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Colombia o la normalización de las masacres

Tortuga Antimilitar - 26 November, 2020 - 00:00

Trece jóvenes asesinados en Bogotá por la Policía Nacional de Colombia mientras protestaban por la muerte de Javier Ordoñez a manos del mismo cuerpo público. 56 masacres alrededor del país en lo que llevamos de 2020. Esta es la Colombia del llamado postconflicto, a cuatro años del fin de las negociaciones de paz de La Habana.

Berta Camprubí

Alexander Fonseca, 17 años, Andrés Rodríguez, 23 años, Julieth Ramírez, 18 años, Freddy Mahecha, 20 años, Germán Fuentes, 25 años, Julián González, 27 años, Cristian Meneses, 27 años, Marcela Zúñiga, 36 años, Angie Vaquero, 19 años. Hay que escribir sus nombres porque Colombia está cansada de ser representada en cifras de muertos. Ellos y ellas, y cuatro jóvenes más murieron por el impacto de proyectiles de distintas municiones, entre ellas munición real, durante las noches del 9 y el 10 de septiembre en el marco de las protestas y disturbios que tuvieron lugar en las distintas localidades de la capital de Colombia.

Miles de vecinos y vecinas de Bogotá, a pocas semanas de cumplir un año desde el estallido social del Paro Nacional colombiano de 2019, salieron esa tarde a la calle en un velatón de emociones acumuladas que gritaba desesperadamente por la muerte de Javier Ordoñez, un abogado que perdió la vida en manos de la policía en una detención con descargas eléctricas abusivas y arbitrarias que fue grabada en video. “Quién nos cuida de la policía?”, “Policía asesina” o “Justicia para Javier, mañana podrías ser tú”, fueron algunas de las pancartas que se alzaron delante de decenas de sedes del Comando de Acción Inmediata (CAI) de la policía que horas después acabaron en llamas. La noche convirtió la rabia en fuego y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) reprimió de manera salvaje conjuntamente con grupos de personas armadas vestidas de civil, otramente llamados paramilitares.

El saldo: trece jóvenes sin vida, aproximadamente 300 manifestantes heridos, 66 por arma de fuego, 93 policías lesionados, 178 personas detenidas, una menor de edad violentada sexualmente en la comisaría de policía y decenas de vehículos de transporte público, de las fuerzas del orden y comisarías de la policía quemados. Fuentes no oficiales aseguran que los jóvenes muertos son más, pudiendo llegar a 20. La respuesta social al abuso, la brutalidad policial y la violencia estructural de este país en forma de protestas y disturbios, ha resonado en otras ciudades como Cali o Medellín durante las dos noches consecutivas a la muerte de Ordoñez. Con la excusa de la proliferación de este tipo de manifestaciones de acción directa, ya está en marcha toda una campaña de estigmatización de la protesta social y se ha decretado el toque de queda para las menores de edad en Bogotá.

Claudia López, la alcaldesa de una capital de siete millones y medio de habitantes, se ha negado a decretar en su ciudad un toque de queda general —medida de fácil aplicación en Colombia ante situaciones de conflictividad popular— a lo que el expresidente privado de libertad, Álvaro Uribe Vélez, ha contestado a través de un tweet que pareciera ordenar una contramedida: “Mejor toque de queda del Gobierno Nacional, Fuerzas Armadas en la calle, con sus vehículos y tanquetas, deportación de extranjeros vándalos y captura de autores intelectuales (…)” twiteaba el 10 de septiembre el líder del Centro Democrático, partido que ostenta el poder a través de la presidencia de Ivan Duque, quién tras todo este terremoto se ha limitado a hacer “un llamado a la calma”.

Uribe, ahora también conocido por una gran parte de su país que necesitaba este momento desde hace años, como preso número 1087985, se encuentra en detención domiciliaria en su finca de 1.500 hectáreas llamada El Ubérrimo, en Antioquia. Y mientras quién fue presidente durante el auge del paramilitarismo, la parapolítica y los falsos positivos en Colombia sigue dando órdenes, preso en su casa, la investigación en su contra por delitos de soborno y fraude procesal en un caso que lo vincula directamente con el paramilitarismo ha pasado de manos de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía, donde lo lleva ahora un fiscal cercano al Centro Democrático.

Durante el día en que se conmemoraban 47 años del golpe de estado contra Salvador Allende en Chile, en Colombia fue tendencia en redes sociales durante todo el día el #YaDioLaOrden, en respuesta a la pregunta que resuena a nivel nacional e internacional: ¿Quién dio la orden?; ¿Quién dio la orden de disparar con munición real a los jóvenes de Bogotá? ¿Quién dio la orden de matar a los cinco menores afrocolombianos de Llanoverde asesinados en un cañaduzal el 12 de agosto? ¿Quién dio la orden para que el ejército asesinara a un comunero y un comunicador del pueblo nasa en Corinto, Cauca, el 13 de agosto? ¿Quién dio la orden para que aparecieran muertos en Samaniego, Nariño, ocho estudiantes el 15 de agosto? ¿Quién dio la orden para matar a seis campesinos en el Tambo, Cauca, el 21 de agosto? ¿Quién dio la orden de asesinar a tres jóvenes en el Norte de Santander el 26 de agosto?

En solo un mes, este fatídico mes de agosto para muchas familias, 47 personas han sido asesinadas en lo que el presidente quiere definir como “homicidios colectivos” en Colombia. La ya popularizada como Masacre de Bogotá es la número 56 en lo que llevamos de 2020, que deja 218 personas asesinadas en este tipo de crímenes de lesa humanidad según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). Y también en este mes de agosto, que queda registrado como el mes del regreso del país de García Márquez a tiempos sangrientos de terror y zozobra, se alcanzó la cifra de 1.000 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, en noviembre de 2016. Un acuerdo al que el gobierno actual se opuso y del que las comunidades rurales, principales beneficiarias de las reformas escritas en sus 310 páginas, siguen exigiendo su implementación que en muchos aspectos está por empezar.

Desde la firma de la “paz” y el inicio del “postconflicto”, las numerosas regiones de las que se retiró la extinta guerrilla —en las que generalmente ejercía el papel de Estado—, han sido ocupadas por disidencias despolitizadas de la misma organización o grupos paramilitares que ahora ejercen el control territorial y económico principalmente del narcotráfico, pero también de actividades extractivistas como la minería, la extracción de hidrocarburos o los monocultivos extensivos que dejan a la merced de grandes multinacionales y sus esquemas privados de seguridad el desarrollo comunitario de centenares de poblaciones.

La mayoría de masacres han sido perpetradas precisamente en este tipo de regiones. Abelardo Liz, por ejemplo, comunicador popular del pueblo indígena nasa, fue asesinado junto a José Ernesto Rivera el 13 de agosto en Corinto, Cauca, municipio históricamente dominado por el Sexto Frente de las FARC, popularmente conocido por las toneladas de marihuana creepy que exporta a todo el mundo y que, después de tres años de relativa calma, hace dos años que ha vuelto a normalizar los enfrentamientos armados entre disidencias y ejército y las motobombas en el centro del pueblo. Una bala del Ejército travesó el abdomen de Liz mientras hacía la cobertura periodística de un operativo conjunto de la fuerza pública y la seguridad privada de la multinacional INCAUCA S.A que pretendía desalojar a comunidades indígenas nasa de las fincas infestadas de monocultivos de caña de azúcar de esta empresa que aseguran son parte de su territorio ancestral.

“Las masacres y los asesinatos de defensores han sido naturalizados en las comunidades de Colombia. Son 500 años de colonización, de genocidio, 200 de sometimiento de la república criolla, la guerra bipartidista, la guerra de los 1000 días, la guerra contra la guerrilla... Un niño ve normal que amanezcan uno o dos muertos en el río o en la carretera”, explica Abisail Secue, sabedor ancestral del pueblo nasa desde Corinto. “Quienes han gobernado el país en estos 200 años son unas pocas familias y cuando uno quiere sostenerse en el poder usa estrategias para sembrar terror. Y así vienen alimentando la guerra. Las masacres siempre han estado, mientras no se cambie el modelo de educación, de formación, difícilmente vamos a cambiar esta cultura de muerte”.

Ivan Duque, más preocupado durante los últimos meses en atender la situación de pandemia por el covid19 (que ya he dejado más de 22.000 personas fallecidas en Colombia) y de defender a su mentor político Álvaro Uribe en una clara actitud anticonstitucional, achaca las masacres “al narcotráfico y al terrorismo”. Y ante la inexistencia de medidas políticas, diversas organizaciones de abogados y de defensores de derechos humanos, entre ellas el popular Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) a las que se le ha sumado el senador Iván Cepeda, han presentado una queja disciplinaria con la que se exige la suspensión inmediata del ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo y el comandante de la policía de Bogotá Oscar Gómez entre otros altos cargos políticos y militares.

“Hemos visto un mismo modus operandi, vimos policías ejerciendo los mismos comportamientos en distintas partes de la ciudad en el mismo momento como el uso de armas de fuego y la coordinación con personas civiles (…), esto a pesar de que la alcaldesa Claudia López manifestó órdenes contrarias. Entonces creo que toda la ciudadanía se ha hecho una pregunta y es ¿quién dio la orden? La respuesta nos la tienen que dar las autoridades de manera muy pronta, pues la policía es un cuerpo jerarquizado que tiene una línea de mando bastante clara”. De este modo pedía explicaciones en rueda de prensa Franklin Castañeda del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Un planteamiento que se reproduciría de la misma manera con la situación de las masacres ocurridas alrededor de todo el país, en pocos días de diferencia y por el teórico accionar de grupos armados al margen de la ley.

A nivel internacional ha habido decenas de muestras de solidaridad y denuncia de la situación alarmante de vulneración de derechos humanos en Colombia. En Barcelona, por ejemplo, con el lema “Nos están masacrando”, alrededor de cien colombianos exiliados y migrados hicieron una performance delante del consulado colombiano. “Estamos aquí para recordarle al gobierno que los intereses privados nunca están por encima de la vida del pueblo colombiano”, leyeron en un comunicado conjunto. “Qué peligro ser joven, mujer, afro, campesino, LGTBI, sindicalista, profe, lideresa social, migrante, tiburón, selva, bosque, río, páramo, en Colombia”, predicaba una pancarta. Una tras otra, personas que han tenido que huir de su territorio por culpa de la violencia y de la precariedad, se lanzaban a la calzada simulando el genocidio colombiano y gritando “¿Quién dio la orden?”. ¿Quién dio la orden?

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/colom...

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Ni libres ni iguales

Tortuga Antimilitar - 25 November, 2020 - 00:01

Amnistía Internacional ha denunciado que varios países del Golfo Pérsico están utilizando como excusa la covid-19 para reprimir aún más la libertad de expresión. El ministro de Sanidad alemán ha pedido que se supriman libertades constitucionales para luchar contra la pandemia y Macron ha decretado toque de queda en varias ciudades francesas, París entre ellas. En España se publican a diario disposiciones normativas orientadas a restringir movimientos e impedir reuniones en domicilios particulares al amparo de una Ley de Salud Pública que el PP quiere modificar para suprimir la autorización judicial de esas medidas. Con todo, no es nada extraordinario que desde cierta izquierda se acuse a las derechas de querer poner en peligro la salud de la ciudadanía para salvaguardar algo tan sutil como la libertad, así en abstracto.

En un libro que ya se ha convertido en clásico, Norberto Bobbio se preguntaba por la diferencia entre izquierda y derecha y recurría, en busca de respuesta, a las ideas de libertad e igualdad (orillando explícitamente la idea de fraternidad, que tan fértil podría haber resultado, como demostraría años después Antoni Domènech). Concluyó Bobbio que la idea de igualdad es la que inspira las políticas de izquierda, mientras que la idea de libertad es compatible con las derechas y las izquierdas, indistintamente. De ahí a considerar la libertad un valor fundacional de las nuevas derechas hay un abismo, pero ya Bobbio ponía los primeros pilares para construir el puente sobre ese abismo y no tardaríamos en cruzarlo al hacer confluir bajo el término “neoliberalismo” a todas las derechas posibles, también a las más autoritarias.

Algún día nos preguntaremos cómo fue posible que un ejercicio escolar llegara a condicionar tanto el discurso político de una época entera. No se entiende de otro modo que hayamos llegado a convertir las ideas de libertad e igualdad en un par de conceptos enfrentados y que incluso hayamos construido sobre ese enfrentamiento toda la teoría política, mucha o poca, que subyace a la retórica congresual de los grandes partidos españoles. Dicho de otro modo, una confrontación dialéctica cuyo valor es puramente didáctico se ha hipostasiado hasta convertirse en eje del discurso político cotidiano. La libertad como sinónimo de los deseos y los caprichos de los ricos, la igualdad como reflejo de los intereses objetivos de los pobres.

¿Qué hay de verdad en el mantra, tan extendido últimamente entre las izquierdas, de que la libertad es una ilusión que solo sirve para enmascarar los intereses de las clases dominantes? Tan solo el grado de verdad que quepa atribuir a un cliché nacido de la complacencia y la pereza intelectual. Suponer que solo a los ricos les interesa el reconocimiento de las libertades individuales tendría que ser delito de lesa moral. Y de lesa inteligencia: cuanto más rica sea una persona, menos necesitará que sus libertades se vean reconocidas en las leyes y protegidas por los poderes del Estado. Sucede más bien al contrario: cuanto más pobres, menos libres. La igualdad, si queremos verlo así, es una premisa de la libertad de todos. En otras palabras: queremos ser iguales para ser todos libres, no queremos que solo sean libres los de siempre. Eso implica que la igualdad es un valor de segundo grado, un valor instrumental: queremos la igualdad porque queremos algo con ella. Y, en efecto, no hay ningún ejemplo mentalmente solvente de conducta virtuosa dirigida tan solo por la aspiración a la igualdad, casi todos pivotan, en cambio, sobre la idea de libertad como algo por lo que merece la pena dar la vida.

Claro que la libertad es elástica. Nino Bravo cantaba “yo soy libre” en plena dictadura franquista y a los militares chilenos que respaldaban a Pinochet les volvía locos la canción. A su manera, las elites consideran que cualquier restricción de sus privilegios de clase es un atentado contra su libertad. Pero eso solo es cierto si consideramos la libertad precisamente como un privilegio, no como un derecho. Si las libertades específicamente reconocidas en el ordenamiento jurídico son un derecho de todos, y no un privilegio de unos pocos, no cabe suprimirlas ni restringirlas amparándose en que, al hacerlo, limitamos los derechos de los ricos. No es así como se practica la lucha de clases. A no ser que quieras que la ganen los ricos.

Insistir en el carácter ilusorio de las libertades públicas es (y lo digo desde el respeto más profundo por la etimología) un argumento estúpido: solo en un estado de estupefacción absoluta podemos aplaudir que se nos prive de libertades y derechos porque así les damos una lección a las elites. Sal de tu burbuja: si alguien tiene la capacidad de privar de libertades y derechos a millones de personas es porque ya es elite, no es algo que hayan hecho las clases populares deliberando en asambleas ciudadanas. ¿O acaso las clases acomodadas están inquietas por el mero hecho de que un gobierno imponga restricciones a sus movimientos?

Las clases acomodadas están inquietas cuando no tienen acceso directo a los presupuestos generales del Estado y cuando se les exige que cumplan sus obligaciones fiscales, porque eso merma sus ingresos y hace pupa a su tren de vida, pero les da exactamente igual que un gobierno les diga que no pueden salir de casa pasadas las diez de la noche porque saldrán de todas formas. Tal vez haya que explicar cómo funciona el sistema policial y judicial en nuestras sociedades, pero no me toca a mí hacerlo hoy, ya me disculparán.

He desarrollado con los años una gran desconfianza hacia los discursos que niegan el papel emancipador de los derechos y las libertades reconocidas en el ordenamiento jurídico de las democracias modernas. Ni por un instante considero que eso me haga más digerible el capitalismo y su maquinaria de crear y consolidar desigualdades. Al revés: considero que defender esos derechos y esas libertades es en gran medida un dique contra el aumento de las desigualdades. No es la panacea, pero ningún dique se construye para que no haya temporales, sino precisamente porque los hay y hay que protegerse de ellos.

Esa no es razón para no desconfiar de las elites cuando se ponen igualitarias. Que defiendan sus libertades lo veo tan lógico como que yo defienda las mías, pero cuando los ricos defienden la igualdad ¿qué están haciendo? Seguramente expresar su disposición a confiar transitoriamente en algún líder, carismático o no, que reinstaure el “orden natural de las cosas”. Justo cuando los conservadores presumen de ser libres e iguales es cuando dicen todos lo mismo y renuncian a ser libres proclamando que viva el rey. No hay liberalismo que pueda maquillar esa exaltación de la servidumbre. Hay ahí, en cambio, un igualitarismo básico, el más básico de todos, el que nos hace a todos súbditos por igual.

¿No debería preocuparnos esa aparente renuncia a ser libres por parte de quienes, efectivamente, no necesitan que se les reconozcan sus libertades? ¿Qué libertades pretenden suprimir en nombre de la igualdad de servidumbre? Las de los demás, sin duda: las de una mayoría social que no puede defender sus derechos con dinero y necesita leyes que protejan esos derechos. No podemos permitirnos el lujo de creer que esas libertades son un lujo. A no ser que queramos, como siempre, que solo las disfruten los de siempre.

Autor
Xandru Fernández

Fuente: https://ctxt.es/es/20201001/Firmas/33832

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Miguel Bosé: "Don diablo"

Tortuga Antimilitar - 25 November, 2020 - 00:00
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Pensando

Tortuga Antimilitar - 25 November, 2020 - 00:00

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La Covid-19, en los cuarteles: "Hay una gran incidencia... y se está ocultando"

Tortuga Antimilitar - 24 November, 2020 - 00:00

Iñaki Etxarri

España, noviembre de 2020. Noveno mes de la pandemia y en los cuarteles hay ruido de... Covid-19. "Por un lado nos hemos estado implicando en la lucha contra el virus, pero por otra parte tengo la sensación de que somos el principal foco de contagio". Quien así habla es un oficial del Ejército de Tierra destinado en "un cuartel de Colme" (en esta localidad, Colmenar Viejo de Madrid, se encuentran el Cuartel General de la FAMET o la Base Logística San Pedro), y no quiere dar muchas explicaciones, pero señala: "En los cuarteles hay descontrol, desconcierto y una gran incidencia de la Covid, que está siendo ocultada, con una gran opacidad, por parte del Ministerio de Defensa". Así lo denuncian a La Información dos de las principales asociaciones de militares que existen en España, la Aume (Asociación Unificada de Militares Españoles) y la Atme (Asociación de Tropa y Marinería Española).

El citado oficial destinado en Colmenar cuenta que "alguien tendría que mojarse y establecer unos criterios. Uno de los problemas de la sanidad militar es que en la mayoría de los cuarteles no tenemos médicos. Tenemos enfermeros, ATS... Y estos, lo primero que dicen es, ‘uf, yo no voy a decir nada, eso lo tiene que decir un médico'. Los jefes, lo mismo: ‘yo, ¿qué voy a decir? Yo no soy médico'. En Madrid, por ejemplo, que es el lugar que conozco, es imposible guardar las distancias en los vestuarios, ni se han establecido horarios ni nada parecido... ¿Qué distancia vas a guardar en unas maniobras, en una tienda de campaña para doce personas, en un carro de combate o en un helicóptero? Hay unidades en las que por las mañanas "te toman la temperatura, fantástico. Ahora bien, llega un soldado y da 37º, 36,8º... No sabe nadie qué hacer. ‘Bueno, tú que has dado 37º de temperatura, haz lo que tú quieras. Si quieres vete para casa, si no quédate en el cuartel... Es que no hay nada establecido. Parece que es, ‘vamos a tomar la temperatura porque queda bonito'. Es un desconcierto total".

Además, está el problema que tiene el Ejército con las aseguradoras privadas. Él mismo dio positivo, pero tuvo que hacerse la prueba por su cuenta y pagársela como tal. "Esto es una empresa privada y hay que mirar por el dinero", cuenta que le dijeron en una aseguradora. El médico de la misma, tras 10 días aislado sin síntomas, le quiso dar el alta sin hacerle una PCR de confirmación. "Casualmente esa tarde comenzaron los síntomas y me hice una PCR, que me la pagué de mi bolsillo, por precaución, porque nos íbamos de maniobras, y volví a dar positivo".
Agentes Policía Nacional y del Ejército en el Aeropuerto de Palma

"El principal problema es que nadie nos da directrices, y yo también soy un mando, de cómo actuar. Porque los militares somos muy mandados y si tenemos unas órdenes claras las cumplimos a rajatabla. En mi compañía, que no llega a 100 personas, ha habido seis positivos, y a veces nos hemos pasado de prudentes y hemos mandado a toda la compañía para casa, pero también hay hasta negacionistas. Mi jefe me ha llegado a reprochar que me hiciera una PCR y eso que di positivo", continúa explicando.

Lo cierto es que un día sí y otro también se conocen brotes positivos en las academias militares de Zaragoza, Toledo... El 10 de septiembre el propio ejército confirmó 22 positivos en las tres unidades de la Brilat en Pontevedra, Asturias y Valladolid; en la Academia Básica del Aire de León, con casi 20 positivos hace un par de semanas, o a mediados de octubre en el batallón Legazpi del Regimiento Tercio Viejo de Sicilia del cuartel de Loiola, San Sebastián (Gipuzkoa), donde hubo varios positivos y casi 100 personas aisladas tras una maniobras en Badajoz.

"No se cumplieron los protocolos sanitarios", denunciaban entonces varios soldados. "Hacíamos la instrucción sin mascarilla, sin guardar la distancia, bebíamos varios de la misma botella y estas botellas se rellenaban de agua para ser reutilizadas el día siguiente...". Tanto AUME como ATME denuncian que "la Covid está descontrolada en los cuarteles, en una buena parte de ellos, porque no vamos a meter a todos en el mismo saco y hay algunas unidades en las que se están haciendo las cosas bien, pero en otras..."

Las asociaciones también denuncian "la opacidad y el oscurantismo de Defensa a la hora de hacer públicos los datos de la incidencia del coronavirus en los cuarteles y en las Fuerzas Armadas". Pero, "por lo que vemos y por lo que nos cuentan y denuncian nuestros asociados, en algunos sitios hay una situación crítica y la Covid-19 campa a sus anchas por los cuarteles". "Si te dan algún dato en Defensa sobre la incidencia en el Ejército, que lo dudo, ten en cuenta que la realidad debe multiplicarla por 15 o por 20", confesaba a este periódico un asociado a la AUME.

En este sentido, La Información ha solicitado esta semana esos datos al Ministerio de Defensa y no se han facilitado todavía. Pero, según el portal LaPolíticaOnline, entre los 130.000 miembros de las FFAA, Defensa tendría contabilizados en la actualidad 1.117 casos positivos y poco más de 3.000 aislados por ser casos sospechosos no confirmados. Incluso, la senadora de Vox por Ceuta, Yolanda Melero, ha solicitado oficialmente a Defensa las cifras de la incidencia del SARS-CoV-2 en los cuarteles. "Mucho me temo que no las van a dar. Hay una opacidad total y sospechamos, por lo que nos cuentan nuestros asociados y vemos nosotros, que la incidencia es enorme en el ejército, con compañías enteras que han estado aisladas. Nosotros hemos hecho multitud de preguntas en este sentido y unas veces contestan, otras no...", explican desde la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), que preside Marco Antonio Gómez.

Desde esta asociación se denuncia que "en muchas unidades no se están siguiendo los protocolos. Se está aislando a la gente en sitios solos, abandonados, como apestados. Como pasó en Pamplona, donde a la gente que daba positivo la aislaban en sitios apartados y le llevaban el desayuno y la comida, un termómetro y un papel con un número de teléfono donde les decían que tenían que llamar ‘si se encontraban muy mal'".

ATME se queja igualmente del "material que nos proporcionan para protegernos". Muchas veces no hay ni geles desinfectantes y "te dan una mascarilla, solo una, para una guardia de 24 horas". Por ejemplo, en Melilla, "con unos niveles de infección enormes", se "sacan a la gente de las unidades, juntándolas en los campos de maniobras; con jornadas de reconocimiento, de instrucción continuada, sin llevar a cabo las medidas de seguridad requeridas. Aparte de que creemos que no es el momento adecuado para estar moviendo a personal cuando las unidades no pueden salir de su comunidad autónoma".

Y en ATME ponen como ejemplo que el Regimiento de Infantería ‘América' 66 de Cazadores de Montaña, con sede en Pamplona, "ha estado en San Gregorio (Zaragoza) haciendo unas maniobras, cuando Navarra estaba con unos niveles de contagio de los más elevados de España. ¿Cómo se puede mover personal en estas circunstancias?". Los ejemplos se suceden: "como, por ejemplo, hacer una formación de compañía de orden cerrado y poner a la gente a 50 centímetros unos de otros". Por eso, "hemos hecho muchas preguntas a Defensa, porque mucho protocolo, mucho papel... Y luego los jefes de las unidades hacen lo que les da la gana. Maniobras, formaciones...".

Incluso, "ha habido unidades como en Valencia en las que se prohibía a los soldados ponerse la mascarilla. Nos llamó un soldado, un compañero, y nos dijo: ‘es que el Ejército no me está dando ninguna mascarilla y no me permiten ponerme ni mi propia mascarilla. O me dan una, que solo vale para cuatro horas, para toda una jornada de trabajo de ocho horas, como mínimo'".

Por todo ello, desde ATME se insiste: "Ha habido unidades en los que en el mismo centro de trabajo, en las guarnicionerías, los talleres, ha dado positivo algún soldado, como pasó en Jaca (Huesca), en un taller, y mandaron a una señora con un mocho y un cubo con agua y lejía, le dieron un fregado y venga, a trabajar todo el mundo. ‘Bueno, pero yo he estado en contacto con esa persona que ha dado positivo...' ‘No pasa nada, a trabajar', te contestan. ¿Esa es manera de desinfectar? ¿De seguir un protocolo? Todo esto lo hemos preguntado nosotros al Ministerio, pero no están dando las cifras reales de incidencia en las unidades", sentencian en ATME.

Desde AUME, cuyo secretario general es Iñaki Unibaso, se incide en que "nosotros no hemos recopilado en esta segunda ola tantos datos como en la primera, pero nos están llegando continuamente quejas de compañeros y compañeras, sobre las condiciones en las que están en los acuartelamientos, sobre cómo van a las maniobras, los casos que está habiendo en León, en Calatayud, en la Academia de Zaragoza... Nos preocupa la situación. En algunas academias ya se les ha mandado para casa... Unidades que se van de maniobras, cuando nos dicen que extrememos la higiene, y se van de maniobras como se va, con poco más de un depósito de agua para asearte de vez en cuando". Por ello, "preocupa la salud de los compañeros en las unidades".

Sandra, nombre ficticio, asegura: "Tenemos miedo a las represalias". Es cabo en un cuartel de Madrid en el que en agosto hubo un brote con varios positivos por coronavirus. "Aquello fue un desastre", cuenta, "los mandos nos obligaban a trabajar cuando estábamos esperando la prueba de la PCR porque éramos contactos estrechos. Incluso, no se hacían las pruebas PCR en la unidad y nos mandaban a centros privados, a pagar 140 euros por prueba". Es más, "a compañeros que tuvieron que pasar la cuarentena de 15 días en el cuartel porque eran positivos o contactos estrechos de positivos les cobraron incluso el desayuno, la comida y la cena de esos días. Indignante". Ahora "ha habido otro positivo en el cuartel y parece que se están haciendo las cosas mejor", reconoce. "Por lo menos nos dan una mascarilla y unos guantes, aunque sean para 24 horas. Hay compañeros y compañeras en otras unidades que no han visto una mascarilla desde que en marzo empezó esta pesadilla".

Fuente: https://www.lainformacion.com/espan...

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Tras las huellas de los desaparecidos en el campo de concentración de Albatera, uno de los lugares más crueles de la represión franquista

Tortuga Antimilitar - 24 November, 2020 - 00:00

Comienza la actuación arqueológica para desentrañar la información que permanece soterrada desde hace 81 años y documentar la existencia de uno de los lugares más crueles de la represión franquista.

Albatera (ALICANTE)

Loreto mármol

"Se recorta, velada, una tragedia de aglomerados rojos, rojos zares, con un tic-tac en plenilunio, abiertos, como revoluciones de los huertos / granadas con la herida de tu florido asombro, dátiles con tu esbelta ternura sin retorno", escribió Miguel Hernández.

Entre bancales con esos frutos que por el color de su jugo son símbolo del martirio y palmeras altivas con impactos de bala, se alzan dos vigas de hierro con cadenas rotas, un monumento que se levantó en los años 90 "en recuerdo de todos los seres humanos que sufrieron y murieron por un mundo más justo y más libre". Cerca se ha instalado hace tan solo unos días un panel informativo en memoria de los represaliados.

Son los únicos vestigios que indican a simple vista la existencia del campo de concentración de Albatera, en la localidad alicantina de San Isidro. De los 300 que el régimen franquista diseminó por todo el país, para "propagar una atmósfera de terror" y "crear una impresión de dominación", tal y como dijo el general Mola al inicio de la guerra, es uno de los más importantes, y también de los más desconocidos. Forma parte de esa España oculta, de esa historia no oficial todavía por contar.

Entre finales del 39 y principios del 40 lo desmantelaron y arrasaron hasta sus cimientos con el objetivo de no dejar rastro. Solo quedaron algunos escombros. Sin embargo, su silueta aún podía distinguirse en las imágenes aéreas a gran escala que los llamados vuelos americanos captaron de toda la Península en 1946. "Es curioso porque en ellas se ve la estructura", afirma el arqueólogo e historiador Felipe Mejías. Fue lo que le permitió hace dos años determinar su ubicación exacta y su perímetro de 709 metros de longitud por 200 de ancho (14 hectáreas).

El horno de pan, en una imagen de 1938, cuando era un campo de trabajo de la República. / Luis Vidal

"El azar ha querido que se abra una oportunidad para dar luz a lo que sucedió"

Se cerró el 27 de octubre de 1939, y su memoria se borró durante 40 años y se olvidó por otros 40 más. Justo 81 años después, "el azar ha querido que se abra una oportunidad para dar luz a lo que sucedió", prosigue. Lidera un equipo de cinco arqueólogos que esta semana ha comenzado una prospección con detectores de metales para documentar su existencia a través de los objetos, recabando restos de ropa (como cinturones y hebillas), insignias, proyectiles, basura… "La información de los basureros permite reconstruir lo que la documentación no aporta", explica el investigador.

Los que lograron sobrevivir contaron que la dieta consistía en un chusco de pan que compartían entre cinco y una lata de sardinas para dos cada tres días. "Comían cuatro o cinco veces al mes", sentencia Mejías. Los tres primeros días bebieron de los charcos el agua que les tiraron al suelo. En esas primeras horas tampoco les proporcionaron comida, y ya venían de ingerir solo las flores de los almendros. "Dejábamos aquello pelao", dijo el poeta Marcos Ana.

Se calcula que hasta 20.000 personas recalaron allí entre el 5 y el 6 de abril del 39, muchos, desde el campo de los Almendros. Recién declarado el fin de la contienda, con la caída del último bastión republicano, se habían dirigido al puerto alicantino con la esperanza de subir a unos barcos que nunca llegaron. A excepción del presidente y los cargos más relevantes, capturaron a gran parte de la cúpula del Gobierno y la sociedad republicana. Comisarios políticos, gobernadores civiles, militares de alta graduación, médicos, escritores, artistas… que no pudieron subir al Stanbrook, el último buque que zarpó camino al exilio.

"Llegamos al muelle de carga de la estación ferroviaria de Alicante donde había un tren de transportar ganado", contó en los años 80 el exprisionero Juan Caba. En vagones abarrotados, a punto de la asfixia, los trasladaron a lo que hasta ese momento había funcionado como campo de trabajo, una estructura penitenciaria que se inauguró en 1937 para los acusados de espionaje, rebelión y sedición.
Instalaciones del campo de trabajo republicano, en 1938. / Luis Vidal (Biblioteca Digital Hispánica).

Instalaciones del campo de trabajo republicano, en 1938. — Luis Vidal

Un lugar emblemático que se convirtió en un infierno

Los documentos demuestran que los cautivos cobraban un pequeño salario por su jornada laboral de ocho horas y había permisos de fin de semana. La instalación contaba con enfermería, servicio de correos, un régimen de visitas familiares y partidas presupuestarias para alimentos. "Era un centro emblemático y ejemplar para la República", advierte Mejías.

"Arañando como pudimos la tierra, tuvimos que acomodar nuestro esquelético cuerpo al lecho del terreno"

Nada que ver, en su opinión, con el infierno en el que se convirtió después. El franquismo se limitó a aprovechar el cerco de alambre. Instalaron a los reclusos en el terreno que circundaba los barracones. A la intemperie y hacinados, "como animales", prosigue, apenas se podían tumbar en el suelo. "Arañando como pudimos la tierra, tuvimos que acomodar nuestro esquelético cuerpo al lecho del terreno", según Caba.

A un mes especialmente lluvioso le siguió un verano que rajaba la tierra y la piel, llena de llagas abiertas por el sol. La escasez de agua y alimento les provocaba atroces episodios de estreñimiento y diarrea severa. Los retretes, atascados desde el segundo día, eran conocidos como lugares de tormentos. "Incluso las letrinas, o más bien las zanjas que los presos excavaron, dan información", continúa Mejías.

Aquello se llenó de chinches y parásitos. Empezaron a enfermar rápidamente. "Nos acosaba la idea de que moriríamos de hambre y sed", describió Caba. Algunos ya no se levantaban al toque de diana. Morían de inanición.

Queda en pie el antiguo horno de pan, reconvertido en caseta de aperos de labranza. "Hay quien dice que era de cremación. Hay muchas exageraciones", aclara Mejías, que lo ha podido documentar con una foto de febrero de 1938, cuando aún era campo de trabajo.

Para desentrañar las huellas soterradas, otro grupo de cuatro especialistas de la Universidad de Cádiz está batiendo con un georradar una superficie de 3 hectáreas, que era la zona de acceso. Mejías espera hallar la información que hay en el subsuelo y "determinar con precisión la ubicación de la fosa común", de la que tiene evidencias.

Instalaciones del campo de trabajo republicano, en 1938. / Luis Vidal (Biblioteca Digital Hispánica).

Los testimonios de los internos hablan de que "una o dos veces al día, malolientes carros tirados por burros sacaban a los cadáveres amontonados". La historiografía, sin embargo, contabiliza ocho fallecidos en ese periodo. "Son cifras ridículas. Hay una especie de vacío", determina Mejías, que cree que "la única forma de saber dónde están los muertos es preguntando a la gente".

"Una o dos veces al día, malolientes carros tirados por burros sacaban a los cadáveres amontonados"

Necesitaba otra perspectiva, conocer lo que pasaba fuera del recinto, así que hace tres años, a través de la Cátedra Interuniversitaria de Memoria Democrática de la Comunitat Valenciana, inicia una serie de entrevistas a los propietarios de los terrenos, que le confirman que en los años 50, cuando se rotura toda la zona y se pone en cultivo, salieron restos humanos en superficie en tres lugares: "Esto son signos inequívocos de la existencia de la fosa".

El investigador opina que es probable que después afloraran algunos más, pero se ha silenciado porque "sigue habiendo miedo a hablar". Fue fundamental el testimonio de un operario que en 1977 instaló unos tubos de drenaje en el término de San Isidro. Al hacer las zanjas de dos metros de profundidad en la parcela sobre la que están trabajando aparecieron varios cuerpos intactos, en intervalos de 10 a 12 metros, con manchas que seguramente fueran cal viva.

Aunque no se aventura a dar una cifra del número de cadáveres, se muestra seguro de que "hay una fosa de grandes dimensiones". El próximo día 9 un equipo de siete arqueólogos y una antropóloga de la Universidad de León comenzarán los sondeos y la excavación con maquinaria para ver en qué situación se encuentra.

Un presupuesto todavía limitado

No obstante, advierte, el presupuesto de 17.600 euros que el Gobierno valenciano ha otorgado al proyecto, la mayor cuantía de toda la comunidad para este fin, no será suficiente para exhumarla, algo que dependerá de una próxima subvención que saldrá a finales de año.

Estas actuaciones formarán parte de un plan a cuatro años con el que pretende prospectar el perímetro completo del campo, un espacio que hace un año y medio se declaró Bien de Relevancia Local, con una metodología novedosa que hasta ahora solo se ha llevado a cabo en Castuera (Badajoz).

"Esto es un primer paso", ya que el también responsable de la identificación de las fosas comunes en la provincia está seguro de que "hay más", aunque algunas podrían estar bajo la superficie que ocupa el pueblo, que se levantó en los años 50 cuando llegaron colonos de diferentes puntos de la geografía para trabajar las tierras. Incluso, hay quien cree que se construyó encima para mermar la memoria del lugar.

Es cierto que "alguien quiso que no se supiera lo que pasó", piensa Mejías. De hecho, es imposible saber el número de fallecidos, porque no hay registros ni ficheros de los prisioneros. Hubo fusilamientos, sobre todo en mayo y junio, que solían ser por intentos de huida. Marcos Ana logró fugarse, pero acabó siendo detenido en Madrid, convirtiéndose en el preso que más tiempo pasó en una cárcel franquista. Desde su encierro, que duró 23 años, escribía versos con sueños de libertad: "Si salgo un día a la vida (...)".

Otros llegaron a la conclusión de que solo la muerte acabaría con la agonía, las humillaciones y las vejaciones que sufrían por un régimen de terror que les impuso un temor constante a ser asesinados en cualquier momento. "Estáis a nuestra merced. Si quiero, no tengo más que dar la orden: estas metralletas automáticas que os apuntan dispararían hasta terminar con todos vosotros. No tenemos que responder ante nadie", era la arenga a los detenidos de Ernesto Giménez Caballero, ideólogo del fascismo. Las ‘sacas' o ruedas de reconocimiento se producían continuamente. A algunos les daban un paseíllo por los alrededores, y ya no volvían.
"Estáis a nuestra merced (...) No tenemos que responder ante nadie"

"Fue un campo de represión cruel y duro donde se les dejaba morir de hambre, sed y enfermedad. Salvando las distancias, al final en algunas fases funcionó al estilo nazi", según Mejías. Los que pasaron por el lugar lo recordaron como un campo de exterminio. Algunos historiadores creen que fue un modelo que pudo servir de inspiración para la Alemania de Hitler, incluso con una probable visita del destacado militar Rudolf Hess.

Acciones extremas con el fin de aniquilar al adversario

Las directrices del general Mola antes del golpe de Estado fueron "eliminar a los elementos izquierdistas. La acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, aplicando castigos ejemplares", que resultaron ser una especie de holocausto ideológico. Los apresaron "solo por pensar diferente", continúa Mejías, que defiende que "por encima de ideologías, desenterrar las fosas, a la luz de la arqueología, con métodos científicos y evaluaciones rigurosas, es una cuestión de derechos humanos".

En este sentido, recuerda que la ONU ha hecho varios requerimientos a España para rescatar a los desaparecidos que aún están sin dignidad en cunetas, y piensa que la futura Ley de Memoria Democrática, "aunque mejorable, es un paso de gigante con respecto a la de 2007", ya que el Estado sufragará con fondos públicos la búsqueda de las víctimas.

"Muerto que te derramas, muerto que yo conozco, muerto frutal, caído, con octubre en los hombros", decía el poeta oriolano. "Es el momento de liberarse de esa carga: están ahí, solo hay que sacarlos", añade Mejías, que recuerda al autor Dardo Sebastián Dorronzoro, un desaparecido de la dictadura argentina que antes de que lo detuvieran había escrito: "Me declaro culpable, muy bien, pero debo advertirles que ya ustedes me mataron, me enterraron, me borraron todas las arrugas y las lágrimas de mis hermanos, y me dijeron que te diviertas con los gusanos, pero olvidaron de borrar las huellas que mis pasos marcaron en tantas calles y caminos del mundo". "Nosotros queremos encontrar esas huellas", concluye el arqueólogo.

Público

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El gobierno de España rechaza la supresión de patentes que permitiría a los países pobres acceder a las vacunas contra la covid

Tortuga Antimilitar - 23 November, 2020 - 00:00

A alguna gente nos cuesta distinguir el ente "Estado" del ente "Capital" y pensamos que, lejos del pensamiento de quienes consideran las instituciones estatales como algo "público", ambas realidades constituyen las dos caras inseparables de una misma moneda. La noticia que viene a continuación sería un elocuente ejemplo. Nota de Tortuga.

Este viernes se ha debatido en el Consejo de los ADPIC la propuesta de India y Sudáfrica sobre la suspensión de patentes para todas las tecnologías frente a la covid durante la pandemia. Habrá una votación final el 17 de diciembre. Los países ricos están en contra de esta medida que abarataría el precio de las vacunas y permitiría una producción mucho más rápida.

beatriz asuar gallego

España se posiciona con el resto de la Unión Europea (UE), Estados Unidos (EEUU), Japón y otros países ricos en contra de la exención de patentes de las vacunas contra la covid mientras dure la pandemia. Este viernes se celebró una reunión informal del Consejo de El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se volvió a debatir la propuesta de India y Sudáfrica de suspender la aplicación de las patentes y otros mecanismos de propiedad intelectual para todas las tecnologías para facilitar el acceso universal a todas las vacunas.

"El Acuerdo ADPIC, junto a los principios incorporados en la declaración de Doha de 2001, es adecuado para responder a los desafíos que plantea la pandemia, en el terreno de la propiedad intelectual, y permite las flexibilidades necesarias a todos los países para la protección de los derechos de propiedad intelectual, incluso en el caso de una emergencia sanitaria, como la actual pandemia de la COVID-19", explican fuentes de la Secretaría de Estado de Comercio a Público sobre la posición del Gobierno de España respecto a la propuesta de India y Sudáfrica.

Sin embargo, pese a los posicionamientos que hay ahora, no está todo perdido. Este viernes se ha celebrado una reunión informal para argumentar los posicionamientos. El próximo 10 de diciembre habrá una reunión formal y, finalmente, el 17 de diciembre debe salir el informe que avale o no la propuesta. Pero, pese a que queda un mes por delante y a que muchas organizaciones están pidiendo un cambio de posición, la UE parece dispuesta a mantener su rechazo a esta medida.

Los países más pobres y a los que realmente les afecta la desigualdad de renta mundial no opinan lo mismo. Las organizaciones internacionales sanitarias que trabajan sobre el acceso a las vacunas y a los medicamentos tampoco lo creen.

Médicos Sin fronteras ha mandado una carta abierta al Parlamento Europeo pidiendo apoyo para la propuesta. Más de 100 organizaciones internacionales, entre las que se encuentran Oxfam y Amnistía Internacional, la han apoyado. 16 son de España. Algunas de ellas son la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, la Federación de Asociaciones para la Defensa por la Sanidad Pública, Salud por Derecho o la Coordinadora ONGs España.

"La petición es apoyar la propuesta que permitiría la exención de patentes en medicamentos, vacunas y pruebas de diagnóstico hasta que se logre una inmunidad de grupo a nivel mundial. Hay muchas iniciativas para esto y se ha reconocido la necesidad de un acceso global pero, pese a las declaraciones para que los productos sean de bienes públicos mundiales, hasta la fecha se ha logrado bien poco", lamenta Raquel González, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras.

Los países ricos argumentan, como España, que hay flexibilidades en los acuerdos ADPIC e iniciativas internacionales que van a hacer que las vacunas sean bienes globales, pero los datos no señalan que vayamos en ese camino. Un informe de la ONG Oxfam del mes de septiembre, tras analizar los acuerdos de las empresas de AstraZeneca, Sputnik, Moderna, Pfizer y Sinovac, muestra que el 51% de dosis de estas vacunas ya han sido compradas por naciones que representan tan solo al 13% de la población. Ahora, el porcentaje de dosis compradas de forma anticipada aumentaría tras los últimos acuerdos que han ido cerrando bilateralmente las farmacéuticas con los distintos gobiernos. Mientras que en concreto de la vacuna Pfizer ya el 80% de las dosis se han vendido a países ricos que representan el 14% de la población.

"Las farmacéuticas no han cambiado su modo de operar al firmar contratos que excluyen a poblaciones vulnerables y desatendidas. Hay países que están hablando de dejar una parte de las vacunas que han comprado de forma anticipada para zonas de contexto humanitario y emergencia sanitaria, pero esto no es suficiente y las preadjudicaciones lo muestran. Si dejamos de respetar los acuerdos ADPIC vamos a poder tener vacunas para todos mucho antes y a precio de coste. Si no lo hacemos ahora, en pandemia y en emergencia sanitaria, ¿cuándo lo vamos a hacer?", plantea González.

Fernando Lamata, médico y experto en Salud Pública, que ha ocupado altas responsabilidades en materia de gestión sanitaria tanto en el Ministerio de Sanidad como en Castilla-La Mancha, también lamenta los posicionamientos de los países ricos: "El acuerdo de los ADPIC es una barrera ene l acceso a todos los medicamentos porque da a los fabricantes un monopolio de 20 años. Las empresas pueden poner un sobreprecio porque no hay competencia. Cuando se hizo, en 1994, estaba pensando en dar protección para que se cobrara lo suficiente como para recuperar lo que se gastó en investigación y así se aumentara la innovación".

Sin embargo, Lamata explica que esto no ha beneficiado porque no ha aumentado la innovación y, como ocurre con las vacunas contra la covid, hay una fuerte inversión pública para la investigación. Según el experto, esto hace que los fabricantes lleguen a aumentar sus beneficios hasta un 50% al permitir igualmente que se pongan precios muchos más alto del coste y, al mismo tiempo, limitar la fabricación. La consecuencia es que muchos países no tengan capacidad de pagar estos altos costes. Algo que pasa desde hace muchos años. Un estudio del Grup de Recerca d'Indústria i Territori de la URV de Tarragona ha publicado una investigación que señala que en los países en desarrollo habita el 85% de la población mundial y padecen el 93% de los casos provocados por enfermedades infecciosas pero solo absorben el 18% de la producción internacional de la inmunización.

Estos datos muestran que las flexibilizaciones que hay ahora sobre los ADPIC no valen. Pero, además, hay ejemplos del pasado. Cuando se aprobaron los ADPIC, el sida estaba en fase expansiva. Países como Sudáfrica se vieron gravemente afectados. El Parlamento sudafricano, bajo el Gobierno de Nelson Mandela, legalizó la suspensión de las patentes par poder importar versiones genéricas de los medicamentos antirretrovirales sin ahogarse económicamente. "Mandela consiguió una movilización mundial que lo permitió, pero tuvo un juicio por ello. En la práctica hay muchas dificultades jurídicas", recuerda Lamata. Hasta 39 farmacéuticas le demandaron. Es uno de los ejemplos de represalias que hay contra los países pobres cuando hacen uso de cláusulas sobre casos extraordinarios.

Por esto los expertos y las organizaciones reclaman: "La alternativa más rápida y sensata es la suspensión de patentes. Abaratará el precio y aumentará la producción. Como dijeron India y Sudáfrica: si la UE quiere seguir usando las patentes, que dejen a los demás que las suspendan para que puedan acceder a las vacunas sin tantas limitaciones", insiste Lamata. "Vamos a seguir insistiendo y reclamando a la UE y al resto de gobiernos que cambien de posición. No vamos a tirar la toalla", avisa González.

Público

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Anulan la multa a la familia que plantó patatas en confinamiento

Tortuga Antimilitar - 23 November, 2020 - 00:00

a.j.pastor.vigo

El juzgado estima el recurso de los cinco miembros, sancionados a 601 euros cada uno.

La familia que el pasado 22 de marzo, en pleno confinamiento, fue multada por la Policía Local cuando estaba plantando patatas en su finca ha ganado la batalla en los juzgados.

El Contencioso ha estimado el recurso presentado por cada uno de los cinco miembros sancionados a 601 euros y condena al Estado a costas.

Los agentes interceptaron a la familia en una finca de su propiedad. Según explicaba uno de los sancionados, “les explicamos que estábamos en nuestro terreno y que que teníamos además permiso para llevar a cabo labores agrícolas”. Después de identificarse, pensaron que todo estaba aclarado, pero la sorpresa les llegó en forma de multa. Todos recibieron la misma notificación y como en el resto de los casos anteriores que han llegado a juicio, abonaron parte de la multa, acogiéndose a la bonificación prevista. Aún así, recurrieron al Contencioso al entender que no hubo ninguna infracción respecto al real decreto de Estado de Alarma para conllevar sanción.

Uno de los afectados confirmaba ayer que tras la vista, en la que no hubo testigos y sólo se abordó la cuestión jurídica en sí, la sentencia del juzgado les había sido favorable. De esta forma, se les anula la multa, obligando a devolverles la parte entregada inicialmente.

El juzgado aplica de nuevo la teoría de la no admisión de desobediencia el hecho de desatender el mandato de una norma. Para ello, es necesario por una parte que se incumpla las limitaciones impuesta y que, tras ser requerido para su cumplimiento por un agente de la autoridad, en este caso la Policía Local, se desatienda a dicho requerimiento.

En este caso, los miembros de la familia fueron juzgados en vistas separadas, como lo fueron las sanciones recibidas, pero las situaciones que llegan al Contencioso se repiten.

Fuente: https://www.atlantico.net/articulo/...

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Gasto vintage

Tortuga Antimilitar - 23 November, 2020 - 00:00
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¿Enmiendas al gasto militar en la tramitación de los presupuestos? Mejor ni hablamos

Tortuga Antimilitar - 22 November, 2020 - 00:00

Una vez más, y adelantando la conclusión de este texto, tenemos que constatar el aplastante consenso de nuestra casta política en materia de defensa. Salvo muy honrosas excepciones, las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a los presupuestos generales del estado corroboran esta conclusión.

Ya sea por desinterés o por puro colaboracionismo, los grupos parlamentarios pasan del presupuesto de defensa y de su triple escándalo de 1) ser tan abultado, 2) encontrarse disfrazado en una amplia gama de programas y ministerios y 3) servir para el modelo de injerencia militar a favor del status quo de dominación y violencia, del que nuestra política de defensa es un actor privilegiado a escala mundial con 16 actuaciones en escenarios militares en el exterior en la actualidad (casi 100 desde Felipe González a la fecha) y más de 16.000 millones de euros invertidos en este despropósito intervencionista desde entonces.

Todo ello por no contar con el creciente militarismo de muestra propia política.
Veamos algunos datos.

De las 3.793 enmiendas que aparecen en los 12 tomos de enmiendas al articulado y las secciones del presupuesto en la página web del congreso, se alcanza la enorme cifra de 36 enmiendas específicas al presupuesto de defensa y otras 7 a aspectos de gasto militar relacionados con las golosas subvenciones que recibe la industria militar por parte del ministerio de Industria o de algunas partidas relacionadas con el ministerio de exteriores

La constatación de que la preocupación por la defensa, y siempre dejando a salvo la situación singular de Esquerra Republicana, que va en otra línea, supone el 0,92% de la preocupación de enmienda a los presupuestos del PSOE/PODEMOS por parte de los grupos parlamentarios (el 1,1 si sumamos las otras siete) dice mucho del nivel de aceptación acrítica del presupuesto militar.

Y si la situación es esa, peor aún es la orientación de las enmiendas.

PP y Ciudadanos quieren incrementar el gasto militar y exigen un cumplimiento de un compromiso de la Comisión de Defensa (unánime compromiso, dicho sea de paso) de incrementar linealmente en cien euritos mensuales el sueldo de los militares, por mor de su enorme dedicación y empeño, sobre todo en la lucha contra la pandemia (¿?). Ciudadanos cifra el gasto en unos 150 milloncetes de vellón que pretenden que salgan de nuestras costillas, porque todo es poco para contentar a la caverna y a los militares con medidas de este calado.

Por su parte, Más País quiere rascar otra cantidad para que los militares en la reserva puedan cobrar horas salariales (se supone que al margen del programa específico por el que ya se llevan más de 500 millones de euros) hacer actividades civiles (entendemos que aparte de las que la ley les autoriza a hacer por su cuenta y riesgo y por las que cobran un sueldo íntegro), lo cual parece indicar la preferencia de estos despistados por militarizar más la actividad civil. Por cierto que también Ciudadanos quiere dotar de 9´3 millones de euros a la reserva para complementar el dinerillo que ganan por no hacer nada.

Y el Bloque nacionalista gallego quiere que se usen partidas militares que están en otro lugar para mejorar las baterías de Cabo Silleiro y de O Grove, dando una muestra más del monumental despiste, o desinterés, por el verdadero problema militar.

Esquerra realiza una enmienda más agresiva entendiendo que el presupuesto de defensa debería desaparecer para integrar otras necesidades sociales y proponer su eliminación.

Igualmente propone en sus enmiendas quitar dinero de las inversiones militares en programas de armamento para trasvasarlas ala lucha contra el COVID o destinarla a usos más apropiados y solidarios, como sacar los fusilados de las cunetas, trasladar cuarteles e instalaciones militares o reconvertirlas a usos civiles o fomentar la cultura de paz.

Y eso es todo lo que da de sí la labor de oposición de nuestros ínclitos grupos parlamentarios, que más parece que en esta materia son más bien poco más o menos que un florero que no se opone, sino que consiente una política que viene siendo la misma desde que tenemos memoria, sin que nadie levante el dedo de verdad y por más que la reciente demostración de la distancia entre las necesidades humanas y las respuestas a estas deje en muy mal lugar el gasto militar, un gasto inútil, en el mejor de los casos, y perjudicial en sumo en el peor de todos ellos.

De modo que nos debemos resignar con el presupuesto monumental e injusto que nos propone el gobierno para sostener el gasto militar de siempre.

De nuevo tendremos, con tan amplio y satisfecho beneplácito, un gasto militar desbordado, de más de 34.000 millones de euros si atendemos a los criterios que explicamos en un anterior avance.

Y, también, un gasto camuflado, con partidas en casi todos los ministerios financiando militarismo.

Y, además, un gasto que insostenible (por cierto, esto lo reconoce esta vez en sus enmiendas el PP, aunque solo sea para tirarle una piedra en el ojo al PSOE y a Podemos, sin darse cuenta que la pedrada le cae también a ellos, responsables a partes iguales en este estado de cosas) que mantiene una estructura que da de comer a más de 3 millones de personas agradecidas, que cuenta con un ejército sobredimensionado y desproporcionado (demasiada gente y demasiado mas distribuida, con un mando por cada 1´7 efectivos) desde el propio punto de vista militar (no digamos desde la lógica más aplastante que llega a considerar que mejor sería desmilitarizar por completo nuestra seguridad) .

Y, por si fuera poco, un gasto peligroso, con un creciente intervencionismo, con una creciente estimulación de las operaciones militares en el exterior y la injerencia militar, con una industria militar agresiva y desvergonzada y, por si algo nos faltara, con una creciente mentalidad militarista y autoritaria que crece en nuestra sociedad día a día e intoxica las instituciones.

Si en otras ocasiones pudieron excusarse porque, decían, no conocían ni la dimensión real del gasto militar ni las trampas con las que nos lo iban colando, ahora no pueden acudir a este argumento, porque es ya de dominio público lo desmesurado, lo opaco y lo perjudicial de este gasto y sus disimulos no valen para otra cosa que para retratar su cinismo.

Máxime cuando las encuestas del CIS y otros estudios más específicos muestran la aversión de nuestra sociedad al gasto militar y al militarismo.

Pero nuestra casta hace oídos sordos (porque tampoco le pasa factura, dicho sea de paso) y consolida la tendencia de mantener un gasto militar injusto e innecesario que premia a los malos y castiga a los buenos, parodiando el catecismo de antaño.
De todo ello debemos dar gracias a nuestra casta política, toda ella militante del Partido Militarista Tácito, con amplias mayorías en el PSOE; el PP, los otros partidos de la derecha en general y las nuevas, y no por ello más frescas y menos militaristas, fuerzas políticas.

Lo dicho, aquí lo que no hagamos por nosotras mismas se quedará sin hacer, que a estos tipos del Congreso ya les tenemos vistas las intenciones, de modo que si no quieren gasto militar, muevan el culo ahora, que estamos a tiempo, y desconfíen del hombre blanco que habla con lengua de serpiente, que dijo el otro.

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¿Qué vacuna? Transgénesis y dudas científicas

Tortuga Antimilitar - 22 November, 2020 - 00:00

Los acelerados anuncios sobre la aparición de diversas vacunas frente al Covid-19 reflotan un debate que aún no ha sido lo suficientemente clarificado. El científico Raúl Horacio Lucero (Resistencia, Chaco), el médico Damián Verzeñassi (Rosario, Santa Fe) y la investigadora Luna Gonzáles (Lima, Perú) analizan en este artículo lo que se sabe y lo que no sobre las vacunas que prometen terminar con el coronavirus y devolver la “normalidad”, como ocurre en estos días con la presentada por el laboratorio Pfizer. El peligro de que sea transgénica, algo inédito en la ciencia. Las distintas opciones y las empresas de siempre. Las dudas que siembran los ensayos que saltean procedimientos por urgencia, y también por negocios. Y el lugar de los cuestionamientos, mucho más acá de los discursos antivacunas: ¿Qué está pasando? Aquí la nota publicada originalmente en MU 151. Por Sergio Ciancaglini.

El vértigo pandémico viralizó un discurso político, corporativo y mediático que ha instalado a una nueva diosa, venerada por buena parte del gremio humano: la posible vacuna para el Covid-19.

No se sabe cuál sería esa vacuna, pero es evidente que las más anunciadas para esta aparición supuestamente salvadora son las basadas en la transgénesis.

En tiempos de redes antisociales, grietas, lobotomías y operaciones infecciosas, conviene hacer algunas aclaraciones:

Este no es un artículo “antivacunas”.

Este, incluso, no es un artículo sino una serie de preguntas que, para empezar, podrían formularse así: ¿qué están intentando hacer, y de qué modo?

“Sé muy bien que las vacunas han significado el control de muchas enfermedades que venían ocasionando miles de muertes. Sin embargo ahora estamos ante algo muy nuevo y muy preocupante”, explica desde Lima, Perú, Flora Luna Gonzáles (médica, pediatra, investigadora científica, miembro de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica de su país y del grupo técnico de Bioseguridad en Organismos Vivos Modificados) sobre las dudas que generan los acelerados anuncios de corporaciones y Estados referidos a nuevas vacunas para enfrentar al virus.

¿Por qué la preocupación? Luna González: “Las vacunas ante las infecciones virales siempre han tenido un virus atenuado dentro de la vacuna para estimular los anticuerpos de la persona. O un virus inactivado, o un fragmento viral. Pero ahora varios laboratorios están fabricando una vacuna genética, experimental, que nunca antes ha sido registrada, licenciada ni utilizada”.

La corona del virus

Los casos más promocionados son los de AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna y Pfizer, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que hay 35 vacunas en estudios clínicos avanzados, 17 de las cuales son elaboradas con técnicas genéticas no probadas antes en humanos.

Explica Flora: “Estas vacunas tendrán ARN que fabrica proteínas, para que al vacunarnos se estimule la producción de lo típico de este virus, que es la proteína S que le da esa forma de corona. Pero nunca antes se ha insertado material genético en una vacuna. Se ha hecho en plantas, animales, microorganismos. ¿Qué significa hacerlo en seres humanos? Al insertar ese ARN en nuestro cuerpo, ¿cuánto tiempo va a actuar? ¿Qué intensidad va a tener si el sistema inmunitario de quien lo recibe está disminuido por cualquier factor? ¿Qué otras acciones podrá realizar, con qué efectos?”

Continúan las preguntas: “¿Por qué nos meten un ARN para que dé ordenes genéticas a nuestro genoma, para que el genoma fabrique proteínas que destruyan la proteína S del virus? ¿Cómo se detendrá ese proceso? Nada se sabe. Ni cómo actuará ese material genético externo, ni con qué efectos a corto y largo plazo. Pero técnicamente las personas que reciban la vacuna serán transgénicas, sin que conozcamos los efectos de ello”.

Otra duda: ¿Están informando a las personas que se ofrecen como voluntarias sobre todos estos riesgos que estamos mencionando? Porque la mayoría piensa que son vacunas como las anteriores. Entonces, ¿explican todo, o están haciendo un consentimiento desinformado?”

El doctor Horacio Lucero, desde Resistencia, Chaco, plantea otro problema: “Todavía no sabemos si alguna de esas vacunas producen inmunidad de anticuerpo. Pero lo que es seguro es que las empresas condicionaron su propia inmunidad legal: frente a posibles efectos secundarios de la vacunación, los laboratorios quedan cubiertos económicamente y la responsabilidad pasa al Estado. Son cosas que no están claras a nivel biológico, y tampoco a nivel institucional”.

Lucero es bioquímico, doctor en Bioquímica Humana, jefe del laboratorio de Genética y Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste y ha sido de los primeros científicos del país que hizo públicos los efectos en comunidades y territorios argentinos del modelo de monocultivos transgénicos con agrotóxicos. Actualmente tuvo que suspender otras investigaciones y el laboratorio se dedica de lleno al diagnóstico por PCR de unos 150 casos diarios de Covid-19. “Las cuestiones con respecto a las vacunas generan suspicacia, porque estamos hablando de un fenomenal negocio. El virus tiene una letalidad menor al 1%, y según grupos de riesgo esto puede ser menor aún. ¿Es necesario hacer una movida a nivel mundial y semejante acortamiento de los tiempos de investigación? No está tan claro, a menos que haya un impulso principalmente económico”.

El planteo de Lucero no debe confundirse con los antivacunas: “Cualquiera que haya hecho una carrera relacionada con la medicina sabe que las vacuna son sumamente importantes, siempre y cuando se cumplan las premisas para su investigación y elaboración, y que el patógeno tenga un porcentaje de letalidad alto, en el cual la inmunización es imprescindible. Pero se puede tomar otro caso, el Chagas, para el que siempre se esperó una vacuna que nunca aparece porque los afectados son las personas de menos recursos. Entonces no hay negocio económicamente atractivo para las empresas”.

Sobre la cuarentena: “El virus es tremendamente contagioso, y mata en una semana a personas vulnerables. Eso no es un cuento: lo hemos visto. En el laboratorio vemos cómo crecen los infectados apenas se abre la circulación de gente. Pero la clave es testear, individualizar a la persona infectada y aislarla”.

Percepción sobre la actualidad: “La sociedad pide a gritos una solución y aparecen las empresas ofreciendo una, que todavía no se sabe si es o no efectiva. Al no haber tiempo, esto va a ser una prueba a nivel masivo sobre la población, y los efectos adversos se verán después, con las empresas ya protegidas de los costos que esos efectos adversos puedan generar”. Ríe Lucero recordando lo siguiente: “Creer que las farmacéuticas van a hacer las cosas como para que la población esté cada vez más sana es lo mismo que pensar que los que venden armas van a hacer las cosas para que se acaben las guerras”.

Pese a la baja letalidad del Covid-19, el nivel de contagios parece estar desquiciando a algunos gobiernos y sistemas sanitarios. Lucero propone otra mirada: “Uno se pone a pensar si las cosas serán exactamente como las están presentando. Incluso entre infectólogos disienten. Hay casos, me consta, de gente que aparece muerta por Covid-19 que en realidad tenía otra enfermedad, muchas veces autoinmune (cuando el sistema inmunológico ataca órganos y tejidos sanos). Hay cuestiones relacionadas con la información que no están claras, y puede pensarse que hay procesos de manipulación para generar temor, que permiten otros réditos. Es como cuando se pregunta si el virus pudo haberse creado o escapado en un laboratorio mientras experimentaban: estamos en una etapa biotecnológica en la que todo es posible. Cualquiera podría crear un virus con alguna finalidad que se me escapa, y el tiempo es el que permitirá ver con perspectiva. Ya tuvimos la supuesta pandemia del 2009 de la gripe porcina H1N1. Luego la OMS salió a decir que no fue una pandemia pero se hicieron negocios formidables, incluyendo a los empresarios que ahora están impulsando la nueva vacuna para el Covid” dice en referencia a promocionados casos como el de Hugo Sigman.

“Plantean esto como una epopeya nacional en la que, si las cosas salen mal, irán a pérdida. No es un argumento creíble. Saben desde hace mucho que hay un negocio para pocas empresas que tendrán esta vacuna”. El científico recuerda que normalmente el proceso de aprobación de vacunas dura entre 10 y 15 años, con estricta supervisión gubernamental, etapas de exploración, preclínica (con cultivos celulares y animales, que dura entre uno y dos años), las distintas fases en humanos, el estudio de efectos adversos, entre otras cosas. “Pero uno trata de mirar la realidad, y se ve que quieren saltear pasos y que se tomen decisiones apuradas. Ya pasó con la aprobación de los transgénicos en la Argentina (1996, a cargo del actual Canciller y ex secretario de Agricultura Felipe Solá) sin ninguna evaluación: no había necesidad de hacerlo tan rápido, pero eso permitió un negocio gigantesco para unos pocos y las consecuencias las estamos sufriendo todos”.

Entre esas consecuencias están las que Lucero considera verdaderas epidemias y pandemias entre las que incluye las enfermedades autoinmunes, el crecimiento exponencial de casos de TEA (Trastorno del Espectro Autista), intolerancia al gluten, a la leche vacuna, resistencia a los antibióticos, diabetes, enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson) y sus investigaciones pioneras sobre los casos de malformaciones en bebés, abortos a repetición, cánceres y leucemias en zonas fumigadas, los efectos de la alimentación industrial. “Son cuestiones que parecen diferentes están muy relacionadas, porque tienen que ver con una matriz y una lógica de producción. Estamos viviendo un universo crecientemente contaminado. Tóxicos ambientales y los que vienen con la ingesta de alimentos. No nos podemos deshacer de todos esos tóxicos que inciden sobre la expresión de nuestros genes y de algunas proteínas. Por eso aparecen estas enfermedades que se están volviendo masivas. Entonces nos muestran esta pandemia, pero tenemos que ver otro nivel de afectación mucho mayor, que casi nadie menciona. Y quienes hablan de esto son silenciados o relegados. Lo he vivido, como le ocurrió también a Andrés Carrasco (científico fallecido en 2014). Algo está cambiando porque desde hace un año han vuelto a invitarme a congresos, como uno sobre autismo que se hizo en el Chaco, donde otros científicos habían planteado la necesidad de presentar gente que hable del tema de agroquímicos en relación al autismo. Pero vuelvo a decir: relaciono lo de las vacunas con esto, aunque parecen temas diferentes, porque forman parte de un mismo tipo de problema que la propia ciencia no siempre está mirando”.

Mientras se habla de Covid, no se habla de otras cosas: “Pero cuando pase la pandemia que parece el fin del mundo, van a seguir los problemas que venimos denunciando hace tanto tiempo, con una cantidad de afectados superior a todo lo que estamos viendo ahora. Si la enfermedad es un negocio, es más necesario que nunca sacarnos el velo de los ojos y recuperar espíritu crítico para analizar la realidad”.

Otras estrategias

El doctor Lucero dice que no se vacunaría con estas pruebas transgénicas, lo mismo que opina desde Rosario, Santa Fe, el médico Damián Verzeñassi: “Ni yo, ni mi hija (Gala, beba sub 1). Nadie puede asegurarnos científicamente que se trata de vacunas seguras. Al revés, se han obviado los pasos de la bioética de cualquier investigación, planteados desde la Declaración de Helsinki (1964). Actualmente, con el discurso del virus, estamos habilitando una experimentación global que transforma a los humanos en seres transgénicos. ¿Qué significa esto en términos de bioseguridad, y de generaciones futuras?”

Aclara que no intenta ser alarmista: “Eso no suma, lo que hay que ser es precavidos y por eso vale el principio precautorio que utilizamos para el medioambiente, que plantea que frente al peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información científica no es razón para seguir adelante, sino para detenerse”. Verzeñassi dirige el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNRosario y es uno de los impulsores de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en Améica Latina (UCCSNAL). “Estas vacunas que se anuncian implican la transformación de la estructura genética humana. Por eso hablo de principio de precaución: no existe situación pandémica que justifique semejante experimentación masiva y sin control de los riesgos. Que los laboratorios hayan deslindado responsabilidad sobre los efectos adversos muestra que no están muy seguros de que el producto no vaya a generar daño”.

Verzeñassi cita entre las empresas que deberían brindar bioseguridad con esas vacunas a Johnson & Johnson, condenada en EE.UU por el uso de asbesto (amianto), sustancia cancerígena, en el talco para bebés y mujeres, sabiendo durante décadas que lo hacía y ocultando la información. “Yo sería cauteloso antes de depositar esperanzas en tecnologías no probadas que pueden provocar daños genéticos irreversibles. Estas vacunas implican la activación artificial del sistema inmunológico, que no sabemos cómo se frena. Generás un alerta que termina desconociendo células propias en tejidos testicular, de riñones y pulmones, por ejemplo, una cascada de procesos inflamatorios autoinmunes Son dudas alimentadas por la falta de información de las corporaciones. Frente a eso, la verdad, prefiero usar barbijo”.

El planteo, se reitera, no es “antivacunas”: “Eso es como discutir cuarentena sí o no. Tampoco es vacuna sí o no, sino cómo podemos prepararnos como sociedad para sobrevivir a la pandemia y evitar pandemias futuras” y menciona una contradicción típica de estos tiempos: “Hay gente que respeto muchísimo que dice ‘cuarentena o extinción', y otra que respeto también muchísimo que dice ‘cambiemos de estrategia, porque la extinción va a venir si seguimos haciendo esto'”.

Dos alarmas: “Es tremendo que esta discusión la den en nombre del respeto a las libertades individuales algunos sectores reaccionarios que son responsables de la consolidación del modelo extractivista y destructor del medio ambiente, que están especulando políticamente por las elecciones del año que viene. Eso es nefasto. Pero la respuesta por el lado progresista dice: ‘priorizamos salud y no economía' mientras habilitan que el extractivismo vaya sobre los territorios. Nunca se desmontó tanto en el país como durante la cuarentena. Nunca se avanzó tanto con los incendios en el Delta, y ya aparecieron las sembradoras. Nunca avanzaron tanto los proyectos mineros y petroleros. Entonces volvemos la discusión al siglo 19. Y el punto en común es que si hablamos de vacunas, farmacéuticas, granjas de cerdos, monocultivos transgénicos, mineras, estamos hablando siempre de los mismos sectores que nos están instalando en la cabeza la opción: vacuna o muerte”.

Cree Verzeñassi que la enfermedad es inédita: “Lleva un millón de muertos en todo el mundo en 9 meses, pero mueren 7 millones de personas por año debido a la mala calidad del aire, y de eso nadie habla”. Frente al virus, cree que las medidas de cuidado personal, lavado de manos y distancia social se relajaron y generaron focos de infección. “Pero también creo que en lugar de la política de aislamiento habría que pensar más en estrategias de cuidado colectivo, cosa que no se ha hecho, y es una oportunidad perdida. Organizar corredores seguros para que los chicos puedan ir a la escuela, recuperar lo público no como lugar de enfermedad sino de encuentro y de cuidado, de desarrollo personal y social. Pero nada es suficiente si no se cambian cuestiones estructurales, modos de vida, de alimentación, lógicas de producción marcadas por la acumulación y ganancia a partir de la destrucción. Sabemos que el problema no fueron los murciélagos ni los pangolines, sino los criaderos industriales de cerdos o los experimentos en laboratorio de microorganismos con capacidad de daño. Pero en ambos casos el actor central es el ser humano. No podemos esperar que la salida venga por hacer más de lo mismo”.

Lo tóxico abarca otras realidades: “Si cuestiono estas vacunas transgénicas, me dirán anrtivacuna o terraplanista o anticuarentena. Hay una decisión política y de los espacios de poder económico y mediático de deslegitimar cualquier pregunta crítica, de meter a todo el mundo en la misma bolsa, de bloquear la aparición de cualquier análisis de las estrategias que se toman frente a la pandemia. La ciencia es ciencia de verdad cuando mantiene la capacidad de la pregunta, de pensar críticamente, y de dudar. Cuando se acaba la duda se acaba la ciencia. Eso es control social: imponer la lógica de que no hay tiempo ni lugar para pensar de un modo diferente”. Si estas son las dudas, el enigma pendiente es: ¿qué hará o dejará de hacer la sociedad con ellas?

Fuente: https://www.lavaca.org/portada/que-...

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Servicio militar eritreo: Éxodo y derechos humanos

Tortuga Antimilitar - 21 November, 2020 - 00:00

Introducción

Eritrea es uno de los países más jóvenes del mundo. Colonia italiana durante décadas, fue ocupada por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial, y tras el conflicto, forzosamente pasó a formar parte de Etiopía. Sin embargo, los eritreos no quisieron renunciar a su independencia, y pronto estalló una cruenta guerra entre las fuerzas independentistas del Frente Popular para la Liberación de Eritrea (FPLE) e, inicialmente, el emperador Haile Selassie, y más tarde, tras el derrocamiento del monarca, el Derg, la junta militar que alineó a Etiopía con el bloque soviético.

Las fuerzas rebeldes eritreas demostraron gran capacidad de lucha, y tras treinta años de sangriento conflicto, el FPLE logró derrotar al Ejército más grande del África subsahariana (que contaba, además, inicialmente con pertrechos norteamericanos, y, tras la caída de Selassie, con equipamiento y asesores soviéticos), obteniendo la victoria final en 1991. Como consecuencia de la victoria, Eritrea alcanzó la independencia en 1993, después de que casi el 100% de la población votase a favor en un plebiscito.

Con un país con unos nueve grandes grupos lingüísticos distintos (siendo el tigriña el idioma más numeroso) y cuatro confesiones religiosas registradas, el gobierno del nuevo Estado eritreo apostó por una férrea construcción de una cultura nacional y la potenciación del fervor patriótico con una doble finalidad: por un lado, asegurar la independencia nacional para defenderse en un futuro, si fuese necesario, de una invasión extranjera (posiblemente, etíope), y, por otro lado, garantizar la integridad territorial, buscando evitar que las fracturas étnicas y religiosas destruyesen el nuevo Estado, en una época en la que las diferencias entre los cleavages estatales estaban provocando sangrientos conflictos en la región (Somalia) y en el mundo (Ruanda, Yugoslavia). La experiencia de la guerra, en la cual el FPLE fue capaz de crear un numeroso Ejército cohesionado y altamente disciplinado, reuniendo gentes de diversos credos y orígenes étnicos, fue motivo suficiente para que se decidiese implementar el servicio militar, llamado Servicio Nacional (SN). Dicha medida fue auspiciada por el Frente Popular para la Democracia y la Justicia (FPDJ) partido político formado por los ex-militantes del FPLE y que, desde entonces, rige los destinos del país. Con la implementación de este servicio militar, el gobierno de Isaias Afewerki no solo fomentaba la construcción de la identidad nacional y el fervor patriótico, superando las distintas divisiones étnicas del país (en una entrevista en 1996, por ejemplo, se reafirmó en su voluntad de no permitir la existencia de partidos políticos que representasen a tribus o credos), sino que además potenciaba la sensación de inseguridad y de peligro para la integridad territorial del nuevo Estado para, de esta manera, mantener un férreo control sobre la población. El gobierno, además, afirmó que el SN serviría también para fomentar en la juventud “la disciplina y el amor por el trabajo”, así como “fomentar y ayudar al desarrollo en el país” y “ayudar a construir la nación”. Sin embargo, en la actualidad, el servicio militar eritreo se ha convertido en una forma de esclavitud estatal, denunciada por distintas ONGs y organizaciones internacionales.

El servicio militar eritreo

El servicio militar es obligatorio para todos los eritreos, hombres y mujeres, entre los 18 y los 40 años. Según ley, el SN se divide en dos períodos: por un lado, los seis primeros meses estarán destinados al adiestramiento militar; una vez finalizado este período, el conscripto deberá participar en tareas y maniobras militares. Una vez finalizado, el recluta permanecerá en la reserva hasta los 50 años. Están exentos de realizar este servicio aquellos veteranos de la guerra de Independencia y los discapacitados. La objeción de conciencia no está contemplada, e incluso es perseguida: por ejemplo, en 1994 tres testigos de Jehová fueron arrestados por negarse a realizar el servicio militar, y negarse a desempeñar el SN es motivo de arresto e incluso de prisión en aislamiento.

El servicio militar eritreo recibió un enorme impulso a lo largo de la década: en 1995 se produjo la crisis de las islas de Hanish con el Yemen, produciéndose unas breves escaramuzas; pero especialmente el principal argumento a favor del NS vino tres años después, cuando estalló de nuevo la guerra con Etiopía: el acuerdo que había supuesto la independencia de Eritrea años antes no había resuelto definitivamente la demarcación de la frontera entre ambos países, por lo que tras varios choques fronterizos, la guerra acabó por estallar, lo que provocó que Afewerki movilizase ingentes cantidades de personal militar. Tras dos años de conflicto, las fuerzas etíopes lograron romper el frente en mayo del 2000, lo que forzó a Eritrea a solicitar un alto el fuego y sentarse a negociar, acordando ambas partes que el conflicto fronterizo se solucionaría por medio de una corte arbitral. Pese al resultado adverso en el frente, el arbitraje dio la razón a Eritrea, afirmando que la ciudad de Badme, objeto de la discordia territorial, era territorio eritreo.

Finalizada la guerra, Afewerki prometió desmovilizar a 200.000 conscriptos del Ejército, promesa que incumplió, aumentando el servicio de los reclutas al crear en 2002 la Campaña de Desarrollo Warsai-Yikealo (WYDC), lo que extendía el tiempo de servicio del SN de manera indefinida.

El SN y el WYDC buscan, en suma, ser una suerte de centro de adiestramiento de la nación, basándose en los valores y en la disciplina del frente armado que luchó por la independencia. La lucha por la autodeterminación tiene un legado casi legendario, tanto, que aquellos que completan su formación militar (el primer período de seis meses) son denominados “Warsai”, vocablo tigriña que significa que es un heredero del legado de la lucha por la independencia.

Sin embargo, pese a sus objetivos declarados, el SN y el WYDC constituyen una forma de esclavitud, circunstancia denunciada por múltiples organismos internacionales y de defensa de los derechos humanos. La situación se ha tornado tan grave que los jóvenes eritreos tienen dos opciones: o enfrentarse a un servicio militar que dura una media de entre cinco y diez años (en no pocas ocasiones, ha llegado a durar hasta 20 años o huir del país. Los conscriptos desempeñan toda clase de trabajos y tareas poco relacionadas con labores militares: desde enseñanza en colegios hasta construcción de carreteras, minería o agricultura. Las condiciones laborales de los reclutas son extremadamente duras, sin apenas comida, trabajando hasta 72 horas semanales y a cambio de salarios exiguos o inexistentes. En numerosas ocasiones, los conscriptos no pueden volver a sus casas de permiso, y si logran uno (que depende totalmente del libre arbitrio de los comandantes militares) y no regresan, las autoridades ponen bajo arresto a sus familiares. Las mujeres con hijos están también exentas del SN, por lo que muchas se ven forzadas a tener hijos a edades tempranas para evitar un servicio militar en el que, probablemente, serán víctimas de abusos y agresiones sexuales.

La única opción: la huida

Ante estas perspectivas, la otra opción que tienen los eritreos para eludir la esclavitud es huir del país. Eritrea es uno de los países que más refugiados produce del mundo: según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, alrededor del 15% de la población eritrea ha huido del país. Miles de eritreos han escapado o tratado de escapar en los últimos años, y es tal la desesperación que lo hacen pagando en numerosas ocasiones a mafias o traficantes de seres humanos para que les saquen del país, lo que puede ser también un enorme problema para los evadidos una vez huyen de Eritrea. Muchos acaban hacinados en países como Sudán, Arabia Saudí o Etiopía, vendidos como esclavos en Libia o, en no pocas veces, muriendo por el camino, intentando atravesar el desierto, por lo que muchos intentan alcanzar Europa cruzando el Mediterráneo. Los que escapan son considerados como traidores y desertores por el régimen, que castigarán a los familiares ya sea mediante la imposición de multas desorbitadas o mediante el encarcelamiento. Aquellos que intentan evadirse y son capturados son encarcelados en condiciones infrahumanas.

El debate sobre el SN dentro de Eritrea es inexistente, ya que los medios de comunicación están controlados por el gobierno, que se aseguró su poder sobre ellos tras el arresto de 10 periodistas en 2001. Además de ello, los partidos políticos están prohibidos (el FPDJ es el único partido permitido) y cualquier tipo de disidencia es perseguida: en un informe de Amnistía Internacional de 2013, Eritrea había encarcelado en 20 años hasta 10.000 presos políticos, que iban desde periodistas hasta fieles de confesiones religiosas no registradas (solo están permitidas la eritrea ortodoxa, la católica, la evangélica y el islam sunní). Estos presos nunca han recibido acusación formal, ni han recibido un juicio justo o siquiera la asistencia de un abogado. Muchos directamente han desaparecido de manera forzosa y se desconoce su paradero. El régimen de Afewerki tampoco ha dudado en purgar y encarcelar a cualquier voz discordante dentro de su propio gobierno, y actualmente se encuentran en prisión desde veteranos de la guerra de la Independencia hasta ex-ministros, siendo el más notorio el ex-ministro de Finanzas Berhane Abrehe, que publicó un libro llamando a un alzamiento de los jóvenes contra Afewerki. El sistema penitenciario eritreo está tan masificado y en unas condiciones tan extremas que el informe de Amnistía denunció que muchos prisioneros son hacinados en celdas subterráneas o en contenedores marítimos. La prisión más tristemente famosa, por sus durísimas condiciones, y su alta mortalidad, es la de Eiraeiro, una prisión secreta de la cual se desconoce su localización exacta. En este penal están encarcelados algunos de los presos más famosos contrarios al régimen: desde periodistas (incluyendo a un grupo conocido como G-15, firmantes de un manifiesto en contra de Afewerki y su gobierno) a ex-altos cargos del gobierno purgados.

En 2018 Eritrea y Etiopía firmaron un acuerdo con el que pusieron fin a largos años de disputa fronteriza. Como resultado, las esperanzas de la desmovilización de los conscriptos (ahora que el peligro de amenaza externa ha desaparecido) aumentaron entre los eritreos, y las reticencias de la comunidad internacional hacia el gobierno eritreo se relajaron. Sin embargo, pese a las ilusiones iniciales (que comenzaron con la apertura de fronteras con Etiopía y el primer vuelo comercial en décadas entre Asmara y Addis Abeba) se disiparon, y la situación en Eritrea permanece inalterada. Sin embargo, la situación para aquellos demandantes de asilo ha ido a peor: según un informe de Human Rights Watch, como consecuencia de la relajación de la tensión entre etíopes y eritreos, países como Israel o Estados Unidos han denegado el asilo a cientos de eritreos bajo la excusa de que las condiciones en su país de origen ya no eran “tan duras”. Como consecuencia de ello, un eritreo se suicidó en el aeropuerto de El Cairo en 2017, mientras era deportado desde Norteamérica.

La situación de los presos políticos es si cabe peor debido a la pandemia mundial del COVID-19. Recientemente, el Ministerio de Sanidad eritreo reconoció que se habían reportado casos en centros penitenciarios del país, un dato especialmente grave teniendo en cuenta la situación de masificación de las cárceles eritreas. Y por si fuera poco, pese a las esperanzas surgidas en 2018, dos años después el servicio militar sigue vigente en la nación del mar Rojo, y por ende, la esclavitud.

Por José Ignacio Contreras Valcárcel.

Fuentes:

http://www.eritrea.be/old/eritrea-r...

“‘Sons of Isaias': Slavery and Indefinite National Service in Eritrea” de Mirjam van Reisen, Makeda Saba y Klara Smits

“Forced Labor in Eritrea” de Gaim Kibreab

https://www.britannica.com/place/Er...

“Ébano” de Ryszard Kapuscinski

The national service/Warsai-Yikealo Development Campaign and forced migration in post-independence Eritrea de Gaim Kibreab

“Eritrean US detainee kills himself at Egyptian airport” de Associated Press
ill
“Eritrea: repression past and present” de Amnistía Internacional

“Eritrea: events of 2018” de Humans Rights Watch

“10 000 Eritrean political prisoners 20 years after independence, says Amnesty” de ACJR

“‘It's just slavery': Eritrean conscripts wait in vain for freedom” de The Guardian.

“Eritrea: Show humanity and release prisoners of conscience amid COVID-19” de Amnistía Internacional.
joigconval
Jurista y politólogo, analizando la actualidad.

Fuente: https://www.descifrandolaguerra.es/...

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Antimili

Tortuga Antimilitar - 21 November, 2020 - 00:00

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De sentido común: Sólo la rebelión noviolenta puede detener los colapsos climático y social

Tortuga Antimilitar - 21 November, 2020 - 00:00

Txomin Lasa

Reseña de Common sense for the 21st century. Only nonviolent rebellion can now stop climate breakdown and social collapse, de Roger Hallam, publicado por Chelsea Green Publishing, 2019. 112 páginas.

(NOTA: Las citas corresponden a un borrador muy avanzado del libro, casi idéntico a la versión impresa, descargable libremente del web del autor.)

Common Sense for the 21st Century“Nos estamos adentrando en un periodo de colapso ecológico extremo” (pág. 5). Desde los años ochenta, con la emergencia de la política económica neoliberal y la influencia política de las industrias de combustibles fósiles, se ha promovido una estrategia de cambio defectuosa para afrontar la crisis ecológica. Esta estrategia, basada en la aplicación de reformas graduales, va acompañada de una falsa narrativa según la cual los individuos deben responsabilizarse de su huella de carbono, y los principales responsables de esta crisis ambiental son las industrias de combustibles fósiles (pág. 10). Pero esta narrativa es falaz, ya que son los gobiernos las únicas instituciones con el poder y la responsabilidad de protegernos de este inminente colapso. Hasta ahora no lo han hecho, ni parece que lo vayan a hacer: “el gobierno es algo creado por la sociedad para protegernos de amenazas como a la que nos enfrentamos, pero ha fallado” (pág. 10).

Así arranca Common Sense for the XXIst Century. Su autor, Roger Hallam, es un agricultor ecológico que atribuye la destrucción de su empresa a una serie de desastres meteorológicos. Doctor en estudios sociológicos sobre Desobediencia Civil, Hallam ha sido miembro y directivo de varias asociaciones y movimientos ecologistas. Entre ellas, es co-fundador junto a Gail Bradbrook y Simon Bramwell de Extinction Rebellion. El libro que nos proponemos reseñar es el manifiesto donde se esbozan las tesis y estrategias principales propuestas por Hallam y su organización, reclamando que, en el punto en el que nos encontramos, la rebelión es la opción más razonable y realista: la vía de sentido común.

“Es hora de madurar y de ver el mundo tal cual es” (pág. 5). Ésta es la primera tesis defendida por el autor, poniendo sobre la mesa la importancia de hacernos cargo de la realidad: “la gente raramente habla de la realidad empírica y, por tanto, no son conscientes de lo desesperada que es realmente nuestra situación” (pág. 13).

Así, algunos datos de investigaciones recientes indican que estamos a unos diez años de un aumento de 2ºC en la temperatura global, y que, con 5ºC más de temperatura media en la Tierra con respecto a las temperaturas preindustriales, tendríamos un sistema ecológico capaz de sostener solamente a mil millones de personas. Por eso, en esta próxima generación, “estamos ante la lenta y agonizante muerte de miles de millones de personas” (pág. 14). Aunque el tono de Hallam pueda parecer sensacionalista o alarmante, no hace más que constatar hechos que son, ya de por sí, más que alarmantes. Los datos del IPCC de octubre de 2018 indican que tenemos que reducir las emisiones de carbono en un 40% en los próximos 12 años para así tener un 50% de posibilidades de evitar la catástrofe. Y, aun así, las emisiones de 2018 se incrementaron en un 2,7%, más incluso que el 1,7% de 2017 (todo en la página 14). “Esto es lo que, deliberadamente, nuestros gobiernos genocidas están dejando que ocurra” (pág. 15).

Como se puede apreciar, apunta Hallam, una estrategia que consista en cambios graduales está destinada al fracaso. “El marco reformista del cambio es inmoral e ineficaz, ya que antepone la ideología política a los hechos científicos”. No podemos esperar a que los gobiernos actúen cuando sea ya demasiado tarde. Debemos, pues, superar esa lógica fantasiosa, asumir los hechos objetivos que nos está mostrando la ciencia y actuar en consecuencia; dicho de otra manera: hay que “decir la verdad y actuar como si la verdad fuese real” (pág. 19).

Lo cierto es que la única forma realista de evitar nuestra extinción sería tomar medidas extremas, insiste el autor, con la mayor rapidez y eficacia posible. ¿Cuál es el modelo de cambio de régimen más eficaz desde el punto de vista sociológico? El de la desobediencia civil, a escala masiva y no violenta. Además, resulta fundamental planificar el período posrevolucionario, pues Hallam considera que la razón por la que han fracasado muchas revoluciones es que no tenían un plan que evitase el caos después de la rebelión. Así, Hallam nos propone un proyecto revolucionario articulado en actos masivos de desobediencia civil para hacer caer al gobierno e instaurar lo que llama Asamblea Ciudadana Nacional como elemento clave de una nueva forma de gobierno.

Una Asamblea Ciudadana es una agrupación de ciudadanos elegidos aleatoriamente, teniendo en cuenta criterios de representatividad sociológica. En ella recaería el poder soberano, aunque el Parlamento no tendría por qué desaparecer, sino que podría limitarse a tener carácter consultivo. La Asamblea estaría integrada por mil personas que se mantendrían en el cargo durante dos años, y su propósito sería tomar las medidas necesarias para evitar el desastre. Ahora bien, ¿por qué una Asamblea Ciudadana Nacional? Argumenta Hallam que aportaría importantes ventajas democráticas en comparación con el modelo político vigente. Al tratarse de períodos cortos y fijos, probablemente la corrupción descendería considerablemente y evitaría el electoralismo o las lógicas cortoplacistas. “En cuanto al colapso climático y la manera en que la sociedad vaya a evitar sus peores efectos, las Asambleas de Ciudadanos, elegidas por sorteo, son nuestra única esperanza democrática” (pág. 63).

Todo lo anterior nos lleva a enfatizar, además, que la rebelión no sólo estaría impulsada por la gravedad de la situación ecológica, sino que son tres las motivaciones clave, a saber: la propia crisis climático-ecológica, la desigualdad social extrema, y la corrupción política y gubernamental generalizada. Esto significa que esta rápida transición debe ser justa y que en ella han de participar organizaciones con intereses muy variados, para evitar así que la rebelión pudiera degenerar en alguna suerte de régimen eco-fascista. Conectada a esta idea está la cuestión de que la rebelión debe tener carácter universalista, esto es, debe ir más allá de ideologías particulares; en cambio, tiene que ir enfocada a evitar una amenaza universal, para lo cual la unidad de acción es fundamental.

Hallam incide mucho en que la rebelión necesita un método específico y riguroso, preparado para enfrentarse a condiciones realistas e imperfectas, sabiendo, además, que no hay garantías de éxito. A pesar de eso, la lógica que hay que seguir es que, aunque la posibilidad sea mínima, es cierto que sí podría tener éxito.

Hay varias condiciones necesarias para que la rebelión resulte exitosa. Como se ha señalado, debe ser masiva, lo que significa que deben participar cientos de miles de personas que perseveren en sus protestas entre tres y seis meses (“mi argumento es, pues, que el cambio radical es principalmente un juego de números”, pág. 31). Las protestas deben ocurrir en la capital del Estado: el blanco debe ser el gobierno, no objetivos intermedios. Además, éstas deben ser pacíficas: hay que violar la ley a gran escala, pero manteniendo siempre una disciplina no violenta, lo cual implica respetar a la policía e incluso colaborar con ella, para producir predecibilidad y confianza. Así, el éxito dependerá de la irrupción masiva, la disposición de mucha gente a aceptar sacrificios (uno de los elementos de las estrategias de desobediencia civil), y el respeto (pág. 8).

Common Sense (título que remite al lector o lectora anglosajona a un pequeño clásico de la filosofía política moderna: el planfleto Common Sense de Thomas Paine, 1776) concluye indicando que necesitamos una transformación cultural que genere una sociedad donde exista un equilibrio entre los intereses del individuo y el interés general, para así alejarnos del actual individualismo tóxico, asociado con el neoliberalismo. Como dice David Harvey, “el neoliberalismo […] tiene efectos penetrantes en nuestra forma de pensar, hasta el punto de que se ha incorporado a nuestra manera intuitiva [common-sense way] de interpretar, vivir y entender el mundo' (David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press 2007, p. 3, traducción propia). Por ello, y haciendo honor al título del manifiesto, el cambio que necesitamos debe ir dirigido sobre todo a nuestro sentido común.

Puede ser pertinente rescatar las tesis de Félix Guattari en su obra Las tres ecologías, donde señala tres ámbitos en los que el capitalismo tiene efectos devastadores: medio ambiente, vínculos sociales y subjetividades humanas. Necesitamos recuperar el control. Decía el pensador francés (hace ya más de tres decenios) que “la verdadera respuesta a la crisis ecológica sólo podrá hacerse a escala planetaria y a condición de que se realice una auténtica revolución política, social y cultural que reoriente los objetivos de la producción de los bienes materiales e inmateriales” (Las tres ecologías, Pre-Textos, Valencia 1996, p. 9-10). Se necesita también con urgencia un cambio de modelo económico, para lo cual deberíamos recordar lo que ya nos indicó K. E. Boulding en “La economía de la futura nave espacial Tierra” (1966): una economía de sistema abierto, que considera que el mundo y sus recursos son ilimitados, está destinada al colapso. Por eso propuso cambiar a un modelo cerrado y realista, que tuviese en cuenta el carácter limitado del planeta, y frente a la hybris del cowboy planteó la sostenibilidad del astronauta. Ese cambio supondría una transformación de nuestros hábitos de consumo, pues la importancia recae en la calidad del producto, así como en la cantidad necesaria de su producción, dejando atrás la actual cultura de producción y consumo desenfrenado.

Por último, deberíamos superar la tendencia a la tecnolatría, es decir, la confianza irracional en la tecnología. No es cierto que el avance tecnológico signifique sin más un avance social, pues no hay ninguna relación directa entre ambos indicadores, y es una ilusión pensar que gracias a la tecnociencia el poder del ser humano se vuelve infinito. Por eso, no podemos olvidar que nuestra condición humana es ecodependiente, finita y mortal. Como ya dijo Terry Eagleton, “en cierto modo, quienes niegan la realidad de la condición humana niegan también el calentamiento global. Nada debería unir más eficazmente a la especie que la posibilidad de su propia extinción. En la muerte, cuando menos, estamos unidos” (Eagleton, El sentido de la vida, Paidós, Barcelona 2007, p. 89).

Fuente: https://www.15-15-15.org/webzine/20...

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Atresmedia y las cloacas del poder. ¿Quién controla Atresmedia?

Tortuga Antimilitar - 20 November, 2020 - 00:00

Las cloacas del poder tienen tres patas: la política, la económica, y una que olvidamos frecuentemente pero sin la que nada sería posible, la pata mediática.

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Anarquismo en Japón

Tortuga Antimilitar - 20 November, 2020 - 00:00

Escupamos La Historia

Japón, un territorio que hasta fines del siglo XIX (19 para quienes odian los números romanos) en su aislamiento bajo la dinastía Tokugawa, aún vivía la sociedad feudal, la era Meiji abrió las puertas al mundo y Japón vivió un proceso acelerado de "modernización" se conocieron los trenes, las cámaras fotográficas, telescopios y armas de fuego, sin embargo no sólo aquellas tecnologías lograron ingresar al territorio, libros en idiomas extranjeros cruzaron océanos y presentaban pensamientos de libertad en contra de toda autoridad, el anarquismo se coló por los puertos japoneses, sólo se necesitaba de personas curiosas, con voluntad y dominio de varios idiomas para traducirlos y jamás falta el poliglota entusiasta.

Fuentes:

"Kotoku, Osugi, Yamaga" - Víctor García (editorial gato negro)
"Los mártires de Tokio y la sociedad de la guillotina" - Li Pei-Kan (editorial gato negro)
"Contra el dios emperador" - Stefan-Anarkowic (editorial gato negro)
"Reflexiones en el camino hacia la horca" - Kanno-Sukano (editorial gato negro)
Museihushugi El anarquismo japonés - Víctor García
Entrevista con el historiador Keske Iitomi.

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