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El militarismo como agente destructor del medio ambiente y de los seres humanos (2)

antimilitaristas.org - 27 January, 2021 - 00:00

2. El ejército, colaborador necesario con la injusticia climática y gran contaminador

Nuestras balas tienen bajos contenidos en plomo ya que el plomo usado en las municiones puede dañar el medio ambiente y supone un riesgo para las personas.
BAE Systems, gran fabricante de armas.

La existencia de las diferentes instituciones militaristas es imprescindible para mantener la injusticia climática. Desde que los ejércitos existen como tales y hasta la actualidad, han sido los principales arietes del proceso de destrucción y rapiña, así como los bastiones defensivos de los detentadores de las riquezas expoliadas y de los nuevos centros de concentración de poder político.

Como decíamos arriba, crecer es consustancial y necesario para el mantenimiento de la economía capitalista. La apuesta siempre es proseguir en la senda de la acumulación económica y no optar por la defensa del planeta Tierra. En esta decisión los agentes militares juegan un papel de primer orden.

Son hoy los ejércitos de las principales potencias occidentales y sus aliados, así como los de las nuevas potencias emergentes quienes aseguran los flujos de expolio y rapiña entre los espacios económicos llamados «Norte» y «Sur». Hoy, como ayer, sigue siendo la bota militar quien pone y quita gobiernos, quien ataca e invade países, desplaza poblaciones a fin de apropiarse de los recursos locales sean del tipo que sean: especias o aceite de palma, esclavos, o caza y pesca, petróleo y gas, oro, cobre, litio, uranio, madera, agua, espacios en los que verter desechos y conseguir mano de obra barata. Es la misma amenaza de la fuerza la que impone mercados, monedas, deudas, aranceles y, en resumen, mantiene el ordenamiento económico mundial que beneficia a los negocios del capital y a la fortaleza consumista y contaminadora de las empresas de los países que llaman «desarrollados».

En dicho contexto, la investigación militar ha sido tradicionalmente un agente muy importante en la generación de todo tipo de artefactos, netamente indeseables, cuyo principal fin ha sido de carácter destructivo. Además de la ingeniería armamentística y la energía nuclear, la investigación militar es también punta de lanza de los principales avances en el campo de la cibernética. Dejando a un lado ciertos problemas ecológicos y políticos derivados de la obtención de minerales para los componentes de los distintos aparatos de este tipo de tecnología, el impacto de estas innovaciones sobre la psicología y la sociología humana es innegable, y no siempre para bien. Baste pensar en el fuerte incremento de la capacidad de vigilancia, control y adoctrinamiento que ha obtenido tanto el poder político como la gran empresa, gracias a estas aplicaciones.

os ejércitos son siempre enormes depredadores de recursos: económicos, territoriales, humanos... Es habitual que sean poseedores de enormes instalaciones e ingentes espacios de territorio, ubicados en muchos casos en lugares de alto valor medioambiental. El uso que estas instituciones castrenses conceden a dichos espacios reservados y exclusivos, como resulta evidente, nada tiene que ver con la ecología y sí con sus propias necesidades funcionales: acuartelamientos, puertos y aeropuertos, polígonos de tiro, campos de maniobras, lugares de experimentación de armamento; la preparación de la guerra, en definitiva.

Por encima incluso de la industria de navegación marítima y aérea, la suma de los ejércitos es uno de los grandes causantes de emisiones contaminantes del planeta. En 2017 las fuerzas militares norteamericanas compraron unos 269.230 barriles de petróleo al día y emitieron más de 25.000 kilotoneladas de dióxido de carbono con la quema de esos combustibles. Las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos adquirieron combustible por valor de 4.900 millones de dólares, la Armada, 2.800 millones, seguida por el Ejército, con 947 millones, y los Marines, con 36 millones. Si fueran un país, solo su consumo de combustible las situaría en el puesto 47 de los principales emisores de gases de efecto invernadero del mundo, entre Perú y Portugal.

A ello cabe añadir la propia actividad de la industria militar, generadora de polución y desechos en todos sus procesos. Industria que, para más inri, se dedica a producir objetos tan indeseables como innecesarios, que nacen con fecha de caducidad ‒con obsolescencia programada‒ a fin de que el fuerte negocio y la alta tasa de ganancia no decaiga. Resulta muy llamativo ‒y muy ilustrativo‒ que el papel de los ejércitos y de la industria militar como instancias que absorben y consumen enormes cantidades de recursos y son altamente contaminantes y, en consecuencia, resultan agentes destacados del cambio climático, no se tenga apenas en cuenta en las cumbres internacionales sobre la crisis medioambiental.

Tal potencial destructivo no ha hecho otra cosa que incrementarse, llegando a alcanzar cotas tan desmesuradas como amenazadoras para la supervivencia de la propia especie humana y el planeta. El siglo XX fue testigo de guerras tan destructivas, humana y medioambientalmente, como la de Vietnam o la del Golfo, entre otras muchas. Hoy, la acción militar sigue teniendo como táctica principal el bombardeo, que persigue la destrucción de todo tipo de infraestructuras (edificios, carreteras, fuentes de suministro, rutas, recursos...) y el terror de la población, causando siempre graves daños medioambientales, directos o colaterales. Lo hemos podido comprobar recientemente en Iraq, Palestina, Libia, Siria, Yemen y un largo etcétera. Lejos de aminorarse, o de «humanizarse», la industria militar proporciona sin cesar armas capaces de mayor destrucción física, que son rápidamente incorporadas ‒a menudo como escaparate para propiciar su venta‒ a los diferentes escenarios bélicos.

Más allá de la guerra, la propia existencia y puesta en valor de las diferentes instituciones del militarismo (el reclutamiento obligatorio, por ejemplo) dan lugar a un tipo de sociedad «militarizada», en la que cobra carta de naturaleza la normalización de la injusticia y la aceptación para ello del uso de la fuerza en manos del poder. De este modo, tanto los seres humanos, como la propia naturaleza pierden su valor moral, pudiendo ser violentados e instrumentalizados en caso de resultar útil para el matenimiento del orden vigente.

(continuará…)

Categorías: antimilitar

El juzgado que archiva el "caso Navantia", declara acreditado que se pagaron 42 millones de euros a intermediarios españoles y venezolanos

Tortuga Antimilitar - 26 January, 2021 - 00:00

Archivado el ‘caso Navantia' tras concluir la juez que Venezuela pagó las comisiones
La causa indagaba el pago de 42 millones a intermediarios en la venta de ocho patrulleras al Gobierno de Chávez

Miguel González

Diez años después de iniciar la investigación, el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha decretado el archivo de las diligencias abiertas sobre la venta en 2005 a Venezuela de ocho patrulleras españolas por 1.245 millones de euros. En el auto de sobreseimiento provisional, dictado el pasado 12 de enero, la juez declara acreditado que se pagaron más de 42 millones de euros en comisiones, pero alega que este sobrecoste salió de las arcas venezolanas y no supuso quebranto económico para el astillero español Navantia, por lo que no hay malversación de fondos públicos. Aunque un perito judicial estimó en al menos 1,3 millones la cuota defraudada entre 2008 y 2010 en Impuestos de Sociedades, IVA e IRPF, tampoco se da por confirmado el delito fiscal.

La venta al Gobierno de Hugo Chávez de ocho patrulleras de la empresa pública Navantia fue uno de los grandes contratos de material de defensa del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Pero aquella operación, cerrada entre los dos Gobiernos en 2005, acabó dando lugar en 2010 a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que indagaba el cobro de comisiones por intermediarios venezolanos. En la causa fueron imputados Javier Salas, presidente del Instituto Nacional de Industria (INI, precedente de la actual SEPI) en la última etapa de Felipe González (1990-95) y el expresidente de Navantia Juan Pedro Gómez Jaén.

Finalmente, reconoce la juez, “no se ha podido averiguar el destino del dinero recibido” por los intermediarios venezolanos, ya que su rastro se pierde en una maraña de sociedades en paraísos fiscales, como Islas Antillas y Dominica, y “las comisiones rogatorias libradas [a dichas jurisdicciones] no han tenido ningún resultado”.

Según el informe del fiscal que ha servido de base al auto de archivo, en diciembre de 2004, “estando casi cerrada la operación de venta de ocho embarcaciones a Venezuela”, Gómez Jaén encargó a Javier Salas que viajara a Caracas para comprobar la solvencia de dos venezolanos que se habían ofrecido como mediadores para la operación. Salas no solo había sido presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) y jefe del propio Gómez Jaén, sino que seguía siendo consejero de la empresa pública Red Eléctrica y asesoraba en la reestructuración de Izar, la sociedad antecesora de Navantia.

Los venezolanos eran Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malave Benavides, con los que el astillero español había trabajado años atrás. En octubre de 2004, Carvallo viajó a Madrid con el séquito oficial del entonces presidente Hugo Chávez y aprovechó para pesentarse a la naviera española como agente en Venezuela.

Salas, a quien Navantia encargó verificar la solvencia de Carvallo y Malave, llegó a un acuerdo verbal con ellos para, utilizando “sus contactos e influencias en España”, lograr que se convirtieran en mediadores de la venta de los buques, “a cambio de sustanciosos importes” de dinero para él mismo.

Entre el 24 de febrero y el 30 de septiembre de 2005, se firmaron tres contratos entre el astillero español y la empresa Rebazve, constituida por los dos venezolanos para esta operación. En el tercero de los acuerdos, a los que el fiscal atribuye diversas irregularidades, se fijaba que Rebazve cobraría hasta el 3,5% del importe total de los ocho buques —cuatro de vigilancia oceánica por 721,5 millones de euros; y cuatro de vigilancia litoral por 523,7—; es decir, un máximo de 43,5 millones.

El fiscal asegura que los responsables de Navantia eran conscientes de que “la retribución pactada con el agente era excesiva”, pero la aceptaron porque este sobrecoste iba a ser asumido por Venezuela “al formar parte del precio final de las embarcaciones”.

En mayo de 2006, el representante de Rebazve abrió dos cuentas corrientes en el banco BSI de Ginebra para ingresar las comisión pactada y dio instrucciones sobre cómo debía repartirse: el 30% (13 millones) sería para Javier Salas, su socio y exsubordinado en el INI Antonio Rodríguez Andía y el agente financiero Diego Azqueta Bernar. Estos dos últimos, “al enterarse de los perjuicios que les podía acarrear aparecer como beneficiarios directos de los fondos”, según el fiscal, pidieron al banco no figurar en la lista.

El 70% (30,4 millones) restante se repartiría entre los venezolanos: el 31,5% (13,7) para los dos socios de Rebazve; el 17,5% (7,6) para el exmilitar Mario José Gregorio Rivero; el 14% (6) para Luis José Mendoza Marín; y el 7% (3) para Raúl José Hernández Revelo. No hay documentación que justifique el pago a estos tres últimos, apostilla el fiscal.

Para “dar apariencia de legalidad” y “ocultar” el cobro de los fondos procedentes de Navantia por parte de los españoles se recurrió a una empresa de Rodríguez-Andía, Camino Nuevo, que firmó dos contratos de “asesoramiento y consultaría” con Rebazve, la firma de los venezolanos, por 12,4 millones; el 1% del valor de los buques. A cambio, Salas y su socio consiguieron, según el fiscal, que Navantia contratara a Rebazve y acompañaron a los venezolanos a reuniones con directivos del astillero.

Camino Nuevo empezó a cobrar de Rebazve en una cuenta del EGB Bank de Zurich que se cerró en octubre de 2010, coincidiendo con el inicio de la investigación judicial, y que no estaba declarada a Hacienda, aunque posteriormente se regularizó. Salas y su socio se repartían al 50% la comisión de las patrulleras, mientras que Azqueta, que puso en contacto a venezolanos y españoles, debía recibir el 7,4% a través de la sociedad Medco Shipbrokers.

Camino Nuevo declaró como ingresos los pagos de Rebazve y como gastos deducibles los pagos a Salas, a Azqueta e incluso a una sociedad de Rodríguez-Andía a pesar de que, según un informe pericial, estos no realizaron actividad alguna para dicha empresa. El peritó concluyó que Rodríguez-Andía debió tributar dichas cantidades por el IRPF y no por el Impuesto de Sociedades, más ventajoso, y estimó la cuota defraudada en 1,3 millones entre 2008 y 2010. Sin embargo, el juez ha asumido finalmente la interpretación del Ministerio Público, según la cual en esas fechas había dudas sobre el régimen fiscal aplicable y si Hacienda, que no abrió ningún expediente, no valoró entonces “la trascendencia tributaria de la cuestión, difícilmente podrá ser valorada [ahora] a efectos penales”.

Aunque no están documentados, el fiscal estima que “los escasos y espléndidamente remunerados” servicios que prestó Salas a los venezolanos no fueron una simulación, sino que tuvieron un beneficio real para la trama, a la que sirvió de “conseguidor”. Su actuación, agrega, es “censurable”, pero no constituye delito: se aprovechó de “su prestigio y experiencia profesional, sus excelentes relaciones con Gómez Jaén [presidente de Navantia] y con los máximos responsables de la SEPI”, para cobrar de la empresa venezolana “a la que había recomendado personalmente” ante el astillero público.

El fiscal reconoce que “el procedimiento se ha dilatado en exceso”, pero lo achaca a las comisiones rogatorias que, sin resultado, se han remitido a distintos paraísos fiscales. “No ha sido posible”, se lamenta, “averiguar el último destinatario de los fondos transferidos por Rebazve [la empresa de los dos venezolanos] y procedentes de Navantia”.

Uno de los cabos sueltos es la investigación que en su día abrió la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz. Cuando en agosto de 2017 huyó de su país, entregó a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá (Colombia) varias carpetas sobre episodios de corrupción. Una de ellas llevaba por título: “Caso sobreprecio en construcción de buques para la Armada española. Hevert García Plaza, alto mando militar”. En junio de 2019, la juez española remitió una comisión rogatoria a EE UU para acceder al expediente, pero se rechazó con el argumento de que no aportaba datos suficientes para localizarlo. García Plaza es un exgeneral venezolano que fue ministro de Alimentación de Maduro y pasó a colaborar con Washington tras ser acusado en 2015 de corrupción.

José Mariano Benítez de Lugo, abogado de Gómez Jaén, lamenta que el fiscal y la juez hayan tardado tanto en reconocer que no hubo delito de malversación de fondos públicos, cuando desde el principio estaba claro que la comisión de los intermediarios se incluyó en el precio de los buques y fue pagada por Venezuela. “¿Quién repara a mi cliente [el expresidente de Navantia] los perjuicios personales y profesionales por haber estado investigado durante diez largos años sin el menor fundamento?”, se pregunta.

Un portavoz de Navantia ha subrayado que la empresa pública “respeta y acata las decisiones judiciales” y ha recordado que la propia compañía estaba personada en el procedimiento y “ha colaborado en todo momento con la investigación judicial”.

El País

Categorías: Tortuga Antimilitar

Miles de personas se manifiestan en Donostia para denunciar la militarización y la represión policial

Tortuga Antimilitar - 26 January, 2021 - 00:00

La manifestación, que se ha llevado a cabo a partir de la 12:00 horas de hoy, sábado, se convocó para denunciar la “represión y criminalización” de la juventud por parte de la clase política gobernante y de su policía (la Ertzaintza) al servicio de la burguesía vasca.

Por Insurgente

Al menos 38 agentes u organizaciones han respondido a la convocatoria de la Alde Zaharreko Gazte Asanbladak, en la que han participado unas 3.000 personas.

La manifestación, que se ha llevado a cabo a partir de la 12:00 horas de hoy, sábado, se convocó para denunciar la “represión y criminalización” de la juventud por parte de la clase política gobernante y de su policía (la Ertzaintza) al servicio de la burguesía vasca.

Durante la manifestación, que ha terminado en la Plaza de la Trinidad, de Alde Zaharra, se han escuchado gritos contra la Ertzaintza, tales como “Zipaioak herriaren etsaiak” o “Zipaioak auzotik kanpora” (“Cipayos, enemigos del pueblo”, “Cipayos, fuera del barrio”. Igualmente, se han proferido gritos contra la policía municipal. Por otra parte, también se han escuchado muy claro los gritos de “Burgesia hiltzailea” y “Aurrera klase borroka” (“Burguesía asesina” y “Adelante la clase obrera”.

No ha faltado tampoco el recuerdo a Iñigo Cabacas, que fue asesinado por un pelotazo de goma lanzado por un miembro de la Ertzaintza.

En Alde Zaharra (parte vieja) de Donostia (también en otros lugares de Hego Esuskal Herria), en los últimos tiempos se han vivido escena de represión por parte de la citada policía.

Todo comenzó el 12 de diciembre de 2020, luego de que la Ertzaintza y la Policía Municipal agredieran a varios jóvenes. Para denunciar este caso de acoso, el 14 de diciembre se realizó una manifestación convocada, como la de hoy, por la Alde Zaharreko Gazte Asanbladak. En éste caso intentaron detener a un joven al final de la manifestación, y los enfrentamientos comenzaron a partir de entonces. Esa noche dos personas fueron detenidas y, días después, otra persona fue detenida en la calle.

Cabe subrayar que, desde entonces, la presencia de la Ertzaintza y la Policía Municipal ha sido constante en Alde Zaharra de Donostia. El 16 de enero, la Ertzaintza volvió a actuar contra un grupo de jóvenes, deteniendo a cuatro de ellos.

La policía vasca colocó furgonetas y coches en diferentes puntos del barrio, y el 20 fue el día que la represión policial creció sobremanera. Esta provoco enfrentamientos duran buena parte de la noche y se saldó con cuatro personas detenidas y varias más heridas, una de ellas con la mandíbula rota.

Como ya informamos en insurgente.org, destacar que durante esa noche el jefe de la Ertzaintza dio la orden a sus subordinados de “Vamos a tirara dar, ¿vale?”.

Todo un ejemplo de cómo funciona este cuerpo policial, que trabaja para la burguesía vasca y la mantenemos o pagamos los y las trabajadoras.

Fuente: https://kaosenlared.net/miles-de-pe...

Categorías: Tortuga Antimilitar

¿Podemos saber el gasto militar de 2019? (4ª parte)

Tortuga Antimilitar - 26 January, 2021 - 00:00

Ver también:

¿Podemos saber el gasto militar de 2019? (1ª parte)

¿Podemos saber el gasto militar de 2019? (2ª parte)

¿Podemos saber el gasto militar de 2019? (3ª parte)

Fe de erratas: En la anterior entrega cometí un error fatal. Al anticipar el monto total de gasto militar ejecutado que había podido estimar, ofrecí la exagerada cifra de 25.293,71 millones de euros, una vez contabilizada la deuda aplicable al gasto militar.

Es un error. Y, aunque la cifra es exagerada, se queda corta con la real que, por un error de transcripción, fijé en 10.000 millones de euros menos de lo que realmente importa el gasto militar ejecutado: 25.293,71 millones de euros. No siempre mi coordinación en el teclado es adecuada y puse un «2» donde debía poner un «3».
De modo que el gasto ejecutado pasa de exagerado a estratosférico, como veremos en el desarrollo de esta cuarta entrega, aunque, por acabar de decirlo, de lo estratosférico pasa a la categoría de sideral si nos fijamos en la cifra final de gasto militar + control social ejecutado desde la administración central del Estado, 46.388,60 millones de euros (cantidad que podemos aumentar más aún si contabilizamos el gasto de las comunidades autónomas para las políticas de control social).

Confesado el pecado, sigamos adelante.

Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Se consignan en el mismo diversas partidas que la liquidación del gasto tampoco aclara y cuyos importes hemos podido estimar por otras fuentes.

En primer lugar, está la partida que este ministerio transfiere a Defensa por operar los barcos y aviones de la Agencia tributaria.

la Agencia Estatal de Administración Tributaria dispone, entre otros medios, de una flota de embarcaciones y aeronaves que, tripuladas por funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Vigilancia Aduanera, tienen la consideración legal de Resguardo Fiscal del Estado y el carácter de buques auxiliares de la Armada, o de aeronaves del ejército del aire según lo establecido en el Decreto 1002/1961, de 22 de junio, por el que se regula la vigilancia marítima del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal para la Represión del Contrabando.

Hacienda contaba en 2019 con cuatro medios aéreos, operados por el ejército del aire y 48 buques propios.

Conforme a estos, el Ministerio de Hacienda abona diversas cantidades a Defensa. Con arreglo al Convenio celebrado entre el Ministerio de Defensa y de Hacienda de 9 de diciembre de 2020 (BOE 328 de 17 de diciembre de 2020, págs. 115938 a 115946), el pago por uso de instalaciones militares para el resguardo de estos barcos genera un coste anual de no más de 320.000 euros y no menos de 80.000.

Por su parte el convenio entre vigilancia aduanera y el ejército del aire de 2014, vigente hasta 2020 ha dado la gestión de operar las aeronaves de Hacienda al ejército del aire, con un coste anual de más de 6 millones de euros.

Al mismo tiempo, abona los gastos plurianuales de Defensa e Interior, por importe de 39,14 millones de euros.

En tercer lugar, se encuentran las aportaciones anuales que Hacienda realiza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para cubrir las pérdidas de Navantia, que, según hemos conocido de la memoria anual de cuantas de dicha entidad para 2019 alcanzaron los 350,49 millones en dicho ejercicio en concepto de créditos participativos para evitar la quiebra de la entidad, como puede verse en las propias cuentas anuales y detallamos en otro trabajo para este blog.

Por último existe otra partida de la que no contamos con elementos suficientes para verificar si se ha aumentado o no, que es la aportación desde hacienda para formación profesional de militares, estimada en 0,35 millones de euros.
La suma de participación de este Ministerio, incluyendo las ayudas de SEPI, es elocuente, nada menos que 395,98 millones de euros.

Nuestra suma sigue subiendo:

  • Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  • Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  • Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  • Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  • Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  • Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  • Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  • Ministerio de Agricultura ´26,88 mill. de euros
  • Ministerio de Hacienda 395,98 mill de euros
  • Subtotal 20.001,70 mill. de euros

Ministerio de Trabajo

El ministerio de trabajo participa del gasto militar subvencionando programas de formación para personal de las fuerzas armadas.

El convenio celebrado entre el SEPE y el Ministerio de Defensa el 13 de diciembre de 2018, con vigencia a partir del año siguiente, fijó la cantidad provisiona(estipulación 4), hasta que se establezcan las bases reguladoras fijadas por ley, en 6 millones de euros.

A ello hay que unir el capítulo de coordinación curricular con una comisión que estimamos mantiene un gasto mínimo de 0.1 millones de euros.

Ello arroja la cifra de 6,10 millones de euros, frente a la de 1´1 que en su día estimamos.

De este modo, la cifra del gasto militar aumenta así:

  • Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  • Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  • Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  • Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  • Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  • Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  • Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  • Ministerio de Agricultura 26,88 mill. de euros
  • Ministerio de Hacienda 395,98 mill de euros
  • Ministerio de Trabajo 6,01 mill de euros
  • Subtotal 20.007,70 mill. de euros

Otros ministerios.

Hemos agrupado los ministerios en los que no hemos detectado variaciones ni convenios que actualicen o hagan transparentes los pagos a Defensa.
Aquí hemos agrupado el Ministerio de Presidencia, el de fomento, el de educación cultura y deporte y el de sanidad, con una contribución residual, de 0´98 millones de euros, lo que incorporado a la cifra que hasta ahora hemos manejado arroja un subtotal de gasto militar de 20.008,68 millones de euros, con arreglo al siguiente desglose:

  • Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  • Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  • Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  • Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  • Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  • Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  • Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  • Ministerio de Agricultura 26,88 mill. de euros
  • Ministerio de Hacienda 395,98 mill. de euros
  • Ministerio de Trabajo 6,01 mill. de euros
  • Otros ministerios 0,98 mill. de euros
  • Subtotal 20.008,68 mill. de euros

Pagos plurianuales:

Tampoco hemos verificado el aumento de gasto en estos pagos. Hay que consignar, por ello, la cantidad que en su día atribuimos a éstos, conforme a los programas de pago aprobados sucesivamente en acuerdos del Consejo de Ministros.
Su importe es de 377,48 millones de euros, a sumar a nuestra ya larguísima cuenta.

  • Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  • Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  • Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  • Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  • Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  • Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  • Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  • Ministerio de Agricultura 26,88 mill. de euros
  • Ministerio de Hacienda 395,98 mill. de euros
  • Ministerio de Trabajo 6,01 mill. de euros
  • Otros ministerios 0,98 mill. de euros
  • Pagos plurianuales M.Def. 377,48 mill. de euros
  • Subtotal 20.386,16 mill. de euros

Centros universitarios de la defensa

La liquidación de gasto nos arroja también la cantidad liquidada a estos centros, 14,43 millones de euros a los que ha y que sumar las cantidades que dichos organismos reciben en concepto de otros ingresos, hasta alcanzar los 18,45 millones de euros.

  • Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  • Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  • Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  • Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  • Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  • Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  • Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  • Ministerio de Agricultura 26,88 mill. de euros
  • Ministerio de Hacienda 395,98 mill. de euros
  • Ministerio de Trabajo 6,01 mill. de euros
  • Otros ministerios 0,98 mill. de euros
  • Pagos plurianuales M.Def. 377,48 mill. de euros
  • C. U. Defensa 18,45 mill. de euros
  • Subtotal 20.404,61 mill. de euros

Casa del Rey, Cortes Generales

También consignábamos gasto militar en la Casa Real y en el parlamento.
Tampoco la liquidación de gasto de estos organismos ha variado respecto del crédito inicial, por lo que vamos a dar por buenas las cantidades estimadas en su día, 1,1 millones de euros y 0´64 respectivamente.

5. TOTAL DE GASTO MILITAR EJECUTADO ANTES DE DEUDA.

Una vez desglosados todos los capítulos anteriores, ofrecemos el cuadro resumen de nuestro gasto militar ejecutado antes de deuda.

El gasto militar de 2018 detectado por nosotros en todas las partidas arriba reflejadas constituye nada menos que el 20,43% del gasto liquidado y asignado a la suma de todos los ministerios, una cifra muy preocupante porque, haciendo una comparación con otros países, no son muchos (y tampoco tienen muy buena fama) los que gastan casi el 21 % del presupuesto que destinan a sus ministerios a alimentar la voracidad de sus ejércitos y políticas militares. Y es que en esto, SPAIN sí que es verdaderamente diferente.

La misma cifra equivale al 12 % el total de gasto ejecutado ( es decir, ministerios más otros organismos públicos y prestaciones), sin contabilizar la deuda pública, en 2019, incluyendo junto con los ministerios el resto de gasto de nuestras cuentas públicas, una cifra verdaderamente escandalosa, pues implica que 12 euros de cada cien gastados en un año por el estado (sin incluir en lo gastado la elevada cifra de deuda pública pagada y la pesada carga de deuda pública contraída y a pagar en sucesivos años) se destina a sostener el gasto militar estricto. Tampoco son tantos los países que destinan un esfuerzo presupuestario tan elevado a financiar su estructura militarista.

Y las cosas empeoran mucho más si a la cifra de gasto militar estricto sumamos las restantes partidas de la política de interior que financia la otra columna del gasto en políticas securitizadoras y militaristas. En ese caso tenemos que nada menos que 26.787,25 millones de euros se pueden calificar de gasto militar y de control social, el 26,8% de nuestro gasto ministerial se destina al esfuerzo militarista, una proporción de gasto descabellada y que desenmascara un cierto autoritarismo presupuestario muy pernicioso para los intereses sociales.

Esa cifra equivale a nada menos que 15,8 euros por cada 100 gastados por el Estado en 2018 se han destinado a esa militarización que venimos denunciando.

Por desgracia, para la completa cuantificación del gasto militar español contraído por la administración central, nos falta aún aplicar un par de ajustes, para cuantificar además la participación en la deuda pública contraída y pagada en 2019 que este gasto representa.

5) DEUDA IMPUTABLE AL GASTO MILITAR EN 2019.

Debido a que nuestras cuentas públicas son deficitarias, deben ser financiadas con deuda pública que se adquiere año tras año, para su pago en los sucesivos, así como la que corresponde pagar por los años anteriores en cada ejercicio.

En concreto, la liquidación de IGAE de 2019 ha consignado un pago de deuda pública de 124.059,20 euros, con un gasto de 11.201, 08 millones de euros por encima de la deuda presupuestada.

Es evidente que un porcentaje de dicha deuda debe ser imputada al gasto militar. En nuestro caso, debido a que la suma de gasto militar español supone, como hemos dicho en otro momento, un 12 % del gasto público, es este el porcentaje en el que se debe imputar al gasto militar la deuda pagada por el estado.

Esto arroja una cifra de deuda imputable al gasto militar de 14.887,10 millones de euros, cantidad que hay que sumar a los ya referidos 20.406,61 millones de euros, para aproximarnos a la cifra de gasto militar que debemos imputar al año 2019, nada menos que 35.293,71 millones de euros, una cifra verdaderamente intolerable, que arroja 750 euros por persona en dicho año sólo para financiar uan política militarista que no hemos decidido, que no nos han consultado y que tampoco nos han explicado ni alertado de sus consecuencias y costes.

Cifra que se elevará más aún si consideramos la suma de gasto militar y control social e imputamos a éste la deuda correspondiente a dicha suma. En este caso no hay adjetivo para calificar el escandaloso gasto estatal para llevar a cabo todas las políticas y tener engrasados todos los dispositivos necesarios para ello, de militarización social. Estamos hablando de 46.388,60 millones d euros, caso una sexta parte del total presupuestario destinado a nuestro control y al ejercicio institucional del paradigma de dominación y violencia que rige las lógicas que aplica.

(Próxima entrega: Consecuencias de este aspecto cuantitativo.).

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Antimilitaristas denuncian en Alacant la participación española en la venta de armas para la guerra de Yemen

Tortuga Antimilitar - 25 January, 2021 - 10:30

Con algunas horas de anticipación a las nuevas medidas anticovid decretadas en la Comunidad Valenciana, que prohíben, entre otras cosas, que más de dos personas de unidades familiares diferentes coincidan en la vía pública, un pequeño grupo de activistas del Grup Antimilitarista Tortuga se concentró ante las puertas del puerto comercial de la ciudad de Alacant para denunciar la complicidad del gobierno español y de diversas empresas bélicas, así como de las entidades bancarias que las financian, en el comercio y tráfico de armamento con destino a las dictadura de Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Dicho armamento, en no pocos casos, es empleado en la guerra que dichas dictaduras árabes mantienen en el vecino Yemen.

Este acto se inscribe en la campaña internacional "World Says No To War on Yemen", cuya acción global se realiza en diversos países del mundo el lunes 25 de enero: https://docs.google.com/forms/d/e/1...

Organizaciones de derechos humanos cifran en más de 300.000 las muertes ocasionadas en esta guerra. Una parte de ellas son por combates y bombardeos, pero hay que alertar también de numerosas muertes indirectas producidas por el bloqueo de suministros alimentarios que la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes, país de residencia del rey emérito Juan Carlos de Borbón, están aplicando a Yemen. No hay que perder de vista las ventas de corbetas, ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, que la empresa estatal española Navantia ha realizado para la dictadura saudí y cómo éstas serán utilizadas para intensificar el bloqueo de suministros a los puertos yemeníes.

El acto transcurrió sin incidentes.

Declaración Conjunta: El Mundo Dice No a la Guerra en Yemen

Convocatoria a la protesta internacional – Lunes, 25 de enero de 2021.

El bombardeo y el bloqueo liderado por Arabia Saudita desde 2015 contra Yemen ha matado a decenas de miles de personas y ha devastado el país. Naciones Unidas califica esto como la mayor crisis humanitaria en la tierra. La mitad de los habitantes del país está al borde de la hambruna, el país tiene el peor brote de cólera del mundo en la historia moderna y ahora Yemen tiene una de las peores tasas de muerte por COVID en el mundo: mata a una de cada cuatro personas que son diagnosticadas positivas. La pandemia, junto con la retirada de la ayuda, empuja a más gente al hambre acuciante.

A pesar de esto Arabia Saudita está aumentando la guerra e intensificando el bloqueo.

La guerra es posible únicamente porque países occidentales – en particular Estados Unidos y Reino Unido – continúan armando a Arabia Saudita y proporcionándole apoyo militar, político y logístico. Las potencias occidentales participan activamente y tienen la capacidad de detener la crisis humanitaria más aguda del mundo.

El desastre en Yemen es obra humana, está causado por la guerra y el bloqueo, se puede detener.

Personas y organizaciones de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Italia y de otros lugares del mundo, se unen para pedir el fin de la guerra en Yemen y solidaridad con sus habitantes. Exigimos ahora mismo a nuestros gobiernos:

–> Paren la agresión contra Yemen
–> Paren el suministro de armas y el apoyo a la guerra de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos
–> Levanten el bloqueo sobre Yemen y abran todos los puertos y aeropuertos
–> Restablezcan y aumenten la ayuda humanitaria al pueblo yemení

Pedimos a la gente de todo el mundo que se manifiesten contra la guerra el 25 de enero de 2021, justamente unos días después de la inauguración presidencial en Estados Unidos y del día previo a la Iniciativa de Inversión `Davos en el Desierto´ de Arabia Saudita.

Pedimos a personas y organizaciones en todo el mundo que ese día se manifiesten en sus localidades -con las mascarillas y otras medidas de prevención- para decir alto y claro:

EL MUNDO DICE NO A LA GUERRA CONTRA YEMEN

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Ver también: Las corbetas que vende Navantia se usan para bloquear puertos en Yemen y que no pueda entrar ayuda humanitaria

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Más sobre Tortuga

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Las comparaciones son odiosas: Barcelona, terroristas, Yemen

Tortuga Antimilitar - 25 January, 2021 - 00:01

Este pasado 21 de enero la Fiscalía ha anunciado que hace definitivas sus peticiones de cárcel para los tres acusados de colaborar con la célula terrorista causante de los atentados en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017.

En ningún momento quiero frivolizar con los tristes sucesos, sólo pretendo poner el punto de atención en nuestra hipocresía. Ya sabemos que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio.

Los tres reos están acusados de colaboración con los que cometieron aquellos asesinatos que lamentamos todos.

Mohamed Houli Chemlal está acusado de haber participado en la elaboración de explosivos. 41 años de reclusión pide la Fiscalía.

Driss Oukabir está acusado de ayudar a los terroristas entre otras cosas a conseguir una furgoneta. 36 años pide la Fiscalía.

Said ben Iazza está acusado de suministrarles sustancias para crear los explosivos. 8 años de cárcel pide la Fiscalía.

Los tres procesados proporcionaron armas y medios a la célula yihadista.

Según la RAE arma es el instrumento, medio o máquina destinado a atacar o defenderse.

Esta definición de nuestra ilustre academia de la lengua se nos queda corta; me gusta más esta que nos propone Marcelo Colussi:

“Cuando decimos "armas" nos referimos al extendido universo de las armas de fuego (aquellas que utilizan la explosión de la pólvora para provocar el disparo de un proyectil), el cual comprende un variedad casi infinita que va desde lo que se conoce como armas pequeñas (revólveres y pistolas -las más comunes-, rifles, carabinas, sub-ametralladoras, fusiles de asalto, ametralladoras livianas, escopetas), armas livianas (ametralladoras pesadas, granadas de mano, lanza granadas, misiles antiaéreos portátiles, misiles antitanque portátiles, cañones sin retroceso portátiles, bazookas, morteros de menos de 100 mm.), a armas pesadas (cañones en una enorme diversidad con sus respectivos proyectiles, bombas, explosivos varios, dardos aéreos, proyectiles de uranio empobrecido), y los medios diseñados para su transporte y operativización (aviones, barcos, submarinos, tanques de guerra, misiles), a lo que hay que agregar minas antipersonales, minas antitanques, todo lo cual constituye el llamado armamento convencional.”

Pues ninguno de estos elementos citados estuvieron en manos de los susodichos reos.

Sin embargo aquí va un breve listado de productores en suelo patrio de armas ARMAS.
(Digo breve porque el Ministerio de Defensa cuenta en su catálogo con un total 608 empresas inscritas en la industria armamentística, que suman una cifra de negocio en 2015 de 5.891 millones de euros, de la que más del 83% se factura en el exterior).

EXPAL Explosivos Alaveses SA. está dedicada a la fabricación de sistemas y granadas de mortero de 60mm, 81mm y 120mm. Está especializada en la munición de artillería y cargas de proyección, espoletas de granadas, proyectiles y bombas de aviación, explosivo plástico y artefactos de demolición.
MAXAM, sede Madrid fabrica todo tipo de explosivos para distintos sectores, desde la minería a la defensa.
SANTA BARBARA, especializada en armas y vehículos blindados, fusiles de asalto, de cañón ligero, lanzadores automáticos de granadas, municiones, ametralladoras, miles antiaéreos, lanzacohetes y torretas con artillería para carros de combate y vehículos blindados.
INSTALAZA, armas de infantería de un solo uso, bombas y granadas, dispositivos de visión nocturna para ser usados con fusiles de asalto
MBBDA, Se trata del mayor consorcio empresarial de misiles europeo, que cuenta con sede en Madrid.
SAPA PLACENCIA. Esta compañía fabrica artillería pesada, antiaérea y armas ligeras,
OTO MELARA IBÉRICA, vehículos blindados, torretas y cañones.
RAFAEL Advanced Defense Systems. Compañía israelí que se instala en España en 2010. Fabricante de misiles anticarros y vehículos.
Said ben Iazza, acusado de suministrar sustancias.
Driss Oukabir, está acusado de conseguir una furgoneta.
Mohamed Houli Chemlal, acusado de participar en la elaboración de explosivos.
INDRA, sistemas de vuelo de los aviones de combate F-2000, los Helicópteros Tigre y NH-90; toda la electrónica y sistemas de comunicación de toda clase de buques de guerra y submarinos que construye la estatal Navantia; los blindados Pizarro y Leopardo que fabrica Santa Bárbara Sistemas; el guiado de misiles que disparan todos estos armamentos; sistemas de guerra electrónica.
NAVANTIA, construcción de patrulleros de altura, grandes buques militares, patrulleros rápidos y buques especiales, cuenta además con una fábrica de sistemas de última tecnología, donde se desarrollan sistemas de combate, armas, sistemas de control de buques y de seguridad marítima. Las corbetas que vende Navantia se usan para bloquear puertos en Yemen y que no pueda entrar ayuda humanitaria.

Pit, pit piiiit, pit, piiiiittt))))))))
Perdonen, estoy recibiendo un aviso desde redacción.
Pi, pit piiiit, pitt, piiii))))

Ah, sí.
Parece ser hay un error. Sin querer he mezclado datos en el listado de fabricantes de armas y se han catalogado en ellas tres nombres que no tienen licencia oficial. Y, por tanto, estos tres errores no tienen nada que ver con la exportación de armas a lugares en conflicto como YEMEN.

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Por qué el gobierno de España es cómplice de las más de 300.000 muertes en la guerra de Yemen

Tortuga Antimilitar - 25 January, 2021 - 00:00

Isa Ferrero

Autora de 'Negociar con asesinos. Guerra y Crisis en Yemen'

Aproximadamente 310.000 personas han muerto en una guerra que se ha mostrado devastadora. Yemen corre el peligro de vivir una hambruna como no se ha visto en décadas. Mientras, el gobierno de España destina mil veces menos ayuda humanitaria en comparación a los 435,2 millones autorizados a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en el 2019.

Poner cifras a horrores que suceden a diario tiene el riesgo de deshumanizar el sufrimiento que viven a diario millones de personas. No obstante, es imprescindible que se haga para ser consciente del grado de destrucción que provocan las guerras y la alta inmoralidad en la que se sustenta el comercio de armas, los "instrumentos de muerte que fabricamos para los que viven en Oriente Próximo", como decía Robert Fisk.

Uno de los esfuerzos más importantes que se han realizado en este sentido es el informe de abril de 2019 del Pardee Center para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este estudio permitió, en el año 2019, poner una cifra real al conflicto. De aquí viene el dato de las 233.000 muertes.

El informe fue muy importante porque, aparte de hacer una radiografía de los severos daños que van a pagar las generaciones venideras en Yemen, reveló el enorme coste humano de esta guerra. Uno de los aspectos más destacables es que ya en el año 2019 más de la mitad de las muertes producidas se debían a causas indirectas como la "falta de acceso a comida, servicios sanitarios e infraestructura". Este enorme sufrimiento era completamente predecible, tal como lo admitió uno de los hombres claves de la administración Obama en Oriente Próximo, Robert Malley.

Los instrumentos de muerte exportados desde Occidente han servido para que la Coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos iniciara una mezquina campaña de bombardeos contra la población, las infraestructuras y contra la agricultura del país. Una campaña para matar de hambre a la población que ha venido de la mano de un bloqueo por tierra, mar y aire. No hay ningún tipo de duda de cuál era el objetivo: Yemen, un país extremadamente pobre, "siempre ha dependido de importar comida" y antes de la guerra importaba el 90% de ella.

Esta es la razón por la que resulta desconcertante pensar que el gobierno de España sigue empeñado en vender cinco corbetas a Arabia Saudí por 1.800 millones de euros, tal como lo ha dejado caer la secretaria de comercio, Xiana Méndez Bértolo. Una venta que no solo es contraria al Tratado sobre el Comercio de Armas (2014), sino que también es ilegal con respecto a la ley española 53/2007.

No obstante, han pasado casi dos años y el coste humano es cada vez más grande. Por lo tanto, es necesario revisar este dato. Por un lado, hay que sumar a las 233.000 muertes las producidas en combate durante el año 2020, dadas por el "Armed Conflict Location and Event Data Project" (ACLED). Hemos utilizado los datos del ACLED, porque según el estudio "son más representativos" que el resto.

Desde el 1 de enero de 2020 al 8 de enero de 2021, 19.831 personas han muerto. Aunque para hacer una estimación adecuada, hay que sumar las del año 2015. La razón es que el informe no las cuenta porque en ese momento el ACLED no había reportado esos datos y se utilizó para el cálculo la cifra de 6.778 procedente del UCDP. Ahora sabemos que, durante el año 2015, ha habido 17.474 víctimas mortales, una diferencia de 10.696.

A todas estas cifras actualizadas del ACLED, hay que sumarle las muertes indirectas. Para ello, nos hemos puesto en contacto con el director del Pardee Center, Jonathan D. Moyer. Aproximadamente 46.333 personas murieron de forma indirecta, lo que supone que en el año 2020 ha habido cerca de 66.000 muertes.

Sumando esta cifra a las nuevas que nos ha proporcionado el ACLED, se llega a la conclusión de que aproximadamente 310.000 personas han muerto en la guerra de Yemen.

Sin embargo, conviene hacer varias precisiones. Este informe se realizó en abril del año 2019, y, por lo tanto, no ha tenido en cuenta el grave deterioro de la crisis humanitaria vivida en Yemen durante el año 2020. La situación ha ido empeorando, pese a que a finales del año 2019 había cierto optimismo.

Los enfrentamientos entre todas las partes beligerantes se han intensificado. En el norte, los hutíes siguen dando muestra de su crueldad contra la población, mientras que en el sur es cada vez más palpable el fracaso de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos de formar un gobierno estable. Lamentablemente, la alta violencia ha coincidido con inundaciones muy severas y con la llegada del coronavirus. La gente no solo enfrenta la amenaza del hambre, sino que, de igual forma, está acorralada por otras epidemias como el cólera, la malaria y la difteria, tal como nos cuenta Eva Erill, de Solidarios Sin Fronteras, que lleva desde el año 2015 intentando hacer lo imposible para detener este desastre.

La respuesta de los países occidentales muestra una vez más la degradación moral de nuestras élites políticas. Aparte de enriquecerse con el comercio de armas, no han movido un dedo para financiar programas humanitarios que estaban colapsando por la falta de fondos. Se ha destinado solamente el 50% del plan de ayuda de Naciones Unidas de 2020, cuando este plan ya había sido recortado un 20% con respecto al año 2019. La decisión de la administración Trump de designar como organización terrorista a los hutíes es otro paso más para matar de hambre a millones de personas.

El pasado noviembre, el secretario General de la ONU, António Gutierres, advirtió que "Yemen está en inminente peligro de vivir la peor hambruna que el mundo ha visto en décadas". ¿Qué supone esto? Básicamente, reconocer que "millones de personas pueden morir" si no se actúa de inmediato. Además, se corre el peligro de volver a lamentables episodios vividos como el de Etiopía en el año 84 o el de Irak en la década de los 90.

La degradación moral también se traslada a España. Durante el año 2020, el Gobierno envió menos de 400.000 euros en ayuda humanitaria a Yemen. Una cantidad 460 veces inferior que la enviada por Alemania, pese a que este país decretó un embargo de armas a Arabia Saudí en el año 2018. La ayuda humanitaria enviada por España es del orden de mil veces inferior a la que autoriza con respecto a la venta de armamento. En el año 2019 se autorizó la venta de armamento de 435,2 millones de euros a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Durante el primer semestre de 2020 (el segundo semestre todavía no se conoce) se autorizó 121,31 millones de euros en armas a estos dos países, mientras que en esos mismos meses se envió 0 euros de ayuda humanitaria.

El pasado 21 de diciembre, el diputado de Unidas Podemos, Roberto Uriarte, presentó una Proposición no de Ley (PNL) apoyada por Joan Josep Nuet (ERC) y Jon Iñarritu (EH Bildu) para enviar ayuda humanitaria y que se atendieran las peticiones de las organizaciones humanitarias. Sin embargo, el Partido Socialista diluyó la PNL presentando una transaccional con el objetivo de retrasar el envío de ayuda humanitaria a Yemen y alejando cualquier prohibición o embargo a Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. Las relaciones diplomáticas con estos dos países siguen siendo vergonzosas, muestra de ello ha sido la huida pactada de Juan Carlos entre Partido Socialista y Felipe VI. El desprecio de nuestras élites hacia los derechos humanos es más que palpable en nuestro país. No es de extrañar el enfado de las organizaciones humanitarias y en defensa de los derechos humanos: las corruptelas de nuestras élites han pesado más que la vida de más de 300 mil personas.

Público

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Invierno

Tortuga Antimilitar - 25 January, 2021 - 00:00

Categorías: Tortuga Antimilitar

Todos somos soldados, pero los generales van los primeros en la lista de vacunación

Tortuga Antimilitar - 24 January, 2021 - 00:00

Ver también en Tortuga:

El Jemad y otros altos cargos del ejército se han puesto la vacuna del covid-19

Iñigo Sáenz de Ugarte

El Ministerio de Sanidad ha decidido aplazar la vacunación del personal sanitario que no esté en primera línea en la lucha contra la Covid para adelantar el inicio de la inmunización de las personas mayores. Otros se han dado más prisa. Un grupo numeroso de políticos, sobre todo en pequeños ayuntamientos, ya se ha saltado el protocolo aprobado para colarse en la lista de vacunaciones con todo tipo de excusas. Es una de esas cosas que no resulta sorprendente en este país. Habrá quien piense que esto es inaudito en mitad de una pandemia. En realidad, es al revés. Estaba cantado que algunos iban a ocuparse de hacer valer su posición en un momento de tantas urgencias como este.

Lo peor de todo es que se han vacunado en secreto y sólo se ha sabido gracias a los medios de comunicación. En la parte positiva, hay que apuntar que estos chanchullos se han conocido muy pronto, cuando aún no se ha consumido el primer mes de un proceso que será muy largo, y se supone que se tomarán las medidas necesarias para que algo así no se repita.

Entre las revelaciones inesperadas está la de que las Fuerzas Armadas ya han recibido su cupo personal e intransferible de vacunas. Antes de que los médicos de urgencias en los hospitales reciban su dosis, nos hemos enterado de que los generales ya han enseñado el brazo para que les pinchen. Y evidentemente nadie se había molestado en comunicarlo. De hecho, ni siquiera lo sabía la ministra de Defensa. La sanidad militar tiene su propia estructura, pero eso no justifica que tenga su propio protocolo por el que los que tienen más estrellas no deben esperar mucho tiempo.

Puestos a encontrar razones de peso, no parece un error que se vacune a los militares destinados a misiones internacionales en países con una infraestructura sanitaria inferior a la española o que partan en una misión en un buque durante varias semanas. Lo que es más difícil de aceptar es que el jefe de Estado Mayor de la Defensa, que trabaja en un despacho, haya recibido su primera dosis. El general Miguel Ángel Villarroya tiene 63 años. Los españoles de más de 70 años que viven en su casa aún no han sido vacunados.

Villarroya animó las primeras ruedas de prensa del comité gubernamental de gestión del coronavirus con esas frases tan castrenses. "En esta guerra irregular y rara que nos ha tocado vivir, en la que nos ha tocado luchar, todos somos soldados", dijo en marzo.

Todos somos soldados, pero cuando llegan las vacunas los generales van los primeros en la lista. Lo contrario que en el campo de batalla, donde son los soldados los que saltan los primeros en la trinchera. Villarroya no es el único que ha demostrado el "espíritu de servicio" del que alardeaba en sus ruedas de prensa. Otros militares del Estado Mayor, más jóvenes que él, también se han sacrificado. Todo sea por España.

Los hay como Albert Rivera –qué raro que se metiera en la polémica en calidad de político jubilado– que han pedido que se vacune a los políticos con independencia de su edad "para dar ejemplo". Es algo que no parece ya necesario. Según una encuesta internacional de YouGov, ha aumentado de forma notoria el porcentaje de europeos que se han vacunado o están dispuestos a hacerlo. Veinte puntos más en Reino Unido, 19 puntos más en Italia o 18 puntos más en España. Incluso en Francia, el país europeo con mayor oposición a las vacunas.

El premio gordo de la lista de políticos con privilegios lo encabeza el ya exconsejero de Salud de Murcia, que incluyó a 400 altos cargos y funcionarios de su departamento en la vacunación exprés. En segundo lugar, se encuentra el consejero de Salud de Ceuta, que tiene el privilegio de haber ofrecido la explicación más surrealista (y la ventaja de que su presidente, del PP, no le cesará). Él no quería, porque ni siquiera le gustan las vacunas. No dijo por qué. Afortunadamente.

Después, aparecen una serie de alcaldes de pequeñas localidades que aprovecharon su oportunidad. El récord del descaro podría estar en la localidad vallisoletana de Villavicencio de los Caballeros. El alcalde, dos concejales y el cura del pueblo fueron inscritos como trabajadores de una residencia de ancianos que no habían pisado con el fin de inmunizarlos. Todo porque forman parte del patronato que controla la residencia.

El alcalde de La Nucía, en Alicante, alegó que es el médico del equipo de fútbol de la localidad. Mucho más peligroso que ser médico en un hospital. Otro argumento recurrente de otros cargos políticos es que "sobraban dosis", como si eso significara que había barra libre para los voluntarios. El senador tinerfeño Antonio Alarcó justificó sus privilegios por ser cirujano y población de riesgo, aunque aún no ha empezado la vacunación para esos grupos. El alcalde de Villahermosa del Río, en Castellón, dijo que era administrador de una residencia, un puesto que de momento se considera que no es personal sanitario.

Esta pandemia servirá para que no se contemple con tanta ternura eso que se ha llamado la picaresca española.

Entre los elegidos, hay nueve cargos electos del PSOE y siete del PP. No hay que ser un genio para saber que el partido que mire a otro lado al saberse que sus políticos le están echando mucha cara va a pagar un precio muy alto. Tras el papelón de Murcia, el PP ha prometido que reaccionará con "ejemplaridad" si se conocen casos de este tipo en su partido. El PSOE anunció el viernes que pedirá la dimisión de sus cargos públicos que incumplan el protocolo de vacunación, porque "no consiente este tipo de actitudes insolidarias". Se ha referido en concreto al alcalde de Asín, un pueblo de 98 habitantes.

No importa el tamaño del municipio. Ahora mismo no hay nada peor que recurrir al poder, por pequeño que sea, para saltarse la cola.

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No me gustan ni la "burrocracia", ni los bancos, ni, a veces... la policía

Tortuga Antimilitar - 24 January, 2021 - 00:00

Corría el verano del año 2000, veraneaba en la isla de Ons con un novio lugareño, vivía en el paraíso; sin coches, sin contaminación, comiendo maravillas que nosotros mismos conseguíamos: pulpo, nécoras, bruños (centollos pequeños llenos como panes), almejas, maragotas, lubinas salvajes, percebes, sargos... Teníamos gallinas que comían nécoras. ¡Qué huevos! Teníamos patatas. ¡Qué huevos con patatas! Cebollas como platos de grandes. En esa época había mucha libertad; se podía coger de todo...
Ahora ya no.

Hacía un tiempo que nos habían invitado a una boda. Se casaba en Pontevedra capital una pareja amiga mía de toda la vida, M. y S., el 22 de julio. Pues ahí que nos vamos los dos. Fue una boda preciosa.

Al salir de la boda, al volver a casa, tuvimos un pequeño incidente. Nos metimos en un pequeño tramo de una callejuela de Pontevedra por prohibida. Juraría que era buena dirección hacía poco. Justo había un policía local dándonos el alto, yo iba de copiloto y le dije: frena M., que te has metido por prohibida... Frenó en seco y nos quedamos parados. El policía sacó a M. a la fuerza del coche y lo tiró al suelo, le hizo soplar y dio positivo. Yo tampoco estaba para conducir y nos llevó a la comisaría de la calle Joaquín Costa.

Estando en comisaría yo me quedé frita en los asientos de la entrada y, al despertar, tenía a M. al lado y le pregunté, medio malhumorada, que qué hacíamos allí, y me dijo que seguramente estaban esperando a que se nos pasara la borrachera.

Me fui a hablar con un policía que estaba haciendo papeles en una mesa y le dije que me explicara la situación y me dijo:

¡Usted siéntese, cállese! Le dije que prefería que me tuteara a que usara ese usted machacón y que hablábamos el mismo idioma, que me explicara. Me dijo que M. estaba acusado de conducir ebrio y de atentado a la autoridad. Alucinamos.

M., que hablaba solo gallego dijo: Eu que non boteu un petardo na miña vida nunha festa... (yo que no eché un petardo en mi vida en una fiesta...). M. pensaba que se le acusaba de atentado con bomba. Yo pegué una risotada nerviosa, con lágrimas en los ojos de la impotencia, se lo expliqué y se calmó un poco.

Yo jamás había tenido un altercado con la policía, y pregunté quién había hecho semejante acusación, la de atentado a la autoridad, y me señalaron al policía que nos había dado el alto, un tipejo joven, flaco y con cara de malas pulgas, y le grité: Esto es la policía, ¡¿la verdad y el orden?! ¡Esto es una panda de sinvergüenzas!

Le hicieron a M. las fotos pertinentes, recordad que íbamos los dos muy guapos vestidos de boda, lo querían encerrar en el calabozo. M. dijo que sufría claustrofobia y la policía optó por dejarle sentado en una silla fuera de las celdas. Yo lo pude acompañar, pude ver dentro de una de las celdas, la única que estaba ocupada, en la que había otro señor de otra boda.

Salí a sentarme con la mujer del de la celda, que lloraba desconsolada en una de las sillas de la entrada. Yo grité que les iban a dar una medalla a todos por sus detenciones de esa noche y que les podía pasar a cualquiera de sus hijas una noche de boda cualquiera. Se acercó un policía y me ofreció las llaves del coche y me dijo que me podía ir cuando quisiera. Con la “medio prea” que aún llevaba le dije, dando una palmotada en una mesa: yo he venido con M. y me voy con M.

Le hicieron un juicio rápido, le adjudicaron un abogado de oficio, que no era otro que V., otro amigo mío de toda la vida, que no hacía mucho que se había sacado la carrera. Le condenaron a un año sin carnet y 100.000 ptas. de multa (600 euros de ahora). El juez no se tragó lo del atentado a la autoridad ¡Menos mal!

Fuera de los juzgados me encontré con el policía de marras y le dije que en menudo marrón nos quería meter, y me dijo todo convencido: Metisteis la primera.

Continuará...

D.E.P- M. R. S. Siempre te llevaré en mi corazón.

No me gustan ni la "burrocracia", ni los bancos, ni, a veces, la policía (2).

Viene del capítulo anterior.

Corría octubre del año 2000, encontré trabajo en un horno-cafetería llamado Campolongo 5, en Marín (Pontevedra). Yo estaba de camarera en la cafetería y mi jefe, Don Ramón Crespo Figueroa, que era conocido de mi familia de hacía muchos años. Él y yo nos teníamos gran estima, me daba buenos consejos; fue el primer panadero en vender pan los domingos y había llegado a ser presidente del Pontevedra C.F. 1993-1997.

Don Ramón venía todos los días a tomarse su buena copa de vino, a veces lo hacía acompañado del policía que me mandó sentar y callar con el "usted" machacón, de la comisaría de la calle Joaquín Costa, con el uniforme. Le comenté a mi jefe el problema que había tenido ese verano y me dijo que tenía que haber recurrido a él y que me hubiera sacado de aquel meollo, pero yo no pensé en él en aquel momento.

La policía iba a celebrar en la comisaría de Joaquín Costa el día del Ángel Custodio, su patrón, y me mandaron a mí con el uniforme del trabajo, que era blusa blanca y falda verde, a pasearme, contonearme “sonriente” con una bandeja ofreciendo Viña Costeira, un ribeiro muy rico y deliciosos canapés a todos los polis del lugar. El amigo de mi jefe me dijo, en voz baja y al oído, que le guardara una botellita que se iba a jugar al póker con los amigos, y cuando la fiesta concluyó, les esperaba la flota de coches en la puerta de comisaría, algunos polis más afectados que otros. Me hubiera gustado que algún compañero de servicio les hubiese dado el alto y les hubieran hecho la prueba de alcohol o de “drojas”.

Recomendación: Si bebes no conduzcas y si te drogas tampoco.

D.E.P. Don Ramón Crespo Figueroa.

Categorías: Tortuga Antimilitar

El Jemad y otros altos cargos del ejército se han puesto la vacuna del covid-19

Tortuga Antimilitar - 23 January, 2021 - 00:00

Las dosis que les sobraron se las han puesto, al parecer, a militares de la base de Torrejón.

Porque como todos uds. sabrán, si hay alguna función absolutamente esencial para la sociedad, más que la propia sanidad, es la dirigencia del ejército. Imaginen que dos o tres generales de estos se ponen enfermos de coronavirus y no les da tiempo a participar en alguna reunión de esas donde se decide qué tanques y misiles hay que comprar urgentemente. Sería una auténtica catástrofe para todos nosotros.

Por cierto, la justificación que ofrecen desde el Estado Mayor del ejército es que "el proceso de vacunación de las Fuerzas Armadas, detallan, es independiente del que se sigue en el resto de la sociedad". O sea, que ellos, que se consideran un ente totalmente autónomo dentro del estado, van a su bola. Con ellos no van los protocolos de la OMS, de la UE, del gobierno o de las autonomías. Ellos hacen lo que les da la gana, que para eso son militares. Tomen nota, porque esto mismo -hacer de su capa un sayo- pasa en otros ámbitos, por ejemplo en el de la justicia "militar".

Nota de Tortuga.

Robles pide explicaciones al Jemad tras conocer que ha recibido la vacuna

El Estado Mayor redactó un protocolo que prioriza a sanitarios, miembros de misiones internacionales y la cadena de mando según un criterio de edad.

EFE

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido explicaciones al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Miguel Ángel Vilarroya, por el hecho de que se le haya administrado la vacuna de la Covid-19 tanto a él como a otros mandos del Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Así lo ha afirmado a raíz de la información adelantada por El Confidencial Digital de que tanto el general Villarroya como otros generales del EMAD ya han recibido la primera dosis de la vacuna, un hecho que este organismo justifica en que eran los siguientes, por edad, siguiendo el plan de vacunación establecido por la Subsecretaría de Defensa.

Robles ha añadido que a lo largo del día Villarroya le hará llegar un informe sobre las vacunaciones en el EMAD. "En función a lo que diga el informe, veremos", ha asegurado para defender acto seguido que "el EMAD trabaja siempre con muchísimo rigor coordinando las operaciones".

Robles ha indicado que en el Ministerio de Defensa "no se ha vacunado a nadie" porque se siguen los mismos criterios que para los civiles, y que las vacunas de los hospitales militares de Madrid y Zaragoza se administran de acuerdo a los planes de sendas comunidades autónomas.

En el caso del Hospital Gómez Ulla de Madrid, ha indicado que este jueves se paró la vacunación, lo que le "preocupa", mientras que en el centro sanitario de la capital aragonesa marcha a buen ritmo.

En las vacunaciones en el EMAD, Robles ha indicado que ella no ha tomado las decisiones de a qué grupo se les administran primero, porque desconoce "cómo se estaba desarrollando ese plan de vacunación".

El EMAD es el órgano que se encarga de las operaciones de las Fuerzas Armadas, tanto las misiones en el exterior como las que se desarrollan en España de manera permanente.

Según fuentes del EMAD consultadas por EFE, efectivamente se le ha administrado la primera dosis al Jemad, así como al general de división Francisco Braco, encargado de coordinar todas las misiones como comandante del Mando de Operaciones, y al Jefe del Estado Mayor Conjunto, Fernando García González-Valerio.

Las fuentes oficiales han justificado este hecho en que eran a los que, por edad, les correspondía la vacuna, una vez que ya se le había administrado a los sanitarios militares, en primer lugar, y a los militares que se iban a ir a una misión, en segundo.

El proceso de vacunación de las Fuerzas Armadas, detallan, es independiente del que se sigue en el resto de la sociedad. En el caso del EMAD, el tercer grupo en recibirlas son sus efectivos, tanto militares como civiles, que participan, dirigen, coordinan o planifican las operaciones.

Dentro de este grupo, justifica el EMAD, se reparten primero teniendo en cuenta principalmente la edad, razón por la que se han administrado a los generales, que suelen ser mayores, pero también a otros militares y civiles de otros rangos, incluyendo a personal de tropa, la escala más baja.

Aparte de la edad, añade, se ha tenido en cuenta también que las vacunas se repartan entre todas las escalas y los distintos organismos dentro de los que trabajan en las operaciones militares.

Reacciones políticas

El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha subrayado este viernes que si el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) se ha vacunado contra la covid-19 debe dimitir o ser cesado.

"Si el Ministerio de Defensa ha elaborado un protocolo que ha permitido a esos mandos vacunarse antes que la población o que otros militares en riesgo, Robles debe dar explicaciones", ha señalado a través de su cuenta en Twitter tras hacerse público que el Jemad y otros generales ya han recibido la primera dosis de la vacuna.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Santiago ha subrayado que "hay que ser muy estrictos" y, en un momento de escasez de vacunas, aplicar "estrictamente" los criterios para proteger a los colectivos más vulnerables, entre los que no estaría incluido el Jemad .

El portavoz de Justicia del PP, Luis Santamaría, ha señalado que lo que le preocupa a su partido es la "doble vara de medir" sobre estos casos.

"He visto dimitir a una persona en Murcia y no he visto dimitir al alcalde de Rafelbunyol, en mi tierra", ha señalado en el Congreso tras participar en la Comisión de investigación de la denominada operación Kitchen.

El portavoz adjunto del grupo socialista, Felipe Sicilia, ha señalado por su parte que desconocía las informaciones sobre el JEMAD, pero ha asegurado que los socialistas piden "la máxima responsabilidad a todas las personas y a todos los responsables públicos".

"El PSOE ha demostrado qué es lo que hace cuando alguno de sus responsables no cumple con el plan de vacunación", ha recalcado tras recordar que el alcalde de Rafelbunyol, junto a otros dos, han sido suspendidos cautelarmente de militancia.

Para el diputado Joan Baldoví (Compromís), el caso del Jemad "es igual de impresentable que el último alcalde o el último personaje público que se ha vacunado".

"Los protocolos están para seguirlos y no es decente ninguna excepción, ninguna", ha recalcado.

En una linea similar se ha expresado Jon Iñarritu, diputado de EH-Bildu, quien ha cuestionado también que Defensa tenga un cupo de vacunas y un protocolo propio.

"La pregunta que nos hacemos es si el capitán general de todos los Ejércitos, es decir, el jefe del Estado ha sido vacunado y bajo qué criterios", ha señalado Iñarritu para exigir transparencia. "Aquí parece que se ha vacunado todo el mundo que ha podido", ha denunciado.

Diario Información

Polémica en el Ejército: militares de la Base Aérea de Torrejón son vacunados con dosis que «sobraban»

Varios militares de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, han sido inoculados contra el coronavirus con vacunas que «sobraban», según han podido confirmar fuentes cercanas al Ejército a The Objective. Se trata de 16 «militares de tropa» destinados en el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón (CAOC TJ), que depende del Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Por qué es importante: según el Ministerio de Sanidad, los militares no son personal esencial, por lo que estos deberían ser vacunados en la fase 2 de la campaña, es decir, en marzo. No obstante, Defensa ya anunció que comenzaría a poner en marcha la campaña de vacunación de los profesionales de las Fuerzas Armadas antes de que termine el mes de enero pero a aquellos cuyas unidades estén más expuestas al riesgo de contraer el virus.

Por lo que ha podido saber The Objective, había 16 vacunas disponibles que iban destinadas a mandos, oficiales y suboficiales que, por algún motivo, «han decidido no ponérsela» y, finalmente, han acabado en el cuerpo de varios militares que «realizan labores administrativas», como confirman las mismas fuentes. «En este cuerpo, normalmente sólo salen de misión los mandos», por lo que estas vacunas no deberían haber sido inoculadas a estos miembros que «no están expuestos a ningún riesgo» por el coronavirus

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«Ayer me pusieron en mi trabajo la primera dosis de la vacuna Covid19 de Pfizer. Ayer tenía un sentimiento de culpabilidad por habérmela podido poner antes que mis padres, mi padre con enfermedad renal crónica y tratamiento de diálisis y mi madre con diabetes y ambos con 84 años», se puede leer en una publicación de Facebook de uno de los militares beneficiados, publicación que posteriormente borró. El texto iba acompañado por una fotografía de su cartilla de vacunación militar. En ella se puede ver la fecha en la que recibió la primera vacuna, el 19 de enero, y la fecha en la que recibirá la segunda, el 9 de febrero, además del número de localización de la partida de la vacuna que, según hemos podido comprobar, pertenece al Estado Mayor de la Defensa.

En el mismo post de la publicación, en la parte de comentarios, este militar reconoce que «había puestos más críticos» y que había tenido «la suerte» de que la vacuna llegara a él.

Todo esto tiene lugar cuando este mismo jueves Madrid ha suspendido la vacunación de los sanitarios porque «se ha quedado ya sin vacunas». En este sentido, según ha afirmado el consejero en la Asamblea de Madrid, por la mañana la Comunidad había administrado 150.000 dosis, «un 85% del total de las recibidas», y se han reservado las segundas dosis para garantizar su inoculación pasados 21 días a quienes ya la han recibido.

La vacunación con el coronavirus, según anunció el Gobierno, está basada en tres fases, de las cuales solo la primera está definida. En ella se están vacunando el personal sanitario y los internos de residencias de mayores y su personal laboral. El resto de colectivos esenciales, como policías, militares o profesores, está previsto que se incluyan en la fase 2, que debería comenzar el próximo mes de marzo, pero para la que todavía no hay ningún plan por escrito.

No obstante, el Ministerio de Defensa se ha desmarcado de las directrices de Sanidad, ya que ya ha iniciado la inmunización de su personal frente al coronavirus. Hasta ahora, lo que sí se sabe –aunque Defensa no ha informado de ello oficialmente– es que los primeros militares en recibir la vacuna de Pfizer BionNtech serían los miembros de los contingentes que deben salir de misión al extranjero en las próximas semanas. Sin embargo, ninguno de los 16 militares vacunados en Torrejón tiene previsto ser destinado al extranjero.

Fuente: https://theobjective.com/polemica-e...

Categorías: Tortuga Antimilitar

Detenidos por Marlaska le entregan las condenas por no investigar torturas

Tortuga Antimilitar - 23 January, 2021 - 00:00

Nicolas Tomás

Una vez más, España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar denuncias de tortura. Una vez más, el juez instructor era Fernando Grande-Marlaska. De hecho, de las diez condenas por este motivo, en siete el protagonista era el actual ministra del Interior. Por este motivo, al día siguiente de la nueva condena, los detenidos en la operación Aztnugal se han plantado en la sede del Ministerio, en Madrid, donde le han entregado las condenas del Tribunal de Estrasburgo y también una carta donde le señalan como responsable.

La carta está firmada por Iker Moreno, Xabier Beortegui, Jon Patxi Arratibel, Íñigo Gónzalez y Gorka Mayo. Y recuerdan la operación contra ellos, de la que Marlaska era el instructor como magistrado de la Audiencia Nacional: "Hace diez días a estas horas estábamos incomunicados en manos de la Guardia Civil. Fuimos torturados, con total impunidad, como miles de personas en Euskal Herria. Cinco días y noches interminables de tormento físico y psicológico. En pleno siglo XXI. En el centro de la capital española".

En este contexto, los detenidos recuerdan como de aquella operación se derivaron tres causas en el TEDH, que acabaron con tres condenas al Estado español por no "investigar de manera exhaustiva y eficaz" las denuncias de torturas. Adjuntan estas tres sentencias, así como el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Aquel informe, después de una visita a España, constataba que "la delegación recibió alegaciones creíbles y consistentes de malos tratos de 10 de las 11 personas con las que mantuvo entrevistas".

Por todo eso, señalan el exjuez y actual ministro como máximo responsable de garantizar su integridad física y psicológica. Y le envían preguntas: "¿Era Usted conocedor del trato cruel, inhumano y degradante que sufrimos en dependencias policiales? ¿Por qué hizo caso omiso de nuestras denuncias?". Unos interrogantes que probablemente quedarán sin respuesta. De momento, la misiva está registrada en la sede del Ministerio del Interior.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado a favor de Íñigo Gonzalez, detenido por la Guardia Civil en enero de 2011, y que denunció haber sufrido torturas durante el periodo de incomunicación. González fue detenido por orden del entonces juez Fernando Grande-Marlaska. Ayer, Estrasburgo remitió una nueva condena, la víctima había denunciado que durante el interrogatorio le pusieron una bolsa sólo entrar, ahogaron, pegaron y hasta llegar a "tener ganas de vomitar porque ya no aguantaba más". La extorsión hacía que, después, la declaración siguiera a rajatabla el dictado que habían marcado los agentes policiales.

Todos ellos fueron condenados a penas de prisión por Grande-Marlaska, que consideraba probado que estos miembros de Ekin habían actuado a las órdenes de ETA. Ekin está considerada la estructura que ETA creó para dinamizar y dirigir todo el apoyo a la banda en su parte legal y transmitir sus directrices en torno a Batasuno. La organización se disolvió y animó a sus militantes a integrarse en la nueva apuesta de la izquierda abertzale.

Fuente: https://www.elnacional.cat/es/polit...

Categorías: Tortuga Antimilitar

El gobierno autorizará que el gigante español de armas Maxam pase a ser controlado por accionistas ocultos en las Islas Caimán

antimilitaristas.org - 23 January, 2021 - 00:00

Alicia Gutiérrez

Maxamcorp Holding SL, verdadero gigante de la industria de munición y que suministra material de defensa a 60 países, pasará a estar controlada por una empresa que conduce directamente al paraíso fiscal de las Islas Caimán. Así será si el Gobierno adopta uno de los acuerdos que tiene sobre la mesa para el Consejo de Ministros de este martes: aprobar la inversión extranjera de la luxemburguesa Prill Holdings SARL para hacerse con el 71,17% de Maxamcorp, cabeza de un grupo con 140 participadas y punta de lanza del sector de explosivos. Los únicos propietarios de Prill Holdings SARL que constan en el Registro de Luxemburgo son dos sociedades inscritas en las Caimán y cuyos accionistas resultan imposibles de identificar.

Constituida en 2006, con una facturación de 1.126 millones en 2019 –1.002 en 2020– y un capital social de 79.470.300 euros, Maxamcorp Holding SL es la cabecera de un grupo que no ha estado exento de polémica por sus exportaciones a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Verdadero gigante de los explosivos de uso civil y de suministros militares de alcance, cuenta con más de 6.500 empleados, 140 filiales, 80 unidades industriales y desarrolla operaciones comerciales en más de 100 países.

Cabeza de un grupo fundado por Alfred Nobel hace un siglo y medio, que la actividad de Maxamcorp Holding se inscriba en el área de defensa y seguridad nacional convierte en obligatorio que cualquier participación extranjera en su accionariado obtenga el visto bueno del Gobierno. De hecho, Prill Holdings ya aterrizó en la compañía hace dos años: en febrero de 2019, se autorizó su desembarco con una cuota accionarial del 41%. Pero la operación que, salvo viraje, consagrará el Ejecutivo este martes posee una relevancia muy superior: de accionista de referencia, Prill Holdings pasará a ser accionista de control absoluto. Y entre bambalinas permanecerán las dos compañías de las Islas Caimán.

El conglomerado de Maxamcorp Holding y sus filiales tiene importantes vínculos con dirigentes políticos y ex responsables públicos de alto nivel. Presidida desde mayo por José Manuel Vargas, que como máximo responsable de AENA en la etapa de Mariano Rajoy dirigió la privatización del 49% de la empresa de aeropuertos, entre los accionistas de Maxamcorp figura Jorge Dezcallar, director del CESID -el actual CNI– durante el segundo mandato de José María Aznar. Muy próximo a Aznar –fue asesor de Defensa y alto cargo en la Fundación FAES– y luego el dirigente de Vox que actuó como enlace de la formación ultra con Donald Trump, aparece en el consejo de administración de Expal Systems SA Rafael Bardají.

Pero tampoco ahí acaba la lista de directivos de alto nivel: el predecesor de Vargas en la presidencia de Maxamcorp fue José Fernando Sánchez-Junto Mans, hermano del abogado del rey emérito. De su consejo formó también parte hasta el verano de 2019 Jaime Carvajal Urquijo, compañero de habitación de Juan Carlos de Borbón en su etapa estudiantil. Y en otro consejo, este el de una de las principales ramas del grupo –Expal Systems– se sentaba José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao: fue él quien, como asesor externo del padre de Felipe VI, transmitió a Iñaki Urdangarin las directrices de la Zarzuela sobre Instituto Nóos cuando las cosas comenzaron a torcerse.

Producción de armas criticada por defensores de derechos humanos

Participada al 100% por Maxamcorp Holding, es precisamente Expal Systems SA la que se sitúa en un lugar predominante del grupo. La última edición del catálogo de la industria militar que edita cada año Defensa la define así: “Expal ofrece una solución completa de sistemas de mortero para aumentar la movilidad, la seguridad y la eficiencia. Incluye sistemas de mortero (60 mm, 81 mm, 120 mm), la familia completa de munición”. El texto añade que la compañía “desarrolla tecnologías de primer nivel para cubrir los requerimientos actuales y futuros de los ejércitos de más de 60 países”.

El peso de Maxam en el sector de la industria armamentística ha estado durante años acompañado de duras críticas. En la primera década del siglo, distintas investigaciones atribuían a Expal la producción de bombas racimo. Un estudio publicado por la Universidad de Deusto en 2009 narraba así su participación en el negro mercado de esos artefactos, que acabaron prohibidos en 2010: fabricada por Expal, la bomba de racimo BME-330, “esparce 180 submuniciones”. “Está pensada –agrega el texto– para destruir pistas de bases aéreas, aunque medios técnicos aseguran que pueden ser usadas contra concentraciones humanas”.

Los suministros de Expal a Emiratos Árabes y Arabia Saudí, congelados tras el cambio de Gobierno de 2018, habían encendido un año antes el debate sobre el uso de armamento español en la guerra de Yemen. Todo comenzó en marzo de 2017, cuando la negativa de un bombero a dirigir un retén de seguridad durante el embarque en el puerto de Bilbao de un cargamento con «bombas y proyectiles de mortero» con destino a Arabia Saudí destapó un episodio que obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a dar explicaciones.

Ocho meses más tarde, y tras una pregunta del entonces senador de Bildu Jon Iñarritu, el Ministerio de Defensa que entonces dirigía María Dolores de Cospedal reconoció que el cargamento de Bilbao constaba de 17.000 proyectiles completos de artillería de 155 milímetros. Se exportaba en virtud de una licencia concedida el 31 de enero por parte de una empresa cuyo nombre -aseguró Defensa- no podía desvelar. La ley, fue el argumento oficial, lo prohíbe. El Ejecutivo del PP optó por seguir autorizando las exportaciones al país árabe bajo el argumento de que las armas no se utilizaban en Yemen.

Pero el secreto persiste aún hoy. En octubre de 2020 trascendió que Greenpeace había emprendido acciones judiciales después de que la Secretaría de Estado de Comercio le denegase copia de los expedientes administrativos referidos a cada una de las autorizaciones o licencias concedidas para la exportación de munición de artillería fabricada por Expal Systems. Las exportaciones sobre las que la ONG había requerido información tenían por destino “los Emiratos Árabes Unidos y/ o Arabia Saudí, entre el año 2017 y la actualidad".

El archipiélago caribeño que no existe en el informe oficial

El informe del Ministerio de Defensa que sustenta la propuesta de autorización subraya que Prill Holdings SARL está “controlada en última instancia” por el fondo estadounidense de gestión de inversiones privadas Rhone Capital LLC, con sede en Delaware. Pero omite que, tal como constatan los documentos del Registro Mercantil de Luxemburgo, Prill tiene como únicos socios a dos firmas domiciliadas en el paraíso fiscal caribeño y cuyos propietarios resulta literalmente imposible conocer: Rhone Partners VLP y Rhone Offshore Partners VLP.

Este lunes, infoLibre preguntó al Ministerio que dirige Margarita Robles por la estructura accionarial de la empresa que dominará la multinacional Maxamcorp Holding y su conexión directa con un archipiélago que en el imaginario colectivo aparece como el paradigma de los paraísos fiscales, las Caimán, que cada año inflige a otros países un daño fiscal cifrado nada menos que en 70.400 millones de dólares según la red internacional Tax Justices. Portavoces del departamento que dirige Margarita Robles se limitaron a señalar que la operación que aprobará el Consejo de Ministros ha sido autorizada por el órgano competente: la Junta de Inversiones del Ministerio de Exteriores. Y que la Comisión de Secretarios y Subsecretarios que prepara el orden del día de las sesiones semanales del Gabinete «tampoco puso ninguna pega».

Portavoces de Exteriores ofrecieron horas después la siguiente respuesta: «Este asunto lo vio la junta de inversiones (que es interministerial, no de Exteriores, y que preside Comercio) en diciembre a propuesta de Defensa y ha seguido todos los trámites preceptivos».

Con inversiones en sectores dispares, desde la industria de Defensa a la de moda o alimentación, Rhone Capital LLC es una sociedad limitada con base en Delaware. Es decir, en el Estado que tiene como marchamo el de funcionar como una especie de paraíso fiscal dentro de EEUU.

Constituida en septiembre de 2017, Prill Holdings SARL nació –y así lo hace constar Defensa en la propuesta para autorizar que su participación crezca del 41% al 71,17%– “con el objeto de realizar posibles adquisiciones en nombre de los fondos gestionados por Rhone Capital LLC”. Pero solo hubo una adquisición y así lo remarca el ministerio: la realizada en Maxamcorp en 2018. Fue entonces cuando compró a la sociedad holandesa Tristan Haddock BV por 265.000.000 el 41% del capital social de Maxamcorp. En ese caso, el primero de la serie que ahora avanza con la compra hasta el 71,17%, el Gobierno dio su visto bueno a la inversión extranjera el 1 de febrero de 2019.

Para entonces, Prill Holdings ya tenía como únicos socios a las dos compañías domiciliadas en las Islas Caimán. Pero pasó inadvertido: solo se hacía mención a la SARL (equivalente a las sociedades limitada españolas) de Luxemburgo. En aquel momento, el capital social nominal de Prill se cuantificaba en 12.900 euros. En julio de 2019, se amplió a 27.499.999 euros, aunque la prima de emisión fue muy superior: 247,49 millones. Así lo atestiguan los documentos mercantiles de Luxemburgo.

Tras la ampliación de capital, el reparto de acciones de Prill Holdings entre las dos compañías de las islas Caimán, Rhone Partners VLP y Rhone Offshore VLP, quedó así: la primera mantuvo el 62% de las acciones y la segunda, el 38%. Por qué esa disparidad en cuanto a las acciones que acumula cada una de ellas es una pregunta abierta para la que de momento no hay respuesta. Sí la hay para la imposibilidad de conocer sus accionistas: como señala la web paraisosfiscales.net, “los nombres de los beneficiarios de las sociedades offshore registradas en Islas Caimán no son incorporados a ningún registro público y no existe la obligación de revelar la identidad de los mismos”. Catalogado como uno de los territorios británicos de ultramar, el archipiélago carece de acuerdos con ningún país para evitar la doble imposición. Y eso, subraya paraisosfiscales.net, “significa que los propietarios de cuentas bancarias y sociedades mercantiles están a salvo de las autoridades fiscales de sus países respectivos”.

Este periódico intentó conocer la explicación del grupo Maxam sobre la presencia de empresas de las Islas Caimán. No hubo respuesta.

Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/p...

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Autoextinción

Tortuga Antimilitar - 22 January, 2021 - 00:00

Que no cunda el pánico. El ecocidio tendrá un final feliz para la naturaleza. Ella misma, convertida en desierto y ceniza nos dirá, más pronto que tarde cuando será el fin de la 6ª extinción. Ésta vez no provocada por glaciaciones o meteoritos, sino por el suicidio colectivo inducido por el “homus inbécilis” y, cuando nos auto-extingamos, tendrá millones de años para reinventarse.

La cara más dramática del ecocidio para la humanidad está siendo el genocidio global. Epidemias, migraciones forzosas, guerras intestinas… nos hacen comprender las historias no contadas, las de las grandes mayorías que han sido masacradas, explotadas, culpabilizadas y enterradas en la fosa común del olvido por la historia oficializada de quienes vencen por la fuerza. Reflejan la esencia de la actual condición humana impuesta, de ese ser que ha ido involucionando como especie hacia la cúspide de su degeneración. Ha conseguido tener la vertiginosa capacidad de asesinar masivamente a sus semejantes, al resto de los seres y a las condiciones naturales necesarias para su propia existencia. Lo mejor del resultado de su necrófila y entrópica obra final aún queda por llegar.

Las destrezas del “homus post-sapiens”, resultan difícilmente superables. Su capacidad de autodevoración, su habilidad racional para legitimar y normalizar el ecocidio y el genocidio. El hecho de haber construido una economía basada en la devastación indiscriminada de todo lo común, de toda la biodiversidad natural y cultural, amparada por la religión de la acumulación de capital, le ha convertido en un ser iracundo que mata y se autodestruye por puro aburrimiento. Todo ello en una guerra permanente y selectiva que provoca y se sustenta en el asesinato de la infancia, en el encierro de las mujeres, en el desprecio racista, en la manipulación y exterminación masiva de un lumpen-proletariado tan depauperado, que hace tiempo ha condenado a más de las dos terceras partes de la humanidad al estatus de seres prescindibles y eliminables, de población basura de usar y aniquilar.

César MANZANOS BILBAO

Soziologia eta Gizarte Langintza Saila/Departamento de Sociología y Trabajo Social

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Hannah Arendt y la terrible banalidad del mal

Tortuga Antimilitar - 22 January, 2021 - 00:00

Pocos libros han provocado tanto revuelo como Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. Hannah Arendt aceptó ser la corresponsal de The New Yorker durante el juicio celebrado en Jerusalén contra Adolf Eichmann, teniente coronel de las SS y uno de los principales responsables de la deportación de los judíos europeos a los campos de exterminio nazis. David Ben Gurion quería recordar al mundo que millones de judíos habían sido asesinados por el simple hecho de ser judíos, no por sus actos o ideas: «Queremos que todas las naciones sepan que deben avergonzarse». La aparente insignificancia de Eichmann, pálido y fantasmal en la cabina blindada, contrastaba con la magnitud de sus crímenes. Hace unos años, el líder ultraderechista Jean-Marie Le Pen declaró que el Holocausto sólo era una nota a pie de página en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Desgraciadamente, tenía razón, si juzgamos el genocidio de judíos, gitanos y otras minorías desde el punto de vista del lugar que ocupó en la conciencia de la sociedad europea o la norteamericana. El destino de los judíos nunca preocupó demasiado y su exterminio contó con la cobertura legal e institucional. Las leyes de Núremberg, aprobadas por unanimidad el 15 de septiembre de 1935 durante el séptimo congreso anual del NSDAP, sólo representaron el primer paso de la discriminación, exclusión y exterminio de la población judía, un procedimiento que no adquirió el carácter de secreto de Estado hasta su último tramo (Conferencia de Wannsse, 20 de enero de 1942), si bien por entonces corrían por toda Europa historias sobre asesinatos masivos en cámaras de gas. Jan Karski , enlace del gobierno polaco en el exilio, y el conde Edward Raczyński, ministro de Asuntos Exteriores, informaron del genocidio a lo largo de 1942. Karski aportó su testimonio, pues había visitado clandestinamente el gueto de Varsovia y el campo de transición de Izbica, y Raczyński proporcionó pruebas y documentos en un informe titulado «El exterminio masivo de judíos en Polonia bajo la ocupación alemana». Los aliados no adoptaron ninguna medida para frenar o mitigar el drama.

Esa indiferencia alcanzó el cinismo más escandaloso en la Alemania de la posguerra, cuando nadie se escandalizó por la presencia de antiguos criminales nazis en la Administración de Adenauer. A mediados de los años sesenta aún era frecuente en las zonas rurales que los vecinos se saludaran con un cordial «Heil Hitler!». En 1968, Beate Klarsfeld, famosa cazadora de nazis, abofeteó en público a Kurt Georg Kiesinger, líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y canciller de la República Federal Alemana. Kiesinger había militado en el NSDAP desde 1933 hasta 1945, ocupando cargos de relativa importancia en el ministerio de Asuntos Exteriores. Al finalizar la guerra, pasó dieciocho meses en un campo de prisioneros, sin que eso afectara a su posterior carrera política. Beate Klarsfeld fue condenada a un año de prisión, pero no llegó a ingresar en la cárcel. Durante el resto de su vida, Kiesinger se negó a hablar del incidente. Su caso demuestra que el nazismo siempre disfrutó de amplias simpatías en la sociedad alemana. El fiscal Hausner señaló en el proceso contra Eichmann que los arquitectos del genocidio no eran vulgares hampones, sino abogados, profesores, médicos, banqueros, economistas. El responsable último no era el Gobierno nazi, sino varios siglos de odio institucional y popular a los judíos: «En este histórico juicio, no es un individuo quien se sienta en el banquillo, no es tampoco el régimen nazi, sino el antisemitismo secular».

La defensa de Eichmann se basó en la obediencia debida, particularmente estricta en un régimen totalitario, pero en los papeles que el acusado escribió durante su cautiverio en Israel se definió como Gottgläubiger, el término empleado por los nazis que repudiaban el mensaje cristiano y no creían en la vida después de la muerte. Adscrito a esa visión mística, Eichmann describió su nacimiento como un acontecimiento que brota del «más alto Portador de Significado». Esa grandilocuencia choca con su mediocre trayectoria. Ni siquiera consiguió finalizar el instituto, pero más tarde se atribuiría el título de ingeniero aeronáutico. Su suerte cambió en 1932, tras conocer a Ernst Kaltenbrunner, que lo animó a afiliarse al Partido. Eichmann, un hombre gris y de escasa iniciativa, descubrirá enseguida las ventajas de la «obediencia debida», que exime de pensar, juzgar y rectificar. La derrota de Alemania significaría una catástrofe para su temperamento gregario: «Comprendí que tendría que vivir una difícil vida individualista, sin un jefe que me guiara, sin recibir instrucciones, órdenes ni representaciones, sin reglamentos que consultar, en pocas palabras, ante mí se abría una vida desconocida que nunca había llevado». Desde las primeras vistas, Hannah Arendt advierte su vacío interior y su impotencia para obrar como un individuo: «Cuanto más se lo escuchaba, más evidente era que su incapacidad para hablar iba estrechamente unida a su incapacidad para pensar, particularmente para pensar desde el punto de vista de otra persona. No era posible establecer comunicación con él, no porque mintiera, sino porque estaba rodeado por la más segura de las protecciones contra las palabras y la presencia de otros y, por ende, contra la realidad como tal».

Durante el juicio, se hace evidente que Eichmann carece de la empatía más elemental. Llama la atención su «incapacidad casi total para considerar cualquier cosa desde el punto de vista de su interlocutor». Siente lástima de sí mismo y no entiende que los otros no simpaticen con su desdicha personal. Se considera un hombre decente y con un acusado sentido de la ética. Cuando uno de los funcionarios de la prisión le entrega un ejemplar de Lolita, la famosa novela de Vladímir Nabokov, lo devuelve escandalizado: «Es un libro malsano por completo». Escribe Arendt: «A pesar de los esfuerzos del fiscal, cualquier podía darse cuenta de que aquel hombre no era un “monstruo”, pero en realidad se hizo difícil no sospechar que fuera un payaso». Asegura que no es antisemita y manifiesta que simpatiza con los sionistas, pero ese argumento no sirve de descargo. Es sabido que los nazis consideraban a los sionistas los únicos judíos decentes, pues eran «los únicos que pensaban en términos nacionales». Eichmann perora, pero no convence a nadie. Sólo es un arribista que falsea su biografía y se justifica con lugares comunes. Durante los interrogatorios, cita el imperativo categórico, afirmando que nunca se ha desviado de su mandato. Los policías se limitan a recoger sus palabras. El juez le invita a explicarse, no sabemos si movido por la curiosidad o la indignación. Eichmann formula aceptablemente la versión más conocida del imperativo de Kant: «Quise decir que el principio de mi voluntad debe ser tal que pueda devenir en el principio de las leyes generales». La inanidad intelectual del burócrata nazi nunca resultó tan incontestable. No deformaba la ética kantiana. Simplemente no la comprendía. ¿O acaso pretendía convertir en ley general el robo, la deportación, la tortura y el asesinato? Está claro que ignoraba otra formulación del imperativo categórico, alumbrada por Kant para clarificar su sentido: «Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca como un medio». El exterminio de pueblos y razas es la negación más obscena del humanismo kantiano. Además, los nazis se jactaban de acatar la voluntad del Führer, no la de su conciencia. Hans Frank, gobernador general de la Polonia ocupada por los nazis, ideó el grotesco «imperativo categórico del Tercer Reich»: «Compórtate de tal manera que, si el Führer te viera, aprobara tus actos». Nada puede estar más alejado del ideal de autonomía elaborado por Kant, según el cual cada individuo debe actuar como si fuera un legislador universal. Incluso cuando obedece, debe sentir que su voluntad se concierta con la fuente de la norma, que es la razón práctica y no el capricho arbitrario del gobernante. «¡Atrévete a pensar!», exhorta Kant. Por el contrario, Eichmann invoca la obediencia, subrayando que si hubiera vivido en una sociedad democrática, habría cumplido sus normas con la misma meticulosidad.

Hannah Arendt escribió sus artículos con una feroz independencia, sin maquillar hechos ni contemporizar. No ocultó la responsabilidad de los Consejos Judíos o Judenrat. Mordechai Chaim Rumkowski, hombre de negocios, militante sionista y director de un orfanato, fue la máxima autoridad del gueto de Łódź (Polonia). Su despotismo resultó tan trágico como ridículo: acuñó moneda y sellos con su efigie, usurpó la función de los rabinos celebrando enlaces matrimoniales, solía desplazarse en una carroza escoltada por la policía judía, lo cual hizo que muchos le llamaran rey Chaim I. En 1941 colaboró en las primeras deportaciones masivas al campo de exterminio de Chelmno. Aunque intentó negociar una rebaja en el número de deportados, las autoridades nazis no cedieron ni un ápice. Se envió a la muerte a cincuenta y cinco mil judíos, seleccionados por la administración de Rumkowski. En 1942, el Judenrat recibió la orden de deportar a todos los niños menores de diez años, los ancianos y los enfermos. Rumkowski se dirigió a los habitantes del gueto con un ampuloso discurso. «Dadme a vuestros hijos», exclamó, justificando el horrible sacrificio para salvar la vida de las personas «útiles». Entre junio y julio de 1944, Rumkowski organizó la deportación de otros siete mil judíos, sin sospechar que en agosto se suprimiría el Judenrat y se enviaría a todos los judíos del gueto a Auschwitz. Rumkowski y su familia murieron el 28 de agosto en las cámaras de gas de Birkenau. El doctor Kastner aplicó el mismo criterio en Hungría. Salvó a 1.684 judíos, enviando a la muerte a cuatrocientos setenta y seis mil. No quiso guiarse por el azar, sino por «principios verdaderamente santos». Pensó que debían librarse de la muerte los que habían trabajado por la comunidad. Es decir, los funcionarios y los «judíos prominentes». Escribe Hannah Arendt, desde la perspectiva de 1961: «Actualmente, en Alemania, esta idea de los judíos “prominentes” todavía no ha sido olvidada. […] No son pocos, especialmente en las minorías cultas, quienes todavía lamentan públicamente que Alemania expulsara a Einstein, sin darse cuenta de que constituyó un crimen mucho más grave dar muerte al insignificante vecino de la casa de enfrente, a un Hans Cohn cualquiera, pese a no ser un genio».

Hannah Arendt destacó que no todos los países ocupados por el Reich alemán colaboraron en la deportación de los judíos: «Suecia, Italia y Bulgaria, al igual que Dinamarca, resultaron ser inmunes al antisemitismo, pero de las tres naciones que estaban en la esfera de la influencia alemana, solamente Dinamarca se atrevió a hablar claramente del asunto a sus amos alemanes». Italia y Bulgaria sabotearon las órdenes, explotando el ingenio para salvar a sus compatriotas judíos. Los daneses se opusieron frontalmente. Cuando los alemanes les propusieron que se identificara a los judíos con estrellas amarillas, contestaron que el rey sería el primero en llevarla y que incumplirían cualquier medida discriminatoria. Cuando los nazis impusieron la ley marcial, las tropas destinadas a Dinamarca habían cambiado profundamente desde hacía mucho tiempo y se negaron a participar en las deportaciones. Himmler envió desde Alemania unidades especiales de policía para detener a las familias judías en sus domicilios. El gobierno danés ordenó a su policía que impidiera los arrestos, utilizando la fuerza si era necesario. Los alemanes, que no habían encontrado oposición en otros países, al final se limitaron a prender a los judíos que abrieron voluntariamente la puerta de su casa. La redada se saldó con 447 detenciones. Mientras tanto, la Resistencia danesa evacuó a Suecia a ocho mil judíos daneses, logrando que el Gobierno aceptara su presencia mediante un comunicado oficial. Observa Hannah Arendt: «Difícil resulta vencer la tentación de recomendar que esta historia sea de obligada enseñanza a todos los estudiantes de ciencias políticas para que conozcan un poco el formidable poder propio de la acción no violenta y de la resistencia, ante un contrincante que tiene medios de violencia ampliamente superiores».

Hannah Arendt también cita la historia de Anton Schmid, soldado alemán de origen austríaco. Electricista de profesión, y con una pequeña tienda de radios en Viena, fue enviado a Vilna (Lituania) después del Anschluss. Ascendido a comandante de la Wehrmacht, pudo contemplar cómo se hacinaba a los judíos en guetos y se asesinaba a centenares de ellos cerca de Ponary, donde los nazis cometieron una horrible masacre. La escena de unos niños apaleados hasta la muerte hizo que Anton Schmid empezara a facilitar documentación falsa a las familias judías para que huyeran de Vilna. Sus gestiones salvaron doscientas cincuenta vidas de hombres, mujeres y niños. Descubierto por sus superiores, fue fusilado y no se informó a su esposa Steffi de la ejecución, quizá con la intención de agravar su dolor, pues una desaparición siempre es más mortificante que una muerte. «La lección de esta historia es sencilla –apunta Hannah Arendt– y al alcance de todos. Desde un punto de vista político, nos dice que en circunstancias de terror, la mayoría de la gente se doblegará, pero algunos no se doblegarán, del mismo modo que la lección que nos dan los países a los que se propuso la aplicación de la Solución Final es que “pudo ponerse en práctica” en la mayoría de ellos, pero no en todos. Desde un punto de vista humano, la lección es que actitudes como la que comentamos constituyen cuanto se necesita, y no puede razonablemente pedirse más, para que este planeta siga siendo un lugar apto para que lo habiten seres humanos».

Martin Buber condenó la ejecución de Eichmann, argumentando que la muerte del criminal nazi actuaba como una esclusa de la culpabilidad colectiva del pueblo alemán. Karl Jaspers lamentó que el juicio no se hubiera celebrado ante un tribunal internacional, una reflexión compartida por Hannah Arendt, pues entendía que el genocidio perpetrado por el Reich alemán era «un ataque contra la diversidad humana» y «la monstruosidad de los hechos ocurridos queda “minimizada” ante un tribunal que únicamente representa a un Estado». Sólo un tribunal penal internacional habría podido tipificar el genocidio como «un delito específico» deslindado del asesinato común, sentando las bases de una relación ética entre los Estados, donde el uso arbitrario de la fuerza se juzgara como una perversión del poder político. El genocidio es el signo de identidad del totalitarismo y su persecución debe ser competencia de cualquier tribunal democrático. Nace de la percepción de ciertos grupos humanos como indeseables o superfluos. En la era nuclear, el exterminio deja de ser un procedimiento lento y penoso. Es suficiente lanzar una bomba para destruir miles de vidas humanas. Arendt estima que «si en la actualidad el genocidio es una posibilidad de futura realización, ningún pueblo del mundo –y en especial el pueblo judío, tanto si es el de Israel como si no– puede tener una razonable certeza de supervivencia, sin contar con la ayuda y protección del derecho internacional». Lo más sobrecogedor del caso Eichmann es que el burócrata nazi «no era un Yago ni un Macbeth» y, menos aún, un «Ricardo III». Según Arendt, tampoco era un estúpido, sino «pura y simple irreflexión». Hubo «muchos hombres como él». No «fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron, y siguen siendo, terrible y terroríficamente normales. Desde el punto de vista de nuestras instituciones jurídicas y de nuestros criterios morales, esta normalidad resultaba mucho más terrorífica que todas las atrocidades juntas, por cuanto implicaba que este nuevo tipo de delincuente […] que, en realidad, merece la calificación de hostis generis humani, comete sus delitos en circunstancias que casi le impiden saber o intuir que realiza actos de maldad».

Hannah Arendt nos cuenta que Eichmann se dirigió al patíbulo con entereza. Después de beber media botella de vino y rechazar la asistencia de un pastor protestante, rechazó la capucha negra que le ofreció el verdugo. Sus últimas palabras fueron: «Dentro de muy poco, caballeros, volveremos a encontrarnos. Tal es el destino de todos los hombres. ¡Viva Alemania! ¡Viva Austria! ¡Viva Argentina! Nunca las olvidaré». Arendt considera que Eichmann se despidió del mundo con una sarta de majaderías: «Incluso ante la muerte, encontró el cliché propio de la oración fúnebre. […] Fue como si en aquellos últimos minutos resumiera la lección que su larga carrera de maldad nos ha enseñado, la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se siente impotentes». Arendt justifica la pena de muerte dictada contra Eichmann: «Del mismo modo que tú apoyaste y cumplimentaste una política de unos hombres que no deseaban compartir la tierra con el pueblo judío ni con ciertos otros pueblos de diversa nación –como si tú y tus superiores tuvierais el derecho de decidir quién puede y quién no puede habitar en el mundo–, nosotros consideramos que nadie, es decir, ningún miembro de la raza humana, puede desear compartir la tierra contigo. Ésta es la razón, la única razón, por la que has de ser ahorcado». ¿Se puede considerar que el genocidio es un delito infrecuente, que las cámaras de gas pertenecen a un pasado irrepetible? Desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, las matanzas no han cesado: Vietnam, Camboya, Indonesia, Guatemala, Chile, Argentina, Ruanda, Bosnia-Herzegovina… Podrían citarse más casos, pero es innecesario. Sin embargo, el totalitarismo como fenómeno político no es una masacre más. Se caracteriza por un rango distintivo: «el criterio selectivo depende únicamente de ciertos factores circunstanciales». Después de liquidar a los enfermos incurables, Hitler pensaba eliminar a los alemanes «genéticamente lesionados», con enfermedades pulmonares o cardíacas. En la «cultura del descarte», por utilizar una expresión del papa Francisco, podría considerarse una medida de higiene pública suprimir las vidas de los individuos improductivos o con escasas expectativas de éxito. Sólo hace falta una idea, un absoluto moral o político, para poner en funcionamiento las fábricas de la muerte. Puede ser la excelencia económica, biológica o social. O la materialización de una utopía con apariencia de justicia o equidad. O la creación de un nuevo orden mundial. El totalitarismo empieza donde acaba el individuo. Nunca se disipará su amenaza. La banalidad del mal reside en considerar que hay vidas banales, prescindibles. Conviene releer de vez en cuando a Hannah Arendt para recordar que cualquier vida debe ser objeto de respeto y reconocimiento. Los que se atreven a cuestionarlo, rescatarán antes o después la rampa de Auschwitz.

05/06/2015

Fuente: https://www.revistadelibros.com/blo...

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