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Casi 450 funcionarios fueron condenados en España en los últimos siete años por torturas

Tortuga Antimilitar - 2 March, 2021 - 00:00

El Defensor del Pueblo recoge en un informe que en 2019 había 17 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en prisión por malos tratos, agresiones o amenazas. Organizaciones de derechos humanos denuncian la falta de "voluntad política" para evitar que se produzcan nuevos casos. En las cárceles se registraron más de 500 denuncias desde 2015.

Danilo Albin

Hubo un día en el que E.L.G. temió por su vida. Ocurrió en enero de 2013 en Córdoba y acabó en el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, que casi siete años después condenó a España por los "tratos crueles, inhumanos o degradantes" sufridos por esta cordobesa tras ser detenida por la Policía Nacional. Su caso forma parte del listado siempre inconcluso de denuncias de torturas contra funcionarios policiales.

De acuerdo a las cifras ofrecidas en las estadísticas anuales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 2013 y 2019 se registraron 448 condenas por el delito de tortura, aplicable –según el artículo 174 del Código Penal– a "la autoridad o funcionario público" que, "abusando de su cargo", provocase a otra persona "sufrimientos físicos o mentales" que "atenten contra su integridad moral". Las penas van de uno a seis años de prisión, además de ocho a 12 años de inhabilitación absoluta.

El último informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a cargo del Defensor del Pueblo señala que en 2019 había diez funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en prisión –nueve en cárceles del Estado y uno en Catalunya– por torturas o malos tratos, mientras que se contabilizaban otros cuatro por "agresión con lesiones" y tres por "amenazas, coacciones, injurias, vejaciones, etcétera".

"A pesar de la posición oficial y machacona de que en el Estado español la tortura no existe o es anecdótica, los datos muestran todo lo contrario", sostiene por su parte Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación contra la Tortura. Precisamente, este activista destaca que "los colectivos de derechos humanos siguen recibiendo denuncias y alegaciones por agresiones a personas detenidas mientras se encuentran en dependencias policiales".

Del Cura destacó que "la mayoría de las denuncias por agresiones policiales se refieren a actos cometidos en la calle, durante una identificación policial, en el momento de la detención –incluso sin que posteriormente la persona agredida sea detenida– o durante su traslado a comisaría o cuartel". En ese contexto, fuentes del Ministerio del Interior señalaron a Público que no hay cifras disponibles sobre el número de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que recibieron condenas por torturas.

Las denuncias sobre este tipo de casos superan las fronteras de España y llegan hasta Estrasburgo: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España en 11 ocasiones por no investigar debidamente ese tipo de denuncias. La última sentencia se hizo pública en enero pasado: entonces se supo que España tendrá que indemnizar con 20.000 euros a Iñigo González Etayo, un joven vasco que denunció torturas tras ser detenido en una redada de la Guardia Civil en 2011.

"No se investiga suficientemente por parte de los propios Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la administración no hace lo necesario para controlarlo y los procedimientos judiciales no están sirviendo para depurar responsabilidades", resume Valentín Aguilar, coordinador general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), una entidad que realiza seguimientos de este tipo de casos.

"Falta de voluntad"

En la base de datos del Congreso existen algunas respuestas recientes de Interior sobre este asunto, aunque con cifras a veces contradictorias. En una respuesta en mayo de 2020 al senador de Compromís Carles Mulet, el Gobierno enumeraba 118 expedientes "por denuncias de supuestas torturas en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía" entre el 1 de enero de 2009 y el 22 de mayo del año pasado.

Cuatro meses después, Interior remitió una respuesta escrita al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que también había preguntado por ese tema. La cifra de expedientes abiertos desde 2009 por "supuestas torturas" se redujo entonces considerablemente: en ese documento solo se contabilizan 22 casos, o lo que es lo mismo, 96 menos que en la respuesta dada a Mulet.

Del Cura considera que esas contradicciones "son una muestra de la falta de voluntad política para poner fin a esta situación". "Esa confusión y esa falta de datos fiables permiten mantener la ilusión de que en España la tortura y los malos tratos son cosas del pasado, a tiempo que potencia la impunidad de estas actuaciones: si no se reconoce que hay un problema, nunca se intentará solucionarlo o erradicarlo", remarcó.

Denuncias en las cárceles

En la respuesta dada a Iñarritu, Interior recogía también el "número de procedimientos abiertos por malos tratos por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias" entre 2015 y 2019. La suma de los datos allí reflejados arroja un total de 504 casos en ese periodo. Destaca la prisión de Castellón II, con 43 procedimientos, seguida de la cárcel madrileña de Estremera con 41 y la andaluza Puerto III con 39.

En el caso de Catalunya, que cuenta con la competencia de Prisiones transferida, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo señala en su último informe que entre 2018 y 2019 se recibieron 58 quejas por torturas o malos tratos. El centro penitenciario Brians II registró en ese periodo 24 quejas, mientras que en Brians I hubo otras 18.

Público

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Hasta nunca

Tortuga Antimilitar - 2 March, 2021 - 00:00

Categorías: Tortuga Antimilitar

Defensa tiene 39 campos de maniobras que ocupan más que las ciudades de Madrid, Barcelona y València juntas

Tortuga Antimilitar - 2 March, 2021 - 00:00

Según consta en una respuesta enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, las Fuerzas Armadas disponen de áreas de adiestramiento en 29 provincias. En total, cuentan con más de 90.000 hectáreas para realizar sus ejercicios. En varios de esos lugares ha habido fuertes protestas sociales contra la presencia militar.

danilo albin

Había un país llamado Nordia que no se llevaba nada bien con otro país llamado Iberness. Como ambos tenían ejércitos y aviones de guerra, un día se pelearon. Entonces llovió fuego desde el cielo y sobre la tierra hubo un intenso, muy intenso humo. Ni Nordia ni Iberness existían, pero los misiles eran tan reales como Las Bardenas, el espacio natural de Navarra que por decisión del dictador Francisco Franco se convirtió en un escenario al aire libre para recrear disputas y preparar militares de cara a cualquier guerra.

Nordia e Iberness fueron los nombres elegidos por el Ejército del Aire para las maniobras efectuadas en marzo de 2019. En una de las fotos distribuidas entonces por el cuerpo militar, se aprecia el impacto de armamento real sobre la tierra de Las Bardenas, uno de los 39 campos de maniobras y de tiro con los que cuentan las Fuerzas Armadas.

En una respuesta escrita enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, Defensa señala que en esos espacios, distribuidos en 29 provincias, se realizan "actividades de instrucción y adiestramiento". Dichas maniobras no solo tienen como protagonista a las Fuerzas Armadas españolas, sino que también se realizan prácticas conjuntas con ejércitos de otros países de la OTAN.

El documento remitido a Iñarritu permite establecer que los 39 campos de maniobras y tiro ocupan en total una superficie de 90.417 hectáreas. A modo de comparación, las ciudades de Madrid, Barcelona y València juntas suman 83.900 hectáreas.

Según se desprende ese listado, dos de esos espacios tienen la categoría de Centro Nacional de Adiestramiento (CENAD), definido por Defensa como el "órgano responsable de facilitar la instrucción, el adiestramiento y la evaluación de la Unidades, así como controlar, explotar y mantener los medios de simulación y evaluación que se le asignen". Se trata de San Gregorio, en Zaragoza, y Chinchilla, situado en la localidad albaceteña de Chinchilla de Monte. El primero cuenta con una superficie de 33.839 hectáreas –lo que le convierte en el campo de maniobras más grande de España– y el segundo ocupa 13.842 hectáreas.

En un número extraordinario de la revista oficial del Ejército publicado en 2007, se describía precisamente que esos dos CENAD "están orientados a su empleo por unidades acorazadas/mecanizadas el primero y a unidades ligeras el segundo". En el caso de Chinchilla apuntaba además que por entonces se estaba "potenciando" con instalaciones "para el combate en zona urbana y la instrucción de francotiradores".

Fuego en Las Bardenas

La respuesta enviada al diputado de EH Bildu incluye también al Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín, propiedad de la Armada y situado en el centro de la ensenada de Barbate (Cádiz) y al Polígono de Tiro de Las Bardenas, emplazado en un parque natural declarado Reserva de la Biosfera. Su destino como espacio de entrenamiento militar se remonta a 1951, cuando la dictadura franquista decidió emplearlo para tales fines.

En otro documento remitido hace algunas semanas a Iñarritu, Defensa señala que ese campo de Navarra "es habitualmente usado por todas las Unidades de Caza, Unidades de Transporte y Unidades de Apoyo del Ejército del Aire" y que "se programan en él actividades de adiestramiento a lo largo de cada año", en las cuales hay prácticas que "incluyen el lanzamiento de armamento inerte y real", mientras que en otros casos se produce lanzamientos de "cargas simuladas".

Las Bardenas es uno de los campos de maniobras del Ejército que despierta críticas y protestas por parte de organizaciones sociales, grupos ecologistas y colectivos antimilitaristas. Incluso se han registrado pronunciamientos institucionales del Parlamento de Navarra a favor del cese de su utilización como centro de entrenamientos militares.

Lo mismo ocurrió en el caso del Campo de Maniobras y Tiro de Pájara, en Fuerteventura. "Lo que se realizan allí son ensayos de algo tan horroroso como la guerra", afirma a Público la reconocida activista canaria Koldobi Velasco, quien denuncia que las actividades militares "han destrozado yacimientos y arrasado con toda la flora y fauna endémica que había en ese lugar". Su extensión, según Defensa, es de 4.024 hectáreas.

"Desproporcionado"

En su respuesta a Iñarritu, el ministerio señala además que "no hay previsión de cese de actividad o utilización" de ninguna de las 39 áreas de adiestramiento que figuran en el documento. Tras recibir ese documento, el diputado abertzale señaló que "el Gobierno debería escuchar las reclamaciones sociales" en torno a ese tipo de instalaciones. En cuanto al número de campos existentes, Iñarritu destacó que "parece desproporcionado y fruto de un pasado militarizado y dictatorial".

Público

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La fiscal investigará si un policía local se excedió en un control del covid-19 en Ourense

Tortuga Antimilitar - 1 March, 2021 - 00:00

La Región
M. Sánchez

Iván F.J., José Felipe B.R. y Luis G.G. entraron ayer en la sala de vistas del Juzgado Penal 1 como acusados de un delito de atentado y dos horas después salieron absueltos -se les pedía un año y medio de cárcel y multa- y sabiendo que la fiscalía investigará a los denunciantes. Pidió a la jueza deducir testimonio para poder determinar si los policías locales de la ciudad que detuvieron a los jóvenes en el transcurso de un control del protocolo covid en la hostelería se extralimitaron en sus funciones y hubo abuso de autoridad.

Eva Regueiro, la fiscal jefa de Ourense, optó por retirar la acusación tras escuchar "las versiones contradictorias de los testigos", incluido el agente que aseguraba que los inculpados lo habían agredido cuando trataba de identificarlos para una propuesta de sanción por incumplimiento de las disposiciones legales sobre movilidad y convivencia.

Los tres chicos, junto a una amiga, estaban en la terraza de una bar de la calle Rey Soto. Los documentos nacionales de identidad de dos de ellos los sitúan en otros concellos (ellos dicen que vivían los tres juntos en la ciudad). Tanto ese policía como su compañera de patrulla, después llegaron más refuerzos, aseguraron que Iván se mostró desafiante y golpeó al primero en la espalda, dando pie a una gresca en la que los otros dos jóvenes también participaron.

Pero la acusación pública no pasó por alto la versión contundente dada por el cocinero y dos camareras del bar en el que se encontraban y que presenciaron los hechos. No conocían a los inculpados de nada porque no eran clientes habituales, pero fueron unánimes a la hora de relatar una versión totalmente distinta en la que Iván F.J. y sus amigos aparecen como víctimas de una extralimitación policial. Los tres acabaron detenidos y en el calabozo hasta que pasaron a disposición judicial.

"Juro por mi padre que hace tres meses que murió que ningún chico tocó a los policías; ellos no hicieron nada, fue totalmente injusto", aseguró con vehemencia una de las camareras que estaba en la terraza del bar y presenció toda la secuencia. Tuvo, incluso, según dijo, que llamar a la agente que estaba dentro del coche, cuando presenció cómo se reducía con fuerza a Iván. Antes, escuchó frases como "cállate gilipollas, que contigo no estoy hablando" o "tírate al suelo, hijo de puta".

Otra de las empleadas se percató en el "tono alto" del funcionario policial cuando se dirigió a la mesa de los acusados. Asegura que se quedó "impresionada" al ver cómo el policía "lo estampaba contra el coche" y que el joven gritaba de dolor cuando le retorció el brazo y el puso la rodilla en el cuello (él justificó esta actuación en el contexto de una maniobra de reducción para evitar que lo agrediese). A su entender, fue "una situación desesperante porque nadie entendía esa agresión".

Gritos de dolor

El cocinero, que en ese momento salía de trabajar, escuchó a uno de los detenidos: "No sé porque me faltas al respeto si yo no te he faltado". Y también ofreció la misma versión sobre los gritos de dolor.

La fiscal optó por retirar la acusación porque, además de las versiones contradictorias, "no hay otros datos periféricos", en alusión al parte de lesiones. El forense, en su informe, hace constar una contusión en la espalda del agente "que pudo -destacó la acusación pública- producirse durante la reducción".

Tras la vista, uno de los acusados, ya absuelto, Iván F.J. aseguró que se querellará contra el policía que lo arrojó al suelo.

Fuente: https://www.laregion.es/articulo/ou...

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Otra puerta giratoria en la industria militar

Tortuga Antimilitar - 1 March, 2021 - 00:00

Juan Carlos Rois
Tortuga.

Nos hemos desayunado hace unos días con la sorprendente declaración del líder del Pe-Pé, vetando la propuesta hecha por los del PSOE-UP de varios vocales para el Consejo General del Poder Judicial, que se supone órgano independiente de los otros poderes del Estado. El Pe-Pé veta porque no quiere puertas giratorias en la justicia, han dicho.

Yo, que vivo de las leyes, soy de los que piensan que tanto monta, dado el nivel y la mentalidad uniforme de los togados, que pongan carne o verdura para esa olla, cuando parece que la olla tiene un agujero en el culo.

Pero es un debate que no me interesa ni ocupa mis preocupaciones, de acostumbrado que estoy a ver una justicia para cuellos blancos y otra para robaperas, las dos conviviendo bajo las mismas leyes que nos hacen iguales a todos (eso sí, cada cual en su «igualdad» de fábrica, con la que viene al mundo como con una cadena al cuello, como quien dice) y que proclaman los mismos derechos humanos (eso sí, como meras aspiraciones aún no realizadas porque no hay presupuesto).

Amén del ingrediente de la propia sensibilidad de jueces, fiscales, abogados y demás fauna leguleya, que da para lo que da y no es mucho que digamos, todo da lo mismo. O, mejor dicho, pasa y pasará lo mismo pongan a quien pongan en esa tribuna, que la ley es dura como palo de avellano y tiene forma de embudo, con su boca estrecha y su cabeza gorda, cada una apuntando a sus víctimas o beneficiarios.

Pero vayamos a lo que me importa en realidad.

Por qué hay consenso en admitir puertas giratorias en la industria militar?

¿Y por qué no quiere el Pe Pé jueces giratorios en la justicia? Pues muy sencillo, porque tiene intereses que defender.

Precisamente la misma razón que tiene para no decir nada cuando las puertas giratorias se dan en otros espacios, como la defensa y la industria militar.
Y es que, amén de la retahíla de ministros del PP y del PSOE que han sido, son y serán puertas giratorias en la industria militar, contamos con una panoplia de generales, comandantes y demás jerarquías, incluyendo a los más altos mandos y puede que también las más altas instituciones del estado en sus ratos libres, dispersos por el negocio de la guerra y llamando a la puerta de quienes quieran comprar armas o promover guerras.

Ahora es el ex-JEMAD Fernando Alejandre, nada menos que el que fue jefe del Estado Mayor de la Defensa desde 2017 (con Cospedal) a 2020 (con Robles), quien ficha como «consultor» por la empresa de armas SENER INTERNACIONAL, la empresa de defensa desgajada de SENER.

Se preguntarán que es un consultor. Según el diccionario una persona experta en una materia sobre la que asesora profesionalmente. Osease, lo que viene siendo un lobbista.

Y bien, ¿por qué el PP no veta esto? Pues por la misma regla de tres que antes hemos explicado: porque tiene intereses.

¿Y el PSOE? ¿Y podemos? Yo no leo mucha prensa generalista porque desde la muerte de Héctor a manos de Aquiles la verdad es que no sucede casi nada de nuevo y los escándalos, corruptelas, cabronadas y demás fintas son tan previsibles que leer amarillismo no incorpora más que cacofonía y ruido, pero ¿se han quejado en alto, bajo, o a las agachadillas las izquierdas nominales o subliminales? Que yo sepa no.
De hecho, un silencio tan sonoro debe ser un sí. Un sí afirmativo ya que no hay ni un solo pero. Debe ser así porque les parece fetén, y así se comprueba en el hecho probado que de la oficina de conflictos de intereses, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, probablemente con la ley que nos hace tan iguales en la mano, ha autorizado al ex-JEMAD el paso por la puerta susodicha, cuestión celebrada donde las haya por la industria militar.

Caramba, teníamos a una ristra de generales retirados y resentidos en el Parlamento, haciendo de puertagiratoria legislativa en VOX, y varios oficiales retirados dispersos en el PP y el PSOE, así como una pléyade de admiradores de los ardores guerreros, que más parece el Parlamento ocupado por el partido militarista que reflejo de la pluralidad de mentalidades que sucede en la sociedad. Y hasta un JEMAD teníamos metido a político de izquierdas pintorescas en Podemos.

Pero ahora tenemos a un JEMAD hecho y derecho (aunque despechado, que fue cesado inopinadamente) aconsejando políticas de una empresa militar para que aumente su cifra de negocio. Y el mundo sigue como si el susodicho se hubiera metido de monje del Carmelo.

Y es que la vocación es la vocación.

¿Qué es SENER?

Pero veamos quién es la empresa SENER, lo que nos permitirá ver de qué modo todo queda en casa.

Esta empresa aparece en el listado de contratistas del Ministerio de Defensa, el cual es, según parece, uno de sus principales clientes mundiales.

En el catálogo de la Industria española de Defensa que publica el Ministerio de Defensa cuenta con nada menos que 17 menciones.

También participa de otras empresas y proyectos del sector militar, como SINTERSA, y participa en proyectos militares internacionales de la mano de grandes empresas como AIRBUS, General Atomics, General Electrics, Lockheed Martins y otras). Y ello sin contar con la compra de empresas del sector, incluso al SEPI cuando cundió la idea de privatizar el sector público empresarial e industrial.

En el año 2019 segregó de la matriz la empresa SENER AEROSPACE, que agrupa la actividad de defensa y aeroespacial de SENER.

Si nos fijamos en la cifra anterior a la segregación, y acudiendo a declaraciones de sus responsables a la prensa, «Respecto a las datos económicos de 2017, Sendagorta, ha anunciado unos ingresos de explotación de 766,8 millones de euros. Dicha cifra supone un descenso del 15,8% respecto al ejercicio de 2016, lo que en buena medida está motivado por la disminución de las ventas en el mercado nacional. Ello sitúa en el 94% el porcentaje de ventas en el mercado exterior, cantidad que el vicepresidente de la compañía aspira a equilibrar “con el incremento progresivo de la facturación nacional».

Según su página web de SENER, en 2019 facturó 433,6 millones de euros, el 31% de sus ventas en España. No sabemos la facturación de SENER AEROSPACE en ese año porque su página web no ofrece este tipo de datos y no los he encontrado tampoco por ningún sitio .

La burguesía vasca (y el Opus Dei)

Pertenece a una familia de postín: la familia Sandagorta, de la alta burguesía vasca afincada en Neguri (otras familias del mismo paño son los Ybarra, los Sota, Lezama-Leguizamón, Ampuero, Aguirre, Delclaux, por hacernos una idea), de la que ya nos dejó algo escrito Gasteizkoak en su libro «Mercaderes de la muerte Made In Euskadi»” editado por Zapateneo en 2008.

En 2016 los Sandagorta, es decir, su empresa SENER, vendió ITP a Rolls Royce por nada menos que 720 millones de euros, cantidad algo justa, pero que da para tomarse unos zuritos después de salir de misa (porque son del Opus y van a misa a diario).

Contratos con Defensa

En cuanto al apego de SENER a los contratos públicos, la prensa informó el 2018 de que la Guardia Civil había entrado a registrar la sede de Vizcaya por presuntas comisiones del 3% a Convergencia Democrática de Catalunya (Cinco Días 20 de noviembre de 2018).

Ha participado en los programas del Ministerio de Defensa para la puesta en orbita de satélites y ministatélites militares españoles, sistemas integrados de vigilancia aérea, simuladores de carros y aeronaves, sensores ópticos, en el programa Coincidente del Ministerio de Defensa, así como en el diseño y componentes de los aviones A400, Eurofighter, misiles Taurus e Iris, y un largo etcétera. Quiero decir con ello que ha hecho un suculento negocio con el Ministerio de Defensa hasta la fecha y, por lo que parece, todo es poco.

Entre otros proyectos, actualmente desarrolla para el Ministerio de Defensa sistemas de comunicación inteligente y en concreto un demostrador de Inteligencia de Comunicaciones (COMINT) de altas prestaciones, embarcable en un sistema aéreo no tripulado (RPAS) tipo EuroMALE, que fue contratado en julio de 2020, en plena pandemia y cuyo contrato se venía fraguando desde antes, cuando Alejandre era JEMAD.

Conclusión

Pues ya lo ven: en defensa no hay vetos a las puertas giratorias por la misma razón que no los hay en otros oligopolios como el eléctrico o la banca. ¿Y por qué? Si está muy claro, porque les interesa a los que fabrican la cutre realidad que vivimos.
Porque les interesa, añado yo, contra nuestros intereses y contra los intereses de la paz en el planeta.

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Arcadi Oliveres

Tortuga Antimilitar - 28 February, 2021 - 20:45

Históricamente, los bancos y las armas han formado un matrimonio de conveniencia. Las armas han defendido, cuando se necesita, los negocios bancarios y los bancos han financiado continuamente el negocio de armas.

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La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) denuncia connivencia de la policía nacional con antimanifestantes ilegales neonazis

Tortuga Antimilitar - 28 February, 2021 - 13:54


La lucha por la Sanidad Pública y Universal es también la lucha antifascista

Comunicado de CAS sobre los graves acontecimientos ocurridos en la manifestación de Madrid

En la manifestación convocada hoy en Madrid junto a otras 60 ciudades y pueblos de todo el Estado por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), se han producido graves acontecimientos que, una vez más, ponen en entredicho el papel de la policía. De nuevo, asistimos a comportamientos por parte de las «fuerzas del orden» de protección hacia los fascistas y de agresión hacia manifestaciones pacíficas.

Poco antes de las 12 de la mañana, hora prevista para el inicio de la manifestación, comunicada y permitida por la Delegación del Gobierno, irrumpieron en la misma dos decenas de integrantes del grupo neonazi Bastión Frontal, con su indumentaria característica y en actitud provocadora. Entre ellos se pudo reconocer a varios integrantes del acto de ensalzamiento de la División Azul celebrado recientemente.

Recordamos que este grupo ha sido considerado por la misma policía como el más agresivo de los existentes, entrenado en artes marciales y que practica la violencia criminal en las calles, acosando y agrediendo a menores inmigrantes. Este grupo se declara seguidor de los fascistas griegos de Amanecer Dorado, condenados por varios asesinatos.

Cuando las personas representantes de CAS comunicaron a la policía la gravedad de la situación y la necesidad ineludible de que actuara para disolverlos e impedir su presencia en la manifestación, el acuerdo fue que los agentes les mantendrían confinados en la calle Aduana, mientras la manifestación iniciaba su recorrido por la calle Peligros hacia la Calle Alcalá.

Cuando la manifestación había avanzado unos centenares de metros por la calle Alcalá, se pudo comprobar que el grupo neonazi estaba situado ya en la confluencia de la calle Peligros con Alcalá, sin que la policía hiciera nada por impedir su avance.

Ante esta situación de incumplimiento de lo acordado por parte de la policía, de indefensión flagrante de la manifestación y de la actitud permisiva de los agentes con los fascistas, el servicio de orden de la manifestación volvió sobre sus pasos para intentar contener y dispersar a los fascistas y asegurar así la protección de la manifestación.

La intolerable actitud de la policía fue la de proteger a los fascistas y cargar a empujones contra nuestros compañeros y compañeras. Se vivieron momentos de gran tensión en los que los violentos empujones de los agentes hicieron caer al suelo a varias personas que sufrieron magulladuras diversas. Otros muchos, personas mayores, huyeron de una violencia totalmente inesperada.

En esos momentos fue detenido nuestro compañero Santiago de la Iglesia, secretario General del sindicato CGT SOV del sur de Madrid. En el momento de escribir este comunicado, Santi ha sido puesto en libertad con cargos.

Cuando se recriminó a la policía su actuación, la respuesta fue que «ellos también tenían derecho a manifestarse y que su deber era protegerles». Estas afirmaciones son absolutamente inaceptables por cuanto, precisamente, la comunicación a la Delegación del Gobierno tiene por objeto evitar la confrontación entre manifestaciones de signo contrario y asegurar el libre y seguro ejercicio del derecho de manifestación en un lugar y a una hora determinada por parte de quienes lo comunican y, en este caso además con confirmación explícita por parte de esa Delegación.

La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, denuncia ante la opinión pública – la Ley Mordaza hace que nuestra hipotética denuncia judicial sea papel mojado frente a la palabra de la policía – la vulneración flagrante del derecho de manifestación que ha sufrido por parte de la Delegación del Gobierno, la detención arbitraria de quien pretendía garantizar la seguridad de la manifestación ante la inacción flagrante de la policía y las agresiones sufridas por diferentes integrantes del servicio de orden de la manifestación por parte del cuerpo armado.

CAS, se suma así a las numerosas voces que denuncian los ataques sistemáticos e impunes por parte de los aparatos del Estado a los derechos fundamentales de miembros de organizaciones populares o personas individuales que expresan su indignación ante el atropello sistemático de sus derechos laborales y sociales y por condiciones de vida insoportables.

Hoy lo hemos vivido en nuestras carnes, precisamente cuando denunciábamos el desmantelamiento planificado de la sanidad pública para asegurar los beneficios de la sanidad privada y del capital, con la connivencia de los gobiernos autonómicos y estatal de todos los colores políticos.

Exigiríamos la destitución del Delegado del Gobierno en Madrid si creyéramos que existe algo parecido a la dignidad o al sentido de la justicia en nuestros gobernantes. Estamos convencidos de que no es así.

No nos callarán ni nos detendrán; al contrario, las razones por las que luchamos son aún más fuertes. Rodearemos a Santi de toda nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento por digno comportamiento y por su sacrificio.

La lucha continúa y es el único camino.

Fuente: https://www.casestatal.org/es/2021/...

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Minas marca españa

Tortuga Antimilitar - 28 February, 2021 - 00:00

Dibujado por Kaina (11 años), de Tortuga.

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Veteranos de la Legión se concentran en Melilla cantando 'Soy el novio de la muerte' para protestar por la retirada de la estatua de Franco

Tortuga Antimilitar - 28 February, 2021 - 00:00

Europa Press

Un centenar de personas, en su mayoría veteranos de La Legión, se ha concentrado este sábado ante el lugar que ocupaba la estatua de Franco en Melilla por su condición de comandante de La Legión en 1921 para protestar por su retirada.

La efigie del militar fue retirada de la vía pública el pasado martes, 23 de febrero, tras la decisión aprobada el día anterior con los votos de PSOE, Cs y el ex líder de Vox y actual diputado no adscrito Jesús Delgado Aboy "para cumplir con la Ley de Memoria Histórica", algo con lo que no están de acuerdo los convocantes, al señalar que la estatua homenajea su condición de Comandante de la Legión en 1921, y no como dictador desde 1939 a 1975.

La protesta ha sido convocada a través de las redes sociales desde el mismo martes, cuando los operarios municipales retiraron la estatua de Francisco Franco Bahamonde instalada en la ciudad española del norte de África en el año 1978 tras su aprobación en un pleno del Ayuntamiento en 1975 tras la muerte del general.

La concentración, que no tiene tras de sí ninguna organización ni asociación, sino particulares que obtuvieron el correspondiente permiso de la Delegación del Gobierno en Melilla para reunirse con las correspondientes medidas anticovid, como uso de mascarillas o distancia de seguridad, y el compromiso de no interrumpir el tráfico, se ha celebrado "para hacer saber a la asamblea de esta ciudad y a los melillenses cuál es nuestro pensamiento".

Así, han explicado en su convocatoria, tal y como ha sucedido, que el acto ha comenzado con el relato del Socorro a Melilla que protagonizó Franco en 1921 tras la derrota militar española en Annual y la defensa que hizo la Legión de la ciudad autónoma ante el avance de las tropas del líder rifeño Abdelkrim, la entonación del himno legionario El Novio de la muerte, vivas reglamentarios y, por último, el recitado del Espíritu de Unión y Socorro del Credo de la Legión.

El acto, en el que varios participantes portaban banderas de España o lucían el típico chapiri –gorro legionario–, se ha desarrollado sin incidentes, y entre los participantes no sólo había veteranos legionarios, sino también melillenses de otras procedencias, tanto mujeres como hombres, jóvenes y mayores.

La estatua de Franco, tras su retirada el martes, ha sido guardada en una caja de madera en el almacén general de Melilla hasta que el Gobierno de la Ciudad decida su destino final, mientras PP y Vox estudian recurrir el pleno que aprobó su retirada por la participación en el mismo del presidente de CPM, Mustafa Aberchán, que la semana anterior fue condenado a dos años de prisión y treinta de inhabilitación por el llamado "caso voto por correo".

Público

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La militarización en América Latina en tiempos de Covid-19

Tortuga Antimilitar - 28 February, 2021 - 00:00

Alrededor del mundo, las respuestas a la crisis sanitaria provocada por el SARS-COV-2 han intensificado el despliegue de dispositivos de control de la población. Por ejemplo, en Polonia, Corea del Sur y Australia se han usado aplicaciones que rastrean el movimiento de personas contagiadas para impedirles salir de sus casas.

En América Latina los gobiernos han utilizado sus fuerzas armadas para asegurar el cumplimiento de las medidas de aislamiento social. Esto se explica por la debilidad de las agencias civiles, además de por el alto prestigio que estas instituciones gozan entre la población en la mayoría de los países en la región.

Para identificar las consecuencias del incremento de la participación de los militares en este contexto, el doctor Igor Acacio y yo analizamos las tareas que se les han encomendado en las 14 democracias del continente y examinamos el impacto de esta gestión en las instituciones, así como en el respeto a los derechos humanos en la región.

Para eso, consultamos decretos oficiales y las redes sociales de las Fuerzas Armadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay entre el 1 de marzo y el 25 mayo de 2020.

El rol histórico de los militares

El rol de los militares en la historia de América Latina ha sido crucial. El siglo XIX fue la época de los caudillos: militares originarios de los ejércitos de liberación desmovilizados gobernaron los países que recién se habían independizado.

Además de asumir esas tareas políticas, las fuerzas armadas también participaron en levantar la infraestructura de los nuevos estados: se dedicaron a construir puentes, abrir y pavimentar caminos para conectar áreas aisladas con las más desarrolladas, así como a entrenar las policías urbanas y rurales. Esta característica llevó a Brian Loveman a referirse a las fuerzas armadas latinoamericanas como “los guardianes de la nación”.

En el siglo XX, a esas misiones militares se agregaron tareas como la dirección de empresas públicas y las acciones cívico-sociales. Después, en la segunda mitad del siglo, los militares fueron protagonistas de la represión en contra de la oposición política como en Chile, Argentina y Brasil, y más recientemente en el combate al narcotráfico en países como Colombia y México.

En el contexto de la actual crisis sanitaria, su participación ha aumentado considerablemente, lo cual ha generado efectos negativos: la represión violenta de protestas como en el caso de Honduras, el abuso de autoridad por parte de soldados encargados de patrullar las calles durante la pandemia, o de vigilar los centros de contención para las personas que no respetan el toque de queda, como en el caso de El Salvador.

En países donde la rendición de cuentas es más consolidada, como Francia y Estados Unidos, las fuerzas armadas han restringido sus tareas a misiones de corte logístico cómo la construcción de hospitales y la distribución de insumos médicos. En contraste, en países como Chile, Bolivia, Ecuador, Honduras, Guatemala y El Salvador los militares han actuado en misiones que suelen ser problemáticas para la democracia y vulneran los derechos humanos de las clases populares: la participación en la gestión de la crisis sanitaria y el mantenimiento del orden público.

La primera tarea es de corte político y debilita el control democrático sobre las fuerzas armadas pues promueve la politización de estas. A su vez, las actividades policiacas exigen autonomía individual para la toma de decisiones, una habilidad cognitiva que no es central en el entrenamiento militar.

Reconociendo que los retos que impone la crisis del COVID-19 exigen la acción coordinada de diferentes agencias del estado, se espera que las fuerzas armadas, por ser altamente profesionales, participen de las repuestas estatales a la pandemia. Esto no se cuestiona. El tema que nos debe interesar y preocupar como sociedad civil es cuáles tareas estamos delegando a los militares y qué grado de autonomía política se les otorga para implementarlas.

Tipología de las misiones militares durante la pandemia

En nuestro análisis identificamos seis áreas de participación de los militares durante la pandemia del COVID-19:

Seguridad fronteriza, una misión cercana a la función clásica de los militares de defensa externa.

Logística, que comprende la distribución de víveres e insumos médicos, así como la repatriación de ciudadanos.

Atención médica, que incluye desde el apoyo en selección de pacientes, hasta casos de alta complejidad.

Industria de defensa, sobre todo dedicada a la producción de mascarillas, gel hidroalcohólico y distribución de medicamentos, una misión que, aunque no relacionada directamente con la defensa externa, no implica graves consecuencias sobre el control civil de los militares.

Gestión política de la crisis, que incluye el nombramiento de militares para cargos políticos en ministerios o para liderar comités nacionales de emergencia que coordinan la respuesta a la pandemia.

Tareas de vigilancia, las cuales abarcan el patrullaje de calles, el manejo de centros de contención y la participación en barreras sanitarias en el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las medidas de aislamiento social.

En general, encontramos que las misiones más efectivas fueron aquellas cuyos elementos militares tenían más entrenamiento: seguridad fronteriza, logística, atención médica e industria de defensa.

En casos donde los militares tenían poco entrenamiento, se detectó que sus misiones no se cumplieron satisfactoriamente, o que cometieron abusos de autoridad, como es el caso de El Salvadory Honduras. En este sentido, aunque su participación sea temporal, se tiene que resaltar que el aumento de la participación de los militares puede dañar permanentemente el balance civil-militar y la calidad de la democracia en Latinoamérica, especialmente en países donde dicho equilibrio se encuentra en declive cómo El Salvador, Ecuador y Bolivia.

Hay que recordar que una crisis, como lo es la pandemia actual, puede ser el contexto ideal para reformas políticas. La referencia a un estado de excepción puede facilitar la implementación de medidas políticas autoritarias vigentes, como es el caso de la suspensión de derechos políticos, bajo la justificación de la necesidad del mantenimiento del orden en un contexto de excepción y de inseguridad sobre el futuro. Por otra parte, dado que no es clara la duración de la pandemia, tampoco sabemos hasta cuándo se va a prolongar la militarización de las respuestas a la crisis. Eso permite que los militares actúen prácticamente sin contrapeso o control externo de sus actividades.

En Bolivia, un contralmirante es el director del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), responsable de coordinar las distintas acciones para enfrentar la emergencia por COVID–19 en el país. En Chile, los militares también están a cargo de la gestión de la crisis sanitaria: desde el inicio del 2020, son los encargados de la dirección de las dieciséis zonas de emergencia que se han creado en el contexto de la pandemia.

Brasil es un caso extremo de militarización de la gestión de la crisis sanitaria – y de la política en general. El presidente Jair Bolsonaro ha designado el mayor número de militares para encabezar ministerios públicos en la historia, desde el fin del régimen militar en 1985. Actualmente, 11 ministerios están encabezados por militares, incluyendo el Ministerio de la Salud dirigido por el general Eduardo Pazuello. Además, alrededor de 6000 militares ocupan puestos en secretarías y ministerios. Ese posicionamiento estratégico en el sistema político ha permitido el mantenimiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa en un periodo de contingencia de los gastos públicos y el aumento de los sueldos de los militares brasileñosen hasta 72%.

Militarización de la seguridad pública

Otro conjunto de misiones militares domésticas que merece atención es la asignación de militares en tareas policiales. Un gran número de investigaciones ha demostrado que las actividades de seguridad doméstica que generan contacto estrecho entre los militares y la población pueden estar vinculadas a abusos de autoridad y corrupción por parte de los militares, especialmente cuando no existe un objetivo claro de la misión.

Esto ocurre porque los militares de medio y bajo rangos son entrenados para misiones que requieren un bajo nivel de autonomía. Como un ideal tipo, actividades policiales implican un contacto cercano con la ciudadanía y la toma de decisiones a nivel individual, lo que les permite distinguir sospechosos de inocentes. Por ello, la adaptación de misiones militares hacia labores policiales no es conveniente y atenta contra la protección de las libertades civiles, que son centrales para la supervivencia de un régimen democrático.

Sin embargo, se insiste en desplegar a los militares como policías bajo la justificación de que se trata de la institución más preparada en el momento para enfrentar grandes amenazas de seguridad. El mejor ejemplo es el caso de México, en donde inicialmente se involucró al ejército para combatir el narcotráfico como medida extraordinaria, y ahora esta medida se ha vuelto permanente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “en la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos”.

Países como El Salvador, Guatemala, Chile, Ecuador y Bolivia han utilizado los militares en diferentes niveles para asegurar que la población se quede en sus casas durante la pandemia. La situación es más preocupante cuando los militares son la principal agencia responsable de coordinar los toques de queda, como es el caso de Chile y de Bolivia. Esto es incompatible con la dimensión liberal de la democracia: la preservación del estado de derecho, y vulnera las libertades individuales.

En Chile, por ejemplo, seis funcionarios del ejército fueron detenidos por abandonar a ocho personas en medio del deserto bajo la acusación de violar la cuarentena. Ese caso no es aislado. En 2019, tras la convocatoria de militares para el control de las calles, se registraron más de 71 querellas contra miembros de las fuerzas armadas.

De la misma manera, en El Salvador, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que defienden los derechos humanos han reportado abusos y violaciones por parte de militares y de la policía. Según el Decreto 19, publicado en marzo de 2020 por las autoridades salvadoreñas, los militares y policías están facultados para encarcelar a quienes violan la cuarentena en centros de detención por 30 días. En consecuencia, miles de personas fueron llevadas a centros de detención sobrepoblados y se encuentran bajo condiciones inhumanas.

También se denunciaron abusos de autoridad perpetrados por personal militar y policial a cargo de esas instalaciones en los primeros meses de la pandemia.

El caso de las fuerzas armadas salvadoreñas es un claro ejemplo donde la rendición de cuentas es mínima, ya que tienen más de 220 puestos de control en todo el territorio nacional para verificar el cumplimiento de la cuarentena social, lo que les permite disfrutar de un alto nivel de autonomía en sus actividades.

De manera similar, la intervención de los militares se ha incrementado considerablemente en Honduras. La Secretaría de Defensa Hondureña ha reportado más de 15.000 puestos de control en todo el territorio nacional.

Las fuerzas estatales han sido acusadas de realizar detenciones arbitrarias y abuso de poder en contra de personas acusadas de violar la cuarentena. Manifestaciones pacíficas para exigir alimentos, agua y medicamentos a las autoridades locales y nacionales han sido reprimidas con armas de fuego y gas lacrimógeno. Solamente entre marzo y mayo de 2020,20.000 personas fueron detenidas por no cumplir con las medidas de aislamiento social en el país.

En Bolivia, con el toque de queda controlado por los militares en el contexto de la pandemia y la implementación de puestos de control militar en todo el territorio, fuentes de medios alternativos denunciaron la represión de manifestaciones pacíficas que denunciaban el hambre en distritos que históricamente han apoyado a Evo Morales. Esto es un ejemplo de cómo el contexto de excepcionalidad de la pandemia ha intensificado la represión política.

Al inicio del año, políticos fueron arrestados bajo vagas acusaciones de “terrorismo” y “sedición” por las fuerzas de seguridad, lo que constituye una clara señal del desequilibrio que existe hoy entre civiles y militares en Bolivia.

Rendición de cuentas

América Latina es una región que enfrenta problemas estructurales de acceso a vivienda y servicios de salud que han profundizado la gravedad de la covid-19. Por esta razón se entiende que sea necesaria una acción coordinada por parte de todas las agencias estatales, incluyendo las fuerzas armadas, por supuesto.

El perfil de las fuerzas armadas es compatible con varias funciones clave en la contención de la pandemia. Misiones técnicas, como el apoyo a los cuidados médicos y funciones logísticas, son compatibles con el entrenamiento previo de los militares y no impactan negativamente en el ejercicio democrático. Sin embargo, la urgencia de esta crisis no debe desviar la atención de la relevancia de la rendición de cuentas por parte de los agentes del estado sobre sus tareas, y de su responsabilidad por eventuales abusos y desviaciones.

Por otro lado, la gestión política de la crisis sanitaria, así como las misiones policiales que implican un contacto estrecho entre ciudadanos y militares, deben ser evitadas porque vulneran el balance civil-militar, en detrimento de la democracia.

Los gobiernos de la región que se autodefinen como democráticos tienen el deber de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos en cualquier situación, pero sobre todo en momentos de incertidumbre global como la actual pandemia de covid-19.

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La versión original de este artículo fue publicada por el Centro de Investigación Periodística (CIPER) de Chile: https://www.ciperchile.cl/2021/02/0...

Fuente: https://theconversation.com/la-mili...

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Un "barco de la muerte" saudí falsea su hoja de ruta para tratar de ocultar una escala en Sagunto

Tortuga Antimilitar - 27 February, 2021 - 00:00

Danilo Albin

Nueva maniobra a la vista. El barco Bahri Jazan, utilizado de forma habitual por la naviera del régimen saudí para transportar armamento, tiene previsto atracar el próximo lunes en el puerto de Sagunto. Lo hará pese a que en su hoja de ruta figura que ese día estará en Génova. La confusión ha sido creada por la propia naviera tras conocerse que volvería a visitar un puerto español, lo que provocó una nueva denuncia de Amnistía Internacional ante el Gobierno.

El buque de bandera saudí atraviesa actualmente el Atlántico y se acerca al continente europeo proveniente de Baltimore (EEUU), uno de sus puertos habituales en la ruta estadounidense. En las aplicaciones que permiten detectar tanto su ubicación como su próximo destino figura que el día 1 llegará a Génova.

Sin embargo, en el documento de llegadas del puerto de Sagunto aparece que, tal como estaba inicialmente previsto, el Bahri Jazan estará este lunes 1 en esa terminal valenciana. La maniobra ha sido detectada por activistas de Antimilitaristes-MOC de Valencia, que en anteriores ocasiones ya se han movilizado contra la presencia de estos barcos.

Según ha podido confirmar Público, el buque tiene previsto llegar el lunes y partir el martes. Fuentes de Puertos del Estado se limitaron a señalar que "a través de la Red AIS (Sistema de Identificación Automática, por sus siglas en inglés) de Puertos del Estado no hay constancia" de la posición actual del Bahri Jazan, así como tampoco sobre "su destino".

Las fuentes consultadas por este periódico señalaron además que la autoridad competente "para el seguimiento y control de tráfico en las aguas de soberanía española es la Dirección General de la Marina Mercante".

Por su parte , el activista vasco Luis Arbide, portavoz de la comisión La Guerra Empieza Aquí de Ongi Etorri Errefuxiatuak (Bienvenidos Refugiados), remarcó que no se trata de la primera vez que un barco de la naviera saudí realiza una maniobra de este tipo. "La práctica de no indicar realmente a qué puerto se dirige, ocultar el destino o modificarlo en su AIS fue muy frecuente en el caso de las escalas en el puerto de Bilbao", destaca Arbide, quien habitualmente realiza tareas de seguimiento de las rutas de estos buques.

Gestiones en Europa

Esas maniobras llegaron a la Comisión Europea de la mano de Izquierda Unida, que denunció ese tipo de casos ante la comisaria europea de Transporte, Adina Valea. A raíz de las gestiones realizadas por el eurodiputado Manu Pineda, la responsable europea señaló en una carta remitida en diciembre pasado que tenía previsto contactar con las autoridades españolas "para advertirles de las prácticas" denunciadas.

"Por supuesto que lo haré, como una forma de ayudar a las autoridades españolas a monitorear cualquier tipo de transporte de cargas peligrosas y/o actividades ilegales en su jurisdicción", afirmaba Valea en su misiva.

Silencio en el Gobierno

Del mismo modo, Amnistía Internacional se ha dirigido por escrito al Gobierno para conocer detalles del caso concreto del barco Bahri Jazan y su escala prevista en el puerto de Sagunto, la primera del año por parte de uno de estos "barcos de la muerte" en puertos españoles.

El año pasado se registraron siete escalas de buques de la naviera Bahri en puertos españoles. En cada uno de esos casos, el Gobierno mantuvo absoluto silencio, amparándose en el secretismo oficial que existe en torno a las exportaciones de armamento. En este caso, el Ejecutivo ha actuado de la misma manera: de momento, la carta de AI no ha tenido respuesta.

Público

Categorías: Tortuga Antimilitar

Un informe afirma que la huella ecológica anual de la industria militar europea equivale a las emisiones de 14 millones de coches

Tortuga Antimilitar - 27 February, 2021 - 00:00

Andrés Gil
Corresponsal en Bruselas —

La industria militar en Europa tiene una huella de carbono anual equivalente a las emisiones de, al menos, 14 millones de automóviles. Así lo afirma el estudio Bajo el radar. La huella de carbono de los sectores militares europeos, realizado por Stuart Parkinson, director ejecutivo del grupo Científicos para la Responsabilidad Globar (SGR) y Linsey Cottrell, responsable de política medioambiental de CEOBS, y publicado este martes por el grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo (GUE(NGL). Según los autores, la cifra a la que han llegado es una estimación "muy conservadora, equivalente a las emisiones totales de vehículos de Portugal, Grecia y Noruega combinados".

Francia aporta un tercio de la huella de carbono total de los ejércitos de la UE, según el informe. España es uno de los seis principales países de la UE en gasto militar y asumió algunos compromisos sobre la notificación de emisiones en el marco del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático).

Por ejemplo, Francia califica el consumo de combustible de las actividades militares como "confidencial". El Ministerio de Defensa español dijo en 2012 que está registrando la huella de carbono de sus actividades, pero los autores afirman que no han podido "encontrarlas publicadas ni registradas". En el estudio, también se analizan "las emisiones de empresas de armas españolas como Navantia e Indra". El total de emisiones de gases de efecto invernadero de todo el sector militar de España se calcula en 2.794 kilotoneladas de CO2.

"El Pacto Verde Europeo ninguneó completa y deliberadamente todo lo que tuviera que ver con el impacto climático de la militarización", afirma el informe. "Esto no es un descuido. Es parte de la narrativa de la UE afianzar el excepcionalismo en torno a la industria militar y de armas, para dibujarlos como inherentemente necesarios e intocables, cuando de hecho contribuyen significativamente a la crisis climática y deben ser abordados. La desmilitarización debe formar parte de cualquier Acuerdo Verde creíble".

La investigación también destaca que Europa alberga ocho de las 30 corporaciones más grandes del mundo por ventas militares; identifica que las fuerzas armadas de Francia contribuyen a un tercio de la huella de carbono total de los ejércitos de la UE; y estima que la industria de tecnología militar de Polonia tiene las mayores emisiones de gases de efecto invernadero.

Lagunas en los datos españoles

El apartado dedicado a España en el informe incluye datos de emisiones de efecto invernadero registrados y la estimación de los investigadores. El gasto militar para España se resume en las cifras comunicadas a la OTAN: aumentó un 29% entre 2014 y 2020, del 0,93% del PIB al 1,16%. Al igual que con otros países del estudio, su gasto militar ha aumentado notablemente en los últimos años en respuesta a los objetivos de la OTAN –el compromiso en la OTAN es un 2% del PIB–. España tiene tropas fuera de sus fronteras, en Oriente Próximo, África y otras partes de Europa.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España no hace referencia específica a las fuerzas armadas, pero sí dice, sin embargo, que aunque la directiva de Eficiencia Energética excluye ciertos edificios propiedad de las fuerzas armadas, el Ministerio de Defensa ha desarrollado un sistema de gestión energética y de activos (SINFRADEF) que contiene información sobre el consumo y la eficiencia energética de todos sus edificios.

Aunque el plan de acción nacional anterior para 2017-2020 establecía que la información no está incluida en el inventario por razones de seguridad , los datos se recopilan y pueden utilizarse. El plan de acción también señaló que los criterios de rendimiento energético de la directiva europea no se aplican a los contratos de suministro de equipo militar.

El Ministerio de Defensa también ha desarrollado la Estrategia de Innovación y Tecnología de Defensa (ETID), que establece objetivos específicos para apoyar la colaboración entre proveedores de tecnología nacionales e internacionales, incluidos los sistemas de gestión de la energía y el desempeño. En 2011, la Secretaría de Estado de Defensa estableció un compromiso con la implementación de sostenibilidad medioambiental y eficiencia energética, incluida la publicación de un informe de rendición de cuentas sobre su su estrategia y política social, económica y ambiental, así como el establecimiento de un protocolo para el cálculo de su huella de carbono.

La web del Ministerio de Defensa señala que en 2012 comenzó a calcular su huella de carbono, incluidas las emisiones directas por el consumo de combustibles fósiles, las emisiones indirectas por el uso de electricidad y las emisiones indirectas producidas por sus proveedores de bienes y servicios. La web también cita la importancia de incluir cláusulas ambientales en las licitaciones de los contratos del ministerio. "Pero no hemos podido localizar una copia de los datos de huella de carbono o un informe de responsabilidad en el sitio web del Ministerio de Defensa", dice el informe.

Muchas de las principales corporaciones extranjeras que fabrican tecnologías militares en España publican datos detallados sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero. Con los datos de Airbus, Navantia, Indra, Thales e ITP Aero, la proporción de sus ventas militares y la proporción de empleados con sede en España, el informe ha calculado tanto las emisiones totales de gases de efecto invernadero de sus operaciones con sede en España como las cifras de emisiones por empleado. Y estos datos muestran a Airbus con las mayores emisiones relacionadas con el ámbito militar en España.

Las cifras indican que la industria de tecnología militar española tiene el nivel más bajo de emisiones por empleado de los seis países del estudio. Es probable que esto se deba al uso de fuentes de energía renovables. Por ejemplo, en las instalaciones españolas propiedad de ITP Aero, el 100% de su electricidad proviene ahora de fuentes renovables, mientras que en Indra la cifra es del 75% . En todo caso, "las cifras parecen sorprendentemente bajas en comparación con otros países", afirman los autores: "Hay que tener en cuenta que algunas de las principales empresas de tecnología militar que operan en España no publican datos sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero, como Aernnova y EXPAL".

Así, se ha utilizado el promedio ponderado de emisiones por empleado como base de una estimación para el sector de tecnología militar en España en su conjunto. Al multiplicar esto por el número de empleados en el sector, se calcula que las emisiones totales son de aproximadamente 83.000 toneladas de CO2 equivalente (tCO2e). Ésta es la cifra más baja entre los seis estudiados, ya que la industria es relativamente pequeña y la intensidad de gases de efecto invernadero es comparativamente baja.

Lucha contra el cambio climático e inversión militar

La eurodiputada de Podemos Idoia Villanueva, responsable de Internacional del partido, ha pedido a la Comisión Europea que reconsidere su política de defensa: "Este estudio demuestra que la lucha contra el cambio climático y las inversiones de la Europa militar son incompatibles. Mientras esta Comisión Europea ensalza la bandera del Green Deal, se ocultan muchas actividades que perjudican al medio ambiente y que obstaculizan nuestra acción climática. Además, es importante poner el foco en la falta de transparencia. La seguridad nacional no puede seguir siendo una excusa para ocultar los datos de los efectos que tiene la industria militar sobre el medio ambiente. Más allá de teñir de verde la política militar, es necesario que rediseñemos la política de defensa de la Unión Europea, apostando por el control de armas y por el desarme, poniendo la seguridad humana en el centro".

En el estudio también se da una estimación de la huella de carbono del sector. Esta estimación utiliza datos de Thales, que ha calculado la huella de carbono de toda su corporación. Aunque esta empresa tiene su sede en Francia, algunas de sus operaciones están ubicadas en España, y los autores del informe consideran que sus cifras son indicativas de la industria de tecnología militar española en su conjunto.

Con esta premisa, se calcula que la huella de carbono por empleado es de 31,6 tCO2e, que es más de ocho veces el nivel de las emisiones directas, lo que demuestra la naturaleza intensiva en carbono de la cadena de suministro de la industria. Así, se calcula que la huella de carbono de toda la industria es de aproximadamente 694.000 tCO2e.

Para calcular las emisiones territoriales (basadas en la producción) de los sectores militares españoles, teniendo en cuenta las principales lagunas de datos, los autores asumen que las bases militares españolas se encuentran en algún lugar entre las situaciones en Francia y Alemania. Al sumar las emisiones de alcance de la industria de tecnología militar, junto con una estimación de otras emisiones dentro de la cadena de suministro del país, se obtiene una estimación de 1,1 millones de tCO2e. "Se debe suponer que esta estimación es conservadora, ya que se basa en las cifras de las fuerzas armadas presentadas a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tienden a ser subestimadas", dice el informe.

Para la huella de carbono (emisiones basadas en el consumo), el estudio utilizado un factor de escala basado en una evaluación del ciclo de vida del ejército del Reino Unido para dar una estimación de las emisiones indirectas y, por lo tanto, un total general. Por lo tanto, se estima que la huella de carbono de los militares españoles es de aproximadamente 2,8 millones de tCO2e.

El Diario

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Biden ordena un bombardeo en Siria que deja 22 muertos

antimilitaristas.org - 27 February, 2021 - 00:00

madrid

EFE

Estados Unidos bombardeó este jueves supuestas posiciones de milicias proiraníes en Siria, en el primer ataque ordenado por el presidente Joe Biden desde su llegada al poder. Al menos 22 combatientes de milicias proiraníes murieron en la provincia de Deir al Zur, en el este de Siria, a consecuencia de los bombardeos, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

La ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, relata en un comunicado que todas las bajas pertenecen a las filas de las milicias iraquíes respaldadas por Irán de la Multitud Popular y de Kataib Hizbulá, grupo considerado como organización terrorista en Washington.

El Pentágono ha declarado que el bombardeo es la respuesta a recientes ataques contra tropas estadounidenses y de la coalición internacional en Irak, así como de «continuas amenazas» contra este personal. «Esta operación lanza un mensaje inequívoco: el presidente Biden actuará para proteger al personal estadounidense y de la coalición», afirmó el Pentágono en su comunicado.

«Bajo instrucciones del presidente Biden, las fuerzas militares de Estados Unidos realizaron esta noche ataques aéreos contra la infraestructura utilizada por grupos militantes respaldados por Irán en el este de Siria», indicó Washington en un comunicado. Estados Unidos aseguró que los ataques aéreos destruyeron «varias instalaciones» ubicadas en un punto de control fronterizo cercano a Irak y utilizadas por Kataib Hizbulá y otra milicia proiraní.

Relaciones recrudecidas desde el asesinato de Soleimaní

Los ataques contra instalaciones estadounidenses en Irak han aumentado desde que Estados Unidos matara en enero de 2020 al poderoso comandante iraní Qasem Soleimaní mediante un bombardeo selectivo en Bagdad, una acción que fue muy criticada por las fuerzas políticas iraquíes y por las milicias proiraníes del país.

La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue objeto este lunes de un ataque cuando impactaron en el exterior de sus instalaciones en plena Zona Verde dos cohetes tipo Katiusha. Una semana antes, el pasado día 15, un soldado estadounidense resultó herido y un contratista murió en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, tras el impacto de varios «katiushas», tres de ellos en el aeropuerto de la capital.

De los ataques contra la Zona Verde se suelen hacer responsables grupos armados poco conocidos, pero Washington acusa directamente a Kataib Hizbulá, una milicia iraquí financiada directamente por Irán que EE,UU. ha clasificado como organización terrorista.

Público

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La campaña de objeción fiscal al gasto militar sigue adelante respaldada por más de 250 personas el año pasado

Tortuga Antimilitar - 26 February, 2021 - 00:00

Tras haber esperado el cierre de las declaraciones en todo el estado, os podemos presentar los datos recogidos de la última campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar.

La campaña de Objeción Fiscal al Gasto militar 2020 (ejercicio fiscal 2019) se ha llevado a cabo por más de 250 personas de todo el estado, desviando más de 18.000 euros para proyectos alternativos.

En la campaña se desobedece activamente desviando una parte del dinero de nuestros impuestos a proyectos de interés social en vez de a la preparación y desarrollo de guerras y conflictos.

El valor medio de las objeciones realizadas es de 70 euros, y este año los grupos que más cantidad de desvíos han recibido son la Asociación del Colectivo de Objetoras y Objetores de Conciencia (Colombia), KEM-MOC Bilbao, NOVA (Grupo Noviolento en Sáhara Occidental), Ongi Etorri Errefuxiatuak, Proactiva Open Arms, Médicos sin fronteras y la Campaña Ropa Limpia/SETEM. En total han sido 92 los proyectos receptores del desvío de las objeciones fiscales.

Hay que destacar que la campaña sigue activa y que han prosperado mucho las objeciones de menos de 100 euros a causa de la persecución de Hacienda surgida en campañas anteriores.

El informe más detallado está colgado en la web de objeción fiscal: https://objecionfiscal.info/resulta...

https://www.sinkuartel.org/la-campa...

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La Abogacía del Estado avisa a los jueces que revelar datos sobre la venta de armas a Arabia Saudí provocará un "conflicto"

Tortuga Antimilitar - 26 February, 2021 - 00:00

En el marco de un recurso presentado por Greenpeace contra la opacidad en estos negocios, la representante legal del Estado alerta que esas informaciones dañarían las "relaciones bilaterales" y perjudicarían a las empresas exportadoras.

Danilo Albin

La política oficial de hermetismo en torno a las exportaciones de armamento hunde sus raíces en una ley franquista y, entre otras cosas, busca evitar que fracasen los negocios con el régimen saudí, responsable de los ataques contra la población civil en Yemen desde 2015. Así lo ha confirmado la Abogacía del Estado en un informe elevado a los tribunales en respuesta a un recurso presentado por la organización ecologista y pacifista Greenpeace, que buscaba precisamente poner fin a ese silencio.

En el documento remitido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al que ha tenido acceso Público, la representación legal del Estado apela, por un lado, al acuerdo adoptado por el Gobierno de Felipe González en marzo de 1987, que "declaró 'materia clasificada' con la calificación de secreto las actas de la JIMDDU", en alusión a la Junta Interministerial que analiza las solicitudes de exportación de armamento. El Ejecutivo de González se amparó entonces en la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, vigente a día de hoy.

El recurso formulado por Greenpeace ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid buscaba precisamente arrojar luz ante esas trabas. Apelaba en tal sentido a la "vulneración del derecho a la libertad de expresión tras la denegación de dos peticiones de información relativas a la autorización del Gobierno de España de operaciones de exportación de armas a países involucrados en conflictos armados".

En respuesta a esa demanda, la Abogacía del Estado invoca aspectos de "seguridad nacional", remarcando que "las reservas militares de cada nación se consideran un Secreto de Estado", por lo que "si España procediese a facilitar el listado de productos adquiridos por Arabia Saudí para este fin, existiría un evidente riesgo de provocar un conflicto internacional, con un operador clave en Oriente Medio, a lo que se le une la desconfianza que se generaría en la comunidad internacional ante la difusión de información sensible para la seguridad interna e internacional de terceros países por parte de España, de manera oficial".

La representación legal del Estado sostiene además que el acceso a esa documentación "pondría en peligro tanto los intereses económicos y comerciales de España, como los de la entidad exportadora". Para ello, la defensa legal de la administración aportó al tribunal un informe especialmente elaborado para esta ocasión por la Secretaría de Estado de Comercio, en el que se indica que Arabia Saudí "es el primer socio comercial de España en Oriente Próximo, el segundo inversor árabe en España y el segundo destino de las inversiones españolas en el mundo árabe".

"Las relaciones diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí descansan en un principio de confianza mutua que abarca de forma integral todos los ámbitos de la relación, sin poder hacer departamentos estancos de ninguno de ellos", destaca la Abogada del Estado en su documento, en el que indica además que "la publicidad de los detalles de las operaciones comerciales en materia de armamento (especialmente el destinatario concreto y su uso específico), sujetas a la confidencialidad antes aludida supondría una pérdida de confianza hacia España como socio comercial, que forzosamente se resentiría en las relaciones bilaterales entre ambos países".

También apela a los "intereses económicos y comerciales" de las empresas españolas exportadoras de armamento, remarcando que el acceso a la información sobre las ventas a Arabia Saudí "dañaría la posición competitiva de la entidad solicitante de la licencia, debilitaría su posición en el mercado y produciría un perjuicio económico al revelar y hacer accesibles conocimientos exclusivos de carácter técnico o comercial de la empresa amparada por el secreto empresarial".

"Ejercicio abusivo"

Ante las afirmaciones contenidas en este documento, la abogada de Greenpeace a cargo de este recurso, Lorena Ruiz-Huerta indicó a Público que "el objetivo fundamental del Gobierno es proteger la actividad comercial de la empresa exportadora de armas, así como los intereses económicos y comerciales de España". "Es increíble que en este momento, que tenemos el Gobierno más progresista de la historia de este país, la Abogacía del Estado ponga un negocio por encima del derecho fundamental a la vida de millones de personas en Yemen".

En ese contexto, remarcó que "existe un grave problema en el abusivo ejercicio del secreto de Estado, y no solo porque con ello se interfiera en la transparencia en la gestión de los asuntos públicos por el Gobierno, sino por la posibilidad de amparo de conductas delictivas bajo el férreo manto que proporciona el secreto de Estado". "De este modo, el problema no reside en la existencia del secreto como tal, sino en que cualquier cosa sea considerada como secreto por el Gobierno, de modo que la espiral del secreto y la mentira devienen en una monstruosidad jurídica intolerable", subrayó.

La tramitación del recurso de Greenpeace en los tribunales está ahora a la espera de otro punto: la contestación de la empresa madrileña NTGS, exportadora de morteros Alakran a Arabia Saudí. Cuando se produzca su respuesta, el tribunal tendrá ya todos los elementos para dictar sentencia.

"La antigua Roma y Grecia"

Según ha podido confirmar Público, la Fiscalía ya se ha pronunciado al respecto. Al igual que la Abogacía del Estado, el Ministerio Público defiende en su escrito que resulta imposible acceder a los datos solicitados por Greenpeace debido a que los mismos forman parte de las materias calificadas como secretas por el Gobierno de Felipe González en 1987. Asimismo, la Fiscalía echa la vista atrás para remarcar que la "reserva y ocultación de información por parte del Estado se producía ya en la antigua Roma y Grecia".

Público

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La pera limonera

Tortuga Antimilitar - 26 February, 2021 - 00:00

Categorías: Tortuga Antimilitar

«Las empresas extranjeras, principalmente las españolas, están saqueando los recursos del Sahara Occidental»

antimilitaristas.org - 26 February, 2021 - 00:00

Enguia Mohamed, es presidenta del grupo NOVA, No Violencia en el Sahara Occidental.
Activista y defensora del derecho del pueblo saharaui al referéndum de autodeterminación, nos cuenta en primera persona la situación actual que se vive en los territorios ocupados y en los campamentos tras el decreto del estado de guerra en todo el territorio.
«A los actores mundiales que tienen el poder de decisión solo les interesan sus intereses económicos, no les interesa la justicia ni la ley internacional. Nosotros y la sociedad civil internacional tenemos que presionar a los actores para que las empresas que están saqueando el territorio no queden impunes».

En la imagen Enguia Mohamed

Enguia Mohamed tiene 25 años y llegó al mundo en un territorio donde su población vive un conflicto que se alarga hace más de 40 años. Cuatro décadas después el conflicto en el Sahara Occidental se sigue a la espera de celebrar el referéndum de autodeterminación aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 1991: “La celebración del referéndum será la garantía de la paz duradera” sentencia Enguia. Sin embargo, el inmovilismo y la falta de voluntad política de Marruecos, así como la pasividad de la comunidad internacional son algunas de las razones que explican el enquistamiento del problema.

El conflicto entró en una nueva fase el 14 de noviembre. Tras 24 días de protesta pacífica en la «brecha ilegal de Guerguerat», el ejército marroquí atacó a las personas manifestantes. Se decreta a partir de ese momento el estado de guerra en todo el territorio.

En este contexto, donde la violencia y la vida se dan la mano cada día, Enguia pone su granito de esperanza con el grupo de No Violencia en el Sáhara Occidental ( NOVA). Compuesto por una formación de jóvenes saharauis voluntarias/os trabajan en los campamentos de personas refugiadas para promocionar la cultura de la no violencia, la resistencia pacífica del pueblo saharaui, el diálogo, la construcción de Paz y la protección de los derechos humanos y los recursos naturales.

En esta entrevista en primera persona, Enguia nos habla de la situación actual del Sáhara Occidental, de cómo su población hace frente a la actual pandemia y del expolio de recursos que las empresas extranjeras, y principalmente las españolas, hacen en el territorio con la complicidad de Marruecos.

P.El sábado 14 de noviembre después de que Marruecos hubiera violado el alto el fuego con el Sáhara Occidental firmado en 1991, se decreta el estado de guerra en todo el territorio. ¿En qué situación se encuentra el conflicto y cómo está afectando a la población saharaui en los territorios ocupados y en los campamentos?

R.Como sabéis, el pasado mes de octubre hubo manifestaciones de civiles saharauis ante la Laguna de Guerguerat. Reivindicaban el cierre de la laguna porque es ilegal y porque contribuye al saqueo de los recursos naturales del Sahara Occidental. También se manifestaban para recordar a Naciones Unidas que debe cumplir su compromiso con el pueblo saharaui y organizar ya un referéndum para que podamos elegir nuestro destino de una manera libre y justa. La manifestación se mantuvo hasta el día 13 de noviembre que es el día en el que Marruecos violó el alto el fuego al atacar a las personas civiles que se encontraban en el lugar y eso llamó a la guerra nuevamente.

«El inicio de la guerra y la pandemia, están haciendo que las cosas estén muy difíciles, por muchas circunstancias: hay más pobreza y más malnutrición»

En este momento, la guerra continúa. ¿Cómo está afectando eso a quienes viven en los campamentos de refugiados y en los territorios ocupados? La población está frustrada porque durante más de 30 años hemos esperado que la comunidad internacional, especialmente Naciones Unidas, contribuya a la solución a este conflicto de una manera pacífica; como bien sabéis, esto no ha ocurrido. El pueblo saharaui solo quiere su derecho a volver a su tierra.

P.¿Hay salida a esta declaración de guerra?

R. La salida a esta situación de guerra solo se producirá cuando se celebre un referéndum de consulta al pueblo saharaui porque, como he dicho antes, el pueblo saharaui solo quiere volver a su tierra y poder acceder a sus recursos naturales. Por eso, la celebración del referéndum será la garantía de la paz duradera. Eso es lo que deseamos, especialmente quienes formamos parte del grupo de no violencia Nova. En numerosas ocasiones hemos denunciado esta situación, hemos recordado que las personas están frustradas, hemos exigido a la comunidad internacional que garantice una solución pacífica, pero lamentablemente nadie nos ha hecho caso.

“El pueblo saharaui solo quiere su derecho a volver a su tierra”

P.La actual situación de pandemia ha provocado en muchos casos un cierre de fronteras que impide que la ayuda humanitaria llegue a los campamentos. La declaración de guerra ha hecho que los hombres abandonen los hogares… En este contexto, ¿cómo consigue sostener la vida y hacer frente a la pandemia provocada por la COVID-19?

R.Los refugiados saharauis antes de la pandemia ya sufrían de la falta de oportunidades de empleo a pesar de que muchos son graduados y graduadas. Con la pandemia y el cierre de fronteras, la situación económica de las familias empeoró, ya que se depende mucho de las ayudas humanitarias que con la pandemia han disminuido y también con la cuarentena los pocos empleos que hay (por ejemplo el transporte entre los wilays) se cerró también.

El inicio de la guerra y la pandemia, están haciendo que las cosas estén muy difíciles, por muchas circunstancias: hay más pobreza y más malnutrición, hay anemia especialmente en las y los niños, en las personas ancianas y en las mujeres embarazadas y lactantes.

P.El documental Ocupación S.A de Mundubat pone el foco en los verdaderos motivos de la ocupación del Sahara Occidental, los intereses económicos. Saca a la luz los negocios y cómo la ocupación en sí misma es un negocio. ¿Cómo es posible que las empresas, en su mayoría españolas, puedan llevar a cabo este expolio de recursos con total impunidad?

R.Las empresas extranjeras, principalmente las españolas, están saqueando los recursos del Sahara Occidental. A los actores mundiales que tienen el poder de decisión solo les interesan sus intereses económicos, no les interesa la justicia ni la ley internacional. Nosotros y la sociedad civil internacional tenemos que presionar a los actores para que las empresas que están saqueando el territorio no queden impunes. El expolio de los recursos lo hacen sin el consentimiento del pueblo saharaui.

P.¿Cuál es la responsabilidad de España, como potencia administradora, en este expolio?

R.España, como potencia administradora del Sahara Occidental según Naciones Unidas, debe reconocer la soberanía de la región del pueblo saharaui; además, debe exigir que se acabe este expolio, este saqueo, con penas judiciales a quienes lo comenten.

P.En el documental se siente la violencia y la represión a la que está sometida la población saharaui y en concreto las mujeres. ¿Cómo se ha hecho frente a este tipo de violencia y cuál es el papel que juegan las mujeres saharauis en la lucha?

R.Las mujeres saharauis han jugado y están jugando un gran rol en la lucha por la liberación de nuestra tierra. Las mujeres participan activamente en las manifestaciones, en la construcción de paz, en las negociaciones entre el Marruecos y el Polisario, que es el representante legítimo y único del pueblo saharaui. El mejor ejemplo es Sultana Khaya, que está siendo retenida y torturada en su propia casa en los territorios ocupados; su familia está siendo asediada. Hay muchas, muchas, violaciones de derechos humanos, especialmente de los derechos de las mujeres. El ejemplo de Sultana Khaya es un ejemplo entre muchos casos de hostigamiento y persecución a mujeres saharauis en los territorios ocupados.

Fuente: https://coordinadoraongd.org/2021/0...

Categorías: antimilitar

Democracia y violencia

Tortuga Antimilitar - 25 February, 2021 - 00:00

Andrés Piqueras
Sociólogo

El Estado moderno se crea como la instancia privilegiada de acumulación del capital y por tanto como su agente político fundamental.

La sociedad mercantil terminó por generar una forma particular de organización del trabajo social que hoy parece "natural": los productores desposeídos de medios de vida propios y por tanto obligados a trabajar para otros. Esto implicó la conversión de los humanos en "fuerza de trabajo", una especial mercancía que se compra y se vende en un mercado también muy particular: el mercado laboral. En adelante, la ganancia de quienes acaparan los medios de producción dependería de la explotación del trabajo de quienes se ven forzados a asalarizarse. Circunstancia que en sí misma entraña un antagonismo intrínseco entre explotadores y explotados. El nacimiento del capitalismo parte de esa violencia concreta de una ínfima parte de la sociedad sobre la inmensa mayoría de ella. Es decir, la violencia es elemento constitutivo de esta sociedad.

El Estado monopolizó la violencia en nombre del capital. Así fue ejerciendo la violencia de las leyes que impedían salirse de una determinada localidad, para que la recién creada "fuerza de trabajo" no pudiera moverse con libertad y esquivar el trabajo fabril. Violencia de las leyes de pobres para obligarles a trabajar, y por la misma razón violencia de la supresión de las ayudas sociales a partir de 1834 (Inglaterra). Un trabajo que las leyes permitían que superara las 16 horas diarias, durante 6 y a veces 7 días por semana.

Mismas leyes que, en lógica, también impedían la reunión, la asociación, la manifestación, la huelga...

La violencia, asimismo, fue la base de la colonización y arrasamiento de territorios de otros, multiplicando los procesos de desposesión por todo el planeta, destruyendo formas de vida, culturas y pueblos enteros. A sangre y fuego. Con centenares de millones de muertos.

En Europa, la resistencia que ocasionaban esas relaciones antagónicas de violencia, fue incitando a agruparse y a luchar a millones de personas. Todos los logros de nuestras sociedades se alcanzaron contra las leyes establecidas por el Estado en cuanto que "capitalista colectivo".

Cuando las luchas se hicieron organizadas y masivas, es decir, fuertes, el capitalismo recurrió a su expresión más salvaje para someterlas: el fascismo. También a la Guerra o a la amenaza de ella. Hizo guerras entre Estados, guerras de exterminio, guerras coloniales, guerras comerciales, guerras imperialistas e inter-imperialistas (a algunas de estas últimas las llamaron "guerras mundiales").

Fijémonos en que, en las dos últimas décadas, por ejemplo, el Estado español ha contribuido a bombardear Yugoslavia, Irak y Libia; ha colaborado, haciendo vergonzoso seguidismo de EE.UU., en el despiadado asedio a Venezuela, como antes lo hizo contra Cuba, e incluso se ha sumado a la idiota violencia económica contra Rusia, en detrimento de los intereses de los sectores agrícola y comercial propios. Sumisión auto-lesionadora que, para más inri, EE.UU. paga luego poniendo aranceles a los productos europeo-españoles.

Desde que cobra cuerpo la fase neoliberal del capitalismo, se multiplican e intensifican las manifestaciones brutales de violencia de la clase capitalista y de su instrumento de poder: el Estado. Porque violencia es saltarse a la torera los artículos constitucionales de carácter social. Porque violencia es convertir el mercado laboral en un estercolero, en donde cada contrato es una humillación de la población trabajadora. Violencia es que haya millones de personas desempleadas y hogares donde no entra un solo sueldo. Violencia es tener a casi el 30% de la población en riesgo de pobreza, y a casi la mitad con problemas para llegar a fin de mes. Violencia es haber llegado a desahuciar más de 500 familias al día, y que de nuevo millones de hogares no puedan cubrir los gastos energéticos imprescindibles.

Pero violencia es también que las oligarquías no paguen impuestos para mantener los servicios públicos y evadan y defrauden a mansalva. Violencia es que mientras se tiene casi la mayor tasa de pobreza infantil de Europa, los 20 españoles más ricos ganen más de 1.700.000$ por hora. A escala mundial estamos ante la mayor desigualdad jamás alcanzada por la humanidad: el 1% de la población mundial cuenta con más activos que el 50%.

Nunca he visto a nuestros representantes políticos "constitucionalistas" condenar estas violencias. Antes bien, y como con recochineo, nos quieren hacer creer que las mismas, y las desigualdades que acarrean, son compatibles con la Democracia.

La ilusión democrática en el capitalismo consistió en la igualdad y libertad de decisión formales, mientras que se mantenían profundas desigualdades estructurales. A partir de confundir lo formal con lo real es que la clase capitalista o sus delegados políticos, nos pueden hablar hoy de "igualdad" con una siniestra sonrisa.

La "ilusión democrática" ha sido más o menos aceptada o creíble mientras fue de la mano de un crecimiento económico que permitió servicios básicos, la mejora de las condiciones de vida y el movimiento en la escala social mediante el poder adquisitivo. La "ilusión democrática" se instaló como cultura: ésta era la única forma posible de entender la democracia. El Estado se encargaba de proporcionar la dimensión socio-emocional e ideológica, para producir vínculos afectivos o de complicidad entre él mismo, los individuos y el capital.

Pero hoy que el sistema capitalista da muestras evidentes de vejez y genera más crisis que crecimiento, los Estados cada vez pueden ofrecer menos a sus poblaciones. Más bien las deparan desempleo y empleo basura, deterioro galopante de los servicios, nuevas generaciones sin futuro, destrucción ambiental, empobrecimiento de las grandes mayorías, militarización y guerras. Mientras, las familias, léase las mujeres, se tienen que reventar trabajando para atender todo lo que el mercado laboral expulsa o no cubre con sus ridículos salarios, todo lo que el Estado va dejando de proporcionar. Eso también es violencia.

Como advierten los académicos franceses, Dardot y Laval, la democracia de esta fase del capitalismo, post-neoliberal, tiende progresivamente a vaciarse para pasar a no ser más que la envoltura ideológica de un gobierno de guerra social. La ley se ha convertido en el instrumento privilegiado de la lucha contra la democracia, con lo que la democracia se vacía de su sustancia sin que se suprima formalmente. Lo que quiere decir, a la postre, que se utiliza a la democracia para erradicar todo atisbo de democracia.

Una vez que la democracia deviene antidemocrática, entonces sí, los fascistas también se hacen demócratas. Ahí está Vox para demostrarlo. En España, a todos los que jamás condenaron el franquismo, como el PP, y se sienten a gusto cogobernando con falangistas, como Ciudadanos, se les empezó a llenar la boca de democracia.

También nos hablan de "igualdad" ante de la ley, cuando defienden un rey irresponsable ante ella, con una hermana absuelta de cargos por gracia divina. Nos proclaman la "independencia" del poder judicial mientras los principales partidos políticos se pegan por poner a "sus" jueces, a dedo. Mismos jueces que absuelven luego a los partidos de sus corrupciones, como bien saben en la calle Génova.

Una vez que la democracia se ha hecho antidemocrática, entonces ya se puede empezar a acusar de "violentos" a quienes se oponen a todo ello y sancionar penalmente cualquier manifestación popular, artística o laboral en virtud de alguna nueva tipificación jurídica incorporada como Mordaza Social. Y los poderosos o sus representantes comienzan a repetir toda la retahíla: "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada"; "siempre dentro del marco de la ley" o "el imperio de la ley". Y el delito de odio, que se hizo para proteger minorías sociales, de repente se aplica a quien se mete con la policía. Y por supuesto, jamás te dejarán ejercer un voto que pueda transformar este estado de cosas. ¿Referéndum para ejercer el derecho de autodeterminación?: ilegal. ¿Protección contra desahucios?: ilegal. ¿Denunciar, como hizo Assange, espionajes, oscuras manipulaciones políticas, intervenciones en países ajenos y masacres?: ilegal. ¿Revelar la identidad de los evasores fiscales?: ilegal ¿Nacionalizar la Banca y las empresas?: sólo para rescatarlas con el dinero de todos y luego a privatizarlas otra vez.

Repitamos, en suma: todos los avances sociales se han conseguido primero contra las leyes del capital, y una vez realizadas ciertas conquistas, yendo más allá de ellas. Y eso no se ha hecho, no se hace, sin dolor ni enfrentamiento. Sin fuerza social.

Pero nuestras neo-izquierdas (Syriza, Cinco Estrellas, France Insoumise, Podemos-IU, Más España, Partidos Verdes...) interiorizan la "ilusión democrática" y nos invitan a lograr grandes cambios sin fuerza, sin ningún costo, sólo votando o saliendo a las calles con globos. Con ello contribuyen también a ocultar el antagonismo intrínseco, la violencia estructural de la sociedad del capital.

Público

Categorías: Tortuga Antimilitar

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