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Colombia: Líderes comunales en vías de extinción

Tortuga Antimilitar - 21 January, 2021 - 00:00

Por Bibiana Ramírez
Fuentes: Verdad Abierta

Promover la sustitución de cultivos de uso ilícito y el desarrollo rural en el Bajo Cauca antioqueño se convirtió en una sentencia de muerte. Los dirigentes de Juntas de Acción Comunal y de organizaciones campesinas son el blanco en medio de una prolongada guerra entre grupos sucesores del paramilitarismo.

Los habitantes de los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza, que conforman esa región antioqueña que limita con el sur del departamento de Córdoba y el sur de Bolívar, vieron en la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc la posibilidad de que se saldaran las deudas históricas que padecen en materia de desarrollo y de derechos humanos.

Por esa razón le apostaron sin vacilaciones a la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y al Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) pactados en La Habana, Cuba. Sin embargo, cuatro años después de firmarse el pacto que le puso fin a una guerra que desangró al país por más de 50 años, los resultados no son los deseados y, por si fuera poco, se desató una ola de violencia contra quienes se atrevieron a impulsar las políticas del denominado posconflicto.

De ese modo se entiende que la mayoría de líderes sociales asesinados en esa región entre 2016 y 2019, que oscilan entre 26 y 46, según la fuente que se consulte, pertenezcan a los sectores comunales y campesinos.

La mayor cantidad de asesinatos se concentra en los municipios de Tarazá y Cáceres, que son los únicos municipios en donde inició el proceso voluntario de sustitución de cultivos de coca en aplicación del PNIS.

Un dirigente social de la región, que habló con este portal a cambio de que no se mencionara su nombre ni el de la organización a la que pertenece, no duda en señalar que apostarle a esa política los puso en la mira de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y de ‘Los Caparrapos' a partir de 2017.

“El 80 por ciento de los asesinatos de líderes sociales en Tarazá, Cáceres y Caucasia está relacionado con el PNIS”, explica un investigador del Instituto Popular de Capacitación (IPC), que durante años ha documentado en terreno la situación del Bajo Cauca, quien también pidió mantener en reserva su identidad.

El perfil de esos líderes es muy característico: representa a una base de cultivadores coca organizada, que articula procesos comunitarios con la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac); la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam); y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc). Algunos también hacen parte el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

Para el investigador del IPC, con la dejación de armas de las Farc y la implementación del PNIS, los campesinos quedaron entre la espada y la pared por los incumplimientos del gobierno nacional y el accionar de nuevos grupos armados que se oponen a perder esa fuente de lucro. “Ahí es donde creemos que está el principal detonante de la violencia para municipios como Tarazá y Cáceres. ¿Por qué razón? Porque la zona PNIS es la más afectada por el homicidio de líderes sociales”, sostiene.

Y prosigue: “Los grupos armados de la región les empiezan a hacer campañas de desprestigio social; acomodándoles que los incumplimientos del gobierno se deben a la inocencia y debilidad de estos líderes. Otros grupos, como ‘Los Caparrapos', les han pedido las bases de datos de las personas que reciben los subsidios del PNIS para extorsionarlos y les han exigido que recojan la extorsión de toda la vereda. Eso les ha generado que los estigmaticen y los señalen como parte del grupo armado”.

Dicha situación fue denunciada por la Coccam en septiembre de 2018, cuando alertó que ‘Los Caparrapos' le estaban cobrando 200 mil pesos del subsidio bimensual de dos millones de pesos que recibieron quienes erradicaron sus matas de coca. De acuerdo con las cifras oficiales de la época, en Cáceres estaban registradas 1.600 familias y en Tarazá 2.800; por lo tanto, ese grupo que surgió tras la desmovilización del Bloque Central Bolívar de las Auc, se habría apoderado de por lo menos 880 millones de pesos provenientes del proceso de paz.

Oídos sordos

Pero no sólo las organizaciones que trabajan en la región advirtieron sobre los riesgos que trajo consigo la sustitución de la coca. En cuatro de los cinco informes que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió entre 2016 y 2019, se encendieron las alarmas al respecto.

La primera fue la Alerta Temprana 009-18, del 22 de enero de 2018, para el municipio de Cáceres, advirtiendo que los intereses de los grupos sucesores del paramilitarismo con presencia en la región, ponen “en riesgo a campesinos y en especial a líderes que promueven la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, ya que esta actividad podría ser contraria a los intereses económicos de estas estructuras armadas”.

Dos meses después expidió la Alerta Temprana 028-18 dedicada a Tarazá, ya no advirtiendo riesgos, sino lamentando el asesinato de dos promotores de la sustitución de cultivos de uso ilícito. En ese documento también se recogieron los señalamientos que los grupos armados hicieron contra los promotores del PNIS, a quienes acusaron de los incumplimientos en su ejecución.

Y recordó que “el día 15 de febrero de 2018, varios líderes de la COCCAM expresaron su preocupación en materia de seguridad, ya que los campesinos cultivadores de la hoja de coca están presionados por los grupos armados ilegales, los cuales les impiden sustituir cultivos, se oponen a la erradicación forzada con acompañamiento de la Fuerza Pública y señalan el incumplimiento del Gobierno Nacional en el cronograma de pagos acordados por la sustitución voluntaria”.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo advirtió que los integrantes de Coccam, Asocbac, Anzorc, Asocomunal y Marcha Patriótica, se encontraban en un mayor nivel de riesgo. Y no sólo ellos, pues los funcionarios del gobierno nacional y de la Alcaldía de Tarazá que adelantaban gestiones de registro del PNIS, fueron expulsados del corregimiento El Doce por parte de grupos armados ilegales.

El 4 de abril, en su Alerta 031-18, el SAT volvió a lamentar el asesinato otro líder comunitario que promovía la sustitución de cultivos de coca: el 25 de marzo fue asesinado Víctor Alfonso Zabala Oviedo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Rizo. Hombres armados con fusiles lo sacaron por la fuerza de su casa y posteriormente su cuerpo apareció con varios impactos de bala.

El 17 de abril de 2019 fue emitida una nueva Alerta Temprana para Tarazá, la 020-19. En esta ocasión el SAT advirtió la situación de familias cocaleras del corregimiento de La Caucana vinculadas al PNIS que fueron víctimas de desplazamiento forzado. Además, lamentó que durante 2018 “fueron asesinados cinco dignatarios de Juntas de Acción Comunal, promotores de este programa en el territorio, situación que produjo varias situaciones de desplazamiento”.

Al cruzar las advertencias que emitió la Defensoría del Pueblo con los posteriores asesinatos de líderes sociales en el Bajo Cauca, se concluye que, debe haberse tomado los correctivos necesarios, se hubiera podido salvar la vida 22 de 25 de ellos.

Este portal consultó a la Fiscalía General de la Nación por los avances en materia de judicialización de esos asesinatos y refirió que en cinco se logró sentencia condenatoria. La mayoría están en fases iniciales de investigación o no se refirió respuesta.

En este rincón de Antioquia la aplicación de políticas y programas acordados entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc para cerrar las brechas del campo se ha dado en medio de fuertes disputas entre grupos armados ilegales. Su principal protagonista es la confrontación que desde hace años libran antiguos aliados de grupos sucesores del paramilitarismo.

Daniel Pardo, investigador de la Fundación Ideas para la Paz y autor del informe ¿En qué va la implementación del Acuerdo de Paz en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño?, plantea que después de la desmovilización de las Farc, “el Estado no logró copar de manera efectiva y oportuna esos vacíos de regulación; fueron llenados por los actores armados preexistentes y unos emergentes. En el Bajo Cauca están el Clan del Golfo, Los Caparrapos, el Eln y disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc”.

En materia de desarrollo rural, esa investigación, realizada en medio del proyecto del Capitolio al Territorio, reseña que se han realizado 72 obras de pequeña infraestructura: 55 de ellas son de infraestructura social o comunitaria, ocho son para el mejoramiento de servicios públicos, y nueve son de infraestructura vial.

De ese modo, resalta que “se han generado expectativas entre la población debido al carácter participativo que tuvo la elaboración de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como por la ejecución de algunos proyectos y la presencia institucional que llegó al territorio”.

Por otro lado, las comunidades lamentan los incumplimientos y cambios de reglas de juego en el PNIS. Si bien arrancó en Tarazá y Cáceres, habitantes de la región cuestionan la lentitud en su ejecución.

“Ya llevamos tres años y no se ha avanzado con todos. Faltan pocas familias para que se les termine de pagar los subsidios bimensuales que se darían en el primer año de ejecución del Programa. Supuestamente, se dio asistencia técnica a 1.600 familias y se va a empezar a 791; en proyectos de ciclo largo hay uno con Fedecacao para 262 familias. Hasta ahí va, después de tres años. Algunos están desmoralizados y otros resembrando porque no tienen con qué sobrevivir”, cuenta el líder local que pidió la reserva de su identidad.

También lamenta que por la contingencia ambiental producida por las fallas en la construcción de la central hidroeléctrica de Hidroituango, que comenzó el 28 de abril de 2018, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) suspendiera el trabajo de campo en El Bagre, Ituango, Nechí y Valdivia; y que su sucesor, Iván Duque (2018-2022), no le diera continuidad alegando que sólo cumpliría los convenios que estaban formalizados (Tarazá y Cáceres) y que recibió desfinanciado al PNIS.

Además, cuestiona el retraso de los PDET, pues su puesta en marcha se tenía que dar a la par con el PNIS para que los campesinos contaran con vías y puntos de acopios para comercializar los productos de sus proyectos productivos.

Otro investigador del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, quien también pidió no difundir su identidad por razones de seguridad, destaca que los campesinos del Bajo Cauca le apostaron al PNIS porque es el único proyecto de desarrollo alternativo que ha arribado a esa región.

“En un territorio donde el Estado no está y se lo entrega a grupos particulares, lo único que queda en esas veredas son los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. El asesinato de estos líderes muchas veces es una afectación directa contra lo único que queda organizativamente en términos sociales y estatales en esos territorios”, lamenta.

Y alerta que si bien los asesinatos se han concentrado en Tarazá y Cáceres porque es donde opera a marchas forzadas el PNIS, en Zaragoza, Nechí y El Bagre existe un fuerte control territorial por parte de los grupos armados ilegales, que han impuesto su ‘Ley del Silencio'.

“Si bien no hay tantos muertos, pasan muchas cosas todos los días. Suceden cosas que no salen a la luz pública porque hay formas de terror que se han instalado muy bien y como protocolo de autocuidado las comunidades no las evidencian”, refiere el investigador del IPC.

Como ejemplo pone de presente la situación de El Bagre: “Se han dado enfrentamientos en el casco urbano con el Ejército. En los otros municipios suceden cosas y que los líderes no se vean tan afectados en términos de homicidios, no es un buen indicador, porque hay amenazas, desplazamientos y confinamientos”.

Mientas continúa la guerra entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y ‘Los Caparrapos', los habitantes del Bajo Cauca antioqueño esperan que se les garanticen condiciones de seguridad, se acaten las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y se cumplan los pactos firmados en materia de sustitución de cultivos de coca y reforma rural.

Nota del editor: este portal contactó a la Alta Consejería para la Estabilización, encargada de la implementación del PNIS y de los PDET, para conocer los avances sus resultados, pero hasta el momento no recibió respuesta alguna. Estamos prestos a publicarlas cuando las suministren.

Fuente: https://rebelion.org/lideres-comuna...

Categorías: Tortuga Antimilitar

Crímenes de guerra de soldados australianos en Afganistán: La deshumanización de las tropas de la coalición

Tortuga Antimilitar - 20 January, 2021 - 00:00

Introducción del traductor

En 2021 se cumplen veinte años del comienzo de la guerra contra Afganistán el 7 de octubre de 2001. Liderada por Estados Unidos, contó con la participación del Reino Unido, Canadá y Australia, además de la colaboración logística de otros países.

Leí la semana pasada un artículo sobre los crímenes de guerra de soldados australianos publicado por Yanis Iqbal, un estudiante de India, en Dissident Voice.

Pensé que sería bueno darlo a conocer en castellano y añadir una reflexión mía sobre estos crímenes, para contribuir a que no caigan en el olvido al menos.

En la primera parte presento mi traducción del artículo citado y en la segunda incluyo otros crímenes de guerra perpetrados por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

Por Yanis Iqbal, publicado el 12 de enero de 2021 en:

http://dissidentvoice.org/2021/01/a...

La investigación del Inspector General sobre las Fuerzas de Defensa de Australia en Afganistán (FDA), publicada a finales de 2020, sirve de barómetro del nivel de salvajismo que ha calado en los países imperialistas en su interminable reinado de terror contra el Sur global. El documento es el resultado de una investigación de cuatro años, iniciada por los militares en 2016 y dirigida por el General de División retirado Paul Brereton. Su trabajo comprende desde 2005 a 2016.

Con el informe se han confirmado 39 homicidios en 23 incidentes separados y 25 soldados -algunos de los cuales siguen prestando servicio en las FDA- han sido implicados tras las declaraciones de 350 testigos. Se han remitido a la Policía Federal 36 asuntos que afectan a 19 personas. El Segundo Escuadrón del Regimiento de Servicios Aéreos Especiales (SASR: Special Air Service Regiment) será disuelto y algunos soldados serán despojados de las medallas y condecoraciones recibidos desde 2006.

Protocolos de la barbarie

La investigación detalla varios protocolos de la barbarie seguidos por las FDA en Afganistán. Se menciona el rito de iniciación de los soldados novatos conocido como ‘bautizo de sangre', es decir, matar a su primera víctima disparando a un prisionero.

"Esto se lleva a cabo una vez controlado el recinto militar del objetivo y señaladas las víctimas como ‘personas buscadas'". ‘Las pruebas' – transmisores o armas - se colocan sobre el cuerpo a continuación. Posteriormente se redacta un ‘artículo de portada' "con el fin de informar sobre las operaciones para desviar una investigación". También se enumeran los incidentes en los que los soldados "infligieron un dolor intenso" a los detenidos afganos y "les causaron lesiones", lo que indica el uso de la tortura.

En 2015, el alto mando militar encargó a la Dra. Samantha Crompvoets que proporcionara una "instantánea" de las operaciones de las FDA y que investigara las denuncias de crímenes de guerra. Según el informe de Brereton, Crompvoets "dijo que le dio la impresión de que hubo un 'gran número de asesinatos ilegales' que habían sido 'diseñados por el final", es decir, los afganos eran primero asesinados y posteriormente colocados en la Lista de Efectivos Prioritarios Conjuntos. Se conoce como la JPEL por sus siglas en inglés, es decir, Lista de las Fuerzas de la Coalición en Afganistán de Efectivos Prioritarios para Asesinar o Capturar, sobre la base de que eran presuntamente combatientes y oficiales de alto nivel de los talibanes o de Al-Qaeda.

En un caso, Crompvoets observa a soldados del SASR conduciendo por una carretera y viendo a dos niños de 14 años. Los soldados concluyeron rápidamente que se habían encontrado con simpatizantes talibanes. Los niños fueron detenidos y capturados. Les cortaron la garganta. Introdujeron sus cuerpos en bolsas para cadáveres y los arrojaron a un río. Estos actos no eran raros; los soldados de las Fuerzas Especiales cometían este tipo de asesinatos como un medio de "ser conocidos". Por ejemplo, en 2012, un anciano afgano, Haji Sadr, fue golpeado hasta la muerte por un soldado del SARS durante una incursión en su pueblo, Sarkhoum.

Aparte de la investigación, otras fuentes también han revelado la contumacia homicida absolutamente abominable del SARS. Una imagen publicada por The Guardian el 1 de diciembre de 2020, mostraba a un soldado del SARS bebiendo cerveza en la pierna ortopédica de un afgano muerto. Según The Guardian, la foto fue tomada en el "Fat Lady's Arms", un bar no oficial establecido por el SARS en su base de Tarin Kowt, la capital de la provincia de Uruzgan. En otra foto la prótesis está atada a la mochila de un soldado, y en una tercera, dos soldados posan con aquélla. La prótesis de pierna fue tomada, según se informa, de un "presunto combatiente talibán" después de que éste muriera durante un asalto del SARS en abril de 2009 en Uruzgan.

La narrativa imperialista

De forma típicamente dócil, los medios de comunicación liberales corporativos se han aferrado firmemente al punto de vista imperialista de la clase dominante y han normalizado los atroces crímenes de guerra como una anomalía en una historia por lo demás honorable de comportamiento recto de las tropas australianas en la ocupación ilegal de un país de Asia Central. Estos ultrajes fueron parte de un crimen de guerra más grande: la invasión y ocupación de Afganistán desde 2001. La guerra ha saturado las vidas de los afganos ordinarios con una violencia sin fin y una tristeza insufrible. Tras casi 20 años de operaciones militares imperialistas, las matanzas continúan. Un informe de la ONU registró 3.458 bajas civiles en la primera mitad de 2020, la mayoría de ellas causadas por las tropas de la coalición.

Se puede afirmar, como hace el informe, que las atrocidades del SARS fueron simplemente obra de un "pequeño número de comandantes de patrulla, y sus protegidos" o de una "cultura de guerra" totalmente ajena a partir de cabos y sargentos. Según admite el propio informe, esta "cultura" comenzó en Australia, durante el entrenamiento y el adoctrinamiento militar, no en Afganistán. "Fue en sus unidades y subunidades matrices donde se originó esa cultura y las actitudes que permitieron la mala conducta", como afirma el informe. Jack Barry, ex fusilero de las FDA, dice que durante los ejercicios de entrenamiento en su propio país, "un suboficial superior me dijo que no me molestara en tomar prisioneros o en tratar a los heridos del enemigo y que sólo debíamos 'meterlos por la ranura' (un término coloquial para referirse a dispararles)".

La deriva hacia el salvajismo

En su Discurso sobre el colonialismo, Aimé Césaire escribió:

“La colonización tiene el efecto de deshumanizar al colonizador, para brutalizarlo en el verdadero sentido de la palabra, para degradarlo, para despertar en él instintos enterrados, la codicia, la violencia, el odio racial y el relativismo moral... cada vez que se corta una cabeza o se saca un ojo en Vietnam y en Francia aceptan el hecho, cada vez que una niña es violada y en Francia aceptan el hecho, cada vez que un malgache es torturado y en Francia aceptan el hecho, la civilización produce un peso opresivo, produce una regresión universal, produce una gangrena, un centro de infección comienza a extenderse; y que al final de todos esos tratados que han sido violados, todas esas mentiras que se han propagado, todas esas expediciones punitivas que han sido toleradas, todos esos prisioneros que han sido atados e "interrogados", todos esos patriotas que han sido torturados, al final de todo el orgullo racial que ha sido alentado, toda la jactancia que ha sido mostrada, un veneno ha sido inculcado en las venas de Europa y, lenta pero seguramente, el continente avanza hacia el salvajismo.”

El descubrimiento de las atrocidades cometidas por Australia en Afganistán es un indicador de que el grado de brutalidad y deshumanización producido por la globalización neocolonial y el imperialismo es alarmantemente alto. Prácticas tan deshumanizadoras como el ‘bautizo de sangre' sólo pueden ser cometidas por aquellos cuyos recovecos éticos se han visto inundados por el deseo necropolítico de infligir pura violencia a los cuerpos racializados de los nativos -considerados de menor valor que los animales. A menos que no se detenga el belicismo imperialista, la bancarrota moral de los países del Norte global pronto se derrumbará, abriendo las compuertas de la bestialidad y la xenofobia profundamente arraigadas.

…………………….

Comentario del traductor:

Australia es un caso interesante para antimilitaristas, antiimperialistas y otras gentes de buena voluntad, porque es uno más de la lista de países que sin prisa, gota a gota, ha ido sacando a la luz al menos una parte de sus crímenes de guerra en Afganistán.

Australia es principalmente conocido por los canguros, la Gran Barrera de Coral y una ópera de diseño. Algunos conocen también su alineamiento con el imperialismo y el maltrato -que es sevicia- a los refugiados que intentan obtener asilo y acogida allí. Les impiden el paso o les meten en centros de detención. Aún es menos conocido por sus crímenes de guerra, probablemente hay australianos que tampoco los conocen.

Su patrón de actuación imperialista es como el del resto de países imperialistas. Aunque su lugar en la escala de este grupo de países es modesto al lado de las grandes potencias, su maldad es inconmensurable como las de éstas.

Australia, como otras naciones imperialistas ‘menores', se integró en una coalición internacional para contribuir como comparsa principalmente en una guerra de agresión internacional, pero también envió tropas y armamento a participar en Afganistán.

Lo primero que llama la atención el artículo de Iqbal, es que el informe que menciona es de 2016 y su publicación de finales de 2020.

“El 7 de octubre de 2001 el ejército de Estados Unidos, con la colaboración del Reino Unido, lanza los primeros bombardeos sobre el Talibán con lo que da comienzo oficialmente la Operación Libertad Duradera. Canadá, Australia, Alemania y Francia comprometen su apoyo”, según la información que facilita en su página web el Council on Foreign Relations, fundado justamente hace cien años, en 1921.

www.cfr.org/timeline/us-war-afghanistan

Es decir, hace 20 años que Australia participó en este ‘crimen supremo', que es la guerra de agresión como lo definió Noam Chmosky en 2003.

http://chomsky.info/20030811/

También en 2003 el Parlamento de Australia reconoció que hubo crímenes de guerra en Afganistán. Entonces ya lo sabía, pero se hizo público el 9 de noviembre de 2020.

Es la versión moderna de disparar primero y preguntar después:

“Una suma de pruebas reunidas durante la pasada década sugiere que la ética personal y profesional de algunos ha sido seriamente comprometida”

Son palabras de Jeff Sengelman, Comandante de Operaciones Especiales en 2016.

El crimen más perverso en 2001 se convierte quince años después en un asunto de moral personal dudosa en palabras de la autoridad militar. Es claro que Sengelman ha aprovechado el tiempo para asistir al menos a un taller de escritura creativa.

Sin embargo, por lo que escribe Iqbal -que de todos modos no se refiere más que a los sucesos expuestos-, no se sabe si se ha hecho justicia a las víctimas y si se ha compensado a las familias con algo más que con una línea asquerosa que echa sal en la herida de aquellas.

www.aph.gov.au/About_Parliament/Par...

Quizás aún es pronto y cuando tenga lugar el juicio se sepa. En todo caso se puede apostar -sin riesgo de perder- a que lo probable en este caso -como en el resto del mundo- es que los autores materiales de crímenes de guerra no entren en prisión o si lo hacen salgan pronto y que los autores intelectuales del crimen supremo, independientemente de la enormidad de éste, terminen rivalizando en la prensa sobre quién hace más dinero recorriendo el circuito internacional de las conferencias impartidas por ex presidentes de gobierno y mediante las ventas de sus memorias.

Los militares de los cuerpos especiales, a diferencia de las familias de los asesinados, tampoco tienen problemas económicos si el ejército los licencia como parece que ha sido el caso en Australia al disolver su unidad y no pueden o no quieren ingresar en el ejército regular.

“El sueldo de los militares de los cuerpos especiales varía de unas 25.000 libras al año a unas 80.000 (referidas al año 2001), según su formación y rango. La tropa regular cobra 13.000”.

Sin embargo la pasta no está ahí, sino en el ingreso en fuerzas especiales similares pero privadas para los más viciosos y en la entrada en el sector de la seguridad, las armas, etc. para los más emprendedores.

www.theguardian.com/money/2001/nov/...

Estados Unidos es su socio y líder de este crimen. Tras ser derrotada en la guerra de 1898, España cedió a éste en el Tratado de París las Islas Filipinas. A continuación, como anteriormente hizo España, tuvo que enfrentarse a la población revolucionaria.

Obviamente cometió crímenes de guerra, inevitables en una guerra de agresión y en una ocupación beligerante.

Esto queda ejemplificado en el intercambio que tuvo lugar entre el General de Brigada Jacob Smith y el Mayor Littleton Waller sobre la forma de proceder con los filipinos.

“No quiero prisioneros. Quiero que mate y queme, cuanto más mate y queme, más satisfacción me proporcionará. Quiero que mate a todas las personas capaces de empuñar armas contra Estados Unidos”.

“Me gustaría saber con qué límite de edad, señor”

“Diez años”.

“¿Me está diciendo que personas de diez años son capaces de empuñar armas?”

“Sí”.

Smith confirmó sus órdenes por segunda vez. A partir de este diálogo siguió una prolongada y sostenida masacre de civiles.

Tras la masacre tuvo lugar un juicio marcial que acabó en el retiro forzoso de Smith.

No parece que fue llevado a prisión ni que tuvo otro castigo que ese retiro.

Probablemente mantuvo su pensión, el apoyo o la comprensión de sus compañeros de armas, etc. Al fin y al cabo los masacrados fueron unos pocos miles según los estadounidenses, unos 50.000 según los filipinos.

http://en.wikipedia.org/wiki/United...

Hay una repetición interminable de salvajadas infligidas por militares contra soldados y civiles ‘enemigos' en los países agredidos y otra repetición de salvajadas en los países agresores por parte de mandos castrenses, jueces togados militares, gobiernos, parlamentos y prensa.

Por otro lado es importante añadir que todos estos actores cuentan con la aquiescencia de una parte de la población y con la pasividad de otra parte. Una exigua minoría da la voz de alarma de alguna manera, que de todos modos no es bien recibida y mucho menos secundada.

La guerra de Vietnam es una de las más notorias. El caso paradigmático es el del alférez William Calley Jr., responsable de la matanza de My Lai:

“El 16 de marzo de 1968 las tropas de Estados Unidos lanzaron una operación en la región de Son My en la búsqueda de vietcongs. A lo largo de cuatro horas, Calley y sus hombres violaron a las mujeres y las niñas, mataron el ganado y prendieron fuego a las casas hasta dejar el poblado arrasado por completo. Para terminar, reunieron a los supervivientes en una acequia. Los informes acerca de su desempeño publicados tras My Lai le describen como un soldado normal.”

“Calley fue acusado el 5 de septiembre de 1969, de seis cargos de asesinato premeditado, siendo hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de 22 personas en una masacre ejecutada por soldados de Estados Unidos en la que murieron 500 hombres, mujeres y niños. Richard Nixon le conmutó la sentencia tres años más tarde. El proceso judicial por este crimen de guerra empañó el nombre del ejército estadounidense, el cual fue sospechoso de encubrir y ocultar pruebas. El juicio culminó con la absolución del capitán Ernest Medina, quien estaba a cargo de la Compañía, y de otros 29 oficiales que habían sido juzgados.

Posteriormente, el 23 de agosto del 2009 Calley pidió perdón por lo ocurrido.”

http://es.wikipedia.org/wiki/Willia...

Hoy seguimos siendo testigos, ya sin pestañear acostumbrados como estamos a la maldad más superlativa, de una extensa variedad de crímenes con misiles, munición con plomo fundido, uranio enriquecido, asesinatos selectivos, drones, daños colaterales, abatimiento de enemigos, técnicas de interrogación mejoradas…

Nada de esto se tenía que haber producido en Afganistán y otros países en la zona, hay leyes internacionales, está la experiencia de la época del colonialismo, otro crimen contra la humanidad. Nada de esto ha sucedido sin que se haya preparado a conciencia. Nada se ha ahorrado en esta guerra en matanzas, horrores, destrucción, mentiras, violaciones de la ley internacional, la ley humanitaria y hasta del sentido común.

“En 2005 The New York Times obtuvo un informe de investigación de 2000 páginas del Ejército de Estados Unidos sobre los homicidios de dos civiles afganos desarmados a manos de personal militar en diciembre de 2002 en la cárcel de Bagram, así como del tratamiento a los prisioneros en general. Los dos asesinados, Habibullah y Dilawar fueron colgados del techo con cadenas repetidas veces y golpeados hasta la muerte. Las autopsias revelaron que los traumatismos de las piernas eran comparables a los producidos por un autobús que les hubiera atropellado. Siete soldados fueron acusados en 2005”.

“En 2004 el Mando responsable de la Investigación criminal del Ejército de Estados Unidos concluyó que 27 militares entre tropa y oficiales habrían de ser juzgados. Sólo siete han sido juzgados hasta ahora.”

Las condenas eran comparables al daño que causaría un niño de cinco años que atropellase con su triciclo a los responsables de las torturas y los asesinatos: desde dos meses de condena (no se dice si se cumplieron) hasta libertad sin cargos, pasando por una carta de reprimenda.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bagram...

Los británicos tampoco han tenido prisa en dar a conocer sus propios crímenes de guerra en Afganistán y no carecen de experiencia en este ámbito. Cien años antes del ataque contra Afganistán, durante la guerra contra la insurgencia de los Boers entre 1899 y 1902, “las duras contramedidas británicas, que incluían una política de tierra quemada, llevó a los Boers a capitular.”

Como esta historia se alarga innecesariamente, bastará con recordar aquí un ejemplo de los muchos que están al alcance de cualquiera en Internet,

“En septiembre de 2013 el sargento de los Royal Marines, Alexander Blackman fue juzgado en una corte marcial por haber asesinado el 15 de septiembre de 2011 a un insurgente talibán desarmado y herido (de muerte, según otras fuentes, nota del traductor) en la provincia de Helmand.”

“El 6 de diciembre de 2013 se le condenó a cadena perpetua con un mínimo de diez años de cumplimiento antes de poder pedir la libertad condicional. Fue licenciado con reprobación de los Royal Marines.”

“En abril de 2017, mediante una apelación que consiguió reducir la condena de asesinato a homicidio, Blackman salió de prisión después de haber cumplido tres años de su sentencia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Britis...

Blackman pudo asesinar -en primera instancia- o matar -en el tribunal de apelación- al talibán herido, quien al parecer no tenía nombre, pues no aparece en ningún lugar.

El resultado para el muerto es el mismo, sin embargo no parece serlo para la familia ni la justicia a tenor de las declaraciones sobre el hecho, que no han llevado a otra apelación para revertir la primera:

“Blackman formaba parte de una patrulla que se topó con un talibán herido por disparos desde un helicóptero Apache y ordenó a dos de sus hombres moverle fuera del rango de grabación de un dispositivo aéreo de vigilancia. El vídeo muestra imágenes del traslado y de los golpes que le propinaron. También les ordenó no suministrarle los primeros auxilios y luego disparó al hombre en el pecho con una pistola de 9 mm, diciendo a los soldados: ‘Arrastrad fuera de aquí a este cabrón que está estirando la pata. Es lo que nos haría a nosotros.' Luego añadió: ‘Acabo de violar la Convención de Ginebra'.”

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_H...

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_H...ç

El 17 de noviembre de 2019 la BBC publica una información titulada “El gobierno del Reino Unido y el ejército acusados de encubrir crímenes de guerra.” Los asesinatos se repiten y el guión también:

“Una investigación para Panorama de la BBC y el Sunday Times ha hablado con once inspectores de policía que declararon haber encontrado pruebas creíbles de crímenes de guerra. (…) El Ministerio de Defensa rechazó una alegación sin pruebas de un patrón de encubrimiento”

www.bbc.com/news/uk-50419297

Menos de un año después, el uno de agosto de 2020, la BBC se pregunta:

“¿Ejecutaron las Fuerzas Especiales a civiles desarmados?”

“En la etapa más intensa de la guerra en Afganistán en 2011, dos oficiales veteranos de las Fuerzas Especiales se reunieron en un bar en Dorset para conversar en secreto. Temían que algunos de los soldados mejor entrenados del Reino Unido habían adoptado una ‘política deliberada' de asesinato de hombres desarmados. Las pruebas que están apareciendo ahora sugieren que tenían razón.”

“En 2014 se estableció la Operación Northmoor para examinar las alegaciones por parte de las Fuerzas Especiales. Ésta ha encontrado docenas de asesinatos sospechosos en ataques nocturnos.

Uno de éstos incluyó a tres niños y un hombre de 20 años que fueron muertos por un soldado británico en el pueblo Loy Bagh, en Afganistán.

Los inspectores de policía han informado ahora a Panorama que las Fuerzas Especiales intentaron encubrir lo ocurrido para evitar ser juzgados por crímenes de guerra”

www.bbc.com/news/uk-53597137 y www.bbc.com/news/av/uk-50453227

En cuanto a España, su papel ha sido proporcionar logística mediante sus bases militares. También sus fuerzas armadas, con aproximadamente unos 2.500 soldados de combate en Afganistán, han participado en la Misión de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (más conocida como ISAF por sus siglas en inglés).

El 27 de agosto de 2014 Alejandro Pozo ofrece un “Balance alternativo sobre la intervención militar española en Afganistán” en

http://centredelas.org/actualitat/b...

En su estudio se ocupa principalmente de los objetivos, los medios, los resultados, la ilegalidad, los daños causados y otros aspectos relacionados. Extraigo únicamente el siguiente párrafo porque se refiere al asunto tratado en este artículo:

“Cabría sumar un número indeterminado y no declarado de muertos afganos por las acciones de los efectivos españoles en este escenario de guerra.”

El 9 de diciembre de 2015 otra investigadora del Centre Dèlas, Tica Font, presenta una conclusión muy pesimista en “15 años de invasión en Afganistán”, pero tampoco menciona la cuestión de los crímenes de guerra.

http://centredelas.org/actualitat/1...

No resulta fácil encontrar información sobre posibles crímenes de guerra realizados por militares españoles en Afganistán.

Amnistía Internacional, sin embargo, se refiere a la guerra de Iraq en una de sus acciones: “Soldados españoles en Irak, torturas sin justicia”, firmada por 12.068 personas:

“Una década después, las irregularidades y la falta de voluntad han llevado a la impunidad.

Durante los años 2003 y 2004 soldados españoles participaron en diversas misiones en Irak, en el marco de la Operación Libertad Iraquí. Uno de los centros operados por tropas españolas fue “Base España”, en Diwaniya, entre Bagdad y Basora. Entre finales de enero y principios de febrero de 2004, dos personas que se encontraban retenidas en este centro, fueron objeto de tortura y otros malos tratos cometidos por soldados españoles. Estas agresiones fueron grabadas y se publicaron en el diario El País, el 17 de marzo de 2013. Las imágenes, pixeladas, mostraban como cinco soldados españoles golpeaban y propinaban varias patadas a los detenidos. El conocimiento de estos hechos dio lugar a una investigación por parte del Ministerio de Defensa. Sin embargo, en septiembre de 2015, la investigación fue archivada, alegando entre otros motivos, que no se podía identificar a los presuntos autores ni a las víctimas, aunque sí reconocía que las torturas habían ocurrido.

Amnistía Internacional tuvo acceso a parte del expediente y ha concluido que la investigación tuvo muchas irregularidades. Por ejemplo, descarta injustificadamente a un testigo que podría haber llevado a la identificación de los responsables o la ausencia de una investigación exhaustiva sobre las amenazas sufridas por uno de los testigos. Además, la investigación fue llevada a cabo por un tribunal militar, tribunal que ni en España ni en ningún lugar del mundo reúne las condiciones de independencia e imparcialidad que son requeridos para la investigación de determinados crímenes de derecho internacional, como por ejemplo la tortura. Por ello estos crímenes deben ser juzgados siempre ante la jurisdicción ordinaria.

12 años después, nadie ha rendido cuentas por los abusos cometidos y las irregularidades cometidas durante la investigación han llevado a la impunidad.

Es necesario que las autoridades españolas remitan este caso a la jurisdicción ordinaria, y en caso de que se deniegue, asegurar una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente sobre las torturas cometidas, considerando todas las pruebas.”

www.es.amnesty.org/actua/acciones/s...

El diario El País se refiere también a Iraq en su artículo del 17 de marzo de 2013 titulado “España en Irak: del error al horror”, firmado por Miguel González:

“El vídeo que hoy difunde EL PAÍS muestra a cinco soldados españoles entrando en una celda. En el suelo, sobre una manta, con dos botellas de agua a su lado, hay un hombre. Uno de los soldados le ordena a gritos que se incorpore. El hombre, postrado, no parece entenderle. A su lado hay otro detenido que a mitad de la grabación, que dura 40 segundos, es arrojado sobre el primero. Tres de los soldados la emprenden a patadas con ambos. Otros dos observan desde la puerta de la celda.

Un sexto graba la escena. Uno de los militares los patea con especial saña. En dos ocasiones parece a punto de marcharse, pero se vuelve para descargar toda la fuerza de su bota sobre los cuerpos indefensos. De las víctimas solo se escuchan jadeos y gemidos. Un militar, que durante la paliza se ha quedado mirando desde el quicio de la puerta, comenta al final: "¡Jo! A este se lo han cargado ya".

http://elpais.com/politica/2013/03/...

Es conocido que España fue un imperio y obvio que hoy sigue punto por punto el patrón del resto de países imperialistas, aunque su posición en la escala hoy día sea como la de Australia.

De la lectura de la acción de Amnistía Internacional se deduce que los crímenes expuestos pueden ser menores en cantidad que los de países más poderosos, pero el mal que hace sigue siendo inconmensurable.

El hecho de participar en una guerra de agresión le convierte en un país agresor por más que lo niegue o lo disfrace de misiones benéficas para la mujer afgana, la eliminación de las plantaciones de opio o lo adorne con la bajada de ‘dos centimillos en el precio de la gasolina'.

El historial imperialista de España en todos los continentes por su cuenta y de la mano de estados afines en otros países víctimas, no deja lugar a dudas. Si ha rezado para que por obra de un milagro -a los que este país es tan aficionado- su ejército sea el único puro e inmaculado, a pesar de haber empleado el terror cortando cabezas de enemigos y esparciendo agentes químicos desde aviones sobre sus vecinos, le ha faltado totalmente la intervención divina.

Lo que sí sería un milagro es que el ejército español fuese puro e inmaculado cuando:

el país al que pertenece colabora de buen grado en matanzas ajenas de diversas formas;

en el Congreso se aplaude que la mayoría de diputados vote a favor de que España se una al crimen de la manada imperialista repetido en tantos países;

fabrica armas a troche y moche y las vende a otros países agresores;
colabora en el secuestro de seres humanos;

facilita su traslado hacia las mazmorras de un campo de detención donde no hay control judicial;

donde se emplea una variedad de selectas torturas durante años, por ejemplo ¡183 veces del ‘submarino'! a ‘detenidos de alto valor';

no se investiga los posibles crímenes de guerra o si se hace se ponen todo tipo de dificultades, por ejemplo, que los responsables militares no encuentran los registros de las guardias de vigilancia de los prisioneros cuando los solicita el juez.

De nuevo Miguel González escribe en El País el uno de octubre de 2014: “Si se ha tardado tanto tiempo en conocer lo sucedido en Irak ha sido porque ha funcionado un pacto de silencio, una especie de omertà, en el seno de la Legión. ‘Todo el mundo en Ronda sabía de lo sucedido en Irak en 2004', pero se llegó a un acuerdo a fin de que ‘el vídeo y las personas implicadas no salieran a la luz' declaró a la juez uno de los legionarios”. (…)

“El secretario del juzgado dejó constancia de ‘la sorpresiva e inmotivada presentación de un capitán de la Legión', alegando que un superior suyo le había mandado para que exigiera el teléfono del abogado de oficio que asistía al legionario que había prestado declaración. El capitán añadió que ‘no se le podía meter en prisión [al legionario] porque habían pasado más de diez años'. ¿Diez años de qué?

Las diligencias estaban declaradas secretas y nadie había dicho hasta entonces que los agresores del vídeo fueran legionarios.”

http://elpais.com/politica/2014/09/...

Aunque Australia no ha hecho justicia, por lo menos ha disuelto su unidad de

Fuerzas Especiales. Sin embargo, esto puede ser un simple truco de trilero si la reconstruye con otro nombre, desde luego.

Aquí no vamos lento, vamos hacia atrás. No se aprecia intención de disolver nada, de investigar nada y de hacer justicia, por parte de autoridades e instituciones militares, judiciales, ejecutivas y legislativas.

En cuanto a la población, la cifra de firmantes de la acción de Amnistía Internacional, doce mil personas, no demuestra que los crímenes de guerra cometidos en su nombre y con el dinero de sus impuestos, sea su principal preocupación.

Según una popular plataforma de recogida de firmas, change.org, las tres más votadas han sido “Diputados, si no curráis ¡no cobráis!”: 779.571, “Una ley que legalice la eutanasia, y que no llega”: 603.484, “Investigación sobre el cáncer de páncreas”: 608.307

www.lavanguardia.com/vida/20191016/...

Estas tres y muchas más son buenas causas, desde luego, aunque la primera parece que es la de menos éxito, no sé por qué será.

Sin embargo, ninguna muestra mejor el verdadero sentir de la población que la estadística que sigue. Primero porque además de la vital importancia del asunto, se mantiene sostenida en el tiempo por gentes de todas las clases sociales, edades, preferencia política, confesión religiosa y orientación sexual:

“La Selección Española de fútbol ha disputado 31 partidos en los siete mundiales de fútbol celebrados desde 1994, en Estados Unidos, hasta este último disputado en Rusia, con una media de audiencia de esos encuentros de La Roja de 11,2 millones de espectadores y un 72,6 % de cuota de pantalla.”

¡Feliz vigésimo cuarto aniversario!

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Francia: Hambre, falta de higiene y chantaje, el calvario de los pobres en prisión

Tortuga Antimilitar - 20 January, 2021 - 00:00

En las cárceles francesas, un recluso de cada cuatro no tiene recursos. Tras los muros, tienen hambre y sufren problemas de higiene. Algunos padecen incluso chantaje y violencia. Otros llegan hasta prostituirse. Testimonios.

Clara Monnoyeur
Traducido por Eduardo Pérez

“Ha perdido más de diez kilos en un año de prisión”. Lucie [todos los nombres inventados] cuenta hasta qué punto el rostro de su compañero adelgazó, reunión tras reunión: “Hace días desde que no come nada”. Estudiante en Lyon, ella sólo percibe 150 euros de beca al mes. Él no tiene familia que le mantenga. Entonces, cuando puede, la joven le abona 50 euros en su cuenta interna en prisión. No es suficiente como para vivir dignamente tras los muros.

En Francia, según el Observatorio Internacional de las Prisiones (OIP), más de un recluso de cada cuatro está considerado como en situación de “pobreza carcelaria”. Es decir, que disponen de menos de 50 euros al mes para vivir. Internamente, se les llama indigentes. “No reciben nada. No tienen nada”, cuenta el rapero Mehdi YZ, en una de nuestras entrevistas. Él pasó ocho meses en la cárcel de Baumettes, en Marsella. Cuenta su alojamiento con cucarachas, ratas y palomas. Pero también la necesidad de tener ingresos: “Hay que hacer dinero en la cárcel. Si no tienes, no comes, no bebes. Y sobre todo, la gente no te respeta”.

El confinamiento en prisión

“En aplicación del reconfinamiento, la única diferencia en prisión es el uso de mascarilla obligatoria cuando salimos de la celda”, escribe Patrice en una carta dirigida a su amigo y antiguo compañero de reclusión salido en junio. Para las personas actualmente encarceladas interrogadas por StreetPress, el confinamiento ya es su cotidianeidad. Lo que más les inquieta es ver llegar a un nuevo compañero de celda: el covid-19.

Hasta hoy, tres cárceles francesas han sido identificadas como lugar de contagio. El número de personas encarceladas positivas en covid-19 se ha multiplicado por más de tres en cuatro semanas, pasando de 47 casos positivos el 5 de octubre de 2020 a 182 el 3 de noviembre. El ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, anunció sin embargo el 29 de octubre en una declaración el mantenimiento de las reuniones y del trabajo durante el confinamiento (salvo en caso de cluster). Un alivio para los presos y sus familias.

“La prisión no es el Club Med”

Corentin tiene 25 años. Pasó un año y medio en una celda de 9m2, que compartía con otros dos presidiarios, en el centro de detención de Saint-Malo. A menudo se tuvo que quedar con hambre: “Hay quien tiene alguien que les compre la Xbox 360 y quien tiene los cajones repletos de comida. Yo era indigente. Me comía el plato y tenía hambre”. “La comida es comida para el perro. ¡Puedes enfermarte comiéndola!”, asegura Mehdi YZ. Si pueden, los internos evitan comer las bandejas de comida suministrados por la administración penitenciaria.

Como StreetPress revelaba en una investigación anterior en la Santé, no permiten siempre recibir alimentación suficiente. Entonces, para no quedarse dormido con el vientre vacío, hay que cantiner, es decir, comprar comestibles a través de la tienda interna de la cárcel. La moneda no existe en la cárcel. Toda compra se asigna a una cuenta nominativa interna. Y, en el interior, “todo es más caro”, cuentan los presos. Ponen de ejemplo la tarifa plana telefónica: 70 euros al mes por 20 minutos al día. Y hasta 160 euros si las llamadas se dirigen a móviles. Televisión, frigorífico, vitrocerámica, lavandería, todo se paga. El coste de la vida en prisión se estima en 200 euros al mes, según un informe del Senado publicado hace 15 años. “La prisión no es el Club Med” [empresa de vacaciones premium], como repiten varios reclusos interrogados por StreetPress.

Se les ofrecen dos opciones. Tener la ayuda de personas cercanas en el exterior, que pueden enviar dinero por transferencia. Lo cual los indigentes a menudo no tienen. O trabajar. Es lo que hacía el compañero de Lucie, cuando estaba encarcelado en el centro penitenciario de La Farlède, en Toulon. Cortar jabones, hacer bolsas de té, muestras de productos de belleza en el taller situado en la planta baja de la cárcel, le permitía ganar entre “200 y 250 euros al mes”, explica este estudiante de 23 años. Pero desde su llegada al centro de detención de Niza, hace un año, está en lista de espera. Como todos los indigentes entrevistados por StreetPress para este artículo. En Francia, sólo un preso de cada cuatro trabaja en prisión. François Bès, coordinador del centro de estudio del Observatorio Internacional de Prisiones (OIP), comenta: “Hay una oferta de trabajo muy insuficiente, y su acceso se realiza de forma muy arbitraria”.

Los indigentes deben ser prioritarios para trabajar. Pero en la realidad, esta sería la forma en la que se aprecia qué preso cuenta.

Sin ingresos, ni higiene tampoco

“Carece de todo. Por ejemplo de papel higiénico: a veces está obligado a limpiarse con la botella de agua”. Fabienne atestigua las molestias de su cónyuge con voz frágil, por teléfono. Para lavar la ropa, las frota a mano en el lavabo de su celda “con gel de ducha o líquido de lavavajillas”. “También carece de dentífrico”, añade. Por lo tanto, tiene problemas dentales. Fabienne continúa: “Una vez, durante una visita, intenté meter un frasco de perfume, porque estaba cansado de oler mal”.

A su llegada a la cárcel de Toulon, la administración penitenciaria proporcionó a su compañero el tradicional kit higiénico y algunos productos para la limpieza de la celda. Comestibles para los primeros días de prisión y rápidamente agotados.

Para las mujeres presas –que representan el 3,8% de la población interna– estar sin recursos es también renunciar a su higiene íntima. Los precios de las protecciones menstruales se pueden multiplicar por dos, según la asociación feminista Georgette Sand. “Cuando yo animaba talleres en prisión, algunas me confiaban que estaban obligadas a ponerse papel higiénico en sus bragas”, recuerda Louise. La estudiante de Derecho de 23 años es una veterana de la asociación Genepi. Mantiene también la cuenta de Instagram “Dis leur pour nous” (díselo por nosotras), donde publica testimonios de personas encarceladas. Marie-Paule Noël, de la asociación feminista Georgette Sand, añade: “Algunas hacen copas menstruales con trozos de botellas de plástico”.

La militante cuenta que internas indigentes utilizan cuellos de botellas de agua como copa menstrual. Liman los bordes en el alféizar de la ventana esperando no herirse la vagina. “Estas mujeres se encuentran en una posición en la que ellas ya no salen de su celda, porque tienen vergüenza. Es una abominación, pierden toda su dignidad”, insiste Marie-Paule Noël.

Dispuestos a todo por un paquete de pasta

“Cuando yo ya no tenía nada, me arreglaba con los colegas. Dentro, somos solidarios”, explica Corentin. Un trozo de pan a cambio de café, gel de ducha a cambio de un paquete de pasta. Algunos cuentan que llegan a acuerdos regularmente, incluido para lavar su ropa. Son a menudo las familias quienes recogen la ropa sucia y las llevan limpias a la siguiente visita. Tom, de 32 años y antiguo preso en Nancy, añadió varias veces la ropa sucia de su compañero de celda indigente a la suya, para que sus parientes hicieran la colada. Y al ser liberados, algunos ofrecen sus cosas al salir.

Pero la amabilidad no siempre se practica. A los indigentes se les identifica rápidamente. En el patio, están aquellos que fuman su cigarrillo y aquellos que se lanzan sobre las colillas aplastadas sobre el hormigón. Según varios presos, el paquete de cigarrillos puede venderse entre 20 y 50 euros. “Cuando vi a uno hacer eso, le di un paquete de tabaco enseguida”, rememora Karim, salido hace un mes de Mont-de-Marsan. Pero a veces, estos acuerdos van más lejos. Como cuenta Chris: “Yo me vi metiendo estupefacientes para ciertos internos, justo para tener cigarrillos o un paquete de pasta. Prestaba toda clase de servicios”.

Él no percibe más que algunos “mandados” de 50 euros, enviados por su madre de cuando en cuando. “Cuando quise parar [de prestar estos servicios], cinco se me echaron encima en el patio”. Con 30 años, él ha conocido cuatro veces la reclusión, entre Épinal y Nancy. También se acuerda de la vez cuando guardaba ocho teléfonos en su celda. También en este caso quiso parar por miedo de que le atraparan: “El chico me dijo: ‘Tú eres mi ayudante, así que cierra la boca. Si no, mañana en el patio te cuelgo en los alambres, te mato y acabas con los pies por delante”.

Chris entendió que ser indigente en prisión es estar “a merced de los demás”. Esta relación de fuerza empuja a veces a las personas cercanas a participar en este chantaje. Es lo que ha vivido recientemente Stéphanie. Su marido está encarcelado a más de 800 km. de su domicilio. Para enviarle 200 euros al mes, no come más que una comida al día y ha detenido su seguro sanitario: “Me dijo que si no metía estupefacientes y un teléfono, la tomarían con él”.

Entonces, ella lo efectúa. Después de 13 horas de tren, atemorizada, llega a la visita con hachís. Pero rápidamente la localiza un vigilante. Llamada a comisaría, Stéphanie acabó bajo custodia. Su marido se ganó 14 días de reclusión en solitario.

Círculo vicioso

Este sistema de dominación podría llegar hasta a empujar a los reclusos a la prostitución, explica François Bès, de la OIP. “A cambio de productos, se presta un servicio sexual”. Las personas presas sin recursos se encuentran completamente “sometidas” y en una “desvalorización extrema”, añade François Bès.

Debido a este tráfico, Chris vio su reinserción perjudicada: “Cuando se sale sólo con 200 euros, se recae rápido…”.

Cayó una primera vez con 25 años. En la cárcel, encuentra una banda que le protege y se ocupa de él. A cambio, hace entrar estupefacientes. “Cuando salí, no tenía nada. El ‘abuelo' [el decano de esta banda] me recuperó. Me puse a robar. Cuatro meses después, estaba de vuelta en prisión”. Y así sucesivamente, hasta encontrarse cuatro veces tras los muros, entre los 25 y los 30 años.

Éric, por su parte, salió del centro penitenciario de Lille-Annoeullin en junio, prácticamente sin un céntimo. Una vez fuera, no tenía ningún sitio donde ir, aparte de la calle. “Desde que salí, sólo hago el 115 [número de emergencia social], es mi única forma de salir adelante”. Con 45 años, está en espera de vivienda para final de mes. Espera recuperar rápidamente un trabajo, y los 20 kilos que perdió en la cárcel.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/franc...

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El militarismo como agente destructor del medio ambiente y de los seres humanos (1)

antimilitaristas.org - 20 January, 2021 - 00:00

Toda esta indignación que nace de los sistemas no sostenibles e injustos se puede convertir en el fertilizante para hacer una actividad orgánica y creativa. Hay que utilizar la ira como un compost.
Creo que no indignarse por un sistema medioambiental destructivo es formar parte de ello.
Pero esta indignación se puede utilizar para crear alternativas.

Vandana Shiva

1. Capitalismo y cambio climático

Si bien la preocupación por los cambios que, a causa de la acción humana, está experimentando el clima del planeta Tierra, y las devastadoras consecuencias que ello acarrea, no es algo reciente, sí es cierto que es una cuestión que ha cobrado gran relevancia social en los últimos tiempos. A medida que las temperaturas medias suben más y más debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que se multiplica la acción depredadora de gobiernos, empresas y particulares sobre los recursos naturales, también crece la atención social y mediática, la inquietud y la pública indignación ante estas dinámicas y la falta de intención por parte de los poderes gobernantes para detenerlas y contrarrestarlas.

La acción destructora a gran escala que el capitalismo neoliberal ejerce sobre su propio hábitat no es algo actual sino que se remonta a los orígenes del propio sistema. El proceso de desarrollo tecnológico del capitalismo ha incrementado la capacidad de depredación de los recursos naturales que conlleva, no solo la destrucción de la naturaleza, sino el exterminio progresivo de los pueblos originarios que tratan de resistirse a su avance. Un sistema que se basa en el incremento sistemático tanto de la producción como del consumo, por su propia naturaleza, no es sostenible dado que los recursos son limitados.

Quienes dirigen estos sistemas políticos y económicos del Norte Global hasta ahora plantean, como única solución para afrontar los posibles problemas sociales derivados de la crisis climática y el posible colapso, medidas de control social basadas en la militarización y securitización.

Ante la previsible escasez de determinados recursos fundamentales, como puede ser el agua, las grandes corporaciones y los estados del Norte Global, únicamente se han planteado garantizarse el acceso a esos recursos por medio de la violencia. Violencia que se ejerce tanto a través de los ejércitos como de estructuras de seguridad privada a cargo de mercenarios como Xe, la antigua Black Water.

En ningún momento se ha planteado la opción de iniciar una dinámica de reducción del consumo y por tanto de la dependencia de estos recursos.

Este proceso de apropiación de los recursos desencadena movimientos de personas a las que se está empezando a llamar “refugiadas climáticas”. De nuevo la respuesta desde el Norte Global es la exclusión militarizada: se califica de amenaza a las personas refugiadas y el único discurso es una apelación a la seguridad y asociado a él, naturalmente, al imprescindible control de las fronteras. La industria de la seguridad tiene un particular y gran interés en la intensificación y la expansión de la securitización de las fronteras. Como ejemplo tenemos el FRONTEX. Cuando nace en octubre de 2005, Frontex (Agencia Europea de Fronteras y Costas), destinada al control de los flujos migratorios, contaba con un primer presupuesto anual modesto de 19,2 millones de euros. En la actualidad, su sede se encuentra en Varsovia, recibe fondos comunitarios por un valor de 333 millones de euros y tiene una plantilla de casi 700 trabajadores. En el último discurso de Jean-Claude Juncker sobre el estado de la Unión Europea el todavía comisario europeo propuso casi triplicar el gasto “en la gestión de la migración y de la fronteras” durante el periodo 2021-2027 hasta los 33.000 millones de euros. Otra de las novedades incluía desplegar 10.000 agentes de Frontex en las principales fronteras en 2027(1).

Otros actores fundamentales para mantener a raya tanto a las personas desplazadas por motivos climáticos, de guerra, o de hambre como al enemigo interno disidente son el ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad de los estados.

(continuará…)

Nota

1- https://www.publico.es/sociedad/pre...

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«La ‘Ley Mordaza' no es una ley ideológica del PP sino una ley ideológica del subsistema policial»

Tortuga Antimilitar - 19 January, 2021 - 00:00

Ramiro García de Dios ha sido juez 31 años, hasta que se jubiló en 2018. Su defensa de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución le han valido varias denuncias por parte de miembros de la Policía.

Como juez, ha tenido una relación diaria con la Policía durante buena parte de este periodo democrático de España. ¿Considera suficientes los mecanismos de control que hay sobre este cuerpo?

Mi experiencia a lo largo de 31 años me permite concluir que hay una insuficiencia en el control de las actuaciones policiales, tanto desde los mecanismos de control internos del propio subsistema policial, como son las brigadas de asuntos internos, como, por supuesto, de control externo, es decir, la actividad jurisdiccional tanto por la vía penal como contencioso administrativa. Es cierto que en el plano teórico existe un elenco de posibilidades de control, pero no es menos cierto que en relación con las irregularidades del subsistema policial, ya sean actuaciones arbitrarias, violentas o de otro tipo, el sistema judicial, en unos casos, mira para otro lado, en otros, es complaciente. Y, desde luego, se han consagrado una serie de privilegios en cuanto a la investigación judicial y el enjuiciamiento penal de aquellos casos ilícitos cometidos por agentes como torturas, malos tratos, detenciones ilegales, abusos contra la dignidad de las personas. Por ejemplo, todos los policías gozan de un fuero en relación con los delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos y, por ello, en vez de ser juzgados por lo penal, lo son por audiencias provinciales, lo que les garantiza el recurso de casación, al que un ciudadano normal solo tiene acceso en determinados casos. Además, cualquier estudioso podrá observar cómo las escasas condenas a agentes por acciones en el ejercicio de su cargo tendrán penas no precisamente acordes con la gravedad de los delitos. En otros casos, las condenas han brillado por su ausencia y en otras no pocas ocasiones, cuando han existido condenas graves, el Tribunal Supremo o las Audiencias Provinciales han pedido su indulto y los gobiernos de turno los han concedido.

¿Cómo se traduce esa ‘impunidad' en su labor?

En la pregunta va incluida la respuesta porque esa garantía de una cierta impunidad produce que el subsistema policial se refuerce en sus prácticas arbitrarias, en su resistencia cultural, activa o pasiva, a la aplicación garantista del Derecho y, desde luego, en una interpretación reductora de los derechos, libertades y garantías. Así, en general, los agentes tienen una autoconciencia de poder actuar arbitrariamente porque se sienten amparados por el poder Ejecutivo o por el distanciamiento del control judicial respecto a sus actuaciones. Un distanciamiento que se traduce en esa consideración de que los agentes son funcionales a la necesidad de un sistema eficiente en relación con las garantías. Esta impunidad produce lo que Walter Benjamin dijo cuando definió a la Policía como una mezcolanza de dos especies de violencia: la que pone el derecho y la que lo conserva.

En 2016, el sindicato Unión Federal de Policía formuló una queja ante el CGPJ en la que le acusaban de “trato déspota” a unos agentes antidisturbios en el CIE de Aluche por recriminarles que fueran con armas de fuego, con chalecos antibalas, cascos… en una visita que realizó al mismo como juez de control con otros magistrados.

¿Qué lucha de poderes se está librando cuando la Policía denuncia a un juez por exigir el cumplimiento de la ley?

Ninguna de las denuncias que he tenido que aguantar a lo largo de mi carrera como juez me ha perturbado ni inquietado, porque estoy acostumbrado a conocer las actuaciones irregulares de la Policía. En el caso de las que interpusieron sindicatos policiales por mi labor como juez de control del CIE de Aluche, porque también las he recibido como juez de instrucción, venían promovidas por el jefe de seguridad -posteriormente director del centro- o por otros agentes con el fin de amedrentarme. Y son consecuencia de una Transición absolutamente desgraciada que no rompió con los aparatos represivos de la dictadura franquista por lo que los agentes piensan que un juez garantista es peligroso para sus actuaciones policiales. Lo que más ha molestado al director del CIE de Aluche, como a otros agentes, es que como juez tuviese actuaciones de control garantista de sus actuaciones en relación con los derechos y libertades de las personas en privación de libertad, ya fuese allí, en una cárcel o en los calabozos de una comisaría.

¿Cómo definiría el lenguaje específico que se emplea en los atestados policiales?

Es un lenguaje que se aplica cuando se trata de manipular la realidad para así enmascarar las irregularidades en relación con las actuaciones policiales sobre personas que no han hecho nada. Un ejemplo sería: “Que X iba caminando de forma atenta y tratando de ocultarse y al ver la presencia policial cambió de acera en actitud huidiza, con lo cual hizo sospechar a los agentes de la posibilidad de haber cometido un delito, por lo cual le dieron el alto, y entonces el sujeto trató de zafarse de la actuación policial, por lo que los agentes se vieron obligados a desencadenar la fuerza proporcional”. Estos son los términos habituales: “actitudes sospechosas”, “huidizas”… Otro ejemplo sería cuando hay gente joven sentada en un banco, pasa un coche policial y en el atestado dicen que los mismos se rieron a su paso y “por tanto, los agentes se vieron obligados a llamarles la atención. Los jóvenes les profirieron insultos y…”. Así se va engordando el atestado policial hasta justificar una detención absolutamente irregular o el uso de la fuerza de manera ilegítima sobre esas personas.

También nos encontramos atestados más complejos como los que elaboró el teniente coronel Baena de la Guardia Civil sobre el Procés, donde se va haciendo un relato absolutamente tramposo, en el que se mezclan suposiciones, presunciones, juicios de valor y sospechas… Y con todo ello, pretende construir un atestado como un mecanismo expresivo de fuentes de pruebas o de indicios de la comisión de delitos. En el caso del Procés salieron condenados por el Supremo, pero esto también se puede leer en los atestados que elaboraron el mismo Baena y el coronel Pérez de los Cobos sobre el major Trapero. En la sentencia se hace una crítica de las declaraciones de estos dos mandos de la Guardia Civil que, mediante suposiciones, trataron de involucrar al major, a la intendente Laplana y a otros mandos de la Generalitat como autores de delitos de rebelión o sedición. Construyeron unos atestados que elevaban sus opiniones, y en algunos casos afirmaciones carentes de sustento real, a pretendidos indicios para así fundar pruebas de cargo.

También ha seguido con atención el caso de Isabel Serra, condenada por su participación en la protesta para paralizar un desahucio en Madrid.

Fueron a por ella. Una de las agentes de la Policía Municipal la conocía, sabía que era una líder estudiantil y de movimientos sociales. A raíz de las protestas contra ese desahucio, ella y otros agentes articularon un relato en el que fijan una serie de hechos y colocan a Serra como partícipe de ellos. Ella estaba allí y se produjeron esos hechos, pero ni ella lanzó botes, ni piedras ni nada, ni profirió insultos o agarrones contra ningún agente. Los hechos habían ocurrido años atrás y me llamó la atención cómo la agente municipal verbalizó un relato construido de memoria de acuerdo a lo que habían dicho en el atestado. En la jurisdicción penal la declaración de un policía no goza de la presunción de verdad como en una denuncia por lo contencioso-administrativo. Pero hay una degradación del sistema judicial por la que se tiende a dar más veracidad a la declaración de los policías. Y por eso fue injustamente condenada.

¿Ha visto una evolución en el patrón de las prácticas irregulares de la Policía en estos 30 años?

Hay menos denuncias por maltrato policial que en los años 90, pero se mantiene el tipo de personas detenidas o abordadas por actuaciones policiales. En los nueve años que he sido juez de control del CIE de Madrid ha habido muchas denuncias por trato verbal degradante, de contenido racista, humillante, xenófobo. Y eso sí se ha mantenido.

El gobierno de Rajoy cambió la cesión de la formación de la Academia Policial de Ávila de la universidad pública a la privada Universidad Católica de Ávila. ¿Cómo ha influido en sus planes educativos?

No tengo conocimiento de cómo se han dado los contenidos, pero sí de que los planes de formación de la Academia de Ávila no son lo rigurosos que deberían ser en materia de derechos humanos, de comprensión por parte de la policía sobre la práctica acorde a esos derechos y en la interiorización de que los agentes deben ser unos servidores públicos y los principales garantes en el respeto de la dignidad de las personas. Hay una ausencia de planes formativos que contribuyan a dotar a los agentes de la Policía de un caudal de conocimientos bien claros, precisos e interiorizados de que deben de actuar siempre en defensa de la libertad, la integridad física y moral y la dignidad de las personas sin incurrir en falsificaciones, falsedades u omisiones.

Pero usted sostiene que esta fragilidad en el respeto de los derechos fundamentales por parte de agentes de la Policía es útil al poder Ejecutivo.

Es funcional al poder Ejecutivo precisamente porque este pretende que la Policía sea eficiente para dar tranquilidad a las pretensiones que existen en sectores sociales en relación con lo que podríamos llamar la alarma social y los mecanismos de defensa social. Si cogemos, por ejemplo, el tema de actualidad de las llamadas ocupaciones de viviendas, es evidente que si la Policía actúa irregularmente en relación con las mismas, hay sectores sociales que van a aplaudir esa respuesta y, por tanto, al poder Ejecutivo no le disgusta que se produzcan ese tipo dedisgusta actuaciones.
En los años 90, siendo ministro Corcuera, se trató de dar legalidad, a través de la primera ley de seguridad ciudadana –la llamada patada en la puerta– a que el policía pudiera entrar en un domicilio diciendo que se está cometiendo un delito flagrante cuando este solo se puede decir que se está produciendo si se ve. Se trata de un ejemplo más para explicar por qué estas actuaciones policiales son eficientes y, por lo tanto, el poder Ejecutivo mira para otro lado o trata de evitar su persecución.

También llama la atención que mientras los mossos d'Esquadra han aprobado que sus agentes antidisturbios lleven un sistema de perfecta identificación con números cortos y visibles en la espalda, el casco y en el parte frontal, en la Policía Nacional y en la Guardia Nacional cualquiera puede comprobar que es muy difícil la captación de esas identificaciones. Se trata de otro medio más para garantizar la impunidad. Es más. Los agentes del subsistema policial se han negado en numerosas ocasiones a que quede filmado lo que ocurre en las salas de interrogatorios. En los juzgados se graban todos los interrogatorios y los juicios. Pero parece que al subsistema policial le molesta.

¿Ha juzgado casos de irregularidades en la Policía?

En 31 años, solo he tenido dos casos que afectaban a agentes. Uno fue en Bilbao, en relación con policías que falsificaban pasaportes para el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Y otro en Madrid, por el que varios agentes practicaban sobornos y cohechos.

¿Es habitual que un policía denuncie a otro agente por prácticas irregulares? ¿El sistema policial lo favorece o lo castiga?

Depende del tipo de actuación que se denuncia. Si es relativo a prácticas de corrupción, de conexiones con narcotraficantes o con delincuentes que se aprovechan de confidencias por parte de un agente, las brigadas de asuntos internos lo hacen lo mejor que pueden porque se trata de las acciones que ellos consideran que “pueden manchar el buen nombre del nombre”. Otra cosa es cuando se trata de denuncias por malos tratos, torturas, humillaciones, agresiones verbales, por golpear a personas… Entonces hay un cierre en banda por parte del resto de compañeros que lo consideran un traidor. Por eso es muy difícil encontrar agentes dispuestos a denunciar. Así que la protección real de ese agente dependerá de si la denuncia llega a asuntos internos y de que esta brigada actúe sin revelar el nombre del denunciante.

Numerosas investigaciones han demostrado que en Alemania, Italia y Francia hay un verdadero problema por la cantidad de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército afines y/o miembros de organizaciones filonazis y ultraderechistas. En España, VOX ha desarrollado desde su inicio una estrategia para ganarse el apoyo de policías, guardia civiles y militares. ¿Lo está consiguiendo?

Me jubilé hace dos años, así que como juez no he tenido un número de casos que me permita concluir la existencia de una conexión fuerte de agentes de policía con VOX. Lo que sí he visto a lo largo de mi ejercicio judicial en relación con agentes de policía imputados o testificales, sobre todo en la jurisdicción penal, son numerosas expresiones y declaraciones de pensamiento neofranquista y reaccionario. Y como ciudadano estoy atento a la realidad y esta me dice que, mayoritariamente, el sindicato JUSAPOL no es más que un sindicato de VOX metido en la Policía Nacional y en la Guardia Civil. Y hay otro dato: el análisis de las zonas de votación demuestra que donde existen acuartelamientos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil hay un mayor número de votos a VOX.

La Transición se hizo como se hizo y no creo que haya habido una conversión repentina de lo que puede ser el aparato militar a unos principios plenamente democráticos. Hay que pensar que la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, fue elaborada en gran parte por comisarios de la Policía y por mandos de la Guardia Civil. Es un proyecto del Ejecutivo que entonces estaba gobernado por el PP, que fue aprobado por el poder legislativo. Pero la Ley Mordaza no es una ley ideológica del PP sino una ley ideológica del subsistema policial.

Fuente: https://www.lamarea.com/2021/01/13/...

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Una persistencia radical: Judith Butler y el abandono de la violencia

Tortuga Antimilitar - 19 January, 2021 - 00:00

La fuerza de la no violencia fue publicado en febrero y traducido recientemente al español. En este ensayo, Judith Butler se pregunta por los modos de representación de los que disponemos para aprehender la violencia y propone, frente a ellos, una disputa semántica. La filósofa parte de la premisa de que la interdependencia es una condición inherente a los seres humanos y plantea la necesidad de apostar a una ética y una política de la no violencia, en tanto desobediencia civil radical frente al individualismo.

Judith Butler (Cleveland, 1956) es una intelectual prolífica. Su producción abarca libros y artículos académicos, reflexiones sobre la coyuntura al calor de las circunstancias y las demandas, colaboraciones y libros en coautoría. Forma parte de múltiples espacios de debate académico, publica periódicamente en distintos formatos de divulgación, participa activamente en la escena pública y aborda distintos problemas teóricos y discusiones éticas. Una de las principales características de su obra es que, a partir del diálogo con los debates que produce y las críticas que se le hacen, está en permanente proceso de escritura y reformulación.

En el libro Dar cuenta de sí mismo (2005) la propia autora desarrolla el devenir de su pensamiento. Comienza destacando las lecturas de los idealistas y de la teoría marxista, continúa explicitando el hito que significó Simone de Beauvoir para su trabajo y llega hasta la instalación de sus preocupaciones actuales, vinculadas al mundo social, la tensión entre estructura y acción, y la responsabilidad ética. Es una obra atravesada por el psicoanálisis, la teoría del discurso, la filosofía del lenguaje, el posestructuralismo, el psicoanálisis y la teoría de género.

Butler empezó trabajando sobre Hegel (al que dedicó su tesis doctoral) para luego abordar los problemas del género, el lenguaje y el cuerpo en relación con el deseo y el reconocimiento. En la última etapa de su producción se ha centrado en problemas éticos y políticos vinculados a la gestión de la vida y la muerte. La repercusión que ha tenido su trabajo se evidencia en la enorme cantidad de textos que se dedican a presentar, organizar, analizar y discutir sus principales ejes conceptuales. Al mismo tiempo, su figura, su vida íntima y pública, así como su presencia en diversos acontecimientos sociales y su apoyo en numerosas manifestaciones han suscitado diferentes reacciones a escala global. En Butler la teoría no es un modo transparente de representación, sino una condición que produce sentidos posibles frente a la pregunta por la transformación social.

VULNERABILIDAD, VIOLENCIA Y RESISTENCIA

La fuerza de la no violencia se abre con tres epígrafes, uno de Mahatma Gandhi, otro de Martin Luther King y otro de Angela Davis. El libro se divide en una introducción y cuatro capítulos: «No violencia, duelidad y crítica al individualismo», «Preservar la vida del otro», «La ética y la política de la no violencia» y «La filosofía política en Freud: guerra, destrucción, manía y la facultad crítica». Para finalizar, incluye una posdata titulada «Repensar la vulnerabilidad, la violencia y la resistencia».

Butler comienza planteando preguntas sobre cómo ha sido definida la violencia. Expone la necesidad de cartografiar las apropiaciones semánticas del término para comprender a qué sujetos, actualmente, se les atribuye conductas violentas: «No podemos precipitarnos al fenómeno en sí sin pasar por los esquemas conceptuales que deciden el uso del término en varias direcciones, y sin un análisis de cómo operan esas decisiones». Con este procedimiento inicial, busca interpelar las justificaciones que se han realizado, desde cierto pensamiento de izquierda, del uso de la violencia en tanto herramienta estratégica frente a las violencias estructurales e institucionales. A través de las ideas de Walter Benjamin, advierte que la defensa instrumentalista de la violencia alimenta el problema de la destrucción en un mundo que se nos presenta como un campo de fuerza. En este sentido, además de develar que las representaciones de la violencia suelen estar sujetas a definiciones instrumentales que sirven a determinados intereses, subraya que la violencia contiene una ética egológica y una política individualista. Según la autora, en la actualidad ciertos discursos radicales de la defensa de la libertad personal se encuentran íntimamente ligados al derecho de hacerles daño a los demás y alimentan el impulso de la muerte en el contexto del mercado y la necropolítica.

Butler rompe con la idea de que la no violencia perpetúa el statu quo y, a lo largo del texto, entiende que su fuerza –idea que filia con la satyagraha o «fuerza del alma», de Gandhi– es una potencia colectiva superadora: «Como respuesta a la objeción de que una posición a favor de la no violencia sencillamente no es realista, esta línea de argumentación sostiene que la no violencia requiere una crítica de lo que se considera realidad y afirma el poder y la necesidad del antirrealismo en momentos como este». A lo largo del libro, insiste en advertir que existen formas de fantasmagoría política que implementan una «lógica defensiva impregnada de paranoia y odio» con el objetivo de legitimar el uso de la violencia por los poderes que siempre la han ostentado.

Uno de los ejes de su argumentación parte de su lectura crítica de la filosofía política contractualista. La autora sostiene que «algunos representantes de la historia del pensamiento liberal nos pueden haber hecho creer que aparecemos en este mundo político y social desde un estado de naturaleza» y llama la atención sobre la ruptura entre la ética y la política. El valor de los relatos de un estado primario natural de los seres humanos, sostiene, radica en el poder de estas ficciones, que «nos provee de una condición contrafáctica para evaluar nuestra situación contemporánea».

A través de una noción de interdependencia psicoanalítica y social, Butler desarrolla una aguda crítica del individualismo abstracto que caracteriza nuestra actualidad. Articula las ideas de Freud sobre la pulsión de muerte, el duelo y la melancolía con los trabajos de Melanie Klein, para comprender cómo ha sido la relación entre ética y violencia. Luego de ese recorrido, propone que el sujeto se encuentra siempre en una relación de interdependencia con otros y, por ende, resulta indispensable el reconocimiento de su condición de precariedad.

El análisis acerca de la tensión entre las nociones de vulnerabilidad y resistencia constituye uno de los núcleos del libro. La vulnerabilidad, generalmente, es entendida como la condición de ser potencialmente dañados. Butler apunta que, además, debe referir al carácter interdependiente de nuestras vidas. Si el individualismo se correlaciona con la economía de mercado, la interdependencia debe ser pensada a partir de principios de habitabilidad, igualdad y libertad social. La desigualdad supone mayores posibilidades de morir, por eso una política de la no violencia es necesaria. El pensamiento tradicional, que entiende la resistencia como una actividad pura que vence un estado de subyugación, pasa por alto que esa resistencia no implica la desaparición de la vulnerabilidad. Así, Butler sostiene que no se debe concebir la vulnerabilidad como una condición y que debe ser el fundamento de la acción política.

EL DUELO

El enfoque del valor igualitario de la vida, la perspectiva relacional, la autoconstitución del sujeto a partir de otros y la gestión de la vida y la muerte son asuntos que Butler viene desarrollando desde su libro Vida precaria (2004). Allí, llamó la atención sobre el borramiento en la representación pública de los nombres, las imágenes y las narraciones de los asesinados por Estados Unidos y, a partir de la recuperación de Emmanuel Lévinas, elaboró sus concepciones de vulnerabilidad y ética de la responsabilidad, que se articulan con el concepto de duelo.

En La fuerza de la no violencia la idea de duelo no se limita a una necesidad personal de llorar una pérdida. El ejercicio del biopoder, en alianza con la necropolítica, gestiona la vida y la muerte y, por ende, decide qué vidas son dignas de ser lloradas y cuáles no. Es el duelo público lo que otorga valor a las vidas de las personas. Butler sostiene que hay una distribución diferenciada de la duelidad –neologismo utilizado en las traducciones para referir al concepto grievability–, que refiere al derecho de una persona a tener una vida que importa y cuya pérdida merece ser llorada. La desigualdad manifiesta en la gestión de la vida y la muerte hace que, a veces, cuando las muertes no son reconocidas, el duelo público asuma la forma de protesta. Así sucede, ejemplifica la autora, en «Women in Black, en las Abuelas de Plaza de Mayo, en Argentina, y en los familiares de los 43 de Ayotzinapa». Se trata de colectividades que no solamente reclaman el derecho a la duelidad, sino que ponen de manifiesto la existencia de una distribución diferencial del valor de la vida que deviene en la constatación de que ciertos cuerpos no importan.

La duelidad en Butler es un acto de lucha contra la desigualdad, una práctica de memoria que se opone a la lógica de guerra, a las desapariciones, a las violencias estatal, racista y de género, al dejar morir: «No podemos asumir sin problemas una definición de violencia y luego comenzar nuestros debates morales sobre justificaciones sin haber examinado antes críticamente cómo ha quedado circunscripta la violencia y cuál de sus versiones funciona como presupuesto». Además de analizar la violencia racista y eventos geopolíticos de relevancia actual, Butler aborda en este libro el tema del feminicidio, analiza su carácter sistémico, la impunidad estructural, y lo describe como una forma extrema de terrorismo sexista. Destaca lo que sucede en Brasil, Honduras, Guatemala, Argentina y Venezuela, y da cuenta de que, pese a la violencia, persisten entramados de solidaridad colectiva que les dan un carácter transversal a las alianzas.

La autora argumenta por qué la no violencia es diferente a la violencia destructiva: la no violencia requiere desarrollar un nuevo imaginario que asuma la interdependencia de las vidas humanas y no humanas. Su postura consiste en buscar una forma de vivir en el mundo que pueda dar cuenta del enojo y la agresividad conducidas a la transformación de las estructuras que garantizan un sistema desigual: «Aun cuando ninguno de nosotros está liberado de la capacidad de destrucción, o precisamente porque ninguno de nosotros está exento de ella, la reflexión ética y política desemboca en la tarea de la no violencia. Es precisamente porque podemos destruir que tenemos la obligación de saber por qué no».

La fuerza de la no violencia, de Judith Butler, Paidós. 254 págs.

PERSISTENCIA RADICAL

Desde que El género en disputa fue publicado, en 1990, ha causado múltiples controversias en distintos campos del saber. En 1999 el libro fue reeditado con un prefacio en el que Butler da cuenta de las críticas y los debates que venían provocando sus planteos. Se le señaló, en el mundo angloparlante, la excesiva influencia del pensamiento francés. También se le criticó el lenguaje poco claro y, en las lecturas críticas, hubo una tendencia generalizada a confundir la noción de performatividad utilizada por la autora con el término referido a las artes de escenificación pública.

Durante esos nueve años, una de las controversias más extendidas surgió de la recepción del libro en Alemania, donde se la acusó de negar la materialidad del cuerpo. A pesar de que tanto en Cuerpos que importan (1993) como en Deshacer el género (2004) la autora desarrolla exactamente la posición contraria, algunos discursos y posiciones feministas aún insisten en que su crítica del género es antimaterialista y relativista. Este malentendido se hizo aún más evidente con el problema de las traducciones y del vocabulario disponible en cada idioma para referir a sus conceptos. Sin ahondar en cuestiones específicas, es importante subrayar que, para Butler, la relación entre el cuerpo y el lenguaje está configurada como quiasmo. El cuerpo excede la captura del esfuerzo lingüístico, pero, al mismo tiempo, está disponible en el mundo mediante la descripción. La idea del género como acto político performativo –emplazada en la interpretación derrideana de John Langshaw Austin– supone reconocerles agencia a los cuerpos que han sido desplazados, oprimidos y dominados. A lo largo de su obra, Butler desarma configuraciones naturalizadas como las de sexo e identidad y plantea una crisis respecto a la noción de género. No niega la materialidad del cuerpo: encuentra en la lectura del género y su representación un problema histórico y político.

Recientemente, otro acontecimiento público –esta vez en América Latina– volvió a demostrar que Butler importa en tanto figura que irrumpe, provoca e incluso convoca a quienes jamás la leyeron. Para el 7 de noviembre de 2017 estaba anunciada una conferencia suya en el coloquio «Los fines de la democracia», en el centro cultural SESC Pompeia, de San Pablo. Se trataba de una actividad coorganizada por la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de San Pablo. Desde que fue difundida, varios grupos conservadores solicitaron al SESC que cancelara el evento. Se hicieron campañas en redes sociales con el hashtag #ForaButler y la petición creada en el portal Citizen Go para que el seminario fuera revocado logró más de 350 mil firmas. El día de la conferencia hubo una manifestación en la que, al grito de «¡Quemen a la bruja!», se quemó una muñeca que simulaba una bruja con la cara de Butler, y la intelectual debió ser escoltada. También circuló un video en las redes sociales que la mostraba en el aeropuerto de Congonhas siendo agredida con gritos contrarios no sólo a su visita, sino también a sus ideas.

Luego de lo sucedido, Butler se refirió al hecho en la revista Folha de São Paulo, de Brasil, y el suplemento «SOY» de Página 12, de Argentina, en una nota titulada «El fantasma del género»: «Desde el comienzo hubo una charla imaginaria en lugar de la conferencia real, y se decía que yo iba a dar una ponencia, cuando, en verdad, yo era la organizadora de un evento internacional sobre populismo, autoritarismo y la impresión contemporánea de que la democracia está siendo atacada. No sé cuánto poder le atribuyeron a la charla que yo supuestamente iba a dar. Habrán tenido la idea de una conferencia muy poderosa, dado que aparentemente era para atacar a la familia, la moral e incluso la nación».1 La conferencia de Butler, tal como ella misma se encargó de aclarar, no trataba sobre teoría de género, sino sobre los fines de la democracia. Sin embargo, quienes se manifestaron en su contra portaban crucifijos, Biblias y carteles que proclamaban el «fin de la ideología de género», poniendo el foco, nuevamente, en una interpretación muy pobre de su producción.

Vale la pena, entonces, trazar la historicidad de la obra y el activismo de Butler para reconocer que lo que pasó en Brasil no fue un malentendido y que se enlaza, justamente, con el problema de la violencia al que dedica sus trabajos. Si el actual estado de excepción y transparencia encuentra su alianza perfecta en la amenaza del caos, la inseguridad y el exterminio, es necesario ponderar y reconocer el lugar de quienes, a través de su pensamiento, provocan una ruptura y hieren el engranaje. Desde la crítica a la ocupación en Palestina, los conflictos en Turquía, las desapariciones en América Latina y el movimiento antirracista hasta la crítica al voluntarismo, la ética belicista de Estados Unidos, los muertos de Irak y la denuncia del discurso provida y del individualismo como moral destructiva, Butler da cuenta de cómo teoría y activismo pueden hacer emerger una praxis necesaria para la transformación social.

En tiempos en los que parecería que el término intelectual está agotado y sus usos no pueden ser resignificados, Butler interviene con el saber, en lo público, de manera política. Esa intervención tiene forma de divulgación y acto pedagógico, en el campo académico, en los medios de difusión masivos y alternativos, y a escala global. La autora articula los saberes con la praxis, y su llamado refiere a una desobediencia civil enmarcada en la no violencia. Es una intelectual comprometida con el derecho a persistir, a que todas las vidas importen, a que no haya vidas que no puedan ser lloradas, a la habitabilidad sostenible del planeta. Para Butler, esos derechos sociales deben ser reclamados desde la ética de la no violencia: «Interdependiente, nuestra persistencia es relacional, frágil, a veces conflictiva e insoportable, a veces plena y gozosa. Mucha gente dice que no es realista plantearse la no violencia, pero tal vez estén demasiado fascinados con la realidad».

1. Butler, Judith (2017), «El fantasma del género», en el suplemento «SOY» de Página 12. Buenos Aires. https://www.pagina12.com.ar/77673-e...

Fuente: https://brecha.com.uy/una-persisten...

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Noam Chomsky: "Las elecciones son un método de marginar a la población"

Tortuga Antimilitar - 18 January, 2021 - 00:00

El artículo completo de Paul Street, titulado "¿Por qué no hubo una rebelión popular contra un Presidente de Estados Unidos fascista?" fue publicado en Counterpunch el 15 de enero de 2021. Aportamos la cita que incluye el artículo, que no es del autor sino de Noam Chomsky (traducción e introducción de Agustín Velloso). Nota de Tortuga.

En un apartado de su artículo, Street se refiere al "fetichismo electoral en la vida política de Estados Unidos, acertadamente resumido por Noam Chomsky en vísperas de las elecciones de 2004", y aporta esta cita del lingüista:

"Se puede motivar a los estadounidenses a votar, pero no a participar de forma más significativa en la arena política. Esencialmente, las elecciones son un método de marginar a la población. Se monta una enorme campaña de propaganda para que la gente se centre en estas extravagancias personalizadas cada cuatro años y piense: 'Eso es política'. Pero no lo es. Es sólo una pequeña parte de la política... Lo apremiante es que los grupos populares progresistas crezcan y se hagan lo suficientemente fuertes para que los centros de poder no puedan ignorarlos. Las fuerzas de cambio que han surgido de las bases y que han sacudido la sociedad hasta sus cimientos, incluyen el movimiento obrero, el movimiento de derechos civiles, el movimiento por la paz, el movimiento de mujeres y otros, trabajados de forma constante y dedicados a todos los niveles, cada día, no sólo una vez cada cuatro años.... En las elecciones hay que tomar decisiones sensatas, pero son secundarias a la acción política seria. La principal tarea es crear una cultura democrática genuinamente receptiva, y ese esfuerzo tiene lugar antes y después de las extravagancias electorales, cualquiera que sea su resultado".

Original en inglés:

Americans may be encouraged to vote, but not to participate more meaningfully in the political arena. Essentially the election is a method of marginalising the population. A huge propaganda campaign is mounted to get people to focus on these personalised quadrennial extravaganzas and to think, “That's politics.” But it isn't. It's only a small part of politics…The urgency is for popular progressive groups to grow and become strong enough so that centres of power can't ignore them. Forces for change that have come up from the grass roots and shaken the society to its core include the labour movement, the civil rights movement, the peace movement, the women's movement and others, cultivated by steady, dedicated work at all levels, every day, not just once every four years….in the election, sensible choices have to be made. But they are secondary to serious political action. The main task is to create a genuinely responsive democratic culture, and that effort goes on before and after electoral extravaganzas, whatever their outcome.

Artículo completo en inglés: https://www.counterpunch.org/2021/0...

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¿Podemos saber el gasto militar de 2019? (3ª parte)

Tortuga Antimilitar - 18 January, 2021 - 00:00

Ver también:

¿Podemos saber el gasto militar de 2019? (1ª parte)

¿Podemos saber el gasto militar de 2019? (2ª parte)

4 ¿PODEMOS DETECTAR/ESTIMAR MáS SOBREGASTO MILITAR EN OTRAS PARTIDAS FUERA DEL PRESUPUESTO DE DEFENSA?

Empezando por el final, la respuesta es que, con los datos de IAGE en la mano, no, o no con certeza, porque IGAE no desglosa las partidas más enjundiosas para saber el desvío real que se ha producido entre lo presupuestado y lo ejecutado.
No obstante, en no es un no matizable, porque, como hemos visto, el nudo gordiano del desvío presupuestario en nuestras cuentas públicas se encuentra en interior y defensa, que suman más del 43% del sobregasto de las cuentas públicas.
Pero es posible complementar lo que dice la IGAE con lo que dicen otras fuentes, como el BOE, las memorias que manejan los diversos departamentos, etcétera.
De modo que vamos ahora a intentar desgranar el gasto que, al menos, es posible detectar en el gasto ejecutado en 2019, repasando los distintos ministerios y organismos implicados en el gasto militar.

El enorme gasto militar de Interior

Fijémonos en primer lugar en el caso de Interior, cuyo sobregasto es de nada menos que 1.126´11 millones de euros, de los que 413´25 millones han ido a parar a la equiparación de sueldos y 235,99 a los correspondientes aumentos en las mutualidades administrativas de guardia civiles y policías.

Habida cuenta de la disparidad salarial entre unos y otros y de todos ellos respecto del referente que ha dado lugar al incremento, con una leve menor retribuciones de la guardia civil, hemos optado por dividir la cifra en dos, es decir, atribuir al aumento salarial más la mutualidad de los guardia civiles la cantidad de 355,98 millones de euros que incrementarían los gastos de personal de la guardia civil y por consiguiente el gasto militar estricto.

La distribución de los restantes 486,77 millones de euros resulta más compleja, pues una parte de ella se debe a los procesos electorales. Concretamente el Estado emitió un crédito extraordinario para celebración de elecciones generales en abril de 2019 y para las elecciones locales de mayo del mismo año.

El gobierno aprobó un crédito extraordinario con cargo al fondo de contingencia de 134,83 millones de euros para las elecciones a cortes generales, que hay que descontar del sobrecoste de gasto militar. Nos queda por desentrañar dónde han ido a parar los restantes 351,94 millones de euros de interior.

Tenemos una partida con cargo a fondo de contingencia nítidamente militar: los 30 millones autorizados en junio de 2019 para financiar el control de frontera que ejerce marruecos y que, para remate, aparece publicado en el BOE.

Otra parte ha ido a financiar la renovación tecnológica para los nuevos DNI 3.0, una vez descubrieron que la anterior emisión de DNI con chip electrónico fallaba más que una escopeta de feria, cantidad que tampoco computará como gasto militar en principio.

En noviembre de 2019 se consignaron igualmente con cargo a fondo de contingencia otros 0´86 millones de euros destinados a ayudas a catástrofes, cantidad que tampoco asignamos, con mucha reticencia por cierto, al gasto militar.
Del resto de partidas no he sido capaz de identificar a qué se han destinado y, por tanto, de verificar si debemos consignarlas directamente como gasto militar o no.

De este modo, la contribución estricta del Ministerio del Interior al gasto militar supondría

  1. Partida inicial estimada: 3.028,04 millones de euros
  2. Subregasto guardia civil: 355,98 millones de euros
  3. Subtotal: 3.384,02 millones de euros

Lo cual nos permite elevar el gasto militar ejecutado, sumado el de Defensa y sus organismos autónomos, más el del Ministerio del Interior de carácter indiscutiblemente militar a la cifra de:

  1. Defensa y OOAA: 11.467,99
  2. Gasto militar Interior: 3.384,02
  3. Subtotal: 14.852,01

Podemos hacernos una cuenta más, y más abrumadora, si sumamos todo lo que ha gastado en conjunto interior y defensa con sus organismos autónomos.
Esta cifra se justifica, lo hemos dicho antes, porque Defensa e interior incorporan las instituciones de seguridad y defensa, bajo la óptica securitizaddora y el paradigma militarista, del Estado y, en definitiva, los mecanismos más poderosos del ejercicio de la militarización social.

De este modo, la cifra de gasto militar más control social/securitización el Estado sería:

  1. Ministerio de Defensa + OOAA militares: 11.477,99
  2. Ministerio del Interior: 8.810,65
  3. OOAA interior: 946,01
  4. Subtotal 21.234,65 millones de euros.

De este modo, la composición del gasto militar y de control social/securitización del Estado tiene la siguiente composición:

Desde luego, la cifra es escalofriante.

El gasto en clases pasivas y pensiones de guerra:

Uno de los capítulos más voluminosos del gasto militar no reconocido por nuestras autoridades se encuentra en el pago de las clases pasivas militares y las pensiones de guerra.

La partida inicial de clases pasivas, donde se agrupan las militares y las del personal civil del Estado, fueron presupuestadas en 2019 en 14.791,23 millones de euros y tuvieron una ampliación de 969,5 millones más durante el ejercicio, así como una baja por anulación por importe de 32 millones, con un crédito definitivo de 15.719,73 millones de euros.

Una parte de este incremento se explica por la revalorización de pensiones y clases pasivas que se aprobó con efectos a partir de 1 de enero de 2019 por el Gobierno.
La liquidación no especifica qué cantidad de este aumento se debe a clases pasivas militares y a clases pasivas civiles, por lo que nos vemos obligados a establecer una estimación, para la que tenemos en cuenta el porcentaje en que la pensiones militares participan del total de clases pasivas, lo que nos arroja un sobregasto por clases pasivas militares de 224,18 millones de euros y una cifra estimada de gasto militar por clases pasivas militares, antes de aplicar las pensiones de guerra y las otras pensiones especiales militares, de 3.659,69 millones de euros.

A ello hay que sumar la cantidad de 126,81 millones de euros liquidados por pensiones de guerra y los 42,27 por otras pensiones, de las que 6,6 millones se corresponden con financiación de pensiones militares.

De este modo, la contribución de las clases pasivas que abona el ministerio de Hacienda participó en 2019 al gasto militar español en las siguientes dimensiones.

  1. Clases pasivas militares 3.659,69 mill. de euros
  2. Pensiones de guerra 126,81 mill. de euros.
  3. Otras pensiones de vinculación militar 6,60 mill. de euros.
  4. Subtotal por clases pasivas militares 3.793,10 mill. de euros.

Este enorme dineral alcanza a pagar pensiones para 2.425.612 militares, familiares de militares con derecho a clases pasivas y otros beneficiarios de clases pasivas militares, entre ellos beneficiarios de pensiones de guerra, extintas fuerzas militares, como la de regulares, fueras mahazén del ejército español, fuerzas nómadas y otros residuos de nuestro pasado colonial, un contingente de voto a suma a los otros más de 600.000 beneficiarios del ejército (Militares en activo, reservistas, beneficrios de prestaciones sociales del ISFAS, etc.) cautivo a favor del militarismo que explica en parte el peso sociológico que para un político de «hizquierdasss» tiene el no hacer nada de nada para cambiar las cosas en materia de defensa.

De nuevo, incorporamos estos datos a los que ya teníamos de Defensa e interior, para arrojarnos una nueva cifra de gasto militar liquidado:
Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros

  1. Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  2. Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  3. Subtotal: 18.645,11 mill. de euros

El Ministerio de industria, comercio y turismo.

Otro de los grandes partícipes en el gasto militar español es el Ministerio de Industria, que en el año 2019 presupuestó al menos 630,38 millones de euros enfocados a gasto militar, principalmente a los programa de i+d militares, que consignaban 467,61 millones de euros, más la financiación de la fabricación y operatividad los satélites paz e ingenio, por importe de 150 millones de euros , así como otras partidas menos significativas, como la transferencia al INTA de 0´73 millones de euros, la aportación a la fundación El cano, por importe de 0,04 millones de euros, y las subvenciones del CDTI a la industria militar, estimada en 12 millones de euros.

Los aumentos producidos, a tenor de la información disponible, no parece que se refieran a programas imputables a gasto militar.
Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros

  1. Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  2. Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  3. Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  4. Subtotal 19.275,41 mill. de euros

El Ministerio de Asuntos Exteriores.

También el Ministerio de Asuntos exteriores contribuye en una parte nada despreciable a la construcción del gasto militar y, con él, a la política de Adscripción y supeditación de nuestra política de seguridad a la de la OTAN y al protagonismo que el ejército español tiene en la operaciones de injerencia militar en el exterior.
En 2019 detectamos una participación de este ministerio en el gasto militar de 188,65 millones de euros.

La liquidación de gasto no ofrece variaciones significativas respecto a los capítulos que conforman este gasto, fuera del aumento en 69,96 millones de euros (hasta llegar a los 211,34 millones) que se aplican desde el fondo de contingencia para operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, que son financiadas desde el Ministerio de Asuntos exteriores.

De este modo, a los 188,65 millones de euros consignados en este capítulo, hemos de sumar os 68,96 millones, lo que sitúa la contribución del Ministerio de asuntos exteriores en el gasto militar en 257,61 millones de euros.

Nuevamente incorporamos esta magnitud al gasto militar que ha liquidado nuestro gobierno en 2018 y aparece que la composición de este, hasta el momento, sería como sigue:

  1. Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  2. Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  3. Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  4. Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  5. Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  6. Subtotal 19.533,02 mill. de euros

El Ministerio de ciencia innovación y Universidades

El citado ministerio es uno de los que han supuesto decrecimiento de su presupuesto, pasando de los 5.065,61 millones de euros a los 5.059,44 millones.
Esta disminución de 6,1 millones de euros no ha afectado a la parte de contribución de este ministerio al gasto militar de 7,63 millones de euros por la financiación del buque Hespérides del Ministerio de Defensa, que en 2019 fue de 7,63 millones de euros en cumplimiento del Convenio entre los ministerios de defensa y de Ciencia y Universidades de 27 de marzo de 2015, modificado por el de 11/12/2019.

A este gasto hay que añadir el de mantenimiento de la base que mantienen en la antártica el ministerio de defensa, Base Gabriel de Castilla, que se viene financiando también desde el Ministerio de Ciencia e innovación conforme a un protocolo de actuación firmado entre ambos ministerios, de 4 de abril de 2011, al que se han añadido dos adendas de 21 de diciembre de 2012 y de 31 de diciembre de 2014, garantizando la financiación por parte del Ministerio de Ciencia y, en la actualidad, un nuevo protocolo de colaboración entra ambos ministerios de 17 de mayo de 2019 para asegurar la financiación de 2019 a 2021 ( BOE núm. 153, de 27 de junio de 2019, páginas 68848 a 68855) en el que se establecen los diversos conceptos de las transferencias que el Ministerio de Ciencia debe realizar a favor del de Defensa en pago de dicho mantenimiento y de cuyo importe la IGAE no nos da noticia.
Conocemos por información periodística una aproximación al coste de mantenimiento anual de dicha base, 0´3 millones de euros que hemos de sumar a los 7,63 que ya teníamos como estimación presupuestaria al analizar el presupuesto prorrogado para 2019.

A ello debe sumarse un nuevo protocolo, el «Protocolo general de actuación entre ambos Ministerios para el apoyo y promoción de la tecnología y de la innovación en los ámbitos de defensa y seguridad» firmado entre Defensa y Ciencia el 23 de abril de 2019 para facilitar el acceso de la industria militar a los programas de I+D de la UE por mediación del Ministerio de Ciencia y abrir la puerta a la industria militar a las ayudas y líneas de actuación del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en cuya virtud debería analizarse también la línea de ayudas de estos organismos a defensa. El Protocolo considera materia reservada esta información, de modo que, para conocer los entresijos de la transferencia económica que por esta vía constituye otra parcela de colaboración del ministerio de Ciencia con el gasto militar, hay que acudir a otras fuentes que, hoy por hoy, y a falta de ayuda al respecto, me resultan un trabajo demasiado laborioso e inabordable.

De este modo, la cuenta del gasto militar se incrementa de nuevo:

  1. Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  2. Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  3. Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  4. Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  5. Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  6. Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  7. Subtotal 19.540,68 mill. de euros

Vamos engrosando la cifra de gasto militar y aún nos queda más de la mitad de los ministerios por analizar.

El Ministerio de Transición ecológica.

Habíamos consignado 24,55 millones de euros como partida de gasto militar con la que dicho ministerio participaba en el gasto militar, lo que se corresponde con la participación de Defensa en AEMET.

Como se sabe, por RD 186/2008 e 8 de Febrero se asignó a AEMET un 19% de su estructura y un 11% de su personal como prioridades de defensa y asignaciones con las que dicho organismo ha de contribuir a las necesidades metrológicas del Ministerio de Defensa.

La contribución militar de AEMET a Defensa viene detallada en los convenios de colaboración entre Defensa y AEMET. El vigente en la actualidad se aprobó en resolución de la Subsecretaría de la Presidencia de 2 de enero de 2020, pero en cuanto a la consignación económica refleja la misma que ha servido durante 2019, que no ha variado.

Este convenio nos ofrece la clave económica que la liquidación de gasto de IGAE no ofrece, al asignar como gasto de AEMET para las necesidades metrológicas de defensa en 2019 (y 2020 la misma) 18,52 millones de euros.

Amén de esto, el Ministerio de Transición Ecológica cuenta con otros medios propios de actuación que son cedidos y operados por Defensa.

El 2 de agosto de 2013 se firmó el Convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la operación y mantenimiento por el Ejército del Aire de la flota de medios aéreos estatales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Conforme a este convenio Agricultura pagaba a Defensa tanto por la participación de la UME en catástrofes, como por operar los medios de Agricultura para incendios.

Mas adelante, la remodelación ministerial ha hecho que parte de las competencias del antiguo ministerio de Agricultura pasaran a Transición ecológica. Entre otros, se ha hecho con los medios aéreos para incendios del antiguo ministerio de Agricultura y de la mayor parte de la competencia en esta materia.

A raíz de la Ley del régimen jurídico del Sector público (Ley 40/2015 de 1 de octubre) se produjo un reciente informe de la abogacía del Estado manifestando que los antiguos convenios deberían ser sustituidos por Acuerdos Interministeriales, de modo que se ha tenido que modificar el convenio antiguo, para lo que se ha aprovechado el cambio de competencias por Acuerdo interministerial entre defensa y Transición ecológica de 15 de septiembre de 2020 (BOE 247 de 16 de septiembre, páginas 77049 a 77953) que regula el mantenimiento de la flota de aeronaves de Transición ecológica por parte de Defensa y los pagos que hace Transición ecológica por ello.

Según éste, los costes que asume el ministerio de Transición ecológica a partir de 2020 (y que básicamente son los que asumía agricultura) con cargo a sus presupuestos y por transferencias que efectúa a Defensa ( y que responde a conceptos similares a los que pagó durante 2019 Agricultura por los medios de la UME) son:

1) Personal: a) Dietas y gastos de transporte: Se compone de gastos en dietas (alimentación y alojamiento) más los gastos de locomoción. b) Gratificaciones por servicios extraordinarios, que se aprobarán anualmente por la Comisión Mixta de Alto Nivel arbitrada entre ambos ministerios.

2) Mantenimiento: a) La adquisición de repuestos y servicios de mantenimiento que incluirá los expedientes anuales de adquisición de repuestos y material, así como los expedientes de servicios y mantenimiento externalizados. En este caso expedientes cuyo objeto se restringe únicamente a la flota de medios aéreos del MITECORD, y otros compartidos con medios aéreos del MINISDEF. Su imputación se realiza en función del porcentaje del expediente destinado al UD-13/14, según justificación documental del MINISDEF. b) Mantenimiento de centros logísticos: Se incorporarán en este apartado únicamente la parte proporcional de los costes salariales del personal de mantenimiento de maestranzas y centros logísticos del Ejército del Aire, correspondiente a las horas de trabajo efectivamente dedicadas a la flota de medios aéreos del MITERD.

3) Combustible: Es el coste resultante de la agregación del consumo mensual de litros de combustible JP-8 en las bases, y aeropuertos nacionales, por parte del UD-13/14, valorado al precio medio ponderado mensual del suministro al Ejército del Aire.

Conforme al anexo de dicho Acuerdo Interministerial, los pagos a Defensa para 2020 serán los que desgloso:

Dado que no hay otras referencias y, en general, parecen costes que toman como referencia la ejecución del año anterior, los vamos a dar por válidos para el ejercicio 2019 también.

De este modo, los pagos de 2019 a Defensa, que no están desglosados en la liquidación presupuestaria del IGAE, los estimamos en 19,99 millones de euros.

  1. Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  2. Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  3. Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  4. Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  5. Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  6. Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  7. Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  8. Subtotal 19.579,24 mill. de euros

El Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación.

Se consignan en este apartado distintos pagos efectuados por dicho ministerio en contribución al gasto militar español.

Concretamente la financiación de diversos barcos de su propiedad que participan en la operación militar Atalanta en apoyo a los barcos militares españoles.

En concreto la cesión de barcos de la Secretaría de Pesca Marítima (luego integrada en el ministerio de Agricultura) se efectuó por acuerdo entre la Armada y dicha secretaría sobre mantenimiento y explotación de los barcos de la citada secretaría, de 8 de enero de 1997. Los barcos fueron integrados en la flota de la Armada y han venido prestando apoyo a ésta desde entonces. UN segundo acuerdo, de 20 de enero de 2001, entrega un nuevo barco del ministerio de Agricultura y Pesca a la Armada, y otro de 22 de junio de 2004 entrega el último (por ahora) de los barcos de Agricultura a la Armada.

Las obligaciones a las que antes hemos aludido de actualizar los antiguos convenios de colaboración para adecuarlos a las exigencias legales ha hecho que por resolución de 14 de febrero de 2019 se publicara el nuevo convenio de colaboración entre Defensa y el Ministerio de Agricultura sobre inspección y vigilancia marítima, el cual viene a consolidar esta cesión de barcos a Defensa y a legalizar las transferencias de mantenimiento y demás contempladas en el convenio a favor de defensa.
Estos barcos, principalmente, prestan un apoyo logístico a la Armada en las operaciones militares que realiza, particularmente en el índico.

En su día efectuamos una estimación de 0,4 millones de euros en concepto de pagos desde Agricultura por estos barcos.

Es una financiación muy a la baja. El propio Acuerdo vigente establece que la misma no superará los 7 millones de euros, cantidad que hemos de fijar como idónea, porque la financiación, de acuerdo con el citado convenio incluye los siguientes capítulos presupuestarios:

Aparte de este convenio que se destina exclusivamente a la cesión de barcos de Vigilancia Pesquera, existe otro acuerdo de colaboración entre Defensa y la Secretaría de Pesca de 31 de octubre de 2018 que regula las labore de vigilancia pesquera, y que incorpora otros 19,18 millones de euros.

A su vez. el 2 de agosto de 2013 se firmó un «Convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre el empleo de los medios aéreos del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire» que ha sido la base legal para justificar los pagos de este ministerio al de Defensa por el uso de medios aéreos contraincendios y más delante de la participación de la UME en la lucha contra catástrofes naturales con cargo al ministerio de Agricultura; colaboración que se reguló de forma específica en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1097/2011, por el que se aprueba el protocolo de actuación de la Unidad Militar de Emergencias, establece que los Ministerios de Defensa (MINISDEF) y de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Más tarde se formalizó un convenio de colaboración para establecer las condiciones de atención por el MINISDEF a las necesidades de operatividad, mantenimiento y disponibilidad de los medios aéreos de lucha contra incendios de los que es titular actualmente el MITERD.

Por último, el 6 de agosto de 2020 ( BOE 212, de 6 de agosto, páginas 65439 a 65447) dada la dispersión normativa que obligaba a pagar al ministerio de Agricultura a Defensa, se ha firmado un Acuerdo Interministerial entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio para la Transición Ecológica que viene a desplazar los pagos por el uso del Grupo 43 de las Fuerzas Armadas, dependiente de la UME, a partir de 2020 desde el anterior ministerio de Agricultura. En concreto, el convenio estipula que el pago de dietas de traslado y alojamiento de los operativos del Ministerio de defensa, que abonará la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación.

Los pagos que Agricultura efectuó como pago por las operaciones de la UME (R.D. 1097/2011, Disposición Final 2) no cuentan, como en otros tantos aspectos del gasto militar oculto en ministerios diversos, con la transparencia adecuada, pero los hemos venido consignando muy a la baja en las últimas estimaciones en 0,22 millones de euros.

Tampoco la liquidación de gasto de la IGAE nos permite verificar estos pagos, por lo que hemos recurrido a otras fuentes. Se trata de meras estimaciones, pero entendemos que, conforme a estas, la cifra de transferencias de agricultura en 2019 por pagos a la UME no puede esta por debajo de 0,7 millones de euros.

Lo cual nos arroja la siguiente nueva cifra del gasto militar

  1. Defensa y OOAA: 11.467,99 mill. de euros
  2. Gasto militar Interior: 3.384,02 mill. de euros
  3. Clases pasivas militares: 3.793,10 mill. de euros
  4. Ministerio de Industria 630,38 mill. de euros
  5. Ministerio de Exteriores 257,61 mill. de euros
  6. Ministerio de Ciencia 7,66 mill. de euros
  7. Ministerio de Transición Ecol. 38,48 mill. de euros
  8. Ministerio de Agricultura ´26,88 mill. de euros
  9. Subtotal 19.606,12 mill. de euros.

Comienza a ser difícil de digerir el gasto y, por encima de éste, la participación descarada, opaca y entusiasta de los ministerios «civiles» en su financiación.

Pero para que no se nos indigeste, por exceso de información, este levantamiento del velo de opacidad de los aspectos financieros de nuestro militarismo, nos tomamos un descanso hasta la cuarta entrega, donde hablaremos del gasto militar ejecutado por los restantes ministerios y organismos, para llegar a la cifra que ofrecemos como adelanto:
20.406,35 millones de euros ejecutados antes de imputar la deuda contraída y pagada, con cuya contabilización alcanzamos los 25.293,71 millones de euros; cantidad que se elevará aún más si además consignamos el resto del gasto de control social y su propia deuda, en cuyo caso hablamos de 46.388,60 millones de euros. Pero eso lo explicaremos otro día. De momento queda anticipado el escandaloso anuncio de este chorro de dinero que se desagua en detrimento de las necesidades sociales y de la solidaridad.

(Proxima entrega: Otros ministerios, 2).

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No me gustan ni la "burrocracia" ni los bancos (4)

Tortuga Antimilitar - 17 January, 2021 - 00:00

Corría el año 2008, justo antes de la crisis, mi padre había fallecido justo el año anterior. El pintoresco kiosco/bodega iba de “categoría”. De hecho, en estos cinco años no había tenido ni un día libre de descanso; trabajaba de lunes a domingo. Me lo cuentas ahora y no me lo creo.

Un día me entran dos vendedores muy “profesionales”, a uno de ellos lo conocía del barrio de vista. Por lo visto me pillaron de buenas, de superpardilla. La cagué. Me quedé con una super máquina de auto recargas de móvil en la que el cliente solo tenía que marcar su número, meter la pasta y ya tenía el móvil recargado. Era de una empresa que se llamaba o llama G.M.Vending: se dedican a hacerle a la peña la vida más “agradable” mediante maquinitas de todo tipo: dispensador de condones, librillos de fumar, de sándwiches de mortadela, de bebidas refrescantes, etc. Tienen un surtido que lo flipas. Pues yo “solo” piqué con la maquinita de recargas. ¡Buff, menos mal! Me dieron todas las facilidades de pago, me pidieron un aval -por supuesto me negué- pero al final me la financió el "súper banco amigo” BBVA sin aval ni nada, sin desplazarme a ningún lado. Una firmita y au. Solo tenía que pagar 78 pavos al mes durante 5 años (como casi lo que cuesta un coche). Me dijeron que era un renting y que al terminar de pagarla sería mía.

Bueno, estuve pagando religiosamente hasta el año 2012 (4 años). En el 2013 cerré la “paraeta” y quise devolver la máquina. Misión imposible. La sigo teniendo en un armario del balcón de casa de mi madre. Fui al BBVA para llegar a un acuerdo. Me dijeron que no constaba como morosa, pero hasta día de hoy recibo llamadas de todo tipo de superagentes de todas las nacionalidades, contestadores automáticos, agentes super guais, maleducados... De todo tipo. La solución que veo es cambiar de móvil, pero no me da la gana.

Aún tuve suerte, era la época de las preferentes, de los sellos del Fórum Filatélico, hipotecas por las nubes... Vamos, te agachabas y te la clavaban por todos lados.

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Colombia: Entre el genocidio y la resistencia cultural

Tortuga Antimilitar - 17 January, 2021 - 00:00

Diego Quiroga
Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe (RAMALC)

Ser colombianx y vivir en Colombia en estos tiempos se siente como tomar una terrible fotografía de la historia y darse cuenta de que, aunque pasan los años, los paisajes y personajes retratados mutan, cambian de apariencia, pero no se altera el orden original de la imagen. En otras palabras, el genocidio que estamos presenciando hoy es una fotografía del genocidio que sacude al país desde hace décadas, pero la desmemoria ha sido también una política institucional, y eso tiene un peso especial hoy en día.

A partir de información aportada por la organización de Derechos humanos Indepaz, en lo corrido del 2020 se contabilizan alrededor de 66 masacres en las que han muerto cerca de 263 personas en 19 departamentos distintos del territorio colombiano. La mayoría de hechos se le adjudican a grupos paramilitares que nunca se desmovilizaron, hoy actúan como bandas descentralizadas sin obedecer a una estructura de mando unificada y controlan rutas de tráfico de drogas, armamento y personas. A pesar de lo alarmante de las cifras, es una realidad ajena para los principales centros urbanos, pero que se vive a diario en las zonas rurales del país. Sin embargo la masacre del 9 de septiembre en Bogotá marcó un punto de quiebre, pues allí la policía nacional asesinó con armas de fuego a por lo menos doce personas e hirió de gravedad a cerca de 170 que participaban de las protestas por el asesinato del abogado Javier Ordoñez.

La tragedia se repite como suspendida en el tiempo, las víctimas son diversas y a la vez comparten el mismo perfil: líderes y lideresas que promueven alternativas al modelo económico capitalista, que se oponen a la megaminería y los megaproyectos, personas firmantes de la paz que decidieron dejar las armas para construir otros caminos, mujeres y personas disidentes del género y la sexualidad, jóvenes estudiantes señalados de pertenecer a grupos ilegales, víctimas del conflicto armado que fueron desplazados por la violencia y hoy exigen la restitución de sus tierras.

Sobre esto, en uno de sus textos clave, Daniel Feierstein señala que el genocidio es una práctica social 1 pues en ella participan (por acción u omisión) diferentes actores de la sociedad y no solo los victimarios directos. En ese sentido, existe un elemento fundamental allí, y es que el genocidio se logra consolidar cuando una parte de la sociedad lo considera legítimo, y por lo tanto es aceptable y necesario exterminar a ciertos grupos para constituir el orden social deseado por algunos. El correlato de la guerra en Colombia ha logrado posicionarse con tal nivel de sistematicidad que en muchas ocasiones la construcción misma de la identidad nacional está fundamentada en el desconocimiento del otro como diferente, negando su condición individual o colectiva, decidiendo sobre su vida, considerándolo como “algo” exterminable.

Una de las estrategias que se utilizan para negar a ese “otro diferente”, es la construcción de eufemismos mediáticos que difuminan el significado y la magnitud de esta realidad que desborda la ficción. Así, el presidente Iván Duque, en declaraciones recientes afirmó que en Colombia están ocurriendo “homicidios colectivos”, pero no masacres. De igual forma en días recientes, después del asesinato de Juliana Giraldo, una mujer transexual que murió tras el disparo de un soldado del Ejército, algunos medios anunciaron la noticia diciendo que la victima era hombre, que había muerto en un cruce de disparos y que en el lugar había un retén del Ejército; tres mentiras en un solo encabezado.

Esto hace evidente la pretensión permanente por ocultar la crisis social y política que está atravesando el país, desconociendo una historia donde las masacres aparecieron con fuerza durante los años 90, cuando los grupos armados (legales e ilegales) descubrieron que masacrar comunidades era una forma mucho más eficaz de intimidar y sembrar el terror en poblaciones que consideraban de su oposición.

Durante las protestas del 9 de septiembre en Bogotá, los manifestantes incineraron varias estaciones de policía (CAI) en diferentes barrios; la indignación acumulada por las condiciones de precariedad que se hicieron visibles durante la cuarentena encontró un lugar detonante en el asesinato de Ordóñez, las calles ardieron y aunque los medios de comunicación oficiales no revelaron toda la información, el país conoció que muchas de las estaciones incineradas tienen denuncias en curso por detenciones arbitrarias, violencia sexual, asesinatos, vínculos con bandas de trafico de drogas, entre otros delitos.

Al día siguiente, el 10 de septiembre, las comunidades de los barrios se volcaron con acciones artísticas para resignificar las estaciones de policía consumidas por el fuego; poco a poco los vecinos y vecinas se fueron juntando con libros, plantas, pinturas y música; los lugares físicos y simbólicos de la “autoridad” se fueron convirtiendo poco a poco en bibliotecas comunitarias, centros culturales, espacios de experimentación creativa, su voz decía con fuerza: “No más centros de tortura, sí a los centros culturales”. En algunos lugares los policías retornaron censurando las imágenes que evocaban la memoria de las víctimas, y la comunidad volvió a llenar de color los espacios.

Este es un testimonio más de la disputa de la memoria contra el olvido que se libra en las calles y con herramientas diversas. Nada garantiza que la justicia llegue para las víctimas y sus familiares, o que las masacres tengan la misma visibilidad cuando ocurren en el campo que en la ciudad. Nada garantiza que el genocidio tenga fin en Colombia. Sin embargo, está quedando claro que existen relatos alternos, puntos de fuga, creaciones potentes que se rebelan con fuerza ante aquel fotograma de guerra que se repite como una espiral genocida. Todavía el rollo no se termina de revelar, aún quedan muchas historias por retratar y por fortuna el pueblo también tiene su propio flash.

1 Feierstein, D. El Genocidio como práctica social: Entre el nazismo y la experiencia argentina. Buenos Aires, FCR. 2011.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/plane...

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Ni sumisión ni negacionismo

Tortuga Antimilitar - 16 January, 2021 - 00:00

La izquierda social va a pagar muy caro no haber desobedecido cabalmente ese guión securitario, con militares y generales de la Guardia Civil dando ruedas de prensa. La sumisión del contrapoder al Estado, y a los partidos políticos estadocéntricos, nunca es una buena opción.

Hordago El Salto

Puede que 2020 sea recordado como uno de los momentos verdaderamente constituyentes del Capitaloceno. Noviembre ha sido el mes más cálido desde que se tienen registros, y es probable que este año haya sido el más caluroso de la historia. El agua empieza a cotizar en el mercado de futuros, colocando a la realidad por detrás de Black Mirror. Y como banda sonora, la epidemia global.

Con estos tres acontecimientos netamente distópicos de fondo, camino de tres meses de estado de alarma y de toque de queda, y con el fantasma de un empobrecimiento generalizado, la coacción instigada desde el poder lo impregna todo. La dinámica punitiva de Ertzaintza, Policía Foral y cuerpos municipales está alcanzando cotas de represión socioeconómica sin precedentes: 15.000 multas en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia desde el final del primer estado de alarma, casi 3.000 en Nafarroa. La mayoría relacionadas con el uso de la mascarilla, sobre cuyas virtudes en los espacios abiertos no hay, a día de hoy, evidencia científica. Pero, a falta de propiedades profilácticas es, al aire libre, un inmejorable dispositivo simbólico de disciplinamiento social.

El reciente asalto de la policía al centro cultural autogestionado Auzotegi de la Txantrea, para clausurar un pequeño taller en el que se estaban respetando escrupulosamente las medidas higiénicas, y las siete multas de 3.000 euros, dan pistas del acoso e impunidad que hay en curso. La izquierda social va a pagar muy caro no haber desobedecido cabalmente ese guión securitario, con militares y generales de la Guardia Civil dando ruedas de prensa. La sumisión del contrapoder al Estado, y a los partidos políticos estadocéntricos, nunca es una buena opción.

Entre tanto, la quiebra social ha sido contenida por los ERTE, con la economía subvencionada por las ayudas europeas. La pérdida de empleo durante la pandemia ha sido menor de la esperada, concentrada en hostelería, educación, industria y comercio, pero el riesgo de una nueva devaluación salarial se cierne sobre unas relaciones laborales aún reguladas a favor del capital. Con partes relevantes de la población sumidas en la pobreza, seguimos a la espera de medidas de apoyo para quienes no pueden hacer frente a los suministros básicos. Siguen sin interrumpirse todos los desahucios, mientras que el fin del periodo de garantía de empleo de la primera ola de ERTE sume en la incertidumbre a capas relevantes de la clase trabajadora.

En este contexto, las derivas negacionistas y conspiracionistas tampoco son una opción. Por supuesto que los complejos farmacéutico y militar-industrial, como el panóptico al que nos aboca el dominio del big data, son realidades cada vez más poderosas y hostiles para la vida autónoma y libre. Pero enfrentarse a ellas desde paranoias, códigos ideológicos autorreferenciales y sentimientos de superioridad moral... forma parte de lo peor de la tradición política de la ruptura.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/edito...

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Yemen: Más venta de armas, menos ayuda humanitaria

Tortuga Antimilitar - 16 January, 2021 - 00:00

“Ganar miles de millones con las exportaciones de armas que alimentan el conflicto y, al mismo tiempo, proporcionar una pequeña fracción de eso en ayuda a Yemen es inmoral e incoherente”. Muhsin Siddiquey, director de Oxfam en Yemen.

Enormes ganancias del G20 con la venta de armas de la guerra civil de Yemen e irrisorias cantidades de los paises que componen es foro compuesto por los paises industrializados y emergentes ((Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía) y la Unión Europea.

“Ganar miles de millones con las exportaciones de armas que alimentan el conflicto y, al mismo tiempo, proporcionar una pequeña fracción de eso en ayuda a Yemen es inmoral e incoherente”. Así denunció el director de Oxfam en Yemen, Muhsin Siddiquey, después de consultar cifras del Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) que muestran que los miembros del G20 han exportado armas por valor de más de 17.000 millones de dólares a Arabia Saudita desde que el Reino entró en conflicto en Yemen. “Las naciones más ricas del mundo no pueden seguir poniendo las ganancias por encima del pueblo yemení”.

Lo hacen, y seguirán haciéndolo, a pesar del brote de cólera, el coronavirus, los hospitales que funcionan mal y 10 millones de bocas hambrientas. La última ilustración de esto es la venta apresurada de 23.000 millones de dólares de la administración Trump de 50 aviones de combate F-35, 18 aviones no tripulados MQ-9B Reaper, misiles aire-aire y varias otras municiones a los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos solían ser un miembro más entusiasta de la coalición liderada por Arabia Saudita que ha estado golpeando a Yemen desde 2015. A pesar de completar una retirada militar gradual del conflicto en febrero de 2020 con mucha fanfarria, Abu Dhabi sigue involucrado en la coalición y un influyente agente. Amnistía Internacional ha emitido una severa advertencia que esas armas bien podrían usarse en “ataques que violan el derecho internacional humanitario y matan, así como lesionan, a miles de civiles yemeníes”.

Las gigantescas ventas de armas continúan siendo un asunto de negocios y política, y los negocios tienden a ser los representantes masivos. Detener o frenar la venta de armas solo está de moda y nunca es permanente. Oxfam nos recuerda esa verdad empapada de sangre. “Cuando se incluyen las exportaciones de armas de las naciones del G20 a otros miembros de esta coalición [árabe], la cifra de 17.000 millones de dólares aumenta a al menos 31.400 millones de dólares entre 2015 y 2019, el último año del que hay registros disponibles”.

Además de los miembros del G20, se invita a participar a otros países:

España es invitada permanente a las reuniones del G20.
En 2020, Jordania, Singapur y Suiza están invitados como países invitados.

También se invita a las organizaciones internacionales que históricamente han contribuido al trabajo del G20. Estos incluyen:

Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Junta de Estabilidad Financiera (FSB)
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Naciones Unidas (ONU)
Grupo del Banco Mundial (GBM)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Organización Mundial de Comercio (OMC)

En 2020, las organizaciones regionales también están invitadas, incluido: el Fondo Monetario Árabe (AMF), el Banco Islámico de Desarrollo (IsDB), así como Vietnam, Presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Sudáfrica, Presidente de la Asociación Africana. Unión (UA), los Emiratos Árabes Unidos, el presidente del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y la República de Ruanda, el presidente de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD).

Fuente: https://oiradilos.wordpress.com/202...

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La industria armamentística saca pecho por estar a la cabeza de a inversión en I+D en España

Tortuga Antimilitar - 15 January, 2021 - 00:00

¡Curioso! Lo que nosotros denunciamos como una tragedia es celebrado como una bendición del cielo por la industria de defensa. Con sus medias verdades y sus trolas (principalmente la referida a los "retornos" de la industria militar) el artículo que publicita la patronal de la industria militar no tiene desperdicio y no necesita comentarios (nota de J.C. Rois).

La industria aeronáutica y militar, a la cabeza de la inversión en I+D en España

Las empresas del sector invirtieron 2.000 millones de euros en investigación y desarrollo en 2019.

Benjamín Carrasco (Infodefensa.com)

Las empresas de defensa, aeronáutica, espacio y seguridad están a la cabeza de la inversión en investigación y desarrollo en España. Estos sectores industriales, reunidos en torno a la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), dedicaron el año pasado a actividades directas de I+D+i el 8% de su facturación, unos 1.120 millones de euros, lo que los convierte en el principal motor de la innovación, por delante de gigantes como la industria farmacéutica (1.060 millones) y la de vehículos a motor (990 millones).

La cifra asciende hasta los 2.000 millones si, además de tener en cuenta las inversiones directas en proyectos propios de las empresas del sector, se suman las inversiones indirectas gracias a estos programas. Estos datos están extraídos de un reciente informe elaborado por la consultora KPMG que mide el impacto de estas industrias en la sociedad. El esfuerzo en inversión en I+D+i, subraya este documento, permite a los sectores citados mantener un alto nivel de competitividad, resistir mejor ante situación de crisis económica como la actual y, por último, retener, atraer y mantener el talento en España.

El estudio también pone de manifiesto que las compañías de estos sectores se consolidan como uno de los principales contribuyentes a la economía española. Las empresas de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio aportan de manera directa o indirecta 20.630 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) nacional, cifra que representa el 1,7% del total en 2019.

El Estado recaudó en 2019 entre las industrias de Tedae unos 2.540 millones de euros, lo que representa en torno al 1,2% del total. El 45% corresponde a recaudación directa; el 2% a indirecta; y el 53% restante es resultado del efecto inducido. El análisis destaca que, a pesar de ser un sector exportador y por tanto con un reducido impacto en el IVA, presenta una elevada aportación a través del IRPF y el impuesto de Sociedades.

Récord de facturación

Un año más, y ya van cuatro seguidos, la facturación batió un nuevo récord situándose en los 14.101 millones de euros. El salto es considerable respecto a los 12.600 millones de 2018. Por áreas, seguridad generó 180 millones; espacio, 967 millones; defensa, 2.035 millones -excluyendo la aeronáutica militar y espacio militar-, y aeronáutica, 10.918. El grueso de las ventas está en los mercados internacionales.

Aproximadamente del 70% de la facturación corresponde a ventas a clientes situados en el extranjero, lo que, según recoge el informe, pone de manifiesto el impacto tanto dentro de como fuera de España de estas empresas, que no depende únicamente de la demanda doméstica ni de los presupuestos generales del Estado.

El informe también hace hincapié en el empleo. Las industrias de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio generan 50.600 puesto de trabajo directos. A esto hay que sumar más de 160.000 empleos indirectos e inducidos, dedicados a satisfacer las necesidades de la cadena de suministros del sector y dar respuesta al gasto generado por los empleos directos e indirectos.

En total, son responsable directa o indirectamente de un total de 211.921 empleos en España. Respecto a los directos, la aeronáutica (civil y militar) produce 35.280 empleos; defensa (solo la parte naval y terrestre) 9.898; espacio (civil y militar) 4.322; y seguridad 1.100

En plena crisis de la Covid, Tedae reivindica que las industrias que componen la asociación se caracterizan por un empleo de calidad con un salario medio bruto de 42.800 euros anuales, un 83% superior a la media nacional, a la par que el de la industria farmacéutica y notablemente superior al de otras industrias como la química, vehículos del motor o manufacturas metálicas.

El sector aeronáutico y la Covid

Las cifras del informe están sustentadas en buena medida en el sector aeronáutico, tanto civil como militar, en el que Airbus actúa como empresa tractora. En el caso, por ejemplo, del PIB, las compañías de este sector contribuyen con el 77% del total, mientras que en inversión en I+D+i aportan 1.452 de los 2.000 millones. Algo similar ocurre con el empleo. El 75% se concentra en aeronáutica.

El estudio pone el foco en la actividad durante el año 2019 y no entra a medir el impacto de la pandemia de la Covid, que ha golpeado especialmente al negocio aeronáutico civil. El coronavirus ha reducido considerablemente el tráfico aéreo mundial, lo que ha tenido efectos inmediatos en el ritmo de producción y entrega de aviones.

Para mitigar los efectos de la crisis, a principios del próximo año verá la luz un fondo de rescate bautizado como “Aerofondo”, impulsado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y Airbus, que contará con un presupuesto superior a los 100 millones de euros. Este mecanismo es uno de los puntos del acuerdo suscrito por el Gobierno de Pedro Sánchez y el consorcio europeo el pasado mes de julio, con el objetivo de apoyar a la industria aeronáutica a recuperar la actividad previa a la Covid. El fondo estará dirigido, sobre todo, a las empresas aeronáuticas de la cadena de suministro con menos margen de maniobra financiero ante el parón de la producción de aviones.

Los resultados de 2020 estarán, sin duda, condicionados por la Covid, sin embargo, la experiencia de anteriores crisis demuestra que la competitividad, la exportación y la inversión en I+D, tres de las señas de identidad de las compañías aeronáuticas y militares españolas, son la clave para capear mejor el temporal y afrontar con rapidez la recuperación.

Fuente: https://www.larazon.es/espana/20210...

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http://www.izquierdadiario.es/Alber...

Minuto 1:35 del vídeo:

Estas declaraciones, desgraciadamente, coinciden con la política tan conciliadora de Unidas Podemos con el PSOE en materia de política exterior y de defensa:
http://noviolencia62.blogspot.com/2...

Fuente: http://noviolencia62.blogspot.com/2...

Véase también: Entrevista a Ángeles Diez: Las razones de Alberto Garzón para defender las bases de EE.UU. al descubierto (vídeo)

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