían por consiguiente el desplazamiento masivo de los pequeños agricultores y de la producción mundial de alimentos.

Por otra parte, se ha demostrado que la idea de que las formas de la producción agrícola comercial en gran escala presupuestas en los modelos de la BECCS serían neutrales en carbono y que de este modo darían por resultado emisiones negativas con la retención del carbono, resulta ser exagerada o falsa cuando se toman en cuenta sus efectos mayores en la tierra a nivel global. Se supone que el cultivo agrícola de la BECCS tendrá lugar en enormes plantaciones de monocultivo, desplazando otras formas de uso de la tierra. Sin embargo, los ecosistemas biológicamente diversos tienen sustancialmente mayores índices de retención de carbono en el suelo y la biomasa que los que tienen los de monocultivo [20]. Una alternativa a la BECCS en la promoción de retención de carbono sería promover una restauración ecológica masiva, planetaria, incluyendo la reforestación, junto a la promoción de una agroecología diseñada sobre las formas tradicionales de la agricultura, organizada alrededor del reciclamiento de nutrientes y de métodos adecuados para mejorar el suelo [21]. Esto evitaría la grieta metabólica asociada con los monocultivos de los agronegociosos, que son menos eficientes en lo que respecta a la producción de alimentos por hectárea y en la retención del carbono.

Otro “arreglo tecnológico” generalmente recomendado, la captura y retención del carbono (CCS) no es estrictamente una forma de geoingeniería, pues está dirigida a capturar y retener las emisiones de carbono de determinadas plantas de energía eléctrica, como las centrales térmicas a carbón. Sin embargo, la promoción de una infraestructura de CCS a escala planetaria como medio de abordar el cambio climático –eludiendo de ese modo la necesidad de una revolución ecológica en la producción y en el consumo- se la puede ver más bien como una forma de geoingeniería a escala planetaria, debido a las inmensas dimensiones económicas y ecológicas proyectadas. Aunque la CCS permitiría teóricamente quemar combustibles fósiles sin emisiones de carbono en la atmósfera, la escala y los costos de las operaciones de CCS son prohibitivos. Como escribe Clive Hamilton en Earthmasters: The Dawn of the Age of Climate Engineering, la CCS para una sola planta del tamaño “estándar a carbón de 1.000 megawatts (…) necesitaría 30 kilómetros de maquinarias aspiradoras de aire y seis plantas químicas, con un espacio de 6 kilómetros cuadrados” [22]. El experto en energía, Vaclav Smil, ha calculado que “para secuestrar o retener solo una quinta parte de las emisiones actuales [año 2010] de CO2, tendríamos que crear una industria mundial totalmente nueva de absorción-concentración-condensación-transporte-almacenamiento cuya capacidad anual debería ser alrededor de un 70 por ciento mayor que el volumen anual ahora maneja la industria petrolera del crudo mundial, cuya inmensa infraestructura de pozos, oleoductos, estaciones de compresión y almacenamiento, llevó generaciones para construir” [23]. La captura y el secuestro de las emisiones estadounidenses actuales de dióxido de carbono exigirían 130.000 millones de toneladas de agua por año, que es igual a alrededor de la mitad del flujo anual del Río Columbia. A esta nueva y gigantesca infraestructura se la debería colocar encima de la actual infraestructura del combustible fósil; todo ello para permitir que se continúe quemando combustibles fósiles [24].

Un principio de precaución planetario para el Antropoceno

Si la emergencia planetaria de nuestros días es un producto de siglos de guerra contra el planeta, considerado como un mecanismo de la acumulación del capital, a los proyectos de geoingeniería generados por el capital fósil los podemos considerar como gigantescos proyectos para permitir que el sistema siga librando esta guerra hasta su culminación. La geoingeniería bajo el régimen actual de acumulación tiene como único objetivo mantener intacto el status quo; sin perturbar las relaciones dominantes de la producción capitalista y sin siquiera intentar suprimir a la industria del combustible fósil, con la que está profundamente relacionada. Las ganancias, la producción, y la solución a la pobreza energética en las partes más pobres del mundo, se convierten así en las justificaciones para siga funcionando el actual sistema del capital fósil, manteniendo a toda costa al régimen ambiental capitalista. La mentalidad prometeica que yace detrás de ello ha sido bien captada por una pregunta que hizo Rex Tillerson, cuando era CEO de la Exxon Mobil Corporation, -sin rastro de ironía- en una reunión anual de accionistas en 2013: “¿De qué sirve salvar al planeta si la humanidad sufre?" [25]

Toda la historia de las crisis ecológicas que condujeron a la actual emergencia planetaria, marcada por numerosos desastres – desde la destrucción casi total de la capa de ozono, la carga de nutrientes y la propagación de zonas muertas en el océano, hasta el propio cambio climático, sirve para subrayar la marcha de los disparates asociados con todo intento de aplicar la geoingeniería a todo el planeta. La complejidad del sistema de la Tierra nos asegura que podrían surgir consecuencias imprevisibles. Como lo advirtió Frederick Engels en el siglo XIX: “No debemos… lisonjearnos demasiado de nuestras victorias humanas sobre la naturaleza. Esta se venga de nosotros por cada una de las derrotas que le inferimos. Es cierto que todas ellas se traducen principalmente en los resultados previstos y calculados, pero acarrean, además, otros imprevistos, con los que no contábamos y que, no pocas veces, contrarrestan los primeros”. [26]

Frente a la incertidumbre, acompañada de una probabilidad extremadamente alta de infligir un daño incalculable al sistema de la Tierra, es fundamental invocar lo que se conoce como el Principio de Precaución cada vez que se plantea la cuestión de la geoingeniería planetaria. Como lo ha explicado el economista ecológico Paul Burkett, la versión fuerte del Principio de Precaución abarca necesariamente los siguientes puntos:

El propio Principio de Precaución, que dice que si una acción puede causar un daño grave, tenemos que contrarrestarla con medidas para asegurar que no tenga lugar la acción.

El Principio de la Inversión de la Carga, bajo el cual es responsabilidad de quienes apoyan una acción demostrar que no es gravemente peligrosa, y por consiguiente cambiar el peso de la prueba de aquellos que son potencialmente dañados por la acción (por ejemplo, la población en general y otras especies que ocupan el mismo ambiente). En resumen, es la seguridad, no el peligro potencial, lo que se necesita demostrar.

El Principio de la Evaluación Alternativa, estipulando que no se llevará a cabo ninguna acción potencialmente peligrosa, si hay acciones alternativas accesibles que logren de manera segura los mismos objetivos que la acción propuesta.

Todas las deliberaciones sociales relacionadas con la aplicación de los artículos 1 al 3 deben ser abiertas, informadas y democráticas, y deben incluir a todas las partes afectadas [27].

Es evidente que un fuerte Principio de Precaución, basado en cada uno de los criterios que hemos descrito, descartaría completamente a la geoingeniería promovida en el contexto de un régimen capitalista de máxima acumulación Hay una certeza casi total del peligro extremo para la especie humana de conjunto que surge de todos las principales propuestas de la geoingeniería. Si se pusiera la carga de la prueba sobre los promotores del orden establecido de la geoingeniería capitalista, para que demuestren que no se infligiría un gran daño al planeta, como un lugar de habitación humana, esas propuestas fracasarían en la prueba. Dado que la alternativa de no quemar más los combustibles fósiles y promover formas alternativas de energía es totalmente factible, mientras que la geoingeniería planetaria conlleva inmensos peligros que se agregarían al sistema de la Tierra de conjunto, dicha tecnología como medio principal de controlar al calentamiento global también sería excluida por ese criterio. Finalmente, la geoingeniería bajo el actual sistema económico y social invariablemente implica alguna entidad proveniente de la estructura del poder –un multimillonario, una corporación, un gobierno o una organización internacional- que implemente esa acción ostensiblemente en nombre de la humanidad en general, aunque dejen afuera del proceso de toma de decisiones a las partes más afectadas del mundo, con cientos, quizás miles, de millones, de personas que pagan los costos ambientales, a menudo con sus vidas. En pocas palabras, la geoingeniería, en particular si está subordinada al proceso de acumulación del capital, viola la versión más sagrada del Principio de Precaución, que se remonta a la antigüedad: Primero no dañar.

La eco-revolución como la única alternativa

Como una prolongación de la guerra actual contra el planeta, un régimen de geoingeniería climática diseñado para mantener en funcionamiento el presente modo de producción se opone diametralmente a la idea que enunció Barry Commoner en 1992 en Making Peace with the Planet, “Si el ambiente está contaminado y la economía está enferma, el virus que los causa se hallará en el sistema de producción”. [28] Hoy no puede haber dudas de que el actual modo de producción, en particular el sistema del capital fósil, que se necesita cambiar a escala mundial. Para parar el cambio climático, la economía mundial, la economía mundial debe cambiar rápidamente a las emisiones netamente cero de dióxido de carbono. Con un esfuerzo concertado por parte de la sociedad humana de conjunto, utilizando los medios tecnológicos sustentables ya existentes, esto se halla a nuestro alcance; especialmente cuando se lo acompañe con los cambios necesarios en la organización social para reducir el colosal despilfarro de recursos y vidas que está incorporado en el actual sistema de producción alienada. Esos cambios no podrían ser meramente implementados desde arriba por las élites, sino que requerirían la auto movilización de la población, inspirada por las acciones revolucionarias de la juventud en pos de soluciones igualitarias, ecológicas, colectivas y socializadas, consciente de que es el mundo que ella heredará lo que está más en juego.

Esta necesaria revolución ecológica incluirá en primer lugar: 1) una moratoria de emergencia sobre el crecimiento económico en los países ricos, acompañada de una redistribución hacia abajo del ingreso y la riqueza; 2) reducciones radicales en las emisiones de gas de efecto invernadero; 3) eliminación gradual de toda la estructura de la energía del combustible fósil; 4) sustitución por una infraestructura de energía alternativa, basada en alternativas sustentables como la solar y la eólica, controladas localmente; 5) cortes masivos en el gasto militar con los excedentes económicos liberados para que sean usados en la conversión ecológica; 6) promoción de economías circulares y sistemas de despilfarro cero para disminuir la producción de energía y recursos; 7) creación de un sistema de transporte público efectivo, junto con medias para disminuir la dependencia en el automóvil privado; 8) restauración de ecosistemas globales, de acuerdo con comunidades locales, incluyendo las indígenas; 9) transformación de la producción de monocultivos destructiva e intensiva en energía y productos químicos de las agroempresas, en una agroecología basada en pequeñas granjas sustentables y el cultivo campesino con su mayor productividad de alimentos por hectárea; 10) institución de fuertes controles sobre la emisión de productos químicos tóxicos; 11) prohibir la privatización de los recursos de agua dulce; 12) imponer una fuerte gestión basada en la comunidad humana de los océanos comunes orientada a la sustentabilidad; 13) tomar nuevas medidas para proteger a las especies en peligro de extinción; 14) imponer límites estrictos al excesivo y destructivo marketing consumista por las corporaciones; 15) reorganizar la producción para deshacer las cadenas mercantiles actuales orientadas a la acumulación rapaz y la filosofía de aprés moi le déluge; y 16) desarrollar formas de producción más razonables, justas, y menos despilfarradoras, y más colectivas [29].

En esa eco-revolución se necesitará dar prioridad a la eliminación más rápida imaginable de las emisiones provenientes del combustible fósil, pero esto a su vez exigirá cambios fundamentales en la relación humana con la tierra y en la relación de los seres humanos entre sí. Tendrá que ponerse un nuevo énfasis en el desarrollo humano sostenible y en la creación de un sistema orgánico de reproducción social metabólica. Se deberán superar los siglos de explotación y expropiación, incluyendo las divisiones sobre la base de la clase, el género, la raza y la etnicidad.

Notas:

[1] http://trillionthtone.org, visitada el 3 de junio de 2018. Notemos que el billón de toneladas métricas se refiere al carbono acumulado (no al dióxido de carbono).

[*] N. del T.: "No habría que confundir la terminología “Presupuesto Mundial del Carbono” como título de la publicación editada desde el 2005 por este grupo, con la acepción del argot que entiende este sintagma (presupuesto de carbono) como la cantidad de emisiones que aún quedarían para cumplir un objetivo climático, como pueda ser el de evitar el incremento en 2°C en el calentamiento del planeta."]

[2] Jacobin, vol. 26 (2017).

[3] James Hansen et al., “Young People's Burden: Requirements of Negative CO2 Emissions”, Earth System Dynamics 8 (2017): 577-616; James Hansen et al., “Young People's Burden: Requirements of Negative CO2 Emissions”, 18 de julio de 2017, http://columbia.edu.

[4] Ver John Bellamy Foster, “The Long Ecological Revolution”, Monthly Review 69, no. 6 (noviembre 2017), 1-16.

[**] N. del T: el autor llama así al capital que se basa en el uso masivo de combustibles fósiles

[5] Spencer Weart, “Interview with M. I. Budyko: Oral History Transcript”, marzo 25, 1990, http://aip.org, The Discovery of Global Warming (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003): 85-88; Climate and Life (Nueva York: Academic, 1974), 485; M. I. Budyko y Y. A. Izrael, ed., Anthropogenic Climate Change (Tucson: University of Arizona Press, 1991), 1-6; Blue Planet Prize, “The Laureates:Mikhail I. Budyko (1998)”, http://al-info.or.jp; john Bellamy Foster, “Late Soviet Ecology and the Planetary Crisis”, Monthly Review 67, no. 2 (junio 2015): 7-10.

[6] M. I. Budyco, Climate Changes (Washington, D.C.: American Geophysical Union, 1977), 235-36, 239-46; Foster, “Late Soviet Ecology”, 11-

[7] Oliver Morton, The Planet Remade (Princeton: Princeton University Press, 2016), 137-38.

[8] Alan Robock, Luke Oman, and Georgy L. Stenchikov, “Regional Climate Responses to Geoengineering with Tropical and Arctic SO2 Injections”, Journal of geophysical Research 113 (2008): D16101; Alan Robock, “20 Reasons Why Geoengineering May Be a Bad Idea”, Bulletin of Atomic Scientists 64, no.2 (2008): 15; Clive Hamilton, Earthmasters (New Haven: Yale University Press, 2003), 64.

[9] Robock, “20 Reasons Why Geoengineering May Be a Bad Idea”, 16.

[10] Íbid.

[11] Michael E. Mann and Tom Toles, The Madhouse Effect (Nueva York: Columbia University Press, 2016):123; Robock, “20 Reasons Why Geoengineering May Be a Bad Idea”, 16.

[12] Hamilton, Earthmasters, 65-67; Robock, “20 Reasons Why Geoengineering May Be a Bad Idea”, 17; Daisy Dunne, “Six Ideas to Limit Global Warming with Solar “Geoengineering”, Carbon Brief, May 9, 2018, http://carbonbrief.org.

[13] Hamilton, Earthmasters, 52-55; Carbon Brief, “Six Ideas”.

[14] Hugh Powell, “Fertilizing the Ocean with Iron”, Oceanus 46, no. 1 (2008), http://whol.edu; Hamilton, Earthmasters, 27-35.

[15] Powell, “Fertilizing the Ocean with Iron”, Hamilton, Earthmasters, 35.

[16] Abby Rabinowitz and Amanda Simson, “The Dirty Secret of the World's Plan to Avert Climate Disaster”, Wired, 10 de diciembre de 2017.

[17] Rabinowitz and Simson, “The Dirty Secret of the World's Plan to Avert Climate Disaster”.

[18] Julia Rosen, “Vast Bioenergy Plantations Could Stave Off Climate Change and Radically Reshape the Planet”, Science, 15 de febrero de 2018; Rabinowitz and Simson, “The Dirty Secret of the World's Plan to Avert Climate Disaster”; ETC Group, Biofuel Watch, Heinrich Böll Stiftung, The Big Bad Fix: The Case Against Climate Geoengineering (2017) 22, http://boell.de.

[19] Hansen et al., “Young People's Burden”

[20] ETC Group, Biofuel Watch, Heinrich Böll Stiftung, The Big bad Fix, 20-22; Michael Friedman, “Why Geoengineering Is Not a Remedy for the Climate Crisis”, MR Online, 22 de mayo de 2018, http://mronline.org.

[21] Friedman, “Why Geoengineering Is Not a Remedy for the Climate Crisis”.

[22] Hamilton, Earthmasters, 47-50.

[23] Vaclav Smil, “Global Energy: The Latest Infatuations”, American Scientist 99 (2011), http://americanscientist.org. Ver también Jeff Goodell, “Coal's New Technology”, Yale Enviroment 360, July 14, 2008, http://e360.yale.edu.

[24] Andy Skuce, ”'We'd Have to Finish One New Facility Every Working Day for the Next 70 Years'-Why Carbon Capture Is No Panacea”, Bulletin of the Atomic Scientists, October 4, 2016; http://the-bulletin.org.

[25] Tillerson quoted in Michael Babad, “Exxon Mobil CEO: “What Good Is It to Save the Planet if Humanity Suffers?” Globe and Mail, May 30, 2017 (updated June 19, 2017).

[26] Federico Engels, Dialéctica de la Naturaleza, México D.F., Editorial Grijalbo, 1961: pág. 151.

[27] Paul Burken, “On Eco-Revolutionary Prudence: Capitalism, Communism, and the Precautionary Principle”, Socialism and Democracy 30, no. 2 (2016): 87.

[28] Barry Commoner, Making Peace with the Planet (Nueva York: New Press, 1992), ix.

[29] Ver ETC Group, Biofuel Watch, Heinrich Böll Stiftung, The Big Bad Fix, pág. 10.

John Bellamy Foster es Director de Monthly Review y autor, entre otros libros, de The Ecological Rift (coautor con B. Clark y R. York), The Planet Emergency, Marx's Ecology y The Vulnerable Planet.

Este artículo fue publicado en Monthly Review, Vol. 70, N°4, en septiembre 2018, y en Science for the People. Agradecemos a las direcciones de ambas revistas la gentil autorización para la traducción y publicación de este texto en Herramienta. Translated and reprinted by permission of Monthly Review Magazine and Science for the People.

La traducción para Herramienta es de Francisco T. Sobrino

Fuente: https://herramienta.com.ar/articulo...

Categorías: Tortuga Antimilitar

Enrique Martínez Reguera, 'padre' de 67 niños: "El dinero de los menores tutelados se lo quedan gestores que administran el hambre ajena"

24 February, 2019 - 00:00

Tras más de 40 años como educador de jóvenes desfavorecidos, este filósofo, psicólogo, pedagogo y escritor madrileño repasa las carencias del sistema de protección y acogida de menores y su giro en la década de los 80 de la pedagogía a la vigilancia de los chicos y chicas acogidos.

José Bautista
PORCAUSA.ORG

Podría decirse que Enrique Martínez Reguera tiene 67 hijos. Entre ellos hay historias de éxito y fracaso con un denominador común: todos tuvieron una oportunidad gracias a él. La vida ha dado muchas vueltas desde que Enrique decidió consagrar su hogar y su vida a cuidar a niños desfavorecidos, en situación de calle, conflictivos, huérfanos, nacionales y extranjeros. A sus 83 años, él se mantiene crítico y activo, pero es consciente de que, aunque quisiera, hoy el sistema no le permitiría ayudar como lo hizo.

La historia de Enrique permite entender cómo ha cambiado la suerte de los menores de edad que por una razón u otra están bajo tutela del Estado. A su juicio y tras más de 50 años de experiencia -y rebeldía- en la materia, el trato de las instituciones hacia los niños que están solos se ha ido deshumanizado y mercantilizado. Desde el franquismo, cuando el monopolio asistencial estaba en manos de Falange y Auxilio Social, el sistema se ha transformado en una especie de “negocio en el que no priman los más vulnerables”, asegura.

Corrían los años 70. Por entonces el maestro Enrique compaginaba la dirección del Colegio Mayor Universitario Pio XII con sus estudios de filosofía y psicología. Pero hacía tiempo que en su fuero interno sentía ganas de trabajar con chavales vulnerables. Pasó de las palabras a los hechos en el barrio chabolista de La Celsa, por entonces uno de los puntos más conflictivos y damnificados por la droga de Madrid, del que ya solo queda el recuerdo (fue demolido en 1999). Allí se ofreció para ayudar en el colegio público. Poco a poco fue labrándose la confianza y el reconocimiento de las familias payas y gitanas que allí sobrevivían. Rápidamente las Juntas de Protección de Menores, entes provinciales que se encargaban de las labores de tutela, se fijaron en su capacidad para trabajar y organizar excursiones, partidos de fútbol y otras actividades en aquel entorno difícil.

A pesar de las limitaciones, en aquella época el sistema era más flexible y cercano, “y eso que de origen esto era una cosa absolutamente falangista”, recuerda. A Enrique primero le propusieron cuidar en su casa a niños internados y rebeldes. Aceptó y, casi de inmediato, comprobó que con paciencia, hogar y cariño; los pequeños se transformaban.

El trabajo de Enrique llegó a oídos de un juez de menores, y este le propuso cuidar también a niños de reformatorio. Enrique aceptó, pero estableció la condición de que en su casa, por entonces un piso de Vallecas (Madrid). Era él quien establecía las normas, requisito que hoy las instituciones públicas no admitirían. Probaron y el resultado fue un éxito. Le decían que aquellos eran niños “peligrosísimos”, pero la situación nunca se desbordó. Pronto fueron surgiendo nuevos grupos y hogares de acogida para niños con situaciones similares a las de los “hijos” de Enrique.

Después de la Transición, la Democracia. “Recuerdo que la gente que estaba en estos temas decía ‘¿y ahora qué van a hacer con todos los de Falange y Auxilio Social?", rememora.

La trampa

Llegaron los años 80, y con ellos la heroína y los cambios en la legislación de menores. Los chicos de Enrique empezaron a engancharse. Por su casa pasaron “chiquillos muy conocidos en la época” -por su historial de robos- como El Guille, El Gasolina y El Mosque, interpretado por Luis Martínez en el filme Perros callejeros. “Sentían que nadie estaba con ellos en la vida, pero en cuanto veían que alguien se ponía de su parte, empezaban a cambiar”, explica. Aquellos chavales llegaban “totalmente rotos”, pero él veía en ellos “gente prodigiosa”. No pocos murieron de sobredosis, en medio de tiroteos, enfermos de sida o en accidentes de moto. “Un mes de enero enterramos a diez niños de en torno a 15 años. Me desanimé mucho, pensé que ya no podía soportarlo más”.

A esos días difíciles se le sumaron turbulencias en materia legal. Hasta ese momento, “las instituciones habían reconocido nuestra labor, jueces, fiscales y Juntas de Protección nos lo ponían fácil”, asegura Enrique. El Gobierno de Adolfo Suárez empezó a ensayar el Estatuto del Menor, promulgado una década después bajo el nombre de Ley de Protección Jurídica del Menor. “Esa ley puso todo en manos de la administración de las Comunidades Autónomas”, explica.

Enrique y otras personas con experiencia en el cuidado de niños desfavorecidos participaron en la elaboración del Estatuto del Menor. Durante un año acudieron de forma regular al Ministerio de Justicia. Pero aquel esfuerzo fue en vano: el gobierno de Felipe González hizo caso omiso de sus recomendaciones y lo sometió a los dictados de Interpol, similares para todos los países de la Unión Europea. Años después, el Gobierno socialista promovió la implantación de esa misma ley entre los países de América Latina -“en Argentina y Brasil incluso utilizaron los mismos carteles de propaganda que aquí sobre el estatuto del menor”-, pero esa es otra historia.

El "negocio" de los niños conflictivos

La atención a niños en situaciones difíciles “se convirtió en un tremendo negocio”, un asunto rentable para políticos, empresas y organizaciones supuestamente no lucrativas, sostiene Enrique. “Se han ido creando intereses, se han multiplicado las organizaciones, fundaciones, empresas públicas y privadas que se dedican a este asunto, y todas tienen intereses”.

A Enrique y otras personas en su situación les impusieron la firma de un convenio con 17 puntos. Enrique los aceptó todos, menos tres. En primer lugar, se le exigía tener un número fijo de plazas, pero él prefería supeditar esa cifra a la situación en casa. "A veces, con seis niños se podía estar bien, otras veces con tres niños ya era difícil", se explica. En segundo lugar, se le obligaba a expulsar a los chavales al cumplir 16 o 18 años, pero Enrique pedía supeditar la decisión al "momento en el que el niño encuentre una salida”.

Por último, el punto más delicado: le explicaron que él tendría todos los deberes de padre, pero los derechos sobre el niño recaerían sobre un funcionario ajeno a su casa y a la vida del menor. “Si asumo los deberes de un padre, necesito los derechos de un padre para representar a los nenes si van a la comisaría, al juzgado, al hospital o a la escuela”.

Acusaciones de secuestro de niños

Enrique se declaró en rebeldía. No acató las exigencias y amenazaron con expulsarle de su casa y denunciarle por secuestro de niños, pero su buena fama y el apoyo de la Coordinadora de Barrios lo impidieron. Enrique siguió ayudando, pero tuvo que hacerlo en condiciones más precarias, sin apoyo económico del Estado. En los 90, mientras él proseguía con su labor, el Gobierno aprobó también dos normas esenciales en esta historia. La primera, la Ley Penal de Menores, que determina que a los niños no se les detiene, sino que se les “retiene”; no se les interroga, sino que se les “explora”.

Ninguna de las dos figuras está contemplada en el ordenamiento jurídico, por lo que su interpretación es “libre” -y no siempre la más favorable al menor-. La segunda, el Decreto sobre los derechos y deberes de los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos. A juicio de Enrique, se trata de una norma “perversa” porque “suplanta la pedagogía por el derecho penal”. “La esencia de la pedagogía es la comunión de intereses entre padres, educadores e hijos; se suprime eso y se sustituye por derecho penal: los educadores se convierten en vigilantes”.
El negocio

"Lo que ha fallado es la legislación, que ha permitido y promovido todo esto. Curiosamente, la sociedad lo ha aceptado plenamente, yo creo que por ignorancia”. Actualmente el Estado paga a las Comunidades Autónomas más de 3.000 euros por cada niño bajo tutela. Al mismo tiempo, los Centros de Menores registran algunos de los sucesos más vejatorios del presente, con ejemplos como el Centro de Menores de Hortaleza (Madrid), conocido por sus casos de malos tratos y suicidios, o el de La Purísima (Melilla), en el que un educador fue detenido por apuñalar a un menor, entre otros problemas.

A ojos de Enrique, el principal problema está en que “prevalecen los intereses económicos”. La legislación española concede a jueces y fiscales de menores la potestad para intervenir ante casos de abandono o maltrato, por ejemplo. Sin embargo, debido a que no siempre la Justicia actúa con rapidez, las Comunidades Autónomas tienen autoridad para decidir qué hacer con estos niños y jóvenes menores de edad. “Deberían asistir y después poner esa autoridad en manos de los jueces, pero la ponen en manos de fundaciones, organizaciones, empresas públicas y privadas con notorio afán de lucro”, opina Enrique en alusión a la gestión autonómica. “Estos niños no necesitan entierros inútiles, sino papeles que reconozcan su existencia legal (…) Los niños son materia de consumo de todas estas instituciones”, sentencia.

Otro de los problemas que enfrentan estos menores reside en la doble función de la Fiscalía de Menores, contemplada en la Ley de Protección Jurídica del Menor. La Fiscalía se encarga de defender los intereses de los niños, al mismo tiempo que ejerce de parte acusadora. Tras varias décadas implicado en el cuidado de niños y jóvenes desfavorecidos, Enrique afirma que el talante del fiscal de menores resulta determinante en estos casos, para bien y para mal. A veces la suerte está de parte del menor, opina Enrique, y cita el caso del fiscal Félix Pantoja, “un hombre entrañable muy interesado por los niños, que defendía sus intereses”. Como ejemplo contrapuesto, menciona el idilio de 13 familias a las que conoció recientemente en Mallorca y que han perdido la custodia de sus hijos. “Estas familias tachaban las decisiones del fiscal de mafiosas, le tenían pánico, y yo no puedo dar esa opinión, pero creo que en el Estado alguien tiene que investigar. ¿Y si fuera cierto lo que dicen esas familias?”, concluye.

Cada cierto tiempo, los medios se hacen eco de imágenes que muestran el estado de hacinamiento y desprotección de niños y jóvenes bajo tutela del Estado, a pesar de los recursos públicos que se destinan a los centros de menores, tanto gastos fijos como gastos variables en función del número de niños atendidos. “Puedo estar equivocado”, reconoce Enrique, antes de afirmar que esta aparente contradicción “se debe fundamentalmente a que los recursos que el Estado dice que dedica a los niños, en realidad terminan engrosando los intereses de estos gestores y empresas que administran el hambre ajena”. La otra cara de esta moneda la componen numerosas personas y grupos anónimos que trabajan al margen de los cauces oficiales, sin visibilidad mediática y sin apoyo del Estado.

La historia no termina

Enrique sigue viviendo en el mismo piso de Moratalaz por el que han pasado sus 67 hijos, que de vez en cuando le visitan solos o acompañados “incluso de nietos y biznietos”. Es autor de varios libros, uno de ellos de reciente actualización, Por si llegas a leernos, querido Walter (Editorial Popular), sobre la desesperada y kafkiana batalla legal de unos padres cameruneses a los que el Gobierno de Cantabria les quitó la custodia de su hijo por error, y que llevan nueve años sin poder verle.

Enrique Martínez Reguera posa con una de sus cuadros en el salón de su casa.- JOSÉ BAUTISTA

La casa de Enrique es un pequeño museo repleto de recuerdos de Brasil y cuadros que ha pintado a lo largo de los años. Pronto espera encontrar un lugar en el que exponerlos ante el público, una ocasión que quiere aprovechar para reunir a su particular familia. “Estoy muy contento con la aventura que he vivido”, concluye Enrique, consciente de que la aventura no ha terminado.

* Este reportaje forma parte de la serie Radiografía de los menores migrantes, elaborada por Público en colaboración con PorCausa.

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Sociedades misóginas

23 February, 2019 - 00:00

“Violan a una mujer en la parada de tren de tal estación”, dijo el presentador de noticias, sin inmutarse, con ese rostro que tienen los que ven la violencia de género como cosa natural. ¿Cuántas mujeres son violadas en las estaciones de autobús y de tren diariamente en el mundo? Cosa natural para la sociedad que somos.

“La deportista tal de tal país fue encontrada muerta en la orilla de un río, le habían cercenado un seno y le habían quitado la cabeza”, dijo la periodista de deportes en televisión nacional, sin parpadear, acto seguido la presentadora le preguntó cómo iba su embarazo y soltaron las carcajadas celebrando el próximo nacimiento. Sin un mínimo de respeto por la familia de la víctima e indignación por el feminicidio.

“Ya sé que es patriarcado pero a mí me gusta decirlo y qué”, me han respondido hombres y mujeres por igual cuando trato de explicarles que decirle hijo de puta a un patán, a un ladrón, a un abusador o a un político corrupto no es violentarlo a él, es violentar a todas las mujeres por igual. Porque para la sociedad patriarcal todas las mujeres somos putas.

Es puta la niña que apareció muerta en un basurero: puta por vivir en la calle, puta por vivir con su familia, puta por salir de noche, por salir de día, por no salir; puta por ponerse falda, por ponerse pantalón. Es puta la adolescente violada y desmembrada: puta por tener novio, por no tenerlo, por sonreírle a un extraño, por no sonreírle. Es puta por decir sí o por decir no. Es puta por tener relaciones sexuales, por no tenerlas.

Es puta la mujer que desapareció y encontraron su cuerpo en otro barrio, golpeado y violado. Es puta porque no se dejó tocar más de su esposo, de su novio, de su amante. Puta porque denunció, puta por no denunciar por miedo o por vergüenza en una sociedad que siempre enjuicia y señala a la víctima jamás al victimario. Puta porque no tenía novio, ni esposo, ni amante. Puta porque era homosexual, puta por ser transexual. Puta, simplemente por ser mujer.

Para esta sociedad patriarcal la mujer merece, pide y tiene que ser violentada constantemente porque eso le gusta, le gusta que la insulten, que le peguen, que la violen, que la desaparezcan, que la maten. Y no la violentan seres de otras galaxias, hombres criados en otros mundos; nos violentan nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros amigos, conocidos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros padres y abuelos. Hombres que han crecido con nosotros con los mismos patrones de violencia patriarcal.

A las mujeres violadas en las estaciones de tren las han violentado hombres que han crecido en el mismo sistema misógino que solapamos. Porque que quede claro, solapar y guardar silencio o voltear la cara y hacernos los desentendidos tiene el mismo peso moral que hacer las cosas. Es tan culpable el que hace como el que sabe y no denuncia. Y eso somos, una sociedad solapadora de la violencia de género criando hombres violentos.

Un feminicida en serie fue un niño, como todos. ¿Qué sucedió con este niño para que termina haciendo eso? El hombre que va a un bar a violar a una niña es un hombre que tiene familia: que es hijo, hermano, padre, amigo, es abuelo. Que tiene mujeres en su familia, que nació de una mujer. Y no creamos que los abusadores son solo personas de bajos recursos que no tuvieron la oportunidad de estudiar, porque vemos a gente con doctorados y maestrías haciendo lo mismo. El patriarcado no distingue raza, color, credo, clase social ni grado de escolaridad. Sino veamos la negación de académicos e intelectuales franceses para que cierren los bares y casas de citas en Francia.

Es el mismo hombre que sale a manifestar por corrupción. Sí, muchos de estos hombres que llenan las calles manifestando porque subió la gasolina asisten a bares a violar mujeres; agreden a sus parejas, a sus hijas, a sus hermanas, a sus madres, son los que van por la vida gritándole de todo a las mujeres en la calle o en sus sitios de trabajo. Es el hombre común que todos tenemos en casa. Es la razón por la que en las marchas contra el feminicidio y violencia de género los hombres no abarrotan las calles junto a las mujeres, porque el que menos pensamos resulta también abusador.

Para el patriarcado es puta la mujer libre, la que piensa, la que se atreve a vivir su vida, la independiente, la mujer decidida, el patriarcado nos quiere sumisas y calladas para que cualquier hombre se sienta con derecho sobre nosotras. No le pertenecemos a nadie, no somos objetos.

¿Seguiremos criando generaciones de hombres violentos? ¿Hasta cuándo? ¿Seguiremos las mujeres creyéndonos unas santas y señalando a otras por putas? ¿Hasta cuándo? Las redes sociales muestran lo que somos como humanidad, ahí todo es apariencias pero en lo que no mentirán es en la opinión que tienen sobre la violencia de género. Basta leer los comentarios de los lectores cuando se publica una noticia de un feminicidio, la mayoría culpa a la víctima y su familia: a los papás por darles “rienda suelta” y a ellas por “putas”.

A veces siento que la lucha contra la violencia de género, contra el patriarcado por más que salgamos a manifestar, por más días conmemorativos que existan, por más denuncias que se hagan, por más muertes violentas y más dolor que nos enlute como sociedad no la podremos erradicar. Cuando vemos a la la mitad de un país gritándole a un presidente neoliberal “Macri la puta que te parió”, en recitales de poesía, en conciertos, en estadios, en las manifestaciones masivas y sabiendo que hay niños que están aprendiendo con el ejemplo. Esa misma gente que sale a manifestar por los feminicidios, ¿no entienden acaso que todo tiene que ver con todo?

Y así mismo vemos a intelectuales, defensores de derechos humanos, a feministas, a artistas, poetas, cineastas, académicos, colocando la etiqueta “#MMLPTP” para cualquier publicación que hagan en las redes sociales. Muchas veces denunciando la violencia gubernamental con violencia machista.

Y lo peor de todo, tratar de explicarles que eso es patriarcado y violencia de género y que contesten: “eso ya lo sabía pero igual lo hago, ¿y qué?”. Ahí uno se da cuenta que está arando en el mar, pero hay que seguir haciéndolo porque es la única lucha que podemos dar ante nuestro peor enemigo a vencer, hay que insistir hasta el cansancio y más.

Fuente: https://prensarural.org/spip/spip.p...

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¿Por qué deberíamos tener una empresa farmacéutica pública?

23 February, 2019 - 00:00

Tortuga es un colectivo crítico con la institución del estado y no entiende que poner en sus manos una determinada industria sea una forma de hacerla pública, es decir, de propiedad de las personas. Sin embargo, más allá del desencuentro que podamos tener con el término y con la misma propuesta, sí estamos de acuerdo en que la farmacéutica, como otras industrias y servicios estratégicos, debería ser puesta cuanto antes bajo control de la sociedad y alejada de los tejemanejes lucrativos de sus actuales propietarios.

Por otra parte apostamos por entender la frase del artículo "el Centro Militar de Farmacia de la Defensa que posee instalaciones y personal cualificado para constituir un embrión de esta empresa pública farmacéutica...", no tanto como una loa a un desarrollo militar, sino como una oportunidad para reconvertirlo suprimiendo, precisamente, su carácter militar.

Nota de Tortuga

FRENTE A LA ESPECULACIÓN Y EL DESABASTECIMIENTO

5 motivos concretos y una reflexión estratégica que sustentan la propuesta de poner en marcha una empresa pública de fabricación de medicamentos.

Marciano Sánchez Bayle

La frecuente situación de desabastecimiento farmacéutico (el ultimo ejemplo es la escandalosa actuación de Aspen) y el elevado gasto en medicamentos, que tiene un muy preocupante crecimiento (14% entre 2014 y 2017 y el 22,7% solo en farmacia hospitalaria) obliga a la búsqueda de soluciones para hacer sostenible esta situación a la vez que se garantiza a todas las personas el acceso a los medicamentos que necesitan. En este contexto se ha planteado la idea de poner en marcha una empresa pública de fabricación de medicamentos, y por eso me gustaría señalar al menos 5 motivos concretos y una reflexión estratégica que a mi entender sustentan esta propuesta.

Para garantizar la seguridad de los medicamentos. El reciente caso del Valsartan ha puesto de relieve como con frecuencia las farmacéuticas intentan maximizar los beneficios mediante la “externalización” de la producción de los medicamentos, en países conde los controles de calidad son menos rigurosos, y eso produce potenciales riesgos sobre los usuarios. Una industria pública permitiría que los criterios económicos no se impusiesen sobre la seguridad de los enfermos.

Para acabar con los desabastecimientos. Los grandes beneficios de la farmacéutica se complementan con la desatención de aquellos medicamentos que aun siendo efectivos tienen una baja rentabilidad (se ha denunciado en España el desabastecimiento de 170 medicamentos, cuyo suministro no se asegura por las farmacéuticas porque tienen precios muy bajos y/o porque han desarrollado alguna alternativa de eficacia similar pero de mayor precio), lo que evidencia, una vez más, la preocupación de las farmacéuticas solo por sus extraordinarios beneficios y no por la salud de la población. El caso de Aspen de utilizar el desabastecimiento para presionar en la consecución de aumentos de precios es el ultimo escándalo conocido al respecto. Una de las tareas de una empresa pública es acabar con estas situaciones garantizando la accesibilidad de todos los medicamentos de eficacia probada aunque no tengan rentabilidad empresarial, eliminando de paso las maniobras especulativas de las farmacéuticas.

Para reenfocar la investigación. Es bien conocido que las farmacéuticas dirigen una parte muy sustancial de la investigación hacia por un lado áreas de gran rentabilidad económica, no necesariamente social, y hacia modificaciones poco significativas de moléculas preexistentes que les permitan nuevas patentes a precios muy superiores sin añadir un valor terapéutico significativo. Una industria publica valdría para reenfocar esta situación y potenciar la investigación hacia enfermedades prevalentes desatendidas, y hacia áreas ahora casi abandonas por sus elevados costes y escasa rentabilidad (el mejor ejemplo es la búsqueda necesaria de nuevos antibióticos ante la utilización inapropiada de los mismos).

Mejorar la transparencia. Las empresas farmacéuticas frecuentemente distorsionan el acceso a las informaciones sobre efectos adversos, limitaciones, etc, de sus medicamentos, una empresa pública serviría para garantizar la transparencia de todas las actuaciones, problemas y efectos adversos relacionados con la producción y utilización de los medicamentos.

Favorecer el control de los precios. Una empresa pública podría mejorar la relación entre los precios reales de producción y dispensación, tanto por los precios de sus productos, como por su influencia sobre los competidores no públicos. Conviene recordar que una de las propuestas iniciales del denominado Obamacare era precisamente el establecer un aseguradora pública que pudiera ejercer esta función de moderación de los precios de los mismo (se calculaba que lograría rebajas en torno al 15%) Otro ejemplo, en Brasil recientemente una iniciativa empresarial pública proponía la producción de Sofosbuvir a un precio 5,81 veces inferior del que factura Gilead (que por cierto vende el producto en ese país a 16.000 reales, unos 4.000€ al cambio).

La reflexión estratégica tiene que ver con el punto anterior. La presencia de una empresa farmacéutica pública daría un gran margen de negociación al gobierno a la hora de acordar y/o pactar precios y condiciones con las farmacéuticas, un margen hasta ahora inexistente, debido en gran parte en la ausencia real de alternativas. Imaginemos que el Gobierno en su día hubiera decidido en el caso del Sofosbuvir la “quiebra de la patente” ante una necesidad de salud pública, al día siguiente se hubiera encontrado en la misma situación de no poder atender la demanda asistencial, porque ninguna otra empresa estaría dispuesta a fabricar el producto por miedo a las consecuencias (legales, boicoteo de productos, etc.). Solo la presencia de una industria pública farmacéutica convierte a esa alternativa en una realidad factible.

Finalmente habría que hacer otras consideraciones suplementarias. En primer lugar podría pensarse que el elevado numero de medicamentos existentes (mas de 70.000 patentes de medicamentos en el mundo), seria un obstáculo difícilmente salvable. No obstante conviene recordar que la ultima lista de medicamentos esenciales actualizada por la OMS en junio de 2017 recoge solo 433 medicamentos, y que ese elevado numero de patentes incluye toda la variedad de “pseudo medicamentos” presentes en el mercado, que ninguna industria pública seria tendría el menor interés en producir. Incluso admitiendo que la lista de la OMS es probablemente demasiado restrictiva, no tiene interés la producción pública de mas de 1.000 o 1.500 medicamentos distintos, y por supuesto cualquier intento consistente de poner en marcha una industria pública, debería de comenzar por un listado mucho mas limitado, porque se trata de un sector que precisa inversiones y experiencia para poder desarrollarse que no pueden improvisarse de la noche a la mañana.

La segunda es el conocido problema de las patentes y los sistemas internacionales que las protegen, una realidad incuestionable, que debería de cambiarse y que solo es factible hacerlo a escala internacional, precisando de actuaciones coordinadas y muy complejas, en las que por supuesto hay que ir dando pasos. Ahora bien, fiarlo todo a este cambio en las relaciones que regulan el comercio y la investigación en el ámbito global, me parece una actitud demasiado pesimista, porque es improbable que se consiga a corto y medio plazo. Algunas cosas pueden y deben hacerse aquí y ahora, propiciar un industria pública farmacéutica es una de ellas, y por cierto nada fácil de conseguir, porque va contra la tendencia neoliberal de privatizar y adelgazar el estado, y se encontrara con una gran resistencia de ese poderoso “lobby” que es Farmaindustria.

La tercera tiene que ver con la existencia de un dispositivo público en nuestro país, el Centro Militar de Farmacia de la Defensa que posee instalaciones y personal cualificado para constituir un embrión de esta empresa pública farmacéutica y que a día de hoy se encuentra totalmente infrautilizado.

Entiendo que hay razones suficientes para poder avanzar en esta iniciativa, que puede ser clave para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad Pública en nuestro país.

Marciano Sánchez Bayle es médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Fuente: https://www.nuevatribuna.es/articul...

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30 años de Insumisión

22 February, 2019 - 00:00

Hoy se cumple el 30º aniversario del nacimiento de la campaña de Insumisión, un movimiento de desobediencia civil que con el tiempo se demostraría masivo y que tenía como objetivo inmediato la abolición del Servicio Militar Obligatorio en el Estado español, y como objetivo último la abolición del militarismo y la de los ejércitos.

Josemi Lorenzo Arribas
Asamblea Antimilitarista de Madrid

El SMO, la mili, era el tributo que los jóvenes varones “en edad militar”, por el hecho de serlo, habían de pagar, desde su implantación en 1912, con la excusa de servir a la Patria. Una patria que consistía entonces en el recuerdo de un antiguo imperio, ya demolido, que se permitió el lujo, no obstante, de reverdecer laureles marchitos con sueños africanistas que produjeron miles de muertos.

Abolido el sorteo de “quintos”, se vendió la universalización (masculina) de la obligación de defender a la patria como una medida democrática, ya que se superó el sistema anterior que en el siglo XIX estableció un sistema de redenciones y sustituciones por el cual los quintos de familias pudientes pudieron escaquearse de la obligación pagando a otros, extraídos de clases pobres, para que ocuparan su puesto en esta misión gloriosa. Los de siempre, una vez más, cedían el honor tan cacareado de defender a España a unos desdichados que fueron quienes pusieron los cuerpos, las vidas… y las muertes. Los patriotas de salón, de mitin y voto en Cortes aportarían las soflamas, el discurso, y el mando. Pero el ejército de cuota o de reemplazo, por naturaleza jerárquico, patriarcal y clasista, quintaesencia de la obediencia ciega, difícilmente podía servir a intereses democráticos.

La objeción de conciencia

El militarismo español de comienzos del siglo XX comprendía grandes sectores sociales, con la honrosa excepción de anarquistas (y comunistas y socialistas pero por cuestiones más coyunturales), y se recrudeció con la dictadura franquista. Fue en la década de los años 70, en los estertores del régimen, cuando comenzaron los primeros objetores de conciencia políticos a plantar cara frontalmente a la obligación de sangre con un sencillo procedimiento: negarse a ir a filas. Se siguió la estrategia de la no colaboración, pilar de la desobediencia civil. Aquella semilla provocó el nacimiento del Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), seguido de un sinfín de colectivos que apoyaron la Insumisión, cada cual con sus motivos pero con el común posicionamiento de la negativa a ingresar en la más rancia, clasista, machista y ominosa institución española: la castrense.

La represión a la insumisión

Los insumisos fueron reprimidos brutalmente. Primero, con penas de cárcel de dos años, cuatro meses y un día de reclusión mayor, por expresa indicación de la Fiscalía del Estado. Luego (gracias al ministro socialista Juan Alberto Belloch) con penas de inhabilitación absoluta de entre 10 y 14 años, primera vez en la historia en que tal pena accesoria pasa a ser principal. Durante todo ese tiempo se les prohibía acceder a cualquier cargo público, becas, ayudas… Y fueron sancionados así cuando en España imperaba formalmente una democracia que, ante otras formas de disidencia, y particularmente la violenta, no se cansaba de decir que, sin violencia, todo era negociable. No fue así tampoco en este caso. Antes bien, circulares varias prohibieron a cualquier representante del Estado sentarse en una tertulia si había un insumiso. Los objetores de conciencia primero, y los insumisos después, exponentes de un movimiento explícitamente noviolento, solo experimentaron la violencia que se ejerció contra ellos por parte del Estado y sus voceros, y no se dialogó nunca.

Los insumisos fueron sancionados brutalmente cuando en España imperaba formalmente una democracia que, ante otras formas de disidencia, y particularmente la violenta, no se cansaba de decir que, sin violencia, todo era negociable.

Fueron años duros en que la Insumisión pugnaba por hacerse visible en los insensibles y controlados medios de comunicación multiplicando acciones directas noviolentas, asumiendo las condenas, y persistiendo en su actitud, sin amilanarse ante lo que se le hacía a los compañeros. A ello se sumaban reproches sociales contra una juventud a la que se acusó de debilidad mental, poca hombría, insolidaria, antisistema y, por supuesto, etarra. Hasta que se hizo insoportable que a estos jóvenes ciudadanos “que no habían hecho nada” se les condenase a privaciones de libertad y otras penas accesorias.

Fueron años en que mediáticamente solo se hablaba de la violencia de ETA, en una espiral en que esta organización y la antagónica (el Estado español) demostraban la mutua necesidad que sentían cada una de la otra. La violencia daba titulares, copaba miles de horas radiofónicas y televisivas, y cientos de páginas de información escrita. Frente a ello, la ruptura de la lógica de la violencia, como hizo el movimiento insumiso, no mereció mayor atención más allá de la superficial, de los numeritos que se montaban para atraer la atención e intentar generar discurso. Políticos, jueces y periodistas, con puntuales excepciones, abusaron de su posición de poder. Ahí están las hemerotecas. Por supuesto, negaron en su momento pan y sal a estos jóvenes valientes. Hemos asistido y asistimos hoy, en pleno juicio al independentismo catalán, a comportamientos similares ante la desobediencia civil pacífica. El Régimen de violencia se refuerza ante conductas que hablan su mismo lenguaje, pero no traga con quienes rompen esa cómoda lógica binaria. Paradójicamente, poner el cuerpo desnudo delante de un señor acorazado, con casco, botas, guantes, armado y entrenado para luchar es violencia por parte… del cuerpo desnudo.

La victoria del movimiento de insumisión

Pero, gota a gota, cada vez fueron más miles de personas las que cuestionaron el SMO y, en paralelo, el propio militarismo y la absurdez de casi todo el chiringuito militar. Más en un país con una historia como la nuestra en que el Ejército español llevaba tres siglos en los que solo había servido para alzarse contra el propio pueblo. El Estado hubo de reaccionar, dio palos de ciego, reprimió así, reprimió asá, mintió siempre, evitó el diálogo y el debate público… hasta que la Insumisión venció.

La política militar ha estado sometida a un consenso tácito entre los dos partidos alternantes de la maltrecha democracia española. Entre PP y PSOE nunca ha habido disenso y sí continuidad y buen acuerdo en evitar el debate público sobre qué queremos defender y cómo queremos hacerlo. Eduardo Serra personifica esta afirmación, pues fue subsecretario de Defensa con la UCD y PSOE (1982-1984), secretario de Estado de lo mismo con el PSOE (1984-1987) y nuevamente ministro del ramo con el PP (1986-2000). Por otro lado, y bajo cuerda, el estamento militar y su entramado económico-industrial gobierna más de lo que parece, y como ejemplo Pedro Morenés, directivo de varias empresas de armamento antes y después de sus cargos en el ministerio de Defensa con los gobiernos de José María Aznar, hoy mediador en los negocios de armas con la dictadura saudí.

La política militar ha estado sometida a un consenso tácito entre los dos partidos alternantes de la maltrecha democracia española.

Fue un gobierno del PP el que suspendió (que no abolió) el SMO mediante el Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo. Se adelantó varios años la decisión de profesionalizar las Fuerzas Armadas porque la situación era insostenible. Habían pasado miles de insumisos por los juzgados, cientos fueron encarcelados, selectivamente para no desatar más protestas, decenas de miles de jóvenes se declararon objetores de conciencia y no cumplieron con una Prestación “Social” Sustitutoria pensada solo como castigo para quienes no querían coger las armas (duraba bastante más tiempo que la mili), y, de paso, para apuntalar los intereses del Ejército y lavarle la cara. Muchas organizaciones sociales y ONG se opusieron a colaborar con una Prestación que, en el mejor de los casos, servía para quitar puestos de trabajo o de salida por la puerta de atrás a quienes se oponían al SMO pero tampoco querían asumir excesivos riesgos. El Estado mostró flexibilidad ante el incumplimiento de la Prestación Sustitutoria, porque fue incapaz de gestionarla ante la avalancha de objetores y porque no amenazaba el tinglado militar, pero no podía transigir con la frontal y descarada oposición de los insumisos. La obsolescencia social y simbólica de la mili era un hecho. Su cuestionamiento estaba sobre la mesa y era cuestión de tiempo.

El antimilitarismo hoy

Desde octubre de 2018 el solar de la antigua cárcel de Pamplona se renombró como Parque de la Insumisión, en recuerdo a la prisión en la que llegaron a estar detenidos simultáneamente mayor número de insumisos. El movimiento antimilitarista continúa activo en el Estado español, encabezado por el mismo colectivo que en su día dio comienzo a la campaña Insumisión, Alternativa Antimilitarista-MOC. Lejos de anclarnos en pasadas batallitas (más propias de quienes hicieron la mili), seguimos denunciando el intolerable Gasto militar, seguimos realizando objeción fiscal a estos cuando llega la campaña del IRPF, seguimos exigiendo un debate público sobre qué queremos defender y cómo, seguimos cuestionando la necesidad de los Ejércitos, seguimos pidiendo la conversión de la industria militar en otro tipo de industrias que no sirvan a la muerte, y continuamos realizando acciones directas noviolentas dentro de nuevas campañas de desobediencia civil. Como novedades, otras campañas en respuesta a nuevos retos. Por ejemplo, La guerra empieza aquí, parémosla aquí, en que denunciamos la necesaria colaboración del Estado español a la hora de favorecer las guerras en otras partes del mundo mediante la exportación de armamento (las cinco fragatas encargadas a Navantia para masacrar yemeníes, por ejemplo; u otro material militar con destino a dicho país u otros). Por ejemplo, España está en guerra en la frontera, para denunciar, junto a otras organizaciones de derechos humanos, el papel del Ejército y Guardia Civil en las violaciones contra migrantes pobres.

Seguimos denunciando el intolerable Gasto militar, seguimos realizando objeción fiscal a estos cuando llega la campaña del IRPF, seguimos exigiendo un debate público sobre qué queremos defender y cómo, seguimos cuestionando la necesidad de los Ejércitos, seguimos pidiendo la reconversión de la industria militar

Recordamos en este trigésimo aniversario de la campaña Insumisión la necesidad y actualidad de la sensibilidad antimilitarista. El inmenso gasto militar, en su mayor parte ocultado a la sociedad en todos los ministerios (menos uno), detrae recursos de donde debería aplicarse. Nos defendemos si creamos una sociedad más justa y sin desigualdades, feminista, respetuosa ante la diversidad, el medio ambiente, y que regule sus necesarios conflictos sin el recurso a la violencia. Hoy, con la sociedad española convulsa y dividida ante el juicio político que sienta en el banquillo a los representantes de, al menos, la mitad de la sociedad catalana que apostó por la desobediencia civil como método de lucha, queremos recordar que, con sus costes, la campaña Insumisión produjo beneficios para la sociedad de los que hoy nos beneficiamos.

La campaña de Insumisión alcanzó su objetivo inmediato, relativo al SMO. No nos olvidamos del objetivo último, que es la abolición del militarismo y los ejércitos. Y en ello estamos.

Salud y antimilitarismo.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/plane...

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La Insumisión cumple 30 años

22 February, 2019 - 00:00
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Charlot antimilitarista

22 February, 2019 - 00:00

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Acto de 30 años

21 February, 2019 - 00:00

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Vox propone oficialmente que el ejército español intervenga en Venezuela

21 February, 2019 - 00:00

Imaginen una especie de "Desembarco de Maiquetía" a cargo de fuerzas aeronavales españolas. Con la cabra de la legión al frente. Eso sí, que vayan, pero de voluntarios sin sueldo (no con los 3.000 que les pagan a los mercenarios españoles desplegados paquí pallá en mil misiones neocoloniales), los principales cargos de Vox, los que se les están apuntando estos días para pillar cacho en las instituciones y los hijos varones entre 16 y 21 (que estos a las mujeres solo las quieren para fregar) de todos ellos.
Naturalmente este párrafo es una ironía. Tortuga es contraria a todo tipo de violencia y empresa bélica. La demagógica propuesta de este partido de trepas ultraconservadores no solo nos parece descabellada: también profundamente inmoral. Nota de Tortuga.

Es una propuesta presentada en el parlamento andaluz que dice: “El Parlamento de Andalucía insta al Gobierno de la Junta a instar asimismo al Gobierno de España a preparar un contingente militar listo para trasladarse e intervenir en Venezuela.

No es broma. Es una propuesta presentada en el parlamento andaluz que dice: “El Parlamento de Andalucía insta al Gobierno de la Junta a instar asimismo al Gobierno de España a preparar un contingente militar listo para trasladarse e intervenir en Venezuela. Esta intervención debería aprobarse con toda celeridad si el Presidente Juan Guaidó solicita ayuda para defender al pueblo venezolano del usurpador Maduro y sus aliados comunistas cubanos”.

Ahí queda eso.

Fuente: https://kaosenlared.net/vox-propone...

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