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Actualizado: hace 2 horas 10 min

Miedo en tus ojos

29 January, 2021 - 00:00

Hace tiempo escribí un texto que empezaba tal que así:

“El miedo siempre está presente. Es una emoción básica y uno de los motores para bien o para mal, de las sociedades humanas.

Siempre he oído que hay que hacerlo cambiar de bando; pero el miedo está en ambos lados. Simplemente, unos tienen las armas y las herramientas para protegerse de sus miedos. Otros, nos las negamos.”

Hoy, el miedo está muy presente en nuestras vidas. Fundamentalmente, miedo a perder lo que cada cual tenga, miedo a que nada sea igual por mucho que lo que hubiera con anterioridad no fuera precisamente lo ideal, lo deseado… pero, al fin y al cabo, era algo y era de cada uno. Lo peor de esto es que nadie más allá de los afines (ojalá sea así) va a hacer nada para quitarnos ese miedo. Más bien al contrario.

El miedo sirve de instrumento de control de las masas y ayuda a moldear un hecho cultural (el famoso relato) y un instrumento de gobierno político a medida de unos pocos. Nos machacan a diario, dicen que con la intención de concienciarnos, azuzan para que el miedo no pare de crecer. Lo hacen a través de una inmensa tela de araña que conforma la maquinaria del Poder (medios de comunicación, policía, ejército, partidos políticos, sindicatos,...) nos exigen grandes sacrificios a nivel personal así como una competitividad salvaje que nos convierte en enemigos hasta de los supuestos “nuestros”; nos obligan a aceptar un moldeamiento de las conciencias para encajarlo todo; Sobre todo, nos sentencian a una sumisión total.

Al trenzar este cúmulo de temores consiguen configurar una herramienta para el chantaje individual y colectivo, previa depreciación de la vida en beneficio del mercado y de la supuesta seguridad y bienestar colectivo. Cuando impera el miedo es más fácil encontrar enemigos, señalarlos y hacerles culpables de cualquier cosa. Más fácil para aquellos que lo necesitan, para los mismos de siempre. Se vive mucho mejor con un enemigo al que culpar.

Y el miedo va minando, se nota en los rostros de la gente, lo ves en esa pequeña franja que queda visible en esta normalidad impuesta. Lo intuyes en el resto del cuerpo. Nos achicamos y se crecen. Nos desarmamos y nos encierran. Lo aceptamos y siguen ganando. El miedo se extiende poco a poco y junto a su hermano el cansancio se antepone a todo y se acaba convirtiendo en conformismo y pasividad, en una inercia de rendición. A pesar de toda la propaganda nada bueno va a salir de aquí.

En esta situación todo se complica. La línea temporal se rompe, sólo el presente importa, aquí y ahora. Trabajar y consumir. Nada más, no hay propuesta alternativa. En este tipo de no vida, se cultiva el miedo para evitar la búsqueda de lo distinto: para evitar que la imaginación traspase las fronteras del presente. Se cultiva el miedo como distracción, para evitar que la precariedad de nuestras vidas nos empuje a pensar en nuevas formas sociales que desborden lo diseñado para nosotros. Es por eso que en las situaciones de miedo se aprovecha para legitimar el poder a base de leyes que no encuentran respaldo alguno; son sólo el resultado de una prueba de fuerza. Y esta fuerza no es más que la capacidad de infundir miedo, es decir, el método más rápido de lograr un control social necesario para que todo siga igual (o peor).

Fuente: https://quebrantandoelsilencio.blog...

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La gente cambia

29 January, 2021 - 00:00

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Declarado culpable el miembro de la policía colombiana ESMAD que asesinó al niño Nicolás Neira

28 January, 2021 - 00:00

Nico.

Este lunes 25 enero el juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá declaró culpable al policía antidisturbios (ESMAD) Nestor Julio Rodriguez Rua, que había disparado su arma contra de Nicolás Neira, de 15 años, en la Marcha del Primero de mayo de Bogotá del año 2005.

Casi 16 años después..

Al papá del niño, Yuri Neira, ese crimen le cambió la vida, y en la búsqueda de justicia se encontró con amenazas, cárcel, varios exilios, y la protección temporal del PAV asturiano.

El laberinto judicial, la cantidad de zancadillas, el cambio constante de fiscales para eternizar el proceso, bien pudieran servir de base para una rocambolesca novela negra. https://mas.lne.es/cartasdeloslecto...

Ahora un juzgado ha leído el sentido del fallo contra el integrante de la policía colombiana Nestor Julio Rodriguez Rua, declarándolo culpable de homicidio con dolo eventual (intención al momento de ejecutar, previendo que podía asesinar decidió continuar con su acción) .

Dicen desde el MOVICE que es un momento histórico: Es el primer caso de brutalidad policial, de asesinato, por el ESMAD, que llega a juicio.

La sentencia se espera para marzo.

Hay otro juicio en curso para 8 de los policías del ESMAD que lo golpearon hasta la muerte. Y hay otro pendiente para el coronel del ESMAD que mandaba el operativo cuando Nicolás fue asesinado.

15 años y casi 9 meses después.. Da rabia tanto poder de quienes se sustentan en la impunidad. Pero da más coraje positivo que haya quienes aguanten, persistan, resistan y le tuerzan la mano a esa maldita impunidad. Nico Vive y la Lucha Sigue.

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Un centenar de organizaciones exigen el fin de las devoluciones en calientes en la Frontera Sur

28 January, 2021 - 00:00

Exigen la derogación de la Ley Mordaza y la aprobación de una normativa basada en la garantía de derechos. Aseguran que la inmediatez de las devoluciones impide cumplir con los requisitos que impone el Tribunal Constitucional.

Casi un centenar de organizaciones se han sumado al escrito remitido por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) a los grupos parlamentarios que han mostrado su rechazo a las devoluciones en caliente -PSOE, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano, Plural, Vasco (EAJ-PNV), Euskal Herria Bildu y al Grupo Mixto- reclamando que exijan al Gobierno el cese inmediato y definitivo de las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla.

Las organizaciones consideran que las devoluciones en caliente son “contrarias a los derechos reconocidos a toda persona en aquellos tratados internacionales ratificados por España que protegen el derecho al asilo, el principio de no devolución y prohíben las expulsiones colectivas”.

De esta manera, aclaran que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) no dio respaldo a las devoluciones en caliente si se desarrollan como hasta ahora, sino que exige tres requisitos: aplicación a las entradas individualizadas, pleno control judicial y cumplimiento de las obligaciones internacionales. En esta misma línea se pronunció la magistrada María Luisa Balaguer en su voto particular a la sentencia del TC.

Para las organizaciones es del todo imposible respetar esos tres requisitos en las devoluciones en caliente que se ejecutan en la actualidad, pues la inmediatez que caracteriza una devolución en caliente, que básicamente consiste en abrir la verja y expulsar a la persona, es incompatible con un procedimiento que garantice derechos como la asistencia jurídica, la atención por un intérprete, la solicitud de asilo o efectuar un recurso, es decir, cumplir con el principio de no devolución incluido entre las obligaciones internacionales que España ha firmado.

Por ello, sostienen su rechazo a la Ley Mordaza que intenta legalizar las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, incluso con los requisitos que el propio Tribunal establece que deben cumplirse en estas prácticas, pues “son del todo imposibles de cumplir”. “No hay ningún procedimiento real y material que pueda garantizar en las devoluciones en caliente el respeto a los derechos de las personas migrantes en la Frontera Sur y, por ello, defendemos que las devoluciones en caliente deben acabar”, explican.

Además, exigen la derogación de esta disposición pues “no es imposible detectar adecuadamente a las personas en situación de vulnerabilidad o susceptibles de optar a asilo si el procedimiento de expulsión se instruye y ejecuta de manera inmediata”.

Asimismo, señalan que es prioritaria la tramitación de la reforma de la Ley Mordaza, que entienden “debe concluir con su total derogación y la aprobación de una normativa basada en la plena y efectiva garantía de los derechos” y exigen de forma inmediata el cese de las devoluciones en caliente “por la irreparabilidad una vez producidas”. Añaden que se trata de una primera respuesta tras la sentencia del Tribunal Constitucional y que continúan “preparando otras acciones para exigir al Gobierno el cumplimiento de su compromiso con la derogación de esta normativa”.

Organizaciones adheridas al escrito enviado:

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
Acampa pola Paz é o Dereito a Refuxio
Acció dels Cristians per l' Abolició de la Tortura (ACAT)
AGADEN-Ecologistas en Acción
AISPAZ
Ajuntamiento Albaicín
Algeciras Acoge
Andalucía Acoge
Área de Acción Social Institución Teresiana
Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz
Asamblea Feminista Unitaria de Granada
Asamblea pro personas refugiadas Córdoba
Asociación Agharas
Asociación Andaluza de Barrios Ignorados AABI. Granada
Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA)
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Cádiz – FACUA
Asociación ELIN
Asociación Feminista Kódigo Malva
Asociación Intercultural Candombe
Asociación Morvedre Acull
Asociación Mujeres con Voz
Asociación Mujeres de la Otra Orilla
Asociación multicultural “Bajo un mismo cielo” Sax, Salinas
Asociación Multicultural de Mazagón
Asociación nueva ciudadanía por la interculturalidad (ASNUCI)
Asociación Para La Convivencia Intercultural Amazonas
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía
Asociación Senderos de Maíz
Ateneo de Granada
Ateneo Republicano y Memorialista de La Isla
Bigite Elkartea – Asociacion
Biznegra
Buscando Vivir
Cádiz por la No Violencia
Caravana Abriendo Fronteras
Caravana Obrim fronteres Catalunya
CEDSALA
CGT
CGT Andalucía, Ceuta y Melilla
CGT Ceuta
CGT Murcia
CIES NO – Campaña Estatal
Círculo de la Fraternidad de Jerez de la Frontera
Circulo de Silencio de Linares
CNAAE MÁLAGA
Colectivas migrantes y antirracistas autoorganizadas #RegularizaciónYa
Comité Óscar Romero de Cádiz
Comité Oscar Romero. Linares
Comunidades Cristianas Populares de Andalucía
Comunidades Cristianas Populares de Cádiz
Comunitats Cristianes Populars València
Convivir sin Racismo Murcia
Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas
Coordinadora de Grupos de los barrios Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala (Bilbao)
Delegación Diocesana de Migraciones de Córdoba
Dones Baladre
Dones Creients
Economía del Bien Común de Cádiz
Emergencias Frontera Sur Motril
Ensorrem fronteres
ENTREPUEBLOS/ENTREPOBOS/ENTREPOBLES/ HERRIARTE/
Ermua Harrera
Ermuko komite internazionalista
Federación SOS Racismo
Fridays For Future Sevilla
Granada Visible
Grupo Cristiano de Reflexión-Acción
Iniciativa Cambio Personal Justicia Global
Irídia – Centro de Defensa de Derechos Humanos
Izangai Elkartea
Kenaz – Desarrollo de Proyectos Sociales
La Barraca Transfronteriza
La Posada de los Abrazos
Maakum
MACONDO Espacio Creativo y Feminista
Mairena Solidaria, Ciudad Refugio
Marea Blanca de la Janda
MAREA BLANCA GADITANA
Médicos del Mundo
Mesa en Defensa de la Sanidad Publica de Granada
Mugarik Gabe
Mujeres de Negro contra la guerra
Mujeres del mundo
Mujeres Supervivientes
Papeles y Derechos Denontzat
Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla
Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak
Plataforma”Burgos con las personas refugiadas”
Psicólogos sin Fronteras
Red Acoge
Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA)
Sindicato Único de Tenerife de la Confederación General del Trabajo
SOLIVE – Solidaridad Vedruna
STELE (sindicato de trabajadores y trabajadoras de León)
Stop Desahucios Granada 15M – Asamblea Centro
Stop Represión Granada
Urko-punta ONG
USTEA Enseñanza Granada
Vejer sin Fronteras
Zambra Málaga

Fuente: https://kaosenlared.net/un-centenar...

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El gobierno oculta a cuántos militares vacuna al margen del registro oficial

27 January, 2021 - 00:00

Jorge Sáinz

El Gobierno oculta el número de militares vacunados contra el coronavirus en el registro oficial, según han confirmado fuentes del Ejecutivo a Vozpópuli. El Ministerio de Sanidad ha facilitado al Centro Militar de Farmacia dosis de la vacuna para "atender a la Sanidad militar y los supuestos excepcionales de las Fuerzas Armadas". Pero la contabilidad del informe diario de Sanidad sobre el proceso de vacunación en España no recoge estas cifras.

El Ministerio de Sanidad ha repartido 1.346.100 dosis de vacunas entre las comunidades autónomas, según el último registro hecho público este lunes. Sin embargo, no existe apartado alguno que identifique a los vacunados que corresponden a personal militar. Fuentes de Sanidad aseguran a este diario que las únicas dosis que no figuran en el documento son las que recibe Defensa.
"Ocultismo nada habitual"

Vozpópuli se ha puesto en contacto con los Ministerios de Sanidad y Defensa. Ambos han declinado, sin embargo, informar del número de dosis entregadas a la Farmacia Militar. Pero se presupone que son más de las 300 que, como adelantó Vozpópuli en exclusiva, gestionó el Estado Mayor de la Defensa. Una de ellas fue la que recibió el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Miguel Ángel Villarroya. El Jemad presentó su dimisión ante la ministra Margarita Robles por la polémica sobre si había cumplido los protocolos de la estrategia nacional de vacunación.

Fuentes del Centro Militar de Farmacia de la Defensa afirman que el proceso de distribución de la vacuna entre los militares se está produciendo con "un ocultismo nada habitual". "En la campaña de vacunación de la gripe lo normal es que llegue un documento Excel donde se indica la distribución de la vacuna en los distintos puestos militares", explica un militar. "En este caso hemos recibido las dosis para nuestra base y nada más".

El departamento de Robles es el único de la Administración General del Estado que administra la vacuna, según insiste Sanidad. El resto de las dosis que se reciben semanalmente se entrega directamente a las comunidades autónomas. Y son ellas las que se encargan de administrarlas. La estadística que ofrece el Gobierno está, por lo tanto, incompleta, porque no aparecen las personas vacunadas de los diferentes cuerpos militares.

La polémica saltó a finales de la semana pasada tras saberse que el Jemad y otros miembros de su gabinete se habían vacunado del coronavirus. La ministra Robles exigió explicaciones, aunque desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) sostienen que siguieron el protocolo, adelantado también por este medio, dictado por el departamento dirigido por el Ministerio en consenso con Sanidad. A pesar de ello, el general del Aire Villarroya optó por su dimisión para “no perjudicar” la imagen de las Fuerzas Armadas.

Las 300 dosis del Estado Mayor

Como contó Vozpópuli, el EMAD recibió 300 dosis del compuesto. La instrucción ordena que primero se vacune al personal de las diferentes ramas sanitarias, seguido de los efectivos que se van a desplegar en misiones internacionales. El siguiente escalón corresponde a los miembros de la cadena de mando, entre los que se ubica el Jemad.

El problema fue el desacompasamiento en los ritmos de vacunación en el Estado Mayor respecto al resto de Fuerzas Armadas. Mientras en el primero se llegó hasta al menos la tercera fase, en los cuerpos militares aún no se ha cumplido con la primera. Personal sanitario del Hospital Gómez Ulla, por ejemplo, aún no ha recibido el tratamiento. Lo mismo sucede con la UME, que se bate en las residencias sociosanitarias o en primera línea por la emergencia de la borrasca Filomena.

Vozpópuli ha tratado de saber cuántas dosis recibieron el Ministerio de Defensa y sus órganos, pero tanto este departamento como el de Sanidad se pasan la pelota. Los dos han declinado facilitar las cifras.

Fuente: https://www.msn.com/es-es/noticias/...

Nuevo JEMAD, sin aclararse cuántos se colaron y por qué el ejército tiene sistema propio

La dimisión del JEMAD Miguel Angel Villarroya es solo la punta del iceberg del escándalo de la vacunación en el Ejército español. El Gobierno ha nombrado sustituto dejando ahí la crisis, sin concretar cuántos más se colaron ni precisar por qué el Ejército tiene partidas propias.

El Consejo de Ministros de este martes ha confirmado el relevo en la cúpula del Ejército español, donde el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) es el máximo cargo después del rey. El general Miguel Angel Villarroya, famoso por sus arengas militaristas junto a Fernando Simón, dejó el cargo tras conocerse que había sido vacunado pese a no estar entre los sectores de riesgo primados por el protocolo y ha sido reemplazado por el almirante Teodoro López Calderón.

Pero es precisamente en ese protocolo donde está el fondo del asunto. En la crisis se trata de pasar por alto el asunto central: ¿Por qué el Ejército disponía de un sistema propio de vacunación, que le privilegiaba incluso sobre la Guardia Civil o Policía española, pese a la propaganda insistente sobre su nivel de «sacrificio» en esta pandemia?

En ese protocolo existe un orden establecido que ya estaba en la tercera fase. La cuarta, la siguiente, iba a ser la vacunación de toda la Unidad Militar de Emergencias (UME), convertida en referencia especial de esta campaña de propaganda por acciones como las desinfecciones realizadas en la primera ola. La realidad de los datos era que apenas fueron unas decenas frente al más de un millar de bomberos, Ertzaintza o Policía Foral

Con el caso de Villarroya ha salido a primera plana que el Ejército dispone de sus propias partidas de vacunas y de un sistema de prioridades también diferenciado.

La ‘Estrategia de vacunación frente a covid-19 en las Fuerzas Armadas' elaborada el pasado 5 de enero establece seis grupos. El primero lo forma «el personal que tenga previsto el despliegue a Zona de Operaciones (ZO)», es decir, en las «misiones». Después va el «personal alertado, cuya disponibilidad para desplegar a ZO sea inferior al intervalo necesario para que la vacuna disponible confiera la protección». Y en tercer lugar, los militares que se desplieguen en una operación de lucha contra el virus, que son los que ya están siendo vacunados ahora, antes incluso que la mayor parte del personal sanitario, por tanto. Y también antes que efectivos policiales u otros militares como la Guardia Civil, que creen que comenzarán a ser inyectados a finales de febrero dentro del plan general del Ministerio.

El cuarto grupo, siguiente en incorporarse, es el «personal destinado o en comisión de servicio en la Unidad Militar de Emergencias (UME)», y el quinto, «el personal de las unidades que, a criterio del mando, sea considerado como crítico (jefes de unidad, tripulaciones aéreas, etc)».

En último lugar, el protocolo recoge a los «grupos de población establecidos por el Ministerio de Sanidad en la Estrategia de Vacunación frente al covid-19». Es aquí donde, por tanto, tendría que haber entrado Villarroya, que decidió anticipar su vacunación.

Villarroya se marcha sin explicaciones

Por otro lado, la dimisión del general ha tenido el efecto de sacar del foco a otros cargos militares que también pudieran haberse saltado la cola. Se apuntaba como incógnita para hoy hasta qué punto llegaría la caída de cargos en el Ejército, pero de momento el Consejo de Ministros se ha limitado a sustituir al JEMAD.

Contrariamente a la locuacidad mostrada en sus ruedas de prensa diarias con Fernando Simón, Miguel Angel Villarroya se ha despedido estos días en silencio, limitándose a filtrar que tiene «la conciencia tranquila».

La dimisión se produjo horas después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, anticipara que iba a pedir explicaciones por lo ocurrido. Robles tampoco ha querido valorar lo sucedido, aunque sí ha justificado que «el Ministerio de Defensa tenga un pan de vacunaciones coordinado con el Ministerio de Sanidad».

Fuente: https://www.naiz.eus/eu/info/notici...

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El Defensor del Pueblo detecta “información confusa” en la historia clínica de tres reclusos fallecidos en la cárcel de Villena

27 January, 2021 - 00:00

Una visita sorpresa del organismo público alerta sobre la falta de personal sanitario, partes de lesiones con lagunas y funcionarios sin identificar.

Tres técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo, además de un médico forense externo, detectaron graves carencias en el centro penitenciario Alicante II de Villena durante una visita sin previo aviso realizada el 29 de junio de 2020.

La inspección del organismo público, que incluye entrevistas reservadas con los internos, ha descubierto que la prisión, con 845 celdas, sólo cuenta con dos facultativos, que casi todos los funcionarios no portaban su identificación y la existencia de partes de lesiones con lagunas, entre otras graves carencias denunciadas por los presos.

La dirección del centro no ha contestado a ninguna de las recomendaciones. La ficha de la visita, cuyas conclusiones se han publicado seis meses después, alude al fallecimiento de tres internos en los últimos tres años.

“La información recogida en la historia clínica correspondiente al día del fallecimiento es confusa y no incluye la información necesaria para clarificar las circunstancias de la muerte”, señalan los técnicos del organismo público dirigido, en funciones, por Francisco Fernández Marugán. “La adecuada investigación de una muerte en situación de privación de libertad es responsabilidad de la autoridad a cargo de la custodia, teniendo como objetivos principales clarificar las circunstancias de la muerte, contribuyendo a disipar preocupaciones sobre una posible atención inadecuada y proporcionar información esencial para prevenir futuras muertes similares”, según las recomendaciones y guías internacionales citadas por el Defensor del Pueblo. El organismo recomienda a los responsables del centro penitenciario, que cuenta con un total de 845 celdas, que en caso de fallecimiento de un preso se indique en la historia clínica del interno las actuaciones desarrolladas con posterioridad a la muerte, incluyendo la eventual intervención judicial o la autopsia.

Las cárceles valencianas, tal como informó este diario, han registrado 108 fallecimientos de presos entre 2015 y 2019. Sin médico “de dos a tres días a la semana” La plaza de subdirector médico, vacante desde hace dos años, la ocupa una facultativa que no se encontraba presente en el momento de la visita y que, “a pesar de los reiterados intentos de recabar información de esta profesional y pese a que, en varias ocasiones, aseguró que remitiría lo solicitado, la doctora no envió documentación ni información alguna”. La ficha de la visita indica que el organismo público no formula un recordatorio de deber legal al tratarse de una “rara excepción en el contexto de continua colaboración” entre el Defensor del Pueblo e Instituciones Penitenciarias.

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la prisión de Alicante II incluye siete plazas de médico pero sólo se cubren cuatro, de las que “solo dos” estaban en activo en el momento de la visita sorpresa.

Durante la pandemia, la asistencia médica se organiza con turnos de guardia de 24 horas que se alternan dos facultativos. “Ello supone la ausencia de médico en el centro de dos a tres días a la semana a consecuencia de los plazos de libranza (48 horas tras las 24 de guardia)”, según apuntan las conclusiones de la visita. Los días que no hay médico, se deriva la asistencia al 112 de la Generalitat Valenciana. La falta de médicos “limita, en las condiciones actuales, el adecuado control facultativo de las urgencias en ausencia del médico del centro”, concluye el organismo fiscalizador del cumplimiento de los derechos de la ciudadanía.

Además, según han detectado los técnicos del Defensor del Pueblo, los internos entrevistados en el módulo de régimen cerrado aseguraron que, desde la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, el equipo médico “no había acudido a dicho módulo en ninguna ocasión”. “Todo ello”, advierte, “compromete el deber de garantizar a todos los internos una adecuada atención médico sanitaria, tal y como prevé la normativa penitenciaria”. El personal de la prisión, a diferencia de lo que manifestaron los internos entrevistados, sostenía que se facilitaba una mascarilla a los presos “cada pocos días”. Aunque las instalaciones de los servicios médicos de la prisión son, “en términos generales, modernas y amplias” —cuentan con un área de ingreso para 64 internos con diferentes patologías o problemas de movilidad— los técnicos alertan de una “escasa integración de los servicios médicos en las actividades de prevención y difusión de información” sobre la COVID-19.

Partes de lesiones con lagunas en la cárcel de Alicante II, “con frecuencia no se incluye en la historia clínica la copia de los partes de lesiones u otros documentos médico-legales emitidos ni la asistencia prestada". Los partes describen de “forma poco detallada” las lesiones y, “con frecuencia”, no se cumplimentan los apartados correspondientes a hora y lugar, ni las manifestaciones del interno sobre el origen del daño sufrido.

Los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura también advierten de que, “prácticamente ningún funcionario” portaba su identificación durante la visita, por lo que urgen a la dirección del centro a “adoptar con carácter urgente” las medidas necesarias para que los trabajadores de la prisión cumplan con su deber de portar su placa identificativa.

Las mujeres presas que fueron entrevistadas durante la visita denunciaron un trato discriminatorio respecto a los hombres, que tendrían un mayor acceso a destinos retribuidos y a más actividades. Así, el Defensor del Pueblo ha solicitado la lista de los destinos retribuidos y de actividades del centro desagregada por sexos. El equipo directivo de la prisión de Alicante II aseguró a los técnicos que los internos que permanecen en régimen cerrado participan en un programa especial con actividades que ayudan al preso a obtener el segundo grado. Los internos del módulo entrevistados aseguran, por el contrario, que no conocen el Programa de Intervención de Internos en Régimen Cerrado (PIRC) y que apenas tienen actividades.

Fuente: https://elmilicianocnt-aitchiclana....

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Poema por la paz

27 January, 2021 - 00:00

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El juzgado que archiva el "caso Navantia", declara acreditado que se pagaron 42 millones de euros a intermediarios españoles y venezolanos

26 January, 2021 - 00:00

Archivado el ‘caso Navantia' tras concluir la juez que Venezuela pagó las comisiones
La causa indagaba el pago de 42 millones a intermediarios en la venta de ocho patrulleras al Gobierno de Chávez

Miguel González

Diez años después de iniciar la investigación, el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha decretado el archivo de las diligencias abiertas sobre la venta en 2005 a Venezuela de ocho patrulleras españolas por 1.245 millones de euros. En el auto de sobreseimiento provisional, dictado el pasado 12 de enero, la juez declara acreditado que se pagaron más de 42 millones de euros en comisiones, pero alega que este sobrecoste salió de las arcas venezolanas y no supuso quebranto económico para el astillero español Navantia, por lo que no hay malversación de fondos públicos. Aunque un perito judicial estimó en al menos 1,3 millones la cuota defraudada entre 2008 y 2010 en Impuestos de Sociedades, IVA e IRPF, tampoco se da por confirmado el delito fiscal.

La venta al Gobierno de Hugo Chávez de ocho patrulleras de la empresa pública Navantia fue uno de los grandes contratos de material de defensa del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Pero aquella operación, cerrada entre los dos Gobiernos en 2005, acabó dando lugar en 2010 a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que indagaba el cobro de comisiones por intermediarios venezolanos. En la causa fueron imputados Javier Salas, presidente del Instituto Nacional de Industria (INI, precedente de la actual SEPI) en la última etapa de Felipe González (1990-95) y el expresidente de Navantia Juan Pedro Gómez Jaén.

Finalmente, reconoce la juez, “no se ha podido averiguar el destino del dinero recibido” por los intermediarios venezolanos, ya que su rastro se pierde en una maraña de sociedades en paraísos fiscales, como Islas Antillas y Dominica, y “las comisiones rogatorias libradas [a dichas jurisdicciones] no han tenido ningún resultado”.

Según el informe del fiscal que ha servido de base al auto de archivo, en diciembre de 2004, “estando casi cerrada la operación de venta de ocho embarcaciones a Venezuela”, Gómez Jaén encargó a Javier Salas que viajara a Caracas para comprobar la solvencia de dos venezolanos que se habían ofrecido como mediadores para la operación. Salas no solo había sido presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) y jefe del propio Gómez Jaén, sino que seguía siendo consejero de la empresa pública Red Eléctrica y asesoraba en la reestructuración de Izar, la sociedad antecesora de Navantia.

Los venezolanos eran Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malave Benavides, con los que el astillero español había trabajado años atrás. En octubre de 2004, Carvallo viajó a Madrid con el séquito oficial del entonces presidente Hugo Chávez y aprovechó para pesentarse a la naviera española como agente en Venezuela.

Salas, a quien Navantia encargó verificar la solvencia de Carvallo y Malave, llegó a un acuerdo verbal con ellos para, utilizando “sus contactos e influencias en España”, lograr que se convirtieran en mediadores de la venta de los buques, “a cambio de sustanciosos importes” de dinero para él mismo.

Entre el 24 de febrero y el 30 de septiembre de 2005, se firmaron tres contratos entre el astillero español y la empresa Rebazve, constituida por los dos venezolanos para esta operación. En el tercero de los acuerdos, a los que el fiscal atribuye diversas irregularidades, se fijaba que Rebazve cobraría hasta el 3,5% del importe total de los ocho buques —cuatro de vigilancia oceánica por 721,5 millones de euros; y cuatro de vigilancia litoral por 523,7—; es decir, un máximo de 43,5 millones.

El fiscal asegura que los responsables de Navantia eran conscientes de que “la retribución pactada con el agente era excesiva”, pero la aceptaron porque este sobrecoste iba a ser asumido por Venezuela “al formar parte del precio final de las embarcaciones”.

En mayo de 2006, el representante de Rebazve abrió dos cuentas corrientes en el banco BSI de Ginebra para ingresar las comisión pactada y dio instrucciones sobre cómo debía repartirse: el 30% (13 millones) sería para Javier Salas, su socio y exsubordinado en el INI Antonio Rodríguez Andía y el agente financiero Diego Azqueta Bernar. Estos dos últimos, “al enterarse de los perjuicios que les podía acarrear aparecer como beneficiarios directos de los fondos”, según el fiscal, pidieron al banco no figurar en la lista.

El 70% (30,4 millones) restante se repartiría entre los venezolanos: el 31,5% (13,7) para los dos socios de Rebazve; el 17,5% (7,6) para el exmilitar Mario José Gregorio Rivero; el 14% (6) para Luis José Mendoza Marín; y el 7% (3) para Raúl José Hernández Revelo. No hay documentación que justifique el pago a estos tres últimos, apostilla el fiscal.

Para “dar apariencia de legalidad” y “ocultar” el cobro de los fondos procedentes de Navantia por parte de los españoles se recurrió a una empresa de Rodríguez-Andía, Camino Nuevo, que firmó dos contratos de “asesoramiento y consultaría” con Rebazve, la firma de los venezolanos, por 12,4 millones; el 1% del valor de los buques. A cambio, Salas y su socio consiguieron, según el fiscal, que Navantia contratara a Rebazve y acompañaron a los venezolanos a reuniones con directivos del astillero.

Camino Nuevo empezó a cobrar de Rebazve en una cuenta del EGB Bank de Zurich que se cerró en octubre de 2010, coincidiendo con el inicio de la investigación judicial, y que no estaba declarada a Hacienda, aunque posteriormente se regularizó. Salas y su socio se repartían al 50% la comisión de las patrulleras, mientras que Azqueta, que puso en contacto a venezolanos y españoles, debía recibir el 7,4% a través de la sociedad Medco Shipbrokers.

Camino Nuevo declaró como ingresos los pagos de Rebazve y como gastos deducibles los pagos a Salas, a Azqueta e incluso a una sociedad de Rodríguez-Andía a pesar de que, según un informe pericial, estos no realizaron actividad alguna para dicha empresa. El peritó concluyó que Rodríguez-Andía debió tributar dichas cantidades por el IRPF y no por el Impuesto de Sociedades, más ventajoso, y estimó la cuota defraudada en 1,3 millones entre 2008 y 2010. Sin embargo, el juez ha asumido finalmente la interpretación del Ministerio Público, según la cual en esas fechas había dudas sobre el régimen fiscal aplicable y si Hacienda, que no abrió ningún expediente, no valoró entonces “la trascendencia tributaria de la cuestión, difícilmente podrá ser valorada [ahora] a efectos penales”.

Aunque no están documentados, el fiscal estima que “los escasos y espléndidamente remunerados” servicios que prestó Salas a los venezolanos no fueron una simulación, sino que tuvieron un beneficio real para la trama, a la que sirvió de “conseguidor”. Su actuación, agrega, es “censurable”, pero no constituye delito: se aprovechó de “su prestigio y experiencia profesional, sus excelentes relaciones con Gómez Jaén [presidente de Navantia] y con los máximos responsables de la SEPI”, para cobrar de la empresa venezolana “a la que había recomendado personalmente” ante el astillero público.

El fiscal reconoce que “el procedimiento se ha dilatado en exceso”, pero lo achaca a las comisiones rogatorias que, sin resultado, se han remitido a distintos paraísos fiscales. “No ha sido posible”, se lamenta, “averiguar el último destinatario de los fondos transferidos por Rebazve [la empresa de los dos venezolanos] y procedentes de Navantia”.

Uno de los cabos sueltos es la investigación que en su día abrió la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz. Cuando en agosto de 2017 huyó de su país, entregó a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá (Colombia) varias carpetas sobre episodios de corrupción. Una de ellas llevaba por título: “Caso sobreprecio en construcción de buques para la Armada española. Hevert García Plaza, alto mando militar”. En junio de 2019, la juez española remitió una comisión rogatoria a EE UU para acceder al expediente, pero se rechazó con el argumento de que no aportaba datos suficientes para localizarlo. García Plaza es un exgeneral venezolano que fue ministro de Alimentación de Maduro y pasó a colaborar con Washington tras ser acusado en 2015 de corrupción.

José Mariano Benítez de Lugo, abogado de Gómez Jaén, lamenta que el fiscal y la juez hayan tardado tanto en reconocer que no hubo delito de malversación de fondos públicos, cuando desde el principio estaba claro que la comisión de los intermediarios se incluyó en el precio de los buques y fue pagada por Venezuela. “¿Quién repara a mi cliente [el expresidente de Navantia] los perjuicios personales y profesionales por haber estado investigado durante diez largos años sin el menor fundamento?”, se pregunta.

Un portavoz de Navantia ha subrayado que la empresa pública “respeta y acata las decisiones judiciales” y ha recordado que la propia compañía estaba personada en el procedimiento y “ha colaborado en todo momento con la investigación judicial”.

El País

Categorías: Tortuga Antimilitar

Miles de personas se manifiestan en Donostia para denunciar la militarización y la represión policial

26 January, 2021 - 00:00

La manifestación, que se ha llevado a cabo a partir de la 12:00 horas de hoy, sábado, se convocó para denunciar la “represión y criminalización” de la juventud por parte de la clase política gobernante y de su policía (la Ertzaintza) al servicio de la burguesía vasca.

Por Insurgente

Al menos 38 agentes u organizaciones han respondido a la convocatoria de la Alde Zaharreko Gazte Asanbladak, en la que han participado unas 3.000 personas.

La manifestación, que se ha llevado a cabo a partir de la 12:00 horas de hoy, sábado, se convocó para denunciar la “represión y criminalización” de la juventud por parte de la clase política gobernante y de su policía (la Ertzaintza) al servicio de la burguesía vasca.

Durante la manifestación, que ha terminado en la Plaza de la Trinidad, de Alde Zaharra, se han escuchado gritos contra la Ertzaintza, tales como “Zipaioak herriaren etsaiak” o “Zipaioak auzotik kanpora” (“Cipayos, enemigos del pueblo”, “Cipayos, fuera del barrio”. Igualmente, se han proferido gritos contra la policía municipal. Por otra parte, también se han escuchado muy claro los gritos de “Burgesia hiltzailea” y “Aurrera klase borroka” (“Burguesía asesina” y “Adelante la clase obrera”.

No ha faltado tampoco el recuerdo a Iñigo Cabacas, que fue asesinado por un pelotazo de goma lanzado por un miembro de la Ertzaintza.

En Alde Zaharra (parte vieja) de Donostia (también en otros lugares de Hego Esuskal Herria), en los últimos tiempos se han vivido escena de represión por parte de la citada policía.

Todo comenzó el 12 de diciembre de 2020, luego de que la Ertzaintza y la Policía Municipal agredieran a varios jóvenes. Para denunciar este caso de acoso, el 14 de diciembre se realizó una manifestación convocada, como la de hoy, por la Alde Zaharreko Gazte Asanbladak. En éste caso intentaron detener a un joven al final de la manifestación, y los enfrentamientos comenzaron a partir de entonces. Esa noche dos personas fueron detenidas y, días después, otra persona fue detenida en la calle.

Cabe subrayar que, desde entonces, la presencia de la Ertzaintza y la Policía Municipal ha sido constante en Alde Zaharra de Donostia. El 16 de enero, la Ertzaintza volvió a actuar contra un grupo de jóvenes, deteniendo a cuatro de ellos.

La policía vasca colocó furgonetas y coches en diferentes puntos del barrio, y el 20 fue el día que la represión policial creció sobremanera. Esta provoco enfrentamientos duran buena parte de la noche y se saldó con cuatro personas detenidas y varias más heridas, una de ellas con la mandíbula rota.

Como ya informamos en insurgente.org, destacar que durante esa noche el jefe de la Ertzaintza dio la orden a sus subordinados de “Vamos a tirara dar, ¿vale?”.

Todo un ejemplo de cómo funciona este cuerpo policial, que trabaja para la burguesía vasca y la mantenemos o pagamos los y las trabajadoras.

Fuente: https://kaosenlared.net/miles-de-pe...

Categorías: Tortuga Antimilitar

¿Podemos saber el gasto militar de 2019? (4ª parte)

26 January, 2021 - 00:00

Ver también:

¿Podemos saber el gasto militar de 2019? (1ª parte)

¿Podemos saber el gasto militar de 2019? (2ª parte)

¿Podemos saber el gasto militar de 2019? (3ª parte)

Fe de erratas: En la anterior entrega cometí un error fatal. Al anticipar el monto total de gasto militar ejecutado que había podido estimar, ofrecí la exagerada cifra de 25.293,71 millones de euros, una vez contabilizada la deuda aplicable al gasto militar.

Es un error. Y, aunque la cifra es exagerada, se queda corta con la real que, por un error de transcripción, fijé en 10.000 millones de euros menos de lo que realmente importa el gasto militar ejecutado: 25.293,71 millones de euros. No siempre mi coordinación en el teclado es adecuada y puse un «2» donde debía poner un «3».
De modo que el gasto ejecutado pasa de exagerado a estratosférico, como veremos en el desarrollo de esta cuarta entrega, aunque, por acabar de decirlo, de lo estratosférico pasa a la categoría de sideral si nos fijamos en la cifra final de gasto militar + control social ejecutado desde la administración central del Estado, 46.388,60 millones de euros (cantidad que podemos aumentar más aún si contabilizamos el gasto de las comunidades autónomas para las políticas de control social).

Confesado el pecado, sigamos adelante.

Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Se consignan en el mismo diversas partidas que la liquidación del gasto tampoco aclara y cuyos importes hemos podido estimar por otras fuentes.

En primer lugar, está la partida que este ministerio transfiere a Defensa por operar los barcos y aviones de la Agencia tributaria.

la Agencia Estatal de Administración Tributaria dispone, entre otros medios, de una flota de embarcaciones y aeronaves que, tripuladas por funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Vigilancia Aduanera, tienen la consideración legal de Resguardo Fiscal del Estado y el carácter de buques auxiliares de la Armada, o de aeronaves del ejército del aire según lo establecido en el Decreto 1002/1961, de 22 de junio, por el que se regula la vigilancia marítima del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal para la Represión del Contrabando.

Hacienda contaba en 2019 con cuatro medios aéreos, operados por el ejército del aire y 48 buques propios.

Conforme a estos, el Ministerio de Hacienda abona diversas cantidades a Defensa. Con arreglo al Convenio celebrado entre el Ministerio de Defensa y de Hacienda de 9 de diciembre de 2020 (BOE 328 de 17 de diciembre de 2020, págs. 115938 a 115946), el pago por uso de instalaciones militares para el resguardo de estos barcos genera un coste anual de no más de 320.000 euros y no menos de 80.000.

Por su parte el convenio entre vigilancia aduanera y el ejército del aire de 2014, vigente hasta 2020 ha dado la gestión de operar las aeronaves de Hacienda al ejército del aire, con un coste anual de más de 6 millones de euros.

Al mismo tiempo, abona los gastos plurianuales de Defensa e Interior, por importe de 39,14 millones de euros.

En tercer lugar, se encuentran las aportaciones anuales que Hacienda realiza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para cubrir las pérdidas de Navantia, que, según hemos conocido de la memoria anual de cuantas de dicha entidad para 2019 alcanzaron los 350,49 millones en dicho ejercicio en concepto de créditos participativos para evitar la quiebra de la entidad, como puede verse en las propias cuentas anuales y detallamos en otro trabajo para este blog.

Por último existe otra partida de la que no contamos con elementos suficientes para verificar si se ha aumentado o no, que es la aportación desde hacienda para formación profesional de militares, estimada en 0,35 millones de euros.
La suma de participación de este Ministerio, incluyendo las ayudas de SEPI, es elocuente, nada menos que 395,98 millones de euros.

Nuestra suma sigue subiendo:

  • Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  • Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  • Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  • Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  • Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  • Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  • Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  • Ministerio de Agricultura ´26,88 mill. de euros
  • Ministerio de Hacienda 395,98 mill de euros
  • Subtotal 20.001,70 mill. de euros

Ministerio de Trabajo

El ministerio de trabajo participa del gasto militar subvencionando programas de formación para personal de las fuerzas armadas.

El convenio celebrado entre el SEPE y el Ministerio de Defensa el 13 de diciembre de 2018, con vigencia a partir del año siguiente, fijó la cantidad provisiona(estipulación 4), hasta que se establezcan las bases reguladoras fijadas por ley, en 6 millones de euros.

A ello hay que unir el capítulo de coordinación curricular con una comisión que estimamos mantiene un gasto mínimo de 0.1 millones de euros.

Ello arroja la cifra de 6,10 millones de euros, frente a la de 1´1 que en su día estimamos.

De este modo, la cifra del gasto militar aumenta así:

  • Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  • Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  • Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  • Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  • Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  • Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  • Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  • Ministerio de Agricultura 26,88 mill. de euros
  • Ministerio de Hacienda 395,98 mill de euros
  • Ministerio de Trabajo 6,01 mill de euros
  • Subtotal 20.007,70 mill. de euros

Otros ministerios.

Hemos agrupado los ministerios en los que no hemos detectado variaciones ni convenios que actualicen o hagan transparentes los pagos a Defensa.
Aquí hemos agrupado el Ministerio de Presidencia, el de fomento, el de educación cultura y deporte y el de sanidad, con una contribución residual, de 0´98 millones de euros, lo que incorporado a la cifra que hasta ahora hemos manejado arroja un subtotal de gasto militar de 20.008,68 millones de euros, con arreglo al siguiente desglose:

  • Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  • Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  • Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  • Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  • Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  • Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  • Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  • Ministerio de Agricultura 26,88 mill. de euros
  • Ministerio de Hacienda 395,98 mill. de euros
  • Ministerio de Trabajo 6,01 mill. de euros
  • Otros ministerios 0,98 mill. de euros
  • Subtotal 20.008,68 mill. de euros

Pagos plurianuales:

Tampoco hemos verificado el aumento de gasto en estos pagos. Hay que consignar, por ello, la cantidad que en su día atribuimos a éstos, conforme a los programas de pago aprobados sucesivamente en acuerdos del Consejo de Ministros.
Su importe es de 377,48 millones de euros, a sumar a nuestra ya larguísima cuenta.

  • Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  • Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  • Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  • Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  • Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  • Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  • Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  • Ministerio de Agricultura 26,88 mill. de euros
  • Ministerio de Hacienda 395,98 mill. de euros
  • Ministerio de Trabajo 6,01 mill. de euros
  • Otros ministerios 0,98 mill. de euros
  • Pagos plurianuales M.Def. 377,48 mill. de euros
  • Subtotal 20.386,16 mill. de euros

Centros universitarios de la defensa

La liquidación de gasto nos arroja también la cantidad liquidada a estos centros, 14,43 millones de euros a los que ha y que sumar las cantidades que dichos organismos reciben en concepto de otros ingresos, hasta alcanzar los 18,45 millones de euros.

  • Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  • Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  • Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  • Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  • Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  • Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  • Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  • Ministerio de Agricultura 26,88 mill. de euros
  • Ministerio de Hacienda 395,98 mill. de euros
  • Ministerio de Trabajo 6,01 mill. de euros
  • Otros ministerios 0,98 mill. de euros
  • Pagos plurianuales M.Def. 377,48 mill. de euros
  • C. U. Defensa 18,45 mill. de euros
  • Subtotal 20.404,61 mill. de euros

Casa del Rey, Cortes Generales

También consignábamos gasto militar en la Casa Real y en el parlamento.
Tampoco la liquidación de gasto de estos organismos ha variado respecto del crédito inicial, por lo que vamos a dar por buenas las cantidades estimadas en su día, 1,1 millones de euros y 0´64 respectivamente.

5. TOTAL DE GASTO MILITAR EJECUTADO ANTES DE DEUDA.

Una vez desglosados todos los capítulos anteriores, ofrecemos el cuadro resumen de nuestro gasto militar ejecutado antes de deuda.

El gasto militar de 2018 detectado por nosotros en todas las partidas arriba reflejadas constituye nada menos que el 20,43% del gasto liquidado y asignado a la suma de todos los ministerios, una cifra muy preocupante porque, haciendo una comparación con otros países, no son muchos (y tampoco tienen muy buena fama) los que gastan casi el 21 % del presupuesto que destinan a sus ministerios a alimentar la voracidad de sus ejércitos y políticas militares. Y es que en esto, SPAIN sí que es verdaderamente diferente.

La misma cifra equivale al 12 % el total de gasto ejecutado ( es decir, ministerios más otros organismos públicos y prestaciones), sin contabilizar la deuda pública, en 2019, incluyendo junto con los ministerios el resto de gasto de nuestras cuentas públicas, una cifra verdaderamente escandalosa, pues implica que 12 euros de cada cien gastados en un año por el estado (sin incluir en lo gastado la elevada cifra de deuda pública pagada y la pesada carga de deuda pública contraída y a pagar en sucesivos años) se destina a sostener el gasto militar estricto. Tampoco son tantos los países que destinan un esfuerzo presupuestario tan elevado a financiar su estructura militarista.

Y las cosas empeoran mucho más si a la cifra de gasto militar estricto sumamos las restantes partidas de la política de interior que financia la otra columna del gasto en políticas securitizadoras y militaristas. En ese caso tenemos que nada menos que 26.787,25 millones de euros se pueden calificar de gasto militar y de control social, el 26,8% de nuestro gasto ministerial se destina al esfuerzo militarista, una proporción de gasto descabellada y que desenmascara un cierto autoritarismo presupuestario muy pernicioso para los intereses sociales.

Esa cifra equivale a nada menos que 15,8 euros por cada 100 gastados por el Estado en 2018 se han destinado a esa militarización que venimos denunciando.

Por desgracia, para la completa cuantificación del gasto militar español contraído por la administración central, nos falta aún aplicar un par de ajustes, para cuantificar además la participación en la deuda pública contraída y pagada en 2019 que este gasto representa.

5) DEUDA IMPUTABLE AL GASTO MILITAR EN 2019.

Debido a que nuestras cuentas públicas son deficitarias, deben ser financiadas con deuda pública que se adquiere año tras año, para su pago en los sucesivos, así como la que corresponde pagar por los años anteriores en cada ejercicio.

En concreto, la liquidación de IGAE de 2019 ha consignado un pago de deuda pública de 124.059,20 euros, con un gasto de 11.201, 08 millones de euros por encima de la deuda presupuestada.

Es evidente que un porcentaje de dicha deuda debe ser imputada al gasto militar. En nuestro caso, debido a que la suma de gasto militar español supone, como hemos dicho en otro momento, un 12 % del gasto público, es este el porcentaje en el que se debe imputar al gasto militar la deuda pagada por el estado.

Esto arroja una cifra de deuda imputable al gasto militar de 14.887,10 millones de euros, cantidad que hay que sumar a los ya referidos 20.406,61 millones de euros, para aproximarnos a la cifra de gasto militar que debemos imputar al año 2019, nada menos que 35.293,71 millones de euros, una cifra verdaderamente intolerable, que arroja 750 euros por persona en dicho año sólo para financiar uan política militarista que no hemos decidido, que no nos han consultado y que tampoco nos han explicado ni alertado de sus consecuencias y costes.

Cifra que se elevará más aún si consideramos la suma de gasto militar y control social e imputamos a éste la deuda correspondiente a dicha suma. En este caso no hay adjetivo para calificar el escandaloso gasto estatal para llevar a cabo todas las políticas y tener engrasados todos los dispositivos necesarios para ello, de militarización social. Estamos hablando de 46.388,60 millones d euros, caso una sexta parte del total presupuestario destinado a nuestro control y al ejercicio institucional del paradigma de dominación y violencia que rige las lógicas que aplica.

(Próxima entrega: Consecuencias de este aspecto cuantitativo.).

Categorías: Tortuga Antimilitar

Antimilitaristas denuncian en Alacant la participación española en la venta de armas para la guerra de Yemen

25 January, 2021 - 10:30

Con algunas horas de anticipación a las nuevas medidas anticovid decretadas en la Comunidad Valenciana, que prohíben, entre otras cosas, que más de dos personas de unidades familiares diferentes coincidan en la vía pública, un pequeño grupo de activistas del Grup Antimilitarista Tortuga se concentró ante las puertas del puerto comercial de la ciudad de Alacant para denunciar la complicidad del gobierno español y de diversas empresas bélicas, así como de las entidades bancarias que las financian, en el comercio y tráfico de armamento con destino a las dictadura de Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Dicho armamento, en no pocos casos, es empleado en la guerra que dichas dictaduras árabes mantienen en el vecino Yemen.

Este acto se inscribe en la campaña internacional "World Says No To War on Yemen", cuya acción global se realiza en diversos países del mundo el lunes 25 de enero: https://docs.google.com/forms/d/e/1...

Organizaciones de derechos humanos cifran en más de 300.000 las muertes ocasionadas en esta guerra. Una parte de ellas son por combates y bombardeos, pero hay que alertar también de numerosas muertes indirectas producidas por el bloqueo de suministros alimentarios que la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes, país de residencia del rey emérito Juan Carlos de Borbón, están aplicando a Yemen. No hay que perder de vista las ventas de corbetas, ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, que la empresa estatal española Navantia ha realizado para la dictadura saudí y cómo éstas serán utilizadas para intensificar el bloqueo de suministros a los puertos yemeníes.

El acto transcurrió sin incidentes.

Declaración Conjunta: El Mundo Dice No a la Guerra en Yemen

Convocatoria a la protesta internacional – Lunes, 25 de enero de 2021.

El bombardeo y el bloqueo liderado por Arabia Saudita desde 2015 contra Yemen ha matado a decenas de miles de personas y ha devastado el país. Naciones Unidas califica esto como la mayor crisis humanitaria en la tierra. La mitad de los habitantes del país está al borde de la hambruna, el país tiene el peor brote de cólera del mundo en la historia moderna y ahora Yemen tiene una de las peores tasas de muerte por COVID en el mundo: mata a una de cada cuatro personas que son diagnosticadas positivas. La pandemia, junto con la retirada de la ayuda, empuja a más gente al hambre acuciante.

A pesar de esto Arabia Saudita está aumentando la guerra e intensificando el bloqueo.

La guerra es posible únicamente porque países occidentales – en particular Estados Unidos y Reino Unido – continúan armando a Arabia Saudita y proporcionándole apoyo militar, político y logístico. Las potencias occidentales participan activamente y tienen la capacidad de detener la crisis humanitaria más aguda del mundo.

El desastre en Yemen es obra humana, está causado por la guerra y el bloqueo, se puede detener.

Personas y organizaciones de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Italia y de otros lugares del mundo, se unen para pedir el fin de la guerra en Yemen y solidaridad con sus habitantes. Exigimos ahora mismo a nuestros gobiernos:

–> Paren la agresión contra Yemen
–> Paren el suministro de armas y el apoyo a la guerra de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos
–> Levanten el bloqueo sobre Yemen y abran todos los puertos y aeropuertos
–> Restablezcan y aumenten la ayuda humanitaria al pueblo yemení

Pedimos a la gente de todo el mundo que se manifiesten contra la guerra el 25 de enero de 2021, justamente unos días después de la inauguración presidencial en Estados Unidos y del día previo a la Iniciativa de Inversión `Davos en el Desierto´ de Arabia Saudita.

Pedimos a personas y organizaciones en todo el mundo que ese día se manifiesten en sus localidades -con las mascarillas y otras medidas de prevención- para decir alto y claro:

EL MUNDO DICE NO A LA GUERRA CONTRA YEMEN

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Ver también: Las corbetas que vende Navantia se usan para bloquear puertos en Yemen y que no pueda entrar ayuda humanitaria

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Más sobre Tortuga

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Las comparaciones son odiosas: Barcelona, terroristas, Yemen

25 January, 2021 - 00:01

Este pasado 21 de enero la Fiscalía ha anunciado que hace definitivas sus peticiones de cárcel para los tres acusados de colaborar con la célula terrorista causante de los atentados en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017.

En ningún momento quiero frivolizar con los tristes sucesos, sólo pretendo poner el punto de atención en nuestra hipocresía. Ya sabemos que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio.

Los tres reos están acusados de colaboración con los que cometieron aquellos asesinatos que lamentamos todos.

Mohamed Houli Chemlal está acusado de haber participado en la elaboración de explosivos. 41 años de reclusión pide la Fiscalía.

Driss Oukabir está acusado de ayudar a los terroristas entre otras cosas a conseguir una furgoneta. 36 años pide la Fiscalía.

Said ben Iazza está acusado de suministrarles sustancias para crear los explosivos. 8 años de cárcel pide la Fiscalía.

Los tres procesados proporcionaron armas y medios a la célula yihadista.

Según la RAE arma es el instrumento, medio o máquina destinado a atacar o defenderse.

Esta definición de nuestra ilustre academia de la lengua se nos queda corta; me gusta más esta que nos propone Marcelo Colussi:

“Cuando decimos "armas" nos referimos al extendido universo de las armas de fuego (aquellas que utilizan la explosión de la pólvora para provocar el disparo de un proyectil), el cual comprende un variedad casi infinita que va desde lo que se conoce como armas pequeñas (revólveres y pistolas -las más comunes-, rifles, carabinas, sub-ametralladoras, fusiles de asalto, ametralladoras livianas, escopetas), armas livianas (ametralladoras pesadas, granadas de mano, lanza granadas, misiles antiaéreos portátiles, misiles antitanque portátiles, cañones sin retroceso portátiles, bazookas, morteros de menos de 100 mm.), a armas pesadas (cañones en una enorme diversidad con sus respectivos proyectiles, bombas, explosivos varios, dardos aéreos, proyectiles de uranio empobrecido), y los medios diseñados para su transporte y operativización (aviones, barcos, submarinos, tanques de guerra, misiles), a lo que hay que agregar minas antipersonales, minas antitanques, todo lo cual constituye el llamado armamento convencional.”

Pues ninguno de estos elementos citados estuvieron en manos de los susodichos reos.

Sin embargo aquí va un breve listado de productores en suelo patrio de armas ARMAS.
(Digo breve porque el Ministerio de Defensa cuenta en su catálogo con un total 608 empresas inscritas en la industria armamentística, que suman una cifra de negocio en 2015 de 5.891 millones de euros, de la que más del 83% se factura en el exterior).

EXPAL Explosivos Alaveses SA. está dedicada a la fabricación de sistemas y granadas de mortero de 60mm, 81mm y 120mm. Está especializada en la munición de artillería y cargas de proyección, espoletas de granadas, proyectiles y bombas de aviación, explosivo plástico y artefactos de demolición.
MAXAM, sede Madrid fabrica todo tipo de explosivos para distintos sectores, desde la minería a la defensa.
SANTA BARBARA, especializada en armas y vehículos blindados, fusiles de asalto, de cañón ligero, lanzadores automáticos de granadas, municiones, ametralladoras, miles antiaéreos, lanzacohetes y torretas con artillería para carros de combate y vehículos blindados.
INSTALAZA, armas de infantería de un solo uso, bombas y granadas, dispositivos de visión nocturna para ser usados con fusiles de asalto
MBBDA, Se trata del mayor consorcio empresarial de misiles europeo, que cuenta con sede en Madrid.
SAPA PLACENCIA. Esta compañía fabrica artillería pesada, antiaérea y armas ligeras,
OTO MELARA IBÉRICA, vehículos blindados, torretas y cañones.
RAFAEL Advanced Defense Systems. Compañía israelí que se instala en España en 2010. Fabricante de misiles anticarros y vehículos.
Said ben Iazza, acusado de suministrar sustancias.
Driss Oukabir, está acusado de conseguir una furgoneta.
Mohamed Houli Chemlal, acusado de participar en la elaboración de explosivos.
INDRA, sistemas de vuelo de los aviones de combate F-2000, los Helicópteros Tigre y NH-90; toda la electrónica y sistemas de comunicación de toda clase de buques de guerra y submarinos que construye la estatal Navantia; los blindados Pizarro y Leopardo que fabrica Santa Bárbara Sistemas; el guiado de misiles que disparan todos estos armamentos; sistemas de guerra electrónica.
NAVANTIA, construcción de patrulleros de altura, grandes buques militares, patrulleros rápidos y buques especiales, cuenta además con una fábrica de sistemas de última tecnología, donde se desarrollan sistemas de combate, armas, sistemas de control de buques y de seguridad marítima. Las corbetas que vende Navantia se usan para bloquear puertos en Yemen y que no pueda entrar ayuda humanitaria.

Pit, pit piiiit, pit, piiiiittt))))))))
Perdonen, estoy recibiendo un aviso desde redacción.
Pi, pit piiiit, pitt, piiii))))

Ah, sí.
Parece ser hay un error. Sin querer he mezclado datos en el listado de fabricantes de armas y se han catalogado en ellas tres nombres que no tienen licencia oficial. Y, por tanto, estos tres errores no tienen nada que ver con la exportación de armas a lugares en conflicto como YEMEN.

Categorías: Tortuga Antimilitar

Por qué el gobierno de España es cómplice de las más de 300.000 muertes en la guerra de Yemen

25 January, 2021 - 00:00

Isa Ferrero

Autora de 'Negociar con asesinos. Guerra y Crisis en Yemen'

Aproximadamente 310.000 personas han muerto en una guerra que se ha mostrado devastadora. Yemen corre el peligro de vivir una hambruna como no se ha visto en décadas. Mientras, el gobierno de España destina mil veces menos ayuda humanitaria en comparación a los 435,2 millones autorizados a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en el 2019.

Poner cifras a horrores que suceden a diario tiene el riesgo de deshumanizar el sufrimiento que viven a diario millones de personas. No obstante, es imprescindible que se haga para ser consciente del grado de destrucción que provocan las guerras y la alta inmoralidad en la que se sustenta el comercio de armas, los "instrumentos de muerte que fabricamos para los que viven en Oriente Próximo", como decía Robert Fisk.

Uno de los esfuerzos más importantes que se han realizado en este sentido es el informe de abril de 2019 del Pardee Center para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este estudio permitió, en el año 2019, poner una cifra real al conflicto. De aquí viene el dato de las 233.000 muertes.

El informe fue muy importante porque, aparte de hacer una radiografía de los severos daños que van a pagar las generaciones venideras en Yemen, reveló el enorme coste humano de esta guerra. Uno de los aspectos más destacables es que ya en el año 2019 más de la mitad de las muertes producidas se debían a causas indirectas como la "falta de acceso a comida, servicios sanitarios e infraestructura". Este enorme sufrimiento era completamente predecible, tal como lo admitió uno de los hombres claves de la administración Obama en Oriente Próximo, Robert Malley.

Los instrumentos de muerte exportados desde Occidente han servido para que la Coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos iniciara una mezquina campaña de bombardeos contra la población, las infraestructuras y contra la agricultura del país. Una campaña para matar de hambre a la población que ha venido de la mano de un bloqueo por tierra, mar y aire. No hay ningún tipo de duda de cuál era el objetivo: Yemen, un país extremadamente pobre, "siempre ha dependido de importar comida" y antes de la guerra importaba el 90% de ella.

Esta es la razón por la que resulta desconcertante pensar que el gobierno de España sigue empeñado en vender cinco corbetas a Arabia Saudí por 1.800 millones de euros, tal como lo ha dejado caer la secretaria de comercio, Xiana Méndez Bértolo. Una venta que no solo es contraria al Tratado sobre el Comercio de Armas (2014), sino que también es ilegal con respecto a la ley española 53/2007.

No obstante, han pasado casi dos años y el coste humano es cada vez más grande. Por lo tanto, es necesario revisar este dato. Por un lado, hay que sumar a las 233.000 muertes las producidas en combate durante el año 2020, dadas por el "Armed Conflict Location and Event Data Project" (ACLED). Hemos utilizado los datos del ACLED, porque según el estudio "son más representativos" que el resto.

Desde el 1 de enero de 2020 al 8 de enero de 2021, 19.831 personas han muerto. Aunque para hacer una estimación adecuada, hay que sumar las del año 2015. La razón es que el informe no las cuenta porque en ese momento el ACLED no había reportado esos datos y se utilizó para el cálculo la cifra de 6.778 procedente del UCDP. Ahora sabemos que, durante el año 2015, ha habido 17.474 víctimas mortales, una diferencia de 10.696.

A todas estas cifras actualizadas del ACLED, hay que sumarle las muertes indirectas. Para ello, nos hemos puesto en contacto con el director del Pardee Center, Jonathan D. Moyer. Aproximadamente 46.333 personas murieron de forma indirecta, lo que supone que en el año 2020 ha habido cerca de 66.000 muertes.

Sumando esta cifra a las nuevas que nos ha proporcionado el ACLED, se llega a la conclusión de que aproximadamente 310.000 personas han muerto en la guerra de Yemen.

Sin embargo, conviene hacer varias precisiones. Este informe se realizó en abril del año 2019, y, por lo tanto, no ha tenido en cuenta el grave deterioro de la crisis humanitaria vivida en Yemen durante el año 2020. La situación ha ido empeorando, pese a que a finales del año 2019 había cierto optimismo.

Los enfrentamientos entre todas las partes beligerantes se han intensificado. En el norte, los hutíes siguen dando muestra de su crueldad contra la población, mientras que en el sur es cada vez más palpable el fracaso de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos de formar un gobierno estable. Lamentablemente, la alta violencia ha coincidido con inundaciones muy severas y con la llegada del coronavirus. La gente no solo enfrenta la amenaza del hambre, sino que, de igual forma, está acorralada por otras epidemias como el cólera, la malaria y la difteria, tal como nos cuenta Eva Erill, de Solidarios Sin Fronteras, que lleva desde el año 2015 intentando hacer lo imposible para detener este desastre.

La respuesta de los países occidentales muestra una vez más la degradación moral de nuestras élites políticas. Aparte de enriquecerse con el comercio de armas, no han movido un dedo para financiar programas humanitarios que estaban colapsando por la falta de fondos. Se ha destinado solamente el 50% del plan de ayuda de Naciones Unidas de 2020, cuando este plan ya había sido recortado un 20% con respecto al año 2019. La decisión de la administración Trump de designar como organización terrorista a los hutíes es otro paso más para matar de hambre a millones de personas.

El pasado noviembre, el secretario General de la ONU, António Gutierres, advirtió que "Yemen está en inminente peligro de vivir la peor hambruna que el mundo ha visto en décadas". ¿Qué supone esto? Básicamente, reconocer que "millones de personas pueden morir" si no se actúa de inmediato. Además, se corre el peligro de volver a lamentables episodios vividos como el de Etiopía en el año 84 o el de Irak en la década de los 90.

La degradación moral también se traslada a España. Durante el año 2020, el Gobierno envió menos de 400.000 euros en ayuda humanitaria a Yemen. Una cantidad 460 veces inferior que la enviada por Alemania, pese a que este país decretó un embargo de armas a Arabia Saudí en el año 2018. La ayuda humanitaria enviada por España es del orden de mil veces inferior a la que autoriza con respecto a la venta de armamento. En el año 2019 se autorizó la venta de armamento de 435,2 millones de euros a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Durante el primer semestre de 2020 (el segundo semestre todavía no se conoce) se autorizó 121,31 millones de euros en armas a estos dos países, mientras que en esos mismos meses se envió 0 euros de ayuda humanitaria.

El pasado 21 de diciembre, el diputado de Unidas Podemos, Roberto Uriarte, presentó una Proposición no de Ley (PNL) apoyada por Joan Josep Nuet (ERC) y Jon Iñarritu (EH Bildu) para enviar ayuda humanitaria y que se atendieran las peticiones de las organizaciones humanitarias. Sin embargo, el Partido Socialista diluyó la PNL presentando una transaccional con el objetivo de retrasar el envío de ayuda humanitaria a Yemen y alejando cualquier prohibición o embargo a Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. Las relaciones diplomáticas con estos dos países siguen siendo vergonzosas, muestra de ello ha sido la huida pactada de Juan Carlos entre Partido Socialista y Felipe VI. El desprecio de nuestras élites hacia los derechos humanos es más que palpable en nuestro país. No es de extrañar el enfado de las organizaciones humanitarias y en defensa de los derechos humanos: las corruptelas de nuestras élites han pesado más que la vida de más de 300 mil personas.

Público

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Invierno

25 January, 2021 - 00:00

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Todos somos soldados, pero los generales van los primeros en la lista de vacunación

24 January, 2021 - 00:00

Ver también en Tortuga:

El Jemad y otros altos cargos del ejército se han puesto la vacuna del covid-19

Iñigo Sáenz de Ugarte

El Ministerio de Sanidad ha decidido aplazar la vacunación del personal sanitario que no esté en primera línea en la lucha contra la Covid para adelantar el inicio de la inmunización de las personas mayores. Otros se han dado más prisa. Un grupo numeroso de políticos, sobre todo en pequeños ayuntamientos, ya se ha saltado el protocolo aprobado para colarse en la lista de vacunaciones con todo tipo de excusas. Es una de esas cosas que no resulta sorprendente en este país. Habrá quien piense que esto es inaudito en mitad de una pandemia. En realidad, es al revés. Estaba cantado que algunos iban a ocuparse de hacer valer su posición en un momento de tantas urgencias como este.

Lo peor de todo es que se han vacunado en secreto y sólo se ha sabido gracias a los medios de comunicación. En la parte positiva, hay que apuntar que estos chanchullos se han conocido muy pronto, cuando aún no se ha consumido el primer mes de un proceso que será muy largo, y se supone que se tomarán las medidas necesarias para que algo así no se repita.

Entre las revelaciones inesperadas está la de que las Fuerzas Armadas ya han recibido su cupo personal e intransferible de vacunas. Antes de que los médicos de urgencias en los hospitales reciban su dosis, nos hemos enterado de que los generales ya han enseñado el brazo para que les pinchen. Y evidentemente nadie se había molestado en comunicarlo. De hecho, ni siquiera lo sabía la ministra de Defensa. La sanidad militar tiene su propia estructura, pero eso no justifica que tenga su propio protocolo por el que los que tienen más estrellas no deben esperar mucho tiempo.

Puestos a encontrar razones de peso, no parece un error que se vacune a los militares destinados a misiones internacionales en países con una infraestructura sanitaria inferior a la española o que partan en una misión en un buque durante varias semanas. Lo que es más difícil de aceptar es que el jefe de Estado Mayor de la Defensa, que trabaja en un despacho, haya recibido su primera dosis. El general Miguel Ángel Villarroya tiene 63 años. Los españoles de más de 70 años que viven en su casa aún no han sido vacunados.

Villarroya animó las primeras ruedas de prensa del comité gubernamental de gestión del coronavirus con esas frases tan castrenses. "En esta guerra irregular y rara que nos ha tocado vivir, en la que nos ha tocado luchar, todos somos soldados", dijo en marzo.

Todos somos soldados, pero cuando llegan las vacunas los generales van los primeros en la lista. Lo contrario que en el campo de batalla, donde son los soldados los que saltan los primeros en la trinchera. Villarroya no es el único que ha demostrado el "espíritu de servicio" del que alardeaba en sus ruedas de prensa. Otros militares del Estado Mayor, más jóvenes que él, también se han sacrificado. Todo sea por España.

Los hay como Albert Rivera –qué raro que se metiera en la polémica en calidad de político jubilado– que han pedido que se vacune a los políticos con independencia de su edad "para dar ejemplo". Es algo que no parece ya necesario. Según una encuesta internacional de YouGov, ha aumentado de forma notoria el porcentaje de europeos que se han vacunado o están dispuestos a hacerlo. Veinte puntos más en Reino Unido, 19 puntos más en Italia o 18 puntos más en España. Incluso en Francia, el país europeo con mayor oposición a las vacunas.

El premio gordo de la lista de políticos con privilegios lo encabeza el ya exconsejero de Salud de Murcia, que incluyó a 400 altos cargos y funcionarios de su departamento en la vacunación exprés. En segundo lugar, se encuentra el consejero de Salud de Ceuta, que tiene el privilegio de haber ofrecido la explicación más surrealista (y la ventaja de que su presidente, del PP, no le cesará). Él no quería, porque ni siquiera le gustan las vacunas. No dijo por qué. Afortunadamente.

Después, aparecen una serie de alcaldes de pequeñas localidades que aprovecharon su oportunidad. El récord del descaro podría estar en la localidad vallisoletana de Villavicencio de los Caballeros. El alcalde, dos concejales y el cura del pueblo fueron inscritos como trabajadores de una residencia de ancianos que no habían pisado con el fin de inmunizarlos. Todo porque forman parte del patronato que controla la residencia.

El alcalde de La Nucía, en Alicante, alegó que es el médico del equipo de fútbol de la localidad. Mucho más peligroso que ser médico en un hospital. Otro argumento recurrente de otros cargos políticos es que "sobraban dosis", como si eso significara que había barra libre para los voluntarios. El senador tinerfeño Antonio Alarcó justificó sus privilegios por ser cirujano y población de riesgo, aunque aún no ha empezado la vacunación para esos grupos. El alcalde de Villahermosa del Río, en Castellón, dijo que era administrador de una residencia, un puesto que de momento se considera que no es personal sanitario.

Esta pandemia servirá para que no se contemple con tanta ternura eso que se ha llamado la picaresca española.

Entre los elegidos, hay nueve cargos electos del PSOE y siete del PP. No hay que ser un genio para saber que el partido que mire a otro lado al saberse que sus políticos le están echando mucha cara va a pagar un precio muy alto. Tras el papelón de Murcia, el PP ha prometido que reaccionará con "ejemplaridad" si se conocen casos de este tipo en su partido. El PSOE anunció el viernes que pedirá la dimisión de sus cargos públicos que incumplan el protocolo de vacunación, porque "no consiente este tipo de actitudes insolidarias". Se ha referido en concreto al alcalde de Asín, un pueblo de 98 habitantes.

No importa el tamaño del municipio. Ahora mismo no hay nada peor que recurrir al poder, por pequeño que sea, para saltarse la cola.

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No me gustan ni la "burrocracia", ni los bancos, ni, a veces... la policía

24 January, 2021 - 00:00

Corría el verano del año 2000, veraneaba en la isla de Ons con un novio lugareño, vivía en el paraíso; sin coches, sin contaminación, comiendo maravillas que nosotros mismos conseguíamos: pulpo, nécoras, bruños (centollos pequeños llenos como panes), almejas, maragotas, lubinas salvajes, percebes, sargos... Teníamos gallinas que comían nécoras. ¡Qué huevos! Teníamos patatas. ¡Qué huevos con patatas! Cebollas como platos de grandes. En esa época había mucha libertad; se podía coger de todo...
Ahora ya no.

Hacía un tiempo que nos habían invitado a una boda. Se casaba en Pontevedra capital una pareja amiga mía de toda la vida, M. y S., el 22 de julio. Pues ahí que nos vamos los dos. Fue una boda preciosa.

Al salir de la boda, al volver a casa, tuvimos un pequeño incidente. Nos metimos en un pequeño tramo de una callejuela de Pontevedra por prohibida. Juraría que era buena dirección hacía poco. Justo había un policía local dándonos el alto, yo iba de copiloto y le dije: frena M., que te has metido por prohibida... Frenó en seco y nos quedamos parados. El policía sacó a M. a la fuerza del coche y lo tiró al suelo, le hizo soplar y dio positivo. Yo tampoco estaba para conducir y nos llevó a la comisaría de la calle Joaquín Costa.

Estando en comisaría yo me quedé frita en los asientos de la entrada y, al despertar, tenía a M. al lado y le pregunté, medio malhumorada, que qué hacíamos allí, y me dijo que seguramente estaban esperando a que se nos pasara la borrachera.

Me fui a hablar con un policía que estaba haciendo papeles en una mesa y le dije que me explicara la situación y me dijo:

¡Usted siéntese, cállese! Le dije que prefería que me tuteara a que usara ese usted machacón y que hablábamos el mismo idioma, que me explicara. Me dijo que M. estaba acusado de conducir ebrio y de atentado a la autoridad. Alucinamos.

M., que hablaba solo gallego dijo: Eu que non boteu un petardo na miña vida nunha festa... (yo que no eché un petardo en mi vida en una fiesta...). M. pensaba que se le acusaba de atentado con bomba. Yo pegué una risotada nerviosa, con lágrimas en los ojos de la impotencia, se lo expliqué y se calmó un poco.

Yo jamás había tenido un altercado con la policía, y pregunté quién había hecho semejante acusación, la de atentado a la autoridad, y me señalaron al policía que nos había dado el alto, un tipejo joven, flaco y con cara de malas pulgas, y le grité: Esto es la policía, ¡¿la verdad y el orden?! ¡Esto es una panda de sinvergüenzas!

Le hicieron a M. las fotos pertinentes, recordad que íbamos los dos muy guapos vestidos de boda, lo querían encerrar en el calabozo. M. dijo que sufría claustrofobia y la policía optó por dejarle sentado en una silla fuera de las celdas. Yo lo pude acompañar, pude ver dentro de una de las celdas, la única que estaba ocupada, en la que había otro señor de otra boda.

Salí a sentarme con la mujer del de la celda, que lloraba desconsolada en una de las sillas de la entrada. Yo grité que les iban a dar una medalla a todos por sus detenciones de esa noche y que les podía pasar a cualquiera de sus hijas una noche de boda cualquiera. Se acercó un policía y me ofreció las llaves del coche y me dijo que me podía ir cuando quisiera. Con la “medio prea” que aún llevaba le dije, dando una palmotada en una mesa: yo he venido con M. y me voy con M.

Le hicieron un juicio rápido, le adjudicaron un abogado de oficio, que no era otro que V., otro amigo mío de toda la vida, que no hacía mucho que se había sacado la carrera. Le condenaron a un año sin carnet y 100.000 ptas. de multa (600 euros de ahora). El juez no se tragó lo del atentado a la autoridad ¡Menos mal!

Fuera de los juzgados me encontré con el policía de marras y le dije que en menudo marrón nos quería meter, y me dijo todo convencido: Metisteis la primera.

Continuará...

D.E.P- M. R. S. Siempre te llevaré en mi corazón.

No me gustan ni la "burrocracia", ni los bancos, ni, a veces, la policía (2).

Viene del capítulo anterior.

Corría octubre del año 2000, encontré trabajo en un horno-cafetería llamado Campolongo 5, en Marín (Pontevedra). Yo estaba de camarera en la cafetería y mi jefe, Don Ramón Crespo Figueroa, que era conocido de mi familia de hacía muchos años. Él y yo nos teníamos gran estima, me daba buenos consejos; fue el primer panadero en vender pan los domingos y había llegado a ser presidente del Pontevedra C.F. 1993-1997.

Don Ramón venía todos los días a tomarse su buena copa de vino, a veces lo hacía acompañado del policía que me mandó sentar y callar con el "usted" machacón, de la comisaría de la calle Joaquín Costa, con el uniforme. Le comenté a mi jefe el problema que había tenido ese verano y me dijo que tenía que haber recurrido a él y que me hubiera sacado de aquel meollo, pero yo no pensé en él en aquel momento.

La policía iba a celebrar en la comisaría de Joaquín Costa el día del Ángel Custodio, su patrón, y me mandaron a mí con el uniforme del trabajo, que era blusa blanca y falda verde, a pasearme, contonearme “sonriente” con una bandeja ofreciendo Viña Costeira, un ribeiro muy rico y deliciosos canapés a todos los polis del lugar. El amigo de mi jefe me dijo, en voz baja y al oído, que le guardara una botellita que se iba a jugar al póker con los amigos, y cuando la fiesta concluyó, les esperaba la flota de coches en la puerta de comisaría, algunos polis más afectados que otros. Me hubiera gustado que algún compañero de servicio les hubiese dado el alto y les hubieran hecho la prueba de alcohol o de “drojas”.

Recomendación: Si bebes no conduzcas y si te drogas tampoco.

D.E.P. Don Ramón Crespo Figueroa.

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El Jemad y otros altos cargos del ejército se han puesto la vacuna del covid-19

23 January, 2021 - 00:00

Las dosis que les sobraron se las han puesto, al parecer, a militares de la base de Torrejón.

Porque como todos uds. sabrán, si hay alguna función absolutamente esencial para la sociedad, más que la propia sanidad, es la dirigencia del ejército. Imaginen que dos o tres generales de estos se ponen enfermos de coronavirus y no les da tiempo a participar en alguna reunión de esas donde se decide qué tanques y misiles hay que comprar urgentemente. Sería una auténtica catástrofe para todos nosotros.

Por cierto, la justificación que ofrecen desde el Estado Mayor del ejército es que "el proceso de vacunación de las Fuerzas Armadas, detallan, es independiente del que se sigue en el resto de la sociedad". O sea, que ellos, que se consideran un ente totalmente autónomo dentro del estado, van a su bola. Con ellos no van los protocolos de la OMS, de la UE, del gobierno o de las autonomías. Ellos hacen lo que les da la gana, que para eso son militares. Tomen nota, porque esto mismo -hacer de su capa un sayo- pasa en otros ámbitos, por ejemplo en el de la justicia "militar".

Nota de Tortuga.

Robles pide explicaciones al Jemad tras conocer que ha recibido la vacuna

El Estado Mayor redactó un protocolo que prioriza a sanitarios, miembros de misiones internacionales y la cadena de mando según un criterio de edad.

EFE

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido explicaciones al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Miguel Ángel Vilarroya, por el hecho de que se le haya administrado la vacuna de la Covid-19 tanto a él como a otros mandos del Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Así lo ha afirmado a raíz de la información adelantada por El Confidencial Digital de que tanto el general Villarroya como otros generales del EMAD ya han recibido la primera dosis de la vacuna, un hecho que este organismo justifica en que eran los siguientes, por edad, siguiendo el plan de vacunación establecido por la Subsecretaría de Defensa.

Robles ha añadido que a lo largo del día Villarroya le hará llegar un informe sobre las vacunaciones en el EMAD. "En función a lo que diga el informe, veremos", ha asegurado para defender acto seguido que "el EMAD trabaja siempre con muchísimo rigor coordinando las operaciones".

Robles ha indicado que en el Ministerio de Defensa "no se ha vacunado a nadie" porque se siguen los mismos criterios que para los civiles, y que las vacunas de los hospitales militares de Madrid y Zaragoza se administran de acuerdo a los planes de sendas comunidades autónomas.

En el caso del Hospital Gómez Ulla de Madrid, ha indicado que este jueves se paró la vacunación, lo que le "preocupa", mientras que en el centro sanitario de la capital aragonesa marcha a buen ritmo.

En las vacunaciones en el EMAD, Robles ha indicado que ella no ha tomado las decisiones de a qué grupo se les administran primero, porque desconoce "cómo se estaba desarrollando ese plan de vacunación".

El EMAD es el órgano que se encarga de las operaciones de las Fuerzas Armadas, tanto las misiones en el exterior como las que se desarrollan en España de manera permanente.

Según fuentes del EMAD consultadas por EFE, efectivamente se le ha administrado la primera dosis al Jemad, así como al general de división Francisco Braco, encargado de coordinar todas las misiones como comandante del Mando de Operaciones, y al Jefe del Estado Mayor Conjunto, Fernando García González-Valerio.

Las fuentes oficiales han justificado este hecho en que eran a los que, por edad, les correspondía la vacuna, una vez que ya se le había administrado a los sanitarios militares, en primer lugar, y a los militares que se iban a ir a una misión, en segundo.

El proceso de vacunación de las Fuerzas Armadas, detallan, es independiente del que se sigue en el resto de la sociedad. En el caso del EMAD, el tercer grupo en recibirlas son sus efectivos, tanto militares como civiles, que participan, dirigen, coordinan o planifican las operaciones.

Dentro de este grupo, justifica el EMAD, se reparten primero teniendo en cuenta principalmente la edad, razón por la que se han administrado a los generales, que suelen ser mayores, pero también a otros militares y civiles de otros rangos, incluyendo a personal de tropa, la escala más baja.

Aparte de la edad, añade, se ha tenido en cuenta también que las vacunas se repartan entre todas las escalas y los distintos organismos dentro de los que trabajan en las operaciones militares.

Reacciones políticas

El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha subrayado este viernes que si el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) se ha vacunado contra la covid-19 debe dimitir o ser cesado.

"Si el Ministerio de Defensa ha elaborado un protocolo que ha permitido a esos mandos vacunarse antes que la población o que otros militares en riesgo, Robles debe dar explicaciones", ha señalado a través de su cuenta en Twitter tras hacerse público que el Jemad y otros generales ya han recibido la primera dosis de la vacuna.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Santiago ha subrayado que "hay que ser muy estrictos" y, en un momento de escasez de vacunas, aplicar "estrictamente" los criterios para proteger a los colectivos más vulnerables, entre los que no estaría incluido el Jemad .

El portavoz de Justicia del PP, Luis Santamaría, ha señalado que lo que le preocupa a su partido es la "doble vara de medir" sobre estos casos.

"He visto dimitir a una persona en Murcia y no he visto dimitir al alcalde de Rafelbunyol, en mi tierra", ha señalado en el Congreso tras participar en la Comisión de investigación de la denominada operación Kitchen.

El portavoz adjunto del grupo socialista, Felipe Sicilia, ha señalado por su parte que desconocía las informaciones sobre el JEMAD, pero ha asegurado que los socialistas piden "la máxima responsabilidad a todas las personas y a todos los responsables públicos".

"El PSOE ha demostrado qué es lo que hace cuando alguno de sus responsables no cumple con el plan de vacunación", ha recalcado tras recordar que el alcalde de Rafelbunyol, junto a otros dos, han sido suspendidos cautelarmente de militancia.

Para el diputado Joan Baldoví (Compromís), el caso del Jemad "es igual de impresentable que el último alcalde o el último personaje público que se ha vacunado".

"Los protocolos están para seguirlos y no es decente ninguna excepción, ninguna", ha recalcado.

En una linea similar se ha expresado Jon Iñarritu, diputado de EH-Bildu, quien ha cuestionado también que Defensa tenga un cupo de vacunas y un protocolo propio.

"La pregunta que nos hacemos es si el capitán general de todos los Ejércitos, es decir, el jefe del Estado ha sido vacunado y bajo qué criterios", ha señalado Iñarritu para exigir transparencia. "Aquí parece que se ha vacunado todo el mundo que ha podido", ha denunciado.

Diario Información

Polémica en el Ejército: militares de la Base Aérea de Torrejón son vacunados con dosis que «sobraban»

Varios militares de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, han sido inoculados contra el coronavirus con vacunas que «sobraban», según han podido confirmar fuentes cercanas al Ejército a The Objective. Se trata de 16 «militares de tropa» destinados en el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón (CAOC TJ), que depende del Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Por qué es importante: según el Ministerio de Sanidad, los militares no son personal esencial, por lo que estos deberían ser vacunados en la fase 2 de la campaña, es decir, en marzo. No obstante, Defensa ya anunció que comenzaría a poner en marcha la campaña de vacunación de los profesionales de las Fuerzas Armadas antes de que termine el mes de enero pero a aquellos cuyas unidades estén más expuestas al riesgo de contraer el virus.

Por lo que ha podido saber The Objective, había 16 vacunas disponibles que iban destinadas a mandos, oficiales y suboficiales que, por algún motivo, «han decidido no ponérsela» y, finalmente, han acabado en el cuerpo de varios militares que «realizan labores administrativas», como confirman las mismas fuentes. «En este cuerpo, normalmente sólo salen de misión los mandos», por lo que estas vacunas no deberían haber sido inoculadas a estos miembros que «no están expuestos a ningún riesgo» por el coronavirus

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«Ayer me pusieron en mi trabajo la primera dosis de la vacuna Covid19 de Pfizer. Ayer tenía un sentimiento de culpabilidad por habérmela podido poner antes que mis padres, mi padre con enfermedad renal crónica y tratamiento de diálisis y mi madre con diabetes y ambos con 84 años», se puede leer en una publicación de Facebook de uno de los militares beneficiados, publicación que posteriormente borró. El texto iba acompañado por una fotografía de su cartilla de vacunación militar. En ella se puede ver la fecha en la que recibió la primera vacuna, el 19 de enero, y la fecha en la que recibirá la segunda, el 9 de febrero, además del número de localización de la partida de la vacuna que, según hemos podido comprobar, pertenece al Estado Mayor de la Defensa.

En el mismo post de la publicación, en la parte de comentarios, este militar reconoce que «había puestos más críticos» y que había tenido «la suerte» de que la vacuna llegara a él.

Todo esto tiene lugar cuando este mismo jueves Madrid ha suspendido la vacunación de los sanitarios porque «se ha quedado ya sin vacunas». En este sentido, según ha afirmado el consejero en la Asamblea de Madrid, por la mañana la Comunidad había administrado 150.000 dosis, «un 85% del total de las recibidas», y se han reservado las segundas dosis para garantizar su inoculación pasados 21 días a quienes ya la han recibido.

La vacunación con el coronavirus, según anunció el Gobierno, está basada en tres fases, de las cuales solo la primera está definida. En ella se están vacunando el personal sanitario y los internos de residencias de mayores y su personal laboral. El resto de colectivos esenciales, como policías, militares o profesores, está previsto que se incluyan en la fase 2, que debería comenzar el próximo mes de marzo, pero para la que todavía no hay ningún plan por escrito.

No obstante, el Ministerio de Defensa se ha desmarcado de las directrices de Sanidad, ya que ya ha iniciado la inmunización de su personal frente al coronavirus. Hasta ahora, lo que sí se sabe –aunque Defensa no ha informado de ello oficialmente– es que los primeros militares en recibir la vacuna de Pfizer BionNtech serían los miembros de los contingentes que deben salir de misión al extranjero en las próximas semanas. Sin embargo, ninguno de los 16 militares vacunados en Torrejón tiene previsto ser destinado al extranjero.

Fuente: https://theobjective.com/polemica-e...

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Detenidos por Marlaska le entregan las condenas por no investigar torturas

23 January, 2021 - 00:00

Nicolas Tomás

Una vez más, España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar denuncias de tortura. Una vez más, el juez instructor era Fernando Grande-Marlaska. De hecho, de las diez condenas por este motivo, en siete el protagonista era el actual ministra del Interior. Por este motivo, al día siguiente de la nueva condena, los detenidos en la operación Aztnugal se han plantado en la sede del Ministerio, en Madrid, donde le han entregado las condenas del Tribunal de Estrasburgo y también una carta donde le señalan como responsable.

La carta está firmada por Iker Moreno, Xabier Beortegui, Jon Patxi Arratibel, Íñigo Gónzalez y Gorka Mayo. Y recuerdan la operación contra ellos, de la que Marlaska era el instructor como magistrado de la Audiencia Nacional: "Hace diez días a estas horas estábamos incomunicados en manos de la Guardia Civil. Fuimos torturados, con total impunidad, como miles de personas en Euskal Herria. Cinco días y noches interminables de tormento físico y psicológico. En pleno siglo XXI. En el centro de la capital española".

En este contexto, los detenidos recuerdan como de aquella operación se derivaron tres causas en el TEDH, que acabaron con tres condenas al Estado español por no "investigar de manera exhaustiva y eficaz" las denuncias de torturas. Adjuntan estas tres sentencias, así como el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Aquel informe, después de una visita a España, constataba que "la delegación recibió alegaciones creíbles y consistentes de malos tratos de 10 de las 11 personas con las que mantuvo entrevistas".

Por todo eso, señalan el exjuez y actual ministro como máximo responsable de garantizar su integridad física y psicológica. Y le envían preguntas: "¿Era Usted conocedor del trato cruel, inhumano y degradante que sufrimos en dependencias policiales? ¿Por qué hizo caso omiso de nuestras denuncias?". Unos interrogantes que probablemente quedarán sin respuesta. De momento, la misiva está registrada en la sede del Ministerio del Interior.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado a favor de Íñigo Gonzalez, detenido por la Guardia Civil en enero de 2011, y que denunció haber sufrido torturas durante el periodo de incomunicación. González fue detenido por orden del entonces juez Fernando Grande-Marlaska. Ayer, Estrasburgo remitió una nueva condena, la víctima había denunciado que durante el interrogatorio le pusieron una bolsa sólo entrar, ahogaron, pegaron y hasta llegar a "tener ganas de vomitar porque ya no aguantaba más". La extorsión hacía que, después, la declaración siguiera a rajatabla el dictado que habían marcado los agentes policiales.

Todos ellos fueron condenados a penas de prisión por Grande-Marlaska, que consideraba probado que estos miembros de Ekin habían actuado a las órdenes de ETA. Ekin está considerada la estructura que ETA creó para dinamizar y dirigir todo el apoyo a la banda en su parte legal y transmitir sus directrices en torno a Batasuno. La organización se disolvió y animó a sus militantes a integrarse en la nueva apuesta de la izquierda abertzale.

Fuente: https://www.elnacional.cat/es/polit...

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Día de acción contra la guerra en Yemen

23 January, 2021 - 00:00

Categorías: Tortuga Antimilitar

Autoextinción

22 January, 2021 - 00:00

Que no cunda el pánico. El ecocidio tendrá un final feliz para la naturaleza. Ella misma, convertida en desierto y ceniza nos dirá, más pronto que tarde cuando será el fin de la 6ª extinción. Ésta vez no provocada por glaciaciones o meteoritos, sino por el suicidio colectivo inducido por el “homus inbécilis” y, cuando nos auto-extingamos, tendrá millones de años para reinventarse.

La cara más dramática del ecocidio para la humanidad está siendo el genocidio global. Epidemias, migraciones forzosas, guerras intestinas… nos hacen comprender las historias no contadas, las de las grandes mayorías que han sido masacradas, explotadas, culpabilizadas y enterradas en la fosa común del olvido por la historia oficializada de quienes vencen por la fuerza. Reflejan la esencia de la actual condición humana impuesta, de ese ser que ha ido involucionando como especie hacia la cúspide de su degeneración. Ha conseguido tener la vertiginosa capacidad de asesinar masivamente a sus semejantes, al resto de los seres y a las condiciones naturales necesarias para su propia existencia. Lo mejor del resultado de su necrófila y entrópica obra final aún queda por llegar.

Las destrezas del “homus post-sapiens”, resultan difícilmente superables. Su capacidad de autodevoración, su habilidad racional para legitimar y normalizar el ecocidio y el genocidio. El hecho de haber construido una economía basada en la devastación indiscriminada de todo lo común, de toda la biodiversidad natural y cultural, amparada por la religión de la acumulación de capital, le ha convertido en un ser iracundo que mata y se autodestruye por puro aburrimiento. Todo ello en una guerra permanente y selectiva que provoca y se sustenta en el asesinato de la infancia, en el encierro de las mujeres, en el desprecio racista, en la manipulación y exterminación masiva de un lumpen-proletariado tan depauperado, que hace tiempo ha condenado a más de las dos terceras partes de la humanidad al estatus de seres prescindibles y eliminables, de población basura de usar y aniquilar.

César MANZANOS BILBAO

Soziologia eta Gizarte Langintza Saila/Departamento de Sociología y Trabajo Social

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